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Recortes de Prensa     Domingo 24  Diciembre  2006

Reforma constitucional: garantías de cumplimiento
Por Gracián ABC 24 Diciembre 2006

DE poco servirá que reformemos la Constitución si puede seguir siendo violada impunemente. El asunto de la conservación de la nación no puede dejarse exclusivamente en manos de los partidos. Por su trascendencia, pero también porque las agrupaciones políticas, como todo en la vida, tienen sus puntos débiles. Todavía no ha llegado el momento de un reflujo generalizado de la ola localista en muchos territorios. Aún hay muchos ciudadanos periféricos que consideran un signo de «distinción» frente al resto de España exhibir sus diferencias, sin percatarse de que ello pronto dejará de constituir motivo de orgullo, porque tan diferentes serán ellos de los otros como cada uno de los demás respecto de ellos.

Hay bastantes que valoran la importancia que para ellos representa que la lengua constituya una barrera de entrada frente a los demás españoles, o que no tengan que desplazarse a Madrid para resolver algunos asuntos, o que puedan alcanzar las cimas del poder dividiendo entre 17 el esfuerzo que antes habían de realizar; sin comprender que, lógicamente, es más importante ser español que andorrano; ni recordar que muchos españoles -singularmente catalanes, vascos y gallegos- han luchado largo tiempo por liberarse del poder cercano, que acaba siendo asfixiante y excesivamente contaminado; ni aceptar que estrechar los horizontes es regresivo. Por supuesto que las clases políticas periféricas, junto con las grandes nóminas de personas vitalmente vinculadas a ellas, sienten el natural deseo de incrementar su poder, restándolo a los remanentes del Gobierno central. Y los medios de comunicación en las regiones, muchos porque dependen directa o indirectamente del poder político y todos porque saben que hay porciones de población que profesan un nacionalismo militante, fácilmente contribuyen a la consagración de los dogmas particularistas.

Los grandes partidos nacionales saben que su triunfo se juega con no más de un 10 por ciento de los votos, y que el electorado españolista no tiene otras opciones; así las cosas, es «natural» que no defiendan eficazmente la nación. Durante 20 años, cada vez que los poderes periféricos han demandado más autogobierno, en definitiva menos Gobierno central, desde Madrid, en el mejor de los casos, unos y otros han dicho estar de acuerdo siempre en que se respeten los límites de la Constitución; nunca se ha convocado una reunión, ni mucho menos un debate, para dilucidar en qué medida es bueno o malo seguir adelgazando el Estado y engordando las autonomías. Los dos grandes partidos, cuando han estado en el poder, han aumentado el poder autonómico a costa del español conjunto. Y lo que es peor: esos partidos en el poder, como efecto de pactos puntuales con la periferia, han adoptado medidas contrarias a la Constitución, o han dado instrucciones de no recurrir decisiones autonómicas que sus servicios consideraron inconstitucionales, o han desistido de recursos interpuestos, convirtiendo en ingenuos a los dirigentes de la Transición por creer que la Constitución era una norma que habría de respetarse. Con lo cual, dado que, según el artículo 162 de la Constitución, el correspondiente recurso al TC sólo lo pueden interponer por parte del Estado dos autoridades y grupos de cincuenta parlamentarios, todas esas decisiones se han consolidado y están vigentes sin que el Tribunal Constitucional pudiera pronunciarse.

Comprendemos que el recurso de inconstitucionalidad no debe abrirse absolutamente. Pero hay que ser conscientes de que con este sistema, aunque reformemos la Constitución y obtengamos ahora un diseño perfecto, y aunque el Tribunal Constitucional no estuviera politizado y confederalizado en su seno, podemos volver a lo mismo si la legitimación para el recurso sigue en manos exclusivas de los grandes partidos.

De cara al futuro hay que abrir, aunque prudentemente, las posibilidades de acudir al TC. En la Constitución reformada debe existir un artículo o precepto como el siguiente, o algo de efectos similares: «Respecto de normas jurídicas o decisiones que afecten al reparto o transferencia de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas, estarán legitimados, tanto para el recurso de constitucionalidad como para el planteamiento de cuestiones de competencia, además de las personas y grupos señalados en artículos precedentes, conjuntos de al menos diez mil ciudadanos. El recurso o cuestión no tendrá efectos suspensivos salvo que el Tribunal estime la concurrencia de graves razones que aconsejen otra cosa. El Tribunal Constitucional, mediante decisión adoptada por 2/3 partes de sus miembros, podrá rechazar la tramitación del recurso o cuestión planteada cuando el mismo asunto ya haya dado lugar a sentencia contraria o, prima facie, no suscite dudas de que será desestimado. Dada la naturaleza del vicio que se invoca, este recurso no está sometido a plazo y puede dirigirse contra normas o medidas adoptadas antes de habilitarse esta legitimación ampliada».

