AGLI

Recortes de Prensa     Lunes 4 Diciembre  2006

1931, lectura integral
Editorial ABC 4 Diciembre 2006

CIERTOS sectores del PSOE siguen empeñados en formular propuestas ideológicas radicales y trasnochadas. Es el caso de los redactores del documento «Constitución, laicidad y educación para la ciudadanía», inspirado en planteamientos rancios que dejan en mal lugar las opiniones de otros sectores del partido más próximos a la moderna socialdemocracia. Aunque López Aguilar diga que el Gobierno nunca ha sido un «comecuras», algunos socialistas siguen confundiendo laicismo con laicidad, en flagrante contradicción con el artículo 16 de la Constitución, según el cual, aunque ninguna religión tendrá carácter oficial, los poderes públicos deben mantener relaciones de cooperación con las diversas confesiones, con especial referencia a la Iglesia católica.

El documento que va a presentar Álvaro Cuesta, secretario de Libertades Públicas del PSOE, vuelve también a la carga en materia de revisionismo histórico y se empecina en comparar la Constitución de 1931 con la de 1978 como hitos en la historia de la democracia española. Se trata, sin embargo, de realidades muy distintas. La Segunda República, recibida con notable ilusión, fue un régimen convulso, marcado por la fractura social y política, que culminó en una trágica guerra civil. En cambio, la Constitución vigente es el fundamento jurídico-político de una etapa de éxito colectivo, que sólo el egoísmo insolidario de algunos y el oportunismo de otros podría llevar a situaciones conflictivas en contra de la voluntad de una inmensa mayoría de ciudadanos. Enfoques partidistas como el que refleja este documento contribuyen a crear un ambiente poco propicio al consenso democrático sobre las grandes cuestiones, lo mismo que ocurre con la desafortunada Ley de la Memoria Histórica o con la alianza con partidos radicales que cuestionan sin escrúpulos la forma de Estado y de Gobierno.

La Constitución de 1931 tenía algunas virtudes que el socialismo actual parece no tener muy en cuenta. Según su artículo 4, el castellano se proclama «idioma oficial» de la república, añadiendo -como el actual artículo 3- la obligación de saberlo y el derecho de usarlo de todos los españoles. Terminaba con una regla muy precisa: salvo disposición de una ley especial, a nadie se le podrá exigir el conocimiento ni el uso de ninguna lengua regional. El PSOE tendría que reflexionar sobre la distancia que separa dicha norma de la regulación actual en el Estatuto catalán. Tampoco estaría de más comparar la referencia en el preámbulo a la nación catalana con los términos inequívocos del texto de 1931: Estado «integral», regiones autónomas y posibilidad de las provincias de renunciar a su integración en una región. No es lícito tomar una constitución a beneficio de inventario y quedarse sólo con lo que conviene.

Mas nos duele la falta de libertad
Francisco Caja, Presidente de Convivencia Cívica Catalana minutodigital 4 Diciembre 2006

En el mes de abril de este año CONVIVENCIA CÍVICA CATALANA presentó ante el Parlamento de Cataluña una Iniciativa Legislativa Popular para la Enseñanza en Lengua Materna y el Bilingüismo Escolar. Necesitábamos 50.000 firmas para presentar en el Parlamento una Propuesta de Ley para intentar que en Cataluña se respetara el elemental derecho de los escolares a recibir la primera enseñanza en lengua materna y asegurar que el castellano, junto con el catalán, sea lengua vehicular o docente. Y empezamos a recoger las firmas en el mes de julio. Desde el primer momento la acogida de nuestra propuesta por parte de la ciudadanía fue magnífica. Pero, también desde el primer día, empezó el acoso. Estábamos en la Plaza de Sant Jaume acompañando a Carmelo González, el padre que se declaró en huelga de hambre para reclamar la enseñanza en castellano de su hija, con nuestro stand, cuando, a las cuatro de la madrugada, un coche camuflado de los Mossos d’Esquadra hizo irrupción: pretendían desalojarnos. Resistimos y defendimos con éxito nuestro derecho: estábamos allí ejerciendo nuestro derecho a manifestarnos y a participar directamente en los asuntos públicos, que es lo que significa una Iniciativa Legislativa Popular. Levantaron, entonces sí, un atestado ante nuestra negativa . Exigimos que fuera redactado en castellano como condición para firmarlo. Se negaron y se marcharon. No consiguieron su propósito.

Ese fue el comienzo. Sabíamos que no lo tendríamos fácil, pero sabíamos también que nadie conseguiría torcer nuestra voluntad y determinación. Resistimos. Teníamos que soportar diariamente los insultos, las injurias y las amenazas de los nacionalistas. Que estuviésemos en la calle con nuestros stands, con nuestro lema: “En castellano también”, que los ciudadanos de Cataluña se agolparan en ellos para firmar de forma entusiástica era algo que no podían permitir. Empezaron las denuncias y empezó el acoso de la Guardia Urbana. Casi a diario nos denunciaban por “ocupar la vía pública”. De nada servía que exibiéramos la autorización del Parlamento de Cataluña, que razonáramos que estábamos ejerciendo un derecho fundamental, una actividad no sujeta a licencia municipal. Las multas caían una tras otra. Resistimos.

Y empezaron las agresiones. La primera: a las puertas de un centro comercial un energúmeno tras increparnos y amenazarnos, intentó arrebatarnos las hojas de firmas. Pudimos impedirlo. La segunda: en Cornellá, con agresión física incluida. Uno de nosotros sufrió un corte en la mano y nos destrozaron el stand y varias hojas de firmas. Pero, lo más grave: la Guardia Urbana de Cornellá. en vez de perseguir al agresor, nos desalojó de sitio negándonos cualquier auxilio. Al parecer los delincuentes éramos nosotros. La última, en Santa Coloma. Un asalto premeditado. Tratamos de impedir que destrozaran el stand y las hojas de firmas. Me golpearon, me rompieron las gafas, produciéndome un corte en la nariz. Llamamos a los Mossos d’Esquadra. Se negaron a venir, a auxiliarnos y a levantar el correspondiente atentado. Tras reprocharles su actitud y exigir su presencia, se dignaron a acudir al lugar de los hechos al cabo de media hora dos Mossos de paisano. Justificaron su tardanza diciendo que habían estado buscando a los agresores, sin éxito. Y, lo que es más grave, ni siquiera levantaron el correspondiente atestado. Que denunciáramos los hechos en comisaría y que acudiéramos a un centro hospitalario, nos dijeron.

Pero no duelen los golpes, no duelen los insultos, no duele que nos digan que en Cataluña sobramos. Lo que duele es la falta de libertad que sufrimos aquellos que no somos nacionalistas en Cataluña. Cuando desde el poder político, desde el gobierno se nos señala a los que nos oponemos a su miserable política lingüística , absolutamente contraria a la más elemental libertad lingüística, como enemigos de Cataluña, como enemigos del catalán, todo puede suceder: cualquier descerebrado está legitimado para injuriarnos o violentarnos. Para ellos la más absoluta de las impunidades. Ni el Gobierno catalán, ni el Parlamento de Cataluña, bajo cuya tutela expresa recogemos las firmas de nuestra iniciativa, se dan por aludidos. Ellos nos han puesto ya en entredicho: cualquiera pude golpearnos impunemente. Porque han declarado que nosotros somos enemigos de Cataluña.

Pero los excluidos de la siniestra Cataluña que ellos imponen, una Cataluña en la que no caben los catalanes que amamos la libertad, que abiertamente denunciamos y combatimos esa falta de libertad, seguimos resistiendo. Aunque nos golpeen. Porque nos duele infinitamente más la falta de libertad. Y ese dolor es el que nos impulsa a seguir luchando: cuanta menor sea la libertad, mayor será nuestro impulso.

Cambio de régimen
El PP y el proceso de negociación con ETA
Agapito Maestre Libertad Digital 4 Diciembre 2006

Jaime Mayor Oreja dice que el proceso de negociación entre el Gobierno y ETA está estancado o, lo que es lo mismo, ha fracasado, pero los actores del mismo no saben cómo salir de la situación. Llegados a este punto a todas luces ridículo, según Mayor Oreja, el Gobierno sólo tiene una salida airosa que es la vuelta al Pacto Antiterrorista y por las Libertades y no llevar a cabo ningún tipo de política antiterrorista sin el consentimiento del PP. Ojala fuera verdad esta visión. En buena lógica democrática quizá no exista otra opción que la prevista por Mayor Oreja. Nada me gustaría más que creer a este prudente político, porque eso significaría que este país vuelve a la normalidad democrática.

Sin embargo, hay pruebas evidentes de que el Gobierno sigue empeñado en seguir ese proceso de negociación, que ha devenido un fracaso para cualquier observador imparcial, entre otras razones, porque nunca se han cumplido las dos exigencias que el propio Gobierno se impuso a sí mismo en el Congreso de los Diputados, el 22 de marzo de 2006, para negociar con los terroristas, a saber, verificar el cese de toda violencia y comprobar la buena fe de la banda por abandonar definitivamente las armas. Pero si a pesar de que ninguna de esas condiciones han sido satisfechas y a pesar de que las víctimas y el PP están en contra del proceso, o sea, si a pesar de todo el Gobierno sigue empecinado en seguir negociando con ETA, entonces tendremos que decir que esa es la mejor prueba de que el Gobierno quiere desestabilizar el régimen democrático. En el colmo del cinismo democrático, el PSOE ha llegado decir que si fracasa la negociación con ETA, la responsabilidad recaerá sobre el PP y no sobre los asesinos. Terrible.

La relación del Gobierno con ETA, bajo la retórica de una paz de cementerio, no es, pues, una política más o menos coyuntural para conseguir más votos que le hagan alcanzar la mayoría absoluta, sino la base para sacar de pista al PP. Las descalificaciones, vídeos, ninguneos y otras perversidades dirigidas al PP por el PSOE son sólo adornos de esa política básica, que consiste en sacar al PP del sistema política al precio de pactar con ETA. Por supuesto, sólo en ese marco se entiende, por un lado, el afán del Gobierno por desprestigiar a las víctimas del terrorismo y, por otro lado, conceder a los terroristas unos valores de paz que sólo están en la mente truculenta de un Gobierno llegado tres días después de un brutal atentado terrorista. Los vínculos entre ETA y el Gobierno empiezan a ser obvios pero, por desgracia, creo que el PP aún no se ha percatado de la gravedad de este asunto o, peor aún, hace como si eso fuera un escenario irreal, que terminará fracasando con sólo enfrentarle los deseos de moderación del pueblo español.

