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Recortes de Prensa     Domingo 10 Diciembre  2006

La lengua de las facturas. Libertad e igualdad.
Posted by reckiario www.estatutogalicia.info 10 Diciembre 2006

No hace tanto, nos hubiera parecido inverosímil, pero ya ha sucedido: una de las covachuelas burocráticas horadada en ese entramado espongiforme bovino que es la administración regional gallega, ha devuelto a un proveedor unas facturas emitidas en español, condicionando el pago a que se emitan en la neolengua, con el consiguiente retraso, además de con la consiguiente tentativa de humillación vengativa, típicamente nacionalista (es decir: melancólica, o justificada en un Agravio inexistente, y, por eso, imprescriptible)
Humillación intencional, sí, porque, aunque no hay precedentes conocidos de lo contrario -factura protestada por la administración regional por estar emitida en la neolengua- podríamos oír los alaridos de indignación si fuésemos capaces de imaginar semejante hipótesis.

Cabe suponer que el proveedor acabe por humillarse ante esta chulería senderoluminosista, o senderolusista, porque no creemos que la mercantil de capital público “Galicia calidade” que es el gallito de esta historieta, actuase de igual forma ante una factura emitida en cualquier otra lengua inteligible, como, por ejemplo, el portugués. A fin de cuentas formamos parte del mismo país horario pese al secuestro en el adelanto, perpetrado por España -un adelanto que aún reducido después de la adhesión a la UE, sigue siendo de años, y no sólo de una hora-.

Si el empresario humillado optase por defender su dignidad, y, de paso, la de todos, creemos que el Código penal español, que aún rige en casi todo el antiguo territorio del Reino de España, proporciona un sólido fundamento:

Artículo 542.[Impedir el ejercicio de otros derechos cívicos]
Incurrirá en la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a cuatro años la autoridad o el funcionario público que, a sabiendas, impida a una persona el ejercicio de otros derechos cívicos reconocidos por la Constitución y las Leyes.

Otra posibilidad podría ser la denuncia por estafa, ya que la condición impuesta es rigurosamente inexigible. El art. 3º de la malhadada ley de normalización lingüística establce que

Los poderes públicos de Galicia adoptarán las medidas oportunas para que nadie sea discriminado por razón de lengua.
Los ciudadanos podrán dirigirse a los jueces y tribunales para obtener la protección judicial del derecho a emplear su lengua.

Desgraciadamente es poco probable que lo haga, porque la administración posee una enorme capacidad de chantaje, aunque también sea enormemente sobrestimada; por ejemplo, por nuestros docentes amenazados de expediente por las programaciones en español.

Pero, en el caso de nuestro empresario, la resistencia cívica y la defensa jurídica no sólo implicaría el aplazamiento sine die, del pago de esa factura, lo que sería un inconveniente soportable, hasta su pago con costas e intereses, sino, lo que es peor, la exclusión de toda contratación con esa administración. Y no están las empresas para perder clientes, arbitrarios, sí, pero también manirrotos.

Esto me recuerda una escena vivida hace años: se trataba del slogan de una pancarta para una manifestación de todos los docentes de España en Madrid. Preguntamos a los presentes si estaban de acuerdo con el lema en cuestión. Una, sin mirarlo, sin conocer su contenido, dijo ’se vai en galego, sí’. Es un criterio económico tan válido como otro cualquiera de los que suelen manejar estos individuos: ahorra todo esfuerzo mental. Del mismo modo la factura, ’se vai en galego, sí‘. Si se corresponde con el servicio, suministro o precio pactados es cuestión de importancia secundaria.

Este chusco incidente nos da ocasión para avanzar la exposición de la única posibilidad de coexistencia pacífica en materia lingüística en Galicia, que, naturalmente, se aleja por completo de la proyectada obligatoriedad estatutaria de la neolengua. Obligatoriedad declarada inconstitucional por el Tribunal competente respecto de la ‘ley de normalización’ de 1983, lo que no arredra a los de siempre de amenazarnos de nuevo con ella.

Utilizaremos el símil de un sistema monetario con dos unidades de cuenta. Para que no haya distorsión alguna, ambas unidades deben ser perfectamente equivalentes. Se dirá que entonces, sobra una. Es cierto. Pero en ese país imaginario hay dos minorías que se identifican con una de las dos unidades de cuenta o monedas diferentes, frente a una mayoría de ciudadanos sensatos que pretenden comerciar libremente con ambas, o que, aún prefiriendo una de las dos para sus pagos, no se les ocurre rechazar los que se les hacen en la otra.

En un sistema tal no cabe más solución justa que la equivalencia legal entre ambas, de modo que se penalice cualquier discriminación o entorpecimiento del tráfico mercantil por razón del uso de una u otra moneda de las dos declaradas oficiales, pues la mayoría de ciudadanos sensatos no puede ser víctima de ninguna minoría caprichosa. El argumento de una de esas dos minorías de que, si no se impone el uso exclusivo de su moneda, ésta desaparecerá del mercado -una especie de ley de Gresham inversa- es una estupidez, una falsedad demostrada, y, en último término, una justificación completamente insuficiente para amolar a la mayoría: en cualquier caso, si tal ‘pérdida’ o desaparición fuese un mal en lugar de un bien -lo que es harto discutible- será responsabilidad suya, y no podrán culpar a nadie, como hacen constantemente.

Con esta fábula económica, estoy intentando aludir al único estatuto razonable para el llamado problema lingüístico, creado o exacerbado al mismo tiempo que nuestra linguocrática burocracia autonómica.

Hemos meditado largamente sobre ese ‘problema’, y sólo la más absoluta libertad e igualdad de las dos lenguas oficiales, sin más normativa lingüística ni intervención pública que la que derive de la estricta prohibición de toda discriminación por razón de lengua -además de las inevitables medidas transitorias para desmontar el régimen linguocrático hipertrofiado con la necia excusa de la normalización, así como el destino humanitario de la populosa nómina de esbirros puestos a su servicio, y del inmenso ahorro presupuestario consiguiente- .

Ello entraña un cierto sacrificio para cada una de las dos minorías: en concreto, la minoría que pretende imponer el uso exclusivo y excluyente de la neolengua, habrá de conformarse con su uso activo, pero habrá de soportar que sus interlocutores, públicos o privados, usen la lengua que tengan por conveniente, pues no existe, ni puede existir en modo alguno el derecho a que el otro use la lengua que yo quiera, siempre que use una de las dos oficiales: el derecho de elección de lengua de uso, entre las dos cooficiales, es del emisor, no del receptor.

Ningún organismo podrá decretar como oficial una sola lengua. La lengua de uso será la que tenga por conveniente el individuo encargado en cada caso. Ningún destinatario podrá pretender ignorar lo que se le notifique en cualquiera de las dos lenguas oficiales.

Por supuesto, este pacífico e inteligente régimen lingüístico -mínimo o, casi, inexistente- es posible en Galicia, debido a la enorme similitud de las dos lenguas en cuestión. Deberán detenerse los esfuerzos de los muñidores de la neolengua por eliminar esa similitud que nos ha legado la Historia, o, al menos, conservarán validez normativa las formas comunes que dicha Historia registra -como ‘gracias’, ’servicio’, ‘Galicia’- sin perjuicio del derecho a hacer el ridículo de los que opten por exotismos, idiotismo o novedades más o menos atrevidas, a su cuenta.

Libertad(es) versus igualdad

Nota del editor  10 Diciembre 2006
 
Está claro que yo soy un insensato pues me dejo pertenecer a la “minoría” que se niega a que le impongan lengua regional alguna.

Y soy insensato porque cumplo el mandato constitucional, artículo 3º, con el deber de conocer el español, cosa que no ocurre con lengua regional alguna, repito.

Por tanto no puede existir igualdad de lenguas, salvo para el caso en que dos personas decidan libremente hacerlo para comunicarse entre sí, jamás para la sociedad, que jamás, repito, podrá adjudicársele el atributo de bilingüe.

Y tampoco es posible que sea derecho del emisor utilizar en toda ocasión la lengua regional, en ningún caso puede ser derecho, pues tiene deber de conocer el español; en algún caso puede ser conveniente, cuando así lo decida el receptor, por aquello de que la libertad de uno termina en la frontera de la libertad del otro.

Como destinatario, tengo absoluto derecho a ignorar lo que se me notifique en cualquier lengua regional, por muy oficial que sea; eso sí, si un gomero me avisa desde la lejanía y en su idioma regional que viene una ola, seguro que lo entenderé y agradeceré.

ETA no cambia y la política antiterrorista no puede cambiar
Editorial Elsemanaldigital 10 Diciembre 2006

Ayer se dio a conocer a la opinión pública española el contenido del último Zutabe, el boletín interno de ETA que refleja habitualmente los análisis políticos y estratégicos de la banda terrorista. Cuando el llamado "proceso de paz" parece haber entrado en crisis incluso desde el punto de vista del PSOE, la organización independentista no duda en condicionar cualquier negociación con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero a la legalización del brazo político de la banda y a la posibilidad de llegar a su objetivo de una autodeterminación que incluya las tres provincias vascas y Navarra.

ETA no ofrece ninguna novedad en sus planteamientos, nada ha cambiado desde la perspectiva de los terroristas, que no renuncian a sus objetivos. Por esa razón es especialmente llamativa la satisfacción del actual Gobierno ante la decisión del Tribunal Supremo sobre las reuniones con Batasuna, que La Moncloa y el ministerio del Interior de Alfredo Pérez Rubalcaba interpretan como una confirmación de la legitimidad del diálogo. La secretaria ejecutiva de Políticas Sociales y de Bienestar del PP, Ana Pastor, denunció acertadamente ayer sábado que el Gobierno no puede anunciar que "se abren los caminos" mientras que ETA no ha dejado de ser lo que siempre ha sido.

Pastor explicó la situación creada por el PSOE desde el poder, con su abandono del Pacto por la Libertades y contra el Terrorismo, de una manera sencilla y gráfica: si una de las partes en un proceso de negociación, es decir de intercambio, anuncia que no se mueve de sus peticiones iniciales, y la otra parte se muestra satisfecha porque el "proceso" puede avanzar, sólo puede pensarse que el segundo interlocutor está dispuesto a ceder, y a hacerlo sin contrapartidas sólidas. Tal es, para muchos ciudadanos, la posición de Rodríguez Zapatero.