Y dentro de la misma preocupación por protegernos de las debilidades de los partidos, hay que recordar que el artículo 150,2 de la Constitución, después de señalar anteriormente las competencias máximas de las autonomías y las mínimas del Estado, establece que el Estado puede transferir a las comunidades facultades de su titularidad, norma que en una correcta interpretación sistemática es absurda, salvo que se interprete como aplicable por razones excepcionales. Sin embargo, esta vía se ha convertido en sistema normal de transferencias, con motivos fútiles, como los de mera simetría organizativa citados en la L.O. 6/1997 de cesión a la Generalitat de la Policía de Tráfico. Será preciso que en la reforma constitucional próxima, al artículo 150,2 se añada un contenido del siguiente tenor: «Estas transferencias serán excepcionales y por tiempo limitado. Las transferencias o delegaciones de competencias que se hayan efectuado anteriormente al amparo de lo dispuesto en este precepto quedarán sin efecto al transcurrir un año desde la introducción en la Constitución de este párrafo, salvo que antes fueren ratificadas en las condiciones de excepcionalidad y limitación temporal ahora señaladas; sin perjuicio de que, si procediere, puedan ser objeto de transferencia ordinaria».

Colectivo que reúne a 60 intelectuales y profesores de reconocido prestigio

Zulos de Navidad
EDITORIAL Libertad Digital 24 Diciembre 2006

El hallazgo en Vizcaya de un zulo con detonadores y 60 kilos de productos químicos para fabricar explosivos es la enésima verificación de que ETA no está en tregua ni lo ha estado. Se trata del primer depósito de armamento descubierto en España, desde que la banda terrorista declaró su falso "alto el fuego" el pasado 24 de marzo. Demuestra, entre otras cosas, que ETA ha aprovechado los últimos nueve meses para hacer acopio de material con el que volver a matar. El robo de pistolas, vehículos y explosivos en Francia; la extorsión a empresarios, el terrorismo callejero, y ahora esto: ¿lo considerará, al fin, el ministro del Interior un hecho lo bastante "relevante" como para explicar a la opinión pública de qué está hablando el Gobierno de España con una banda terrorista que no sólo no quiere dejar la violencia, sino que se rearma hasta los dientes?

José Luis Rodríguez Zapatero se equivocó o engañó a los españoles cuando, el 29 de junio, dijo en un pasillo del Congreso que el Gobierno había verificado que el cese de la violencia es real y las intenciones de paz de ETA, sinceras. Era el requisito que el propio Zapatero había fijado para comenzar la negociación oficial con ETA, y lo daba por comprobado, cuando lo cierto es que desde el atentado contra la ferretería del concejal de UPN, o desde las primeras cartas de extorsión a empresarios, quedó claro que ETA ha declarado otra tregua-trampa como la de 1998.

Si un presidente es capaz de forzar sus propias normas hasta hacer que cualquier hecho encaje en ellas, ¿por qué hemos de creerle cuando asegura que sólo se negociará con ETA lo que quepa dentro de la Constitución? ¿Acaso no supone, el derrumbe de la llamada "verificación", un aviso lo bastante serio de que no se puede dejar la Constitución en manos de Zapatero y de su fiel escudero el Fiscal General del Estado, para que la interpreten a conveniencia y hagan pasar por el embudo, incluso, el referéndum de autodeterminación o la anexión de Navarra al País Vasco?

Rajoy volvió a intentar sin éxito el pasado viernes que Zapatero se comprometiera a respetar unas sencillas "líneas rojas", a saber: que Batasuna-ETA no pueda presentarse a las elecciones mientras no condene la violencia y no cumpla todos los requisitos para ser un partido legal y democrático, y que no se negocie nada sobre el futuro de España, del País Vasco y de Navarra en una mesa extraparlamentaria.

Es evidente que las garantías dadas por la vicepresidenta Fernández de La Vega son insuficientes, a la vista de que ni siquiera el hallazgo de un zulo aún caliente con 60 kilos de explosivos en suelo español provoca el inmediato anuncio de ruptura con la banda terrorista por parte del Gobierno.

Al contrario, lo que hemos visto este sábado es una maniobra de contra-programación clásica de un Gobierno tramposo y manipulador como éste, montada con el único objetivo de quitar hierro al hallazgo por la Ertzaintza del depósito de armamento en Amorebieta.

Inmediatamente después de que el Gobierno vasco difundiese este descubrimiento, Interior "hizo aparecer" un zulo en Guipúzcoa con cartuchos de caza caducados. Desde el Gobierno se subrayó que es un zulo abandonado "hace unos cuatro años". Todo un señuelo para relativizar el auténtico hallazgo, el de la Ertzaintza en Amorebieta, que arruina definitivamente la versión oficial de una paz sincera.

