AGLI

Recortes de Prensa     Sábado 9 Diciembre  2006

Día de la Constitución
El vértigo del consenso
Pablo Molina Libertad Digital 9 Diciembre 2006

Por primera vez en dieciocho años, un presidente de la Generalidad de Cataluña ha decidido acudir a los actos de celebración del día de la Constitución Española. La situación no puede ser más surrealista, con un José Montilla brindando por un documento fundacional a cuya derogación de facto ha contribuido de forma directísima. Porque la aprobación del nuevo Estatuto de Cataluña ha tenido como primera consecuencia precisamente la superación del orden constitucional del 78. Y no sólo por el articulado estatutario, abiertamente inconstitucional sin prejuicio de que el tribunal de la materia nos sorprenda (¿nos sorprenda?) con una bendición judicial al estilo Rumasa, sino porque su espíritu subvierte los principios constitucionales en materia de equilibrio territorial y soberanía, algo que además de no tener arreglo jurídico posible deja preparado un futuro de la nación ingobernable por ningún partido político con una mínima idea de España.

En esta tesitura, rotas las reglas del juego, al PP le caben dos posibilidades: actuar como si éstas todavía existieran y adaptarse a las circunstancias para no dejar de salir en la foto o apartarse del consenso y presentarse a las elecciones con un discurso que sea una enmienda a la totalidad. No hará esto último, porque salirse del consenso supone poner en riesgo los cargos públicos de los que viven miles de sus militantes y, por otra parte, lo que ha distinguido desde la transición a la derecha española ha sido siempre su afán por obtener el visado democrático que expide la izquierda con carácter de monopolio. Si es cierto que el orden constitucional ha sido vulnerado por el gobierno con sus socios, y lo es, lo procedente es abandonar el parlamento y dedicarse a explicar a la ciudadanía un programa radical de reformas de aquí a las próximas elecciones generales, para volver de nuevo "a la senda constitucional". En lugar de eso, el PP pastelea con el PSOE las reformas estatutarias de otras comunidades avalando con su firma conceptos ambiguos como la famosa realidad nacional andaluza, por no hablar de la "realidad genética" de Núñez Feijoo en Galicia, que amenaza con darnos también grandes satisfacciones en el futuro. Suele decir Pepiño Blanco que la derecha aceptará en el futuro todas las reformas que ahora critica con tanta fiereza. Por supuesto, tiene razón. El consenso, siempre el consenso, por encima de todo, ¿verdad Majestad?

La reunión del pasado día seis en el congreso de los representantes de las fuerzas del consenso, PP y PSOE, tenía este año cierto aire de funeral clandestino y con sus declaraciones pusieron también su granito de arena para que el acto se pareciera, cada año más, a una película de Berlanga. El presidente Zapatero aprovechó para insistir en la negociación con la banda terrorista ETA a través de fórmulas confusas entre las que asoman conceptos abiertamente anticonstitucionales, como la derogación del sujeto de soberanía vigente y la modificación unipartidista del marco territorial. Por lo que respecta al PP, su presidente desgranó en su comparecencia los motivos por los cuales la actual Constitución ha de ser reformada de forma inmediata. Vamos, que ninguno de los dos se sienten cómodos con la actual constitución; el primero porque le estorba y el segundo porque no sirve para parar los desmanes de aquél. Es como organizar un cumpleaños y que los asistentes a la fiesta se dediquen toda la velada a atacar al anfitrión. Sobre la traición, crueldad.

Pablo Molina es miembro del Instituto Juan de Mariana

ETA y la «Y» vasca
Editorial ABC 9 Diciembre 2006

AL margen de avances y retrocesos en el «proceso» de negociación, ETA y sus satélites tienen muy claros sus objetivos. El principal, demostrar quién manda a la hora de la verdad en el País Vasco. Las campañas de amenazas y extorsiones desde la izquierda abertzale a propósito de la «Y» vasca es fiel reflejo de una situación que recuerda, punto por punto, los casos de la autovía de Leizarán o la central nuclear de Lemóniz. El boicot de los radicales a cualquier avance en esa infraestructura básica para el progreso socioeconómico del País Vasco choca con el optimismo que aparenta el Ejecutivo autonómico. No es fácil entender las razones del PNV para mostrarse satisfecho. Ibarretxe tiene, además, que hacer frente a la discrepancia interna en el Gobierno que preside porque Madrazo anuncia que hará campaña en contra. Las diputaciones forales y el mundo empresarial insisten en la oportunidad y conveniencia de esta obra, al amparo del razonable argumento de que no se puede detener el progreso, al tiempo que invitan a quienes están en contra a utilizar los procedimientos legalmente establecidos. Sin embargo, como es notorio, los extremistas tienen sus propios intereses: el pretexto del tren de alta velocidad les sirve al mismo tiempo para denunciar sin sonrojarse al capitalismo global y para exigir a los estados español y francés que no se entrometan en el territorio vasco.

