AGLI

Recortes de Prensa     Miércoles 29 Noviembre  2006

¿Está cediendo el gobierno ante ETA?
POR ROGELIO ALONSO ABC 29 Noviembre 2006

A pesar de que el gobierno insiste en su negativa a pagar un precio político por el final del terrorismo, la realidad está demostrando que la actual política antiterrorista acarrea inevitablemente un alto coste para la democracia. Tras ocho meses de tregua, el gobierno por fin acepta que ETA no muestra «una clara voluntad para poner fin a la violencia», como exigía la resolución de mayo de 2005 aprobada en el Congreso. De ahí que el presidente haya asegurado que «con violencia, nada de nada». Sin embargo, la irrelevancia de esa aparente firmeza emerge cuando el gobierno decide continuar los contactos con el brazo político de la organización terrorista para negociar la creación de una mesa de partidos extraparlamentaria, manteniéndose por tanto inalterable la política gubernamental a pesar de las constantes amenazas de ETA que subrayan la ausencia de una «clara voluntad de poner fin a la violencia». Al enfatizarse verbalmente una firmeza que niega cesiones ante la violencia, mensaje que reconforta a quienes desean confiar en la idoneidad de esta política antiterrorista, tiende a ignorarse el alcance de una peligrosa actitud que bordea la legalidad. Así ocurre cuando se elude presentar como una cesión ante ETA lo que sin duda constituye un alto precio político en la forma de un órgano, la mesa extraparlamentaria, que debilita decisivamente uno de los pilares de la lucha contra el terrorismo durante las últimas décadas: la legitimación de las instituciones democráticas frente a los intentos de deslegitimación de las mismas por parte de quienes han desafiado a la democracia, esto es, los terroristas.

La mesa de partidos que el gobierno sigue negociando con representantes de una organización ilegal es una exigencia de ETA a la que el gobierno responde, con las graves consecuencias que de ello se deriva, pues al satisfacer ese deseo de la banda se vulneran las reglas de la democracia favoreciendo la deslegitimación de las instituciones democráticas y de sus representantes, asesinados precisamente por defenderlas. Quienes relativizan esa iniciativa presentándola como una suerte de «mal necesario» que facilitaría una supuesta transición de Batasuna hacia la democracia, obvian que la realidad muestra algo muy diferente, pues dicha mesa legitima los argumentos de ETA y Batasuna haciendo además eficaz la amenaza de una organización terrorista todavía activa. Las cuestiones que en ella se debatirían al margen de las instituciones democráticas son además de una enorme trascendencia, pues se pretende «renovar el actual marco jurídico» (El País 6/10/2006). De este modo se fuerza a la democracia a aceptar la imposición de una organización terrorista y su coacción sobre políticos y ciudadanos, presionados para aceptar tamaña anormalidad mediante la amenaza de que el apaciguamiento de ETA así lo exige. La mera negociación de dicha mesa en unas condiciones en las que evidentemente ETA no muestra ninguna voluntad de poner fin a su violencia resta credibilidad a las declaraciones de firmeza de un gobierno dispuesto a ciertas concesiones a pesar de la negación de las mismas. Así lo confirma la admisión de que el gobierno ha abandonado su exigencia inicial de «primero la paz, después la política» (El País, 19/10/2006) que las negociaciones con Batasuna corroboran.

Si con objeto de garantizar que no ha habido cesiones a ETA se recurre a los comunicados de la banda que critican al gobierno por la ausencia de «pasos», también debe recordarse que esos mismos pronunciamientos etarras insisten en la existencia de compromisos con representantes socialistas cuyo incumplimiento critican los terroristas. Por lo tanto, de los comunicados de ETA que el gobierno utiliza como muestra de su supuesta firmeza podría deducirse tanto que el gobierno no ha cedido, como que no ha cedido lo suficiente desde la perspectiva etarra, aunque demasiado desde la óptica de la democracia. El comportamiento gubernamental avala la última hipótesis. Revelador resultaba en este sentido el editorial de El País del pasado 22 de noviembre al reconocer que en relación con «el sobreseimiento de los procesos abiertos y la legalización de hecho de Batasuna» ha existido «desde hace meses» una «tolerancia» que «no habría sido difícil prolongar si ETA hubiera dado algún indicio de que estaba dispuesta a retirarse definitivamente». Estas palabras confirman una «tolerancia» hacia el entorno etarra que se ha negado en público y que dan sentido a sorprendentes declaraciones como la del propio presidente del gobierno asegurando que determinadas decisiones judiciales contrarias a Batasuna pueden dificultar el «proceso de paz». Dicha «tolerancia» se ha aceptado a pesar de que en ningún momento ETA ha cumplido las condiciones impuestas por el Congreso de los Diputados.

En retrospectiva se aprecian numerosos ejemplos de una ineficaz «tolerancia» hacia la organización terrorista, que mediante señales equívocas ha alimentado expectativas sobre su hipotético final dividiendo a partidos democráticos cuyo anterior y sólido consenso tanto la había debilitado. Estas tácticas han llevado a los responsables de la política antiterrorista a mostrar en algunos momentos mayor confianza hacia la organización terrorista que hacia el principal partido en la oposición. Así lo refleja el abandono de un Pacto por las Libertades que no se ha reunido en dos años de legislatura. La resolución de mayo de 2005 suponía un significativo cambio de estrategia antiterrorista al abrir la expectativa de negociación con la organización terrorista, si bien en determinadas condiciones. El alcance de esa iniciativa y el compromiso de «búsqueda de posiciones conjuntas» recogido en el Pacto requería que el encargado de dirigir la política antiterrorista -el gobierno-, facilitase información al otro integrante del acuerdo sobre las causas del abandono de la posición hasta entonces mantenida en la que se negaba cualquier posibilidad de diálogo con la banda o su entorno ilegalizado. Dicha información al principal partido de la oposición resultaba imprescindible habida cuenta de los contactos que representantes socialistas venían manteniendo con el entorno etarra desde 2004.