Casi sin tiempo para pensar, la cocina intoxicadora de Interior lanzó otra sorpresa: la Guardia Civil había desactivado dos bombas en las vías de tren de Tafalla (Navarra) el pasado miércoles, es decir, 48 horas antes de la reunión de Zapatero y Rajoy, en la que el presidente ocultó este hecho al jefe de la oposición. Todo indica que Interior, más preocupado por relativizar la importancia del hallazgo del zulo de los 60 kilos de explosivos, y por demostrar que está tan activo como puedan estarlo la policía francesa y la Ertzaintza contra ETA, no calculó las implicaciones retrospectivas que sobre la cumbre Zapatero-Rajoy tendría el hecho de revelar el atentado frustrado de Tafalla.

De ahí que, en un segundo momento, el Gobierno matizase su propia filtración y calificase lo que al principio fueron bombas como simples "botellas de gasolina sin iniciador". Es decir, según el departamento de Rubalcaba, cada día más imaginativo, ETA colocó dos "botellas de gasolina" en las vías de tren de Tafalla, como podría haber colocado dos botellas de leche.

Ahora sabemos que cualquier amenaza o desastre causado por ETA va a obtener del Gobierno la misma respuesta que dio Rubalcaba el pasado miércoles: "nada relevante que contar". Aquí dispone Rajoy, que dijo salir de La Moncloa "sin ninguna certidumbre", de la certeza más reveladora de todas. Ahora sólo es cuestión de que sepa actuar en consecuencia como jefe de la oposición.

Los socialistas de inteligencia vagos
José Luis Palomera Ruiz Periodista Digital 24 Diciembre 2006

Proceso de paz, ¡qué imbecilidad! cómo se puede sustentar un proceso de paz cuando no existen dos bandos que prediquen guerra. Hay que ser histriones cantamañanas para sostener tal calumnia en una nación donde los terroristas asesinan al pobre obrero, al campesino, al ciudadano, intentando, los muy cobardes analfabetos además de terroristas, hacer daño al poder.

Es de un patético magistral escuchar decir a muchos “medios pollos” que el proceso de paz está en marcha, ¿ paz para quién? para ellos que comen y viven como dios mientras los asesinos terroristas eliminan al pueblo obrero igual que a las ratas...

Miren, protuberantes barrigas, escribanos de teorías, y demás defensores de un proceso de paz,les demostraré por última vez que el proceso no es otra cosa que síndrome de cantamañanas. Veamos, en primer lugar para iniciar un proceso de paz ha de haber dos partes confrontadas y que éstas decidan establecer contactos de entendimiento y cese de hostilidades mediante un proceso que se denomina "de paz", este supuesto no se da en España ni se ha dado en los últimos setenta años, donde sí se dio, haciendo referencia a la guerra civil española. Guerra desencadenada por fantoches adalides que desde los pedestales arengaban frases de “compañerismo y demás camaradas”, pero que al final y como siempre, la sangre, el derramamiento de sangre, la pusieron otros, es decir, el siempre pagano pueblo. Sostener o comentar hoy un proceso de paz en donde las hostilidades asesinas las padecen los que no estamos en guerra, es decir, el pueblo, el pueblo obrero, es desmerecer la sangre del mismo.

Si el gobierno, funesto gobierno el de hoy, desea negociar un proceso de paz que "inicie" primero una guerra para poder defender y cobrar las vidas que el pueblo ha perdido sin poder defenderse, es lógico. Si el pueblo, después de unas cuantas docenas de años (hubiese sabido) que estábamos en un proceso de guerra contra el terror, sin duda, la presión social habría demandado intervención del ejército español, obligado a defender al pueblo de sus asesinos. Luego no fue así ya que se confió en que las fuerzas de seguridad acabarían con los terroristas, y no así negociar con los mismos. Nunca jamás se pensó el dialogar con ellos teniendo el pueblo novecientos asesinados inocentes y ellos piscinas en sus pensiones de tres estrellas, también llamadas en España, centros penitenciarios.

Hay algunos que dicen tener familiares asesinados, que apoyan el falso proceso en bien de que no mueran más personas, si se me permite he de decir con lógica, que personalmente me parece una opción cobarde además de gratuita. Me explico, son muchos los que sabían que tarde o temprano morirían, son muchos los que no podían bajar con sus hijos a la calle ante el temor de ser asesinados, son muchos los que echaban agallas como hoy ya no hay, son muchos los que lloraron junto a su familia la indignación de la oscuridad en su propia tierra, son muchos los que clamaron con sus últimas gotas de sangre “viva la libertad”, son muchos, muchos, son TODOS...

Pero es más, si estos valientes que dieron sus vidas por nuestra libertad hubiesen sabido lo que iba a ocurrir hoy en España, sin duda habrían roto sus cartillas de militantes y cesado en concejalías y demás a cambio de poder vivir sin temor a ser asesinados. La disyuntiva no tenía comparativa alguna; dejar la militancia o ser asesinado..., y no lo hicieron, su valentía y determinación no les hizo doblegarse lo más mínimo, para que venga ahora un familiar, sea quien sea, a decir que todo está bien hecho siempre y cuando no se produzcan víctimas.

