AGLI

Recortes de Prensa     Viernes 15 Diciembre  2006

Proceso de rendición
El largo y tortuoso Rodríguez
Juan Carlos Girauta Libertad Digital 15 Diciembre 2006

Recuerdan los nacionalistas vascos la capacidad de la ETA para hacerle daño al gobierno y para desestabilizar el país. No encontraremos confirmación más exacta de la denostada tesis (denostada, entre otros, por los confirmadores) que presenta el "proceso" como gradual sometimiento del gobierno –y, con él, del Estado– a los terroristas.

El hecho que subyace frío y desnudo es el que sigue: desde que Rodríguez acudió al Congreso a comunicar sus planes y a oír de Rajoy que estaba traicionando a los muertos, hasta el día de hoy, la ETA ha salvado la peor situación de su triste historia, se ha recuperado a placer, ha puesto al día su organización en efectivos, armas y recursos financieros.

Además, ha recuperado la operatividad de su brazo político –hasta el "proceso" puro muñón gracias a la Ley de Partidos–, ha vuelto a adueñarse de las calles con su terrorismo "de baja intensidad", el de la muchachada, y, por encima de todas las vergüenzas –¿o debería decir "por debajo"?– ha obtenido el reconocimiento moral de los socialistas: para Patxi López tienen razones. Es decir, tienen razón. Sí, en efecto, es nauseabundo: para el PSE tenían y tienen razón sus asesinos.

Por fin, ha logrado la ETA que, basándose en su sola declaración de intenciones –una tregua que los hechos no avalan– los órganos del Estado se ajusten a sus designios, modulen la interpretación, aplicación y ejecución de las leyes. Han puesto a bailar a los tres poderes al son de un chistu hipnótico.

La maraña de sangre coagulada y decorados y mesas suplantadoras de la soberanía ha ocultado el verdadero proceso: un vaciado de legitimidad estatal simultáneo al acopio etarra de argumentos y armas cortas. Los liberales y conservadores del PP lo resumen así: la ETA marca la agenda del gobierno. Los ultraconservadores de la patria vasca lo confirman. Y ni siquiera se dan cuenta.

Con elocuencia decreciente, el presidente sigue aferrado a los dos adjetivos del "proceso": largo y difícil. Puede tratarse de un tributo a Paul McCartney: The Long and Winding Road. Un camino largo y tortuoso, como Rodríguez.

Si ETA pone un muerto sobre la mesa, ¿se le podrá culpar de la acción armada a Zapatero?
Federico Quevedo El Confidencial 15 Diciembre 2006

Déjenme que les diga que, de entrada, no. Los únicos responsables de una acción terrorista son los propios terroristas, y nadie más. No puede haber duda sobre eso. Pero de salida, sin embargo, existen importantes matices. Matices que llevan a pensar que, quizás, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha hecho demasiados gestos hacia la pandilla de canallas, les ha dado tantas facilidades, que ahora los asesinos que hace un par de años se encontraban en las últimas y al borde de su extinción, han recuperado su fuerza, se han rearmado, han reclutado nuevos asesinos no fichados por la policía, han reafirmado sus pretensiones y, sobre todo, se han crecido sobre un Estado debilitado por la acción irresponsable de un Gobierno entregado a la causa terrorista. En esas condiciones, si ETA mata, Zapatero tendrá que dar muchas explicaciones, y la ciudadanía tendría derecho a exigírselas.

Sé que vendrán los de siempre a recordarme que también Aznar negoció con ETA, que acercó presos, que les llamó Movimiento de Liberación Nacional, que los puso en la calle... Nada de todo eso es comparable con la situación actual del proceso de negociación con la banda terrorista, por más que ahora ese proceso esté en una especie de vía muerta que no sabemos si tendrá de nuevo reenganche o acabará bruscamente, de bruces ante un pilón de cemento armado llamado asesinato cobarde y por la espalda. Nadie pudo tener nunca la más mínima duda de que Aznar quiso acabar con ETA, de que toda su obsesión fue que desapareciera sin hacer concesiones, de que cayera sobre los asesinos el peso de la ley, de que se salvaguardara la dignidad de las víctimas del terrorismo. Por mucho que Blanquito pretenda manipular los hechos, la verdad es que Aznar, cuando tuvo claro que aquella tregua que ETA le declaró, no al Gobierno, sino a los nacionalistas vascos, no llevaba a ninguna parte, puso a trabajar a las fuerzas de seguridad y a la Justicia para que el peso de la ley fuera implacable con la pandilla de canallas.

Ayer, la Fiscalía, la misma Fiscalía que hace un año sostenía que los procesados por Egunkaria debían ir a la cárcel, cambiaba de nuevo de opinión para asegurar, un año después, que no hay indicios suficientes para condenarlos. La respuesta de ETA-Batasuna ha sido decir que el ‘proceso’ está en suspenso, porque no ven en el Gobierno voluntad de acceder a la totalidad de sus pretensiones. No es que no haya voluntad, Zapatero la tiene, lo que no hay es un marco jurídico que lo permita al modo en que quieren la pandilla de canallas y sus secuaces, que no es otro que la violentación del Estado de Derecho y de la Constitución. El de ETA es un proyecto totalitario, tan totalitario como el de cualquier dictadura, sea del signo que sea –el mundo respira un poco más de aire puro ahora que tiene un tirano menos tras la muerte de Pinochet-, pero con el agravante de que ese proyecto lleva ya mil muertos sobre la mesa, y de que ahora es un Gobierno democrático el que ampara la consecución del mismo. Los gestos de Zapatero hacia ETA son de tal indignidad, que cuesta creer que un presidente del Gobierno, en su ambición de poder, sea capaz de entregarse sin contemplaciones a los terroristas a cambio de que, al final, se cumpla, como ocurre siempre, la fábula del escorpión.

¿Quieren, los críticos y los escépticos, pruebas? Diez días antes de la declaración del alto el fuego permanente, la Fiscalía pedía para el líder de Batasuna, Arnaldo Otegi, como inductor de los desórdenes producidos por la huelga del 9 de marzo en el País Vasco y Navarra, la prisión incondicional. Apenas declarada la tregua el Fiscal cambió su solicitud por la de prisión eludible bajo fianza. El pasado 20 de octubre la Fiscalía pidió rebajar la fianza impuesta al Otegi de 650.000 a 200.00 euros, petición asumida finalmente por Garzón que la fijó en 50.000 euros. Del mismo modo, en el juicio contra Iñaki Bilbao por amenazas contra el juez Garzón, el Fiscal rebajó la petición de pena de 12 años a dos. Recordarán también cómo al día siguiente de ser comunicada la decisión de abandonar la huelga de hambre, la Fiscalía de la Audiencia Nacional anunció que estaba estudiando rebajar la petición de pena de De Juana Chaos a 6 años, por considerar “desproporcionadas” las que se consignaron en el escrito de acusación provisional hace cinco meses. El 27 de octubre de 2006 se celebró el juicio en el que se le condenó a 12 años y 7 meses, poniendo en evidencia el criterio de la Fiscalía.

La misma fiscalía que se opone a que el Supremo adopte cualquier media cautelar contra las herriko tabernas por no existir pruebas suficientes de su vinculación con el partido ilegalizado. Se ha suspendido el juicio contra 15 jóvenes acusados de recopilar información sobre objetivos que ofrecían a la dirección de ETA en Francia por la ausencia del principal acusado, Juan Carlos Subijana, quien había sido declarado en rebeldía en el escrito de acusación de la Fiscalía, pese a que las autoridades francesas le detuvieron en junio de 2004 y cumple prisión desde noviembre de 2005. En el juicio por el atentado contra Eduardo Madina dos colaboradores de ETA ven rebajada su pena por un fallo de la Fiscalía, que no sustanció en juicio la acusación formal de Olabarrieta y Aztiria por colaboración con banda armada, limitándose a probar la acusación por encubrimiento. Recientemente, en el juicio por el secuestro de Aldaya uno de los terroristas va a ser absuelto al no haberse llevado al plenario una prueba pericial que le relacionaba directamente con los hechos. El pasado 1 de junio, ocho presuntos colaboradores de cinco comandos etarras vieron rebajada la solicitud de pena de 136 años a 61 mediante una sentencia de conformidad. La principal acusada, Oihana Baquedano, vio reducida su condena de 28 a 18 años.

