AGLI

Recortes de Prensa     Viernes 22  Diciembre  2006

 

Rendición ante ETA
El proceso basura
Agapito Maestre Libertad Digital 22 Diciembre 2006

Los ciudadanos de a pie apenas entienden nada y los medios de comunicación libres se limitan a levantar acta de las paradójicas declaraciones de un Gobierno que ha convertido, no sin cierto éxito mediático, una tregua-trampa en un proceso-trampa. Es su principal contribución a la historia política de la democracia. Lo único cierto es que las negociaciones del Gobierno con ETA son oscuras y sombrías. Su hedor a basura es cada día más insoportable. Preparémonos para conllevarlo con elegancia. Quien espere otra cosa es un ingenuo o está dispuesto a cambiar "paz" de cementerio por dignidad democrática.

Porque el Gobierno ha hecho de esta negociación con ETA su principal arma para consolidarse en el poder, nadie espere que esto se resuelva en poco tiempo. Esta situación de "incertidumbre" y entrega a las posiciones de ETA durará hasta las elecciones. Trampear y engañar es lo único que este Gobierno sabe hacer. Bochornosa fue la comparecencia de Rubalcaba para decir que el "proceso-trampa" sigue más o menos igual que hace unos meses, pero es otro síntoma de que apenas cuenta ya terminar con ETA por las únicas vías que cabe esperar de la democracia: ley y transparencia política.

Intentar, pues, razonar, argumentar y predecir por dónde irá este sucio proceso es poco menos que una ingenuidad. A lo único que podemos aspirar es a levantar acta de las contradicciones, paradojas y mentiras de un Gobierno tramposo y ventajista, que oculta al Parlamento y, por supuesto, a la oposición qué es exactamente lo que está negociando con ETA. ¿O es que se cree alguien que el Gobierno está negociando el final de la violencia? Terrible pregunta. Sólo formularla produce pavor. Sin embargo, si la formulo sin ninguna reserva moral es porque estamos ante un gobierno insensato e irresponsable. Muchas pruebas hay para demostrar su irresponsabilidad, pero sólo una es definitiva: todas las cesiones que ha hecho a ETA han sido al margen del PP, o mejor, para dejar fuera de juego al PP.

Con este telón de fondo, el PP no puede respaldar, nadie en su sano juicio democrático lo haría, al Gobierno para que siga negociado con la banda criminal ETA. Rajoy no sólo debe ser inflexible con Zapatero para que éste no traspase la famosa línea roja, a saber, no pagar precio político por la paz, sino que tiene que exigirle al Gobierno que dé razón en el Parlamento de sus contactos y negociaciones con los criminales. Si el Gobierno no comparece en el Parlamento para explicar sus tejemanejes con ETA es porque está reconociendo que ya ha pagado a la banda criminal. Cualquier otra cosa, será darles la razón a los periodistas del Gobierno, que hace tiempo nos vienen adoctrinando sobre la necesidad de seguir negociando, porque perdería quien se levante de la mesa. ¡Cínicos! ¿Acaso duda alguien de que el Gobierno ya ha hecho cesiones a ETA? ¿Acaso no es una negociación salvaje sentarse con alguien que sigue delinquiendo y amenazando con matar?

Desobediencia
Juan Carlos Girauta Libertad Digital 22 Diciembre 2006

El imperio de la ley es concepto que apunta a quien se zafa por principio de su cumplimiento, o puede zafarse con facilidad: el poder; en especial, el ejecutivo. Que el ciudadano está sometido a las leyes es algo que va de soi. No acrecentaré el fárrago teórico de la desobediencia civil, pero a veces el ciudadano libre, para seguir siéndolo, se ha de plantar.

Sabemos que Sócrates bebió la cicuta siendo inocente, y que lo hacía porque las leyes se deben acatar, más allá de cualquier otra consideración. Conocemos el adagio dura lex sed lex, ley dura pero ley al cabo. Sí. Pero todo tiene un límite: si una trasgresión está hoy más que justificada es la de la normativa catalana que sanciona a los comercios por rotular en castellano.

No sólo no deberían pagar un céntimo los multados. Es que deberían mantenerse en sus trece, no someterse, no aceptar la invasión de su esfera privada, no servir de cordero sacrificial. Es más, si quedara en nuestra anestesiada, mesmerizada, lobotomizada Cataluña el más mínimo rastro de dignidad cívica, las calles se llenarían de rótulos en castellano hasta que se derogara la liberticida norma. Y todos habrían de sumarse –incluyendo a los más recalcitrantes nacionalistas– si mantuvieran una sombra de inteligencia práctica: en una guerra de imposiciones, el catalán sólo puede salir perdiendo.

Ninguna simpatía despertará, ningún atractivo le verá el castellanohablante a la otra lengua oficial si ésta siempre se le aparece excluyendo al castellano con multas y sanciones varias. El catalán es lo bastante importante como para que su aprendizaje y uso le merezca la pena al que no lo conoce desde la cuna. Con la inmersión lingüística de los infantes empieza el gran error: tratar de remodelar una sociedad que goza del privilegio del bilingüismo. Convertirla en monolingüe, a la larga, tras un largo camino de la diglosia.

Carod vivió el otro día un momento de lucidez que me recordó a Robert de Niro en Despertares. Soltó, de pronto, que había que despolitizar el catalán. ¿Lo habrían entendido por fin? La respuesta llegó en forma de multa a una tienda de frutos secos. 600 euros del ala por mantener cartelitos en castellano en el interior; los exteriores ya los habían cambiado. Ya los habían –en sentido estricto– corregido: rotular en castellano en Cataluña se reduce al error de no saber dónde se está, de creer que uno vive en España.

Pues eso. Hay leyes superiores que salvaguardan nuestro derecho a tan dulce error. Y aunque no las hubiera. La normativa de marras es totalitaria y es insoportable. No hay que cumplirla, hay que boicotearla. Y los primeros interesados son los defensores del catalán. Pero dudo que lo entiendan.

El obisparra
Pío Moa Libertad Digital 22 Diciembre 2006

Uriarte, digno sucesor de Setién, es, cómo no, partidario de echar abajo el estado de derecho, escupir sobre las víctimas directas de la ETA y ceder a los asesinos.

La gran trampa en que cayó la democracia española desde el principio fue la "solución política" al problema terrorista, auspiciada desde el grupo Prisa fundamentalmente. Esa "solución política", ha dado oxígeno y alimento el grupo asesino, ha creado una simbiosis entre él y los separatismos supuestamente moderados, que utilizaban su chantaje para avanzar más y más contra la unidad de España y las libertades, y, en general, ha sido un factor de descomposición del sistema de libertades, de modo muy similar a como lo fue el terrorismo anarquista bajo la Restauración.

Por asombroso que suene, el fracaso sistemático, año tras año, del cuento de la solución "política", es decir, antidemocrática -- que llegó a combinarse con el terrorismo de partido en el poder--, no enseñó nada a los políticos hasta que Aznar propugnó, por fin, la única solución admisible, la solución policial. Con tan buenos resultados que la derrota final de los pistoleros se vislumbraba ya a plazo medio. De esa postración han venido a salvarla Cebrián, Zapo y los suyos con su proceso de "paz", proceso de guerra a la Constitución.

Hay un interés y un sentimiento profundo en estas maniobras. El interés de acabar con la democracia liberal y el sentimiento antiespañol, compartidos de siempre por una gran parte de la izquierda y por los secesionistas.

Izquierda liberal
La lengua común de los catalanes
Antonio Robles Libertad Digital 22 Diciembre 2006

Qué supersticiosos son a veces los políticos laicos. Ha dicho Josep Carod Rovira que es preciso despolitizar la lengua. La lengua catalana, ya saben, porque para el nacionalismo en Cataluña sólo hay una lengua, la lengua propia. Dice que es necesario "despolitizar la lengua, pasar de una lengua política a una lengua nacional". Según él, "es preciso que el catalán se convierta en el idioma común de todos los catalanes".

En el Estatuto de 1979, al catalán se le daba rango de "lengua propia" por una cuestión de antropología cultural; se aludía a que era lengua nacida en tierras catalanas. Pero con el andar del pujolismo, la lengua propia adquirió rango jurídico y se convirtió en "la única lengua propia de Cataluña". ¿Cómo no convertir en lengua única de instituciones la única lengua propia? De ahí el resto.

Pues bien, precisamente ahora que el fenómeno Ciudadanos ha conseguido hacer visible el derecho a emplear las dos lenguas oficiales y, sobre todo, despertar el entusiasmo de miles de personas por ese discurso, nuestro responsable de política lingüística le cambia el nombre al atropello para conjurar el revés. Ahora habremos de hablar de "lengua común"; ya saben, "la lengua propia", es decir "la lengua nacional". Qué supersticiosos son a veces los políticos laicos. Creen que con cambiar el nombre de la cosa basta para apoderarse de la realidad o hacerla nuestra.

Nuevamente la incongruencia de los razonamientos nacionalistas: no toleran al español como lengua común de todos los españoles, pero les parece estupendo que el catalán lo sea en exclusiva de todos los catalanes.

Sea como sea, a mi me ha gustado la propuesta nominalista del señor Josep Carod Rovira. Quiere "despolitizar la lengua". A partir de ahora ya no será utilizada para representar a la nación, sólo será un instrumento de comunicación al modo y manera como es instrumento comercial un mercado de abastos. A partir de ahora, ya no nos identificará como pueblo, ni en su nombre multarán a nadie, ni excluirán de salida a ningún aspirante a unas oposiciones, ni estará sola en callejeros ni libros de texto, ni será la única lengua oficial del presidente de la Generalitat. ¡Por fin cualquiera podrá hablar catalán sin que le confundan con un catalanista!

¡Mare de Deu de Montserrat! Este es el mayor atropello que se hizo nunca contra la doctrina oficial del pujolismo. La lengua, el instrumento más sofisticado de construcción nacional convertida en una vulgar lengua sin bandera ni himno. Aunque a para ser exactos, Jordi Pujol lo había dicho antes, mucho antes, precisamente cuando la resistencia en Cataluña al monolingüismo que él impuso le acusaba de utilizar el idioma con fines políticos. Era entonces y lo es ahora, el reconocimiento implícito de que la lengua catalana se ha venido utilizando políticamente. Aunque él, naturalmente, lo decía porque no podía tolerar que otros pudieran reivindicar los derechos lingüísticos que él mismo, políticamente, estaba pisoteando.