Esta dinámica se mantiene todavía al prescindirse del Pacto por las Libertades mientras representantes del gobierno siguen negociando con Batasuna la constitución de la referida mesa extraparlamentaria y cómo legalizar a los representantes políticos de ETA. Este comportamiento mina la credibilidad del gobierno cuando niega un precio político frente al terrorismo, pues la duplicidad resumida en las líneas precedentes evidencia lo contrario, al respetarse la interlocución con una ilegalizada Batasuna pero no con un partido democrático como el PP, beneficiando por tanto a quienes apoyan la violencia precisamente como resultado de su asociación con el terrorismo. Es, pues, engañoso y perjudicial recurrir a una firmeza más bien retórica cuando el diálogo con ETA no es una ficción o un futurible, sino una realidad materializada en negociaciones con dirigentes de dicha banda y con un partido como Batasuna que continúa actuando como el brazo político de una organización terrorista cuyos dictados sigue fielmente. En estas condiciones, la firmeza del gobierno sólo sería creíble si volviera a aplicarse la estrategia de la negación de cualquier expectativa de éxito para ETA y su entorno que el Pacto por las Libertades suponía y que las actuales negociaciones con Batasuna contradicen.

En un texto publicado en 1997, titulado «Problemas de legitimidad: provocación terrorista y respuesta del Estado», José Ramón Recalde, ex consejero socialista del Gobierno Vasco, escribía: «Al resucitar el tema del diálogo político con ETA y con su entorno político, han provocado un primer efecto. Han conseguido que HB entienda y diga que, sin moverse de sus propias posiciones, ha logrado que los demás se muevan. Con lo cual la patología política de sus militantes -la de la lucha contra toda esperanza- ha disminuido. Un segundo efecto ha sido el desconcierto entre los partidos democráticos. Significa, naturalmente, cambiar sobre lo ya programado, que es que no hay diálogo mientras ETA no deje de matar y cuyo alcance no sea el marco de la Constitución; que, cuando ETA deje de matar, se tratará de la reinserción de los etarras». Las contraproducentes consecuencias del diálogo político con ETA y con su entorno continúan totalmente vigentes hoy cuando el gobierno insiste en mantener tan peligrosa iniciativa a pesar de la falta de voluntad de los terroristas para aceptar la democracia.       ROGELIO ALONSO, Profesor de Ciencia Política. Universidad Rey Juan Carlos

Manifestación de la AVT
Españoles, de nuevo
José María Marco Libertad Digital 29 Noviembre 2006

El "proceso" no ha tenido nunca la más mínima credibilidad ni verosimilitud. La declaración de "alto el fuego permanente" de los terroristas etarras provocó un revulsivo entre los españoles de bien por la humillación que significaba y por lo que revelaba de la catadura moral de quienes nos gobiernan y en cierto sentido nos representan a todos. Se habían rendido a los terroristas creyendo que de ese modo pulverizarían a la derecha española.

La derecha en dos sentidos: el Partido Popular, que quedaría descartado por muchos años de cualquier posibilidad de volver a gobernar, y la "derecha" social, ahora sin argumentos y sin representación.

En cuanto al PP, que sobrevivió al trance traumático del post 11-M, no parece que esté moribundo, a pesar de lo que algunos hacen en sus propias filas. Y en cuanto a la sociedad española, el resultado ha sido exactamente el contrario del que Zapatero y sus amigos esperaban. Resulta fascinante asistir al proceso de restauración de la vigencia de la nacionalidad, o de la ciudadanía española, que está ocurriendo ante nuestros propios ojos. Las manifestaciones de la AVT están siendo los jalones de este redescubrimiento de la propia identidad, y la última lo fue en grado superlativo. Los españoles están volviendo a serlo. No es que lo hubieran dejado de ser nunca, pero la nacionalidad no parecía tener ninguna consecuencia práctica, excepto pagar impuestos, votar y enseñar un pasaporte.

Ahora estamos descubriendo que identificarse con un proyecto común, con una entidad de la que somos los herederos y las criaturas, y de la que –en consecuencia– también somos responsables es algo extraordinariamente atractivo, con efectos al mismo tiempo estimulantes y tranquilizadores. Sentirse español y manifestarlo, como se hizo con tanta claridad en las calles de Madrid el pasado sábado, significa abrirse a la cooperación con los demás, a la autentica solidaridad y al auténtico diálogo, muy lejos de ese monólogo de autistas alucinados en el que se han encerrado y nos quieren encerrar los socialistas y Zapatero. Es como volver a casa, reconciliarse con uno mismo después de un largo extravío en un neblinoso e inhóspito terreno de nadie.

De ahí el alcance histórico de estas manifestaciones. Gracias a la compasión con las víctimas del terror nacionalista, los españoles estamos descubriendo de nuevo que no andamos solos, sonámbulos, extraviados y desconfiados unos de otros. Lo que se le pidió allí al gobierno no era que no se rindiera. Ya está más que rendido. Lo que se le pidió, si es que se le pidió algo, es que se fuera. Porque una vez que la gente conoce lo que está aprendiendo ahora, también acaba comprendiendo que una política como la de Zapatero es un estorbo, un obstáculo de índole, casi podría decirse, personal. Hay una incompatibilidad profunda entre las virtudes ciudadanas, democráticas y liberales vinculadas con la nacionalidad española y la política de rendición y de censura de Zapatero. Por eso, bien dirigida, esta eclosión acabará arrollando al gobierno socialista. Los socialistas lo saben. De ahí el famoso vídeo.