Un mes después la Audiencia Nacional condenó a 6 años de cárcel al etarra Josu Álvarez Pérez, y a 2 años a Oscar Elejaga, Javier Ganuza, y Amaia Ibarra, que ayudaron a huir a Francia a varios etarras. La Fiscal también volvió a rebajar sus peticiones, de 8 a 6 años en el primer caso, y de 6 a 2 en el resto. El 4 de octubre Jon Markel Ormazabal, acusado de tres actos de kale borroka pasó de una petición de 11 años de cárcel a una multa de 3.000 euros. A su compañero, Gaizka Arcelus, para el que se pedían 7 años de cárcel, se le retiró la acusación por falta de pruebas. ¿Y dicen que no presionan a los jueces? ¿Afirman que la Justicia sigue siendo implacable en la lucha contra ETA? Miren, si después de todo esto, si después de haberse el Estado bajado los pantalones hasta el punto en que lo ha hecho, la pandilla de canallas vuelve a matar, y les aseguro que existen muchas posibilidades de que eso ocurra, Zapatero tendrá que responder, no sé si ante la Justicia, pero sí ante los ciudadanos, por su irresponsabilidad, por su indolencia y por ese talante antidemocrático que ha permitido el fortalecimiento de los asesinos.

En castellano como mínimo
XAVIER PERICAY, ABC 15 Diciembre 2006

EN el fondo, no ha sucedido nada del otro jueves. Sólo que el Estado se ha desperezado un poco. Pero ello ha bastado para que en Cataluña se armara el belén. Resulta que el Ministerio de Educación ha promulgado un real decreto por el que se establecen las enseñanzas mínimas de la educación primaria. Y resulta que, de lo dispuesto -no crean, 118 folios-, se deduce entre otras cosas que los alumnos primarios de aquellas partes del Estado en las que existe más de una lengua oficial deberán recibir, en adelante, un mínimo de tres horas semanales de castellano. En Cataluña se imparten ahora cuatro horas de catalán y dos de castellano. Las cuatro de catalán se dan de un modo harto catalán: dos reconocidas como «Lengua catalana» y dos encubiertas bajo el epígrafe «Estructuras comunes». Pero se dan. El castellano, en cambio, debe limitarse a la mitad. Y a no servir como vehículo de expresión en ninguna otra materia.

De todas formas, como la práctica catalana de convertir lo común en lo propio no es de ayer, el Ministerio ya ha indicado en el último párrafo del decreto que nada de trampas, por favor, que las horas de castellano deben ser las que deben ser y que no vale aducir que las estructuras, al cabo, son comunes. Y, claro, nuestros políticos están que trinan. Me refiero al bloque nacional, por supuesto. O sea, al tripartito y a Converg_ncia i Unió, con el inefable Puig a la cabeza. Perdón, no al tripartito en su conjunto. El consejero Maragall, Ernest, ha declarado que no le parece mal que se impartan más horas de castellano, mientras ello no perjudique a la enseñanza del catalán. Insólito. Un comentario así hubiera resultado inimaginable en cualquiera de sus predecesores. Es la aplicación del sentido común, el rechazo del tic identitario. Ojalá no sea flor de un día. Pero, claro, a los socios de Maragall, tanto a los republicanos como a los de la sopa de letras, les ha faltado tiempo para precisar que las declaraciones del consejero de Educación estaban hechas a título personal. En suma, que no comprometían a eso que ahora llaman Entesa y a los pactos por los que esa Entesa se rige. Si por ellos fuera, han añadido, al decreto no le harían ni puñetero caso.

Con todo, lo que demuestra hasta qué punto la inmoralidad se ha adueñado de buena parte de nuestra clase política, no son esas reacciones, sino el argumento que hace pender la respuesta gubernamental de lo que dictamine un informe jurídico encargado por la propia Generalitat para saber si el decreto invade sus competencias. Vaya, que aquí lo importante no es si hace falta o no hace falta una hora más de castellano a la semana para equiparar a los niños catalanes con los del resto de España; aquí lo importante es si el Estado es o no es competente para poner orden en su propia casa. O sea, si es no es Estado.

El deshonor de una Fiscalía y de una Universidad
EDITORIAL Libertad Digital 15 Diciembre 2006

En una nueva muestra de ese, más que estéril, contraproducente e indigno empeño de intentar contentar a los que no se van a contentar, la Fiscalía ha decidido cambiar el criterio que mantenía hasta enero de este mismo año contra el diario etarra Egunkaria, y ha decidido el sobreseimiento de la causa. Ni que decir tiene que las numerosísimas pruebas –incluidas las extraídas de la documentación incautada a los etarras– que dejaban en evidencia la vinculación de ese "diario" con ETA son las mismas entonces que ahora. Lo que ha cambiado es el muy conocido y proclamado deseo del Fiscal General del Estado de que la ley "no sea obstáculo" a un proceso involucionista que no sólo los terroristas venden como "proceso de paz".

No hay, pues, de qué sorprenderse. Conde Pumpido ya dio serviles muestras, mucho antes del "alto el fuego", de que no le importaba que su toga y su prestigio como jurista se mancharan con el polvo de ese camino que, ya entonces y todavía ahora, el gobierno de Zapatero y la organización terrorista transitan juntos.

Menos aun nos deben sorprender las bochornosas declaraciones del rector de la Universidad del País Vasco, Juan Ignacio Pérez, conociendo la todavía más antigua y deplorable trayectoria de complicidades, cobardías y silencios que, junto a las heroicas, se han producido en ese ámbito universitario. No contento con maquillar la chantajista tregua a la que nos somete ETA como si de una "oportunidad histórica de paz" se tratara, el rector ha hecho un llamamiento para que la Universidad tenga un "papel más activo" en favor de ese ilegitimo e ilegal proceso de negociación. Su personal y académica contribución ha empezado por recordar, en un mismo plano, tanto a los profesores asesinados por ETA o los que tienen que acudir a clase con escolta, como a los encausados en la Audiencia Nacional por formar parte de la estructura terrorista o a los terroristas de ETA que quieren estudiar en dicha universidad.

Churchill ya advirtió contra ese "deshonor" que, en nombre de la "paz", no conseguiría tampoco evitar la guerra. Ahora acabamos de volver a presenciar, en ámbitos tan decisivos como el judicial y el universitario, dos muestras de ese deshonor que, ciertamente, tampoco evitarán la vuelta de ETA a la "lucha armada".

Memoria histórica
Nihilismo, confusión y ruido
Agapito Maestre Libertad Digital 15 Diciembre 2006

La carencia de principios sintetiza la visión del mundo de la chusma. Su primer y quizá único axioma es que el ser humano no es nada más que precio, que nunca lo pone el vendedor, como pudiera suponer alguien que aún cree en ciertos valores, sino el comprador. No hay más. O mejor dicho, sí que hay más, hay palabrería, segundas intenciones y oportunismo para adaptarse a este nihilismo. Sobre esa concepción se asienta el poder del Gobierno socialista. Se trata de simular un esfuerzo por producir nada, en realidad, por jalear de modo oportunista los vicios más bajos de esa "sociedad", a saber, despreciar tanto las ideas de verdad y libertad como el suelo de creencias y tradiciones sobre las que aquéllas se asientan.

