AGLI

Recortes de Prensa     Jueves 14 Diciembre  2006

Libertad lingüística, también para la programación didáctica.
Reckiario www.estatutogalicia.info 14 Diciembre 2006

Los esbirros de la normalización ladran y están obteniendo todos sus objetivos sin dar un sólo mordisco. Algunos ya sabemos que no tienen dientes, y nos reímos de sus bravatas, pero con la amargura de saber que no somos suficientes frente a las masas que se les rinden sin apenas resistencia -o con una resistencia individual, que entraña un gran coste psicológico, pero escasa eficacia desde el punto de vista de la defensa cívica de la libertad- Es necesario desenmascarar el fantoche huero de la normalización antes de que engorde hasta el punto de tomar consistencia e irreversibilidad.

Fue un niño el que dijo que el duque del cuento iba desnudo. Es una experiencia apasionante: la oportunidad de ser un héroe sin un coste comparable. Desde esta página llamamos sin rebozo ni sordina, a la rebelión cívica. Antes de que la 'educación para la ciudadanía' cree loritos que crean que la ‘normalización lingüística’ es un imperativo ético y no el oprobio de una claudicación general ante una cara del totalitarismo.

Un miembro de Coruña Liberal nos ha llamado la atención sobre una carta publicada en la Voz de Galicia el 06 de diciembre por D. Gonzalo González García, de Vigo, en la que informaba de que el Decreto 247/95 en cuya aplicación los esbirros lingüísticos de la Consejería de Educación han llevado a cabo una campaña de amenazas y extorsión a los profesores que habían presentado la programación de su asignatura en español, había sido modificado como consecuencia de la sentencia 131/96 del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, recaída en recurso contencioso administrativo interpuesto por AGLI (Asociación Gallega por la Libertad de Idioma)

En efecto, AGLI impugnó el Decreto 247/95, y, como consecuencia de ello el Tribunal Superior de Justicia declaró nulo su art. 1º, párrafos 1, 2 y 3.

A continuación se puede leer, primero, el apartado de la sentencia que declara esa nulidad y seguidamente el artículo anulado y sanado con tres palabras mágicas:

Sentencia 131/96 del Tribunal Superior de justicia, recaída en La Coruña, a veintitrés de febrero de mil novecientos noventa y seis, en el proceso contencioso-administrativo que con el número 01/1663/95, (ley 62 /78 de protección jurisdiccional de los derechos fundamentales de la persona), interpuesto por Asociación Gallega para la Libertad de Idioma, …

QUINTO.- El primer artículo impugnado es el 1º Puntos 1.2.3 en cuanto impone exclusivamente la lengua gal1ega en las relaciones mutuas e internas de las Administraciones Territoriales y Locales.

La inconstitucionalidad del precepto en relación con el artículo 14 de la Constitución resulta manifiesta al determinar una patente desigualdad frente al uso del idioma castellano que absolutamente se posterga en todas las relaciones, anuncios y comunicaciones con la única salvedad de las actuaciones que se realicen a solicitud de persona interesada y para el caso de que ésta la pida. Ello también supone una vulneración de lo dispuesto en el artículo 5 del Estatuto de Autonomía de Galicia y art. 4.2 de Ley 3/1983, de 15 de Junio, de normalización lingüística, que en coherencia con el precepto constitucional citado vienen a establecer la cooficialidad de ambas lenguas en consideración a las dos comunidades lingüísticas.

Tales prescripciones no pueden encontrar fundamento en la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de Octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo pues aquellas actuaciones, de carácter meramente administrativo, quedan fuera del marco de la enseñanza que es precisamente lo que trata de regular el Decreto cuestionado. No existe, por tanto, razón para la inexistencia de la cooficialidad de los dos idiomas en lo concerniente a la propia administración cuyas bases de régimen jurídico compete al Estado a tenor del artículo 149.1.18ª de la Constitución. E1 propio artículo 5 del Estatuto de Autonomía de Galicia señala en su apartado 2 que “Los idiomas gallego y castellano son oficiales en Galicia y todos tienen el derecho de conocerlos y usarlos”, añadiendo el 3 que “Los poderes públicos de Galicia garantizarán el uso normal y oficial de los dos idiomas”.

En el mismo sentido el artículo 4. 1 de la Ley 3/1983, de 15-6, de normalización lingüística, prescribe que el castellano también es, con el gallego, lengua oficial de las instituciones de la Comunidad Autónoma. Y cuando su artículo 2 señala que los poderes públicos de Galicia, garantizarán el uso normal del gallego, añade también “del castellano”, ambas lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma.

La determinación, por tanto, de que solo sea, el idioma gallego el utilizado dentro de la Administración educativa supone una patente discriminación respecto al castellano, de modo que cualquier ciudadano español, fuere o no de Galicia, desconocedor del idioma gallego que no tiene el deber legal de conocer (S.T.C. nº 84/1986, de 26-6), quedaría absolutamente discriminado y en situación de inferioridad frente a todos los textos, comunicaciones, impresos y anuncios redactados en idioma gallego, que según el Decreto impugnado será el exclusivamente utilizado en todas las actuaciones de la administración educativa con la única limitada excepción señalada. Ello supondría una clara discriminación que proscribe también el art. 1.3 de la L.N.L.

Como se ha dicho, el Decreto en ese extremo ha extralimitado la materia a regular, y los propios argumentos de la contestación en ese punto se centran en la enseñanza que es precisamente a lo que no se refiere el artículo 1º. Es significativo que, siguiendo el principio de igualdad, el propio articulo 5 de la Ley de Normalización determina ya la publicación en gallego y castellano de todas las Leyes, Decretos y demás resoluciones de la Administración Pública gallega.

Razones por las que procede decretar la nulidad de dicho artículo en sus apartados 1, 2 y 3.

La Junta de Galicia procedió a “acatar” la sentencia mediante el fraude siguiente:

[Mediante el Decreto 66/97] Se modifican los apartados 1, 2 y 3 del artículo 1 del Decreto 247/1995, de 14 de septiembre, por el que se desarrolla la Ley 03/1983, de normalización lingüística (LNL), quedando con la siguiente redacción [destacadas las tres palabras mágicas, con virtud, supuestamente, para sanar tanto mal]:

CAPITULO I
El gallego, lengua oficial de la Administración educativa en Galicia
Artículo 1.

1- La Administración educativa de Galicia y sus centros de enseñanza utilizarán, con carácter general, la lengua gallega y fomentarán su uso tanto en sus relaciones mutuas e internas como en las que mantengan con las administraciones territoriales y locales gallegas y con las demás entidades públicas y privadas de Galicia.

2- Los documentos administrativos de la Consejería de Educación y Ordenación Universitaria, de sus delegaciones y de los centros de enseñanza dependientes de ella se redactarán, con carácter general, en gallego, y en ellos constará el nombre del centro y del topónimo del municipio o entidad de población en su forma oficial.