Hay una entraña muy pequeña en el cuerpo de la carne, se llama honor, que jamás ha de entregar ser alguno mil veces muera.

El pueblo que no ha batallado con enemigo alguno no acepta ningún proceso de paz sin haber estado antes en guerra, este proceso llanamente y lo diga quien lo diga, es un proceso de acercamiento al grupo terrorista al que se ha combatido, con democráticas leyes y cuyo resultado no ha podido ser más nefasto para la sociedad.

Todos hemos visto sus actitudes chulescas, sus mofas y brindis ante las víctimas, las cuales, en el bazar de la deplorante justicia española, adquieren a siete meses, más o menos por vida.

Hacen y deshacen y viven como reyes y no hay quienes les doblegue con las actuales leyes, ante esto el gobierno decide iniciar un proceso de acercamiento en el cual solicitan, piden, y ruegan, que no sigan matando y a cambio las ya de por sí endebles leyes españolas, suavizarán aún más sus tenazas de espuma.

Este es el único proceso que existe, el proceso lógico de una democracia con leyes idénticas al asesino que al asesinado, además en España con la agravante de una nefasta justicia

Quienes acabaron con el terrorismo no lo hicieron precisamente con leyes idénticas a las aplicadas al pueblo, solamente hay que volver la cabeza a otros países democráticos con idéntico problema de terrorismo e incluso peores.

Resumiendo, el gobierno actual en vista de que la impecable ley española, donde los derechos humanos son respetados con tal pulcritud que más parecen hechos para quienes los incumplen, no produce apenas eficacia en la lucha terrorista ha decidido por el bien de la democracia y para que conste en la historia su talante demócrata liberal y aperturista, cambiar el sistema de lucha por el de: “si no puedes con tu enemigo...”

Y en esas estamos, ni proceso de paz de cantamañanas ni milongas de pasiegos, el gobierno solicita a la banda que no asesine ya que con los métodos que la democracia, y otros métodos menos GAL-antes no han podido conseguirlo.

El problema no tiene más variantes, o aceptamos tiburón como animal de compañía, o nos dedicamos a darles caza sin piedad alguna.Ahora bien, darle caza lo veo casi imposible si no se produce antes un pacto social absoluto en todo los estamentos nacionales, cosa que aún veo más difícil, ya que hablamos del estado español donde existen otros sentimientos nacionales, no precisamente españoles.

Sin embargo es más fácil aceptar tiburón como animal de compañía que el reguero de escribanos, magistrados, políticos y demás personajes que nos hablan de un engañoso proceso de paz, como la mayor panacea del éxito plurinacional. Quienes lo dicen y lo aceptan no son otros que los escoltados, los protegidos, desgraciadamente los terroristas deciden asesinar al pueblo obrero, si las víctimas fueran otros, no les quepa ninguna duda, ya se hubieran encargado de liarnos una guerra plurinacional, sin duda hubieran echado el ejército a la calle en defensa de sus señoriales vidas.

Pero no es así, los asesinados son pueblo, los protegidos, demagogos progresistas escoltados, los cuales deciden en un acto de valentía histórico “poner el cascabel al gato”, lógicamente ellos son los gatos y el obrero pueblo ,desgraciadamente como siempre, los ratones.
Para los políticos de CiU, los principales responsables de la radical inmersión lingüística en Cataluña durante estos 25 años, el hecho de que muchos estudiantes solo usen el catalán en la escuela –y porque se lo imponen- debe tenerse en cuenta “porque tienen muchas horas de español extraescolares que son las que no se computan”. Así la diputada de CiU, Irene Rigau, aseguró que introducir una tercera hora de castellano «acaba con el modelo» de Educación y hará imposible el aprendizaje del catalán entre los niños inmigrantes.

Los optimistas mienten
JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS. Director de ABC 24 Diciembre 2006

... Este Gobierno se ha caracterizado por destruir las certezas de la sociedad española: la certeza de la perdurabilidad de la Constitución; la certeza de la reconciliación labrada en la Transición; la certeza de nuestro papel internacional y la certeza de que los terroristas no obtendrían ni un solo beneficio político...