En diciembre de 2005, el Ejecutivo de Vitoria consiguió que las Cortes Generales aprobaran una inversión de 4.000 millones de euros, sin fijar plazos concretos, a cambio del apoyo del PNV a los Presupuestos Generales del Estado. Los nacionalistas insisten en que la obra estará terminada en 2010, aunque la ejecución se desarrolla con mucho retraso y sólo está en marcha un pequeño tramo. De hecho, la Unión Europea habla ya del año 2013 como fecha para el final de las obras. Afirma el Gobierno vasco que la sociedad no debe aceptar el chantaje de nadie, pero la retórica no se corresponde con la realidad, ni existen atisbos de esa respuesta firme que reclaman con razón los populares vascos. El entramado de ETA sigue funcionamiento a pleno rendimiento. En rigor, ningún territorio desarrollado en toda la Unión Europea está a merced de los radicales que desafían a los poderes legítimos con una absoluta sensación de impunidad. Algo muy grave sucede en una sociedad cuando grupos organizados y perfectamente concertados consiguen paralizar las decisiones aprobadas por los poderes democráticos. Con o sin «proceso», ETA y los suyos siguen haciendo lo único que saben hacer, esto es, imponer su voluntad por medios violentos para tratar de atemorizar a la sociedad.

Tribunal Supremo
La última paranoia del Gobierno
Ignacio Villa  Libertad Digital 9 Diciembre 2006

Se les ha visto el plumero. Tanto el Gobierno como el PSOE han utilizado el auto del Tribunal Supremo sobre la reunión de López y Otegi del mes de julio para lanzarse contra el Partido Popular, en una señal más de su desesperación ante el proceso de rendición en el que se han enfangado.

Este mismo viernes, Pérez Rubalcaba, López Garrido y Blanco han utilizado la decisión del Supremo para volver a mezclar todo, confundiendo a los ciudadanos y mintiendo en la línea habitual de los socialistas para distraer de la claudicación que están llevando a cabo desde antes de que los terroristas etarras anunciaran su alto el fuego. En una decisión en todo caso sorprendente, el Supremo ha dicho que la reunión del socialista López y del batasuno Otegi no es ilegal. Pero una vez aclarado eso, lo que el Supremo nunca ha sugerido es que esta decisión signifique que legalmente puedan celebrase reuniones de negociación política con los terroristas como han querido apuntar desde el Gobierno, ni tampoco es un gesto positivo hacia la posible convocatoria de la mesa de partidos, que es la condición indispensable impuesta por los terroristas para que continúe el proceso de rendición.

La decisión del Supremo puede ser discutible; es más, hay quien sugiere que es el resultado de la presión política del Gobierno sobre el mundo judicial para que ensucie sus togas con el polvo del camino. Sea como fuere, lo que sí está claro es que el Tribunal Supremo no ha dicho lo que no ha dicho, ni tampoco ha dicho lo que al Gobierno le hubiera gustado que hubiera dicho. Los Rubalcaba, Garrido y Blanco han salido como toros desbocados a sabiendas de que la situación en la que se encuentran es límite y necesitan cualquier clavo ardiendo al que agarrase, por mucho que se quemen la mano.

Muy mal se tiene que ver el Gobierno para entrar en este juego sucio de mentiras, más cerca de política bananera, mafiosa y tercermundista que de la normalidad democrática de un país de la Unión Europea. El Tribunal Supremo ha dicho una cosa y el Gobierno pretende que diga otra, y en el camino han aprovechado para arrear al Partido Popular. Es, sencillamente, la última paranoia del Ejecutivo. Aprietan a la Justicia, la Justicia se pronuncia sobre una cuestión importante y el Gobierno se empeña en traducirlo de modo que termine por no guardar ningún parecido con la realidad. Pero es de temer que, dada la potencia de su altavoz, muchos se lo crean.