3- Las actuaciones administrativas de régimen interno de los centros docentes, tales como actas, comunicados y anuncios, se redactarán, con carácter general, en gallego. También se redactarán en gallego las actuaciones administrativas que se realicen a solicitud de persona interesada, excepto en los casos en que ésta pida que se hagan en castellano.

No es un acatamiento, sino una burla.

En primer lugar, el Decreto 66/97 es una norma vergonzante, que oculta su causa, su origen: carece de exposición de motivos. Compárese con la verborrea nacionalista que precede al Decreto 247/95. Quien estudie este Decreto en su redacción actual y lo contraste con su antecedente, no sabrá a qué obedece ese anodino “con carácter general”, ni apreciará diferencia substancial entre las dos versiones.

Porque una administración tramposa oculta una información clave: los motivos de la modificación están en la sentencia. Es habitual, y hasta preceptivo, que una modificación reglamentaria inducida o determinada por una sentencia anulatoria, incluya, como antecedente o explicación, los términos de esa sentencia, que son lo que justifica o explica la reforma que se acomete.

Pero si se hubiese hecho así en este caso, la incongruencia sería palmaria. La Junta no ha acatado la sentencia: simplemente se ha burlado del poder judicial y del demandante -AGLI-, del ordenamiento constitucional y estatutario, y de la propia LNL; y, en definitiva, de una sociedad que probablemente se lo merezca.

Pero, los motivos (incluso ocultos) forman parte de la reforma: el nuevo Decreto castrado, no puede interpretarse ni aplicarse al margen de la sentencia del Poder judicial del que es hijo, aunque su madre, la Junta, titular de la potestad reglamentaria, pretenda obscurecer los rasgos de esa paternidad.

Ante la evidencia de que ambas redacciones dicen lo mismo, nos advierte Gonzalo González García en la carta mencionada que es evidente que ambas redacciones no pueden decir lo mismo, porque en ese supuesto la segunda sería también contraria a derecho. La primera tiene un carácter universal, pero es bien conocido que el tecnicismo ‘con carácter general’ admite la posibilidad de excepciones. Un razonamiento impecable.

Pero tampoco nos conformamos con esta interpretación-ghetto, que seguiría siendo manifiestamente inconstitucional e ilegal, y profundamente inmoral. Porque a la vista de la sentencia, como sabíamos antes de tenerla presente, ninguna norma emanada de un poder público español puede reducir el uso del español a una mera excepción. Porque lo excepcional en el Estado de derecho tiende a la desaparición, como esos apéndices que constituye los restos de las patitas que poseyeron algunas especies reptiles en fases muy remotas de su evolución.

Nosotros no aspiramos a ser una excepción, ni una minoría. Aspiramos a que los esbirros del poder nos dejen en paz, y no se inmiscuyan en aspecto alguno en que la restricción de la libertad individual no tenga una justificación suficiente. (Por ejemplo, que te obliguen a circular por la derecha en carretera: evita tu muerte y la de otros). Y no reconocemos como justificación suficientes para el sacrificio de nuestra libertad, ninguna de las ensoñaciones místicas identitarias tardo-románticas que alimentan y envenenan toda la grotesca construcción normalizadora.

Lo ‘educativo’ y lo ‘administrativo’
En nuestro artículo sobre la programación docente en la neolengua: autoayuda, ya manifestamos muy serias dudas -desde luego, suficientes para enervar cualquier torpe tentativa disciplinaria por parte de los esbirros- sobre el supuesto carácter de ‘documento administrativo’ de esa programación.

En su carta a la Consejera de Educación, el grupo de docentes que protestan contra este acoso, dan argumentos propios que deberían desvanecer toda duda.

Pero, además, esta sentencia es muy clara en este punto, y no lo dice una vez sola, sino que insiste en que el Decreto en ese extremo ha extralimitado la materia a regular, y los propios argumentos de la contestación en ese punto se centran en la enseñanza que es precisamente a lo que no se refiere el artículo 1º.

Estado de las Autonomías
Es urgente reformar la Constitución
Defensa de la Nación Española Libertad Digital 14 Diciembre 2006

Se habló mucho de la Constitución el pasado 6 de diciembre. Apenas una semana después, ya se ha dejado de hablar. Y sin embargo, es ahora cuando, lejos de la cortesía festiva, importa afrontar el debate a fondo: nuestra Constitución se encuentra hoy en una situación crucial, un momento en el que nuestra democracia necesita renovarse para no morir.

La Constitución de 1978 ha sido útil y ha garantizado nuestro más largo periodo de paz en democracia. Pero, al mismo tiempo, en los últimos años la presión de los nacionalismos periféricos ha roto sus costuras mediante la proliferación de “realidades nacionales”. Lo que hoy estamos viviendo es, se mire como se mire, una agonía: esta Constitución ya es sólo papel mojado. El Gobierno de Zapatero ha demostrado con los hechos que la Constitución no representa un freno para el deshilachamiento del Estado. Los partidos separatistas, que nunca han ocultado su desprecio hacia el texto constitucional, consideran que ya han sacado de él todo el provecho posible, que no ha sido poco. E incluso el Partido Popular, que había hecho bandera de la estabilidad constitucional, propone ahora medidas de reforma que, por otra parte, parecen de sentido común. En semejante paisaje, ¿qué sentido tiene prolongar la vigencia de una Constitución que ya carece de vigor alguno?

Estamos viviendo una situación extravagante: España quiere ser una nación democrática, pero el sistema político del Estado se asienta sobre unas estructuras que cuartean a la nación y, con ello, amenazan a la democracia, pues ésta se basa en la soberanía del pueblo español. Así pues, el orden constitucional, si desea sobrevivir, debe renovarse. Y debe hacerlo, especialmente, cerrando de una vez el Estado de las Autonomías y, de paso, reformando la ley electoral. El Estado de las Autonomías cumplió una tarea importante: dio carta de naturaleza política a la diversidad real de España, institucionalizó el carácter plural de la nación española. Hace tiempo, sin embargo, que ese objetivo se cubrió con creces. Y ahora es obvio que se ha llegado demasiado lejos, pues el marco autonómico ha dejado de ser útil para la nación y, al contrario, se ha convertido en un factor de desagregación, de conflicto entre regiones, de insolidaridad. Hay que plantear, pues, la necesidad urgente de detener el proceso de desintegración del Estado.

Como la Constitución de 1978 parece incapaz de tal cosa con sus actuales estructuras, es preciso modificarla en el sentido de reforzar su verdadera base doctrinal, que no es el Estado de las Autonomías, sino que es la afirmación de la nación española, indivisible, como sujeto de la soberanía. España no es una suma de comunidades; la legitimidad de nuestra democracia tampoco procede del concierto autonómico. España es una nación y nuestra democracia descansa en la soberanía nacional identificada con el pueblo, esto es, con todos los ciudadanos. Por el contrario, lo que hoy se está construyendo en torno a las reformas estatutarias va cobrando el aspecto de un enorme secuestro de soberanía.