LA frustrante entrevista entre el presidente del Gobierno y el del Partido Popular da la razón al vocero de Batasuna que afirmó que «los optimistas están mintiendo», es decir, que aquellos que depositan —en las actuales circunstancias— esperanza alguna en que el llamado «proceso de paz» prospere hacia el final de la violencia terrorista de ETA, sin pagar por ello precio político, o están confundidos o simulan unas expectativas que sólo pueden ser negativas. Sin embargo, Rodríguez Zapatero sigue moviéndose en lo que Michael Ignatieff ha definido como «la moral del mal menor». Según esta teoría —criticada por el autor cuando es aplicada para desequilibrar el binomio libertad-seguridad en la lucha contra el terrorismo— sería preferible el mal menor de ceder a parte de las reivindicaciones de los etarras con tal de evitar el mal mayor de sus crímenes, destrucciones y coacciones. Así, los teóricos del «proceso» relativizan la importancia de los conceptos jurídico-políticos que, introducidos en nuestras leyes como principios dogmáticos del sistema, son los que los terroristas combaten, tales como el de soberanía, nación y estado.

El propio presidente del Gobierno se ha encargado de descargar de fuerza política algunas proclamaciones constitucionales —es el caso de su afirmación sobre el carácter «discutido y discutible» de la nación española— para, así, facilitar el tan manoseado «proceso» con la banda terrorista ETA. Los que, ante esta estratagema de relativización, se declaran optimistas son descalificados, sin embargo, por los epígonos de la banda porque ésta no está envidando a la chica sino lanzando un órdago a la grande, dicho sea en términos propios del juego del mus tan arraigado en el ocio de la sociedad vasca.
Frente a los políticos escépticos afectos a la moral del mal menor —así los considera Ignatieff—, los dirigentes etarras y batasunos muestran un maximalismo teórico y práctico —por eso arden en pompa los autobuses en las calles de San Sebastián y siguen chantajeados empresarios y profesionales en todo el País Vasco— que desvencija cualquier estrategia de contemporización que el Ejecutivo —de palabra o de obra— quiera introducir en el contexto político del «proceso».

Los terroristas exigen la impunidad judicial de sus crímenes y, además, dan por supuesto que tienen derecho a la interlocución con los demás partidos en una mesa extraparlamentaria que subraye la ilegitimidad del actual sistema autonómico vasco.
Que el presidente del Gobierno no garantice al líder de la oposición que Batasuna no será legalizada hasta que ETA deje las armas de modo definitivo y que no habrá conciliábulos con sus dirigentes al margen del parlamento vasco, constituye un serio aviso sobre la profundidad con la que la moral del mal menor ha calado en el Gobierno. Por eso, denunciar la falta de certidumbre al respecto no es —como mal supone la vicepresidenta del Gobierno— ni banal ni sobreabundante sino un requerimiento alarmado para obtener garantías acerca de la integridad del sistema constitucional y autonómico.

Este Gabinete se ha caracterizado por destruir las certezas de las que disfrutaba hasta hace poco la sociedad española. La certeza de la perdurabilidad de la Constitución de 1978 se ha evaporado con construcciones jurídicas como el Estatuto catalán; la certeza de la reconciliación labrada durante la Transición ha sucumbido en el oleaje furioso de la llamada «memoria histórica»; la certeza de nuestro papel internacional se ha distorsionado hasta la caricatura y la certeza de que los terroristas etarras no obtendrían ni un solo beneficio político después de su sanguinaria trayectoria en la ruta democrática española de las últimas tres décadas se ha convertido en una gran, enorme e inquietante duda en el conjunto de la sociedad española.

La resistencia del fenómeno terrorista en España hace que los afectos a la moral del mal menor —es decir, los optimistas sobre la suerte del «proceso de paz»— sean muchos. El escepticismo de los relativistas constituye una forma de resignación amoral que sirve tanto para combatir el terrorismo por procedimientos intolerables en un régimen democrático —como sucedió con los GAL— como para apaciguarlo con cesiones de carácter político, tal como podría estar sucediendo ahora. Pero existe otra vía de combate contra los terroristas: la emprendida con el pacto antiterrorista, la presión policial y la implacabilidad de la ley en su aplicación por los jueces y tribunales y la denuncia pública y terminante de la ideología matricial de los terroristas, que es la nacionalista.

Los pesimistas —aquellos que no militamos en la moral del mal menor— creemos que es preciso interpelar al PNV y a EA para que rompan la comunidad de fines con ETA. Ambos partidos también quieren la territorialidad y la autodeterminación; y en tanto la deseen y alimenten su estrategia señalando la anexión de Navarra como un desideratum programático y la soberanía vasca como corolario lógico de una historia inventada y una voluntad social jamás consultada a tal efecto en el País Vasco, ETA se sentirá legitimada como vanguardia de ese nacionalismo irredento. En definitiva, hasta que la filosofía política que informó el denominado «plan Ibarretxe» no decaiga definitivamente en el PNV y en EA —y en todas las demás fuerzas adheridas a aquella frustrada iniciativa—, la banda terrorista continuará pretendiendo una negociación política y, por supuesto, la impunidad por los crímenes cometidos.