El desprecio por la nación, los vínculos comunes, los pasados compartidos, el descubrimiento y desarrollo de la libertad y, sobre todo, la negación de la búsqueda de la verdad por complicidad con una única forma de ver el mundo, en realidad de negarse a verlo, es todo el "ideario" de un Gobierno que lejos de engañar a nadie se adapta a las exigencias más perversas de la chusma. El Gobierno es la caución de una chusma inmoral, que aguantará mientras "satisfaga" los deseos más bajos de una sociedad sin principio alguno. ¿Si la sociedad española no estuviera presa de esa chusma –minorías que imponen su dictado nihilista a la ciudadanía–, cree alguien seriamente que el Gobierno no habría caído ya? ¿Es concebible que un Gobierno, que eleva al criminal a categoría política, podría mantenerse en el poder sin la complicidad de una sociedad que sólo se preocupa por ser comprada?

En esta circunstancia nihilista, o sea de individuos que no creen en nada o que no saben de qué hablan, el Gobierno puede "proponer" cualquier barbaridad con la segunda intención no tanto de hacerse el bueno, el prudente y el sabio como de estigmatizar a la parte de la sociedad más desarrollada y libre, que conoce que sus segundas intenciones son peor que nada, son una acumulación de aniquilación sobre aniquilación. Aparte del infernal "proceso" de cambiar paz por territorios en que se ha embarcado este Gobierno con ETA, otro ejemplo paradigmático de nihilismo es su propuesta de una ley de la "memoria histórica" para estigmatizar, otra vez, al partido de la oposición como continuador del franquismo.

La sociedad civil sabe que ese planteamiento es una falsedad. Sin embargo, la chusma, entre los que ocupan un lugar destacado el nihilismo de nuestros eruditos y académicos, de nuestros intelectuales y "poetas" y, sobre todo, de nuestros oportunistas medios de comunicación, colabora con su nihilismo militante o estúpido a que los socialistas satisfagan los viejos resentimientos de quienes quieren volver al hecho más salvaje de la historia de España, la guerra civil, para atribuir culpas a quién no puede defenderse. O peor, quieren volver a un hecho terrible, un abismo, sobre el que la historia crítica ha demostrado que las categorías políticas actuales son inviables para explicarlo. A pesar del esfuerzo historiográfico para que esa época sea estudiada con piedad, el silencio nihilista de nuestras "elites académicas", que no se atreve a denunciar la maniobra socialista, colabora criminalmente con quien, por desgracia, durante tantísimo tiempo cuidó el olvido, más aún, fue amnésico de su horrible pasado.

En fin, hoy, cuando el nihilismo de la chusma lo inunda todo, el PSOE apuesta por satisfacer los más bajos instintos de quienes quieren volver al hecho más salvaje de la historia de España, la guerra civil. Terrible. Cuando la solidez de los hechos, de los acontecimientos trágicos de nuestro pasado guerracivilista, se habían convertido definitivamente en un abismo del que sólo podríamos salir indemnes renunciando a nuestros respectivos pasados, viene el nihilismo socialista para aniquilar la verdadera historia, la historia crítica, y decirnos que los culpables de la guerra civil no somos todos, sino quienes se niegan a aceptar su miserable ley de "memoria histórica".

Críticas a la democracia española de Arturo Pérez Reverte, idénticas a las de Voto en Blanco
Francisco Rubiales Periodista Digital 15 Diciembre 2006

He leido "Nuestros Nuevos Amos", artículo publicado por Arturo Pérez Reverte, uno de nuestros mejores escritores, en ABC, y sentí una doble satisfacción: la primera porque coincidía plenamente con lo que el escritor expone y la segunda porque comprobe que sus críticas a la democracia y su visión de la política española coinciden plena e integramente con las que este blog Voto en Blanco viene planteando desde su nacimiento, en abril de 2004.

El siguiente es uno de los párrafos del artículo: "... la democracia española es incompleta y sectaria. Ignora el respeto por el adversario; y la incultura, la ruindad insolidaria, la demagogia y la estupidez envenenan cuanto de noble hay en la vieja palabra. Seguimos siendo tan fieles a lo que somos, que a falta de reyes que nos desgobiernen, de curas que nos quemen o rijan nuestra vida, de generales que prohíban libros y nos fusilen al amanecer, hemos sabido dotarnos de una nueva casta que, acomodándola al tiempo en que vivimos, mantiene viva la vieja costumbre de chuparnos la sangre. Nos muerden los mismos perros infames, aunque con distintos nombres y collares. Si antes eran otros quienes fabricaban a su medida una España donde medrar y gobernar, hoy es la clase política la que ha ido organizándose el cortijo, transformándolo a su imagen y semejanza, según sus necesidades, sus ambiciones, sus bellacos pasteleos. Ésa es la nueva aristocracia española, encantada, además, de haberse conocido. No hay más que verlos con sus corbatas fosforito y su sonriente desvergüenza a mano derecha, con su inane gravedad de tontos solemnes a mano izquierda, con su ruin y bajuno descaro los nacionalistas, con su alelado vaivén mercenario los demás, siempre a ver cómo ponen la mano y lo que cae. Sin rubor y sin tasa".

Nos sentimos orgullosos de ver a Pérez Reverte entre las filas de los luchadores por los derechos, las libertades y por una democracia mejor. Nos enardece que coincidamos.

Invitamos a los lectores de este blog a que se deleiten leyendo "Nuestros Nuevos Amos".
Pulsa aquí si quieres hacerlo.

www.votoenblanco.com

Amnesia histórica
EDITORIAL Libertad Digital 15 Diciembre 2006

"Queremos que el Rey de España pida perdón a las víctimas en general porque éste supone la continuidad con el régimen anterior", aseguró el portavoz de ERC en el debate sobre la ley de amnesia histórica que ha iniciado hoy su trámite parlamentario. Es el resumen de lo que significa la memoria histórica: reavivar el odio y regodearse en el revanchismo. Los que aseguran preservar el legado de quienes hicieron un golpe de estado en el 34 y fracasaron buscan ganar la guerra contra los que también se levantaron en armas en el 36 y tuvieron éxito, setenta años después. Sólo que nadie reclama la herencia de estos últimos; mientras la derecha se ha modernizado abandonando los lastres autoritarios, tanto la izquierda como el nacionalismo permanecen anclados en la nostalgia del totalitarismo que impulsaron entonces.

El historiador británico Paul Johnson escribió que nuestra guerra civil había sido "el acontecimiento del siglo XX sobre el que más mentiras se han escrito". Y la mayor y más repetida, sin duda, ha sido la de intentar colarnos la Segunda República como un periodo paradisíaco en el que sólo la maldad de los terratenientes y los curas, celosos de sus privilegios, supone una mínima sombra. Pero esta historia de resabios marxistas, de buenos y malos, nunca ha resistido un análisis mínimamente serio; ni siquiera el escrutinio más superficial del sentido común.

Desgraciadamente, la Segunda República fue un régimen que desde su inicio se planteó como exclusivo de media España contra la otra media. En un país católico se escribió una carta magna no ya "laicista", como gusta ahora decir, sino abiertamente antirreligiosa. Quema de conventos aparte, sirva como anécdota que la celebración de la Semana Santa fue suspendida en casi toda España en 1933, facilitada por la Ley de Defensa de la República, cuya promulgación acabó con las pocas garantías ante el arbitrio del poder de la constitución del 31, y permitió también el cierre de un centenar de periódicos de derecha durante los cinco años que sobrevivió el régimen. Es posible que sea a esto a lo que se refiera Zapatero cuando afirma que nuestra democracia –la que quiere implantar, con la derecha aislada y sin posibilidad de gobernar– no hereda de la Transición sino de la república.

Tras una desastrosa república contra la que se sublevaron desde todas las ideologías llegó una guerra en la que las atrocidades de un bando sólo lograron superarlas las del otro, y que ganaron quienes no se mataron entre sí. Mientras intenten hacernos creer que la represión fue algo pensado y estudiado en el bando de los malos y propio de incontrolados –y por tanto disculpable– en el de los buenos, resultará imposible creer en las buenas intenciones de quienes promueven una "memoria" que nada tiene que ver con la Historia, y que más bien parece amnesia interesada. Ni cabe enorgullecerse del bando apoyado por Hitler ni tampoco por el de Stalin.