El debate ya no puede estar entre quienes defienden la Constitución del 78 y quienes desean vulnerarla. Ahora el debate ha de plantearse entre quienes han vulnerado ya el principio de la soberanía nacional y quienes desean reafirmarlo. Así ha de plantearse en todos los niveles posibles. Ello, por supuesto, romperá el consenso sobre el que se asienta el sistema. Pero es que ese consenso ya se ha roto desde el momento en que la propia Constitución ha sido deformada mediante reformas de hecho. Un sistema merece ser defendido si protege la democracia y la unidad nacional. Si no, habrá que inventar otro. No hay tiempo que perder.­

Fundación para la Defensa de la Nación Española http://www.nacionespanola.org/

Tiempo muerto
JOSEBA ARREGI El Correo 14 Diciembre 2006

En baloncesto llaman tiempo muerto al que cada entrenador puede reclamar para recomponer la estrategia de su equipo, o para descomponer la del adversario. Y habiendo visto algún partido que otro de ese deporte, he podido constatar que, aunque no siempre, a veces produce su efecto.

En el llamado proceso de desaparición de ETA todas las señales apuntan a que nos encontramos en un tiempo muerto -que se me perdone el término, que no quiere ser ninguna premonición-. Un tiempo muerto no convocado por nadie, pero al que se ha llegado cuando el tiempo de la clarificación de las posiciones de cada parte, el Estado de un lado y ETA de otro, ha puesto de manifiesto las dificultades reales por encima de las retóricas cubiertas de ambigüedad. Hemos llegado al tiempo muerto cuando ETA ha visto con claridad que su desaparición no puede ir acompañada de ninguna ganancia política, porque eso supondría que el Estado de Derecho se desdice de sí mismo, algo imposible.

Estamos, pues, donde hemos estado siempre: ante una ETA con dificultades para interiorizar que tiene que desaparecer sin esperar a cambio ningún premio político, sin poder condicionar la consecución de un premio político por su desaparición. Y de la superación de esa dificultad sólo es responsable la propia ETA, y nadie más, pues ella sola se ha construido su propia dificultad, la vinculación de un proyecto político con el uso de la violencia y el terror.

Los tiempos muertos en baloncesto suelen servir para mejorar la estrategia de cada parte. Los medios de comunicación, especialmente los escritos, dan testimonio de que cada vez es más acuciante la necesidad que siente la ciudadanía para que este tiempo muerto sirva para mejorar la estrategia del Estado, mejora que pasa necesariamente por la unidad de los demócratas, en abreviatura, por la superación de la división entre el PP y el Gobierno de Zapatero.

Pero los mismos testimonios escritos de los medios de comunicación ponen de manifiesto que se ha iniciado una nueva batalla: cómo conseguir que la ciudadanía perciba que es el otro partido el responsable de la división, y no uno mismo. En los momentos de esperanza e incluso de euforia esta cuestión no importaba tanto. Cuando parece que las cosas van mal, se convierte en la cuestión esencial. Esta nueva batalla no augura nada bueno para la deseada y necesaria unidad de los dos grandes partidos en la lucha antiterrorista: todo indica que la cuestión de la desaparición de ETA sigue sometida a los cálculos electorales, y no a sumar fuerzas y razones para mejor buscar conjuntamente el fin de la desaparición del terrorismo.

El tiempo muerto en el que parece que hemos entrado, y que ha abierto ese nuevo frente de lucha propagandística sobre la responsabilidad de la división, también permite acercarse a los medios de comunicación y mirar la realidad política y social que sigue existiendo más allá del problema de ETA. Nos permite hacer un repaso de los medios de comunicación cualquier día y ver de qué hablan, qué preocupaciones ciudadanas reflejan, y constatar de qué hablan los políticos.

En un día de esos me he encontrado con que la política fiscal de Euskadi, !por fin!, encuentra eco en los medios de comunicación, y que algún político se digna contestar preguntas concretas al respecto. Alguien pudiera pensar que lo que acabo de escribir no debiera causar sorpresa. Al fin y al cabo, la política fiscal es uno de los núcleos básicos de cualquier política. Pero en Euskadi, si dejamos de lado las defensas cerradas, simbólicas y fetichistas de la rebaja del impuesto de sociedades como la prueba de fuego del Concierto Económico, los debates de política fiscal brillan por su ausencia. Estoy todavía por ver que algún partido político ofrezca un programa de política fiscal, y lo argumente, con ocasión de las elecciones a juntas generales, los órganos en los que reside nuestra soberanía fiscal.

Parece que algo empieza a moverse: el diputado foral de Hacienda de Bizkaia responde preguntas sobre la política fiscal. Las noticias en los medios no se reducen al anuncio de que los responsables políticos ya están pensando lo que hay que hacer. La política fiscal parece que va a dejar de ser una cuesión de comunicación escueta de los responsables a los ciudadanos que deben pagar los impuestos, en la mejor tradición del despotismo ilustrado. Aunque la frase de la entrevista que dice que el impuesto del IRPF no está para resolver los problemas de los ciudadanos debiera darnos qué pensar.

El mismo día en que la política fiscal hace una sorprendente aparición en los medios de comunicación, el jefe del diputado de Hacienda, el diputado general de Bizkaia, se dedica a cuestiones más trascendentales. Escribe un artículo diseccionando los problemas del Athletic. Reclama una revisión de la filosofía de fondo, proclamando al mismo tiempo la necesidad de recuperar los valores tradicionales. Habla de la obligación que tiene el club no sólo con los socios y aficionados, sino con todos los ciudadanos vizcaínos debido a la subvención pública que recibe y que se nutre de los impuestos de todos, hasta del guipuzcoano transplantado a Bilbao que firma la presente.

La verdad es que igual me habría gustado más que nos hubiera aclarado lo que va a suceder con los fondos de pensiones individuales, cómo va a quedar su cotización cuando se retiren; que nos hubiera hablado de la relación existente, o inexistente, entre el mantenimiento de un porcentaje superior al territorio común en el tope del IRPF, con la rebaja siempre defendida del impuesto de sociedades. O que nos aclare por qué, según estadísticas del Departamento foral de Hacienda, hay tan pocos ricos en Bizkaia -al igual, por cierto, que en el resto de España-.

También aparece en los medios la cuestión del tren de alta velocidad -otro fetiche-, pero no porque se inicie un debate racional sobre el transporte en la sociedad vasca, sino porque Batasuna, ante el riesgo de un nuevo aislamiento social, ha visto en esa cuestión la manera de contactar con cuestiones de preocupación social. Lo que sucede es que, una vez que Batasuna y todo lo que conlleva ocupan la cuestión del tren de alta velocidad, el tema se va a convertir de nuevo en un tabú fuera del alcance del debate racional, que no es otro que el de establecer las prioridades de transporte en Euskadi, más allá de frases hechas y eslóganes altisonantes.