En ese clima de reivindicación nacionalista permanente la erradicación del terrorismo etarra —que es un terrorismo nacionalista— es más difícil que en cualquier otro contexto. El propio devenir, accidentado y desconcertante, del proceso de paz en Irlanda —donde la autonomía sigue suspendida— demuestra que la violencia amparada en la coartada nacionalista se comporta como un elemento casi estructural de la convivencia social y política. La moral del mal menor que plantean los optimistas del actual «proceso» encarna, en realidad, el peor de los escepticismo sobre la superioridad del sistema democrático, y, justamente, ese es el objetivo permanente del victimismo nacionalista impasible a las cesiones parciales —pero muy consistentes— que han debilitado al Estado.

No es extraño así que la paz en el devenir de la historia —la auténtica, aquella que se deriva de la libertad— se haya logrado siempre desde la fortaleza política y ética. La moral del mal menor que profesan los socialistas concernidos en la puesta en marcha e impulso de este malhadado «proceso» quiere empujar a la opinión pública hacia un optimismo que es denunciado como «mentiroso» por los propios etarras. La banda y sus dirigentes están jugando al todo o nada ante unos interlocutores que han cometido el tremendo error de romper a machetazos dialécticos y gestuales —por ahora— el elenco de certezas en las que se ha sostenido la otrora ejemplar transición democrática española. Cuando a un pueblo se le resta seguridad en función de expectativas improbables y de apuestas inverosímiles basadas en el «optimismo antropológico» de un dirigente político, se produce un espejismo que pasa —antes o después— una enorme factura material y moral. Y en esa tesitura estamos: bajo la batuta de los optimistas, partidarios de solucionar problemas apostando por el mal menor, ese que llevó a Chamberlain al apaciguamiento con Hitler mientras Churchill preconizaba «sangre, sudor y lágrimas». Aquel era un optimista frívolo; éste fue un pesimista lúcido. Y así lo ha dictaminado la Historia.

Zapatero-Rajoy
El tercer actor
Ignacio Cosidó Libertad Digital 24 Diciembre 2006

La reunión entre el líder de la oposición, Mariano Rajoy, y el presidente del Gobierno en La Moncloa ha tenido más trascendencia de la que algunos han querido atribuirla. La información facilitada por Zapatero a la oposición sobre la marcha del proceso de negociación con ETA, principal justificación para el encuentro, ha sido absolutamente irrelevante. Pero el mensaje lanzado por el presidente del Partido Popular, estableciendo unas condiciones mínimas para restablecer el consenso en la lucha contra el terrorismo, sí es muy importante. En un momento en el que la negociación con los terroristas parece estancada, es bueno que la opinión pública conozca la voluntad del PP de volver al Pacto por las Libertades, es decir, de volver al consenso entre los dos grandes partidos para derrotar a ETA, a la que se puede y se debe derrotar, sólo con la ley, pero con toda la fuerza del Estado de derecho.

Hay quién puede creer que el Partido Popular no tiene relevancia alguna en la negociación que el Gobierno ha emprendido con la banda terrorista ETA. Los únicos actores relevantes serían así los interlocutores directos en la mesa de negociación: ETA y el Gobierno. Se equivocan de forma radical. Sin la oposición firme y activa del PP a realizar concesiones políticas a los terroristas hace ya tiempo que Rodríguez Zapatero habría llegado a un acuerdo que diera satisfacción a las demandas de los asesinos. Ha sido el sentido de la responsabilidad del Partido Popular, anteponiendo sus principios a su conveniencia electoral y la defensa del bien común a sus intereses partidistas, lo que ha permitido hasta ahora evitar una claudicación de nuestra democracia frente a sus enemigos.

Es cierto que este sentido de la responsabilidad histórica deja al Partido Popular en una situación estratégica delicada. En su negociación con ETA, Rodríguez Zapatero pretende dar la imagen de que va a ser capaz de arrancar a los terroristas un acuerdo para su aparente disolución a cambio de un precio asumible por la sociedad española. Pretende, además, añadir a esa mentira la propaganda de que sólo el catastrofismo del PP y su falta de apoyo durante lo que él llama “el proceso de paz” están ralentizando la consecución de un ventajoso acuerdo de España con los terroristas. La propia ETA -quemando autobuses, extorsionando y amenazando con volver a asesinar cada día- pone en evidencia cada día la infame mendacidad del presidente.

La propaganda gubernamental también deja hueco para culpar al PP en caso de que fracase su negociación porque los españoles vean que las condiciones impuestas por los terroristas son tan delirantes que resultan inasumibles para la democracia española. Para esa probable eventualidad, Zapatero y sus voceros ya han dejado claro que culparán al PP de la ruptura de la tregua por no haber apoyado al Gobierno en su negociación, y le echarán en cara, además, haber mantenido de forma injusta la acusación de rendición ante ETA.

¿Cómo salir de la trampa en la que el Gobierno intenta meter al PP con su proceso de paz? En mi opinión, tal como está haciendo Mariano Rajoy, con una estrategia basada en tres pilares.