Justicia, memoria y unidad
Editorial El Correo 29 Noviembre 2006

Hoy comienza, en la Audiencia Nacional, el juicio contra Javier García Gaztelu, alias 'Txapote', por el asesinato del concejal popular de San Sebastián Gregorio Ordóñez en enero de 1995. Se trató, después del atentado frustrado de junio de ese mismo año contra el entonces presidente del Partido Popular, José María Aznar, del inicio de una nueva campaña en la que ETA, bajo el lema de 'socializar el sufrimiento', extendió su mirada criminal hacia los representantes de los partidos popular y socialista con la intención de minar su resistencia en la defensa de la Constitución y el Estatuto, es decir, del ordenamiento jurídico refrendado por la voluntad popular. La elección, como primero de la lista, de Gregorio Ordóñez no dejó de tener, en aquel momento, una cierta connotación simbólica, al ser el concejal popular uno de los que con mayor contundencia y valentía se oponían por aquel entonces a los delirios totalitarios de ETA y de sus seguidores. Por eso, su muerte, más allá del dolor irreparable que causó en sus familiares y amigos, y de la conmoción que produjo en toda la sociedad, se convirtió, para frustración de los terroristas que la ejecutaron, en el semillero más fecundo de nuevos compromisos con los valores constitucionales y estatutarios. La democracia se vio con ella, en vez de debilitada, enormemente reforzada.

El juicio que hoy comienza en la Audiencia Nacional debe ser visto también, en este sentido, como una nueva victoria del Estado de Derecho y de la Justicia. Las víctimas, todas ellas, deben sentirse reconfortadas. Porque, si en la persona del asesinado se había puesto de manifiesto con especial claridad la fortaleza de la democracia, en la del presunto asesino, representante cualificado de la banda terrorista y condenado ya por otros crímenes tan crueles como aquel por el que hoy es juzgado, se simboliza, de alguna forma, la debilidad de una organización, ETA, que está abocada a rendir cuentas, tarde o temprano, de todas las deudas que tiene contraídas con sus víctimas y con la sociedad entera. La muerte de Gregorio Ordóñez, junto con otras que le siguieron como las de Fernando Múgica y Miguel Ángel Blanco, perpetradas por el asesino convicto que hoy será juzgado, propició un poderoso movimiento de solidaridad tanto en el ámbito político como en el social. La memoria de aquel asesinato, que hoy nos revive el juicio, debería ser aprovechada por los responsables políticos para, desde la cordura recobrada, liderar un nuevo compromiso de unidad democrática que ayude a poner fin a la lacra del terrorismo.

PSOE
El sentido del vídeo
Agapito Maestre Libertad Digital 29 Noviembre 2006

Demagogia es comparar lo incomparable. Demagogia es comparar el episodio de Aznar, cuando quiso sondear la rendición de ETA, con el proceso de "negociación" que lleva a cabo Zapatero, incluso antes de llegar al poder, para "acabar" con ETA al precio político que le imponga la banda. Mientras que la tregua de 1998 fue una trampa urdida por los terroristas junto a los nacionalistas, que condujo al Pacto de Estella para terminar con el Espíritu de Ermua; la actual tregua ha sido urdida, incluso se pactó su formulación, con el PSOE después de una larga negociación secreta, pero de la que hay actas que algún día se conocerán. En fin, no hay punto de comparación plausible entre uno y otro comportamiento.

Por el contrario, este vídeo será una magnífica ocasión para adentrarnos en las grandes diferencias políticas entre Aznar y Zapatero, que muestran a este último como un hombre inmoral que se niega a aprender de las treguas trampa impuestas por ETA a los gobiernos de España. Por lo tanto, es evidente que el vídeo del PSOE contra el PP es faramalla "política" de la peor especie. Infesta propaganda, más propia de un régimen populista que de una democracia desarrollada, que no resiste un análisis medianamente sensato. Pero sería un error despreciarlo, porque ese tipo de propaganda no sólo tiene mucha eficacia sobre las huestes socialistas y las gentes que se dejan llevar por los tópicos y los lugares comunes, sino porque cubren su principal objetivo, a saber, borrar los gritos de protesta de las víctimas contra el proceso de rendición del Gobierno a ETA. El vídeo es, sin duda alguna, la respuesta "totalitaria" y despreciativa a la gran manifestación convocada por las víctimas del terrorismo.

Por suerte, tengo la sensación de que este vídeo sólo tapará por unos días, quizá ni eso, lo que la AVT sacó a la calle el sábado: musculatura política para defender a la nación española. Las víctimas, ahora, no están apoyadas sólo por un partido u otro sino por la nación. Eso es lo que han demostrado las distintas convocatorias de la AVT. Las víctimas ya no son una referencia a ocultar, pastorear o manipular. No, hombre, la víctima va por delante del PSOE y del PP. Gracias a eso la basura de Zapatero será fácilmente reciclada. A la AVT en estos momentos le basta con mostrar su historia crítica, compuesta de cientos de declaraciones y luchas concretas en los juzgados y en la calle, contra todos los Gobiernos que intentaron negociar con ETA sin tenerlos a ellos en cuenta, sin reparar en que la víctima también tiene un discurso político realmente democrático: rehabilitarse en el espacio público, rehabilitase como españoles, que era, precisamente, contra lo que había atentado el terrorismo.