Por fin el castellano será sólo una lengua de comunicación y cualquiera podrá esparcirla por el aire y degustarla en tertulias radiofónicas sin que sus hablantes sean considerados fachas. Todo un hito, sí señor, lo conseguido por el genio de nuestro vicepresidente. Y hay quién todavía piensa que en Cataluña se merman derechos en nombre del idioma... ¡Malandrines!

Tanto nos ha relajado la buena nueva que nos estamos planteando ir a 80 kms. por hora por las autopistas del área metropolitana de Barcelona y si alguno no llega hasta la noche podrá adquirir un piso de alquiler forzoso a cuatro euros. Curas laicos, barrunto.

Campaña contra la AVT
La ciénaga de la vileza
Ignacio Villa Libertad Digital 22 Diciembre 2006

La zafiedad y la mala intención de la izquierda no parecen tener límites. El portavoz socialista en el Congreso, Diego López Garrido, no rectifica; y el número 2 del PSOE, Pepe Blanco, se quita de en medio para no tener que reconocer su error. Los socialistas han dado muestras, una vez más de su engreimiento, de su soberbia y de su maldad. Buscan el insulto y la provocación y poco les importa lo que pueda pasar o del daño que puedan hacer.

La persecución mediática y política a la que han sometido al enfermo de polio que acudió a una manifestación de víctimas del terrorismo no tiene precedentes. La acusación de la tele de Polanco de que Joaquín Merino se hizo pasar por víctima por el hecho de emplear una de las sillas de ruedas que la organización facilitaba a tal efecto era tan esperpéntica, mentirosa y falsa que incluso Iñaki Gabilondo ha tenido que pedir disculpas el miércoles por la noche en su informativo; un gesto, desde luego, poco habitual en la estrella de Prisa.

Pero ni siquiera esa disculpa de Gabilondo ha servido para que Blanco y Garrido reconozcan su error. Es más, el portavoz parlamentario se ha negado a dejar siquiera entreabierta la posibilidad de rectificación. Afirma ahora que nunca han criticado a Joaquín Merino y que es el Partido Popular quien debe dar explicaciones. Demuestra así el grado en que se ha instalado en el partido socialista la soberbia. Garrido y Blanco han quedado ya marcados para siempre por esa reacción despótica, despectiva, chulesca y pueril. Triste servicio a las siglas de su partido.

El PSOE aún tiene una oportunidad. Ciertamente no estos dos politicastros, pero sí Rodríguez Zapatero. Este viernes recibe en el Palacio de La Moncloa a Mariano Rajoy. El presidente del PP ha anunciado que le va a exigir una rectificación; sí esta no se produce demostrará que la decencia y una mínima conducta moral es incompatible con este PSOE, que quedará atrapado en la ciénaga de su propia vileza. La política podrá ser dura y cruel, pero no se recuerda que se haya llegado a manipular a un discapacitado buscando un beneficio inexistente. No rectificar en una cuestión así es aceptar que vale todo, que se convive a gusto con la miseria. Y cabe esperar que lo acaben pagando.

Cloacas, mentiras y cintas de vídeo para acabar con el PP: es necesaria una nueva Transición
Federico Quevedo El Confidencial 22 Diciembre 2006

Mariano Rajoy cruzará hoy, de nuevo, la puerta del Palacio de La Moncloa para entrevistarse con Rodríguez Zapatero. No tiene más remedio que hacerlo. Es una cuestión de cortesía política pero, sobre todo, de respeto a las reglas del juego democrático y de respeto a las instituciones, sean quienes sean los que las ocupen en un momento dado. Esto es algo que Rajoy entiende porque es un demócrata convencido. Si fuera al revés, no podría hacer la misma afirmación y, pondría la mano en el fuego sin riesgo de quemarme, estoy seguro de que Rodríguez no tendría el mismo comportamiento democrático. Pero que Rajoy acuda a ese encuentro no quita para hacer una denuncia sin paliativos de la estratagema, del modo en que este Gobierno está utilizando todos los resortes del Estado de Derecho contra el PP y para su propio beneficio, del engaño y de la manipulación a la que se está sometiendo a los ciudadanos de este país, y de la falta de vergüenza con la que actúan algunos dirigentes socialistas que se están demostrando como políticos barriobajeros e indecentes.

Es tal el cúmulo de mentiras con el que este Gobierno nos ha venido obsequiando a cuenta del proceso de negociación con la banda terrorista ETA que uno ya no sabe a qué atenerse, pero da la impresión, después de los últimos acontecimientos, que esa tensión que se ha vivido en las últimas semanas, esa sensación de que el ‘proceso’ se había ido al garete, estaba perfectamente diseñada para que los ciudadanos aceptaran de buen grado un nuevo encuentro con la pandilla de canallas –no es el único, este diario les ha ido informando de todos y cada uno de ellos gracias a la encomiable labor de Óscar López Fonseca-, fruto del cual se habría conseguido un nuevo plazo al alto el fuego-trampa con el que los asesinos nos perdonan temporalmente la vida mientras se rearman, aunque nos sigan teniendo acojonados a base de amenazas, seguimientos, extorsión y kale borroka. ¿Cuánto va a durar esto? Esa es la incógnita, pero es obvio que Rodríguez necesita ganar tiempo hasta las elecciones generales, y ETA necesita que las gane Rodríguez para poder mantener vivas sus esperanzas de autodeterminación.

Y es ahí donde el ‘proceso’ choca, de bruces e inevitablemente, con el Estado de Derecho. La noche del miércoles, en la tradicional copa de Navidad del PP, Jaime Mayor Oreja hacía ese análisis, yo creo que con mucha clarividencia. Zapatero puede retorcer la ley, que es lo que está haciendo, para legalizar Batasuna –aunque sea no actuando contra las plataformas electorales que ETA presente en las municipales-, aceptar la mesa de partidos extraparlamentaria y, sobre todo, entregar Navarra, siempre que la oposición a UPN obtenga mayoría suficiente para gobernar en el Parlamento foral. Pero no puede conceder la autodeterminación. No puede hacerlo sin provocar un verdadero colapso de la democracia y el Estado de Derecho. No hay ninguna vía jurídica que le permita encontrar un resquicio legal para favorecer la autodeterminación del País Vasco. Hacerlo, por tanto, implicaría acabar con el actual sistema democrático, algo que provocaría sabe Dios que consecuencias. No me cabe la menor duda de que Zapatero estaría dispuesto a hacerlo, pero el problema es que el marco legal se lo impide y esta democracia es lo suficientemente madura para resistirse.

Y, sin embargo, el proceso de negociación con ETA es parte de la estrategia de Zapatero para eternizarse en el poder y acabar con cualquier clase de aspiración que pueda tener la oposición democrática. Por eso Rajoy no puede, ni debe –ni creo que quiera-, aceptar nada de Zapatero, porque cualquier regalo que le ofrezca estará envenenado y tendrá la finalidad de hundir un poco más a la derecha liberal en el lodazal que el Gobierno está organizando en este país. Cuando se juega con las cloacas del Estado, como hiciera en su día Felipe González, se extiende, con perdón, la mierda, y esa es la táctica que está siguiendo este Gobierno. Han vuelto las escuchas, la utilización de los resortes del Estado de Derecho en beneficio propio del partido en el Gobierno, la policía y el CNI al servicio de los intereses particulares del presidente, se presiona a los jueces, se hace uso de la Fiscalía contra el partido contrario... ¿Cómo quieren que llamemos a todo eso, sino corrupción del sistema democrático? Una práctica de la que el PSOE es experto. La izquierda siempre ha tenido a bien poner a su servicio los elementos de seguridad que garantizan la supervivencia del sistema, enfermando de gravedad la propia estructura del mismo.

La izquierda actúa como una secta. Hay quienes lo vivimos en nuestras propias carnes. Si no fuera porque de vez en cuando alguno de ellos se rinde a momentos de honradez que tenemos la obligación de aplaudir y reconocer, como ha hecho Iñaki Gabilondo, uno pensaría que toda la izquierda bebe del mismo manantial del totalitarismo excluyente, y yo creo, sinceramente, que existe una izquierda democrática aunque hoy esté en espera de tiempos mejores. Pero la que hoy gobierna no es esa. La que hoy gobierna es la izquierda que utiliza un acto simbólico de deseo de felicidad a los periodistas, como es la tradicional copa de Navidad que todos los partidos organizan, para protagonizar un nuevo acto de descortesía e indecencia políticas repartiendo entre los periodistas un video-manipulación sobre la tregua de ETA en la etapa de Aznar que lleva en la portada una foto en la que aparece Loyola de Palacio, que tristemente ya no está entre nosotros. A estos sociatas les da igual utilizar a los muertos, que a los vivos, que a los discapacitados... Todo contra el PP: la mentira, la manipulación, las cloacas... Rubalcaba se ejercita en el engaño y la burla en ruedas de prensa en la que los periodistas de salón del Gobierno le ríen las gracias y le permiten sus excesos. Todo vale. Es la ley de la selva contra la derecha liberal.

Rodríguez ha pactado ya con ETA lo que ETA necesita para poder mantener vivo el ‘proceso’: la entrega de Navarra, la mesa de partidos y la legalización de su brazo político. Cualquiera de estas concesiones tiene unas consecuencias sobre nuestro marco jurídico devastadoras. Es necesario, por tanto, superar esta fase y abrir un nuevo periodo constituyente. Rodríguez Zapatero ha puesto en riesgo todas las estructuras del Estado de Derecho, y se hace inevitable volver a reconstruir todo lo que ahora se encuentra en estado de descomposición, desde los principios morales que hicieron posible la Transición política, hasta la estructura político-jurídica que la sostuvo y permitió la consolidación de la democracia liberal. Obviamente, esa nueva Transición tiene que volver a hacerse por consenso, y para eso es necesario que Rodríguez desaparezca del mapa político, lo cual solo puede ser la consecuencia de una derrota en las urnas, cuanto antes mejor. El proceso de negociación con ETA no estaba en peligro, eso parece hoy bastante evidente. Lo que está en peligro es la Nación y nuestro marco de convivencia, y para eso no hay más solución que más democracia, más libertad y más Estado de Derecho, es decir, justo lo contrario de lo que quieren ETA y Rodríguez Zapatero.