El Gobierno espera que ETA de señales de acercamiento y de satisfacción, y desea que lo haga pronto. El portavoz parlamentario del PSE, José Antonio Pastor, ha reconocido que el Gobierno ya quiso una reunión formal con ETA durante el pasado mes de agosto, y que el encuentro no se produjo porque la banda armada no contestó a la petición de Zapatero. Es, pues, el Gobierno el que se acerca a ETA mientras la banda permanece inmóvil. Ante semejante actitud, tampoco puede sorprender que el líder del PP vasco Carmelo Barrio diga que el Gobierno "se arrastra detrás de ETA-Batasuna para negociar" y que el secretario ejecutivo de Comunicación del PP, Gabriel Elorriaga, haya calificado la situación como "indignante en términos democráticos".

Basta comparar las políticas antiterroristas de cualquier país democrático de nuestro entorno para comprender la absoluta extrañeza de la política de Zapatero frente a una ETA siempre igual a sí misma.

Caminos
JON JUARISTI -En nuestro Estado de Derecho cualquier secuestrado cuenta con las garantías suficientes para ver absuelto a su secuestrador por falta de pruebas.
Por Jon Juaristi ABC 10 Diciembre 2006

SEGÚN la vicepresidenta del Gobierno, el auto del Tribunal Supremo que sienta la inexistencia de delito en las reuniones del Partido Socialista de Euskadi con Batasuna «ha abierto un camino». Parece más bien que ha cerrado uno: el de la impugnación judicial del llamado «proceso de paz». Abrir, lo que se dice abrir, no ha abierto nada. El bloqueo del «proceso» no se debía, hasta el jueves por lo menos, a la querella del sindicato Manos Limpias, sino al rearme de ETA y a la vuelta de la kale-borroka. Ninguna declaración del presidente ni del ministro del Interior ni del secretario de Organización del PSOE apuntaba a la susodicha querella como obstáculo insalvable en camino alguno.

Así que la decisión del alto Tribunal ha dejado las cosas como estaban, salvo en lo referente a una presunción de delito en las conversaciones PSE-Batasuna por parte de un sindicato de funcionarios, no de la oposición en su conjunto y menos aún del Partido Popular. La querella de Manos Limpias nunca supuso siquiera una demora en la agenda presidencial, luego no había caminos que abrir, puesto que ninguno se había cerrado. Lo que nos devuelve al problema de la interpretación de las enigmáticas palabras de Fernández de la Vega.

Si lo que la vicepresidenta quiso decir es que el Tribunal Supremo ha abierto un nuevo camino al «proceso de paz», debería indicar, como mínimo, en qué consiste o, mejor aún, en qué va a consistir tal camino, por dónde va a ir, si va a implicar una colaboración -y de qué tipo- entre el Tribunal Supremo y el Gobierno, que es lo que muchos han debido de entender y que, si así fuera, resultaría preocupante. Porque la vicepresidenta ha dicho textualmente que ese camino que se abría el jueves pasado en el Tribunal Supremo y por el Tribunal Supremo, «va a seguir». ¿Cómo que «va a seguir»? ¿Qué significa eso? Por lo que sabemos, la Sala de lo Penal se ha limitado a establecer que el ejercicio de la acción penal no puede ni debe corregir la dirección de la política exterior o interior de un Gobierno democráticamente legitimado. El auto no habla de abrir ni de seguir caminos. Cabe entonces plantearse una cuestión disyuntiva: o la vicepresidenta hablaba a tontas y a locas, como suelen hacerlo, sin excepción, todos los miembros del Gobierno cuando tratan del «proceso de paz», o está imputando al Tribunal Supremo una complicidad, por supuesto política, con la política del Gobierno, lo que iría en menoscabo de la independencia de poderes y vulneraría gravemente la Constitución. Prefiero, con mucho, pensar que lo de abrir y seguir caminos es, simplemente, una afirmación del género idiota a las que el Gobierno nos tiene acostumbrados.

Una perla más para la antología de despropósitos que ha venido produciendo el gabinete de Rodríguez Zapatero durante este año lamentable en el que, justo es reconocerlo, ETA no ha matado a nadie, aunque sigue extorsionando a empresarios, robando armas y amenazando a diestro y siniestro, mientras sus alevines queman autobuses, juzgados y oficinas bancarias.
Conque, resumiendo, el auto del Tribunal Supremo, lejos de abrir caminos nuevos, deja al Gobierno en el mismo punto del camino en el que se encontraba; es decir, tan mal encaminado como antes y, como todo el mundo sospecha ya a estas alturas, sin mapa ni hoja de ruta. Confiando sólo en las virtudes abstractas del diálogo frente a unos interlocutores con los que podrán reunirse en adelante sin problemas, en el caso de que los jueces de la Audiencia Nacional lo permitan, y que se mantienen en las posiciones de siempre: en su exigencia irrenunciable de negociaciones políticas al margen de la Constitución, en su desprecio al sistema democrático, en su odio racista a la nación y en su desafío chulesco a la legalidad. Hay caminos que nunca deberían haberse abierto. Caminos que conviene cerrar en cuanto ves el panorama que te espera, o sea, permanecer estancado de por vida mientras los salteadores te llevan hasta la muda, por decirlo finamente.

La paz, por caridad
EDITORIAL Libertad Digital 10 Diciembre 2006

La difusión de un nuevo ultimátum de ETA no deja ninguna conclusión distinta de lo ya sabido sobre el llamado "proceso de paz": que es mentira, que el Gobierno no lo controla y que hay compromisos que no sabe cómo cumplir. La banda terrorista vuelve a recordar a su compañero de aventura los pagos pendientes, y que los intereses por morosidad son cada vez mayores. Ha puesto imposibles incluso las condiciones para sentarse: impulsar la mesa extraparlamentaria; poner fin a las detenciones de terroristas, legalizar a Batasuna-ETA y aplicar medidas favorables a los presos. Todo es más caro, y el tiempo disponible se acorta. Ninguna novedad, por lo tanto, en la lógica del chantaje, inherente a la práctica terrorista de toda la vida.

José Luis Rodríguez Zapatero aceptó embarcarse con vulgares matones y no tuvo la prudencia de comprobar que estaban desarmados, ni el valor de desarmarlos. Ahora van juntos en la misma nave, de la que el presidente no puede bajarse aunque quisiera. De ahí, la penosa insistencia en hacer como que no se entera del chantaje terrorista y en seguir adelante, cueste lo que cueste y caiga quien caiga. ETA patrocina su entera carrera política, posee en exclusiva los derechos de su contrato fáustico con el poder.

La ensoberbecida respuesta del ministro del Interior –"Hoy toca hablar de tráfico", dijo este sábado, al ser preguntado por el último comunicado etarra– no es más que el reverso de la actitud suplicante con los terroristas revelada por José Antonio Pastor, cuando, casi al mismo tiempo que Pérez Rubalcaba mandaba callar a los periodistas, el portavoz parlamentario del PSE dijo en un programa de radio que el Gobierno pidió en agosto una reunión a ETA y que los asesinos ni siquiera se dignaron contestar. El desmentido de José Blanco, rápido y despreciativo, no ha hecho sino confirmar que la posición del Gobierno y del PSOE es cada día más desesperada. "Hay gente que no sabe de lo que habla", dijo de su correligionario vasco el número dos del PSOE. Pero, ¿no había delegado Zapatero en el PSE los contactos capilares y sensibles con los terroristas? ¿No ha sido el presidente del PSE, acaso, el interlocutor socialista que ha tratado con más familiaridad con ETA, incluso cuando oficialmente se negaba todo contacto y Zapatero estaba dejando su firma en el Pacto Antiterrorista con el PP?

Contrariamente a lo dicho por Blanco, José Antonio Pastor sabe perfectamente de lo que habla cuando dice que el Gobierno ha intentado por activa y por pasiva reunirse con ETA, y que sigue a la espera. Con la ansiedad propia de un mal deudor acosado por un pago inaplazable, añadimos nosotros. Su versión encaja, como el guante a una mano, con el redoblado ultimátum terrorista conocido este fin de semana. ETA lo quiere todo, y lo quiere antes de sentarse con el Gobierno. Lo nuevo y terrible es que el Gobierno ya no disimula su mendicante ansiedad de entregárselo a cambio de un poco más de tiempo en el poder.

Consenso, legalidad y democracia
Ignacio Cosidó Libertad Digital 10 Diciembre 2006

La celebración del 28º aniversario de nuestra Constitución ha provocado una múltiple llamada a recomponer el consenso en materia de lucha contra el terrorismo, un consenso que Rodriguez Zapatero rompió en pedazos al iniciar de forma unilateral y secreta su proceso de negociación política con la banda terrorista ETA.

Es indudable que el consenso entre los partidos políticos resulta un pilar fundamental en la lucha contra el terrorismo. El Pacto por las libertades y contra el terrorismo, suscrito por el Partido Popular y el PSOE hace cuatro años y hoy lamentablemente convertido en papel mojado por el presidente del Gobierno, establecía en su primer punto la “voluntad de eliminar del ámbito de la legítima confrontación política o electoral entre nuestros dos partidos las políticas para acabar con el terrorismo”.

Hay sin embargo dos principios en la lucha contra el terror, incluidos también el propio pacto por las libertades, que están por encima de esta necesidad del consenso: el respeto al Estado de Derecho y la supremacía de la democracia sobre la violencia. No es legítimo exigir al Partido Popular, como diariamente hace el Gobierno a base de acusaciones de deslealtad, partidismo y doble moral, que secunde su negociación política con ETA, una negociación que está socavando en si misma el Estado de Derecho y que violenta el sistema democrático al reconocer una interlocución política a quiénes ejercen la violencia.

Nadie puede dudar de la voluntad de consenso del PP en esta materia. El gran acuerdo político alcanzado en el Pacto por las libertades y contra el terrorismo fue de hecho uno de los grandes aciertos de José Maria Aznar como presidente del Gobierno, una unidad democrática que junto con la movilización social, la cooperación internacional y la eficacia de las fuerzas de seguridad y el sistema judicial caracterizó la lucha contra el terrorismo en la etapa de los gobierno del PP. El éxito de aquella política llevó a ETA al peor momento de su historia, haciendo albergar en la sociedad española la esperanza fundada de que el terrorismo iba a ser derrotado definitivamente más pronto que tarde.

Mantener este consenso entre los partidos políticos, al menos entre aquellos que tienen opción a la alternancia democrática, resultaba esencial por tres motivos. En primer lugar, porque representa la determinación unánime de la sociedad de derrotar a los terroristas. En segundo término, porque permite sostener una política antiterrorista sin fisuras a lo largo del tiempo. Por último, pero aún más relevante, porque hace perder toda esperanza a los terroristas de poder obtener rédito político alguno de su acción criminal, gobierne quien gobierne en España. Por eso, haber roto ese pacto, que el propio Zapatero impulsó desde la oposición, constituye una de las más graves irresponsabilidades cometidas por el actual presidente del Gobierno desde que asumió el poder.