Y, para terminar, el acercamiento a los medios de comunicación nos descubre que la política lingüística existe. Se ha celebrado el día internacional del euskera, aunque no sé si la celebración ha sido internacional o más bien local. Y además han soltado a un virus -dicen que benévolo, aunque existen los retrovirus- para que nos contagiemos todos y rompamos a hablar euskera en cualquier situación. El discurso parece sonar bien: nada de imposiciones. Nada de monolingüismos. Avanzar hacia una sociedad multicolor y flexible. Es lo moderno -no sé qué diría el Kant que equiparaba ilustración y razón natural, es decir, universal-.

Me ha llamado la atención que el responsable del Gobierno vasco se haya referido, después de rechazar las imposiciones y los monolingüismos, a que tampoco se van a aceptar vetos, que el principio de mayorías y minorías debe funcionar. Me parece bastante arriesgado, desde la defensa de una lengua minoritaria, proclamar el principio de mayorías, especialmente en un tema para el que se reclama el consenso. Y también es preocupante mantener el discurso del derecho de cada individuo a vivir toda la vida en la lengua de su elección: el resultado son dos sociedades completas, el doscientos por cien social, educativo, cultural, administrativo, comunicativo. Al igual que también preocupa seguir con el discurso del bilingüismo perfecto y eficaz: no sería malo que se reconociera que es muy difícil una sociedad en la que todos los ciudadanos son bilingües perfectos. Más que difícil, es probablemente imposible. Va llegando la hora de empezar a hablar de bilingüismo asimétrico, sabiendo que habrá ciudadanos que siempre se manejarán mejor en una lengua que en otra, pero que poseen suficientes conocimientos mínimos para no obstaculizar una comunicación que empiece en la otra lengua.

En fin: que tendríamos muchos y muy variados temas sobre los que debatir racionalmente, deliberar argumentativamente y decidir democráticamente. Pero ETA y su falta de voluntad clara para desaparecer siguen condicionado todo en Euskadi: absorbe la mayoría de las energías de la sociedad preocupada. Y en ese vacío, los responsables políticos pueden decidir en temas vitales para la sociedad sin miedo a que exista un verdadero debate de fondo sobre las cuestiones importantes.

Zapatero y el no plan b
POR VALENTÍ PUIG ABC 14 Diciembre 2006

UN plan B consiste generalmente en una elaboración de la nada, entre otras cosas porque bastante se tuvo con poner en pie un plan A. Con ETA, un plan A basado en la aquiescencia de la buena gente si le dicen que no habrá más muertos tiene una muy difícil presunción de un plan B, porque cuanto más buena voluntad se ofrece a los terroristas más fuertes se sienten. Es muy ingrato que esta disyuntiva se haya trasladado al sistema nervioso de la opinión pública española. En términos genéricos, el escepticismo respecto al plan A está cundiendo en porcentajes tangibles y, en casinos y estudios de televisión, se argumenta sobre un plan B del que nadie sabe nada, un estado de desconocimiento que suele ser habitual ante lo que es inexistente.
El plan A -llamado proceso de paz- seguramente fue urdido por intuiciones fragmentarias y no sobre un esquema de realidades, alternativas y contrapartidas. No hubo un diseño riguroso. Eso es propio de Rodríguez Zapatero. Según esta lógica, había hecho ya lo que de una vez por todas le iba a dar la confianza de la ciudadanía: retirar las tropas de Irak, incluso antes de lo institucionalmente previsible. Investido de la hiperlegitimidad moral de la izquierda -una izquierda más arcaica y radical que el felipismo-, lo natural sería que el resto de sus intuiciones también se convirtieran en datos reales, como reconstituir una mitología republicana con buenos y malos o enfrentarse denodadamente al oscurantismo eclesial.

En paralelo, Zapatero teje un nuevo sistema de alianzas que le permita descontaminarse de cualquier contacto con el centro-derecha: busca sus apoyos parlamentarios en la misma trama que firmase el pacto del Tinell y emprende unilateralmente -casi unipersonalmente- la larga marcha para la reconciliación con ETA, hasta el punto de dar a entender que una Herri Batasuna en la línea idónea pudiera ser un aliado cómodo para desalojar al PNV del poder, como ocurrió en Cataluña al entenderse con ERC. Es así: reconciliación para que ETA sienta las buenas vibraciones, y no acción de gobierno concertada con el PP -según el Pacto Antiterrorista- para poner al terrorismo entre las cuerdas y ofrecerle, ante el gesto de deponer las armas, una casuística generosa que para nada alterase las normas y pilares del Estado de Derecho. Corresponde a un malogro de esta tesis que sea la izquierda abertzale la que predice que el proceso está hundido o a punto de naufragio. Es sustancial que el presidente de la Conferencia Episcopal y obispo de Bilbao, Ricardo Blázquez, dijera ayer que el proceso está en una fase de «penumbra, de cierta penumbra», aunque le fuese debido invocar el realismo esperanzado.

Es incógnita de un largo tiempo, sobrecargado de alta tensión, lo que hará Rodríguez Zapatero si llega a la conclusión de que su proceso de paz no tiene futuro. Por el momento, se diría que es por la peculiar naturaleza de su liderato y por la endeblez del actual PSOE, que todavía no ha iniciado el repliegue a posiciones anteriores ni ha buscado recuperar las líneas de comunicación -ese teléfono rojo que nunca debe estar desconectado- con el principal partido de la oposición. Pero lo cada vez más acuciante es que el plan A era un mal plan, entre otras cosas porque se basaba en premisas irreales cuando no le no faltaba correspondencia con elementos sustanciales de la verdad. Huida hacia delante o regreso paulatino al Pacto Antiterrorista: si el plan A puede recordarnos que el infierno está empedrado de buenas intenciones, la carencia de un plan B ya es más bien referente de una política inhábil, ilusoria, adolescente e ineficaz. Mesas políticas, autodeterminación, Navarra: son bazas del terrorismo inasumibles para el Estado de Derecho, sea según un plan A o B. No sabemos si en alguna fase de su ensimismamiento criminal ETA ya ha renunciado a transformar el País Vasco en un trasunto de la Albania de Hoxha. Lo que sabemos es que el molde demoliberal le está tanto de más que le lleva a amenazar, extorsionar y matar. Desde luego, ETA siempre tiene un plan A, un plan B y uno C: atentar contra la vida y dañar la condición de seres vivos.
vpuig@abc.es

ZetaTés: Trampa, Traición, Testarudez (O bien: Constitución, cohesión, concordia, que escoja)
Juan Pablo Mañueco Periodista Digital 14 Diciembre 2006

EN EL PROCESO que no procesiona hacia la paz (y ya van tres “pes” puestas en el párrafo) porque ni procede pacíficamente ni fue eso lo pedido por los terroristas, sino la independencia o vuelven a matar, los asesores de Zapatero le han hecho una frase para que no diga la verdad, ni aunque se le pregunte en el Parlamento.