Gobierno Zapatero
Elogio de la ignorancia
Jorge Vilches Libertad Digital 22 Diciembre 2006

La España zapateresca implora que no le cuenten nada sobre la negociación del Gobierno con ETA. Los mismos que se desgañitaban a las puertas de Génova con aquel "¡Queremos saber!" –hoy olvidado bajo la moqueta del poder–, ahora no quieren saber nada. Es que si sabemos de qué hablan, dicen, la vida política se crispa y los negociadores se perturban.

Los portavoces socialistas y etarras están acordando unas nuevas reglas de juego para el Estado de Derecho, pero los ciudadanos –sustantivo desgastado por los socialistas– no debemos conocer ninguno de sus términos. Es francamente notable el paralelismo entre el franquismo sociológico y la comunidad socialista: la adoración a un líder como encarnación del volks, de ese espíritu del pueblo, que guía y dirige la política sin participación del pueblo.

Conciben la política desde el punto de vista del súbdito. Consideran que el líder es indiscutible, la crítica a su política una traición al volks, y el pueblo, que no sabe y perturba, lo mejor es que se desentienda, acepte y aplauda. La verdad es un comunicado del Consejo de Ministros.

La Constitución, que está a punto de convertirse en un libro subversivo, en peligro de combustión en este zapateresco Fahrenheit 451, indica que la soberanía nacional reside en el pueblo español. Cosas más raras se han visto, pero todo indica, incluso eso que se llama teoría política, que los políticos no son nada más que servidores públicos. Y el principio de consentimiento, la delegación de la soberanía, no alcanza a una ignota y crucial negociación sobre el Estado de Derecho y la organización territorial, una negociación que no estaba en ningún programa electoral.

Siguiendo la lógica del razonamiento progresista, es mucho mejor no saber qué actividades realmente desempeñan los soldados españoles que están en misiones en el exterior. Tampoco es conveniente conocer en qué consisten los acuerdos con Marruecos y Senegal en materia de inmigración, o qué ha dicho al respecto la UE.

Mucho menos sentido tiene saber a qué se dedica la ministra de Vivienda, si es que ha terminado de decorar la media hectárea en la que vive. O si Narbona ha resuelto ya el problema del agua, ese mismo que agravó liquidando el PHN. Sería ridículo, en esta línea, que la ministra de Sanidad nos dijera si prohibir las hamburguesas va a servir para coordinar mejor el servicio médico nacional, lo que es ya urgente.

El secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros debería prolongarse hasta el BOE, y más allá. Solamente así sería una traición al fuhrerprinzip la pretensión de que Magdalena Álvarez, conocida en la realidad nacional andaluza como Lady Aviaco, explicara por qué se le renovó en mayo la licencia a Air Madrid a pesar de las quejas, denuncias e incumplimientos de los protocolos de seguridad.

De esta manera entienden el sistema democrático los que sostienen el "socialismo ciudadano": como un continuo elogio de la ignorancia. Es el sueño de todo totalitario: un poder sin opinión pública que lo fiscalice.

HABLAR POR HABLAR
Editorial minutodigital 22 Diciembre 2006

En esta sociedad aséptica en la que se oculta todo lo feo e incómodo, parece que la libertad es un derecho que se gana reuniendo tapas de yogurth.

El diálogo, que no es más que el ejercicio pacífico de la comunicación, se ha convertido en un valor en sí mismo cuando lo verdaderamente valioso es el logro no sólo de acuerdos, sino de acuerdos socialmente beneficiosos. Incluso el consenso “per se” no garantiza que el acuerdo sea bueno, sólo que se ha logrado mediante un apoyo amplio, aunque lo acordado pueda ser –ocasionalmente- nefasto.

El diálogo, que no los buenos acuerdos, forma parte de una particular manera de entender la política. Se trata de la política sensual. Una política en la que los líderes partidistas no buscan convencer argumentalmente sino seducir acentuando los gestos, las formas y la imagen.

Los políticos se comportan como actores ajustados a un guión preestablecido buscando sólo el aplauso del público; para mayor exactitud, de “su” público.

La reunión de hoy entre el presidente del Gobierno de España y el del principal partido de la oposición tiene mucho del diálogo que caracteriza a la sociedad aséptica. Nada se espera en términos de acuerdos. Lo verdaderamente relevante es escenificar el diálogo con el que la sociedad se anestesia creyendo que fructificará no sólo en acuerdos, sino en acuerdos beneficiosos.

Así las cosas, cada protagonista actuará para su público. Uno y otro intentarán seducir a la cámara con gestos de firmeza aunque no se sepa qué firme se pisa.

Como los malos actores, tratarán de hacer olvidar al público sus malas funciones. Uno se vestirá de pacificador pretendiendo que nadie recuerde su papel como pieza de un Partido que albergó el crimen de Estado. Otro lo hará revestido de dignidad inquebrantable entreteniendo a un público que no debe distraerse recordando su común pasado negociador.

Lo paradójico de la expectación que levanta la entrevista entre Zapatero y Rajoy, del diálogo en fin, es que se produce en una sociedad rota en dos mitades que se dan la espalda. Rota en el desacuerdo educativo, rota en su voluntad de superar un pasado fraticida y rota en su visión de lo que hacer con los asesinos de ETA.

Diálogo en una sociedad que no se habla; esa es la paradoja. Diálogo en una sociedad encizañada por un gobierno minoritario que ha actuado con repugnante sectarismo contra sus adversarios.

El diálogo no garantiza el acuerdo; menos aún el buen acuerdo. Tampoco garantiza la libertad sino es demostrando que las pistolas jamás doblegarán a la Nación en cuyo seno nos sentimos a salvo del crimen.

Pueden ustedes actuar cuanto quieran. A los medios y a los españoles nos corresponde recordarles sus malas funciones. Mientras tanto, lo de mañana no será otra cosa que hablar por hablar.

Los estatutos ante el Constitucional
JAVIER TAJADURA TEJADA/PROFESOR TITULAR DE DERECHO CONSTITUCIONAL EN LA UPV-EHU El Correo 22 Diciembre 2006

La vida política española atraviesa momentos de gran crispación. Determinados temas y asuntos que debieran quedar al margen de la confrontación política partidista se utilizan como armas arrojadizas entre el Gobierno y la oposición. Esto es lo que ha ocurrido con la reforma de la organización territorial del Estado. Hasta la fecha, la construcción del Estado autonómico se había llevado a cabo mediante sucesivos pactos políticos entre las grandes fuerzas políticas, que tenían después su traducción jurídica. En este momento, por el contrario, con la aprobación del Estatuto de Cataluña (con el voto en contra del Partido Popular) se ha producido la ruptura de ese consenso. Y siendo esto preocupante, más graves resultan aún las consecuencias que la 'incoherencia' del Partido Popular puede provocar en nuestro sistema constitucional.

Tras la aprobación y publicación del Estatuto de Autonomía de Cataluña en el Boletín Oficial del Estado, diputados del Partido Popular interpusieron un recurso de inconstitucionalidad contra gran parte de las disposiciones del nuevo texto (referencia a la nación en el Preámbulo, blindaje competencial, bilateralismo, regulación del poder judicial, financiación, regulación lingüística). Se trata de un recurso basado en las numerosas objeciones que la doctrina iuspublicista española (constitucionalistas y administrativistas) venía planteando a la nueva configuración del Estatuto. Sus argumentos, obviamente, podrán y deberán ser discutidos, pero en modo alguno se podrá afirmar que son infundados o inconsistentes. Al contrario, el encaje constitucional de muchas disposiciones del Estatuto catalán es más que dudoso. Corresponde, en todo caso, al Tribunal Constitucional pronunciarse sobre todas y cada una de las cuestiones dudosas, y, desde esa perspectiva, la sentencia que dicte nos aportará mucha luz y nos despejará todas las dudas. Además, y ahí está su capital importancia, debería servir para establecer una doctrina clara sobre los límites constitucionales que las reformas estatutarias no pueden franquear.

Ahora bien, dejando a un lado el Estatuto de Valencia que fue aprobado con anterioridad y con el apoyo de las principales fuerzas políticas, el Estatuto catalán es ahora el espejo en el que se miran las demás comunidades autónomas. Y así, el Estatuto de Andalucía, aprobado anteayer por las Cortes Generales y pendiente de su ratificación en referéndum por los ciudadanos, coincide en su contenido en un 75% con el Estatuto de Cataluña. Dejando al margen la cuestión lingüística y alguna otra de menor importancia, lo cierto es que en el Estatuto andaluz se recoge lo que se ha dado en llamar 'blindaje competencial', se establecen relaciones bilaterales con el Estado, se incide en la potestad presupuestaria de las Cortes... etcétera. Dicho en otras palabras, incurre en los mismos posibles vicios de inconstitucionalidad que su antecedente catalán. Y a la vista de ello, no puede sino causar sorpresa, asombro y perplejidad, que el Partido Popular, que por un mínimo de coherencia política estaría obligado a interponer un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional frente al nuevo Estatuto de Andalucía, lejos de ello, votó a favor del texto.

Evidentemente, sobre los diputados del PP planeaba el fantasma del recuerdo del referéndum de 1981 y del suicidio político que supuso para UCD. Ahora bien, ello puede explicar pero en modo alguno justificar una incoherencia política de tal envergadura. ¿Cómo puede ser que lo que se califica como jurídicamente «inconstitucional» y políticamente inconveniente para Cataluña, sea plenamente constitucional y oportuno para Andalucía? En todo caso, lo que me importa subrayar es que las consecuencias jurídicas de la incoherencia política (o dicho en términos más contundentes, del cinismo) del Partido Popular pueden conducir a un resultado absolutamente absurdo y por completo perturbador de nuestro sistema constitucional. Dicho resultado no es otro que el que se produciría si el Tribunal Constitucional declarase inconstitucionales determinados preceptos del Estatuto de Cataluña (que sí ha sido recurrido) y sin embargo dejase vigentes disposiciones idénticas del Estatuto de Andalucía por la sencilla y simple razón de que no ha sido recurrido ante él.