La vicepresidenta De la Vega ha intentado en vano presentar el texto como "heredero del mejor espíritu de la Transición" y, especialmente, de la "concordia". La guerra de esquelas que está librándose en nuestros periódicos indica que si hay algo que esta ley y, sobre todo, la propaganda sectaria que la acompaña están logrando es precisamente acabar con la concordia y resucitar el guerracivilismo. Porque incluso una ley que reflejara la moral hemipléjica de la izquierda podría no haber exacerbado los ánimos si no hubiera estado acompañada de tantas declaraciones desde las más altas instancias haciendo suyos "los valores" de la Segunda República. Mientras la progresía española siga anclada en el 34, resultará difícil creer en las credenciales democráticas de las que tanto se pavonean.

¿Memoria histórica o política a costa de la historia?
Antonio Pérez Henares Periodista Digital 15 Diciembre 2006

Mi posición sobre la ley de Memoria histórica que comenzó ayer a tramitarse en el Congreso quedo expuesta en la entrada que pueden encontrar aquí mismo “Memorias históricas, odios actuales” de fecha 30 de agosto. Al calor del debate de ayer tan solo vayan algunas pinceladas.

.- El reconocimiento a las victimas de la represión franquista es justo y necesario. La reparación moral a los defensores de la democracia y libertad que fueron encarcelados, torturados e incluso asesinados ( por ejemplo Julián Grimau en los años 60) imprescindible. Se tenía que haber hecho antes. Y antes hubo un gobierno socialista durante 13 años y uno del PP durante 8.

.- Pretender a partir de ahí otra cosas es tan insensato como peligroso. La legitimidad de la actual democracia viene de la Constitución del 78, no de la legalidad republicana.

.- Pretender algo así como que unos son los herederos de los buenos, y que la derecha es la heredera del franquismo es una atrocidad. Es un partido democrático, y tan digno que sus concejales han vertido su sangre , bajo las balas de ETA en defensa de la libertad y la democracia. Arrumbar eso es una auténtica felonía. Esconde que en realidad el PSOE y algunos otros voceras no hicieron nada contra el franquismo y pretenden ahora hacerse pasar por ello. (Ni un solo ministro, ni Felipe ni Guerra, excepto Mugica , y este por ser del PCE, pisaron las cárceles de Franco) Había que ser antifranquista cuando tocaba y no ahora para darse un aire y optar a cargos. Ponerse ahora a clamar contra el es lo mismo que hacerlo contra Fernando VII.

.- Carentes de ese pedigrí de lucha por las libertades algunos lo encuentran en el abuelo. Olvidan que abuelos tuvieron todos y que las atrocidades de la guerra fueron muchas y salpicaron a todos. Herederos de aquello somos todos, algunos y no pocos hasta con la familia dividida en los bandos.

.- Las familias deben tener las ayudas para que puedan enterrar de una vez y dignamente a quienes aún permanecen en anónimas fosas comunes. Enterrar no significa desenterrar de nuevo el odio y que este regrese a la sociedad española y que vuelva a ser motivo de confrontación y violencia entre los españoles.

Por ultimo , antes que andar revisando la historia tan reciente y que pretenden escribir los políticos según sus intereses mas nos valdría estudiar y dejar de ignorar nuestra historia de España, nuestra historia y epopeya común. No hay pueblo sobre la tierra que la ignore tanto y que encima la desprecia y hasta se averguenza incluso de ella, cuando es tan grandiosa y impactante, incluso en sus terribles sombras . Siempre he pensado que las gentes están deseando conocerla y quererla, de verdad, no como aquellas glorias imperiales, y que en ello está la base del tremendo y merecido éxito de Arturo Pérez Reverte y su recreación y reivindicación de esa historia.
Pero claro en nuestros planes de estudios, en todos y a cada cual peor, no hay sitio para ello. Así nos va.

Memoria histórica
Stalin, el primer ecopacifista
Jorge Vilches Libertad Digital 15 Diciembre 2006

Cuentan que Stalin se plantó ante sus esforzados camaradas, contempló el cielo moscovita, y dijo: "La culminación de la historia de Rusia soy yo". Nadie chistó, al contrario, el mundo académico ruso pergeñó un relato histórico acorde al plan político del padrecito Stalin. La legitimidad revolucionaria, decían, se unía por fin a la legitimidad histórica. Dos por el precio de uno; las gangas típicas de las rebajas bolcheviques.

El comunismo aparecía en la Rusia de Stalin como la culminación de la historia del país. Todo lo sucedido desde que se puso la primera piedra al lado del río Moskova era precomunismo soviético, era el camino hacia la organización de la sociedad por el gulag, la purga, los planes quinquenales y el PCUS. La memoria histórica comunista, henchida de odio social, exigió entonces reparaciones, perdones y juicios morales, incluso de la familia Romanov, asesinada en 1918.

Con Zapatero apareció en España la cuestión de la "memoria histórica". Un concepto que conjuga perfectamente con ese ajuste de cuentas con la historia tan al gusto de lo políticamente correcto. Pero como tantas cosas, al presidente del gobierno el asunto se le escapó de las manos.

El gobierno socialista nos ha metido en este tinglado de la "memoria histórica" causando un perjuicio enorme. La torpeza, una más, ha impedido la correspondencia general con el digno y respetable deseo de los descendientes de las víctimas de encontrar los cuerpos de los asesinados y sentir el respaldo social.

Pero es que la iniciativa del Presidente se puso en marcha con su ya tradicional estilo; es decir, sin calcular sus efectos. Rodando la bola, la izquierda que deambula entre el "ecopacifismo" (sic) y el nacionalismo étnico-lingüístico, se ha apropiado del proyecto de "memoria histórica", y ha tildado al gobierno poco menos que de apóstata a la justicia histórica.

La insatisfacción de IU y ERC con la Ley de la Memoria Histórica no sorprende, pues el texto no exige que pidan perdón el Rey, la Iglesia, el Ejército y, claro, el PP. Porque los populares son, en ese imaginario soviético pret a porter, herederos del franquismo.

Izquierda Unida y ERC, aliados del socialismo de Zapatero, nos traen con su particular "memoria histórica" el aroma del academicismo estalinista. Ellos son los herederos directos, los indubitables albaceas de los demócratas históricos habidos y por haber en el "Estado español". ¿O es que alguien duda de que el comunismo ha sido, es y será el más firme bastión de la democracia liberal en el mundo? Vamos, Stalin, el primer ecopacifista. Claro, porque el ecopacifismo no tiene por qué pedir perdón a los familiares de los 100 millones de víctimas del comunismo en el mundo. Quizá esa "memoria histórica" politizada sea, como todas las memorias, selectiva, muy selectiva.

Memoria o revancha
Editorial ABC 15 Diciembre 2006

LA llamada «Ley de Memoria Histórica» superó ayer un importante trámite del procedimiento parlamentario con el rechazo a las enmiendas de totalidad que, por motivos antagónicos, habían presentado el Partido Popular por un lado, y los socios más extremistas del Gobierno, Izquierda Unida y Esquerra Republicana de Cataluña, por otro. Mientras para los populares el proyecto del Gobierno quiebra la reconciliación alcanzada durante la Transición y culminada con el pacto constitucional de 1978, para los socios minoritarios del PSOE es una iniciativa que se queda corta en la deslegitimación retrospectiva del franquismo. Sin duda, el proyecto de ley de «Memoria Histórica» ha generado la división y el enfrentamiento que, supuestamente, estaba llamado a cerrar de modo definitivo, y los ha provocado porque su intención no es generosa ni justa. Por el contrario, el Gobierno ha dado forma legal al ánimo revisionista con el que ha afrontado su acción política desde el inicio de la legislatura, rompiendo consensos básicos, aprobando leyes sumamente polémicas e innecesarias, apostando claramente por un izquierdismo radical -del que se ha hecho eco el diario The New York Times-, acosando la presencia del cristianismo en la vida pública y, en general, promoviendo toda iniciativa que demostrara la voluntad de no contar para nada con el PP.