En primer lugar, el PP está articulando su discurso de oposición al proceso de negociación con los terroristas en la fortaleza moral de nuestra democracia. Negociar políticamente con los terroristas, como es evidente que el Gobierno está haciendo, constituye una aberrante inmoralidad en sí misma, porque convierte en inútil el sacrificio de los cientos de víctimas que murieron precisamente por no ceder antes al chantaje de los terroristas. La negociación socava además el principio fundamental sobre el que se fundamenta toda democracia: que la voluntad mayoritaria de la sociedad no puede ser derrotada por la violencia totalitaria ejercida por una minoría mafiosa.

En segundo término hay que defender, como está defendiendo el PP, la verdad por encima de cualquier interés coyuntural. Es necesario desenmascarar la ocultación en la que el gobierno tiene sumido el proceso negociador y persistir en la denuncia de todos y cada uno de los pagos anticipados que el Gobierno está realizando a la banda terrorista: desde el reconocimiento de los terroristas como interlocutores políticos hasta la aplicación selectiva de la Ley en función de las circunstancias del proceso, pasando por cualquier futuro atenuante a la situación penitenciaria de los asesinos previa a la disolución de la banda. No es una tarea ni fácil ni grata, pero los españoles tienen el derecho a saber cuál es el precio que Zapatero pretende hacerles pagar colectivamente por la paz y decidir en libertad si ese precio resulta moralmente asumible.

Por último, hay que trabajar sin descanso por recuperar el consenso en la lucha contra el terrorismo que fraguó el Pacto por las libertades y contra el terrorismo, y volver a una política antiterrorista que había conducido a ETA al borde mismo de su derrota. El PP puede y debe ejercer el liderazgo social para recomponer la voluntad colectiva de derrotar al terror frente a la voluntad del gobierno actual de pactar con los terroristas. Un liderazgo que debe trascender las propias siglas políticas. Mariano Rajoy lo está haciendo y España necesita que siga haciéndolo.

Ignacio Cosidó es senador del Partido Popular por Palencia.

Los presupuestos miran a Cataluña
Editorial ABC 24 Diciembre 2006

COMO ha sido norma hasta ahora durante la legislatura, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ha conseguido sacar adelante sus terceros Presupuestos Generales del Estado sin aparente dificultad. Otra vez han quedado en agua de borrajas las iniciales amenazas de veto con las que recurrentemente empiezan cada curso político los partidos cómplices del Gobierno en la estrategia de aislamiento del PP en el Congreso. Sea producto del mérito negociador del Ejecutivo, sea consecuencia del chantaje «contable» al que partidos como CiU, ERC, IU-ICV o PNV ya han acostumbrado a las formaciones mayoritarias, lo cierto es que una vez más el Ejecutivo ha salido airoso de la tramitación de la más relevante ley del año. El PP y la única diputada de Eusko Alkartasuna han rechazado de plano las cuentas públicas finalmente aprobadas; los demás partidos del arco parlamentario, encabezados por el PSOE, han apoyado en mayor o menor medida el grueso de los Presupuestos, sin duda a cambio de inversiones para sus respectivas regiones de origen.

Independientemente de que 2007 acoja una importante cita electoral, se trata de unos presupuestos expansivos. A día de hoy, el Gobierno prevé un crecimiento en 2007 del 3,4 por ciento, una cifra que permite al Estado recaudar más dinero vía impuestos y, a su vez, disponer de más recursos para el gasto público y derivar otra parte hacia el ahorro. El vicepresidente económico, Pedro Solbes, sostiene por un lado que el gasto público crece al mismo nivel que la economía española y, por otro, que las cuentas públicas arrojarán un superávit del 1 por ciento del PIB en lugar del 0,7 por ciento calculado previamente. Son cifras que reflejan un notable grado de robustez económica pero que, sin embargo, implican un riesgo cierto: el de estar asumiendo un compromiso de gasto público acorde con los tiempos de bonanza económica que, por el contrario y en un eventual futuro de vacas flacas, pueda llegar a resultar difícilmente asumible para las arcas del Estado.

Frente al discurso del Gobierno basado en que las cuentas están orientadas hacia la estabilidad presupuestaria, el aumento de la productividad y la mejora de las prestaciones mínimas, el PP opone que no se reducen las tensiones inflacionistas, que el gasto público crecerá muy por encima del PIB nominal y que unas cuentas saneadas exigen un superávit del 3 por ciento anual. Pero sobre cualquier interpretación, hay una evidencia: el Gobierno permanece encadenado a una «selva de compromisos bilaterales» con partidos nacionalistas -como adujo el PP-, que alimentan de manera peligrosa los agravios comparativos entre las distintas Comunidades autónomas. Comprometer, como hacen los Presupuestos por imperativo del nuevo Estatuto catalán, miles de millones de euros en nuevas infraestructuras para Cataluña durante siete años, independientemente de cuáles vayan a ser las necesidades reales de las demás Comunidades en ese tiempo, es sencillamente una aberración a la que el Gobierno de Zapatero no ha sabido o querido poner coto. Sólo en 2007 Cataluña recibirá como consecuencia del nuevo Estatuto un plus de 3.195 millones de euros, cifra que todavía ERC ó CiU consideran insuficiente.