A pesar de todo, el Gobierno y todas sus terminales mediáticas persistirán en matar civilmente a la víctima, o sea, dirán que la víctima no puede participar en política, no tiene derecho a defender la nación española, en definitiva, no tiene derecho a rehabilitarse públicamente. Inútil. Hoy, la víctima es seguida por millones de españoles, entre ellos la dirección de un gran partido y miles de ciudadanos que votaban al PSOE pero que ya no soportan sus tejemanejes con ETA. Así pues, el vídeo no es tan grave. Ya se ha vuelto contra el Gobierno. Sigamos discutiéndolo. La cosa se pone interesante.

El vídeo
POR CÉSAR ALONSO DE LOS RÍOS ABC 29 Noviembre 2006

La «negociación» del PP con ETA en el 98 fue un episodio, un movimiento táctico, una intentona. Duró un santiamén. Las negociaciones del PSOE con ETA constituyen una «estrategia», y Zapatero las presenta de este modo. Públicamente duran ya un año y clandestinamente cuatro.

Si Zapatero hubiera tenido un acercamiento a ETA del tono que tuvo el de Aznar, nadie lo habría criticado. Si acaso se habría dicho que ya había habido una experiencia decepcionante.

El problema es que Zapatero está llevando adelante el «proceso» para convertirse en «el príncipe de la Paz». Lo escribí hace tiempo. Confiaba en que, a pesar de tratarse de un camino «largo y difícil» se consumaría con éxito. ¿Cómo podría salirle mal a él, capaz de «dialogar», de entender España de otra manera, menos esencialista, más «abierta» y, por tanto, más eficaz. ¿Qué tendría que ver su apuesta imaginativa y arriesgada con la estrechez de miras de Aznar del dogmático y unitarista Aznar?

El «proceso de paz» terminaría siendo la «coronación» de la construcción del nuevo modelo de Estado, superador del régimen de las autonomías, una segunda transición, un salto histórico (y por eso cualitativamente distinto), el remate del reconocimiento de las tres nacionalidades como naciones, el fin del unitarismo, la liberación del pueblo vasco tal como heroicamente los etarras lo defendieron durante la dictadura... ETA legalizada. ETA compañera de viaje en la superación de la UPN, vanguardia junto al PSOE en la construcción de Euskal Herría en el Estado plurinacional.

Éste ha sido el desafío «histórico» de Zapatero y así se nos lo han presentado... Ahora, el Gobierno parece rebajar la importancia de éste al comprobar cómo se amontonan los escándalos provocados por las violaciones del Estado de Derecho; hasta qué punto resulta insensato negociar con una organización terrorista que ni siquiera ha entregado las armas y ésta parece dar lecciones de realismo al Gobierno al recordar la imposibilidad de llevar adelante los objetivos de la negociación en el marco de la Constitución...

El fallo del vídeo del PSOE es que compara un hecho con un proceso y, sobre todo, que Aznar se retiró enseguida y ZP sigue y sigue.

ETA
San Gil: "Al ver la pistola en la nuca de Gregorio, pensé `menuda broma macabra´"
El fiscal pide 30 años para "Txapote" por asesinar de manera "cruel, cobarde y a traición" al concejal popular Gregorio Ordóñez en 1995 con un tiro en la nuca.
EUROPA PRESS. Madrid Heraldo de Aragón 29 Noviembre 2006

La presidenta del PP vasco, María San Gil, declaró este miércoles en el juicio que se siguió en la Audiencia Nacional contra el ex dirigente etarra Francisco Javier García Gaztelu, alias "Txapote", por el asesinato del concejal "popular" Gregorio Ordóñez. San Gil explicó que, cuando su asesino "pegó la pistola directamente sobre su nuca", pensó: "Menuda broma macabra". Agregó que "inmediatamente después, la cara de Gregorio se desfiguró completamente".

Durante su testimonio, la dirigente de los "populares" vascos, entonces secretaria personal del concejal del PP en el Ayuntamiento de San Sebastián, recordó que el 23 de enero de 1995 se encontraba comiendo con Ordóñez y otros tres compañeros en el restaurante "La Cepa", ubicado en el barrio viejo de San Sebastián. "De repente vi una pistola sobre su cabeza, inmediatamente se disparó. La cara de Gregorio, por supuesto, cambió completamente", explicó.

"En ese instante, la persona que le había pegado el tiro salió corriendo y yo salí detrás suyo. A la salida, se cayó, y me di cuenta de qué hacía yo corriendo detrás del asesino. Entonces, volví a entrar en el bar", señaló San Gil, que comentó que la bada terrorista había amenazado directamente al edil popular en varias ocasiones.

A pesar de ello, la presidenta del PP vasco, que señaló que no podría identificar físicamente al asesino del edil, subrayó que Ordóñez no llevaba escolta, puesto que la Consejería de Interior lo había rechazado. No obstante, indicó que "en esos años era imposible pensar que en el casco viejo de San Sebastián viniese alguien a pegarte un tiro".

Arropada por el público
San Gil abandonó la Sala, cruzando su mirada sin amedrentarse con la de "Txapote", y se incorporó al público, donde recibió múltiples muestras de cariño. Familiares de otras víctimas del ex jefe del aparato militar quisieron estar presentes en la vista oral, entre ellas figuraba la viuda y el hijo del abogado asesinado por ETA Fernando Múgica, Mapi de las Heras y José María Múgica, y la hermana del concejal popular asesinado por la banda terrorista Miguel Ángel Blanco, María Mar Blanco.