Ahora bien, el valor del consenso no puede situarse por encima de principios que resultan aún más esenciales en la lucha contra el terror. El primero de esos principios es el de legalidad. El consenso político no puede utilizarse como un manto de impunidad para violar la Ley. Al terrorismo sólo es lícito derrotarlo en el marco del Estado de Derecho, utilizando todos los resortes legales que permite ese Estado, pero sin buscar ningún tipo de subterfugio al margen de la legalidad.

¿Es lícito exigir a la oposición apoyo al Gobierno en políticas que se sitúan fuera del marco de la Ley? En España tenemos por desgracia el recuerdo relativamente reciente de acciones ilegales por parte de gobiernos socialistas que resultaron no solo delictivas e inmorales, sino también claramente contraproducentes para los efectos que perseguían. La pregunta ahora es si el proceso de negociación política abierto entre el actual presidente del Gobierno y la banda terrorista ETA está violentando nuevamente nuestro Estado de Derecho. En mi opinión, la respuesta a esta cuestión es afirmativa en al menos tres aspectos fundamentales. Primero, porque desde el Gobierno y el PSOE se está presionando burdamente al Poder Judicial para que favorezca el actual proceso de distensión. Segundo, porque el Gobierno está instrumentalizando a la fiscalía y a las Fuerzas de Seguridad para que atenúen su acción antiterrorista en función de las nuevas circunstancias, incluyendo el relevo de aquellos fiscales que eran particularmente activos en la lucha contra ETA e incluso avisando a los propios terroristas sobre investigaciones judiciales o policiales en curso. Tercero, porque se está incumpliendo la Ley de Partidos, permitiendo concurrir a las últimas elecciones autonómicas al Partido Comunista de la Tierras Vascas y rebajando ahora los criterios establecidos por la propia Ley para la legalización de Batasuna, a la que ya no se le exige una condena expresa del terrorismo.

Un segundo principio que resulta también irrenunciable en la lucha contra el terrorismo es la supremacía democrática que impide ofrecer a quiénes ejercen la violencia ningún tipo de interlocución o premio político. Es un principio fundamental tanto desde un punto de vista de la dignidad democrática, la voluntad de una mayoría pacífica no puede ser derrotada por los deseos de una minoría violenta, como desde un punto de vista práctico, si ofrecemos un premio político a los terroristas estaremos propiciando el ejercicio de la violencia como un medio eficaz de alcanzar objetivos políticos.

Nuevamente cabe preguntarse en que medida el proceso de negociación política abierto por Zapatero con ETA está violentando este principio democrático. En mi opinión, el propio reconocimiento como interlocutor político de un partido ilegal como Batasuna que forma parte de una organización terrorista resulta, más allá del carácter delictivo o no de esos encuentros, un claro atentado contra este principio democrático.

Por otro lado, la predisposición del presidente del Gobierno a hacer concesiones políticas en una mesa de partidos al margen de las instituciones parlamentarias legítimas y con el fin de lograr una supuesta normalización del País Vasco, lo que supone de antemano el reconocimiento de un conflicto político a mi juicio inexistente, resulta inadmisible desde un punto de vista democrático. Máxime si en esa mesa se tiene como interlocutores a los representantes políticos de una organización terrorista, se negocia de antemano con ellos una agenda para el dialogo que desborda nuestro marco constitucional y se consiente un tutelaje del proceso por parte de ETA, que no solo no se disuelve ni muestra voluntad de abandonar la actividad criminal, sino que se constituye en una especie de garante de las posiciones políticas de Batasuna con la amenaza de volver a ejercer el terrorismo si sus demandas no son satisfechas. ¿Es posible una mayor vulneración del principio democrático que un proceso de negociación en estas condiciones?

Habrá quién compartiendo estas razones para que el Partido Popular no apoye el actual proceso de negociación con ETA, considere que dada la importancia de salvaguardar el consenso el PP debería al menos callar prudentemente. Sin embargo, cuando lo que está en juego es la propia supervivencia de nuestro Estado de Derecho y nuestra dignidad democrática, incluyendo en ella la memoria de las miles de victimas causadas por la barbarie terrorista a lo largo de más de tres décadas, es obligado política y moralmente alzar la voz clara y firme en defensa de la legalidad y de la libertad, en vez de ejercer un silencio que en última instancia sería cómplice de este proceso.

Es más, en mi opinión, la independencia de la que está haciendo gala el poder judicial frente a este proceso, la impresionante movilización social liderada por las victimas en contra de la negociación con los terroristas y la firme oposición política ejercida por el Partido Popular están logrando que el actual proceso de negociación de Zapatero con ETA no termine en una vergonzante claudicación de la democracia española frente a los terroristas. Ojala que pronto podamos unir a esa fortaleza demostrada por el Estado de Derecho y a la creciente movilización social un consenso político que reafirme nuestra voluntad unánime de derrotar al terror.

Ignacio Cosidó es senador del Partido Popular por Palencia.

Un "bertsolari" filoterrorista y blasfemo
Jaime Ignacio del Burgo Libertad Digital 10 Diciembre 2006

Vive entre nosotros un individuo descerebrado, zafio, ignorante y blasfemo, además de filoterrorista, que dice llamarse Xabier Silveira. Forma parte del glorioso movimiento nacional vasco de liberación. Colabora con cierta asiduidad en el diario Gara y confiesa ser “bertsolari”, es decir, poeta popular euskaldún. Tiene toda la pinta de ser un maketo converso. El apellido Silveira delata el origen galaico o portugués de sus ancestros. Lo de Xabier tiene su guasa, pues quienes así lo escriben pretenden afirmar erga omnes su origen o adscripción eusquérica. Ignoran que así se escribía en el romance antiguo, cuando la jota y la equis, la uve y la be disputaban su lugar en la ortografía del español.

Hace unos meses, nuestro “bertsolari” escribió un artículo que en otro tiempo le hubiera ocasionado algún disgusto por apología del terrorismo y que demuestra la deleznable textura de su cerebro. Pero, como es bien sabido, en momentos de tregua los fiscales –incluido el señor fiscal general del Estado- sólo leen de los periódicos los anuncios por palabras, la cartelera y la predicción del tiempo, y el Gara suele ser muy deficiente en la prestación de este tipo de servicios.

Pues bien, el artículo tenía un título ya de por sí muy sugestivo: “Dejadnos mataros en paz”. El articulista confiesa que quería escribir en eusquera, pero acabó por hacerlo en castellano -“esta lengua tan bella como cruel ha sido en este pueblo... insertada a sangre y fuego, aunque no en nuestro corazón ni en nuestro cerebro”- porque quería que el pueblo le entendiera. Después de este preámbulo, relata cómo, cansado de ver el mundial de fútbol por televisión, decidió saltar de canal en canal. No encontró más que “basura intelectual” y “estupidez licenciada” en una tertulia sobre ETA. Así que se enfadó y mucho. Como no entendía nada le entraron unas ganas enormes de escuchar “el estruendo de doscientos kilos de amonal”.

Menos mal que los “chicos de ETA”, como diría aquél, no estaban a mano, porque si no acaba con la tregua y organiza un estropicio. Pero lo que irritó sobremanera a nuestro pacífico “bertsolari” fue que uno de los contertulios dijera que todo se puede defender “mientras no se empuñe un arma para defender a un pueblo”. Como emprenderla con el televisor se paga caro, decidió que lo mejor era olvidarse de su condición de “bertsolari” y responder a semejante idiota en el Gara con un artículo escrito en el idioma erdera [extraño o extranjero] porque así estaba seguro de que todos le entenderían: “Si un pueblo se defiende, ¿no será que está siendo atacado? Si un pueblo es atacado ¿cuál es su deber? ¿Dejarse masacrar? ¿Dejar de ser? ¿Dejarse matar en paz con armas que él no puede usar? De eso nada, monada”. Como puede verse, Silveira es un hombre de paz.

Pero si lo anterior era grave lo peor estaba por venir. Ocurrió el pasado día 8 de diciembre. Soy consciente de que lo que voy a relatar a continuación puede ofender la sensibilidad de los lectores de Libertad Digital. He dudado en hacerlo pero he pensado al final que la opinión pública española debe saber con qué clase de gente pretende el presidente del Gobierno refundar la convivencia en Euzkadi.

El día de la Inmaculada, ojeaba el diario Gara para conocer el parte de guerra de los abertzales, cuando sentí un auténtico latigazo. El tal Silveira publicaba un nuevo artículo titulado: “Me c... en la virgen” (Los puntos suspensivos son míos). Transcribo su primer párrafo: “No sé que día es hoy, ni me importa. Total... No sé por qué no trabajáis hoy, pero tomo nota. Igual... Y tomo también en mis manos, como si de papel higiénico se tratara, el calendario hispano-cristiano y acaricio mi esfínter con él después de haberme c... en la virgen. Pero no confundamos mala educación con necesidades fisiológicas tales como la de c... en la virgen, sea o no lo defecado una inmaculada concepción”.

Hasta nueve veces vuelve a utilizar en su artículo el exabrupto blasfemo que le sirve de entrada para condenar al PNV por apalear a la juventud; para reprochar al presidente venezolano Chaves por haberse achantado ante el colonialismo español; para imaginar a De Juana “enchufado a la vida por vía intravenosa”... El final del artículo tampoco tiene desperdicio: “Me c... en la virgen y escupo al aire esperando no salpicar a nadie, aunque, eso sí, salpique a quien salpique”.

La progresía española pretende que los cristianos sólo seamos intolerantes con las ofensas que se dirigen contra el Islam y tolerantes cuando son las nuestras las ofendidas. No obstante, conviene recordar que en el Código Penal se tipifican como delito las ofensas a los sentimientos religiosos. No lo digo para excitar el celo del señor fiscal general del Estado, pues ya sé que es muy aficionado a la aplicación del “uso alternativo del Derecho” que permite despojar de fuerza jurídica a preceptos que no estén acordes con los criterios sociales mayoritarios y más aún si se tiene en cuenta la reciente proclamación por el sanedrín socialista del laicismo como nuevo dogma cívico, único capaz de respetar y hacer respetar los derechos y libertades fundamentales. Además, cualquier día el señor fiscal propondrá al Gobierno suprimir el delito de ofensas a los sentimientos católicos por tratarse de un residuo del confesionalismo franquista del Estado.