Gobierno y control de la Fiscalía
Editorial ABC 9 Diciembre 2006

EL Consejo de Ministros aprobó el viernes el proyecto de ley de reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. La iniciativa estaba ya prevista en el programa del PSOE, aunque el Gobierno primero puso a Conde-Pumpido a salvo de sus propias propuestas, tales como la comparecencia del candidato a fiscal general del Estado ante el Congreso de los Diputados para una evaluación de méritos a cargo de los parlamentarios. Con esta reforma de la Fiscalía se plantean varios problemas que anticipan un trámite legislativo polémico y enconado con el Partido Popular. En este momento, penden en el Congreso varias reformas del Poder Judicial que pretenden transformar, no adaptar, el modelo constitucional de la Justicia para que encaje en las exigencias previstas por el nuevo Estatuto de Cataluña, que también extiende a este ámbito el principio de organización confederal. Bien es cierto que el proyecto estatutario preveía un control casi absoluto de la Generalitat sobre el fiscal jefe del Tribunal Superior de Cataluña, pero la inconstitucionalidad era tan burda y notoria que el Estatuto quedó finalmente aseado con una remisión genérica a futuras reformas. Por tanto, para valorar adecuadamente el alcance de este nuevo régimen del Ministerio Fiscal es esencial saber cómo va a quedar definida la Administración de Justicia tras su inmersión legislativa en las nuevas directrices que impone el Estatuto catalán.

Igualmente, esta reforma del Ministerio Fiscal tendrá un sentido u otro en función de cuál sea el modelo de proceso penal por el que opte el Gobierno socialista y, especialmente, el papel que se otorgue a los fiscales en la investigación de los delitos. No será lo mismo un fiscal que asuma las funciones investigadoras, actualmente en manos del juez de instrucción, que un fiscal que mantenga su posición vigente en el sistema penal, como parte institucional y defensor de la legalidad. Todas las reformas en trámite conforman un rompecabezas y, en este momento, no se puede saber cuál será el resultado, pues el Gobierno condiciona sus propuestas al apoyo de sus socios nacionalistas y éstos no ceden en su objetivo prioritario de hacer que la Justicia deje de ser el último poder unitario del Estado.

En el plano político, esta reforma del Ministerio Fiscal viene precedida de lo que con eufemismo digno de mejor causa se llamó «reequilibrio ideológico» de la Fiscalía, es decir, pura «limpieza ideológica», consistente en promocionar a la Unión Progresista de Fiscales, minoritaria en la carrera fiscal, a costa de la Asociación de Fiscales. Episodios como el cese político de Eduardo Fungairiño muestran el sesgo del mandato de Conde-Pumpido, quien además ha potenciado una Fiscalía a su medida: con nombramientos basados únicamente en la confianza personal; con desprecio del criterio del Consejo Fiscal -el cual, a pesar de las tretas electorales para privilegiar a la UPF, sigue reflejando democráticamente el respaldo mayoritario a la Asociación de Fiscales-, o con la condena de la Secretaría Técnica a la irrelevancia.

Con estas premisas, y sin consenso con el PP -y con un duro y bien argumentado dictamen crítico de la Asociación de Fiscales-, llega al Congreso de los Diputados un proyecto de ley rodeado de una propaganda que lo presenta como la reforma necesaria para la autonomía del Ministerio Fiscal. Lo cierto es que sus previsiones apuntan en sentido opuesto, pues consagra, hacia fuera, la vinculación política del Ministerio Fiscal con el Gobierno que lo nombra y, de puertas adentro, prácticamente muta el principio de jerarquía en puro caudillaje del fiscal general del Estado. En este sentido, resulta muy revelador que el fin del mandato del fiscal se producirá, entre otras causas, «cuando cese el Gobierno que lo hubiera propuesto», lo que supone tanto como elevar a rango de ley la afinidad ideológica del fiscal con el Ejecutivo. También cesará cuando, a juicio del Gobierno, incurra en «incumplimiento grave o reiterado de sus funciones», que es lo mismo que mantener la discrecionalidad absoluta del cargo. El Gobierno, en definitiva, propone una reforma que viene precedida de la voladura de todos los puentes con el PP en materia de justicia, patrocinada además por un ministro amortizado por su próxima dimisión. Una reforma, además, que está a expensas de lo que digan los socios nacionalistas, que no puede valorarse al margen de las demás reformas judiciales y que requiere una previa definición del papel del fiscal en el proceso penal.