Gaspar Llamazares le pidió por anticipado que explicara ayer, en la sesión de control al Gobierno, las medidas con las que piensa impulsar el proceso que no procesiona y ZetaTés ha pronunciado una prosa más: tiempo, temple y tenacidad. Que se suma a la pretérita, ya pasada y pesada: largo, duro y difícil.

Pero contenidos, ninguno. O sea, Zapatero en estado puro. Ideas, las justitas y ocultas. Sonrisas y promesas, que nunca ha pensado cumplir, como ninguno de sus compromisos anteriores, desde la época de los tránsfugas de Madrid, o, peor aún, desde los tiempos de la oposición en que firmaba el Pacto Antiterrorista a la vez que se estaba reuniendo con ETA .

El Plan Perpetuo de ZP. Aquí te pillo, aquí te prometo. Lástima que ya estuviera ocupada la prosa óptima que mejor hubiera convenido al periodo zapatero: puedo prometer y prometo...

Sólo que ETA no quiere paz sino que ZP cumpla esta vez sus compromisos parleros. Y, si no los cumple, los partidarios de la violencia vuelven a la política del palo. Pataplum. Paquete bomba y pistola.

¿Les está quedando claro por qué no procesiona el proceso? Pues, por eso mismo, ZP tampoco retrocede. Porque no puede. Porque tiene compromisos desde hace tiempo que no quiere que le publiquen los de las pistolas. Sería el fin de ZP. Se probaría que miente. Siempre. Por todas partes por las que ha pasado repartiendo sonrisas y parloteando promesas.

De manera que así está España y su presidente, chantajeados. Y Zapatero dándole al pico, porque no puede presentar hechos verídicos por ningún lado. Por eso, ni avanza el proceso ni retrocede. Está pasmado. Está pudriéndose.

Lo malo es que no se trata sólo de un hombre que está pillado en sus trampas. Es que quien ha hecho de la traición su trabajo tiene el poder y la primacía en España. Su testarudez le empujó a aliarse con todos los que tenían cualquier cosa clara, menos la Constitución, la cohesión territorial y la concordia.

Haga frases ZetaTés si quiere. Tiempo, temple, tenacidad. Yo le propongo otras tres, por si las prefiere. Constitución, cohesión, concordia.

Pero que proceda ordenadamente, si sabe, en cualquiera de las series que escoja.

Juan-Pablo Mañueco, www.democracia-real.org

Cautivos y desarmados
POR IGNACIO CAMACHO ABC 14 Diciembre 2006

COMO no hay nada más urgente que hacer, como el país va de p... madre y como los problemas se solucionan solos, el Gobierno ha decidido ocuparse de lo que realmente le importa, que es ganar la Guerra Civil con setenta años y un par de generaciones de retraso. La Ley de Memoria Histórica no viene a ser más que un palimpsesto en el que el zapaterismo pretende reescribir el pasado con la caligrafía dudosa de un revisionismo de vía estrecha. Al final va a quedarle una plana borrosa, llena de enmiendas y frustraciones, pero la intención está clara: redactar, mediante un juicio a posteriori de nuestro drama histórico, un nuevo parte final de guerra: «Cautivo y desarmado el consenso de la Transición, las tropas revisionistas han alcanzado sus últimos objetivos sectarios. La reconciliación de los españoles ha terminado».

Lo más triste de este empeño retroactivo es su esterilidad para la construcción de un futuro razonable. Nada hay que objetar a las indemnizaciones a víctimas de flagrantes injusticias históricas, ni al derecho de las familias a recuperar los restos de sus deudos arrojados a la ignominia de las fosas comunes. Ningún reparo moral cabe, aunque los haya jurídicos, y muy serios, a la revisión de condenas vejatorias dictadas por tribunales franquistas bajo el marco de un cainismo excluyente. Pero la acción política de un Gobierno sedicentemente progresista no puede orientarse con esta prioridad urgente hacia el pasado, ni la España actual es una nación traumatizada por heridas sin cicatrizar, sino una pujante sociedad volcada en los retos de la modernidad y el desarrollo.

El concepto mismo de «memoria histórica» ofrece serios reparos a los historiadores -recientemente lo discutía con tino Stanley Payne, que no es lo que se dice un reaccionario- en la medida en que constituye una suplantación selectiva que cambia el rigor de la ciencia y del estudio de los hechos por un criterio sentimental, subjetivo e ideológico. Pero es que, además, la actual dirigencia política viene mostrando un sensible y contrastado desprecio por los valores del conocimiento y el aprendizaje, sustituidos por vulgares apriorismos esquemáticos a la medida del pensamiento (?) dominante. La enseñanza se ha convertido en un ámbito de reeducación ideológica, y la cultura oficial responde a un diseño preestablecido desde obsoletos clichés de superchería intelectual. Todo ello al servicio de una interpretación torticera de la Historia que trata de encajar el pasado en un estrecho cauce de prejuicios políticos y morales.

Pérez Reverte lo acaba de decir a su estilo desenfadado y sin anestesia retórica: «Animales de bellota con corbatas de colorines hablando de memoria histórica sin haber leído un libro: ¡qué atrevida es la ignorancia!». El problema, querido Arturo, es que se trata, por ende, de un atrevimiento intencionado, proselitista, dogmático y cizañero. Si al menos fuese una ignorancia inocente.

Los talibanes españoles
POR EDURNE URIARTE ABC 14 Diciembre 2006

Entre los detenidos en la operación antiterrorista de Ceuta hay nada menos que dos hermanos del que fuera llamado «el talibán español». Cuando el Supremo lo absolvió recientemente por falta de pruebas, el interés principal en nuestro país se centró en sus sufrimientos en Guantánamo y no en las redes del terrorismo internacional con las que había sido vinculado. Fuera o no cierta esa vinculación, las miradas se dirigieron hacia Guantánamo, léase Bush, y no hacia el terrorismo islamista.

El estrabismo analítico anterior se repite frecuentemente cuando de terrorismo islamista se trata a pesar de que en estos momentos constituya una amenaza mucho mayor que la etarra. El foco está en otro lugar, no en el propio terrorismo. Una buena parte de la izquierda confía en que la retirada de Irak y la Alianza de civilizaciones constituyan estrategias protectoras contra nuevos planes de Al Qaeda en España. Ignorando el error de aquellos que trataron de dialogar con ETA y fueron igualmente asesinados, prefiere desconocer la ideología y los objetivos de las redes del terrorismo islamista internacional.
En Irak, el estrabismo es tan agudo que en las terribles matanzas diarias de civiles la izquierda se interesa por Bush y no por los propios autores, sean los extremistas iraquíes opuestos a la democracia o una Al Qaeda cuyo objetivo central es en estos momentos derrotar a los occidentales en Irak.