Digo supresión del delito de ofensas a los sentimientos católicos, pues no hay regla sin excepción. Si el artículo se hubiera titulado: “Me c... en Mahoma” entonces el señor fiscal general del Estado habría excitado la acción de los tribunales de Justicia alegando que ofender al Islam es atentar contra la paz y la convivencia democrática.

Así que aquí no pasa nada. El señor fiscal general del Estado debió estar de vacaciones cuando este “bertsolari” filoterrorista, al que llaman Xabier Silveira, tuvo enormes ganas de escuchar el estruendo de doscientos kilos de amosal. Ya verán como el día de la Inmaculada el señor fiscal estuvo de puente.

Jaime Ignacio del Burgo es diputado por Navarra. Representa a UPN en el Comité Nacional del PP

Mesa, lógica y democracia
CARLOS MARTÍNEZ GORRIARÁN El Correo 10 Diciembre 2006

En los últimos días, EL CORREO ha publicado sendos artículos de opinión de Rafael Iturriaga ('La Fundación para la Libertad y el proceso') e Imanol Zubero ('Una mesa que no es'), que cargan contra el documento sobre la Mesa de Partidos y el 'proceso de paz' con ETA encargado por la Fundación por la Libertad a Roberto L. Blanco Valdés, Javier Corcuera y a un servidor. Creo que no deberíamos dejar pasar la ocasión de profundizar en el asunto. Al menos, estamos de acuerdo en algo, que no es poco: la famosa Mesa es importante para todos y deberíamos hablar de ella.

¿Pero por dónde empezamos? A un observador ajeno a los hábitos polémicos dominantes por estos pagos, resumibles en que lo único importante es de quién es el dedo que señala la luna, le aturdiría el modo de analizar el documento seguido por Iturriaga y Zubero.

Iturriaga impugna el 'procedimiento', y Zubero, más ontológico, prefiere negar el 'ser' de la Mesa. Pero en ningún caso entran a fondo en lo que dice el texto que tanto les irrita, y prefieren asentar un juicio de intenciones: el documento sólo busca fastidiar a los socialistas. No es cierto. Iturriaga afirma que un hecho citado de paso, que el PSE apoya la Mesa de Partidos, es rotundamente falso. Zubero, pasando de la ontología a la profecía, prefiere negar la mayor y la conclusión: «esta mesa no existe, ni puede existir». Pero coinciden en que el documento está compuesto de un 90% o más de obviedades que no tendrían inconveniente en suscribir. Insólito. Iturriaga y Zubero se lastiman con su propio fervor demoledor: ¿cómo podrían suscribir tales obviedades si, como dicen, se basaran en hechos falsos? Como es sabido, un enunciado (por ejemplo: la Mesa es antidemocrática) no puede ser obvio y falaz simultáneamente. Una de dos, si el enunciado es falaz entonces no es obvio, y además contamina al razonamiento apoyado en él, pero si es obvio entonces es verdadero, fundamentando un razonamiento contrastable y con sentido. Por otra parte, es ilógico e irracional sostener que un documento consistente en un 90% de verdades obvias pueda concluir en una falacia. Eso no es posible. Llegados a este punto, debo agradecer el exagerado elogio de que nuestra modesta reflexión sea tan verdadera, aunque entonces vuelve a resaltar el disparate de que ataquen el documento por carecer de argumentos; a saber qué entenderán por 'argumentos'. Apenas me atrevo a preguntarlo.

Vayamos a las supuestas falacias. Según Iturriaga, la alusión al apoyo socialista a la Mesa es una «falsa y malévola referencia al Partido Socialista». Casi nada. Pero lo que el informe dice exactamente es esto: «Las siguientes páginas recogen una reflexión sobre el origen, utilidad y naturaleza política de la 'Mesa de partidos' que, según los portavoces de ETA, de los partidos nacionalistas vascos y también del partido socialista, será la nueva entidad encargada de solucionar los problemas políticos pendientes que habrían impedido, hasta el día de hoy, conseguir la paz». Y un poco más adelante: «Unas veces ETA ha reclamado una mesa y otras, como ahora, dos mesas más o menos simultáneas. Unas veces lo ha exigido en solitario, otras con el apoyo de los demás nacionalistas y ahora con apoyo socialista». El asunto desaparece en las doce páginas siguientes.

¿Es verdad o no? Pues bien, esa verdad invocada con tanta suficiencia («aunque la creación de apariencias verosímiles como sustitutos de la verdad sea una práctica tan extendida en el lenguaje político y en los medios de comunicación que termina por cansar hasta que de la habituación colectiva surge una espuria legitimidad») muestra más bien que, de haber alguna falsedad, radica en la protesta de Iturriaga. El documento de enero de 2006 de la Ejecutiva socialista vasca, 'Euskadi 2006: hacia la libertad y la convivencia. Documento del PSE-EE sobre pacificación y normalización', dice entre abundantes afirmaciones de parecido tenor: «esa Mesa que todos coincidimos en reclamar. Creemos que es un instrumento necesario. Así lo hemos recogido en nuestros documentos desde hace tiempo». Se podrá decir de otro modo pero no más claramente, y es de agradecer. Si a Iturriaga le indigna que el PSE apoye la Mesa de Partidos, debería protestarle a Patxi López. No es honesto que culpe a terceros de las decisiones de su partido.

Las objeciones de Zubero no son más afortunadas. Afirma que el documento «contiene un alto porcentaje de obviedades ( ), pero que se construye sobre una afirmación absolutamente falaz». Hemos visto que ésto es imposible, pero veamos su falacia: que la Mesa no existe ni puede existir. El documento tampoco dice si es un objeto real o hipotético, así que quizás confunda nuestra Mesa con otra, porque éstas y sus respectivos documentos han proliferado de modo extraordinario, especialmente por los espacios eclesiásticos de Euskal Herria. Conviene recordar que se han publicado informaciones como que la Mesa se ha estado reuniendo en el santuario de Loyola, y que ha suspendido sus trabajos hasta que Batasuna cambie de actitud. Imaz lo ha ratificado, y ningún portavoz socialista ha desmentido estos asertos. Sin ir más lejos, EL CORREO ha publicado este año -y esto es encomiable- ¿483 informaciones sobre ella! Demasiado para una criatura imaginaria, ¿no creen?

A continuación, Zubero lamenta que «ni el Gobierno ni los partidos vascos favorables a la creación de la mesa han sabido argumentar su apuesta». Recuperados del estupor de que se deba argumentar a favor de algo inexistente, ¿sugiere nuestro severo crítico que los ciudadanos esperemos sentados a que el mueble salvador cumpla sus funciones, extraparlamentarias y antiparlamentarias, para opinar sobre sus efectos cuando ya no tengan remedio?

Me temo que el documento molesta más por existir que por sus argumentos. Contribuye a abrir un debate que amenaza la pretensión de negociar con ETA acuerdos inconstitucionales y antidemocráticos, falazmente presentados como el camino de la paz. Lo que decimos es, ciertamente, obvio: el debate político, el que sea, debe tener lugar en el Parlamento, debe ser público, debe respetar las reglas y debe limitarse al mandato de los parlamentarios legalmente elegidos. No es difícil de entender, ni parece una exigencia desorbitada. Si alguien cree, sin embargo, que esa mesa clandestina es mejor que nuestros parlamentos, que se moleste en exponer sus razones y trate de convencernos a los que nos oponemos. Vistas las dificultades de algunos para argumentar sin hacerse un lío y sin condenar intenciones de modo preventivo, se entiende que hagan llamamientos a la fe en los líderes visionarios y a delegar en su inspirada sabiduría las decisiones que, en las democracias, competen y conciernen a los ciudadanos corrientes y a las instituciones políticas del Estado de derecho. Y esto último es lo que la Mesa de Partidos pone en peligro. Hablemos de esto, por favor.

Día de la Constitución
El vértigo del consenso
Pablo Molina Libertad Digital 10 Diciembre 2006

Por primera vez en dieciocho años, un presidente de la Generalidad de Cataluña ha decidido acudir a los actos de celebración del día de la Constitución Española. La situación no puede ser más surrealista, con un José Montilla brindando por un documento fundacional a cuya derogación de facto ha contribuido de forma directísima. Porque la aprobación del nuevo Estatuto de Cataluña ha tenido como primera consecuencia precisamente la superación del orden constitucional del 78. Y no sólo por el articulado estatutario, abiertamente inconstitucional sin prejuicio de que el tribunal de la materia nos sorprenda (¿nos sorprenda?) con una bendición judicial al estilo Rumasa, sino porque su espíritu subvierte los principios constitucionales en materia de equilibrio territorial y soberanía, algo que además de no tener arreglo jurídico posible deja preparado un futuro de la nación ingobernable por ningún partido político con una mínima idea de España.

En esta tesitura, rotas las reglas del juego, al PP le caben dos posibilidades: actuar como si éstas todavía existieran y adaptarse a las circunstancias para no dejar de salir en la foto o apartarse del consenso y presentarse a las elecciones con un discurso que sea una enmienda a la totalidad. No hará esto último, porque salirse del consenso supone poner en riesgo los cargos públicos de los que viven miles de sus militantes y, por otra parte, lo que ha distinguido desde la transición a la derecha española ha sido siempre su afán por obtener el visado democrático que expide la izquierda con carácter de monopolio. Si es cierto que el orden constitucional ha sido vulnerado por el gobierno con sus socios, y lo es, lo procedente es abandonar el parlamento y dedicarse a explicar a la ciudadanía un programa radical de reformas de aquí a las próximas elecciones generales, para volver de nuevo "a la senda constitucional". En lugar de eso, el PP pastelea con el PSOE las reformas estatutarias de otras comunidades avalando con su firma conceptos ambiguos como la famosa realidad nacional andaluza, por no hablar de la "realidad genética" de Núñez Feijoo en Galicia, que amenaza con darnos también grandes satisfacciones en el futuro. Suele decir Pepiño Blanco que la derecha aceptará en el futuro todas las reformas que ahora critica con tanta fiereza. Por supuesto, tiene razón. El consenso, siempre el consenso, por encima de todo, ¿verdad Majestad?

La reunión del pasado día seis en el congreso de los representantes de las fuerzas del consenso, PP y PSOE, tenía este año cierto aire de funeral clandestino y con sus declaraciones pusieron también su granito de arena para que el acto se pareciera, cada año más, a una película de Berlanga. El presidente Zapatero aprovechó para insistir en la negociación con la banda terrorista ETA a través de fórmulas confusas entre las que asoman conceptos abiertamente anticonstitucionales, como la derogación del sujeto de soberanía vigente y la modificación unipartidista del marco territorial. Por lo que respecta al PP, su presidente desgranó en su comparecencia los motivos por los cuales la actual Constitución ha de ser reformada de forma inmediata. Vamos, que ninguno de los dos se sienten cómodos con la actual constitución; el primero porque le estorba y el segundo porque no sirve para parar los desmanes de aquél. Es como organizar un cumpleaños y que los asistentes a la fiesta se dediquen toda la velada a atacar al anfitrión. Sobre la traición, crueldad.