La única doble moral en la lucha antiterrorista es la del PSOE
Editorial Elsemanaldigital 9 Diciembre 2006

Las reacciones políticas producidas ante el auto del Tribunal Supremo que rechazó que haya indicios de delito en las reuniones mantenidas por relevantes dirigentes del PSE con la ilegal Batasuna han trasladado la cuestión del plano jurídico al moral. Primero el presidente del PP, Mariano Rajoy, recordó que no todo lo legalmente admisible resulta aceptable desde el punto de vista moral, y después, como respuesta, el ministro del Interior Alfredo Pérez Rubalcaba ha leído una declaración "sin admitir pregunta alguna por parte de los periodistas presentes" en la que denunciaba la "doble moral" que, a su juicio, estaría practicando el PP en relación con los contactos con Batasuna.

Estas palabras de un tenso Rubalcaba, cada vez más tocado por los escándalos policiales que ensombrecen su menguado haber como ministro del Interior, se enmarcan plenamente en la línea de defensa abierta por su partido a partir del polémico vídeo sobre la anterior tregua-trampa de ETA. De lo que se trata es de convencer a la opinión pública que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y el PSOE no están haciendo en este "proceso de paz" otra cosa que lo que ya hicieron todos los Gobiernos anteriores, incluidos los del PP con José María Aznar.

Ahora bien, si el vídeo ha pasado sin pena ni gloria y es dudoso que haya llegado a convencer nadie de su tesis, las acusaciones de Rubalcaba resultan todavía menos creíbles. ¿Cómo es posible comparar los contactos que en su momento mantuvo el Gobierno del PP con ETA y su entorno para comprobar si había en la banda una intención real de abandonar el terrorismo con la actual negociación política con una organización ilegalizada judicialmente, en la que se han puesto sobre la mesa cuestiones como el "derecho a decidir" del pueblo vasco o el estatus de Navarra?

Es éste un buen momento para recordar que la Ley de Partidos Políticos, que ha traído la ilegalización de Batasuna, fue justamente una respuesta al resultado de la anterior tregua-trampa, que demostró que los etarras no albergan el menor atisbo de arrepentimiento por sus crímenes ni la menor intención de abandonar el terrorismo mientras no consigan sus objetivos. Lo cual no quita, y de eso versa el presente "proceso de paz", que estén dispuestos a mostrarse condescendientes si pueden lograr esos inadmisibles objetivos sin necesidad de mayores esfuerzos criminales.

Una buena parte de la sociedad española ha entendido perfectamente esto y de ahí el descrédito del "proceso de paz" y el declive en las encuestas, cada vez más acentuado, de José Luis Rodríguez Zapatero. Si alguien ha practicado una doble moral en la lucha antiterrorista, no ha sido otro que el PSOE, que mantenía contactos clandestinos con Batasuna mientras suscribía el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo y votaba en las Cortes la Ley de Partidos Políticos.

ETA confirma que Zapatero mintió, miente y mentirá y que no sabe constatar.
Antonio Javier Vicente Gil Periodista Digital 9 Diciembre 2006

Ha aparecido en la prensa el contenido del último Zutabe de ETA, el 111. En él, ETA confirma lo que siempre hemos sabido, que Zapatero mintió cuando dijo que había constatado que ETA había abandonado la violencia y que los hechos violentos que ocurrían eran poco más que una muestra del cabreo de algunos jóvenes vascos.

Es como para echarse a temblar constatar que Zapatero nos mintió al negar, por ejemplo, que el incendio de la ferretería del concejal de UPN en Bañarain era un acto de terrorismo callejero. ETA reconoce en ese documento que el incendio fue un acto de sabotaje, fruto de la “respuesta popular” a las agresiones.

ETA sigue confirmando las mentiras de Zapatero, eso de que la negociación con ETA y la consecución de la paz violenta se haría sin concesiones políticas es otra enorme mentira de Zapatero respecto a la cual ETA dice que no solo hay condiciones para la paz, sino condiciones previas para la negociación como son modificar el esquema estatutario, dar a Batasuna por legalizada y adoptar medidas de acercamiento a las cárceles vascas de los presos.