Todo lo anterior pone de manifiesto que el sistema de control de constitucionalidad de los estatutos de autonomía es susceptible de ser mejorado. La única forma de evitar el problema que he planteado es que otro de los sujetos legitimados para interponer el recurso lo haga. Y de forma singular, el Defensor del Pueblo, que como tal es también, por su propia naturaleza, y en cierta medida, defensor de la Constitución, y a esos efectos tiene legitimación para presentar recursos de inconstitucionalidad. Una legitimación que, al contrario de lo que se ha dicho últimamente con escaso fundamento, es ilimitada y absoluta. Esto es, el Defensor puede plantear el recurso por cualquier vicio de inconstitucionalidad que aprecie.

Si de esta forma se salvaran las consecuencias de la irresponsable actitud del PP, el asunto quedará ya en manos del Constitucional, que se verá entonces enfrentado a un dilema dramático: o bien declara la nulidad de determinados preceptos estatutarios que han sido respaldados expresamente mediante referéndum por la ciudadanía catalana y andaluza, en cuyo caso la legitimidad de su decisión aunque esté fuera de toda duda será puesta en cuestión; o bien, para eludir los costes políticos de un enfrentamiento directo con aquellas fracciones del pueblo español (la catalana y la andaluza) que ratificaron los estatutos, confirma mediante fundamentos interpretativos la constitucionalidad de los nuevos textos, en cuyo caso, también, su posición resultará cuestionada.

Esto es algo que podía y debía haberse evitado. En el siglo XXI, cualquier diseño de la justicia constitucional debe impedir que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre normas ratificadas en referéndum. Ello se consigue estableciendo un recurso previo de constitucionalidad, preceptivo, para todas aquellas normas que requieren ratificación popular. El control debería llevarse a cabo, siempre, antes de la celebración del referéndum. Ahora bien, no es ése el diseño de nuestra jurisdicción constitucional. Por el contrario éste aboca, inexorablemente, al hipotético conflicto de legitimidades, la de la Constitución (que es también la del pueblo) y la de los cuerpos electorales que ratifican los estatutos.

El proceso de paz de los cantamañanas
José Luis Palomera Ruiz Periodista Digital 22 Diciembre 2006

Proceso de paz, ¡qué imbecilidad! cómo se puede sustentar un proceso de paz cuando no existen dos bandos que prediquen guerra. Hay que ser histriones cantamañanas para sostener tal calumnia en una nación donde los terroristas asesinan al pobre obrero, al campesino, al ciudadano, intentando, los muy cobardes analfabetos además de terroristas, hacer daño al poder.

Es de un patético magistral escuchar decir a muchos “medios pollos” que el proceso de paz está en marcha, ¿ paz para quién? para ellos que comen y viven como dios mientras los asesinos terroristas eliminan al pueblo obrero igual que a las ratas...

Miren, protuberantes barrigas, escribanos de teorías, y demás defensores de un proceso de paz,les demostraré por última vez que el proceso no es otra cosa que síndrome de cantamañanas. Veamos, en primer lugar para iniciar un proceso de paz ha de haber dos partes confrontadas y que éstas decidan establecer contactos de entendimiento y cese de hostilidades mediante un proceso que se denomina "de paz", este supuesto no se da en España ni se ha dado en los últimos setenta años, donde sí se dio, haciendo referencia a la guerra civil española. Guerra desencadenada por fantoches adalides que desde los pedestales arengaban frases de “compañerismo y demás camaradas”, pero que al final y como siempre, la sangre, el derramamiento de sangre, la pusieron otros, es decir, el siempre pagano pueblo. Sostener o comentar hoy un proceso de paz en donde las hostilidades asesinas las padecen los que no estamos en guerra, es decir, el pueblo, el pueblo obrero, es desmerecer la sangre del mismo.

Si el gobierno, funesto gobierno el de hoy, desea negociar un proceso de paz que "inicie" primero una guerra para poder defender y cobrar las vidas que el pueblo ha perdido sin poder defenderse, es lógico. Si el pueblo, después de unas cuantas docenas de años (hubiese sabido) que estábamos en un proceso de guerra contra el terror, sin duda, la presión social habría demandado intervención del ejército español, obligado a defender al pueblo de sus asesinos. Luego no fue así ya que se confió en que las fuerzas de seguridad acabarían con los terroristas, y no así negociar con los mismos. Nunca jamás se pensó el dialogar con ellos teniendo el pueblo novecientos asesinados inocentes y ellos piscinas en sus pensiones de tres estrellas, también llamadas en España, centros penitenciarios.

Hay algunos que dicen tener familiares asesinados, que apoyan el falso proceso en bien de que no mueran más personas, si se me permite he de decir con lógica, que personalmente me parece una opción cobarde además de gratuita. Me explico, son muchos los que sabían que tarde o temprano morirían, son muchos los que no podían bajar con sus hijos a la calle ante el temor de ser asesinados, son muchos los que echaban agallas como hoy ya no hay, son muchos los que lloraron junto a su familia la indignación de la oscuridad en su propia tierra, son muchos los que clamaron con sus últimas gotas de sangre “viva la libertad”, son muchos, muchos, son TODOS...

Pero es más, si estos valientes que dieron sus vidas por nuestra libertad hubiesen sabido lo que iba a ocurrir hoy en España, sin duda habrían roto sus cartillas de militantes y cesado en concejalías y demás a cambio de poder vivir sin temor a ser asesinados. La disyuntiva no tenía comparativa alguna; dejar la militancia o ser asesinado..., y no lo hicieron, su valentía y determinación no les hizo doblegarse lo más mínimo, para que venga ahora un familiar, sea quien sea, a decir que todo está bien hecho siempre y cuando no se produzcan víctimas.

Hay una entraña muy pequeña en el cuerpo de la carne, se llama honor, que jamás ha de entregar ser alguno mil veces muera.

El pueblo que no ha batallado con enemigo alguno no acepta ningún proceso de paz sin haber estado antes en guerra, este proceso llanamente y lo diga quien lo diga, es un proceso de acercamiento al grupo terrorista al que se ha combatido, con democráticas leyes y cuyo resultado no ha podido ser más nefasto para la sociedad.

Todos hemos visto sus actitudes chulescas, sus mofas y brindis ante las víctimas, las cuales, en el bazar de la deplorante justicia española, adquieren a siete meses, más o menos por vida.

Hacen y deshacen y viven como reyes y no hay quienes les doblegue con las actuales leyes, ante esto el gobierno decide iniciar un proceso de acercamiento en el cual solicitan, piden, y ruegan, que no sigan matando y a cambio las ya de por sí endebles leyes españolas, suavizarán determinadas normas o leyes.

Este es el único proceso que existe, el proceso lógico de una democracia con leyes idénticas al asesino que al asesinado, además en España con la agravante de una nefasta justicia

Quienes acabaron con el terrorismo no lo hicieron precisamente con leyes idénticas a las aplicadas al pueblo, solamente hay que volver la cabeza a otros países democráticos con idéntico problema de terrorismo e incluso peores.

Resumiendo, el gobierno actual en vista de que la impecable ley española, donde los derechos humanos son respetados con tal pulcritud que más parecen hechos para quienes los incumplen, no produce apenas eficacia en la lucha terrorista ha decidido por el bien de la democracia y para que conste en la historia su talante demócrata liberal y aperturista, cambiar el sistema de lucha por el de: “si no puedes con tu enemigo...”

Y en esas estamos, ni proceso de paz de cantamañanas ni milongas de pasiegos, el gobierno solicita a la banda que no asesine ya que con los métodos que la democracia, y otros métodos menos GAL-antes no han podido conseguirlo.

El problema no tiene más variantes, o aceptamos tiburón como animal de compañía, o nos dedicamos a darles caza sin piedad alguna.Ahora bien, darle caza lo veo casi imposible si no se produce antes un pacto social absoluto en todo los estamentos nacionales, cosa que aún veo más difícil, ya que hablamos del estado español donde existen otros sentimientos nacionales, no precisamente españoles.

Sin embargo es más fácil aceptar tiburón como animal de compañía que el reguero de escribanos, magistrados, políticos y demás personajes que nos hablan de un engañoso proceso de paz, como la mayor panacea del éxito plurinacional. Quienes lo dicen y lo aceptan no son otros que los escoltados, los protegidos, desgraciadamente los terroristas deciden asesinar al pueblo obrero, si las víctimas fueran otros, no les quepa ninguna duda, ya se hubieran encargado de liarnos una guerra plurinacional, sin duda hubieran echado el ejército a la calle en defensa de sus señoriales vidas.

Pero no es así, los asesinados son pueblo, los protegidos, demagogos progresistas escoltados, los cuales deciden en un acto de valentía histórico “poner el cascabel al gato”, lógicamente ellos son los gatos y el obrero pueblo ,desgraciadamente como siempre, los ratones.

Cosas que no debemos saber sobre la negociación política con ETA
Raúl González Zorrilla Periodista Digital V

El líder de la oposición, Mariano Rajoy, se quedó ayer estupefacto cuando vio el circo demencial que rodeó a la publicación por parte de dos periódicos vascos de una noticia en la que se afirmaba que la organización terrorista ETA y el Gobierno español acababan de mantener, “en un país extranjero”, su primera entrevista “formal”. No solamente Mariano Rajoy sino que todos los españoles nos quedaríamos atónitos, y aterrados, si conociéramos con detalle todos los comportamientos, las conductas, las decisiones, las gestiones y los procedimientos que se encuentran detrás de la irresponsable, prepotente, errada y abocada al fracaso negociación política que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero se ha empeñado en poner en marcha con los criminales del tiro en la nuca y el coche bomba.

En las entretelas de esta negociación política con los terroristas, y en la trastienda del diálogo emprendido paralelamente con la ilegalizada Batasuna, pueden hallarse las debilidades, los yerros y los desatinos de un proceso que reclama que todos nos tapemos los ojos, la boca y los oídos ante el comportamiento del Ejecutivo. Exactamente esto, el absoluto silencio, es lo que están damandando los socialistas y los nacionalistas vascos cuando, con muy poca vergüenza y mucha desfachatez, reclaman públicamente a todo el mundo “la máxima discreción” sobre lo que está ocurriendo a nuestro alrededor.