Y la anterior estrategia de negación se complementa con ese sector de la derecha que a través de la teoría de la conspiración aún pone en duda la autoría islamista del 11-M. A pesar de la acumulación de evidencias y a pesar de que cada una de las operaciones policiales contra los islamistas, como esta última, muestran la reproducción de la misma dinámica del 11-M.
Como ha expuesto Fernando Reinares en varios de sus trabajos (véanse, por ejemplo, los que figuran en www.realinstitutoelcano.org) la estrategia del movimiento de la yihad neosalafista global tiene dos objetivos, el enemigo cercano, y nosotros, los infieles. Y antes y después de Irak, España ocupa un lugar de honor entre esos enemigos. En ésas estaban los detenidos en Ceuta.

Terrorismo islamista
La amenaza existencial
GEES Libertad Digital 14 Diciembre 2006

En pleno debate sobre el agónico proceso de negociación del Gobierno con ETA, la detención de los componentes de una célula islamista en Ceuta pone de manifiesto la persistencia y la gravedad de la amenaza del terrorismo yihadista en nuestro país. España es de hecho, y con gran diferencia, el país europeo en el que se han detectado un mayor número de grupos de este tipo y en el que se han producido un mayor número de detenciones de terroristas potenciales. Sin embargo, la amenaza islamista se encuentra ausente de la agenda política del Gobierno, quizá porque case mal con la pretendida Alianza de Civilizaciones con la que Zapatero pretende poner remedio a todos los males del mundo.

Puede haber una parte de la opinión pública que piense que la precipitada retirada de Irak de nuestras tropas nos inmuniza frente a otro posible 11-M. El propio presidente del Gobierno parece confiar en que su política de apaciguamiento permita evitar nuevos atentados. La realidad, sin embargo, es muy distinta. Las razones por las que los islamistas consideran a España un objetivo de sus acciones terroristas son mucho más profundas que nuestra mera participación en ninguna operación militar. Pero puestos a buscar excusas, nuestra actual presencia en Afganistán podría ser para ellos un motivo tan bueno como el de Irak para matar inocentes en cualquier ciudad española. La desarticulación de esta célula en Ceuta es una prueba más de que la España de Zapatero es un país prioritario y especialmente vulnerable a los ojos de la yihad internacional.

Junto a esta deficiencia en la percepción de la amenaza, que comparten opinión pública y Gobierno, hay también importantes déficit en nuestra política anti-terrorista. Tras el 11-M el Gobierno se ha limitado a ampliar las plantillas de las unidades especializadas en terrorismo del CNP y la Guardia Civil y a crear un burocrático Centro de Coordinación Antiterrorista que no pasa de ser un mero gabinete de estudios al que los servicios de inteligencia se resisten a dar información sensible.

Por el contrario, no se ha procedido a elaborar una reforma legislativa que permita a las fuerzas de seguridad una acción más eficaz en la lucha contra este nuevo terrorismo. Las fronteras españolas se han convertido en un coladero por el que entran diariamente miles de personas indocumentadas y toneladas de tráficos ilícitos. La relación política con nuestros principales aliados se ha debilitado hasta el punto de convertirse en un lastre para las necesarias relaciones de cooperación entre los servicios de seguridad.

La propia estrategia adoptada por las fuerzas de seguridad españolas para luchar contra este nuevo terrorismo es una declaración de impotencia. Las operaciones se abortan antes de que las células hayan alcanzado un punto de madurez operativa y mucho antes de poder investigar las tramas internacionales que las sustentan. Las detenciones distan además mucho de ser quirúrgicas, deteniendo a muchos sospechosos que deben ser puestos de inmediato en libertad ante la falta de pruebas o evidencias. Pero a pesar de ello, la sensación que impera en los servicios de información es que se controla tan solo una mínima parte de las células islamistas que pueden estar activas en nuestro país.

Es hora de que el Gobierno se tome en serio la amenaza islamista. Rodríguez Zapatero debe abandonar su coqueteo con aquellos países que apadrinan el terrorismo, como Irán o Siria, y fortalecer de inmediato la relación bilateral en materia de seguridad con aquellos países líderes en la lucha contra el terror: Estados Unidos, Reino Unido, Francia o Alemania. Zapatero debería abandonar además la política de apaciguamiento que simboliza la Alianza de Civilizaciones o su negociación con ETA y volver a una política de lucha si cuartel contra todo tipo de terrorismo. El Gobierno debería además olvidarse de su permanente demagogia sobre Irak y mentalizar a la opinión pública sobre la persistencia y la gravedad de la amenaza que padecemos. Moncloa debería elaborar con urgencia una agenda política y legislativa para neutralizar esta amenaza y poner a trabajar en ella de inmediato a todos los departamentos afectados. Las fuerzas de seguridad deberían elaborar una nueva estrategia de lucha contra el terrorismo yihadista y dotarse de las capacidades humanas, materiales y tecnológicas para poder vencer a esta nueva amenaza existencial para nuestra sociedad y para nuestro sistema democrático.

GEES, Grupo de Estudios Estratégicos.

Irán juega con fuego nuclear
Editorial ABC 14 Diciembre 2006

EL aquelarre organizado por el régimen teocrático de Irán para exaltar a los lunáticos que niegan la existencia del Holocausto judío merece la más rigurosa condena. En esa reunión, y bajo los auspicios de un Gobierno al que se le concede la correspondiente legitimidad internacional, se han pronunciado muchas necedades que desde el punto de vista académico no merecerían más que ser ignoradas si no fuera porque resultan un atentado flagrante a las más elementales normas de la convivencia internacional.

En efecto, la verdadera gravedad de los gestos del régimen teocrático de Teherán no proviene sólo de lo que pueda ser dicho sobre un determinado episodio histórico, cuya veracidad está fuera de toda duda, sino de las amenazas explícitas que han vuelto a ser pronunciadas por el presidente iraní, Mahmud Ahmadineyad, al socaire de este debate, sobre su deseo de que desaparezca del mapa el Estado de Israel, y que han sido dichas precisamente cuando él mismo enarbola las prerrogativas de su soberanía para dar los pasos precisos que le permitirán dotarse de armas nucleares.

Al mismo tiempo, el primer ministro israelí, Ehud Olmert -más parece deliberadamente que por error- ha puesto sobre la mesa el secreto a voces mejor guardado de los últimos treinta años sobre el arsenal atómico de Israel, hablando precisamente de la amenaza iraní contra la existencia misma de su Estado. Así, cualquier análisis medianamente riguroso de esta situación termina por subrayar la posibilidad de que nos encontremos en vísperas de un conflicto en el que no se descarta el futuro recurso a la fuerza. Ni siquiera la devastadora fuerza de las armas nucleares.