ETA dice que Zapatero ha mentido al hacernos creer que no habrían cesiones políticas y que así conseguiría la paz de pega, pues ponen como condiciones para negociar el uso de la doble vía para hacer cesiones por parte de Zapatero, por un lado directamente a ETA les debe conceder “la excarcelación de los presos y la desmilitarización", y el resto de condiciones en la llamada mesa de la rendición o mesa de partidos, la mas iportante para ETA es "la declaración del derecho como pueblo de Euskal Herria", vulgo independencia.

Cada vez que Zapatero nos decía, nos dice y nos dirá que ha constatado que ETA ya no practica la violencia y por tanto se puede negociar con los asesinos, deberemos recordar lo que ETA dice al respecto "Ahora más que nunca, es únicamente la lucha la clave que guiará el proceso donde pretendemos". Esto significa que Zapatero nos mintió, nos miente y nos seguirá mintiendo.

La voluntad de ETA de abandonar la violencia no solo no existe sino que hace publico que su voluntad es utilizar la lucha callejera para guiar el proceso.

¿A que juega Zapatero además de a mentirnos continua, diaria y contumazmente?. Cualquier gobernante de cualquier país democrático al que se le hubiesen descubierto solo la centésima parte de las mentiras que Zapatero ha hecho en el parlamento, al pueblo y al mismísimo sursuncorda o habría dimitido lo habrían echado del cargo.

Vuelvo a insistir, el único problema que tiene Zapatero con ETA en estas negociaciones de rendición de España es que Zapatero quiero hacer las cosas de tapadillo, hacer los pagos en negro, y ETA quiere las cosas bien a las claras, sin cambalaches ni ocultaciones.

Si Zapatero, de la Vega, Rubalcaba, Blanco y otros muchos socialistas dentro y fuera del gobierno han dicho que no harán concesiones y que solo hablarán con ETA cuando cese la violencia, ¿a que esperan para dar por terminada esta cobarde historia de entreguismo si ETA dice y repite e insiste en que sus condiciones son irrenunciables y que seguirá la violencia durante todo el proceso?.

La hoja de ruta de Zapatero al infierno pasa de la realidad, solo busca aparentar que la paz que dicen traer la consiguen por el morro, sin dar nada a cambio, pero ellos quieren, insisten y perseveran en dar a ETA lo que pide pero eso si, sin que parezca que les dan lo que reclaman.

El camino abierto
TONIA ETXARRI El Correo 9 Diciembre 2006

Si Patxi López y Rodolfo Ares respiran aliviados tras la sentencia del Tribunal Supremo que les exime de haber cometido un delito de desobediencia por haberse reunido con los portavoces de la ilegalizada Batasuna, quien deberá sentirse satisfecho es Otegi. Porque ha visto que, gracias al mismo Tribunal que dictaminó que sus actividades eran consideradas ilegales por pertenecer al entramado de ETA, recupera, legalmente dentro de su ilegalidad (valga la contradicción) su condición de interlocutor. Ese título que le otorgó en su momento el propio presidente Zapatero, y que provocó no pocas fisuras en buena parte de la opinión pública.

Así es que, a partir de ahora y como señaló la vicepresidenta Fernández de la Vega, «se ha abierto un camino». Pero como en este país nuestros representantes se ganan el 'Guinness' de las coincidencias en torno al desacuerdo, se admiten apuestas. Mientras, para unos, el camino abierto es para todos aquellos interlocutores que quieran sondear a la rama política de la banda terrorista sin miedo a cometer delito alguno, incluido el lehendakari Ibarretxe, para otros el horizonte se abre para el entorno de Otegi que, a partir de la sentencia, se encontrará más legitimado para seguir manejando sus tiempos en la negociación y, gracias a la pértiga facilitada por el propio Tribunal Supremo, intentar saltarse la Ley de Partidos.

Además de la oportunidad de la sentencia (justamente cuando Batasuna está escenificando su resistencia a regresar a la legalidad) cabe destacar la rápida reacción del popular Rajoy que dejó a un lado la cuestión sobre la ilegalidad o no de la reunión de los socialistas con Batasuna, para centrar la cuestión en la moralidad de los encuentros.

Porque ahí se centrará el debate. No se trata del 'qué' de las reuniones sino del 'para qué'. Y como todo el que se precia de conocer los señuelos manejados por el entorno de ETA en su «frente negociador» sabe que el núcleo pivota en torno a sus exigencias recurrentes (la autodeterminación, la territorialidad), parece muy oportuno señalar que las reuniones con Batasuna, no por ser legales pueden ser aceptables.