De cualquier modo, y si se piensa con detenimiento, resulta lógico que se exija la máxima reserva y la más absoluta circunspección. Porque no es de recibo que la opinión pública sepa que, según fuentes del entorno etarra, algunos destacados dirigentes socialistas, buscando la máxima ocultación, utilizan a miembros cercanos de su propia familia para contactar con los dirigentes de Batasuna. Tampoco es de recibo que los ciudadanos sepan que nadie en el Partido Socialista de Euskadi conoce con exactitud cómo José Luis Rodríguez Zapatero está llevando a cabo las negociaciones con los asesinos. Del mismo modo, tampoco es conveniente que los españoles sepan de las enfurecidas diatribas que el Presidente del Gobierno ha dirigido a los escasos socialistas que se atreven a cuestionar mínimamente las bondades de su “proceso”. Tampoco es apropiado que se conozca que algunos altos cargos policiales se niegan a transmitir información a La Moncloa en vista del nulo caso que en Presidencia se hace de sus informes. Por supuesto, en absoluto resulta adecuado que la sociedad sepa que los ataques a la AVT desde la progresía más intransigente no son algo aleatorio sino que responden a una estrategia perfectamente diseñada desde el Gobierno para trata de desprestigiar a las víctimas del terrorismo opuestas a cualquier negociación con los criminales y para potenciar la proyección pública de otras víctimas que, aunque muy minoritarias, estarían dispuestas a aceptar las tesis gubernamentales de cesión al chantaje totalitario.

En fin, tampoco es recomendable que los demócratas españoles sepamos que el Gobierno ya sabe que ni ETA se retractará jamás de los crímenes cometidos ni Batasuna aceptará nunca el marco constitucional para actuar legalmente en el ámbito político.

Y, por supuesto, todos debemos tener la máxima discreción sobre el mayor de los secretos: que nuestros representantes políticos están negociando, a la baja, nuestro sistema democrático, nuestra libertad, nuestra demanda de justicia y la dignidad de nuestras instituciones con un puñado de asesinos que hoy, más que nunca, saben con certeza y regocijo que treinta años de asesinatos sí sirven para algo.
Blog de Raúl González Zorrilla http://gonzalez-zorrilla.blogspot.com/

Los árboles y el bosque del proceso
JAVIER ZARZALEJOS El Correo 22 Diciembre 2006

Hace unas semanas las máximas instancias del Gobierno se sinceraban en la intimidad augurando un inminente comunicado de ETA que, afirmaban, elevaría el alto el fuego de 'permanente' a 'irreversible'. Sin embargo, la esperada declaración de ETA no sólo no llegó sino que la banda terrorista transmitió un mensaje inequívoco pero de signo contrario a la especulación gubernamental con el robo de 350 pistolas previo secuestro de varias personas. El robo de armas se situaba en el tiempo entre los requiebros de Rodríguez Zapatero a la izquierda abertzale en la fiesta del 12 de octubre prometiendo una legalidad a la medida de Otegi y los suyos, y la votación en el Parlamento Europeo de la moción socialista que por exigua mayoría, pero mayoría al fin y al cabo, marcaba otra de las estériles cesiones de las que ha ido haciendo acopio el entramado etarra en aras de la continuidad del proceso antes llamado de paz. ¿Por qué la banda terrorista respondía exhibiendo músculo si el Gobierno se declaraba dispuesto a dejar en los huesos la ley de partidos, si los socialistas junto al PNV negociaban en la rebotica con Batasuna la botadura de la mesa política, por qué si se había accedido a la 'internacionalización del conflicto' en términos que nunca antes ETA podía haber imaginado? ETA, una vez más, desafiaba la lógica democrática y racional negándose a formar parte del círculo virtuoso en que se supone que consiste una negociación convencional en la que concesiones de un lado llaman a concesiones desde la otra parte, de modo que al final se construye el acuerdo deseado.

La información que EL CORREO desvelaba el pasado miércoles día 20 detallando el encuentro -¿el primero?- entre representantes del Gobierno y ETA rescataba el 'proceso' de la sensación de colapso que lo ensombrecía. De nuevo, las fuentes oficiales hablan de gestos inminentes de ETA e intentan rentabilizar una entrevista entre Rodríguez Zapatero y Rajoy rodeada para muchos de un justificado escepticismo ante la persistencia del presidente en errores que parecen aliviar sus problemas a corto plazo a costa de engrosar la factura a pagar más adelante. ETA podrá o no hacer 'gestos', graduará el tono amenazante de sus comunicados, se mostrará más 'política' o dejará ver su fanatismo asesino. Se puede llevar la contabilidad al día de los movimientos etarras, o ejercitarse en la decodificación de las declaraciones de los dirigentes del entramado político de la banda. Pero todo eso de poco sirve para esclarecer el rumbo que están tomando los acontecimientos si se pierde la perspectiva general de un proceso que las conveniencias políticas coyunturales del Gobierno han alejado de premisas que puedan ser compartidas por sectores muy amplios de la sociedad española, mucho más allá, desde luego, del espacio político y electoral que representa el Partido Popular. Conviene, por tanto, equilibrar la visión de los árboles con la del bosque.

No basta con elogiar a Otegi como hombre de paz, ni hacer guiños a Batasuna tentándoles con la visión de una vida juntos en uno de esos gobiernos apodados 'de progreso' que los socialistas forman siempre que pueden. Ni siquiera es suficiente hacer pasar como inocente diálogo lo que constituye una negociación política en toda regla con Batasuna que se cuenta o se niega según convenga.

Las necesidades del proceso tal y como parece desearlo el Gobierno exigen por parte de éste la fabricación de una ETA a la medida de las expectativas generadas. Con este objetivo se insiste en el mucho tiempo que ETA lleva sin matar, lo que es un hecho incontestable pero un argumento perverso cuando se utiliza como una prueba de virtud y autocontención etarra, se vincula al alto el fuego y, peor aún, en virtud de este periodo sin muertos, se entiende que ETA acredita méritos para ser retribuida. A la necesidad de generar un interlocutor presentable, respondieron las reiteradas, prematuras y luego desmentidas 'verificaciones' que aseguraban que el alto el fuego era, en efecto, general y sólido en contra de datos como el atentado de terrorismo callejero de Barañain y las denuncias de extorsión de la patronal navarra. De la misma manera, el Gobierno no mostró urgencia alguna por establecer quién había sido el que robó las pistolas en Francia y su presidente aplazó la concreción de las graves consecuencias que el propio Zapatero atribuyó a esta acción terrorista para terminar afirmando solemnemente que la consecuencia del delito es que los delincuentes son perseguidos por la justicia. La trivialización sistemática de las amenazas y exigencias de ETA como necesidades de consumo interno y la frívola ligereza de considerar que ninguna de las concesiones ya hechas a la banda tienen importancia, completan esta ingeniería política y mediática a la que el Gobierno se ha dedicado con partes iguales de voluntarismo, retórica hueca y propaganda sectaria.

La ETA resultante es, por supuesto, virtual pero de momento útil para los propósitos de un proceso que para el Gobierno no es preciso que lleve a ningún sitio. Basta con que no se rompa, sobre todo porque el propio Gobierno -y para ser precisos, Rodríguez Zapatero- al advertir que esto sería «largo duro y difícil» se ha reservado el derecho de fijar en cada momento las reglas del juego y decidir qué es y qué no es ruptura, qué es y qué no es cesión o precio político. Gracias a esta ETA fabricada a medida, como un artefacto con diversas funciones, Rodríguez Zapatero pretende ganar siempre. Si las cosas se ponen mal, esa es la demostración de que, en contra de lo que proclama el PP, el Gobierno no cede ante ETA. Pero si la situación pinta mejor, la inversa no es cierta, es decir, si se 'avanza' no es porque el Gobierno ceda sino porque el PP, de nuevo, queda en evidencia con sus pronósticos siempre tildados de apocalípticos. Si el proceso finalmente fracasa la responsabilidad será del PP, como anunció José Blanco; si tiene éxito -y, en este caso, inquieta pensar qué entienden algunos por éxito- será por el Gobierno con algún probable reconocimiento a los terroristas.

La ETA fabricada puede ser cómoda pero tiene un grave fallo para los aprendices de brujo: es falsa. Y esta implícita exculpación de ETA -porque ya se sabe que un problema de cuarenta años no se resuelve en un santiamén- es inaceptable. A ETA no se le derrotará en una mesa de negociación. Su desaparición no depende de la persuasión sino de la capacidad de la fuerza legítima y racionalizada del Estado democrático para imponerse a sus enemigos. Porque ETA no es un adversario político, ni el agente de un proyecto del que discrepemos. Es el enemigo de la sociedad y de la democracia. No busca cómo integrarse en la democracia sino cómo destruirla. No quiere 'salvar la cara' con una negociación política, quiere que le demos la razón. No amenaza para consumo interno, sino por necesidad existencial. No quiere simplemente que se acepte hablar del futuro del Estatuto, quiere acabar con él. Amaga con su retirada del escenario pero sólo para permitir que comience la función y recuperar su papel estelar con el teatro lleno. No está pactando su rendición, intenta encajar su decisión de permanecer con las expectativas de un Gobierno que no ha dejado de insinuarse como la mejor oportunidad que ETA tiene porque de lo contrario -argumento supremo- vendrá el PP y entonces se acabó lo que se daba.

Nada de esto es producto de una misteriosa revelación a un grupo de iniciados. Es el resultado de la experiencia al alcance de todos; del pasado del que todos hemos sido, cuando menos, testigos. Es verdad, sin embargo, que entre nosotros pocas cosas hay ahora tan inciertas como el pasado. Y así ocurre que, sustituida la historia por la memoria vacilante y sectaria, seguirán intentándonos convencer en esta suprema fabricación de que, en realidad, ETA añora a Aznar.