El reconocimiento a las víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura franquista se ha venido produciendo sin necesidad de elevar a rango de ley un propósito meramente propagandístico. Es una falsedad artera afirmar que este proyecto, así como las enmiendas que proponen las minorías extremistas, buscan recuperar la memoria. Tal memoria nunca se perdió, precisamente porque fue la base de la reconciliación nacional en la Transición y en el pacto constitucional y, entre otros gestos, de la amnistía general decretada en 1977, medida cuya significación histórica es ahora olvidada de forma oportunista. Y cabe añadir que de esa memoria sobre la Guerra Civil y el franquismo ha estado impregnada la actividad académica, cultural, incluso cinematográfica, durante estos años de democracia. Lo que se pretende realmente es colocar una carga de profundidad contra la legitimidad del orden constitucional, cuyo presupuesto histórico no es en absoluto la Constitución de 1931, ni su desastroso régimen republicano, sino la reforma política que se impulsó desde el franquismo sin Franco y a la que sumaron las principales formaciones políticas para fraguar el texto constitucional de 1978. La revisión crispada y revanchista no va a cambiar el pasado, ni hará que la Guerra Civil la gane quien la perdió, ni que la actual democracia no fue fruto de una ruptura traumática. Bien haría la izquierda española en tomar nota de la ejemplar defensa de la democracia chilena que ha hecho Michelle Bachelet tras la muerte de Pinochet, en vez de ponerla bajo sospecha por el pasado dictatorial que protagonizó el fallecido golpista.

Por eso resultaría un despropósito añadido y agravado que el Gobierno cediera a la pretensión de comunistas y republicanos de decretar una nulidad general de las sentencias dictadas por los tribunales de justicia durante el franquismo. El proyecto de ley contiene una declaración genérica de la injusticia de la represión en ambos bandos de la Guerra Civil y en la dictadura, pero la presión de sus aliados parlamentarios podría hacer que el Gobierno y el PSOE aceptaran la nulidad de las sentencias durante el procedimiento parlamentario. El Consejo General del Poder Judicial ha alertado sobre los perjuicios de una decisión de esta naturaleza y las asociaciones judiciales muestran criterios discrepantes. La reciente decisión de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo -por tres votos frente a dos- por la que se rechaza revisar la condena a muerte de dos anarquistas (Joaquín Delgado y Francisco Granado), ejecutados en 1963, es una prueba evidente de que la revisión de sentencias firmes debe quedar sometida sólo a criterios técnicos, y no políticos, más aún cuando el recurso de revisión que regula la Ley de Enjuiciamiento Criminal es suficiente para dejar sin efecto condenas a inocentes, siempre que se presenten pruebas del error judicial. El Gobierno ya ha cometido con esta iniciativa errores muy graves que han reabierto heridas y despertado agravios zanjados por una reconciliación social y constitucional ahora en peligro.

Memoria y división nacional
Pablo Sebastián Estrella Digital 15 Diciembre 2006

Un cierto escalofrío recorre las instancias del Gobierno y del palacio de la Moncloa tras la difusión del último comunicado de Batasuna que anuncia que el proceso de paz está en “vía muerta” y sin posibilidades de avance. Una declaración que otros portavoces más próximos al Gobierno intentan neutralizar diciendo que ciertos sectores batasunos no ven las cosas tan mal, aunque el pesimismo crece sin cesar, hasta el punto de que tanto el Gobierno como la Fiscalía del Estado —que acaba de exculpar al diario Egunkaria— están buscando fórmulas llamativas para convencer a ETA de que pueden dar pasos que abran el camino de la negociación política, ahora que en Madrid se empieza a temer lo peor y que las fuerzas de seguridad están en estado de alerta, mientras se advierte a las personas amenazadas del riesgo de un atentado criminal en un plazo no lejano.

Una tensa y nueva situación, en la que aparecen enfrentados el PSOE y el PP, y que coincide con el debate y la puesta en marcha en el Parlamento de la Ley de Memoria Histórica con la que se pretende recuperar la verdad y la memoria de las víctimas republicanas de la Guerra Civil y de la represión franquista, algo que en sí no es malo sino justo pero que, como todo lo que hizo Zapatero desde el inicio de la legislatura, está marcado por el enfrentamiento civil y la unilateralidad, rompiendo el consenso que sobre todo ello, unidad del Estado, lucha contra el terrorismo y ámbito de convivencia nacional, se había construido entre el PSOE y el PP desde el inicio de la transición.

Quitando los disparates de algunos nacionalistas e izquierdistas, muchas iniciativas del proyecto de la memoria histórica podrían ser razonables y justas, pero su puesta en marcha debería hacerse en un clima de concertación y convivencia nacional que no sólo no existe sino que está más deteriorado que nunca lo estuvo desde el inicio de nuestra transición. Empezando por las heridas mal cerradas del 11M —que algunos quieren abrir con extrañas teorías conspirativas— y siguiendo por la pretendida reforma federal del Estado, o la negociación unilateral con ETA que atraviesa momentos de gravedad y que se inició, como el Estatuto catalán, de la misma mala manera que lo hizo entonces el presidente Zapatero. Pero con un agravante muy especial, porque en este caso no hay posible rectificación o marcha atrás, como por ejemplo ocurrió con el texto inicial del Estatuto catalán con la ayuda de CiU. Porque la deriva política inicialmente aceptada de la negociación con ETA es muy difícil de rectificar, entre otras cosas porque, desde luego, ni ‘Ternera’ ni ‘Txeroki’, los jefes de ETA, son similares a Durán Lleida o a Mas, y exigen a Zapatero el compromiso de concesiones políticas que les ofreció a cambio del alto el fuego. Y porque ETA, ante todo y de cara al futuro, necesita que se le reconozca su pasado y se presente como una acción militar y política que justifique sus crímenes y que permita la liberación y exculpación de sus pistoleros.

Por todo ello, unido a una división y un enfrentamiento en el seno del poder judicial, entre comunidades autónomas, en los medios de comunicación, entre la Iglesia y el Gobierno, etcétera, podemos deducir que la convivencia nacional atraviesa unos de sus peores momentos y no facilita en nada el proceso en paz ni el consenso de la Ley de Memoria Histórica, de la misma manera que se vio dañada la iniciativa de reforma autonómica. Y todo ello con el agravante de que nada de lo ocurrido o de las iniciativas unilaterales del Gobierno y sobre todo de Zapatero responde a una clara demanda social, que no se ve por ninguna parte, ni al programa electoral del PSOE.

Pero lejos de frenar la situación y de poner un punto y aparte a esta deriva de continua confrontación nacional, el Gobierno sigue en sus trece desde su debilidad parlamentaria y en manos de unos socios nacionalistas y radicales de la izquierda que han puesto en marcha una dinámica tan temeraria como innecesaria cuyo final nadie puede predecir y que, en este momento, está unido y depende ni más ni menos que de ETA. La banda que está sopesando la situación y viendo en la crisis de convivencia nacional y en el bloqueo negociador que sufre el proceso una oportunidad para hacer acto de presencia de manera brutal para seguir la vieja estrategia de algunos momentos cruciales ya vividos en la transición, la del “cuanto peor mejor”. Pero si ETA rompe y convierte la vía muerta del proceso de negociación de la que hablan desde Batasuna en vida muerta de ciudadanos inocentes, entonces todo el castillo de naipes del enfrentamiento nacional montado por Zapatero se vendría a bajo de una manera ruidosa y espectacular.