Pablo Molina es miembro del Instituto Juan de Mariana

Ésta y la otra
JAVIER ZARZALEJOS EL Correo 10 Diciembre 2006

Los dirigentes socialistas parece que se han quedado a gusto después del espasmo visceral en forma de vídeo sobre 'la otra tregua'. Un proceso que sólo en caricatura puede llamarse 'de paz', una nueva movilización en apoyo a las víctimas, un barómetro preocupante del CIS y nuevos 'gags' de ese club de la comedia en que se ha convertido la política exterior han probado ser un menú demasiado indigesto para la capacidad de asimilación del Gobierno. Y el corte de digestión -de la apacible digestión de la legislatura que los socialistas esperaban disfrutar tras el pacto estatutario con CiU y el alto el fuego de ETA- ha acabado en ese episodio de ira y manipulación que lo único que confirma es la comprometida situación en la que se ve el propio Ejecutivo y la debilidad de su argumentación.

Creo que somos muchos los que desearíamos que en las actuales circunstancias el debate consistiera en determinar si presos de ETA deben o no ser trasladados de Canarias a Puerto de Santa María. En las actuales circunstancias. Afortunadamente, el Gobierno del Partido Popular consiguió vencer la cerrada oposición de la izquierda -de los nacionalistas ni hablamos- a establecer el cumplimiento efectivo de las penas, de modo que ya no caben esos cumplimientos anticipados gracias a una normativa penal que sólo pudo modificarse cuando el PP contó con mayoría absoluta. No sería difícil rescatar las críticas del entonces vocal del Consejo del Poder Judicial, luego ministro del Interior y hoy de Defensa, José Antonio Alonso, a esta reforma legislativa que calificó de «cortina de humo» del Gobierno del PP. Claro que también Alonso se pronunció expresamente en contra de la Ley de Partidos a través de un voto particular al informe emitido por el Consejo del que formaba parte, como destacado miembro, faltaría más, del sector progresista.

Afortunadamente, digo, porque estos y otros instrumentos del Estado de Derecho -un concepto recuperado para la política antiterrorista en 1996- limitan la capacidad de Rodríguez Zapatero de improvisar soluciones imaginativas incluso en el ámbito de la política penitenciaria. Pero, a pesar de los esfuerzos propagandísticos en tecnicolor de los socialistas, las cosas no están planteadas en esos términos. Ni el Gobierno ni su presidente han limitado el ámbito del proceso a un intercambio de lo que, simplificando, se ha denominado 'paz por presos'. Primero porque, se diga lo que diga, ETA nunca lo ha planteado así y, por eso, los que esperaban que pronto arrancara la mesa llamada 'técnica' entre ETA y el Gobierno no ocultan su impaciencia o su decepción ante lo que no puede entenderse sino como la confirmación de que la banda rechaza eso que calificó en el propio umbral del alto el fuego como «una paz sin contenidos». Segundo, porque los errores iniciales del Ejecutivo y, lo que es peor, la persistencia en ellos, lejos de dar razones a ETA para no esperar más que una negociación 'técnica' a partir del abandono de las armas, parecen haber reafirmado a la banda en la expectativa de una negociación de contenidos mucho más amplios en la que, como mínimo, podría retener su capacidad de coacción y presión ilegítima sobre la sociedad y las instituciones democráticas.

Por muchos vídeos que fabrique José Blanco, esos errores siguen pasando factura a Rodríguez Zapatero y son los que dotan a esta situación de esa lamentable diferencia cualitativa en la comparación con situaciones anteriores. La ruptura del consenso con el Partido Popular, una pudorosamente llamada 'pre-negociación' del alto el fuego, no sólo ocultada sino negada por Rodríguez Zapatero, con compromisos posiblemente ambiguos pero existentes y, sobre todo, la aceptación de un vínculo necesario entre final del terrorismo y negociación política tal vez engrasaron los engranajes de la tregua. Pero lo que entonces pudieron ser facilidades que llevaron a algunos a esperar un proceso indoloro y políticamente rentable, ahora se revelan como errores cruciales que lastran, tal vez de manera irreversible, la capacidad de Rodríguez Zapatero para gestionar esta situación con un coste asumible. Es como aquello de 'aceptaré lo que venga del Parlamento de Cataluña', pero mucho más peligroso.

Resulta inevitable que la coherencia del discurso gubernamental, que nunca ha sido grande, se resienta aún más y no le quede más recurso que el malabarismo permanente o la simpleza aplastante. Ese discurso es ya sólo apología buenista de las intenciones -que siempre hay que pensar que son buenas- del Gobierno al buscar la paz. ¿Quién no! Pero la expresión de intenciones, por loables que sean éstas, no es un argumento. Y lo que queda de las energías que deberían dedicarse a recuperar el norte frente a ETA se emplean en la descalificación de los críticos con el proceso, que, para contrariedad de la dirigencia socialista, ni están todos en el Partido Popular, ni creen que exigir el respeto a los valores y principios constitucionales y democráticos sea hacer el caldo gordo a este partido.

Sin embargo, parecen aumentar los partidarios de la apuesta de Rodríguez Zapatero que empiezan a reparar en que estos errores de partida asientan el proyectado proceso sobre bases extremadamente endebles. Está todavía muy cercana la declaración de alto el fuego por parte de ETA como para olvidar la reacción impecable de Mariano Rajoy ofreciendo su pleno apoyo al Gobierno dentro de márgenes que son no sólo asumibles sino obligados de respetar para cualquier demócrata. A cambio, desde su reunión con Rodríguez Zapatero en La Moncloa, el líder de la oposición recibió del presidente del Gobierno el compromiso de convocar el Pacto Antiterrorista y las seguridades de no haber adquirido compromiso previo alguno en ninguna negociación anterior a la declaración de ETA. Lo que hoy puede parecer una broma no lo es. Recordar la doblez de Rodríguez Zapatero en su trato con el primer partido de la oposición -el anuncio de la reunión del PSE con Batasuna o el espectáculo de la moción en el Parlamento europeo son otros episodios para recordar- debería ayudar a poner en su adecuada perspectiva los lamentos de cocodrilo de un Gobierno que en mayo de 2005, con la resolución que quebró el Pacto por las Libertades, declaró prescindible para la política frente a ETA a la representación política de diez millones de españoles y a otros que sin sentirse representados por el PP no caben en el talante de Rodríguez Zapatero.

¿De qué se queja el Ejecutivo? ¿De que al líder de la oposición no le guste que, después de ofrecer su apoyo al Gobierno, su presidente le engañe? ¿De que muchos, dentro y fuera del PP, no hayan creído, ni entonces ni ahora, que la oferta de Anoeta haya significado ningún cambio sustancial en la estrategia etarra, sino la enésima vez que ETA ceba su anzuelo con el espejismo de su retirada? ¿O se extraña de que después de negar con cara de dama mancillada negociación o contacto alguno, alguien pregunte qué ha pasado y qué compromisos se han adquirido, no porque lo diga 'Gara' sino porque se lee en medios a los que se concede especial solvencia, precisamente en círculos oficiales? ¿Tal vez le ofenda que se denuncie una negociación política en curso, que esa negociación se niegue como si fuera una alucinación de los críticos y que un día sí y otro también medios de comunicación aquí y en Madrid informen ampliamente de cómo van los amores y desamores entre PNV, Batasuna y PSE y lo mucho que les han contrariado las actuales dificultades del proceso, ahora que casi tenían cerrado un acuerdo para la constitución de la mesa política?

Antes de quejarse, el Gobierno debería ser capaz de responder por derecho a estas y otras preguntas que dejan en la sombras su proceder en esta situación. ETA lleva más de tres años sin matar. Pues precisamente por eso. Hay demasiadas cosas que, para poder entenderse, requerirían formular hipótesis poco edificantes. ¿Más de tres años sin poder matar y ETA amenazando, Batasuna en la negociación de acuerdos para la mesa política, y en el País Vasco, de nuevo, en el deber cívico de recordar que la paz es la Constitución? Bien mirado, no es de extrañar que Rodríguez Zapatero prefiera hablar de la otra tregua.

El punto de vista irlandés
Editorial ABC 10 Diciembre 2006

LAS declaraciones del primer ministro de la República de Irlanda que hoy publica ABC ponen el dedo en la llaga sobre una cuestión nuclear: el Ulster y el País Vasco no son realidades comparables en términos históricos, sociales y políticos. Bertie Ahern dirige el Gobierno de un país que ha pasado de las hambrunas y la emigración masiva a ser considerado como «el tigre celta», con un PIB por habitante que se sitúa en el segundo puesto de la Unión Europea, sólo por debajo de Luxemburgo. Por cierto: Irlanda rechaza sin titubeos la inmigración ilegal y tampoco plantea falsos debates sobre la lengua, situando al inglés y al gaélico en la posición que corresponde a cada uno.

El posibilismo y la flexibilidad de los políticos irlandeses han contribuido sin duda a este despegue espectacular. Ahern es el líder de un partido (Fianna Fail) que ha sabido adaptar al contexto su pretensión histórica de unificar la isla en un solo Estado. El conocimiento del fenómeno terrorista otorga un especial significado a su advertencia de que, en todo proceso de pacificación, el Estado de Derecho tiene que seguir actuando sin fisuras. La vía policial y judicial es determinante para que los terroristas se sientan forzados a elegir. También es un elemento capital la entrega de las armas y es imprescindible establecer una fecha límite, de manera que los radicales no tengan la sensación de que controlan indefinidamente la evolución del proceso. Sin embargo, los plazos no se han cumplido en el caso del IRA, y tampoco el calendario político ha seguido el ritmo fijado de antemano. Todo está pendiente, a juicio del dirigente irlandés, de que las próximas elecciones ofrezcan un resultado «razonable».