Me parece que eso no es suficiente. Tampoco parece realista o, al menos, prioritario sobre tan trascendental al asunto enfrentarle un modelo eficaz de Estado. Serio es, sin duda, plantear un modelo de Estado fuerte, como ha hecho el PP en su última Convención política, pero es un asunto menor comparado con el pacto entre ETA y el Gobierno. Creo que plantear la eficacia antes que la política, la utilidad social antes que la defensa de los principios democráticos, es errar el tiro o, peor, creer que el Gobierno no pretende cambiar las reglas de la democracia sin contar con la oposición. Creo que situar al mismo nivel la reforma de los Estatutos, propuesta por el Gobierno, para cambiar ilegalmente la Constitución, y la relación del Gobierno con ETA es una ingenuidad. Porque la reforma de los Estatutos, sin duda alguna, es dependiente de la negociación del Gobierno con ETA, es menester que el PP dedique los máximos esfuerzos a la defensa de la democracia y, sobre todo, a exigirle responsabilidades al PSOE por la destrucción del tejido democrático.

Si Otegi y Zapatero "hacen política", que liquiden toda la violencia
Editorial Elsemanaldigital  4 Diciembre 2006

Ayer domingo y hoy lunes se celebra el Día de Navarra, y los festejos han dado pie a declaraciones cruzadas de los distintos líderes políticos, sobre el llamado "proceso de paz" en general y sobre el destino de Navarra en particular. Mientras tanto, ETA ha respondido a las detenciones de terroristas en Francia con una oleada de kale borroka. Las espadas están en alto.

La violencia callejera de los simpatizantes nacionalistas ha sido un instrumento político de los radicales. Lejos de tratarse de un fenómeno espontáneo e incontrolable, es una actividad perfectamente dirigida por las mismas personas que negocian con José Luis Rodríguez Zapatero. Los actos de terrorismo urbano aparecen y desaparecen según convenga al diálogo entre el Gobierno y la banda ETA y a las negociaciones políticas que ven como protagonistas al PSOE y a Batasuna. Los hechos lo vienen demostrando desde el inicio del "alto el fuego unilateral" y así lo dejó ver ayer domingo el dirigente batasuno Arnaldo Otegi en un mitin celebrado en Oyarzun (Guipúzcoa), que nadie prohibió a pesar de que Batasuna, como parte de ETA, sigue siendo una organización ilegal.

Según Otegi, Batasuna quiere "hacer política", y esto implica que dará los pasos al menos para participar en las elecciones municipales y autonómicas del próximo mes de mayo. Zapatero tiene una oportunidad de demostrar sus convicciones y su firmeza ante esta voluntad de Batasuna: si realmente Batasuna quiere que el "proceso" siga adelante y que incluya su vuelta a la legalidad, el presidente del Gobierno puede supeditar todo a la desaparición completa y definitiva de la violencia, incluyendo por supuesto la kale borroka. Otegi tiene en su mano esa decisión, y Zapatero podría así cumplir, finalmente, su vieja promesa de que "primero la paz, luego la política".

No por casualidad, Otegi habló de otra promesa reiterada de Zapatero, que el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, recordó el pasado sábado en Burlada (Navarra): el compromiso de que sólo los navarros decidirán el futuro de Navarra, concretado por Rubalcaba en que "no hay fuerza en el mundo que pueda imponer a Navarra un estatus jurídico que no quiera".

Otegi comparte esta idea y la considera perfectamente compatible con sus propios proyectos. Esto, que ha sorprendido a algunos analistas en Madrid, es rigurosamente cierto, ya que ETA y Batasuna jamás han pedido la anexión de la Comunidad Foral de Navarra a la Comunidad Autónoma del País Vasco, sino que propugnan la construcción de un nuevo "sujeto político". Otegi ha recordado que la banda no desea "que Navarra deba integrarse en las Vascongadas", sino que se reconozca a vascos y navarros el derecho a la autodeterminación, es decir, en la práctica, la soberanía.

La renuncia de los radicales a la kale borroka no puede implicar una recompensa política, ya que se tratará simplemente del cumplimiento de las leyes en vigor. El presidente del Gobierno puede hablar con ETA, pero sólo de cómo y cuándo la banda desaparece; y lo que rebase este límite implicará pagar un precio a un Otegi a quien se ve más seguro y confiado que nunca.

Del pesimismo del PSOE a la euforia del PP
Pablo Sebastián Estrella Digital 4 Diciembre 2006

La semana se inicia con la tensa espera de una respuesta formal de ETA a la captura de varios integrantes de dos de sus comandos —el logístico y el de aprovisionamiento de explosivos— por parte de la Policía francesa, lo que prueba que la banda terrorista está en pleno periodo de rearme y lo que demuestra que esta situación no es considerada por el presidente Zapatero motivo suficiente como para suspender el proceso negociador sino una oportunidad para apropiarse del éxito de las fuerzas de seguridad galas y presumir ante la sociedad española de la firmeza del Gobierno frente a ETA en un intento claro de amortiguar las críticas que está recibiendo desde dentro y fuera de su partido y el efecto que todo ello está produciendo en su base electoral.

Pero las reglas del alto el fuego y del inicio de la negociación tenían previsto este y otros escenarios y por ello nada se rompe, y ése es el segundo mensaje que manda a ETA el Gobierno y el mismo que intenta transmitir a la banda el propio Otegi cuando dice que está deseando entrar en política, rebaja sus peticiones sobre Navarra y sale del escenario bebiendo un trago de agua sin saber si ETA comparte sus posiciones o si, por el contrario, se va a encontrar con alguna sorpresa, como ya le ocurrió otras veces, quedando en evidencia y demostrando los jefes de la banda que son ellos los que llevan el control de la negociación.

¿Atacará ETA? Ésa es la cuestión. El Gobierno no desiste en su intento y piensa que aún es tiempo para que ETA, en vez de atacar, le ofrezca un balón de oxígeno a Zapatero, al que ve enredado en sus propios y desmesurados compromisos que ahora no está en condiciones de cumplir, y que exigen una rectificación del escenario inicial que se había diseñado para abordar de manera simultánea las mesas política y “militar” del proceso en curso. ¿Qué va a pasar?

No existe la menor certeza, pero en el palacio de la Moncloa saben que la paciencia se acaba en las bases del PSOE, en muchos de sus dirigentes y en su entorno mediático e intelectual, donde le piden un pacto inmediato con el PP porque ven que en las actuales circunstancias la negociación ha de pasar por la política y ello hará muy difícil o casi imposible alcanzar el terreno de las medidas de gracia a los presos, que es el verdadero núcleo del proceso, para el que se necesita el consenso del PP y de las víctimas, así como del pleno del Consejo General del Poder Judicial. Si a esto añadimos el riesgo de una ruptura unilateral de ETA o de nuevas acciones de sus comandos, veremos por qué en el entorno de la Moncloa se viven días de pesimismo y preocupación.

Lo que, sumado al empate electoral que anuncian las encuestas, ha desatado una cierta euforia en el PP, donde Rajoy anuncia un pacto constitucional mediante el que se blindarían competencias del Estado para cuando Zapatero pierda el poder y sea sustituido por su partido, toda una declaración de optimismo casi tan antropológico como el de Zapatero, que tampoco cuadra, al día de hoy, con la realidad ni con el rechazo que en la sociedad produce en estos momentos el protagonismo permanente de Acebes, Zaplana y Aznar, completado con repentina proliferación de máscaras liberales en los sectores más reaccionarios del PP que ahora, con Zaplana a la cabeza y Aguirre en la línea, dicen ser los verdaderos líderes del centro político español. El que de existir como tal estaría más cerca de la abstención que del PSOE o del PP.

Es verdad que en las últimas semanas a Zapatero las cosas de la política no le han ido nada bien. Pero de eso a dar por derrotado al PSOE y liquidado su líder como presume Rajoy va un trecho, aunque es cierto que poco a poco se va pasando de las dudas sobre el liderazgo del presidente del PP a la creciente decepción que en sus filas acumula el presidente del Gobierno, a pesar de las soflamas entusiastas de alguno de sus barones —como el hoolligan Ibarra en su retirada extremeña—, que carecen de la credibilidad y que se topan con la cruda realidad. Hasta el punto de que, en estos momentos, el fiel de la balanza sobre el presente y futuro de Zapatero no depende de él sino que está en manos de ETA, de esa posible respuesta que los jefes de la banda terrorista pueden dar a los últimos acontecimientos ocurridos en Francia, algo que mantiene en vilo al Gobierno y que podrá cambiar el panorama político español de manera radical.

Rajoy y el "marianismo reformista" desatascarán el Estado autonómico
Antonio Martín Beaumont elsemanaldigital 4 Diciembre 2006

El PP ha abordado el problema, espoleado por Zapatero, con un ojo avizor para alejarse de separatistas y separadores. Sáenz de Santamaría y Trillo han hecho bien sus deberes.

4 de diciembre de 2006. "Ni más ni menos autonomismo, sino mejor autonomismo". La Conferencia Un Estado eficaz que el PP ha celebrado los pasados viernes y sábado en Madrid ha permitido a Mariano Rajoy entrar de lleno en la gran cuestión política de nuestro tiempo y nuestro país. Y algo más importante para el centroderecha: ha permitido a su líder ponerse en el centro del escenario respondiendo a los problemas concretos con un proyecto moderno, afirmando principios pero sin ninguna concesión a la nostalgia.

La cosa es complicada. Pero los populares Soraya Sáenz de Santamaría y Federico Trillo se han dejado la piel para que "el jefe" tuviera el campo despejado para hacer aquello en lo que es un maestro, poner las ideas complejas en claro. El líder del PP, entre otras, tiene la virtud de caminar siempre por la senda del sentido común, incluso en aquellos asuntos donde lo que impera es el sinsentido.

España es una nación plural, y el intento de 1978 de conjugar la unidad nacional y la pluralidad regional a través de la autonomía es algo que ha funcionado bien. El PP es heredero de una tradición regionalista muy diferente al federalismo de cierta izquierda, al jacobinismo y al centralismo heredado del franquismo. La respuesta regionalista es, naturalmente, la que más gusta a los peperos de siempre. Otra cosa sería hacer el juego al PSOE y a Zapatero, que en su oportunista federalismo –además, asimétrico- no representa obstáculo para aquellos que tienen ensoñaciones centralistas ni para los que reman hacia la pura disgregación, los dos extremos de los que España necesita huir.

Por eso Rajoy ha llegado, buscando la eficacia, a la necesidad de una reforma autonómica. Pero reforma, ojo, no revolución; y si el proyecto incluye "retoques" constitucionales, éstos han de ser para perfeccionar el modelo de 1978 y suprimir las imperfecciones que se han ido manifestando con el tiempo y que la etapa ZP ha acentuado.