Siguen abiertas las apuestas
Lorenzo Contreras Estrella Digital 15 Diciembre 2006

Joseba Egibar, presidente del PNV de Guipúzcoa y uno de los dirigentes nacionalistas más exigentes y duros, ha dicho algo con lo que resulta difícil no estar de acuerdo. Sus palabras han sido éstas: “Un atentado —de ETA— puede hacer tambalear al Gobierno”. Lo que el dirigente citado no dice es que si la violencia mortífera vuelve, la banda sufrirá también graves consecuencias. En mi comentario del pasado día 5 de diciembre me permití aventurar: “Zapatero, con entierros por medio, se la juega en las elecciones del 2008. Pero también, a su medida, se la juega ETA, porque ZP es ‘su hombre’ en Madrid, casi su agente secreto -siempre según lo utiliza ella-. No podía la banda, en los tiempos de Aznar, soñar con tanta facilidad de acceso a sus propias expectativas de éxito. Si no tuviese un ZP habría de reinventarlo. Es preferible para la organización terrorista acentuar su amenaza sin llegar a concretarla en los términos cruentos de las décadas pasadas”.

Uno sigue pensando lo mismo, aunque los mensajes que destila el mundo etarra o proetarra son más sombríos que nunca desde el anuncio del alto el fuego permanente. El movimiento preamnistía ha declarado que “todas las luces rojas están encendidas” y ha convocado para el próximo día 20 una jornada de movilización “en toda Euskal Herria”, porque, según su dirigente Juan María Olano, “el proceso democrático que tanta ilusión y esperanza ha creado en la sociedad vasca está hundido o a punto de hundirse”.

Según Olano, existe una represión “incompatible” con la apertura de un proceso democrático, de modo que el Gobierno de Zapatero ha destrozado las bases necesarias para avanzar hacia la resolución del llamado conflicto. El Ejecutivo de Ibarretxe estima que “las cosas no pueden seguir así”, ya que “la mejor forma de no solucionar un problema es dejarlo pudrirse”.

Quedan abiertas las apuestas. Repito lo que escribí el pasado 30 de noviembre: “La abstención de muertos es esencial para que la farsa de la pacificación siga llamándose proceso”. Cabría decir lo mismo a la inversa: La abstención de muertos, de asesinatos, es esencial para que la farsa del proceso siga llamándose avance hacia la pacificación. Para Zapatero es indispensable evitar tener que presidir, como antaño sus predecesores en la Moncloa, entierros y ceremonias luctuosas capaces de arruinar ante algunos su crédito de gran pacificador que sacó a España de Iraq e inactivó las armas de ETA, con la vista puesta en la aspiración de ganar las elecciones del 2008.

Es evidente que a ETA no le interesa que Zapatero pierda el poder. ¿Cuál será al final la opción de la banda? ¿Dar todo por perdido, esperar otros tiempos, devolver a una sociedad vasca cansada de tanta conmoción, tras nueve meses de tregua, una desilusión de treinta años? El pragmatismo de la banda, compatible con su fanatismo, invita a pensar en una prórroga del alto el fuego, aun manteniendo intactas todas sus aspiraciones, en línea con lo expresado por Pernando Barrena en la localidad navarra de Burlata: “La izquierda —la suya— no tiene la más mínima intención de arrojar la toalla. Estamos en esta apuesta hasta sus últimas consecuencias”.

El desafío, como era de esperar, se mantiene. El coro que acompañaba a Barrena en Burlata lo ha anticipado: “No sabemos cómo participaremos en las próximas elecciones, pero eso no nos va a frenar”.

Mantener la ficticia apuesta “pacificadora” para asegurarle a Zapatero la renovación de un mandato que le convierta en definitivo rehén de la ETA chantajista, es una tentación que conserva posibilidades de subsistir.

El recurso fascistoide de la Historia
Daniel Martín Estrella Digital 15 Diciembre 2006

Una de las diferencias formales entre comunismo y fascismo —la esencia es siempre la misma: el “partido” domina el Estado; el Estado usa la propaganda, el espionaje, la fuerza y el intervencionismo económico para controlar hasta el último suspiro de sus súbditos— es que este último recurre al pasado patriótico como uno de sus cimientos básicos. Mussolini, Hitler y Franco hacían constantes referencias a los imperios, respectivamente, romano, germano y español para presentarse como los líderes que iban a recuperar glorias pasadas. La obsesión de algunos, como Zapatero, por el pasado franquista no sé si resulta paradójica o reveladora.

La gran diferencia es que si aquellos sólo se fijaban en la grandeza de la Historia de sus respectivos países, Zapatero y demás impulsores de la Ley de Memoria Histórica que ahora pasa por el Congreso como si lo hiciera en tiempos de Franco —para nada— insisten en recordar las viejas miserias de nuestro pasado más reciente. Nadie sabe por qué o para qué, pero forma parte de su discurso con una insistencia machacona y sospechosa.

Según De la Vega, vicepresidenta del Gobierno y defensora de la discriminación por sexos, la ley va a servir como “reparación” a las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura. Cosa curiosa donde las haya. Quizás hasta justa. Pero enormemente peligrosa. Algunos, los más fachas de España —ERC—, piden incluso que se anulen todas o numerosas decisiones judiciales dictadas durante el franquismo. Aunque fuese una dictadura, no es ni posible ni prudente eliminar una gran parte o la totalidad de las sentencias de un periodo de tanta duración. Sólo pensar algo tan ridículo produce más risa que miedo.

Porque lo que realmente da miedo es comenzar ahora a investigar qué decisiones y qué víctimas han de ser reparadas. Algunas sentencias famosas, como la de Puig Antich, han sido descubiertas por el propio desarrollo de la historia española. Más que una víctima, Puig Antich es un mártir. Su memoria está restaurada hasta límites para él insospechados. Que esto deba ser acompañado de una compensación monetaria, es cuestión discutible porque conllevaría poner en duda la Justicia aplicada durante más de 36 años muy largos.

Peor aún es el trato que se puede dar a los casos dudosos. Porque, fuera de las víctimas evidentes del sistema dictatorial, ¿quién fue víctima del régimen franquista? ¿Quién no lo fue? Es en este punto cuando comienzo a temblar. Porque cuando una ley se plantea compensar a unos pobres desdichados, otros que no lo fueron tanto se quieren subir al carro del dinero compensatorio. Esta Ley de Memoria Histórica sólo servirá para incrementar aún más la inseguridad jurídica en la que estamos sumidos por culpa del sistema autonómico y la nula excelencia de nuestro sistema judicial. Ciertamente, me gustaría saber quién decidirá la calidad de víctima del franquismo. Aunque vivamos en apariencia de democracia, no somos una. Y la tentación de reescribir la Historia es tan fuerte que apenas ningún político puede resistirse a ella. Hasta el gran Churchill escribió su propia historia de los Estados Unidos de América. Claro que entonces los primeros ministros sabían escribir.

Aparte, la Ley de Memoria Histórica, en el país que vivimos, en la Europa que sufrimos, en el mundo que nos tocó el 11S, no puede considerarse más que como una maniobra táctica de diversión, de distracción. No sirve absolutamente para nada. Sólo para levantar ampollas, para mantener vivo uno de los episodios más negros de nuestra Historia. Recordar la maldad inherente a la dictadura franquista, evidente desde el momento que era un sistema despótico, sólo sirve para embellecer la nulidad moral de nuestro actual Gobierno y para intentar convertir en utópica la patética y autodestructiva II República: Según parece, esa es la prioridad gubernamental antes que el paro, la inseguridad ciudadana, la economía, la corrupción, la Educación... Esa y la falsa negociación con la mafia vasca. Quizás alguien debería descubrirle a Zapatero lo que dijo Thomas Jefferson: “Me gustan más los sueños de futuro que la historia del pasado”.