Rodríguez Zapatero debería leer con atención las declaraciones de su colega, expresadas con la máxima prudencia para no interferir en cuestiones internas españolas. Recuerda, entre otras cosas, que cada caso es diferente, aunque avala la discutible expresión «proceso de paz». Deja abierta la puerta a un «plan B» por si fracasa la autonomía norirlandesa y muestra una notable seguridad en los objetivos, combinada con la flexibilidad en los medios. En rigor, la violencia terrorista es el único elemento común entre uno y otro caso. En el País Vasco no existen dos comunidades enfrentadas, ni hay detrás una historia de conflictos entre entidades políticas soberanas, ni mucho menos quedan secuelas de viejas guerras de religión. Sólo hay una organización terrorista que pretende imponer su voluntad al estado democrático, en el marco de un modelo territorial que otorga a las comunidades autónomas españolas unas competencias a las que ni remotamente puede aspirar el Ulster en las circunstancias actuales. En todo caso, es importante conocer y valorar la experiencia ajena para aprender de los aciertos y no repetir los errores.

Hablemos, pues, de tráfico
Luis del Pino Libertad Digital 10 Diciembre 2006

El señor Rubalcaba no quiere hablar de lo que dice ETA. Preguntado por los periodistas sobre su valoración de las amenazas que ETA lanza en su último Zutabe, Rubalcaba ha dicho que "hoy toca hablar de tráfico". Hablemos de tráfico, entonces.

Hablemos, por ejemplo, de tráfico de explosivos. Cuéntenos, señor Rubalcaba, de dónde sacaban la Goma-2 ECO los policías implicados en esa entrega de cinco kilos de dinamita que se produjo en agosto. Cuéntenos a quién iba dirigida esa entrega. Cuéntenos a qué se debe la casualidad de que esos dos policías prestaran servicio el 11-M en la misma comisaría donde apareció la mochila número 13, llena de Goma-2 ECO. Háblenos de quién fabricó esa mochila y de quién dio la orden de fabricarla. Coméntenos desde qué hora sabía usted de su existencia. Díganos si la trama asturiana era un grupo creado por las propias fuerzas de seguridad para entregar dinamita marcada a ETA. Háblenos de quién dejó el 11-M unas cajas de Goma-2 ECO vacías en un garaje de Pozuelo. Explíquenos de qué cartucho salieron los pegotes de Goma-2 que se enviaron a la Policía Científica para convencernos de que en la furgoneta de Alcalá apareció ese tipo de dinamita. Díganos que tenía de especial esa dinamita para que no la olieran los perros. Cuéntele a la opinión pública cómo puede ser que uno de los imputados por el 11-M ya hubiera sido anteriormente condenado por suministrar 400 kg de explosivo a Terra Lliure a través de un intermediario etarra.

O hablemos, si lo prefiere, de tráfico de armas. Cuéntenos si es verdad, como la propia policía afirma en documentos del sumario, que dos guardias civiles suministraron armas a uno de los grupos de supuestos implicados en el 11-M. Háblenos de las investigaciones realizadas para determinar cómo es posible que una pistola de un general fallecido apareciera entre las armas incautadas a los presuntos terroristas del 11-M. Díganos qué investigaciones se han realizado para determinar el origen de los subfusiles encontrados en Leganés.

O hablemos, si quiere usted, de tráfico de coches robados. Cuéntenos cómo es posible que en el sumario aparezca relacionado el nombre de un traductor de la Policía con el robo de un coche por parte de uno de los implicados en el 11-M. Díganos cómo se come que los terroristas, según la versión oficial, fueran a Alcalá en sendos coches robados que no tenían las matrículas dobladas. Háblenos de por qué la Policía introdujo un falso testigo chileno en el sumario del 11-M para explicar el robo del coche Skoda Fabia. Explíquenos cómo el Toyota Corolla robado pudo pasar tranquilamente hacia Madrid después de ser multado por la Guardia Civil durante el transporte de los explosivos.

O hablemos, por qué no, del tráfico de drogas. Díganos por qué se permitía a los confidentes policiales de la trama asturiana mantener un próspero negocio de tráfico de estupefacientes. Explíquenos cómo es posible que, según la versión oficial, Jamal Ahmidan pudiera mantener un lucrativo mercado en una zona dominada por ETA. Díganos de dónde salieron las drogas incautadas en el domicilio de Hicham Ahmidan (casi 2 millones de euros, oiga) y por qué ni la Policía ni el juez han querido tomar declaración a ese sujeto.

Hablemos de tráfico, señor Rubalcaba. Y de traficantes. O de lo que usted quiera. Pero hablemos de algo. Porque supongo que no hará falta que le recuerde que España se merece un gobierno que le diga la verdad. Y usted lleva ya demasiado tiempo callado, mientras la porquería comienza a rebosar por los bordes del pozo negro. ¿De qué nos tocará hablar mañana, señor Rubalcaba?

Babel
Pío Moa Libertad Digital 10 Diciembre 2006

El PSOE no tiene el menor empacho en culpar al PP por el probable fracaso de su "proceso de paz", una acusación gravísima, demoledora en caso de ser cierta. El PSOE dispone de una base política-ideológica que le permite maniobrar, embaucar a parte de la población y poner al PP a la defensiva, como viene ocurriendo: hay en marcha un proceso de paz para acabar con el terrorismo, y el PP lo está saboteando con su oposición radical e irresponsable.

A su vez, el PP es incapaz de decir la verdad más obvia: que no se trata de un proceso de paz, sino de guerra a la Constitución; que no destruye el terrorismo, sino que lo premia, convirtiendo el asesinato en un modo aceptado de hacer política y destruyendo las bases de la convivencia en libertad, las bases del estado de derecho. Un proceso que trae aparejados inevitablemente otros: el ataque sistemático a la unidad nacional, a la independencia o a la simple decencia judicial, el acoso a las organizaciones de las víctimas, etc.

Por incapaz de señalar estos hechos, el PP se priva de cualquier base sólida de maniobra para denunciar y demoler cada maquinación del proceso. Gira a la defensiva ante las iniciativas del gobierno, y termina por seguirle en medio, eso sí, de protestas irrisorias o de ofertas grotescas sobre el "precio político". De paso desmoraliza y divide a sus propios votantes y desconcierta a los indecisos.

El caso más sangrante, hasta ahora, ha sido su actitud ante los estatutos, punto clave del proceso de guerra a la Constitución y del acuerdo con los separatistas y los terroristas. Tras denunciar la estridente inconstitucionalidad del estatuto catalán, así como la completa falta de demanda social para los estatutos –exigidos en cambio por castas de políticos corruptos e indisimuladamente antiespañoles--, termina entrando en la carrera por unas autonomías cada vez más disgregadoras.

En el mito de Babel, los hombres terminan por no entenderse, a base de pervertir el lenguaje en función de intereses o aspiraciones espurios. "Proceso de paz", "alianza de civilizaciones", "autodeterminación", "Euskadi", "interés ciudadano"... No hay trampa en la que no caiga el PP. En buena medida la lucha por la libertad consiste en una permanente clarificación de los significados, frente a sus perversores.

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Zapatero habla de perfil
Por M. Martín Ferrand ABC 10 Diciembre 2006

ESTAMOS perdiendo la costumbre de mirarnos a los ojos los unos a los otros, tal y como marcaban las normas de la buena educación. Las miradas perdidas, sean por lo que fueren, conllevan desinterés por el interlocutor y, aún peor, disimulan el engaño o la mentira que, ligeritos de peso ético, ya forma parte de la habitualidad. Hace sólo unos años era impensable hablarle a alguien de respeto sin mantener-le la mirada; pero, según nos demuestran las calas sociológicas en que se han convertido muchos de los más indeseables programas de la televisión, ya es posible y está aceptado que dos personas conversen puestos de espaldas el uno con el otro.

José Luis Rodríguez Zapatero tiene mucho que ver con el fenómeno. Los líderes ejercen sobre los ciudadanos una influencia, incluso gestual, que va mucho más allá que los asuntos propios de entendimiento, o discrepancia, entre el administrador y los administrados. En las imágenes que emiten los telediarios, Zapatero aparece con infinidad de compañías y rara vez la cámara les sorprende frente a frente, mirándose a los ojos y enfrascados en el asunto que les convoca. Zapatero habla de perfil, como si no quisiera comprometerse demasiado o lo hiciera con el complejo de saber que no dice la verdad. Incluso cuando, en un discurso, se dirige al objetivo de la cámara -a nosotros- agacha un tanto la mirada y evita la firmeza y la solemnidad.

Buena parte de la acción política del hoy presidente del Gobierno se sustenta en el engaño. Ha ido labrándose una situación a base de decirle a mucha gente lo que, se supone, quería escuchar y eso no tiende a la verdad, que es incómoda y antipática. Le ocurre ya al líder socialista que muchos de quienes le apoyaron y votaron en 2004 empiezan a descubrir su falsedad. Quizás, dado su antinorteamericanismo esencial y pueril, no sea capaz de tener presente la mejor y más pragmática conseja política de Abraham Lincoln: «Se puede engañar a algunos todo el tiempo y a todos algún tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo».

Los grandes mentirosos de la política, terreno feraz para el cultivo de práctica tan indeseable, suelen abundar en pactos y compromisos. Así refuerzan la endeblez de sus asertos. A Zapatero le están cumpliendo ya los plazos de la credibilidad. Ayer contaba aquí Fernando Rojo que, por doquier -Badajoz, Soria, Tomelloso, Teruel... -, las plataformas vecinales le reclaman al presidente el cumplimiento olvidado de sus pasadas e inconsistentes ofertas. Ese suele ser el principio del fin del gobernante; pero, que nadie se alboroce, Zapatero no gobierna, aplaza. No es, en consecuencia y en sentido estricto, un gobernante clásico y su estilo encuadra mejor entre los vendedores de mantas y peines en las ferias de los pueblos que entre los estadistas de respeto.


CASI CIEN ASESINADOS POR ETA... "ESTÁN AÚN IMPUNES"
Antonio García Fuentes Periodista Digital 10 Diciembre 2006

Cuando esto escribo leo en grandes titulares de prensa, lo que sigue: “Más de ochenta asesinatos de ETA. Casi uno de cada diez todavía no han sido resueltos”: Las víctimas temen que el “proceso de paz” desactive las investigaciones. La sombra de la prescripción se cierne sobre los casos sin resolver, por eso, reclaman que el Tribunal Penal Internacional tenga competencia en estos delitos”- Las lecciones olvidadas desde 1982. Desde el magnicidio de Carrero Blanco, los responsables de la “Operación Ogro”, no han sido juzgados 33 años después”.