Todos ellos arroparon también a la viuda y la hermana de Ordóñez, Ana Iríbar y Consuelo Ordóñez, quienes se mostraron visiblemente emocionadas durante el juicio. También les acompañó el portavoz de Justicia del PP en el Congreso, Ignacio Astarloa, el presidente de la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), Francisco José Alcaraz, la portavoz del grupo municipal del PP de San Sebastián, María José Usandizaga, y el presidente de Nuevas Generaciones del PP, Nacho Uriarte, entre otros.

"Txapote" sigue sin reconocer al tribunal
Nada más comenzar la sesión, el ex dirigente etarra se negó a contestar a las preguntas del fiscal Ignacio Gordillo, al afirmar que ni reconocía "la legitimidad" del tribunal para juzgarle ni quería formar parte de "este teatro". "Txapote", que se mantuvo impasible durante el relato de San Gil, será devuelto el próximo 15 de diciembre a las autoridades francesas para que cumpla su condena de 10 años de prisión por asociación de malhechores.

Por su parte, el fiscal Ignacio Gordillo mantuvo su petición de 30 años de cárcel para "Txapote" por un delito de asesinato en concurso con otro de atentado con las agravantes de premeditación y disfraz, al considerar acreditado que asesinó de manera "cruel, cobarde y a traición con un tiro en la espalda" a Ordóñez, quien en esos momentos, según dijo, era "una persona joven de 36 años, con un gran futuro profesional y que cumplía su trabajo en el Ayuntamiento de San Sebastián".

El fiscal señaló que "a pesar del tiempo transcurrido, Gregorio sigue en la memoria de todos. Cuando ETA mata a un concejal, lo hace con independencia de su signo político", frase que cada vez que pronunció levantó murmullo de escepticismo entre el público asesistente al juicio. "Con este asesinato, ETA intentó amedrentar, intimidar y callar al resto del pueblo, iniciando una campaña contra concejales como forma de amedrentar a la clase política", agregó.

Asimismo, el representante del Ministerio Público pidió a la Sección Primera de lo Penal de este tribunal que imponga al acusado la prohibición de acercarse durante 10 años, una vez que sea excarcelado, a la residencia de los familiares del concejal asesinado. También pidió a la Sala que se le condene a indemnizar a éstos con 300.000 euros.

Respecto a la prueba de cargo, el fiscal se refirió a la declaración del que fuera integrante del "comando Donosti" Valentín Lasarte, encargado de vigilar los horarios y las costumbres del concejal popular. En su comparecencia, Lasarte se limitó a señalar que conocía a "Txapote" por ser militante de ETA y que participó en el atentado contra Ordóñez como colaborador. En cuanto a los detalles, aseguró que no los recordaba, puesto que habían "pasado muchos años".

Ante su falta de memoria, el tribunal le recordó, leyendo su declaración, que en marzo de 2006 manifestó en la Audiencia Nacional que "Txapote" y el etarra Juan Ramón Carasatorre, "Zapata", le pidieron que vigilase la actividad del edil para atentar contra él. También declaró entonces que, tras conocer sus movimientos, se reunieron en un piso en el barrio del Gros para decirles que ese momento era el adecuado para asesinarle.

Condena en Francia y casi 200 años en España
El fiscal Gordillo también aludió a las declaraciones ofrecidas por varios testigos que presenciaron el asesinato de Ordóñez, entre los que estaban Enrique José Villar Rodríguez de Hinojosa, una de las cuatro personas que se encontraban comiendo con el concejal. Villar relató por videoconferencia que cuando le dispararon escuchó "un ruido" y, a continuación, vio a San Gil gritando y a Ordóñez en el suelo sangrando. "Ordóñez cayó muerto hacia atrás y San Gil salió detrás del asesino", añadió.

En sus respectivos informes, las acusaciones populares, que ejercen el PP, la AVT y el Ayuntamiento de San Sebastián, coincidieron en destacar la relevancia de la declaración del coimputado Lasarte como prueba de cargo para enervar la presunción de inocencia del ex dirigente de ETA.

El abogado de la AVT, Juan Carlos Rodríguez Segura, subrayó que ese día murió "un héroe español. Un luchador por las libertades y por la paz". "Gregorio sigue hoy presente en la mente de todos los españoles. Era un representante de la lucha por el estado de Derecho. María ocupa hoy el primer puesto en la lucha por las libertades", afirmó.

El ex jefe del aparato militar de ETA será entregado el 15 de diciembre a Francia para cumplir la condena que tiene pendiente en el país vecino. "Txapote" fue detenido en 2001 y fue entregado a España durante un año el pasado mes de diciembre para ser juzgado, entre otros, por los asesinatos de los concejales del PP Gregorio Ordóñez, Miguel Ángel Blanco y José Luis Caso, el abogado Fernando Múgica, el jefe de la Policía Municipal de San Sebastián Alfonso Morcillo y el brigada del Ejército de Tierra Mariano de Juan Santamaría.

El etarra ha sido condenado, entre otras penas, a 82 años de cárcel por el asesinato de Múgica, 50 años por el de Miguel Ángel Blanco, 29 años más por la muerte del sargento Morcillo, 33 años por el asesinato de De Juan Santamaría y fue absuelto por falta de pruebas de la muerte del concejal del PP José Luis Caso en diciembre de 1997. El terrorista también ha sido condenado a 18 años de prisión por destruir la discoteca Txitxarro, en la localidad guipuzcoana de Deba, con dos bombas colocadas el 10 de septiembre de 2000.