LOS ENIGMAS DEL 11-M. CAPÍTULO 30
La Policía mintió al juez al atribuir a Jamal Ahmidan dos tarjetas telefónicas relacionadas con la de la mochila de Vallecas
Nuevas mentiras que añadir al listado de falsedades en que se ha convertido el sumario sobre el peor atentado de nuestra historia. De todas las tarjetas del 11-M relacionadas con la de la mochila de Vallecas, sólo hay dos cuyos propietarios sigan vivos después de la explosión del piso de Leganés. Pero nadie se ha molestado en interrogar a esas dos personas para saber si es verdad que esas tarjetas se adquirieron en un locutorio de Lavapiés. Y la razón es que al juez Del Olmo se le volvió a engañar en los informes policiales, atribuyendo ambas tarjetas a Jamal Ahmidan, El Chino.
Luis del Pino Libertad Digital 22 Diciembre 2006

Ya hemos publicado anteriormente que existe una tarjeta telefónica relacionada con la de la mochila de Vallecas que tiene una gran importancia. Se trata de la tarjeta 656722489, atribuida por la Policía a Jamal Ahmidan, El Chino. Esa tarjeta mantuvo diversas conversaciones con el confidente Rafá Zouhier en diversos días clave anteriores y posteriores a la masacre de Madrid, a pesar de lo cual nadie había interrogado a Rafá Zouhier sobre el contenido de esas conversaciones telefónicas.

La razón de que nadie se molestara en interrogar a Zouhier a este respecto es muy simple: en realidad, la Policía mintió al juez al decir que esa tarjeta pertenecía a Jamal Ahmidan. Y se mintió al juez para evitar que declarara el verdadero propietario de esa tarjeta.

¿Quién compró la tarjeta de Vallecas?

Con los datos del sumario en la mano, ni siquiera sabemos hoy, dos años y medio después del atentado, a quién se le vendió la tarjeta telefónica de la mochila de Vallecas. Esa tarjeta fue, supuestamente, vendida en el locutorio de Lavapiés propiedad del marroquí Zougham, pero ¿quién la compró?

Hay en el sumario una declaración de un testigo (Rachid “El Gordo”) en la que éste afirma que quien compró las tarjetas telefónicas en el locutorio fue Jamal Ahmidan, El Chino. En concreto, ese testigo afirma que Jamal Ahmidan compró varias tarjetas a un empleado de Zougham y al día siguiente fue a cambiar una de ellas porque resulta que, después de probarla, esa tarjeta no tenía saldo.

Pero esta declaración tiene todos los visos de ser falsa. Está demostrado (con los datos de las compañías telefónicas) que la tarjeta encontrada en la mochila de Vallecas y las otras seis que se activaron en Morata no fueron utilizadas nunca antes de la madrugada 9 de marzo y sólo se activaron una única vez. Si Jamal Ahmidan hubiera probado las tarjetas, entonces se habrían activado dos veces: una al probar si tenían saldo y otra al montar las bombas el día anterior a los atentados. Por tanto, debemos descartar la declaración de ese testigo y seguimos teniendo la duda: ¿quién compró las tarjetas supuestamente usadas en las bombas?

Hay otro dato más que nos confirma que hay gato encerrado en lo que nos han contado sobre la tarjeta de la mochila de Vallecas. Como ya hemos dicho en un capítulo anterior, al locutorio de Lavapiés propiedad de Zougham llegaron 200 tarjetas, entre las cuales se supone que estaban la de la mochila de Vallecas y las otras seis que se activaron en Morata.

Lo normal es que la Policía hubiera “peinado” todas las tarjetas que pudieran componer ese lote de 200, para tratar de localizar todas las tarjetas que los terroristas hubieran podido utilizar. Pues bien, dos años después de la masacre, la Policía ni siquiera había pedido a las operadoras telefónicas los datos de muchas de las tarjetas que podían componer ese lote de 200.

¿Es normal esa dejadez? ¿Se trata de un simple fallo policial, o lo que se estaba intentando era recabar el mínimo número posible de datos para construir una versión oficial, sin aportar demasiados datos, no fuera a ser que afloraran contradicciones?

Las contradicciones de los datos telefónicos

Porque lo cierto es que, cuando uno se pone a escarbar en los datos telefónicos, las contradicciones afloran a mansalva, como si fueran setas.

En efecto, está demostrado con los datos del sumario que varios de los supuestos implicados en el 11-M adquirieron (y utilizaron) algunas de las tarjetas que podrían formar parte de ese lote de 200 que llegó al locutorio de Zougham. No nos referimos a la tarjeta de la mochila de Vallecas ni a las que se activaron en Morata (porque ésas no sabemos quién las compró). A las que nos referimos es a otras tarjetas, que fueron utilizadas para hacer llamadas en las dos semanas previas al atentado (véase el Enigma 17, “Los intocables”).

Los informes policiales indican cuáles son esas tarjetas utilizadas por los miembros de la trama y detallan quién era el presunto terrorista que utilizaba cada tarjeta. Pero esos informes policiales están plagados de falsedades.

En concreto, dos de las tarjetas usadas por los miembros de la trama son atribuidas por la Policía a Jamal Ahmidan, El Chino. Se trata de las tarjetas 656720759 y 656722489. Pero es mentira que esas tarjetas fueran de Jamal Ahmidan. Basta con leer las actas de registro incluidas en el sumario del 11-M para ver que el soporte de cartón de una de esas dos tarjetas (la que lleva el número 656720759) apareció en la casa de un primo de Jamal denominado Hicham Ahmidan, en la Avda. Cerro de los Angeles 30. Lo que indica que no era Jamal, sino su primo, el propietario de esa tarjeta.

Y basta con leer las transcripciones de las conversaciones grabadas a los imputados para ver que quien usaba la otra tarjeta (la que mantuvo las conversaciones con Zouhier y que tenía por número el 656722489) no era Jamal Ahmidan, sino otro pequeño delincuente llamado Rachid Tachti (alias Rachid El Niño).

¿Por qué la Policía mintió, una vez más, al juez, atribuyendo a Jamal Ahmidan unas tarjetas telefónicas que no eran suyas? Pues, como vamos a ver a continuación, da toda la sensación de que se mintió al juez para evitar que declararan los verdaderos poseedores de esos dos números telefónicos.

Los dos marroquíes

Hicham Ahmidan y Rachid Tachti tienen tres cosas en común:

* la primera es que ninguno de los dos tiene nada que ver con el islamismo, sino que ambos son delincuentes comunes dedicados al narcotráfico a pequeña escala.
* la segunda es que son las dos únicas personas vivas (tras la explosión del piso de Leganés) de las que tengamos constancia de que usaron alguna de las tarjetas telefónicas supuestamente compradas en el locutorio de Zougham por los miembros de la trama.
* y la tercera cosa en común son las peripecias sufridas por ambos para tratar de obstaculizar su declaración ante el juez.

Porque lo cierto es que, a fecha de hoy, nadie le ha preguntado a ninguno de esos dos individuos algo tan simple cómo: ¿dónde y cuándo compró usted esa tarjeta que podría pertenecer al lote de 200 que llegaron al locutorio de Zougham?

En realidad, al analizar el sumario, nos encontramos que la cosa es aún peor. Como ahora veremos, se ha hecho todo lo posible para que nadie tratara de aclarar qué pintan estos dos individuos en el relato de los hechos.

El caso de Hicham

El caso de Hicham Ahmidan resulta sangrante. No sólo es que nos podría aclarar el misterio de dónde se compraron las tarjetas telefónicas, sino que el sumario está plagado de datos que indican que Hicham Ahmidan jugó un papel fundamental en la trama del 11-M:

* su coche ya fue detectado con anterioridad a los atentados del 11-M, en los seguimientos realizados al comando de los hermanos Almallah y a El Tunecino.
* en el registro de su casa apareció una tarjeta telefónica del mismo lote que la encontrada en la mochila de Vallecas
* sus huellas dactilares aparecen en el coche habitualmente utilizado por El Chino, propiedad de la suegra de éste
* fue el encargado de falsificar tres de las matrículas usadas por los miembros de la trama
* también aparecen sus huellas dactilares en la casa de Morata de Tajuña
* en uno de sus coches apareció ropa con el ADN del propietario de la furgoneta de Alcalá

Aparece su rastro, como vemos, en casi todos los escenarios de la trama, a pesar de lo cual, el juez no ha llegado a tomarle declaración nunca.

Lo que nos cuentan es que este individuo desapareció de España y huyó a Marruecos antes del 11-M. Pocas semanas después de los atentados, saltó a los medios la noticia de que este individuo había sido (supuestamente) detenido en Marruecos por tráfico de drogas. Y más adelante también se filtró la noticia de que había sido condenado a ocho de prisión por narcotráfico, condena que estaría cumpliendo en la actualidad en el país vecino.

Esto no hubiera debido impedir que se le tomara declaración, pero el juez Del Olmo ni siquiera se había molestado, dos años después de la masacre, en mandar una comisión rogatoria a Marruecos para interrogarle. Y eso a pesar de que se lo solicitó explícitamente alguno de los abogados de la acusación. ¿Ustedes lo entienden? Porque yo no.

¿Es que ni la Policía ni el juez tenían el más mínimo interés en saber por qué aparecen las huellas de este individuo en tantos escenarios relacionados con los atentados? ¿No les interesaba conocer dónde podía haber adquirido esa tarjeta relacionada con la de la mochila de Vallecas?

El caso de Rachid

El caso de Rachid Tachti es aún más esperpéntico. Sería, junto con Hicham Ahmidan, la única persona que podría aclararnos dónde y cuándo compraron las tarjetas telefónicas los miembros de la trama. Pero, cuando uno de los abogados de las defensas solicitó al juez, el 4 de abril de 2005, que tomara declaración a Rachid Tachti, la Policía contestó que acababa de ser expulsado de España tres días antes, en aplicación de la Ley de Extranjería. Qué casualidad, ¿verdad? ¡Es increíble la mala suerte que tienen nuestros investigadores (salvo entre el 11-M y el 14-M, claro)!

Así pues, la Policía había supuestamente expulsado de España a ese testigo tres días antes de que lo solicitara el abogado de la defensa. Sin embargo, pocos meses después, en diciembre de 2005, ese individuo que nos decían que había sido expulsado fue detenido por apuñalar a una persona en la discoteca Joy Eslava.

La explicación que dio la Policía es que había vuelto a entrar ilegalmente en España poco después de ser expulsado.

Discúlpenme la suspicacia, pero después de tantas mentiras, ¿creen ustedes que me paso de desconfiado si digo que no creo que llegaran a expulsarle nunca? ¿Llegó a salir Tachti de España en algún momento? Quiero suponer que sí, pero no le haría ascos a una constancia documental. Son tantas las veces que se ha mentido a Del Olmo desde organismos dependientes del Ministerio del Interior que no me extrañaría en absoluto una mentira más.