A estas alturas, resulta embarazoso oír a algunos interpretadores del gobierno minimizar la importancia del terrorismo callejero. Pero más descorazonador deberá ser para Patxi López comprobar que, por mucho que mirase a los ojos a los representantes de Batasuna, los resultados de su capacidad de persuasión no han sido fructíferos. Y más desalentador resulta saber que a Otegi le leyeron la cartilla los jóvenes de algunos pueblos cuando intentó promocionar la oportunidad de apuntarse a la legalidad democrática. Decepcionante por repetitivo. En la tregua del 98, a Otegi, en algunas asambleas, sus jóvenes cachorros le llamaron de todo menos bonito.       t.etxarri@diario-elcorreo.com

ETA asume el incendio de la ferretería de un concejal de UPN en Bañarain
Los terroristas dicen en el «Zutabe» que fue un «sabotaje» como «respuesta a las agresiones»
J. M. Zuloaga  La Razón 9 Diciembre 2006

Los proetarras volvieron a actuar ayer quemando dos cajeros automáticos en la localidad guipuzcoana de Pasajes

Madrid- ETA asume, en el «Zutabe» 111, como un acto de sabotaje, fruto de la «respuesta popular» a las agresiones, el incendio y destrucción de la ferretería del concejal de UPN en Bañarain José Antonio Mendive, ocurrido el 24 de abril, cuando se cumplía un mes desde el inicio del alto el fuego. Más de 50 viviendas tuvieron que ser desalojadas y cuatro personas resultaron intoxicadas. Los daños fueron cuantiosos, ya que las llamas afectaron a la totalidad de la ferretería (que reabrirá sus puertas al público la próxima semana), a una tienda de lencería, a tres vehículos y a la primera planta del inmueble.

Negativa del Gobierno
El Gobierno se negó en rotundo, con la excusa de que se hallaba en un proceso de verificación de las intenciones de ETA, a reconocer que se trataba de un acto de terrorismo callejero. Al final, como recuerdan expertos consultados por LA RAZÓN, la banda coloca a cada uno en su sitio y nunca agradece lo que interpreta como signos de debilidad del «enemigo».

En el capítulo dedicado a la «Evolución del proceso», dice que en abril se produce el «sabotaje de Bañarain a un concejal de UPN. Al día siguiente, hubo un sabotaje contra una aseguradora de Guecho para denunciar los últimos secuestros (detenciones). La llama de la lucha popular en respuesta a las agresiones alumbró el ruido mediático y el debate político».
En el mismo «Zutabe» se asumen otros actos de terrorismo callejero, como los que se produjeron en junio en San Sebastián tras una operación de las Fuerzas de Seguridad contra el entramado económico de ETA.

La banda no tiene ningún problema, a diferencia de algunos sectores políticos, para asumir que los actos de sabotaje son «una respuesta ante la agresión del enemigo» y el «pisoteo. Son ataques de lucha, no es más que una aparición de la contestación del pueblo».

«La humillación de la izquierda abertzale y el constante pisoteo a los vascos producen una dignidad lógica del pueblo», añade el «Zutabe».

«Es más -dicen los terroristas-, mientras sigan los ataques en contra de Euskal Herria, el pueblo, los vascos, tendrán que usar todos los medios posibles para hacer frente a la situación. Ésta es la obligación de todos los que creemos en la defensa de los derechos de Euskal Herria; no hay que dejarlo sólo en las manos de la izquierda abertzale».

En esta misma publicación, la banda celebra lo ocurrido el pasado mes de septiembre en el monte Arichulegui de Oyarzun. «En el acto multitudinario organizado en el Gudari Eguna, tres miembros de ETA aparecieron delante de la multitud y, además de leer el mensaje que destacaba el valor que tuvo la lucha en el pasado como la tendrá en el futuro, homenajearon a los gudaris muertos en la lucha».

El terrorismo callejero continuó durante la pasada madrugada. Individuos proetarras quemaron dos cajeros de la Kutxa en el municipio guipuzcoano de Pasajes.

Los agresores rociaron con líquido inflamable los cajeros y les prendieron fuego.

Recortes de Prensa   Página Inicial