Estado moderno, eficaz, ligero, justo, descentralizado, unido: en suma, viable. De lo que se trata es de llegar a la gente no anunciando catástrofes sino proponiendo soluciones inmediatas, directas y valientes que conserven lo que funciona y reformen lo que no funciona. Eso es precisamente el reformismo marianista.

Durante veintiocho años se ha estado constantemente regando cada jardín autonómico, tras ese tipo de pensamiento que cree que si hay diecisiete autonomías fuertes habrá un Estado fuerte. Pero, por no molestar a ciertas "comunidades nacionalistas" se ha regado poco el jardín común, el que une a las diecisiete autonomías. Así es lógico que el Estado español y la propia idea de España anden resecos y marchitos. La cosa no consiste en dejar de regar a las regiones, sino de tener más agua para fertilizar al conjunto.

Algunos, los radicales que en todas partes hay, pueden pensar que el "decálogo" con el que se van a lanzar los de Rajoy a la batalla electoral de las municipales y autonómicas se queda corto o que no propone las soluciones draconianas que merece una "España rota". Pero el nudo gordiano de nuestras autonomías no puede cortarse sin desatar, entonces sí, viejos fantasmas peligrosos que el PP jamás ha compartido, ni siquiera cuando su lema era el de "España, lo único importante".

Estoy seguro, con todo, de que, por ejemplo, a Mariano Rajoy, como a millones de españoles, le pide el cuerpo recuperar las competencias en materia de Educación que el País Vasco gestiona de qué manera, pero eso es imposible, pues hacerlo tendría unas consecuencias más negativas que el efecto de la educación nacionalista sobre los jóvenes vascos. Precisamente éste ha sido otro de los grandes aciertos de esta Conferencia popular: tener y dejar muy claro que tan peligrosos son los separatistas como los separadores y que para millones de españoles autonomía es sinónimo de democracia.

Los viejos fantasmas, además, no merecen que les sacrifiquemos la España del siglo XXI. Las cosas que dan miedo a los críticos de don Mariano y que ilusionan a los lisonjeros de Zapatero son problemas ya resueltos para los jóvenes españoles. Nadie quiere un Estado centralista, ni con capital en Madrid ni con capital en cada una de las diecisiete autonomías; si algo tiene el PP en su código genético es la subsidiariedad, que consiste básicamente en solucionar las cosas tan cerca del problema como sea posible, con la máxima eficacia y el mínimo coste.

Los planes de Batasuna
Editorial ABC 4 Diciembre 2006

SI ETA pudiera reconstruir electoralmente a la izquierda abertzale para presentarla a los próximos comicios locales y municipales de 2007, podría acabar controlando un total de 1.500 millones de euros durante la nueva legislatuta, para lo que sería suficiente que repitiera los resultados de 1999 en el País Vasco y Navarra. Con esos fondos, el entramado batasuno podría subvencionar las visitas familiares a los presos etarras, las actividades de grupos juveniles y culturales de la izquierda proetarra, promover actividades de adoctrinamiento y emplear a presos de ETA excarcelados. Es decir, lo mismo para lo que ha utilizado los fondos públicos durante el tiempo en que fue legal. Lo que demostró el giro radical de la política antiterrorista en 2002, con la suspensión cautelar de Batasuna y la decisión del Parlamento de instar su disolución, fue que todas las fuentes de financiación de la izquierda proetarra afluían a la caja única que necesitaba ETA para costear sus diversos frentes estratégicos. El corte de los flujos económicos -tan detalladamente planificados en la estrategia etarra reflejada en el «proyecto Udaletxe»-, con motivo de la aplicación de la Ley Partidos y la inhabilitación electoral de Batasuna, supuso para ETA el hecho decisivo para inclinar la balanza a favor del Estado y romper ese empate infinito con el que los terroristas pretendían, más que derrotar al Estado, sentarlo en una mesa de negociación política.

Por eso es fundamental que el Gobierno y la Fiscalía sellen cualquier fisura que ETA pudiera aprovechar para regenerar su estructura en las instituciones democráticas. La Ley de Partidos Políticos es taxativa en la interdicción del fraude de ley, lo que no permite la concurrencia electoral a un partido, coalición o agrupación de electores que dé continuidad a un partido previamente ilegalizado. El precedente que importa no es Aukera Guztiak, simple señuelo que puso la izquierda proetarra para distraer la atención; sino el del Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV), al que el Gobierno y la Fiscalía inmunizaron frente a la Ley de Partidos y gracias al cual ETA logró nueve escaños en el Parlamento vasco. Luego, la Audiencia Nacional incoó diligencias contra el PCTV en las que varios de sus dirigentes están imputados y procesados por integración o colaboración con ETA. A pesar de estas decisiones judiciales, el Gobierno y la Fiscalía no han demandado su ilegalización.

En su último boletín o «zutabe», ETA señalaba que la izquierda abertzale tenía como reto la presentación de candidaturas en los próximos comicios. No era un análisis. Era una orden. Y es así como todos los emplazamientos cándidos del Gobierno a Batasuna para que presenten unos estatutos aceptables -que permitan la existencia de una izquierda proetarra «blanqueada»- chocan con el sentido que dan los terroristas a este alto el fuego. ETA no magnifica la importancia de estar o no en las instituciones para ganar plataformas de actuación y fuentes de financiación e información. Para ETA lo fundamental es estar en las instituciones como estaba hasta 2003, es decir, con unos testaferros que cumplen sus órdenes y no juegan a demócratas condenando la violencia. Para algunos, eso que se llama «apuesta por las vías políticas» es una monserga que Batasuna, cuando se llamaba Euskal Herritarrok y antes Herri Batasuna, la había reiterado tantas veces como ha creído oportuno.

Por eso, una legalización como la que el Gobierno necesita para abrir formalmente la mesa de negociación política supondría para ETA acatar el marco jurídico constitucional y estatutario, algo inaceptable para una organización terrorista que nunca dará un paso de autodeslegitimación. Además, por paradójico que resulte, Batasuna es consciente de que su ilegalidad es lo que la pone en valor frente al Gobierno y el PSOE, porque si no fuera, como es, una parte de ETA, y condenara la violencia y se desvinculara completamente del terrorismo, sería una formación más de izquierda nacionalista, sin valor añadido para un «proceso de paz». Y si no hay legalización, para el Gobierno -que ya ha hecho mucho con una Batasuna fuera de la ley- es imposible, desde todo punto de vista, dar un paso relevante en el proceso de negociación, salvo que optara directamente por el suicidio político en una cascada de desistimientos unilaterales.

Esta confusión, creada por la suma de los graves errores del Gobierno y la astucia de los proetarras al calcular las contradicciones ajenas, se despejaría volviendo a los rectos principios de la política antiterrorista: aplicación de la Ley de Partidos Políticos y unidad democrática con el PP.

EL MODELO DE ESTADO
Editorial minutodigital 4 Diciembre 2006

Ha celebrado el PP su conferencia sobre el Modelo de Estado, en la que Rajoy ha acertado al decir muchas cosas. Por ejemplo que no se puede aceptar la "idea cavernícola" de que España "no debe ser más que la suma de las CCAA" y que "cuanto menor sea el tamaño y el peso del Estado, cuánto más se reparta, mejor para todos". Rajoy recordó que esta teoría "no se sostiene ni siquiera en los estados federales, como está demostrando Alemania".

En ese sentido, Rajoy criticó la influencia de los partidos nacionalistas. "Hay quien piensa que para poder igualarse con los más privilegiados, en rentas o cultura, para ser más, no les basta con ser españoles: necesitan disfrazarse de nación. El resultado, a la vista está en esa carrera por exaltar prejuicios, atributos míticos, identidades artificiales y nacionalismos de oropel. Más o menos como si en España nos hubiéramos puesto a otear el futuro con el catalejo al revés", alertó.

Rajoy criticó la política rupturista de Zapatero, que va a terminar por convertir a España en un Estado "ineficaz y difícilmente viable". “Si esta rueda sigue rodando, arruinaremos sin duda todo el esfuerzo de los españoles desde 1978 hasta hoy", continuó Mariano Rajoy, para agregar que el camino del Estatuto de Cataluña "quiebra la arquitectura constitucional" del Estado.

Y por fin detectamos, aunque tímido, un reconocimiento del origen de todos los males que hoy estamos sufriendo: La unidad de España hoy se ve amenazada porque durante la transición la derecha claudicó negligentemente y la izquierda torticeramente a las exigencias de los nacionalismos.

Rajoy apuntó a la "indiscutible" influencia ejercida por los partidos nacionalistas, a los que en la Transición se concedió "generosas ventajas electorales" y la posibilidad de convivir "sin crítica" con sus presupuestos ideológicos, lo que ha resultado en que "se hicieron indispensables en el panorama político español". Algo que achacó a "tal vez a un exceso de ingenuidad en la Transición”. Nosotros más bien hablaríamos del complejo de la derecha y del miedo a perder su posición de poder, que primó sobre la defensa de valores y principios. Rajoy también quiso atribuir tal monumental error a la "imposibilidad" de poder prever todos los problemas que vendrían después. No es cierta esta justificación. Lo que hoy sucede era perfectamente previsible y algunos así lo denunciaron desde un principio, con el único resultado del desprecio, la descalificación y la discriminación política. Sus alertas eran cosas de “fachas”. Pero a la vista de lo que hoy sucede cuanta razón tenían aquellos “fachas”.

En fin, parece que Rajoy conoce perfectamente el mal que aqueja a España, el problema es si sabe cual es la medicina para curarlo. El PP apuesta por "retocar" la Constitución Española para "asegurar la funcionalidad" del Estado y que no sea "una perpetua incertidumbre que vacía su contenido entre la Unión Europea y las Comunidades Autónomas". Sin embargo olvida que el partido, aceptando la reforma de estatutos, como el Andaluz, valenciano, balear o gallego, está colaborando precisamente a fragmentar el Estado y hacerlo ineficaz e insolidario, desperdigando sus competencias. España precisa urgentemente cerrar de una vez por todas la voracidad de las autonomías y poner punto final a su rapiña de competencias. Y España necesita también poner en su sitio a los partidos nacionalistas y apartarles de su posición de árbitros de la política nacional. De poco nos sirve conocer nuestra enfermedad si no aplicamos las soluciones verdaderamente necesarias y eficaces.

El modelo de Estado del PP

Germán Yanke ABC 4 Diciembre 2006

EL presidente Rodríguez Zapatero asegura no creer en la debilidad del Estado ni en el carácter residual del Gobierno nacional. Es como si, instalado en La Moncloa y con la única referencia de su pasado como secretario general del PSOE, hubiera descubierto un sinfín de resortes del poder y, por otro lado, el carácter demiúrgico de una determinada imagen. Se pueden hacer muchas cosas desde el Gobierno, es evidente, y se puede -en una partitocracia como la nuestra, tan poco regenerada a pesar de las promesas- utilizar mecanismos para que la interpretación de los Tribunales, desgraciadamente politizada, sea favorable a la dirección que tomen esas decisiones. Y luego está la imagen, la cosmética política: un ambiente en el que la propaganda asienta la idea del diálogo y el entendimiento entre el Gobierno y las comunidades autónomas, aunque el contenido sea vaporoso o pavoroso, es más eficaz que la rigidez de los procedimientos y la claridad de las normas. ¿Eficaz para qué? Para mantener el poder que, en este sentido, no puede considerarse residual.