¿Se mintió al juez para evitar que este testigo declarara?

El caso es que el juez Del Olmo, después de la detención de este individuo tras el apuñalamiento de Joy Eslava, pudo por fin tomarle declaración. Pero no pudo preguntarle por la tarjeta relacionada con la de la mochila de Vallecas, porque la Policía seguía sosteniendo en sus informes que esa tarjeta correspondía a Jamal Ahmidan El Chino, ocultando que su verdadero propietario era Rachid El Niño.

¡Pobre juez Del Olmo! Entre lo que no le han dejado investigar, lo que le han teledirigido y lo que no ha querido investigar él, el sumario del 11-M se le derrumba. Los hilos de las conexiones telefónicas, que permitieron construir la tela con la que trabar las tres pruebas falsas del caso, van a empezar a destejerse.

¿Se animará el juez a interrogar, como es su obligación, a esas dos únicas personas vivas que podrían decirnos dónde se compraron las tarjetas relacionadas con la de la mochila de Vallecas?

Aunque, bien mirado, a lo mejor el juez y la Policía tenían sus razones para no interrogarles. Total, ¿a quién le importan unas tarjetas relacionadas con otra tarjeta que apareció en una mochila que jamás estuvo en los trenes?

El deber de saber catalán impide la unanimidad sobre el estatuto balear
El texto sale del Congreso con el apoyo de la mayoría de la Cámara
 La Razón 22 Diciembre 2006

MADRID- El Estatuto de baleares pasó ayer el trámite del Congreso con el respaldo de la mayoría de la Cámara (292 votos a favor, 14 abstenciones y 2 en contra) y sólo con la abstención de IU-ICV y ERC. El texto, que salió del Parlamento balear con 75 artículos y un acuerdo del 80 por ciento de su Cámara, ha sido ampliado a su paso por el Congreso hasta llegar a alcanzar los 140 artículos y un alto grado de consenso. De hecho, uno de los pasos más importantes que se ha dado en este sentido ha sido el pacto PP-PSOE en aspectos clave como ha sido el reconocimiento del déficit histórico de las islas y la inversión de 2.500 millones de la Administración central en un plazo de siete años.

El único escollo que impidió ayer la unanimidad fue que no se impusiera el derecho y el deber de saber catalán, tal y como exigían IU, ERC. CiU y PNV también demandaban este cambio, así que apoyaron la reforma global, pero pidieron votación a parte del artículo 4 que regulaba el uso de la lengua. De hecho, la diputada de IU Isaura Navarra, había condicionado su voto favorable a que se transaccionara una enmienda en la que se sintieran todos cómodos y se regulara esta demanda.

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, hizo hincapié en los «cambios profundos» que se habían introducido que han hecho del estatuto un texto «nuevo». «Reafirma el modelo de Estado que configura nuestra Constitución», dijo, y destacó entre los principales avances conseguidos que se regule el régimen especial balear que reconoce el hecho específico y diferencial de su insularidad y que se contemple la regulación de los consejos insulares como una institución de gobierno propia de cada isla.

La diputada popular María Salom destacó entre los logros obtenidos que el estatuto «vaya a resolver las carencias institucionales» que existían, que por primera vez se reconozca a Formentera una identidad propia y que se regule el catalán como lengua cooficial de Baleares junto al castellano. En definitiva, «el texto conjuga la lealtad al proyecto común con el autogobierno», sentenció.

Francesc Antich, por el PSOE, puso de relieve el «amplio consenso político obtenido con un resultado final que favorece los intereses de los ciudadanos de las islas» y enumeró una larga lista de aspectos que pasan a regularse entre los que se encuentra la creación de la Agencia Tributaria de las islas Baleares, la unidad de la lengua, la regulación de competencias, el poder judicial y que la Administración ajuste sus políticas públicas a la realidad peninsular de la comunidad autónoma, especialmente en transportes, infraestructuras, telecomunicaciones, energía, medio ambiente, turismo y pesca.

DENAES EXIGE AL GOBIERNO QUE PONGA FIN A ESTA PERSECUCIÓN
Multan con 600 euros a los dueños de una tienda de frutos secos en Barcelona por rotular en castellano
Una tienda de frutos secos de Barcelona ha sido sancionada con 600 euros. El motivo, rotular en castellano. Omnium Cultural, entidad subvencionada por la Generalidad cuya función es señalar a los comerciantes que no cumplen la "política lingüística", presentó una denuncia porque el establecimiento estaba rotulado en castellano. Los propietarios cambiaron el letrero exterior. Sin embargo, una inspectora acudió al local y les indicó que les iba a sancionar porque los rótulos interiores estaban en castellano. Por ello, la Fundación DENAES ha exigido al Gobierno que ponga fin a la persecución que sufren los comerciantes, que raya en "el terrorismo lingüístico".
Libertad Digital 22 Diciembre 2006

El periódico El Mundo recoge este jueves un nuevo caso de acoso a comerciantes en Cataluña. Los propietarios de una tienda de frutos secos en Barcelona se han visto obligados a pagar una multa de 600 euros por "vulneración de los derechos lingüísticos de los consumidores y usuarios". El origen de la polémica multa se remonta a septiembre de 2005. La asociación Omnium Cultural encargada de señalar y denunciar a los comerciantes que no rotulen en castellano, presentó una denuncia a Consumo porque el establecimiento no tenía el letrero escrito en catalán.

Tres semanas después, la Agencia Catalana del Consumo envió una carta al propietario del comercio para que "se adecuara a la normativa vigente sobre política lingüística catalana". Les dieron un plazo de dos meses, y los dueños cambiaron el rótulo exterior. Sin embargo, pasado el plazo, acudió a la tienda una inspectora y les indicó que les iba a sancionar porque los letreros del interior del local estaban en castellano. Los dueños del establecimiento no quieren hablar porque dicen que ya han tenido suficientes problemas.

La Fundación DENAES, para la Defensa de la Nación Española, ante este nuevo caso de acoso lingüístico en Cataluña, ha querido denunciar el "terrorismo lingüístico que se ha implantado" en esta comunidad autónoma y ha exigido al Gobierno que "ponga coto a la persecución de la Generalidad a los comerciantes que rotulan en castellano".

Para esta Fundación, el silencio de los comerciantes "demuestra que el objetivo de esta política, que raya el terrorismo lingüístico, no es otro que atemorizar a los ciudadanos".

Según DENAES "es inevitable hacer un paralelismo con los empresarios del País Vasco víctimas de la extorsión de ETA que pagan a la organización terrorista y guardan silencio para no tener problemas". En Cataluña, señala DENAES, "el asqueroso papel de matones y chivatos corresponde a la asociación conocida como Omnium Cultural, subvencionada por la Generalidad, que se dedica a denunciar y señalar a los comerciantes que no se pliegan a la extorsión lingüística, y la Generalidad en el papel de recaudador a través de las multas".

Por todo ello, DENAES "anima a los comerciantes a la resistencia cívica, desobediencia civil, a no pagar multas y a recurrir hasta donde sea necesario en defensa de sus libertades constitucionales".

Un periódico inglés da por hecha la anexión de Navarra
 La Razón 22 Diciembre 2006

El diario británico «The Guardian» ha preparado un especial sobre la actividad de ETA. Llama a la banda terrorista «grupo separatista vasco» y da por hecha la anexión de Navarra al País Vasco, informa «Periodista Digital».

Se trata de un especial preparado por el periódico inglés, en su edición digital ha presentado un apartado dedicado al «conflicto vasco» cuando han comenzado las negociaciones. Llega a dedicar incluso más espacio a las actuaciones de los GAL que a explicar el año más sangriento de la historia de ETA, cuando en 1980 cometió más de cien asesinatos. La publicación la ha denunciado un lector del citado confidencial que se vio sorprendido por el trato que reciben los terroristas en la prensa anglosajona.

El Gobierno del PP - agrega «Periodista Digital»- intentó modificar el trato comprensivo que la banda terrorista recibía en los periódicos de países como Gran Bretaña o Estados Unidos. Con la inclusión de ETA y Batasuna en la lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea se esperaba un cambio, pero la nueva política antiterrorista del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ha contribuido a mantener la idílica imagen de «resistencia» que intenta presentar ETA.
Algo similar ocurrió tras la declaración de alto el fuego por parte de la banda ETA el pasado 22 de marzo.

Ernest Maragall reconoce que niños catalanes no dominan el castellano
IVA ANGUERA DE SOJO BARCELONA. ABC 22 Diciembre 2006

El consejero de Educación de la Generalitat, Ernest Maragall, reconoció ayer que existen zonas de Cataluña en las que los escolares tienen problemas para expresarse correctamente en castellano. Aunque advirtió de que se trata de hechos muy puntuales, Maragall defendió que el decreto del castellano -aprobado por el Gobierno, para que todos los planes de estudios incluyan un mínimo de tres horas de castellano a la semana, algo que no cumple el actual plan de estudios catalán- servirá para paliar esos efectos nocivos de la inmersión lingüística que rige la educación en Cataluña.

Pese a todo, el consejero de Educación insistió en que el Ejecutivo catalán está a la espera del dictamen jurídico para decidir si recurre el decreto del Gobierno por invasión de competencias, extremo que CiU niega. Ernest Maragall señaló, además, que el catalán «habrá aumentado el curso que viene más que el castellano o el inglés» gracias al aumento del horario escolar y apuntó que el catalán «no sólo seguirá teniendo carácter de lengua vehicular central, sino que tendrá además el carácter de presencia perfectamente dominante, como debe ser».

Maragall hizo esta afirmación en respuesta a una interpelación de la diputada de CiU Irene Rigau, quien aseguró que esa tercera hora de catalán «acaba con el modelo» de Educación y hará imposible el aprendizaje del catalán entre los niños inmigrantes.

Cerrar Política Lingüística
La ex consellera convergente recriminó además al vicepresidente de la Generalitat, el líder republicano Josep Lluís Carod-Rovira, que se haya propuesto «despolitizar» el debate de la lengua y le animó a que, en tal caso, «cierre la Secretaría de Política Lingüística», que depende de su Departamento.

Tras el frenazo de Maragall a las presiones nacionalistas, el presidente de la Generalitat, José Montilla, insistió, sin embargo, en que el catatán sigue siendo «la lengua que está en minoría» en Cataluña, en respuesta a una interpelación del líder de Ciutadans (C´s), Albert Rivera, quien le había reclamado que abanderara la defensa del castellano.