ARAGÓN-CATALUÑA
Los conflictos con Cataluña por lengua y patrimonio estarán en manos de ERC
La propuesta de caudal del Delta de la Generalitat saldrá de ICV. El presidente aragonés confía en poder solucionar las diferencias.
J. BENITO. Zaragoza Heraldo de Aragón 29 Noviembre 2006

Ayer tomó posesión el nuevo presidente de Cataluña, el socialista José Montilla, y hoy hacen lo propio los consejeros del reeditado tripartito, entre los que figuran Joan Manuel Tresserras, de ERC, que se hará cargo de Cultura, y Francesc Baltasar, de ICV, que sigue al frente de Medio Ambiente. Serán los principales responsables de zanjar o no los conflictos abiertos con Aragón, entre otros asuntos por el patrimonio, las lenguas o el caudal del Delta.

El presidente aragonés, Marcelino Iglesias, asistió ayer a la toma de posesión de Montilla y, en unas breves declaraciones a los medios de comunicación, confió en poder resolver a partir de ahora los conflictos entre ambas Comunidades. "Trabajamos para que las diferencias se puedan solucionar -dijo- y estoy convencido de poderlas solucionar", informó Efe. Pero de momento nada indica que vaya a ser sencillo, antes al contrario.

Particularmente en los conflictos referentes al patrimonio cultural, ya que la formación del nuevo consejero catalán ha sido de las más beligerantes en estos asuntos, al igual que con las lenguas. Sobre los bienes de las parroquias aragonesas del Aragón oriental que permanecen retenidos en la Diócesis de Lérida, ERC ha sido "uno de los partidos más intransigentes" junto a Convergencia i Unió (CiU) y "siempre han dicho que las piezas son catalanas", como recordaba hace apenas un mes -en vísperas de las elecciones catalanas- el primer edil de Graus y portavoz de la asamblea de alcaldes del Aragón oriental, Ramón Miranda.

ERC también mantuvo un sonado enfrentamiento con el PSC tras la rupura del tripartito a propósito del conflicto de los bienes y la polémica moción que el Parlamento catalán aprobó en mayo para poner nuevas trabas a la devolución de los bienes.

Una iniciativa que partió de CiU y que, tras mostrar tanto ERC como el PP su intención de apoyarla, arrastró también al PSC e ICV. Lo que a su vez generó un cierre de filas defensivo en Aragón, que dejó en suspenso su participación en la eurorregión Pirineos-Mediterráneo promovida por el ahora ex presidente catalán, Pasqual Maragall.

En la DGA, no obstante, se sigue confiando en que ERC, como el resto del Gobienro de Montilla, asuma que es un problema de la Iglesia y acate la decisión final del Vaticano sin poner más problemas. Pero si eso no está claro, más complicado aún será afrontar después el litigio pendiente, ya puramente civil, por los bienes procedentes del Monasterio de Sijena que las religiosas que lo habitan vendieron en su día sin que la DGA pudiera ejercer el derecho de tanteo (compra preferente al mismo precio) ni después el de retracto.

Luego está el problema del Archivo de la Corona. Aunque recientemente se ha acordado la constitución de un patronato paritario, la Generalitat en general y ERC en particular no ha renunciado a la apropiación de una parte indefinida de los fondos del Archivo Real (considerado indivisible) que prevé el Estatuto de esta Comundiad, por lo que la DGA mantiene un recurso ante el Constitucional.

ERC también está siendo beligerante con el Estatuto aragonés en las Cortes Generales para que se reconozca la cooficialidad del catalán. Y no sería de extrañar que intentara colar además una referencia a la "realdidad nacional de los Paisos Catalans" como ha planteado con el Estatuto balear.

El cuanto al conflicto del Delta, las Cortes de Aragón ya han pactado una proposición de ley de modificaicón del PHN para abolir la ventaja de Cataluña en la propuesta del caudal ecológico del Delta. Las primeras cifras planteadas hipotecan al resto de la cuenca y habrá que ver si el consejero de ICV las mantiene o las reduce, aunque la palabra final será del Ministerio de Medio Ambiente.

Cuestión aparte es el pulso por las inversiones del Estado, aunque se extiende a otras Comundiades como Andalucía, Baleares y Castilla-La Mancha.

audiencia nacional
Once años sin Goyo
'Txapote' es juzgado hoy por el asesinato de Gregorio Ordóñez, el edil del PP en San Sebastián que entró en política por el atentado a un amigo
MIGUEL PÉREZ/BILBAO El Correo 29 Noviembre 2006

El asesinato del portavoz del PP vasco Gregorio Ordóñez el 23 de enero de 1995, por el que Francisco Javier García Gaztelu, 'Txapote', se sienta hoy en la Audiencia Nacional para enfrentarse a una condena de 30 años de cárcel, revela que ETA dispara balas de trayectoria circular. Supuestamente, Gaztelu cerró un trágico círculo de sangre aquel día cuando, en compañía de los también etarras Valentín Lasarte y Juan Ramón Carasatorre Aldaz, atentó contra el dirigente popular -concejal en el Ayuntamiento donostiarra-, segando así la vida de quien se había introducido en la política «conmocionado y dolido» a raíz de que la banda dejara malherido al padre de un amigo suyo.

Segundo círculo: la actual presidenta de los populares en Euskadi, María San Gil -que nunca puede desprenderse de la escolta y que hoy declara en la vista-, supo que dejaría su puesto de secretaria de Gregorio Ordóñez para recoger su testigo en el instante en que éste se desplomó delante de ella, abatido por una bala en el bar donde comían durante el receso de mediodía. Tercer círculo: el gobernador civil de Guipúzcoa que acudió al establecimiento tras el atentado se llamaba Juan María Jaúregui. Entonces no podía saber que, cinco años más tarde, él sería asesinado de la misma manera que aquel hombre de 38 años significado por su denuncia constante contra ETA y que había conseguido el aprecio de los donostiarras desde la tribuna de la derecha. Alguien dijo que fueron tiempos duros, de plomo, y no le faltaba razón.