Él mismo, antes de llegar a La Moncloa en marzo de 2004, había, si no teorizado sobre el asunto, que sería decir demasiado, sí elaborado un curioso esquema mental. Con su firma, aunque luego fuera corregido momentáneamente por la Declaración de Santillana del PSOE, dibujó España como la suma de las comunidades autónomas y, al comienzo de la campaña electoral, pronunció una conferencia en Galicia en la que animaba a esa comunidad autónoma, y a todas las demás, a plantear sus deseos y reivindicaciones hasta que estuvieran a gusto en el Estado. Su poder en un PSOE convulso se había consolidado por «agregación» de baronías y organizaciones regionales y ha terminado por ser más indiscutible e indiscutido que el de sus antecesores. ¿No se podía intentar lo mismo en España? La nación podía ser una idea discutida y discutible, pero no el poder.

Para este modo de ver las cosas, el presidente Rodríguez Zapatero cuenta con que el concepto -nebuloso- del Estado de las Autonomías tiene buena prensa, buena acogida en la opinión pública y magnífica en los círculos políticos de cualquier color, ya que, a su sombra, se han formalizado, consolidado y hasta esclerotizado poderes que, aunque no sean los del Estado, en ningún caso son residuales. En ese ambiente, encaja bien la doctrina de la «bilateralidad» entre el Estado y las comunidades autónomas como alternativa a la que la razón de ser de estas últimas, su encaje y su sentido formaría parte de una «arquitectura constitucional» que precisa el entendimiento «nacional» de los dos grandes partidos, los que, antes o después, podrían gobernar el país.

Y es ese ambiente el que el PP ha organizado su Conferencia sobre el Modelo de Estado los últimos días de la semana pasada. Un ambiente, añado, complicado. Complicado porque ya ha pasado el efecto «mediático» de la reforma del Estatuto de Cataluña que, en su tramitación esperpéntica, sirvió a las posiciones del PP. Complicado también porque no es políticamente correcto que cualquier propuesta se entienda como una crítica al Estado de las Autonomías y a aclararlo dedicó Mariano Rajoy parte de su intervención en la Conferencia. Y porque el PP tiene poderes autonómicos que, en la subasta para que todos estén a gusto, suelen echar su cuarto a espadas. Sin olvidar, además, que las reformas constitucionales que se sugieren abren un dificultoso y de improviso final para otros debates y modificaciones.

El modelo de Estado del actual PSOE se basa en personas, en las que detentan el poder aquí o allá y en cuyo control se fundamenta el del Gobierno. Para llevarlo a la práctica, lógicamente, el PSOE no apela al PP, sino a políticos, jueces, gobernantes autonómicos, etcétera que pueden hacer una interpretación dialogada de las leyes hasta hacerlo posible. Ahora viene el PP con la atractiva idea de que debe basarse en instituciones. Y por ello, con su propia lógica, no apela a personas, ni a sus propios presidentes autonómicos, sino al PSOE, considerado como la otra gran corriente de opinión alternativa con la que hay que establecer las bases claras y permanentes de las instituciones y los procedimientos. Las dificultades ambientales antes descritas son la causa, seguramente, de que este modelo haya sido presentado en la Conferencia como una cuestión más de «eficacia» del Estado que como un tema de calado político, de concepción del Estado.

Me temo que al presidente Rodríguez Zapatero estos debates le parecen «palabras, palabras». Se lo pareció cuando se discutía sobre el concepto de matrimonio ante la posibilidad de que se casaran los homosexuales. Se lo pareció igualmente en el debate sobre la reforma estatutaria catalana. Tiene el convencimiento de que, en cuanto están las reformas en el panorama de la legalidad vigente, las palabras ceden a los hechos, y ya nadie se preocupa por ellas. O, mejor, quienes se preocupan quedan fuera del juego de una realidad que se impone.

Y la eficacia no parece, en su esquema mental, una cuestión de procedimientos y reglas, sino de recursos. Así se entiende, por ejemplo, su reacción ante las reformas alemanas que pretenden, para poner en marcha determinadas políticas federales, evitar el bloqueo de algunos länder o la lentitud y las limitaciones de tener que negociar y pactar con ellos. Para Rodríguez Zapatero estos problemas se reducen al pobre crecimiento económico de Alemania en los últimos tiempos. Con un crecimiento como el de España no existirían. Y, con ese crecimiento, no tienen por qué existir aquí.

Esta tesis gubernamental se basa en la apariencia más que en el análisis. Es tan cierto como creer que el diálogo es el procedimiento en vez de aceptar que no hay diálogo posible sin procedimientos. Pero son apariencias que dificultan en la opinión pública las propuestas del PP, que, como se ha visto, espera a ganar las elecciones, incluso a la desaparición política del presidente del Gobierno, para ponerlas en marcha con un nuevo PSOE. Pero lo que de verdad necesita es una nueva opinión pública.

Obstinada ilegalidad
Editorial El Correo 4 Diciembre 2006

La negativa de la izquierda abertzale a acatar las sentencias que dejaron a Batasuna fuera de la Ley y a solicitar su inscripción como una nueva formación política, con estatutos que expresen un inequívoco repudio al uso de la violencia, representa mucho más que un reto táctico dirigido al Gobierno de Rodríguez Zapatero. Constituye sobre todo la demostración de que, más allá del anuncio formal de un «alto el fuego permanente» y de un largo período sin cometer atentados mortales, la trama compuesta por ETA y Batasuna no tiene la menor intención de ceder en sus postulados. Todo lo contrario, quiere obligar al Estado de Derecho a hacerlo. La dictadura etarra sobre el destino de la izquierda abertzale resulta tan férrea que prefieren correr el riesgo de continuar fuera de las instituciones locales, de las juntas generales de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya y del Parlamento de Navarra antes que dar su brazo a torcer pasando por el correspondiente registro del Ministerio de Interior.

La decisión de Batasuna compromete tanto al Ejecutivo de Rodríguez Zapatero como, en su caso, al Tribunal Supremo y al Tribunal Constitucional. La noticia de que la izquierda abertzale intentará concurrir a los citados comicios mediante agrupaciones de electores nos retrotrae a las elecciones locales y forales de 2003, cuando prácticamente todas las candidaturas auspiciadas por ella fueron anuladas por el Supremo, en sentencia ratificada posteriormente por el Constitucional. Un precedente que obligará a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado a recurrir las listas que se presenten en análogas condiciones. Pero incluso la eventualidad de que al final Batasuna decida presentarse mediante el Partido Comunista de las Tierras Vascas podría ser motivo de intervención de las partes legitimadas para ello. Ante las autonómicas de 2005 el Gobierno alegó que no había hallado razones para instar la impugnación de las listas del PCTV-EHAK. Pero la utilización generalizada de unas siglas registradas con anterioridad para camuflar bajo ellas casi trescientas candidaturas municipales y provinciales y la «continuación o sucesión» de un partido ilegal no podría pasar desapercibida para un Gobierno cuya vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, ya aludió entonces a la eventualidad de que aparecieran «elementos sobrevenidos» que llevasen al Ejecutivo a actuar contra EHAK.

Resulta más que elocuente que la izquierda abertzale se avenga al mandato de ETA negándose a tratar de recuperar la legalidad mediante un cambio de denominación y de estatutos. Especialmente cuando la aceptación por parte de Batasuna de esa vía hacia la legalidad representaría un signo propicio a la verificación del llamado proceso de paz como horizonte posible por parte de las instituciones y de la propia sociedad. Frente a ello, la obstinación de la izquierda abertzale constituye otro mal augurio respecto a los planes que alberga la trama terrorista. Un mal augurio ante el que el Gobierno ha de reaccionar insistiendo con absoluta firmeza en que sólo el cumplimiento de la Ley de Partidos podrá devolver a la izquierda abertzale a la legalidad.

El "proceso" entra en crisis total, y queda ver si será la definitiva
Santiago Abascal elsemanaldigital 4 Diciembre 2006

Las conversaciones de ZP y ETA encallan en la oposición cívica de los españoles a la victoria política de la banda, en una negociación imposible desde el minuto 1. Ahora, a buscar culpables.

4 de diciembre de 2006. Algo se le ha torcido a ZP. Los etarras vuelven a ser detenidos. Nada menos que seis terroristas han resultado atrapados por la policía francesa durante la última semana. Por otra parte, la respuesta etarra no se ha hecho esperar y el mecanismo del terrorismo callejero se ha graduado al alza este fin de semana. Cajeros y contenedores quemados, batzokis y juzgados atacados, amenazas de bomba, alborotadores en la calle, y una sociedad vasca cada día más cercana a la de los años más duros.

Y esto tiene una explicación: al Gobierno se le ha torcido la negociación política y ha encallado el mal llamado proceso de paz. Hoy los negociadores gubernamentales están en un callejón sin salida; si no hay contrapartidas políticas para ETA, los terroristas volverán a matar y el Gobierno pagará la factura ante los ciudadanos. Y si hubiera contrapartidas políticas, la sociedad civil española inundará las calles cada vez con más asiduidad, crispación y rechazo al Gobierno, lo cual también colocaría al PSOE en una delicadísima situación. He ahí la encrucijada de ZP. Y he ahí la explicación de la crisis total del "proceso" ZP-ETA.

No hay vuelta de hoja. El Gobierno de España debe enterarse de que ETA no va a cambiar y debe desterrar para siempre la ilusión de que ETA renuncie a Navarra y a la autodeterminación en una negociación que, para los terroristas, siempre será política. El socialismo gobernante tiene que caerse del guindo y grabarse a fuego lo que ya saben millones de españoles: ETA sólo renunciará a su objetivo de destruir España cuando las instituciones no les financien, cuando sus grupos sean desarticulados y sus miembros largamente encarcelados. No hay otra solución pero es necesaria cierta humildad –que no tienen los actuales miembros del Gobierno- para admitir que las cosas son más sencillas de lo que parecen.

Al contrario, la soberbia les hará culpar al PP de la vuelta etarra a las armas. Con el proceso no han podido lograr el objetivo de aislar y debilitar al PP por lo que, ahora, utilizarán el fracaso del mismo para endosarle al PP la culpabilidad de su ruptura.