Y así hasta ese casi centenar de víctimas de todo tipo y condición y donde la relevancia de algunas de ellas, no tapa el asesinato de todos los demás, puesto que un asesinato es asesinar a una persona y sea de la clase que sea… conviene no olvidar que un muerto duele igual… “a la familia de un primer ministro que a la de un mendigo”… los sentimientos humanos, no guardan relación con el oropel o la “dignidad” material que el cuerpo del asesinado, ejerciera en el momento de su asesinato… y que ese ser, tuvo padre, madre, hermanos, hijos, amigos, compañeros, etcétera… los inútiles políticos, no saben valorar todo ello o peor aún, lo ocultan perversamente y no… conviene señalar a estos “demócratas de pacotilla y defensores de los derechos del hombre” (que generalmente lo que defienden es lo suyo); lo que es y significa cada ser humano desde que nace hasta que muere.

Por ello y con la imaginación y armándose de valor, hay que imaginar a ese casi centenar de cadáveres (muchos de ellos reducidos a piltrafas) tendidos en el suelo y en una hilera y “verlos panza arriba” y con la mueca que de tan terrible hecho; les quedaría en su rostro… y éste, imaginarlo con unos ojos impotentes pero fijos en sus asesinos, los que los instigaron o encubrieron y luego en los jueces, leyes y políticos… en los que en su silencio, simplemente claman por una justicia que se les debe y merecen… y no, no se trata de venganza alguna, cosa que sí practica el terrorismo y de la forma más cobarde que imaginarse pueda… sino de justicia… J U S T I C I A. La que no es sólo necesaria para los muertos (que ya nada necesitan) pero sí para todos los que quedamos vivos conformando una sociedad, bastante “gangrenada” y la que de no, ir siendo curada con “el bisturí” oportuno; terminará destruida o devorada, por esas alimañas que quieren una paz (su paz y con derechos de conquista), sin reparar en la cantidad de sangre e infinidad de latrocinios “menores”, con los que se han endeudado con la sociedad que les mantiene… puesto que esa es otra… ¿quién les mantiene, sino el trabajo de todos aquellos que extorsionan?.

Han pasado milenios desde aquellas terribles escenas que conocemos por la historia y donde aquellos bárbaros, pronunciaran aquellas terribles sentencias… ¡¡Hay de los vencidos!!... y la otra que pronunciara otro bárbaro, cuando expoliada la ciudad le preguntan… “Si te llevas todo… ¿Qué nos dejas?... y aquel “animal” (con perdón para los peores animales) simple y con la maldad que hay que imaginar, dice… “Os dejo la vida”.

Pues bien, todo esto y mucho más, tiene que tenerlo en cuenta el que dice ser Presidente del Gobierno de todos los españoles; que piense en ello antes de obrar de forma, que como mínimo, le va a acarrear el desprecio total de una mayoría de españoles… ¡Pues víctimas del terrorismo somos todos, mientras exista! Y lo mismo que murieron tantos inocentes… igual nos pudo tocar a uno de nosotros… “simplemente por que pasábamos por allí”. Y quede claro que quien esto escribe, le da igual “el color del gobierno que sea”; pide solo eficacia y economía; dos cosas muy sencillas… “las ideologías han muerto y están sepultadas, afortunadamente”.

Antonio García Fuentes
(Escritor y filósofo)
www.jaen.ciudad.org (allí más)

Guillermo García-Panasco, portavoz de la Asociación de Fiscales:
«La reforma del Ministerio Fiscal es un fraude»

«El Gobierno ha demostrado muy poca voluntad política de llegar a acuerdos que pudieran ser compartidos por la mayoría de la carrera» - «El fiscal general es el único cargo institucional no sometido a contrapeso alguno»
F. Velasco La Razón 10 Diciembre 2006

MADRID- La reforma del Estatuto del Ministerio Fiscal aprobada por el Gobierno en su último Consejo de Ministros ha levantado ampollas en la asociación que representa a la mayoría de la carrera fiscal, que considera que se ha perdido una gran oportunidad para haber dotado a la fiscalía de una verdadera autonomía e independencia respecto al poder Ejecutivo. El portavoz de la Asociación Fiscales califica de «fraude a los ciudadanos» el texto aprobado.

-¿Qué valoración realiza del proyecto refrendado por el Gobierno?
-Claramente negativa, puesto que no se profundiza realmente en la autonomía del Ministerio Fiscal, tal y como se pretende hacer creer por el Gobierno. En este sentido, la reforma se puede calificar como un fraude a los ciudadanos. Creemos que no se puede pretender reforzar la autonomía de la institución, y seguir vinculando al FGE con el Gobierno de turno, sin contrapeso alguno dentro de la carrera, como pueda ser el Consejo Fiscal, y sin dotar al Ministerio Fiscal de capacidad de gestión presupuestaria ni de un desarrollo normativo de nuestras diligencias de investigación.

- ¿Confiaba en que se admitiesen algunas de las reivindicaciones más importantes?
- Pues la verdad es que sí, pero no ha sido así. El Gobierno ha demostrado finalmente muy poca voluntad política de llegar a acuerdos que pudieran ser compartidos por la inmensa mayoría de la carrera. Y la muestra es que no se han acogido numerosas propuestas formuladas por el Consejo Fiscal y por la Asociación de Fiscales que, a nuestro juicio, eran muy constructivas y pretendían resolver problemas largamente planteados en nuestra carrera.

- ¿Por qué cree que no se quiere reforzar el papel del Consejo Fiscal?
- Porque interesa mantener el poder omnímodo del Fiscal General del Estado, fuertemente vinculado al poder ejecutivo de turno, sin contrapeso alguno dentro de la carrera. Esto no contribuye a la necesaria apariencia de imparcialidad que deber presidir toda nuestra actuación. Y se posterga al máximo órgano representativo de la carrera, reforzando al mismo tiempo la Junta de Fiscales de Sala que, sin embargo, puede estar conformada a «imagen y semejanza» del Fiscal General del Estado de turno, con lo que el control real de la actuación del FGE queda muy diluido.

-¿Qué le parece que se fije en cuatro años el mandato del fiscal general y que una de las causas de su cese sea el fin del mandato del Gobierno que le propuso?
- Con ello se lanza un mensaje claramente distorsionado de lo que debe ser el Ministerio Fiscal. Si el fiscal general sigue tan fuertemente vinculado con el Gobierno de turno será extraordinariamente difícil que el ciudadano medio piense que sus actuaciones no obedecen a criterios políticos. Eso es tremendamente negativo para toda la carrera, pero también para los ciudadanos, que son a los que representamos.

-¿Cree que con esta reforma se refuerza, como dice el Gobierno, la independencia y autonomía de la fiscalía, y, en concreto, del fiscal general?
- Claramente, no.

Oportunidad perdida
-¿Piensa que se ha perdido una buena oportunidad para «poner al día a la fiscalía?
-Desde luego. Pero no ha sido la primera vez. La reforma del año 2003, con el Gobierno anterior, tampoco dejó a nadie satisfecho, y hoy volvemos a tener una reforma que, mucho me temo, -y ojalá me equivoque- tendrá muy poco consenso parlamentario. De nuevo la carrera se verá envuelta en una polémica estéril, que no necesita, y que lo único que hace es erosionar la imagen que se transmite a los ciudadanos de lo que es, y de lo que debe ser el Ministerio Fiscal.

- ¿Piensa que realmente existe «miedo» a una mayor independencia de la fiscalía?
- A mi juicio, es evidente. Todos los partidos políticos afirman querer una mayor autonomía de la Fiscalía, pero ninguno está dispuesto a cambiar su regulación para que esa autonomía sea real y efectiva.

Incoherencia «inexplicable»
- El Gobierno sostiene que al ampliarse el plazo de las diligencias de investigación se podrá luchar más eficazmente contra la corrupción. ¿Comparte ese diagnóstico?
- A nuestro juicio, no basta con ampliar ese plazo. Las diligencias de Investigación adolecen de una falta de regulación completa que permita su mayor eficacia. El Gobierno alega que próximamente va a presentar una reforma en profundidad del proceso penal. Sin embargo, nosotros creemos que, hasta que eso ocurra, pasarán muchos años, porque es una reforma compleja y cara, y mientras tanto, seguiremos con un instrumento normativo claramente insuficiente, que refleja una incomprensible desconfianza hacia el Ministerio Fiscal, de quien paradójicamente se dice que se pretende su mayor autonomía. Nos parece una incoherencia inexplicable.

-Al vincularse el mandato del fiscal general al del Gobierno, se provocará reacciones «en cadena», como, por ejemplo, en la secretaría técnica. ¿Qué puede suponer?
-Corremos ese riesgo, pero no solamente con los Fiscales de la Secretaría Técnica, sino en todos los cargos de libre designación, como algunos Fiscales de Sala, los Fiscales Jefes, etc. Si el fiscal general no tiene contrapeso alguno, se pueden producir cambios injustificados en los cargos de libre designación en la carrera, y eso no beneficia a nadie, y compromete enormemente no sólo la imagen de la Fiscalía, sino las legítimas expectativas de promoción profesional de los Fiscales.

-¿Cuáles son, por tanto, los principales reproches de la Asociación de Fiscales a la reforma aprobada por el Ejecutivo?
- En primer lugar, el procedimiento ha sido muy poco participativo. En segundo lugar, no ha habido auténtica voluntad negociadora. En tercer lugar, la figura del fiscal general tiene que estar claramente desvinculada del Gobierno de turno, de cualquier Gobierno, fijando para ello un mandato superior al de una legislatura parlamentaria. En cuarto lugar, hay que reforzar los órganos colegiados del Ministerio Fiscal, como el Consejo Fiscal. A día de hoy, el Fiscal general es el único cargo institucional que no está sometido a contrapeso alguno, y eso nos parece inaceptable en un Estado democrático.

En primera persona
Ingresó en la carrera fiscal en 1994 y, desde entonces, su único destino ha estado vinculado a Las Palmas de Gran Canaria, su ciudad de nacimiento. Actualmente es fiscal coordinador, especializado en procedimientos relacionados con medio ambiente y urbanismo. En la Asociación de Fiscales ya es todo un «veterano», donde ha desarrollado una intensa actividad. En 2001 entra a formar parte de la asociación, y en el último congreso fue elegido, en octubre de 2005, fue elegido portavoz. Desde entonces, sus principales «caballos de batallas», dentro de la AF, se han centrado en la reforma del Estatuto del Ministerio Fiscal, en la férrea oposición a la posibilidad de introducir traslados forzosos para los fiscales y en denunciar la política de nombramiento del actual fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido. Poco amante de los deportes, tiene claro el principal objetivo de su asociación en estos momentos: «Luchar por un Estatuto que otorgue una real independencia de la fiscalía respecto al Poder Ejecutivo».