Puede que este gesto delirante sobre el Holocausto sea simplemente una provocación, o que con él se pretenda alejar las miradas de las actividades que esconden el verdadero peligro en los planes de Ahmadineyad. En todo caso, no es posible ignorar por más tiempo la gravedad de un contexto cuyo horizonte aparece cada vez más negro. Los esfuerzos diplomáticos llevados a cabo principalmente por los cinco países miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, más Alemania, son desde hace varios meses más propensos al fracaso que al éxito, y lo único que parece estar preparándose son los pretextos para justificar que no se haya podido evitar que Irán se haga con armas nucleares.

El problema es que, tal como se han desarrollado las cosas, nada le haría más feliz a Ahmadineyad que tener nuevos argumentos para justificar sus siniestros planes armamentísticos, como las amenazas de sanciones o de represalias contra sus instalaciones. El hecho es que nos encontramos ante uno de los desafíos más graves a nuestra seguridad colectiva y que, en caso de que no sepamos conjurarlo, es muy posible que sus consecuencias se conviertan en otra página negra de la humanidad, como lo fue el drama del Holocausto.

ETA roba matrículas en el País Vasco en previsión de una ruptura del alto el fuego
Ante la imposibilidad de hacerse con una máquina troqueladora, ha optado por la sustracción de placas en la vía pública ? Individuos próximos o pertenecientes a la banda terrorista se han hecho con entre seis y diez matrículas por semana
J. M. Zuloaga Libertad Digital 14 Diciembre 2006

Las detenciones realizadas en Quezac han sido uno de los últimos golpes a ETA en Francia

Madrid- El robo de matrículas de vehículos aparcados en la vía pública ha aumentado de forma considerable en el País Vasco en las últimas semanas, según han informado a LA RAZÓN fuentes antiterroristas, que no dudan en relacionar estas sustracciones con elementos próximos o pertenecientes a la banda terrorista ETA o las organizaciones de su entramado.
Los automóviles afectados aparecen sin las dos matrículas, la delantera y la trasera. Este tipo de hechos tenían, hasta hace poco tiempo, una escasa incidencia en el País Vasco y su aumento se debe, según las citadas fuentes, a una estrategia de los etarras para hacerse con placas con las que «doblar» coches robados.

La banda criminal suele sustraer máquinas troqueladoras para fabricar las placas. De hecho, en Francia dispone de varias, una de las cuales fue recuperada en la operación antiterrorista ejecutada por las policías española y francesa el pasado 2 de diciembre en La Besserette. En la acción, las Fuerzas de Seguridad detuvieron a los etarras Borja Gutiérrez Elorduy, Eneko Bilbao Aresti y Zorion Salsamendi, tres relevantes miembros del «aparato militar» de la banda que se escondían en una casa de turismo rural. En el registro posterior, además de la citada troqueladora, fueron hallados varios ordenadores, placas de matrícula, armas y diversa documentación.

Vuelta a las armas
Todas las troqueladoras que había sustraído en territorio español en los últimos años han sido ya recuperadas por las Fuerzas de Seguridad, por lo que los expertos antiterroristas consideraban que, si se producía ahora el robo de una de estas máquinas, sería una prueba más de que la banda terrorista habría decidido romper el alto el fuego.

La estrategia de los terroristas, sin que se pueda descartar la futura sustracción de uno de estos artilugios, parece ser la de robar las matrículas, apuntar la marca, modelo y color del vehículo al que se las quitan y almacenarlas en algún lugar seguro por si tienen que ser utilizadas en futuros atentados.

Aunque las fuentes antiterroristas consultadas por este periódico prefirieron no dar datos concretos sobre la cifra y lugares en los que se han cometido los robos, y si hay unos modelos de coche «preferidos» por los ladrones -los etarras suelen decantarse por algunos en concreto por la facilidad que tienen para robarlos-, LA RAZÓN ha podido saber que la media por semana se sitúa entre las seis y las diez sustracciones.

Las placas de matrícula falsas, en este caso robadas, son fundamentales para que los «comandos» de ETA puedan cometer atentados, ya sea con explosivos o con armas. En el primero de los casos, los terroristas colocan el artefacto explosivo en un coche previamente robado al que le ponen unas placas correspondientes a otro del mismo modelo y color: lo «doblan», según el argot empleado por los pistoleros. En el caso de acciones criminales contra las personas, el automóvil con las matrículas falsificadas se utiliza para acudir al lugar del atentado y huir con posterioridad. En muchas ocasiones, este coche es abandonado con posterioridad con una carga explosiva para intentar asesinar a los desactivadores de explosivos que vayan a examinarlo y, en cualquier caso, para destruirlo y borrar las huellas y pistas que puedan ayudar a los agentes en las posterior investigación del atentado.

Tregua de 1998
Al final de la tregua de 1998-1999, se produjo el robo de una troqueladora en la localidad guipuzcoana de Eibar. Dos hombres armados se llevaron el 21 de noviembre de 1999 la máquina a punta de pistola tras amenazar y amordazar al propietario del taller donde se encontraba. Días antes, los terroristas habían intentado una acción similar en Irún, pero habían fracasado y habían sido detenidos por las Fuerzas de Seguridad.

El robo de esta troqueladora fue el «último acto» antes de la ruptura de aquel alto el fuego anunciada por los terroristas apenas un mes después y materializada el 21 de enero de 2000 con el asesinato en Madrid del teniente coronel del Ejército Pedro Antonio Blanco.

"PIDE EN MADRID LO QUE NO PIDE EN SU PARLAMENTO"
Marín acusa a ERC de bloquear la reforma del Reglamento del Congreso con el uso del catalán como "pretexto"
El presidente del Congreso ha reprochado a los grupos minoritarios, nacionalistas e independentistas, que utilicen la cuestión lingüística como "pretexto" para bloquear la reforma del Reglamento de la Cámara. Manuel Marín ha acusado directamente a ERC de "utilizar" el uso de las lenguas cooficiales para "sacar rédito" y ha criticado que los republicanos se dediquen a "pedir en Madrid lo que no piden en sus respectivos Parlamentos". A su juicio, el uso del catalán, gallego y euskera en los debates sólo será posible a través de la aprobación de una ley específica de lenguas que lo regule.
Europa Press Libertad Digital 14 Diciembre 2006

El presidente de Cámara Baja ha hecho un llamamiento público a los partidos que forman el arco parlamentario para sacar adelante la reforma del Reglamento de la Cámara. Alega que la cuestión lingüística ya está "superada" por el funcionamiento cotidiano y que, por lo tanto, no se puede utilizar como "pretexto" para bloquear dicha reforma.

Sus reproches han tenido un destinatario concreto: los diputados de ERC, a los que culpa de ese parón en la reforma. Según Marín, aunque "todos" los partidos habían aceptado sacar la cuestión lingüística de la proposición de Reglamento, las formaciones minoritarias como ERC exigen que las normas de funcionamiento se pongan en práctica al mismo tiempo que la reforma reglamentaria.