Pero los españoles no son necios. ¿Acaso puede haber culpabilidad mayor que traicionar a las víctimas y poner sobre una mesa –como si de un cromo se tratara- el futuro de España?

Sin paz y sin España
Javier Orrico Periodista Digital 4 Diciembre 2006

Para contentar a ETA y reinar sobre su silencio, ha incendiado España. Sobre su altar fariseo de desmemoria y rencor, ha puesto a arder lo único que en España no se puede tocar, lo que no tiene más solución que el conllevarse, como nos advirtió Ortega: las rencillas entre las regiones, el regreso de los feudos y taifas, las tribus ibéricas otra vez divididas entre Roma y Cartago enviando a sus hijos al sacrificio para acabar siendo siempre esclavos. Quiso ser el Califa en lugar del Califa y acabará de gobernador de un polvorín.

Ya ha perdido Cataluña. Ya ni los suyos allí son los suyos y se conducen como la nación que él les dijo que eran. Montilla es un Almanzor de ferrero-rocher que también ha querido ser Califa y ha decretado disuelto el Emirato. Madrid y Damasco están muy lejos, Zapatero no sabe apreciar los panellets, y además ya les ha entregado los presupuestos. Montilla (i Moriles) se ha cortado la coleta cordobesa, se ha declarado catalán, catalanista, descendiente directo de Carlomagno, de Wifredo ‘el Velloso’, que ahora sabemos que era Giufré ‘el Pilós’, el pelúo, de Berenguer, de todos los Jaumes. Mañana querrá instalarse en la Almudaina de Mallorca, hacer sobrasadas con el PP, y pasar luego a Valencia a recitar a Ausias March con acento de Iznájar. Y luego conquistará Castilla para la Caixa y al fin se habrá cumplido una Reconquista otra: un cordobés habrá rehecho Espanya para la Marca Hispánica. Serán también condes sus dueños, pero ya no castellanos. Y el sueño de un imperio mediterráneo y atlántico, desde el Algarve hasta Neopatria estará al fin al alcance de Benach gritando ¡Visca Catalunya lliure! ¡Visca Ronaldinho gaucho!

En su ignorancia, en su atrevimiento de malvado de calderilla, llegó acaso ZP a creer que los Ternera y sus secuaces llevaban matando gente inocente cuarenta años para ahora dejarse engañar por un listillo. Que podría manejarlos como si fueran Maragall, Mas y Durán Lleida, burgueses de misas en Montserrat y escalivada con anchoas, cuyo único afán era llegar a Pujol para acabar no siendo ni Montilla. Pero los etarras quieren ahora lo que les han hecho creer que podían querer. Lo que siempre quisieron: esa nación inventada sobre la sangre española, sobre el odio a sí mismos.

Alguien tendrá que decirle a ZP que no hay acuerdo posible sin derrota: o de ellos o de España. Y lo que lleva haciendo este hombre-sigla desde hace años, desde que –como ya sabemos- envió a buscarlos mientras fingía combatirlos, es darles esperanzas en una victoria imposible: los vascos serán lo que los vascos decidan, dijo nada menos que en el Congreso de los Diputados. Eso es lo que le exigen, exactamente lo que viene reclamando el nacionalismo desde el primer Arana (el Arana viejo se redescubrió español, pero eso ya no lo dicen), aquello por lo que tanto asesinaron. Sangre y nueces en el zurrón de Aitor.

Ojalá y que aún le salga bien el engaño, a pesar de la inmensa incompetencia que ha demostrado para aprovechar una coyuntura, en efecto, única, y acabar con el terror cuando el terror ya estaba acabado. Pero lo que se vislumbra, aquello contra lo que hace poco volvieron a salir a la calle un millón de españoles, es que sacrificar a España para lograr la PaZP, no hará otra cosa que dejarnos sin paz y sin España.

Entretanto, grupos de jóvenes fueron hace un mes al entrenamiento de la selección española de fútbol, ese desastre, nada menos que en Cádiz, en la ciudad origen de la nación española moderna, a gritar contra España y a favor de la independencia de Andalucía, al modo de los separatistas futboleros vascos y catalanes. Si esto ha llegado a Cádiz, es que estamos perdidos. El virus del particularismo avanza más rápido que el de la gripe aviar. Cuando empiecen a brotar las generaciones educadas en la LOGSE-LOE, con el mundo reducido a su aldea ‘nacional’, la taifa será imparable. Los mismos partidos políticos, que hasta ahora constituían los últimos reductos de la vertebración nacional, depositada sólo en ellos por el desdichado Título VIII de la Constitución y su legitimación de las ‘nacionalidades’, empiezan a ser devorados por el monstruo.

El PSOE, la organización que se decía obrera y española, acaba de enterarse de que gracias a su líder Zelestial ya no existe en Cataluña. Y que lo que ha quedado en su nombre es utilizado por la burguesía independentista para aculturar charnegos y llevarlos a renegar de España. Otro día hablaremos de la Gran Murcia que Oriol Pujol Ferrusola, hijo de don Jordi y hermano del autor del “Freedom for Catalonia” del 92, arrojaba hace unos días contra Montilla, acusándole de ser la cabeza de puente de la charneguización de la 'nació' catalana. Así le pagan su conversión. Mientras, también el PP se encuentra con los barones revueltos, asfixiados entre la necesidad de igualarse con Cataluña –que es a lo que siguen jugando los pesoes plurinacionales para perpetuarse- y la evidencia de que eso sólo conduce a la restauración de la CEDA (Confederación Española de Derechas Autónomas) y a la disolución.

Ya hay siete recursos contra el infame ‘Estatut’; los mallorquines, valencianos y aragoneses se sublevan contra la apropiación catalana del Archivo de la Corona de Aragón; en asuntos de agua, ZP ha conseguido que todos estemos contra todos; Castilla-La Mancha, importante sede del social-ladrillismo del que tanto se quejan en otros sitios, pretende construir un muro de viviendas con seiscientas mil personas rodeando Madrid, desde el Henares hasta Talavera, sin servicios ni vías de comunicación: forrarse con los convenios y plusvalías y ahogar Madrid, para eso aspiran al Tajo; en el Bierzo no quieren ser leoneses, los leoneses no quieren ser castellanos, los navarros andan blindando los muebles, y Álava planea su separación del engendro euskalherriaco; Cataluña ya es nación, Andalucía, realidad nacional, Galicia no quiere ser menos; todos los demás, por supuesto, se han declarado nacionalidades, las leyes de educación autonómicas (me había salido ‘autocómicas’: un acto freudiano) comienzan su florecer plurinacional, ya no tenemos fuerzas policiales iguales en todas las regiones, las diferencias salariales aumentan cada día según el clientelismo nacionalista de las administraciones, los diecisiete gobiernos tienen departamentos de relaciones exteriores y en Europa ya no saben si deshuevarse o echarnos.

Y sobre tanta armonía, Zapatero sopla, aviva, atiza. Sólo le falta la lira para ser Nerón.

Entre manipulaciones y bochornosas consignas políticas
Sancho Michell de Diego Periodista Digital 4 Diciembre 2006

Si es que el que no quiera enterarse es porque no le da la gana. La extrema gravedad de las informaciones que continúan saliendo a la luz en torno al 11-M parece que sólo tienen cabida en determinados medios de comunicación como El Mundo, La COPE o Libertad Digital. El último episodio lo constituye el escrito presentado el pasado viernes por el confidente Abdelkader El Farssaoui, alias Cartagena, ante las dos salas de la Audiencia Nacional encargadas de enjuiciar los brutales atentados de Madrid, sin precedentes en Europa, así como la “operación Nova”. ¿Es que después de esto no van a producirse consecuencias policiales y judiciales?

Queda del todo probado que el tal Cartagena se ganó la confianza tanto de El Tunecino como de Achraf, si recuerdan, aquel fenómeno que pretendió volar por los aires la Audiencia. Es curioso que, por un lado, sus advertencias hayan servido para detener a un buen número de la red islamista en el marco de la “operación Novoa”, mientras que en relación al 11-M sus informaciones sean pasadas por alto.

De este modo, el infiltrado Cartagena se encontró con un obstáculo con el que no contaba: la Policía y la Unidad Central de Información Exterior (UCIE) le “prohibió” expresamente dar cuenta de los datos que obran en su poder sobre las relaciones entre los islamistas y la ETA. Todo ello en vísperas de comparecer ante Garzón; por cierto, son los mismos que poco después le dieron instrucciones precisas para que se negara a declarar ante el juez Del Olmo.

La bochornosa manipulación de la policía, así como de los medios afines al Gobierno nacional-socialista, ha sido la tónica dominante en la instrucción sumarial de todo lo relacionado con los islamistas tras el 11-M. Desde el PSOE y su sucio entramado se sigue manteniendo una clara obsesión por obstruir a la Justicia, ocultando cualquier pista relacionada con la ETA.

A nadie se le escapa la existencia de evidentes consignas políticas para excluir a la banda terrorista de las investigaciones, ya sea por temor a que aparezca algo que pueda enturbiar la interpretación del triunfo electoral del PSOE, ya sea para proteger el proceso de rendición. La gravedad de estas informaciones no puede ser dejada de lado, y seguramente la impunidad con la que ciertos dirigentes socialistas ejercen el poder les pasará factura muy pronto…

Las detenciones de etarras demuestran que el Gobierno negocia políticamente con ETA
Raúl González Zorrilla Periodista Digital 4 Diciembre 2006

Las últimas detenciones de etarras llevadas a cabo en Francia, con el total apoyo de la policía española, han servido para demostrar lo contrario de lo que, en principio, el Gobierno quería hacer evidente: con este golpe policial a la organización terrorista, el Ejecutivo socialista, apoyado por la Administración francesa, pretendía trasladar la idea de que no ha bajado la guardia contra los criminales pero, muy a su pesar, el mensaje que ha transmitido a la opinión pública es el opuesto, es decir, que durante los últimos meses no ha atacado policialmente a la cúpula terrorista porque no lo ha creído conveniente, oportuno ni necesario.

Gracias a la fuerza que los anteriores Gobiernos otorgaron a la lucha policial contra ETA, la organización terrorista había llegado a encontrarse fuertemente debilitada, estado que se agravaba con el estrangulamiento político que el Pacto Antiterrorista y la Ley de Partidos mantenían sobre los sicarios de los criminales agazapados en de la ilegalizada Batasuna.
Esta máxima presión contra ETA es la que durante meses ha mantenido paralizada el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (incluyendo delaciones a los terroristas sobre posibles operativos policiales) y es la que ahora el Ejecutivo socialista está reactivando, a modo de patética amenaza, en un intento incierto de frenar la escalada de actos terroristas impulsada por ETA.