P.S.: España es, siempre lo ha sido, un país de ironías. Los ingleses a nuestro lado son unos simples aficionados. Aquí rara vez hemos recordado u homenajeado a nuestros más ilustres nombres. Salvo a Viriato, Favila y Carlos I durante el franquismo. Ahora, en lugar de recordar a nuestros ilustres del siglo XX –Unamuno, Ortega, Madariaga, Marías...– nos empeñamos en seguir recordando lo pésimo –Franco, Azaña, Largo Caballero, Millán Astray...–. Es lo que ocurre cuando los que mandan y tienen opinión son los que tenemos y escuchamos. La madrastra del cuento de Blancanieves sólo buscaba en el espejo su auténtico reflejo.

Oriente Medio
Si "la guerra no es la respuesta", ¿cuál es?
Larry Elder Libertad Digital 15 Diciembre 2006

"La guerra no es la respuesta", decía la pegatina del coche detrás del cual aparqué. Habiendo llegado demasiado pronto a mi cita para cortarme el pelo, decidí sentarme un rato y reflexionar sobre la solemnidad de ese mensaje. "La guerra no es la respuesta"; ¿a qué? ¿A la no-guerra? ¿A, digamos, el ataque japonés por sorpresa a Pearl Harbor? ¿A la invasión de Polonia por parte de Alemania en 1939? ¿Al ataque simultáneo de varias naciones árabes contra el Estado recién certificado por Naciones Unidas de Israel en 1948?

El conductor que puso esa pegatina, sin duda, conoce una respuesta "pacífica" o "diplomática" a todas las guerras de la historia. Dado que él o ella parece rechazar completamente la noción de "guerra justa", decidí esperar un poco con la esperanza de que volviera para iluminarme.

¿Qué hacer, por ejemplo, con el presidente de Irán, Mahmoud Ahmadinejad, que amenaza directamente a Estados Unidos? "Con la voluntad y la fuerza de Alá, pronto tendremos un mundo sin Estados Unidos ni sionismo". Hace bien poco desarrolló la idea. En conversaciones en Qatar con el primer ministro palestino Ismail Haniyeh, Ahmadinejad dijo: "El régimen sionista fue creado para establecer el dominio de estados arrogantes sobre la región y permitir al enemigo penetrar en el corazón de las tierras musulmanas". Haniyeh aseguró que Israel estaba "al borde de la desaparición". "No hay duda de que la nación palestina y los musulmanes en conjunto emergerán victoriosos", dijo el presidente iraní a Haniyeh.

Puesto que "la guerra no es la respuesta", ¿cómo respondería a esto el señor o señora Pegatina? ¿Lo ignoraría? Pero no parece que Ahmadinejad tenga intención de hacer lo mismo. ¿Tomaría entonces medidas? Por supuesto que no, puesto que si "la guerra no es la respuesta" es de suponer que tampoco lo es la "guerra preventiva".

¿Qué hay del reciente informe de nuestro ejército acerca de pruebas "evidentes" del envío directo de municiones a "los insurgentes" en Irak por parte de Irán? Tras tres elecciones en Irak en las que votó casi el 80% de los iraquíes convocados, tras la aprobación de una constitución, tras el establecimiento de un gobierno multiétnico, el Irán revisionista del Holocausto envía dinero, municiones e Inteligencia para destruir el aún débil Gobierno de Irak. Un consejo, por favor.

Israel, el país que Irán pretende "borrar del mapa", se retiró por completo de la franja de Gaza. A cambio, los palestinos bombardearon Israel con misiles y secuestraron a un soldado. Mientras tanto, en el sur del Líbano, delante de las narices de "los pacificadores" de Naciones Unidas, el grupo terrorista Hezbolá, financiado por Irán, amasaba un arsenal de miles de proyectiles, del que una porción sustancial acabó lloviendo sobre ciudades y aldeas israelíes durante la guerra de Hezbolá-Líbano-Siria-Irán contra Israel. ¿Cuál es, pues, "la respuesta"?

¿Qué hay de la Segunda Guerra Mundial, un conflicto catastrófico que acabó en más de 50 millones de muertos militares y civiles? Winston Churchill escribió que si Francia y Gran Bretaña hubieran hecho algo para detener a Hitler lo suficientemente pronto, toda la guerra se podría haber evitado. Pero, claro, "la guerra preventiva" no deja de ser una guerra, ¿no?

Irán afirma buscar el enriquecimiento de uranio para fines pacíficos. Pero la Agencia Internacional de la Energía Atómica no puede corroborar esas alegaciones. Mientras tanto, miembros de Naciones Unidas como Rusia venden a Irán tecnología nuclear. China negocia acuerdos con Irán con el fin de garantizarse un suministro continuo de petróleo. Si "la guerra no es la respuesta", ¿qué hay de vender tecnología nuclear cuando el comprador dice que otro estado de Naciones Unidas debe ser barrido del mapa? Tampoco tengo muy claro cuál es la respuesta que se debería dar a uno de los predecesores de Ahmadinejad, Hashemi Rafsanjani, cuando afirmó que "el uso de una bomba nuclear contra Israel destruiría completamente Israel, mientras que contra el mundo islámico sólo causaría algunos daños. Semejante escenario no es inconcebible."

Pero esto sólo afectaría a Israel. ¿Qué hay de Europa y Estados Unidos?

La fatwa de 1998 de Osama bin Laden animaba a los musulmanes a atentar contra civiles norteamericanos como "deber religioso". Michael Scheuer, que creó y gestionó la unidad Bin Laden de la CIA, afirma que en el 2003 bin Laden hizo que el jeque saudí decretase una fatwa autorizando el uso de armas nucleares contra los estadounidenses para responder a los musulmanes muertos "en la guerra santa". El periodista jordano Fouad Hussein entrevistó, para su libro "Al-Zarqawi: la segunda generación de Al-Qaeda", a varios de los principales lugartenientes de Bin Laden, incluyendo al difunto Abú Musab al-Zarqawi. Hussein traza la estrategia de siete fases de al-Qaeda, siendo la primera "un despertar" de los musulmanes en todo el mundo tras los ataques del 11 de Septiembre. El plan culmina con "la victoria definitiva" de 1.500 millones de musulmanes" y el establecimiento de un califato islámico global hacia el 2020.

La comisión Baker-Hamilton quiere "diálogo" con Siria e Irán. Pero Naciones Unidas implica a Siria en el asesinato del ex primer ministro libanés Rafik Hariri. Más recientemente asesinaron a Pierre Gemayel, el importante ministro de industria libanés, otro crítico de Siria.

Vaya, llego tarde para mi cita. De modo que "la respuesta" alternativa a la guerra tendrá que esperar a que me corten el pelo y me arreglen el bigote.
© Creators Syndicate, Inc.

España
El nacionalismo se opone en bloque a que se imparta una hora más de castellano
El conseller Maragall afirma que «hay riesgo de invasión de competencias» por parte del Estado
P. A. Ruiz El Correo 15 Diciembre 2006

Barcelona- El decreto por el que se tendrá que implantar una tercera hora de más en el currículo de Primaria en Cataluña no ha hecho más que despertar el rechazo del amplio espectro político catalán. Ernest Maragall finalmente salió ayer en defensa del modelo educativo de la comunidad, heredero del nacionalismo de Pujol, tras el alud de críticas de sus socios de Gobierno y de la propia Convergencia.

Maragall, quién en un principio se mostraba partidario de esta iniciativa, declaró ayer en la televisión autonómica catalana que en el decreto «de mínimos» existe «un riesgo de invasión competencial». «No es una opinión de Esquerra Republicana, es mi opinión. No comparto las declaraciones de la Ministra (en las que asegura que el decreto es para garantizar el bilingüismo), no me parece la manera más acertada de presentar el asunto», afirmó. El titular de Educación catalán adelantó que ya ha encargado un dictamen jurídico que verifique si el Real Decreto invade competencias autonómicas. Una vez con el resultado en la mano, probablemente a mediados de la semana que viene, solicitará una comparecencia extraordinaria en el Parlament para abordar la cuestión.