«Espero que tenga el mismo interés por la lengua propia de Cataluña, no olvide que es la lengua que está en minoría», le espetó Montilla, después de que Rivera le señalara que «no es ningún delito que las matemáticas se hagan en castellano, como se ha dicho en esta Cámara».

Las «juanis»
El líder de C´s reclamó además a Montilla que su Administración se dirija tanto en catalán como en castellano a los ciudadanos durante todo el año, «no sólo en elecciones», y que el castellano sea también lengua vehícular de la enseñanza en esta Comunidad. Rivera se refirió a una interpelación anterior sobre política lingüística, realizada por la escritora Maria Merc_ Roca -del Grupo de ERC- en la que aseguró que «las juanis» también pueden adaptar el catalán «a su argot».

Aunque la máxima tensión se vivió, sin duda, cuando el interpelado por Ciutadans fue Carod-Rovira. El diputado José Domingo preguntó al vicepresidente por sanciones a compañías aéreas por usos lingüísticos y le recordó que el conseller de Economía y Finanzas, Antoni Castells (PSC), ve mejor «persuadir que sancionar». «¿Por qué tiene miedo a la libertad?», llegó a preguntar Domingo a Carod.

El vicepresidente destacó que «no hay ninguna empresa sancionada por el uso de la lengua castellana», sino por la ausencia del catalán y añadió que «respecto al aeropuerto de Barcelona, lo que sí hay es cola para venir, no para irse».

Tomás Caballero:«En Navarra y el País Vasco sigue habiendo miedo»
BEGOÑA LÓPEZ PAMPLONA. ABC 22 Diciembre 2006

Tomás Caballero Martínez es el presidente del Patronato de la Fundación Tomás Caballero, a la que da nombre el concejal de UPN en el Ayuntamiento de la capital navarra asesinado por ETA en 1998. Ayer, como tributo a su padre, presentó el libro «Vida y asesinato de Tomás Caballero. 50 años de lucha democrática en Navarra». La obra es el fruto de la investigación de Víctor Manuel Arbeloa y Jesús María Fuente y narra la intensa vida a quien, según su hijo, siempre le guió la dedicación a los demás.

—Han pasado ocho años desde el asesinato de su padre. ¿Ha cambiado algo desde entonces?
—En 2004 la Fundación Tomás Caballero publicó el libro «Regreso a Etxarri Aranaz», que relata la historia del que fuera alcalde de esa localidad, Jesús Ulayar, asesinado por ETA. Desde ese caso, se puede ver la evolución de la sociedad respecto al trato que se ha dado a las víctimas y que tuvo como punto de inflexión el asesinato de Miguel Ángel Blanco. A nosotros siempre nos han respaldado. En Navarra, los ciudadanos son ejemplares, no hay medias tintas.

—Como víctima del terrorismo, ¿qué opina sobre la tregua de ETA?
—Sólo vemos que ha cambiado radicalmente la política antiterrorista. Todo el mundo está percibiendo cómo se han envalentonado todos los afines a los terroristas, que no ceden en ninguna de sus pretensiones. Nos parece vergonzoso que el Gobierno de Rodríguez Zapatero se siente a negociar con los asesinos de nuestros familiares. La situación es percibida mayoritariamente como desesperante.

—¿Sigue habiendo miedo en la sociedad pese a la tregua?
—Claro. La gente no dice lo que piensa. Hay miedo, y en el País Vasco mucho más.

—¿Cuándo se perderá ese temor?
—Cuando nos arropemos entre todos, a través de los actos cívicos. Sólo nos movemos en momentos trágicos y no habría que esperar a eso. Hay que implicarse en el bien común, y hay mil maneras de hacerlo, porque existen unas agrupaciones minoritarias que no ceden un ápice en sus pretensiones y nosotros debemos de perseverar en la defensa de nuestras ideas libremente.

—Todo parece apuntar a que representantes del Gobierno han mantenido ya una primera reunión con ETA. ¿Qué sensación le produce?
—Personalmente creo que es repugnante, porque se nos miente, se nos oculta la realidad como si fuésemos monigotes a los que hay que manipular cada cuatro años para conseguir la «legitimidad» para hacer lo que les venga en gana.

—¿Cree que Batasuna concurrirá a las próximas elecciones?
—Lo van a intentar, sin duda, pero para lograrlo hay que cambiar las leyes y todavía no han conseguido doblegar al poder judicial.

Batasuna advierte que nada ha cambiado y ETA lanza una ofensiva callejera
M. LUISA G. FRANCO ABC 22 Diciembre 2006

BILBAO. El último encuentro entre representantes del Gobierno y cabecillas de ETA no ha dado en absoluto los frutos esperados por Rodríguez Zapatero y sus colaboradores. La banda terrorista ha dado un baño de realidad a quienes exhibieron su optimismo al trascender la noticia de la reunión la pasada semana. La situación sigue estando como estaba, dado el agrio y pesimista mensaje lanzado ayer por los portavoces de Batasuna que, más tarde, quedó ratificado por varias acciones de encapuchados a plena de luz del día en San Sebastián, perfectamente coordinados y que pusieron en riesgo la vida de los millares de personas que ese momento abarrotaban las calles en plenas compras navideñas.

ETA-Batasuna se erige de nuevo en protagonista y condiciona la reunión de hoy entre Zapatero y Mariano Rajoy. Al mismo tiempo, mantiene la presión sobre el Gobierno, que el miércoles renunció a ejercer en una jornada de movilizaciones de bajísimo perfil por el efímero balón de oxígeno que ganó el Gobierno por el efecto de la reunión con ETA.

De nuevo la Comandancia de Marina de San Sebastián, un autobús y un cajero fueron los objetivos de los proetarras. A las tres de la tarde, unos treinta encapuchados salieron de la calle Narrica con cohetes pirotécnicos y cócteles molotov con los que prendieron fuego a un autobús urbano articulado de la Compañía del Tranvía de San Sebastián, que quedó totalmente calcinado.

Media hora de ataques
A continuación, los encapuchados se dirigieron a la Comandancia de Marina, contra la cual lanzaron varios cócteles molotov, provocando el ennegrecimiento de la fachada. Los ataques, que se prolongaron una media hora en pleno centro de una ciudad en pre vacaciones, incluyeron también la quema de un cajero automático en el cruce entre la calle Narrica y el Boulevard.

Se da la circunstancia de que en esa zona había ayer miles de personas, ya que se celebraba el tradicional mercado de Santo Tomás. Los encapuchados actuaron entre esas miles de personas, por lo que sus acciones podían haber causado víctimas. Las alertas estaban activadas, ya que, según Servimedia, políticos vascos habían recibido la recomendación de no acudir ayer a la parte vieja de San Sebastián.

El recrudecimiento de la violencia callejera se produjo a modo de confirmación del estado del «proceso» diseccionado, sólo unas horas antes, por el portavoz de Batasuna, Joseba Permach. El proetarra aseguró, también en San Sebastián, que los responsables políticos que afirman que el proceso va bien «están mintiendo».

Impunidad judicial
Según Permach, es una «irresponsabilidad» que determinados dirigentes políticos afirmen que «hay nuevas condiciones y que el proceso es posible y avanza». De «palabrería» calificó las declaraciones aliviadas que ayer se sucedieron en diferentes ámbitos políticos del PSOE y alrededores. En su opinión, quien dice eso intenta «reflejar una realidad que no existe», ya que «no se ha dado ningún paso». Acusó al PSOE de hacer «filtraciones» para dar a entender que la situación ha mejorado y «ocultar así su responsabilidad», y señaló que «fue la Fiscalía, a manos del PSOE», la que prohibió las manifestaciones del miércoles.

Y volvió a incidir de nuevo en la médula de las reivindicaciones del complejo ETA: la impunidad judicial. Así, dijo que «o el Estado español y el Estado francés aparcan la maquinaria judicial represiva que han usado durante años y garantizan unas condiciones mínimas para la participación política, o no será posible llevar a cabo un proceso», dijo, y advirtió que no espera nada de la cita en Moncloa.

POLÍTICA
París dice que hacer oficial el euskera ataca la unidad francesa
El Gobierno galo sostiene que sería el germen de «graves derivas
FERNANDO ITURRIBARRÍA/CORRESPONSAL. PARÍS El Correo 22 Diciembre 2006

La Asamblea Nacional francesa (cámara de los diputados) ha rechazado una iniciativa parlamentaria de reforma constitucional encaminada al reconocimiento oficial del euskera y otras lenguas vernáculas como el catalán, el bretón o el corso. El Gobierno de centro-derecha se opuso a la medida por considerarla atentatoria a «la unidad del pueblo francés» y un germen potencial de «graves derivas comunitaristas».

El infructuoso intento de oficializar la riqueza lingüística en Francia se produjo el pasado miércoles en el marco de la discusión sobre un proyecto de ley constitucional sobre el censo electoral en Nueva Caledonia (Pacífico sur). Una treintena de diputados, de los 577 que integran el hemiciclo, aprovechó la ocasión para presentar una enmienda con el objetivo de completar la actual redacción del artículo 2 de la Constitución gala, que establece que «la lengua de la República es el francés», con este añadido: «con respeto a las lenguas regionales que forman parte de nuestro patrimonio».

La pretensión de los promotores era permitir, mediante la reforma, la ratificación por Francia de la Carta Europea de Lenguas Regionales o Minoritarias ya que «somos, con Turquía, los únicos que no lo hemos hecho todavía». «Hay que poner fin a esta particularidad francesa que nos singulariza en Europa», dijo el diputado Marc Le Fur, de la UMP (mayoría gubernamental), en defensa de la enmienda. «El reconocimiento de la República hacia estas lenguas es la garantía de la lucha contra los extremismos», alegó.

En nombre del Gobierno, François Baroin, ministro de Ultramar, pidió un voto negativo porque, según un dictamen del Consejo Constitucional, «la Carta atenta a la unidad del pueblo francés, a la indivisibilidad de la República y a la igualdad ante la ley, al conferir derechos específicos a grupos de hablantes de lenguas regionales o minoritarias».

En la votación la enmienda fue rechazada por 57 votos a 44.

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