La actitud del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero con respecto a estas acciones policiales es profundamente cínica pero, sobre todo, es un grave escándalo porque refleja a la perfección el nulo respeto que la Administración socialista tiene hacia las leyes democráticas y hacia lo que deben ser las actuaciones de las fuerzas coercitivas del Estado, sean éstas del Estado español o del Estado francés. Si el Gobierno no negocia con los pistoleros, ¿por qué solamente ahora, en el momento en que el Ejecutivo reconoce que su “proceso” está paralizado, se vuelve a detener a terroristas de ETA?, ¿Por qué ahora, en solamente dos días, se ha detenido a más etarras que en los últimos meses?. Y, sobre todo: si el Gobierno no negocia con ETA, ¿por qué precisamente ahora el PSE, el PNV y Batasuna han suspendido las conversaciones oficiosas (aunque no han paralizado sus contactos privados) que venían manteniendo muy frecuentemente en diferentes lugares del País Vasco ?.

La actuación policial y judicial contra la banda terrorista ETA y su entorno ha de ser firme, consistente y permanente, más aún cuando tanto la policía española como la gendarmería francesa poseen en estos momentos una muy completa información de la estructura de los terroristas. Emplear las detenciones de etarras de una forma arbitraria, dejando éstas a la albur de cómo marche la negociación política sobre el futuro de Euskadi que el Gobierno mantiene con los criminales y con los nacionalistas vascos, es un gravísimo error estratégico, pero es también, y sobre todo, una afrenta directa al corazón del sistema democrático, una burla más hacia la memoria de las víctimas y una dejación de responsabilidades oficiales que raya en lo delictivo. Pero, sobre todo, dejar o quitar etarras de las calles dependiendo de si éstos se “portan” bien o mal en las mesas de negociaciones es un drama para todos los ciudadanos españoles que sabemos que, mientras alguien en la Moncloa decide la conveniencia o no de encarcelar a un criminal, los asesinos continúan recuperándose, recomponiéndose, reorganizándose y acumulando fuerzas para volver a hacer lo único que saben hacer siempre y cuando la policía y los jueces no se lo impidan: asesinar, herir, secuestrar, extorsionar y amenazar.

¿Alguien se atreve a pronosticar cuando volverá a ser detenido otro etarra?
Blog de Raúl González Zorrilla

El español de `clase baixa¨
Francisco Rubiales Periodista Digital 4 Diciembre 2006

Es alucinante ver el hondo desvarío y la desfachatez a que llega la ignorancia. Produce escalofrío comprobar la locura incurable a que lleva el virus infeccioso del nacionalismo. Ya lo hemos explicado en varias ocasiones, el lavado de cerebro que consiguen estos santones nacionalistas es espantoso; corroe y mina la mente hasta dejarla sin los más mínimos resortes del pensamiento, a la vez, que inoculan el odio más feroz hacia España y lo español; convertidos en zombis de la imbecilidad, los sueltan a propalar su enfermedad en un tiempo en que se borran las fronteras, las distancias se acortan y se implanta la universalidad y la globalización.

Un descerebrado publica un artículo, lógicamente en su diario catalán AVUI, en que suelta su bufo: “A Barcelona fa molt hortera parlar espanyol, jo només el parlo amb la minyona i amb alguns empleats. És de pobres i d'horteres, d'analfabets i de gent de poc nivell parlar un idioma que fa aquest soroll tan espantós per pronunciar la jota.

Aquests que no parlen en català sovint tampoc no saben anglès, ni francès, ni qui és monsieur Paccaud. Però no només a Catalunya l'espanyol és un símptoma de classe baixa” (Salvador Sostres).

Que en español dice: “En Barcelona queda muy hortera hablar en español, yo solo lo hablo con la criada y con algunos empleados. Es de pobres y de horteras, de analfabetos y de gente de poco nivel hablar un idioma que hace un ruido tan espantoso para pronunciar la jota. Estos que no hablan catalán, a menudo tampoco saben inglés, ni francés, ni quién es monsieur Paccaud. Pero no solo en Cataluña el español es un síntoma de clase baja”.

Esta lumbrera, con criada y empleados, sus esclavos, se atreve en su ignorante soberbia a despreciar el ínclito idioma de más de cuatrocientos millones de hablantes y en aumento imparable, frente a una lengua rústica y arcaica de payeses, dura y desagradable al oído, evolucionada del latín a la vez que el mozárabe y conservada en las tierras interiores por campesinos y normalmente hablada en el seno familiar. Su odio es tan descomunal y absurdo que alaba el noruego, el danés, inglés o francés, y denigra, insolente, nuestra lengua española, una de las más importantes del mundo.

Pero juzgue el lector por sí mismo, lo que sigue diciendo: “El amigo Riera me facilita estos datos de la ONU del 2002. Renta per cápita de Noruega, 36.600 dólares; Dinamarca, 30.940; Islandia, 29.750.Tres países riquísimos, con economías internacionalizadas y lenguas más pequeñas que la nuestra pero que las hablan sin complejos. Contra esta absurda creencia de que el catalán nos cierra puertas, estos datos sobradamente elocuentes de si sirve o no sirve una lengua minoritaria.

En cambio en el maravilloso mundo hispánico la pobreza es el único dato. La media de los 13 principales países americanos que tienen el español como lengua, desde Argentina, Chile y Méjico hasta Nicaragua, Honduras y Ecuador, es de 6.209 maltrechos, dólares de renta per cápita. Cataluña hablando catalán y a pesar del expolio fiscal infringido por una España que no tiene ni la decencia de publicar las cifras del robo tiene una renta de 26.420 dólares. Hemos de escoger modelo: Noruega o unirnos a la caravana de la miseria. El independentismo en Cataluña esta absolutamente justificado aunque solo sea para huir de la caspa y el polvo, de la tristeza de ser español".

Con estos indeseables, quieren gobernar y llegar a acuerdos. Con gente de esta calaña, no se puede hacer nada, más que mandarlos a Noruega. Nunca prosperará con ellos España, pero, es que ni Cataluña. Es preferencial y urgente quitarle “del mapa” la inmensa tristeza de ser español a este sujeto y a los que lo infeccionan.

Cicerón
Voto en Blanco

Lápidas en gallego por si caen bombas atómicas
Pedro Fernández Barbadillo Periodista Digital 4 Diciembre 2006

Los tópicos sobre los españoles (elaborados todos por el franquismo, por supuesto) atribuían la gracia y el chiste a los andaluces. Falso de toda falsedad, pues gracias a los separatistas gallegos nos reímos más que con los chistes de leperos o de guipuchis.

Ya no es sólo el empalme de Quintana y su clan con los suevos, ese pueblo bárbaro que entró a sangre y fuego en España y estableció una monarquía absoluta en la que los bloqueiros veían métodos a imitar. Ahora las bromas son mejores.

El parlamentario Bieito Lobeira es un optimista: da por sentado que se puede producir una hecatombe nuclear que puede matar a todos los gallegos. Y en vez de proponer que la Xunta se dote de un escudos antimisiles o construya refugios para los ciudadanos, propuso hace unos días en el Parlamento regional que se subvencionen las lápidas en gallego. Así, si se extinguen los gallegos, los estudiosos supervivientes podrán reconstruir la lengua gallega. La previsión entusiasmó a los demás diputados, y los socialistas y populares votaron unidos a los bloqueiros que la Administración gallega gaste fondos públicos en promover los ritos funerarios en la lengua de Rosalía de Castro. La partitocracia gallega, como el comunismo, quiere controlar la vida y la muerte de sus contribuyentes. Ya puestos, que entierren a los muertos con un centollo para demostrar su carácter gallego.

La siguiente memez es la propuesta aprobada en la asamblea del BNG de reclamar un huso horario gallego, para ponerse en la misma hora que ese hermano que les ignora, que es Portugal. Como de costumbre, los nacionalistas pecan de tibios. Si quieren fomentar las relaciones de la gallego-fonía y separarse de España –de la misma España que les paga las pensiones de jubilación-, ¿por qué no ponen los relojes con la hora de Sao Paulo, en Brasil? ¡Eso sí que sería trabajar por la lusofonía!

Pero, ¿de qué te sirve el reloj si te va a caer una bomba atómica?

¿Y a estos aventados les votaron en las elecciones regionales de 2005 más de 312.00 gallegos?

Los intelectuales vascos desmontan la «mesa»
B.T. ABC 4 Diciembre 2006

MADRID. Una «mesa de partidos» al margen de las instituciones vascas pero con capacidad decisoria sobre su futuro es el punto esencialmente político de la negociación con ETA, según las exigencias que los terroristas plantean al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Muchas voces alertan de que ese «ente», acatado por el PSE de Patxi López, supondría, en la práctica, una legitimación de Batasuna como interlocutor no derivada de las urnas; implicaría, por tanto, un reconocimiento de las supuestas insuficiencias del Estado de Derecho aducidas por la banda ETA a lo largo de treinta años como justificación para centenares de asesinatos. Cuatro representantes del ámbito universitario ofrecen su punto de vista sobre éste y otros aspectos esenciales del «proceso» en marcha.

JOSEBA ARREGI
Ex consejero del Gobierno vasco y presidente de la plataforma Aldaketa
1- La ubicación de la mesa de partidos fuera del Parlamento vasco sólo tiene dos metas: incluir Navarra y representantes navarros y permitir la participación de una Batasuna no legalizada. Puesto que Navarra debe quedar fuera, y Batasuna sólo participará si se legaliza, no hay ninguna necesidad de su ubicación extraparlamentaria. No estaría mal que alguien -el PSE- retomara su idea de proceder a una reforma estatutaria por medio de una comisión del Parlamento vasco. Pero tampoco creo que sea una cuestión de principio insalvable. Los socialistas vascos han hablado de que la mesa de partidos no adoptará ninguna decisión mientras no desaparezca ETA.

Lo mínimo exigible es que no se llegue a ninguna decisión acordada mientras ETA subsista. Alguien debiera exigir una garantía a Zapatero, al PSOE, al PSE, de que de la mesa de partidos no puede salir ningún pago político a ETA, nada que pueda ser entendido como volver a asesinar a los ya asesinados, dando a entender que la lucha armada ha servido para algo.

2- En Euskadi no ha habido dos bandos enfrentados por medio de la violencia. Luego falla la base de cualquier comparación. En el caso del IRA fueron los presos los que impulsaron el abandono. Ellos fueron la prioridad en las preocupaciones del IRA y del Sinn Fein. Como dice Teo Uriarte, creeremos en las oportunidades de que ETA desaparezca cuando los presos pasen a ser la primer y principal preocupación de ETA. En el resto de cuestiones es mejor no buscar paralelismos. El más citado: el apoyo de la oposición al Gobierno de turno. Ese apoyo tiene un previo: confianza e información.