El último círculo probablemente se cierre hoy. A diferencia de otras víctimas, la hermana de Gregorio Ordóñez, Consuelo, se siente una «privilegiada porque mi familia tiene un juicio al que acudir. Hay otros compañeros que no saben quién mató a sus seres queridos, o lo saben pero no están detenidos o, lo que es peor, se encuentran ya en la calle. Por eso, le doy muchísima importancia a este juicio y hago mía la impotencia de quienes no lo tienen».

-¿Y qué espera de la vista?
-Verle la cara a 'Txapote'. También estuve en el juicio contra Lasarte. Para saber que estaba ahí, aunque es muy duro conocer que esa persona, que esa mierda de tío, ha ejecutado la decisión que otros tomaron sobre la vida de mi hermano.

Según relata el fiscal Luis Gordillo en el escrito de calificaciones que esta mañana se leerá en la Audiencia, 'Txapote', Valentín Lasarte -ya condenado por estos hechos- y Carasatorre -en rebeldía- decidieron asesinar al dirigente popular en 1992. ETA había cavado ya una inmensa fosa común. Años como 1979 ó 1980, con dos y hasta tres atentados por semana. Policías, funcionarios, militares, trabajadores. Mucho óxido en las almas. Y un político, el senador socialista Enrique Casas, asesinado en febrero de 1984.

Consuelo tiene claro que la banda quería «repetir» con su hermano el «inmenso impacto» causado por el primer crimen de un político desde el final de la dictadura. La víctima: un destacado joven del PP, casado y padre reciente, que se autodefinía como un «cruzado permanente contra ETA». El modelo ideal de 'enemigo del pueblo' que buscaba el terrorismo. «¿Sabe qué es lo peor? Yo he visto día a día a un antiguo dirigente de HB enseñar a su hijo a montar en bicicleta y bañarse en La Concha en verano. Y pienso: el hijo de Goyo nunca disfrutará de eso», se duele María José Usandizaga, presidenta del PP en Guipúzcoa.

El 'enemigo' amaba a los Blues Brothers. Sólo anteponía a la música su familia, la profesión y las calles de San Sebastián. Aunque nacido en Caracas el 21 de julio de 1958, su vida transcurrió en Guipúzcoa. Quienes le conocieron afirman que su compromiso social surgió en la cocina de su casa. «Mi madre, atentado que había, fuera a quien fuera, lo sufría mucho», dice Consuelo. Su hermano ingresó en Alianza Popular. Alguien se fijo en él cuando trabajaba en el periódico 'Norte Exprés' y, en 1983, le propusieron como candidato al Consistorio. «No tenían gente. Él era intrépido y aceptó». En casa había aprendido «a no quedarse indiferente».

«Era un chaval con la carrera recién terminada, pero ya entonces se mostraba como un trabajador incansable», relata Usandizaga. «Un chaval cargado de fuerza, un político muy intenso, extrovertido y difícil como rival», coincide el socialista Ramón Jáuregui, consejero de Trabajo en 1995. Es necesario prestar atención al término 'chaval' que aplican ambos políticos. «Eternamente joven», ni siquiera en los momentos más serios su rostro eludía la sombra del adolescente. Como los Blues Brothers, él también dinamizó un género; en este caso, el del conservadurismo tradicional al que rejuveneció. Esa transformación generó unas cuantas fobias, también dentro de su partido, y muchas filias, que fueron las que le llevaron a la portavocía del PP.

Como los Blues Brothers, tocaba y tocaba rápido. Cargaba un fax en el coche, incluso en vacaciones. Celebraba una reunión diaria con los medios -en ellas denunció desde presuntas irregularidades en la Guardia Urbana hasta la carestía de la vivienda, pero, sobre todo, la violencia de ETA- y era capaz de recibir a tres personas en su despacho al mismo tiempo. «En una ocasión», señala Usandizaga, «un empleado dejó un informe en su casillero. Cuando regreso a su despacho, ya tenía la respuesta de Goyo sobre su mesa. Todo el mundo le paraba en la calle».

-¿Recuerda alguna anécdota?
-Hay muchas, pero no me acuerdo. Es un mecanismo de autodefensa. El trauma pervive. Al PP nos dejaron huérfanos con su asesinato.

La «intuición» del crimen
Entre las navidades de 1994 y enero de 1995, según el escrito del fiscal, Valentín Lasarte vigiló los movimientos de Ordóñez. Dicen algunos supervivientes, y Consuelo lo refrenda, que «una intuición» advierte al amenazado de la inminencia de la bala. «Él ya sabía desde agosto que iba a ser asesinado. Empezó a ver gente extraña cuando salía de casa. Nunca lo exteriorizó, pero se le notaba preocupado».

El concejal, junto con San Gil, una amiga y el secretario del grupo municipal del PP, Enrique Villar, se sentaron el 23 de enero a la mesa en La Cepa, en el casco histórico de San Sebastián. Ese día pudieron comer en otro establecimiento, pero no había ensaladilla rusa en el menú. Según la Fiscalía, Lasarte vio a la comitiva. Avisó a 'Txapote' y Carasatorre. Uno de los dos etarras, con la cabeza cubierta con la capucha de un chubasquero, cruzó el comedor, se situó detrás de Ordóñez y disparó. Bastó una bala de 9 milímetros para dejar una viuda, Ana Iríbar, y un niño, Javier, que a sus doce años aún pregunta dónde está su padre.