A su juicio, esto no es otra caso que el uso como "pretexto" que los independentistas están haciendo e la cuestión lingüística. Por eso ha animado a las formaciones minoritarias a facilitar la toma en consideración por el Pleno de la proposición de ley del Reglamento. "Es momento de tomar una decisión, porque el trabajo que se ha hecho es honesto", ha apuntado.

Marín ha insistido en responsabilizar en especial a ERC de "utilizar" el uso de las lenguas cooficiales para "sacar rédito" "No se puede tomar como rehén el Parlamento español. No se puede entrar en el camino de las subastas, para pedir en Madrid lo que no piden sus respectivos Parlamentos". Según añadió, si se quiere cambiar el sistema e ir más allá en el uso de las lenguas cooficiales en las instituciones del Estado, "lo constitucional" es aprobar una Ley de Lenguas, tal y como incluye en su programa de gobierno el nuevo tripartito catalán.

En este contexto, y tras rechazar las afirmaciones del portavoz del Grupo Popular, Eduardo Zaplana, acerca de que ha "tirado la toalla" con este asunto, ha instado nuevamente a los partidos del arco parlamentario a hacer un "esfuerzo" para superar la "coyuntura política" y sacar adelante la reforma. "Es la cuarta vez en esta legislatura que lo planteo", apuntó en rueda de prensa en el Congreso.

Todo el cariño, el respeto y el reconocimiento del Foro Ermua a la memoria de Loyola de Palacio
COMUNICADO DE PRENSA, FORO ERMUA 14 Diciembre 2006

Bilbao. 14 de diciembre, 2006. Se nos ha marchado una mujer excepcional. De entre los hombres y mujeres de la Transición política Loyola fue uno de los puntales en la búsqueda de la verdad y en valor. Como ciudadana vasca ha estado de pie a las duras y a las más duras, defendiendo la Constitución y el Estatuto de Autonomía y arropando a los dañados y a los familiares de quienes iban cayendo. Como ciudadana europea ha brillado como ninguna otra mujer española en las instituciones de la Comunidad Europea. Como mujer ha luchado 56 años por acercarse a la vida buena.

En el Foro Ermua la hemos tenido con nosotros siempre, en todos nuestros actos de reivindicación cívica y de solidaridad con las víctimas del terrorismo.

Se nos ha ido Loyola de Palacio pero nadie nos la arrebatará de nuestra memoria y de nuestros corazones. Gracias por toda tu vida, Loyola. Nuestra gratitud también a los familiares y compañeros políticos de Loyola porque también vosotros tenéis que ver con su éxito como mujer y luchadora ejemplar por la libertad.

Los hospitales multados por dar datos para un sondeo del catalán culpan a la Generalitat
Ya son tres los centros sanitarios sancionados por la Agencia Española de Protección de Datos
LEONOR MAYOR El Mundo 14 Diciembre 2006

BARCELONA.- A los hospitales catalanes que participaron en un estudio sobre el uso del catalán les puede salir muy caro haber colaborado con la Generalitat para la elaboración de ese sondeo.La Agencia Española de Protección de Datos se propone multar a tres centros sanitarios privados de Barcelona: el Hospital de Sant Rafael -tal y como adelantó ayer este diario-, el del Sagrat Cor y la Clínica Plató.

Cada uno de estos tres establecimientos ha recibido una propuesta de resolución de Protección de Datos por la que se les condena a pagar 60.101,21 euros por barba al haberse demostrado que entregaron historiales clínicos de pacientes «sin anonimizar» a los encuestadores de la empresa privada Centro Informático de Estadísticas y Sondeos, contratada por la Generalitat para hacer un estudio sobre el uso del catalán en el sector.

Pero estos tres hospitales no tiran la toalla y van a luchar para intentar que se les retiren las sanciones, ya que consideran que la culpa es de la Generalitat. Disponen de un plazo de diez días para presentar alegaciones antes de que la sanción sea firme y no van a dejar pasar la oportunidad. «El Hospital de Sant Rafael quiere recordar que fue la Administració n [catalana] quien exigió al centro el acceso a datos de carácter personal para elaborar un estudio sociolingüístico» , indicó ayer la entidad en un comunicado.«El requerimiento era de obligado cumplimiento» , añade.

En la misma línea se manifestó la Unió, una asociación de entidades sanitarias de la que son miembros los tres centros sanitarios multados y otros tres -Sant Pau, Clínic y Consorci Sanitari Integral- que también están siendo investigados, pero por la Agència Catalana de Protecció de Dades, a quien corresponde esa competencia por tratarse de hospitales públicos.

La Unió considera que la sanción no debería recaer en sus hospitales, porque la Generalitat les «garantizó que toda la información sería tratada de acuerdo con los protocolos de confidencialidad y secreto profesional y siempre de acuerdo con la legislación vigente (estatal y autonómica) sobre protección de datos».

De hecho, el informe que resultó de las investigaciones de la empresa Centro Informático de Estadísticas y Sondeos -que fue contratada por el Consorcio de Normalización Lingüística de la Generalitat- aclaraba que en el estudio de los expedientes clínicos a los que accedieron los encuestadores no se indagó en las intimidades de los pacientes, ya que «el análisis documental ha afectado exclusivamente a la lengua de los documentos y nunca al contenido».

Sin embargo, la Agencia Española de Protección de Datos no considera que esta declaración de buenas intenciones sea suficiente para proteger los datos personales de los 846 pacientes a cuyos historiales clínicos tuvieron acceso los técnicos lingüísticos. Para este organismo, los hospitales multados incumplieron los artículos 10 y 7 de la Ley Orgánica de Protección de Datos que obligan al «secreto profesional» y confieren a los datos médicos el carácter de «especialmente protegidos» por tratarse de una información relativa a la esfera más íntima del individuo.

Por esa razón, la Agencia ha considerado que la conducta de los hospitales se puede calificar como una «infracción muy grave».No obstante, Protección de Datos ha tenido en cuenta que los centros sanitarios actuaron a instancia de la Generalitat, lo que le ha llevado a rebajar la multa -que debería haber sido de entre 300.000 y 600.000 euros- por aplicación del principio de «confianza legítima», es decir, la que los hospitales depositaron en la Administració n, de quien se supone que no va a invitar a nadie a realizar una actuación irregular.

Si las alegaciones de los tres hospitales no prosperan, las multas se convertirán en firmes y contra ellas cabrá recurso contencioso- administrativo ante la Audiencia Nacional. Los tres centros sanitarios afectados ya han anunciado que si es necesario interpondrán dicho recurso, ya que accedieron a dar los datos «sólo a requerimiento de la propia Administració n, debido al carácter preceptivo de su petición y previa comprobación de la garantía de confidencialidad» .

Los hospitales multados por dar datos para un sondeo del catalán culpan a la Generalitat
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