3- Es cierto que el Gobierno está teniendo dificultades para minimizar los actos de lucha callejera, los hallazgos de la policía francesa y las brabatas de ETA-Batasuna. Es cierto que en pureza se debiera haber parado cualquier contacto tras el primer acto de lucha callejera. Pero creo que, criticando la postura del Gobierno, tampoco se puede hacer de este tema una cuestión de principio. Lo que no es aceptable es que, puesto que parece que dentro de ETA-Batasuna parece haber problemas para aceptar la derrota y la victoria del Estado de Derecho (ése es el verdadero obstáculo), el Gobierno no debiera andar con prisas para apaciguar los miedos de ETA-Batasuna.

FERNANDO SAVATER
Catedrático de Filosofía de la Universidad Complutense
1- Nadie se ha molestado ni siquiera en justificar por qué debe haber tal «mesa de partidos» (sólo lo intentó Ignacio Sánchez Cuenca en un artículo de «El País» que nos convenció sobradamente de que no hay argumentos atendibles a favor). La mesa es una imposición de ETA-Batasuna para acercarse a la legalidad pero ni un paso más de lo que los partidos deben aproximarse a la ilegalidad, es decir, a sus tesis. Las cuestiones políticas legítimas sobre el País Vasco se debaten en el Parlamento autonómico, donde pueden estar representados todos aquellos ciudadanos que rechazan la violencia: los demás no tienen por qué estar representados. Y no es que haya que temer concesiones políticas en tal mesa a los nacionalistas (que las habrá, claro, porque si no ¿de qué van a hablar?), sino que la propia mesa es la primera y fundamental concesión política que se hace a los violentos. Es decir, lo que el presidente del Gobierno se comprometió a no hacer en el Parlamento Español en mayo del 2005.

2- El proceso irlandés difiere en muchas cosas del vasco, sobre todo en una: allí mataban los dos bandos y en el caso vasco sólo una. También es distinta la reacción del Gobierno inglés, que mandó el ejército a Belfast y suspendió la autonomía irlandesa varias veces (aún sigue suspendida) para indicar claramente a los violentos dos cosas: primero, que con transgresiones del alto el fuego no hay política que valga y segundo que quien manda, hasta nueva orden, es el Estado británico. Con un desarrollo autonómico como el conseguido en el País vasco hace treinta años, dudo que hoy hubiese ni rastro del IRA en Irlanda.

3- Opino que la violencia callejera no es motivo suficiente para cerrar por completo el diálogo con ETA (siempre centrado solamente en cuándo dejan las armas y todo lo más en alguna concesión de alivio penitenciario), pero prueba inequívocamente que sigue sin haber normalidad política en el País Vasco. Para normalizar políticamente Euskadi y para que haya una paz con libertad lo que hace falta no es que los nacionalistas se sientan a gusto, sino que funcionen las garantías constitucionales para todos los ciudadanos vascos.

MIKEL AZURMENDI
Profesor de Antropología de la UPV
1- La democracia lleva consolidándose más de 25 años en España y en ellos ha habido comicios y elecciones de todas clases. Únicamente en Euskadi no ha existido libertad ni la misma igualdad de reunión y manifestación para todos. Existen en España los partidos políticos democráticos y el Parlamento para hacer las leyes y existen los gobiernos centrales y autonómicos para gobernar. ETA-Batasuna propugna un espacio político para debatir sobre el acercamiento de presos, la autodeterminación y la anexión de Navarra por Euskadi. A ese espacio neutro no parlamentario, llamado «mesa de partidos» pretenden conferirle los terroristas el máximo poder político. Sería como un órgano constituyente de facto. Eso es inviable jurídicamente.

2- No existe ningún punto de similitud entre aquello y esto que justifique hacer referencia a «un proceso de paz» como el de Stormont. Allá, existieron dos comunidades enfrentadas con dos organizaciones terroristas enfrentadas que dirigían el país hacia la guerra civil mediante el terror. Aquí, únicamente hay vascos nacionalistas que practican el terror y el asesinato sobre una ciudadanía no acorde con los principios nacionalistas y sus prácticas de segregación. Una ciudadanía que jamás ha levantado la mano para vengar a sus muertos y siempre ha aceptado que sean los nacionalistas quienes gobiernen, si son mayoría. Allá jamás existió el nivel de autonomía política con instituciones parlamentarias, culturales, económicas y policiales similares a las vascas. Es más, se halla suspendida la débil autonomía norirlandesa. Es verdad que aquí se dio el GAL, un terrorismo de Estado que jamás se dio en el Ulster, y que sí se ha beneficiado de una justicia bien poco equitativa.

3- El Gobierno socialista tras romper el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo con el partido de la oposición comenzó una vía de ocultamiento de la realidad tratando, primero, como casos psicóticos aislados a los etarras y batasunos que ejercían el terror o se manifestaban por la vía tradicional. Luego, negando que existiera extorsión económica a los empresarios y cerrando los ojos a la «kale borroka» sin informar siquiera de ella ni condenarla. Previniendo, después, a los terroristas de que una orden judicial los iba a detener.

Para negar la realidad terrorista de ETA el Gobierno ha efectuado operaciones de alta cirugía en el Poder Judicial y de musculosa intimidación entre las Fuerzas de Orden Público. El Gobierno quiere hacernos creer que no ocurre lo que ocurre, que ETA ha dejado de ser la ETA de siempre pese a que ya desde finales de la última legislatura de Aznar no haya podido o querido asesinar. ¿Cuántos muertos sobran para que nos creamos que ETA solamente quiere hablar con nosotros?

FRANCISCO LLERA
Catedrático de Sociología de la UPV y Director del Euskobarómetro
1- ¿Alguien sabe cuáles son las condiciones y quién o quiénes las plantean? ¿Cuándo y para qué? ¿Con qué formato y composición? ¿Con qué agenda? Son demasiadas preguntas y es demasiada la confusión. Sin dar respuesta clara a esas preguntas es muy difícil responder sobre la «aceptabilidad» ético-política o, si quiera, sobre la funcionalidad o pertinencia de la misma. En todo caso, yo diría que su justificación y pertinencia estaría en la contribución o acompañamiento al proceso de reinserción democrática de quienes hasta la fecha no aceptan y combaten las reglas del juego democrático y practican la violencia en todas sus formas.

2- Tiene sentido tomar como referencia lo positivo de la resolución de conflictos violentos de cualquier parte del mundo, pero sin caer en la confusión de identificar o mezclar casos que tiene muy poco que ver entre sí por la historia, la sociología, la trayectoria institucional o las posiciones de los actores implicados. Sólo los nacionalistas y los violentos tiene interés en mezclarlos en función de sus propios objetivos políticos.

3- No es aceptable ningún tipo de violencia, es contradictorio con la declaración de cese de «todo tipo de actividad violenta» y debemos ser intransigentes. El Gobierno no debe dar la impresión, ni transmitir el mensaje de que esto se da por descontado, minimizándolo. Tiene que actuar con mucha firmeza y mucho coraje y demostrar una gran sensibilidad con las víctimas y los sectores amenazados. Pero, al mismo tiempo, no debemos de perder la perspectiva estratégica. No olvidemos que todavía no hemos conseguido o no hemos llegado al momento en que los violentos declaran el fin total de la violencia, aceptan las reglas del juego democrático y renuncian a cualquier precio o premio político por su actividad terrorista. Por eso es necesario que el Gobierno demuestre el mismo tesón en obtener la confianza de la dirección del PP.
 

PIENSAN TRABAJAR "EN ESA LÍNEA" PARA ACABAR CON LOS ATAQUES
El PSE reconoce sus contactos con el entorno de ETA y afirma que los va a mantener
Miguel Buen ha confirmado que el PSE está manteniendo contactos secretos con el entorno de ETA . Ha ido más allá: según el dirigente socialista, su partido los ha mantenido y los va a mantener pese al repunte del terrorismo callejero. Ésa es, precisamente, la justificación de los encuentros. Según Miguel Buen, seguirán trabajando "en esa línea" tras los incidentes de este fin de semana "para evitar que se sigan produciendo". María San Gil, mientras, ha reiterado que denunciará cada día la "anormalidad política" en el País Vasco. Para Miguel Sanz, el Gobierno no sabe cómo salir de la "macabra dinámica" de la negociación.
Europa Press Libertad Digital 4 Diciembre 2006

En declaraciones a RNE, matizó que el Partido Socialista no está teniendo "ningún tipo de contacto con Batasuna", sino que los ha mantenido y los va a mantener con "determinada gente de la izquierda abertzale que puede tener un grado de influencia sobre ese mundo para tratar de conseguir" que "desaparezca la violencia callejera" y "el terrorismo en su conjunto".

El dirigente socialista relató que con Batasuna-ETA como tal hubo una reunión el pasado mes de julio para decirle que no puede estar en la política de forma normalizada en tanto en cuanto no acepte las reglas del juego, que entre otras, están marcadas por la Ley de Partidos. Buen se refería así al encuentro mantenido entre los dirigentes del PSE Patxi López y Rodolfo Ares con la formación de Otegi el pasado 6 de julio.

Según Buen, hasta que la "izquierda abertzale" no acepte esas reglas "no habrá nada que hacer" y aseguró que en todos los países hay leyes de "protección de la democracia", como lo es en España la Ley de Partidos.

APOYABAN "COLABORAR EN ACTOS TERRORISTAS EN LUGARES PÚBLICOS"
El confidente Cartagena denuncia presiones de la Policía para que ocultara los vínculos de ETA con los islamistas
Uno de los testigos protegidos en el sumario del 11-M, testigo de la policía e imán de una mezquita en Madrid, presentó la pasada semana un escrito de denuncia en la Audiencia Nacional en el que revela las presiones que recibió por parte de agentes de la Unidad Central de Información Exterior para que no informara ni a Garzón ni a Del Olmo de los vínculos entre ETA y grupos islamistas. Según publica El Mundo, Abdelkader Farssaoui, conocido en la Policía por el seudónimo de Cartagena, también ha denunciado que los agentes le obligaron a elaborar notas informativas falsas o al "dictado" para presentar como radicales a algunos islamistas que frecuentaban su mezquita y poder así imputarles en causas abiertas.
Libertad Digital 4 Diciembre 2006

La denuncia de Abdelkader Farssaoui, testigo protegido conocido en la Policía como Cartagena, se presentó el pasado viernes en la Audiencia Nacional. Son 16 folios en los que sostiene, como adelanta El Mundo, que fue presionado y coaccionado por agentes de la Unidad Central de Información Exterior para que ocultara a Baltasar Garzón y Juan del Olmo toda la información sobre las relaciones entre ETA y grupos islamistas. Detalla que los policías "le indicaron expresamente que no revelara nada al juez Baltasar Garzón sobre ETA e islamistas, y que al magistrado Juan del Olmo no le dijera nada de nada sobre el 11-M".