Defensa de Cataluña
Durante la tarde de ayer se reunieron con carácter de urgencia los representantes de los grupos parlamentarios que forman el equipo de Govern para concretar las acciones que llevarían a cabo. En ésta se acordó que, si se evidencia que el decreto invade las competencias catalanas, se defenderá a ultranza las titularidades que otorga el nuevo Estatut y, en este marco, se decidirán «los contenidos educativos, con tal de garantizar el dominio del catalán, el castellano y el inglés».

En cualquier caso, la cámara catalana se mostrará partidaria de recurrir la norma del Gobierno si se da la posibilidad. Maragall así lo cree, pues sostuvo que la Generalitat «tendrá una posición única, estoy convencido, tanto sobre los aspectos competenciales como los pedagógicos». De hecho, todos los partidos, a excepción del Partido Popular y Ciutadans-Partit de la Ciutadania, se han mostrado a favor en los últimos días de recurrir el decreto.

Desde Convergencia i Unió lo tienen claro. La diputada Irene Rigau explicó a este diario que «el decreto es invasor de competencias porque no tiene en cuenta el nuevo Estatuto en el que se indica que el catalán es la lengua vehicular de aprendizaje en las escuelas». Rigau afirmó con contundencia que «no se ha sabido negociar este Real decreto». Más duro fue el portavoz parlamentario de Convergencia I Unio, Felip Puig, al afirmar que «la tumba del abuelo de Maragall debe estar retorciéndose con una intensidad desmesurada» por el decreto de enseñanza, aunque mostró su confianza con el nuevo titular de Educación y dio por hecho que finalmente «claudicará contra este ataque frontal al modelo de construcción nacional de Cataluña».

Radicales atacan el juzgado de paz de Berriozar con cuatro botellas incendiarias
El líquido inflamable, que estalló al impactar contra la fachada del edificio de la localidad navarra, provocó escasos daños materiales
EFE PAMPLONA La Razón 15 Diciembre 2006

El juzgado de paz de Berriozar ha sido atacado esta madrugada con cuatro botellas incendiarias que han ocasionado escasos daños materiales en la fachada del inmueble, ha informado la delegación del Gobierno en Navarra.

El hecho ocurrió al filo de la medianoche, han precisado las mismas fuentes, que han añadido que las botellas contenían líquido inflamable que estalló al impactar contra la fachada del Juzgado, ennegreciendo la misma.

El delegado del Gobierno, Vicente Ripa, ha expresado su "rotunda condena" por este "ataque de violencia callejera", al que ha considerado "totalmente incompatible con cualquier proceso para un final dialogado de la violencia", por lo que ha instado a la "izquierda abertzale a que se desmarque de acciones como esta".

"Perturbación de la convivencia"
Ripa ha afirmado que este ataque supone "una perturbación de la pacífica convivencia" y un hecho "tan repudiable como estéril" si con él se busca "presionar o amedrentar" a las instituciones, al tiempo que advirtió que el hecho de que sea estéril "no puede suponer que deba quedar impune".

El delegado, quien ha precisado que es la Guardia Civil la encargada de las investigaciones, ha querido además mostrar su "solidaridad" con los trabajadores de este Juzgado de Paz, atacado por segunda vez en esta legislatura, así como con la Administración de Justicia y con todos los vecinos de Berriozar.

Casas con idioma obligatorio
La Administración flamenca exige a los ciudadanos que quieran alquilar viviendas sociales el conocimiento de la lengua neerlandesa
RICARDO M. DE RITUERTO - Bruselas  El País 15 Diciembre 2006

Los demandantes de viviendas sociales en la región belga de Flandes sólo podrán acceder a ellas si hablan el neerlandés o se comprometen a estudiarlo, según una ley que acaba de aprobar el Parlamento flamenco. Los críticos de la medida, esencialmente francófonos, la consideran anticonstitucional, mientras la Comisión Europea estudia si es compatible con el derecho comunitario, por detectar en ella discriminación indirecta y obstáculos a la libre circulación de personas en la UE. Ayuntamientos de otras localidades de Flandes van más allá, y han prohibido la venta de terrenos públicos a quienes no hablen la lengua local.

La ley sobre los alquileres sociales en Flandes acaba de concluir su curso parlamentario con una aprobación por abrumadora mayoría en la Cámara regional flamenca, donde votaron en contra los verdes y se abstuvieron los nacionalistas extremistas del Vlaams Belang (Interés Flamenco), por considerar que no va lo suficientemente lejos.

El documento establece que quienes a partir de ahora demanden una vivienda social deberán hablar neerlandés o mostrar la voluntad de aprenderlo, para lo que se ofrecerán cursos gratuitos de 120 horas. La inscripción dará derecho a firmar un contrato temporal por dos años, al cabo de los cuales las autoridades flamencas comprobarán el aprovechamiento del curso por el inquilino. No avanzar en el conocimiento básico de la lengua supondrá o la cancelación del alquiler o una multa que puede llegar a los 5.000 euros. Estarán eximidas las personas gravemente enfermas o los incapacitados físicos o mentales.

Marino Keulen, promotor del decreto, ministro liberal en el Gobierno de Flandes con responsabilidades de Interior, Integración y Vivienda, mantiene que su idea es una vía efectiva, sin violar derechos, para favorecer la integración de los extranjeros en la sociedad neerlandófona. "No hay discriminación", dice. "Lo que queremos es facilitar la convivencia en las viviendas sociales mediante una mejor integración".

Los parlamentarios francófonos en Bruselas, Valonia y en la Cámara de Representantes se han alzado contra la medida, por considerar que atenta contra una Constitución belga que garantiza el derecho incondicional a la vivienda. En el continuo choque lingüístico que vive el país, consideran también que es un medio para limpiar Flandes de personas necesitadas, que recalarán en Valonia y Bruselas.

La Comisión Europea está analizando si la ley se acomoda al derecho comunitario. "Se trata de saber si estas disposiciones constituyen o no una discriminación indirecta por motivos de nacionalidad y un ataque a la libre circulación de trabajadores en el interior de la Comunidad", explica un portavoz de Franco Frattini, vicepresidente de la Comisión, encargado de Justicia, Libertad y Seguridad.

Expertos comunitarios han hecho saber a los servicios de Frattini que, al igual que las discriminaciones obvias, basadas en la nacionalidad, son ilegales en la UE, también lo son las discriminaciones disimuladas, y que condicionar un beneficio social al conocimiento de una determinada lengua discrimina a los nacionales de terceros países. "La desigualdad de trato constituye una traba a la libre circulación de trabajadores", señalan los técnicos, en referencia a uno de los principios básicos de la Unión.

Tampoco admiten el argumento de que la medida tiene el objetivo legítimo de favorecer la integración y que por ello "es de imperioso interés general", como alega Flandes. Aun sin que la respuesta sea todavía oficial, el guardián del derecho comunitario mantiene que "el aprendizaje del neerlandés como medio de integración de los no neerlandófonos (...) no puede constituir un objetivo legítimo digno de protección que puede ser justificado por razones de interés general". Y tras enumerar la amplia jurisprudencia sobre razones de interés general, hacen notar que "en ninguna parte aparece que el aprendizaje de una lengua sea una condición sine qua non para la concesión de un beneficio social".

Los francófonos consideran este episodio legislativo como el último en un largo proceso de "política de purificación lingüística de Flandes", como escribe Francis Van de Woestyne en el diario La Libre Belgique. Otras instancias flamencas son más ambiciosas. Los Ayuntamientos de Vilvoorde, Zemst y Zaventem, los tres en la Corona de Bruselas, no sólo ya habían adoptado reglamentos que preludiaban la ley ahora aprobada, sino que han prohibido la venta de terrenos municipales a quienes no hablen neerlandés.

Recortes de Prensa   Página Inicial