Antes de que Javier abriera mucho, mucho los ojos, al saber que su progenitor no volvería esa ni ninguna otra tarde a casa, que no habría más domingos de fútbol ni vacaciones en la playa, los etarras huyeron, brevemente perseguidos por María San Gil. Llovía o lloraba San Sebastián. Se dibuja un nuevo círculo. Lasarte se cruza con María José Usandizaga, que corre hacia el bar. «No me chocó porque él vivía allí cerca. Nos enteramos de que era un terrorista tiempo después».

«¿Cómo era Gregorio?» Para Eli Galdos, entonces diputado general en Guipúzcoa por el PNV, «una bellísima persona con un alma caritativa. Políticamente no era exaltado, pero sí muy vivo defendiendo sus teorías». «Tenía gran futuro. Era clarividente. Siempre he dicho que me robó la inteligencia», apostilla Consuelo. Y ETA se la arrebató, junto con la palabra.

Ibarretxe, imputado por reunirse con Batasuna, se ve en secreto con Otegi para evitar otra querella
El silencio está motivado por el temor del Gobierno vasco a que el TSJPV vuelva a actuar contra el 'lehendakari', imputado por un presunto delito de desobediencia.
Oscar López Fonseca El Confidencial 29 Noviembre 2006

En contra de lo ocurrido el pasado 19 de abril, esta vez no ha habido ni fotografías ni declaraciones oficiales. El lehendakari, Juan José Ibarretxe, y el líder de la ilegalizada Batasuna, Arnaldo Otegi, mantuvieron el pasado 14 de noviembre su segunda reunión desde que ETA anunciara el 22 de marzo su 'alto el fuego permanente', según han confirmado a El Confidencial varias fuentes políticas vascas. Un encuentro que, como el anterior, tuvo lugar en Vitoria, en concreto, en la sede de la Lehendakaritza. Sin embargo, a diferencia de aquél, esta vez la cita ha sido guardada hasta hoy en secreto por ambas partes.

Una discreción que ayer mantenían los protagonistas de la misma, cuyos portavoces en ningún momento quisieron ni confirmar ni desmentir a este diario su celebración. Las fuentes consultadas apuntan que este silencio está motivado por el temor del Gobierno vasco a que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) vuelva a actuar contra el lehendakari, actualmente imputado por un presunto delito de desobediencia, precisamente, por la reunión pública de abril.

Esta causa -abierta tras una querella del Foro de Ermua- ha provocado un conflicto sin precedentes entre las instituciones vascas y el Tribunal Superior, sobre todo después de que el magistrado encargado de su instrucción de esta causa, Roberto Saiz, haya retrasado la toma de declaración a Ibarretxe a la práctica de una serie de diligencias previas “llamadas a permitir conocer los hechos objeto de la querella”. En concreto, el juez ha solicitado a siete diarios los ejemplares en los que se dio cuenta de dicho encuentro, así como la identidad de los periodistas que firmaron aquellas informaciones.

Por ello, precisamente, Ibarretxe -cuyo papel en el proceso, muy a su pesar, está siendo muy reducido- acordó con Batasuna no dar publicidad al encuentro de noviembre y así evitar nuevas querellas que añadan más tensión a un proceso de paz que todos reconocen se encuentra bloqueado. Según las fuentes consultadas por El Confidencial, los protagonistas del mismo están dispuestos, incluso, a negar públicamente su existencia. “No quieren dar más munición a los que quieren cargarse el diálogo a golpe de querellas”, añaden.

Otras cinco discretas citas
El encuentro entre el lehendakari y Batasuna no ha sido, sin embargo, el único encuentro discreto que se ha celebrado en los últimos días en el País Vasco con la intención de desbloquear el proceso de paz. El Confidencial tiene constancia de al menos otras cinco reuniones en los últimos diez días de miembros de la izquierda abertzale con destacados dirigentes de otras formaciones políticas vascas. De todas ellas, sólo una, la que mantuvieron con el líder de Aralar, Patxi Zabaleta, ha transcendido hasta ahora. Y ello después de que este ex dirigente batasuno la diera a conocer en el transcurso de una entrevista radiofónica.

En todas, incluida la celebrada con Ibarretxe, los miembros de la ilegalizada formación han transmitido mensajes coincidentes, según los datos recopilados en los últimos días entre diferentes fuentes conocedoras del desarrollo de las mismas. Un mensaje en el que la izquierda abertzale descarta a corto y medio plazo una ruptura del proceso de paz, aunque reconocen que el momento por el que atraviesa éste no es bueno. Un bloqueo del que han acusado a los socialistas y al presidente del PNV, Josu Jon Imaz, como adelantó este diario el pasado 23 de noviembre (ver noticia).

Los interlocutores de Batasuna mostraron también en estas citas su convencimiento de que la izquierda abertzale estará finalmente presente en las elecciones municipales y forales del próximo mes de mayo, aunque descartaron que para ello tengan previsto pasar por la ventanilla del Ministerio del Interior para legalizar una nueva marca. “De hecho, insinuaron que tal vez volverían a utilizar las siglas de EHAK (siglas en euskera del Partido Comunista de las Tierras Vascas)”, apunta un político vasco.

En lo que fueron más directos fue en criticar PSOE, al que acusaron de mantener una actitud de paseo triunfal en las conversaciones mantenidas hasta ahora. “También se mostraron muy preocupados por el acoso judicial. Nos reconocieron que estaban convencidos de que José Luis Rodríguez Zapatero les iba a echar un capote en este tema y, al final, no ha sido así”, añade una de las fuentes consultadas.

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