Además de las presiones, Cartagena expone en su denuncia que la UCIE le obligó a falsear notas informativas sobre determinados islamistas que frecuentaban su mezquita de Villaverde, en Madrid, o que las completó "al dictado" de los agentes. El objetivo, apunta, era presentarles como radicales "y así imputarles en los diferentes procedimientos judiciales que estaban abiertos en la Audiencia Nacional".

Recuerda El Mundo que, un año antes del 11-M, Cartagena informó a sus controladores de que un grupo de radicales islámicos tenía la intención de "hacer la yihad (guerra santa) en España". Entre esos islamistas estaban algunos de los que supuestamente se suicidaron en Leganés el 3 de abril de 2004 como El Tunecino y Alekema Lamari. En octubre de 2004 su información permitió a la UCIE, bajo la supervisión de Garzón, poner en marcha la operación Nova contra otros islamistas que pretendían volar la Audiencia Nacional. Hubo 20 detenidos.

El testigo protegido 11.304
A raíz de esta operación el magistrado decidió convertir a Cartagena en testigo protegido. Destaca el diario que dirige Pedro J. Ramírez que tiene el número 11.304, "que curiosamente coincide con la fecha en la que los terroristas islamistas llevaron a cabo los atentados en los trenes de la muerte: 11 de marzo de 2004". Ahora en su denuncia sostiene que "días antes de la declaración ante Garzón, la UCIE me prohibió mencionar ante el juez la relación ETA-islamistas".

Según El Mundo, como imán de la mezquita de Villaverde pudo introducirse en el grupo que "preparó los atentados y saber cuáles eran las intenciones de Serhane ben Abdelmajik Fakhet, El Tunecino (muerto en Leganés) y Said Berraj (huido días antes del 11-M). Después, en Almería, Farssaoui contactó con el marroquí Mohamed Achraf, que se convirtió en el máximo dirigente de la operación Nova".

Y añade que "en la página 14 de la denuncia, Cartagena narra una conversación que mantuvo con dos islamistas antes de los sucesos del 11-M: En un encuentro de Ramadán con Mustafá Rifi y Said Berraj estuvimos hablando sobre la colaboración de infieles con islamistas para actos terroristas en lugares públicos (refiriéndose a organismos oficiales), y el primero me puso el ejemplo de ETA, diciéndome: A estos les vendría bien, por dos motivos. Uno, porque así no estaría hecho por ellos mismos y conseguirían su objetivo, y, por otro lado, obtendrían un beneficio económico con la venta de explosivos".

Las instrucciones para ocultar al juez la información
En la denuncia Cartagena expone que estos datos fueron transmitidos a la UCIE "en tiempo real" y que estos mismos agentes, dirigidos entonces por el comisario Mariano Rayón, le prohibieron trasladar esas informaciones al juez Baltasar Garzón. Lo mismo ocurrió con otra información que les facilitó sobre Mohamed Achraf, supuesto cabecilla de la operación Nova, que "había coincidido en la cárcel con el etarra que intentó asesinar al rey. Creo que se llama Rego Vidal y este le ofreció contactos con otros miembros de la banda por si necesitaba algo. Med Achraf me enseñó algunos números de teléfono supuestamente de etarras y me aseguró que es [sic] buena gente y de importancia".

Hay otro dato llamativo de la denuncia. Ahora se sabe que El Tunecino ofreció un piso al imán en Bilbao. Cuando Cartagena se lo trasladó a la UCIE, los agentes se negaron a que su confidente se trasladara a la capital vizcaína. Al final, según la denuncia, El Tunecino pidió a Cartagena que "no hablara con nadie de aquella oferta, y mucho menos del piso dúplex de Bilbao". El Mundo recuerda que Jamal Ahmidam, El Chino, otro de los terroristas islamistas que apareció suicidado en Leganés, "también se movía con bastante facilidad por Bilbao y San Sebastián. Incluso tenía su almacén o centro de operaciones muy cerca de Bilbao, en un apartamento de Laredo (Santander)".

Siendo ya testigo protegido de Garzón, el magistrado Del Olmo le citó a declarar por el 11-M. Entonces volvieron las instrucciones de la UCIE: "Me dicen que intente no declarar y que si me es obligatorio [sic] que le diga que acuda a mis declaraciones ante el juez Baltasar Garzón y ni un dato más (y eso es lo que yo hice)". E insiste: "Me llamaron varias veces para decirme nuevamente que no declarase".

SENTENCIA DE LA AUDIENCIA NACIONAL
Condenados a 20 años de prisión los etarras que atentaron contra Madina
EFE El Mundo  4 Diciembre 2006

MADRID.- La Audiencia Nacional ha condenado a 20 años de prisión a Asier Arzallus e Iker Olabarrieta por el atentado contra el diputado del PSOE Eduardo Madina -que tendrá que ser indemnizado con tres millones de euros- y a tres años de cárcel a Gaizka Olabarrieta y Gorka Aztiria por un delito de encubrimiento.

El atentado fue cometido el 19 de febrero de 2002 en Sestao (Vizcaya) contra el entonces dirigente de las Juventudes Socialistas del País Vasco, que perdió una pierna, mediante la colocación de un artefacto explosivo en su automóvil.

Este pasado sábado, otro de los presuntos miembros del 'comando Urbasa' que cometió la acción, Eneko Bilbao, fue detenido en Francia junto a otros dos supuestos etarras.

Eduardo Madina relató, durante el juicio, en la Audiencia Nacional, cómo vivió el atentado. "Si la bomba hubiera estado bien colocada, estoy muerto", dijo Madina en el relato de su experiencia ante el juez. "O bien es mi altura la que me salva o bien que el artefacto está mal colocado", añadió al explicar que, tal vez, si el hubiera sido más bajo (mide 1,91) y sus órganos vitales hubieran estado más cerca de la bomba, la explosión le habría afectado mortalmente.

El diputado socialista contó cómo el atentado le truncó la vida en un aspecto fundamental, el deporte. Madina era deportista profesional y jugaba en la primera división nacional de voleibol. De hecho, ha señalado que su equipo era importante en "su país, Euskadi".

El 19 de febrero de 2002, día del atentado, Madina tenía 26 años, "el mejor momento en la vida de un deportista", ha precisado. Desde el primer momento supo que la explosión, "hacia arriba", era por una bomba de ETA. Le causó heridas en "las piernas, en las manos y en el corazón".

Después, la víctima ha relatado lo duros que fueron los meses siguientes para él y su familia: "En mi casa se hizo de noche. Una sombra de pena y de tristeza envolvió a mi familia", describió. Tanto él como su padre y su madre sufrieron una profunda depresión. Él, que es hijo único, y su padre la superaron -ha dicho-, pero su madre no y murió a los 10 meses de un infarto.

Un departamento de la Xunta no paga facturas en castellano
JOSÉ LUIS JIMÉNEZ SANTIAGO ABC 4 Diciembre 2006

En pleno debate acerca de si el nuevo Estatuto deberá incluir el deber de conocer el idioma gallego a todos los ciudadanos residentes en la Comunidad, un departamento de la Xunta ha ido un poco más allá al indicar a un proveedor que no cobrará un euro mientras no detalle sus facturas en la lengua de Rosalía de Castro.

Así se lo ha hecho constar la sociedad pública Galicia Calidade dependiente de la Consejería de Innovación e Industira -en manos del nacionalismo gallego- mediante un correo electrónico a una empresa con sede en Madrid, que tras cumplir con su parte de un convenio publicitario remitió a este departamento de la Xunta la pertinente factura.

En el citado correo electrónico, firmado por María Nogueira Valladares, del departamento comercial de Galicia Calidade, se informa a la empresa que «las facturas deberán venir en gallego», al tiempo que le recuerda que «el topónimo La Coruña no está aceptado». Como conclusión, se precisa que «esperamos las nuevas facturas para hacerle el pago».

Esta exigencia lingüística no es una práctica habitual en la Xunta de Galicia. Las consejerías controladas por el PSOE niegan tajantemente plantear este tipo de condiciones a proveedores, y ni tan siquiera la Secretaría General de Política Lingüística, órgano que regula e impulsa el uso del gallego a nivel autonómico.

Sin ir más lejos, la propia Vicepresidencia de Igualdad y Bienestar que dirige el líder nacionalista Anxo Quintana tampoco plantea estos requerimientos, no amparados en ningún caso en la normativa legal de la Administración Autonómica en materia de contratos. Incluso otros departamentos de la misma Consejería de Innovación e Industria -como la también sociedad pública Turgalicia- no plantean obstáculo alguno con facturas de esta misma empresa en castellano.

La Ley ampara el castellano
La actitud de la sociedad pública «Galicia Calidade» choca de lleno con lo estipulado en la Ley de Normalización Lingüística de la Comunidad de 1983, aprobada por unanimidad, y en cuyo artículo 6.2 se incide que «las actuaciones administrativas serán válidas y producirán sus efectos cualquiera que sea la lengua oficial empleada».

Es más, en su Artículo 2 se afirma expresamente que «los poderes públicos de Galicia garantizarán el uso normal del gallego y del castellano, lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma».

La imposición de Galicia Calidade entronca con las aspiraciones de PSOE y BNG en la reforma del Estatuto, donde contrariamente a lo estipulado por el Consello Consultivo y una sentencia del Constitucional de 1986, quieren incluir el deber de conocer el gallego a todos los ciudadanos.

Foro El Salvador
Nota de Prensa  4 Diciembre 2006

(anunciado anteriormente en la página inicial)
La mesa redonda prevista para el día 30 de noviembre de 2006 en la ciudad de Huesca, tercera de las actividades del ciclo “La negociación con ETA y la investigación del 11 M: visiones críticas”, ha sufrido alguna variación en fecha y ponentes respecto al programa inicial; de modo que se desarrollará, finalmente, de la siguiente manera.

El lunes, día 4 de diciembre de 2006, tendrá lugar en el salón de actos Genaro Pozas de FEACCU, calle Barbastro nº 1 de Huesca, y en horario de 19 a 21 h., una mesa redonda bajo el título “Derechos y libertades vulnerados en el País Vasco y Navarra”.

Ponentes: Ernesto Ladrón de Guevara (Portavoz del Grupo Mixto en las Juntas Generales de Álava) y Pascual Tamburri Bariain (redactor de Elsemanaldigital.com y miembro del Consejo político de Unión del Pueblo Navarro).

El objetivo de esta serie de actos es ofrecer a la ciudadanía una visión del fenómeno terrorista y la negociación con la banda ETA basada en la experiencia personal de los ponentes También se analizará el estado actual de las investigaciones periodísticas que cuestionan cada vez más la veracidad de la versión oficial de los atentados del 11 M.

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