ERC, ICV y CiU amenazan con recurrir el decreto que regula el castellano en la escuela
Educación impedirá que la enseñanza de otras asignaturas quite horas al castellano
EL PAÍS - Barcelona  10 Diciembre 2006

La medida aprobada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para que los alumnos de primaria reciban un mínimo de tres horas semanales de lengua y literatura castellana desde el próximo curso ha provocado una tormenta política en Cataluña. La medida impide que una comunidad pueda reducir las horas de castellano a costa de otro idioma cooficial. CiU, ERC y ICV la criticaron y no descartan recurrirla porque, en su opinión, atenta contra el recién aprobado Estatuto; el Departamento de Educación -en manos de los socialistas del PSC- dijo que debe estudiarla, y el PP y Ciutadans, que se queda corta.

Numerosas escuelas de Cataluña han reducido las horas obligatorias de castellano para impartir en catalán la parte común a ambos idiomas, conocidas como estructuras lingüísticas. Los contenidos de esta asignatura son iguales en catalán y castellano (por ejemplo, conocer el sujeto o el predicado de una frase), por lo que muchos centros la imparten en catalán.

La mayoría de escuelas catalanas imparten dos horas de castellano a la semana, por lo que la medida aumentará el horario del castellano en estos centros en un 50%. El decreto busca asegurar que no se reduzca el horario del castellano. La Generalitat de Cataluña confirmó ayer que parte del aprendizaje de las estructuras lingüísticas se da en catalán a costa de reducir el castellano. Ahora el decreto blinda las horas de castellano a partir del curso que viene.

El decreto, de cuyo contenido ha dado cuenta El Periódico de Catalunya, ha optado por esta fórmula para asegurar tres horas semanales de castellano: "Los contenidos referidos a estructuras lingüísticas que puedan ser compartidos por varias lenguas de un mismo ciclo podrán impartirse de manera conjunta. En este caso, si la lengua de enseñanza de estas estructuras comunes fuera diferente del castellano, deberá garantizarse que el alumnado recibe enseñanzas de lengua y literatura castellana o en lengua castellana en un número de horas no inferior al que corresponda al área (...)".

El secretario general del Ministerio de Educación, Alejandro Tiana afirmó ayer: "No decimos cuánto tiempo deben de dedicar a la lengua catalana, pero no podrán detraerlo de las tres horas de castellano". El Ministerio de Educación decide sobre el 55% del horario dedicado a las distintas materias en las comunidades con dos idiomas. Cataluña, como otras comunidades con lengua cooficial, puede decidir sobre el 45% del horario lectivo restante, diez puntos más que las comunidades monolingües. La medida ha cogido por sorpresa a los partidos catalanes. Aunque algún socio de Gobierno del PSC en la Generalitat afirmaba ayer que el decreto ha causado un profundo malestar, desde el Departamento de Educación, un portavoz dijo no tener constancia de ello. También recalcó que lo primero que hará el departamento "es solicitar un informe a los servicios jurídicos de la Generalitat para ver si el decreto estatal invade competencias".

El «proceso» avanza sobre Navarra
ÁNGEL COLLADO ABC 10 Diciembre 2006

MADRID. La anexión de Navarra al País Vasco con una parada intermedia en forma de órgano político común de «cooperación» es uno de los asuntos abordados en las conversaciones, directas e indirectas, mantenidas entre el Gobierno y ETA; las anteriores dieron lugar al «alto el fuego» de la banda terrorista y las posteriores fueron para preparar la llamada «mesa de partidos». El alto grado de elaboración teórica de ese punto del «proceso» que destilan las declaraciones y textos de los batasunos y la calculada ambigüedad de los socialistas disparan las sospechas en el PP, que ha decidido abrir un capítulo aparte de denuncia en el Congreso.

Batasuna considera que Navarra «debe implicarse desde el primer momento en el proceso democrático de toma de decisiones sobre el futuro de Euskal Herria» y propone que «los acuerdos que se adopten entre los partidos deberán ser sometidos a la decisión de la ciudadanía navarra mediante consulta». El Gobierno, entre las exigencias de ETA y los ataques del PP, se ha atrincherado en la frase «nadie va a imponer a Navarra un cambio institucional que los navarros no deseen» (Rubalcaba en el Congreso el pasado 29 de noviembre), sin fijar en ningún momento su posición de principio.
Con todos los condicionales que pone la situación de bloqueo del llamado «proceso de paz» -más por la falta de voluntad de ETA y los problemas para satisfacer el capítulo de la «autodeterminación» exigidos por la banda que por las posibles dudas del Gobierno-, las conversaciones sobre Navarra parecen avanzadas.

Negociador Eguiguren
«Gara», órgano oficioso de expresión de Batasuna rescataba la pasada semana una cita significativa de Jesús Eguiguren, «presidente del PSE y uno de los interlocutores en las negociaciones para la conformación de la mesa de partidos»: «La aplicación de los acuerdos y decisiones políticas adoptadas a lo largo de todo el proceso deberá llevar a cabo los procedimientos previstos en el Estatuto de Guernika, la Ley de Reintegración y Amejoramiento del Fuero de Navarra y la Constitución de 1978».

También recurría la citada publicación a documentos aprobados por el PSE con la llegada de Patxi López a la secretaría de la organización. En uno de ellos se propone «una nueva relación institucional con Navarra, desprendida de cualquier discurso unificador» y también se postula «una relación especial surgida no sólo de la mera vecindad, sino también de las raíces profundas de afinidad cultural, lingüística, histórica y social».

El brazo político de ETA no pone inconvenientes sobre el procedimiento y admite que «los acuerdos que se adopten entre los partidos sean sometidos a la decisión de la ciudadanía navarra mediante consulta», además de plantear la necesidad de que los grupos sociales, sindicales y políticos de la actual Comunidad Foral participen en «el proceso».

Como la Constitución, en su disposición transitoria cuarta, deja la puerta abierta a que Navarra se incorpore «al Consejo General Vasco o al régimen autonómico que le sustituya» y la iniciativa debe corresponder al «órgano foral competente», el entendimiento perfilado entre batasunos, socialistas y nacionalistas vascos en sus conversaciones «secretas» precisa, para hacerse realidad, una nueva mayoría parlamentaria en Navarra frente a la actual hegemonía de Unión del Pueblo Navarro y los también foralistas de CDN.

El candidato socialista, Fernando Puras, mantiene los mismo equilibrios que Zapatero y su ministro del Interior a la hora de hablar del futuro de la Comunidad Foral. «Lo que quieran los ciudadanos». Pero no aclaran cuáles son sus preferencias para buscar alianzas. UPN se quedó en 2003 a sólo dos diputados de la mayoría absoluta, pero con los cuatro del grupo de Juan Cruz Alli ha gobernado sin problemas. Ahora, las encuestas señalan un desgaste de esa mayoría, posiblemente más debido más a su gestión o imagen «muy de derechas» que a su actitud ante la ofensiva del nacionalismo vasco.

Ante ese panorama, el presidente de la Comunidad, Miguel Sanz, ha adoptado una posición mucho más matizada e institucional que el PP frente a las negociaciones, para no molestar a los sectores más tibios del electorado. Y en parecidos registros se mueven los socialistas, en su caso para evitar fugas de sus votantes que ven peor el acercamiento al nacionalismo. En caso de salir los números, sería un hecho la alianza con IU, PNV y la marca con que se presente Batasuna.
Otegi admite que «el discurso de anexión o integración de Navarra ha sido muy mal entendido por la sociedad navarra» y lo que toca a partir de ahora es «crear un marco de estabilidad democrática en el que en diez o quince años el conjunto de la ciudadanía vasca vea que el proyecto más atractivo, en el que se vive mejor es en un proyecto nacional independiente que recupera la «estatalidad» de Navarra».

Nueva estrategia batasuna
En un nuevo intento de pedir explicaciones o, más bien de dejar evidencia al Ejecutivo, el PP -por medio del diputado de UPN Jaime Ignacio del Burgo- defenderá el próximo martes en el Congreso una moción consecuencia de interpelación urgente para instar al Gobierno a que renuncie a hacer cesión política alguna a ETA, en general pero muy en particular en lo que toca a Navarra.

El texto recoge, uno a uno, los procedimientos y fórmulas negociadas entre Batasuna, el PSE y el PNV en los últimos meses para despejar el camino hacia la «mesa de partidos» que, ya con menos discreción y después de las elecciones autonómicas y municipales de mayo, plantearía una «reforma del marco político» que conciliaría las posiciones de terroristas -por medio de Batasuna- socialistas y nacionalistas vascos, también en lo tocante a Navarra.

El Grupo Popular plasma en los cinco puntos de su moción el rechazo a las maniobras que más de cerca tocan a Navarra en las negociaciones del Gobierno con ETA con la esperanza, remota, de sacar al PSOE de su actual oscurantismo en la materia. Pretende la oposición que el Congreso inste al Ejecutivo a admitir que no está legitimado a «formular ninguna declaración política de reconocimiento de la existencia de una supuesta nación denominada Euskal Herria, integrada por siete territorios, entre ellos Navarra, tal y como pretende ETA».

También aspira el PP a que el Congreso rechace precisamente los puntos de preacuerdo tocados en las conversaciones «secretas» a tres bandas mantenidas en los últimos meses por Batasuna, PSE y el PNV: constitución de «mesas políticas» para acordar un nuevo marco conjunto para el País Vasco y Navarra y nuevas propuestas para satisfacer la petición de ETA de «la internacionalización del conflicto».

Como colofón, el Grupo Popular exige que el Estado de Derecho ponga todos sus instrumentos al servicio de la Justicia para lograr que en las próximas elecciones autonómicas y municipales no se pueda presentar candidatura alguna que tenga algo que ver con el terrorismo. Para despejar cualquier duda sobre lo avanzada que está la negociación con ETA-Batasuna sobre Navarra, el PSOE no tendría más que apoyar la moción del PP.

Queman cinco cajeros y atacan las antiguas oficinas de Correos en Durango
El Correo 10 Diciembre 2006

Una veintena de encapuchados, según fuentes de la Policía Local, incendiaron anoche cinco cajeros automáticos de Durango y atentaron contra la oficina que ocupaba Correos hasta hace dos semanas, informa Marta Aranbarri. Los incidentes ocurrieron hacia las 23.15 horas en el casco viejo, más concurrido de lo habitual debido a la celebración de la feria del libro y disco vasco. Los radicales quemaron los dos cajeros de la sucursal de la BBK en Goienkale, el del Santander Central Hispano situado en la confluencia de Andramari con Zumalakarregi, el de Bankoa en Sanagustinalde y el de Baskonia en los soportales del Ezkurdi. También lanzaron contra las anteriores dependencias del servicio postal un 'cóctel molotov' que no alcanzó su objetivo.
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