El PSOE podrá negar cuantas veces quiera la existencia de ese agravio comparativo o que Cataluña vaya a ser la gran protegida del Gobierno de Zapatero en estas cuentas. Pero incurre en una contradicción. La propia debilidad argumental del PSOE delata su doble vara de medir cuando, por un lado, niega al PP estar favoreciendo a unas autonomías en detrimento de otras por su color político; y, por otro, los socialistas reprochan a CiU sus actuales reservas a respaldar los presupuestos tras haber votado durante ocho años unas cuentas públicas del P, «que no contemplaban ni la cuarta parte de la inversión para Cataluña», en comparación con la aprobada ahora. No resulta coherente que el PSOE defienda un argumento ante el PP y su contrario ante CiU. Y menos, que además eche en cara a otros partidos su «débil memoria» a la vista de que Zapatero, siendo líder de la oposición, adujo en contra de los Presupuestos presentados por el PP que un Gobierno socialista presidido por él no cerraría unas cuentas con superávit porque siempre habría necesidades sociales que atender. Hoy, que presume de proyectar un superávit del 1 por ciento, parece claro que Zapatero sólo ensayaba simplistas ejercicios de demagogia. Pero, por suerte para todos, hace bien en rectificar. De lo que no podrá convencer ya a nadie es de que los Presupuestos Generales del Estado no están -ahora y en el futuro- hipotecados por las reformas estatutarias que, como en Cataluña, han visto la luz gracias a su irresponsabilidad negociadora.

Cuento de Navidad
Por Ignacio Camacho ABC 24 Diciembre 2006

CUANDO le tocó la lotería ya no esperaba nada. Se había vuelto al pueblo años atrás, en cuanto le dieron el alta tras el atentado, aunque nunca se consideró a sí mismo una víctima, sino un superviviente. Víctimas, decía, eran sus compañeros, los que iban en la parte delantera del autobús cuando el infierno entró por la ventanilla envuelto en el estruendo de una bola de fuego y metralla. Víctima era su compañero de habitación en el cuartel, su colega de juegos, de colegio, de academia y de destino, el que volvió antes que él envuelto en una bandera y dentro de una caja sólo porque viajaba unos asientos más adelante en aquel día maldito. Jugaban siempre a medias un décimo de Navidad, soñando con el retorno a un bar apacible o un negocio tranquilo, pero jamás les rozó la suerte que ahora acababa de caerle a él de golpe cuando sentía con una desengañada certidumbre que ya no la necesitaba.

Su mujer sí lo celebró. Se dejó retratar con sus hijos en los periódicos de la provincia, brindando con cava barato por la oportunidad de abandonar aquella cocina llena de humo y de pringue, alborozada con el júbilo secular de quien se siente redimida por un guiño inesperado de justicia tardía. Él no dejó que lo entrevistasen los reporteros; vivía en una derrotada amargura de lunas vacías, de semanas quietas y meses inmóviles, y se había vuelto hosco, huraño, intratable. Ni siquiera quiso ir jamás a las manifestaciones de víctimas; su tormentosa pesadumbre se desahogaba en murmullos de ira contenida cuando veía en la tele las noticias y se le oía rezongar amenazas y vagos juramentos sobre la posibilidad de que algún día quedaran en la calle los que habían puesto la bomba que le cercenó el destino.

El pueblo era un regocijado bullicio de fiestas y brindis, gente riendo por las calles bajo la mirada ávida de unos tipos trajeados que repartían tarjetas de sucursales de bancos, todo el vecindario envuelto en una algazara de petardos que a él le sumían en una brusca, hostil ansiedad sobresaltada. El bar se le llenó de gente que le daba palmadas entre un griterío de mutuas enhorabuenas y cantaba desafinados villancicos de euforia. De pronto decidió escapar. Dejó a su familia azacaneada por el trasiego de toda aquella alborotada clientela, agarró una botella de aguardiente y enfiló el camino del cementerio atravesando el hormiguero de sus radiantes paisanos como un fantasma ensimismado y ausente. Bebía de gollete y a tragos largos, tambaleándose ante el viento helado que desnudaba los olivares y le golpeaba la cara como un látigo, y los escasos deudos de un entierro recién celebrado le miraron con un reproche silencioso mientras reía a carcajadas de borracho sentado sobre la tumba de su compañero muerto, gritando al horizonte una incoherente letanía de voces en la que apenas se distinguía la palabra «paz».

José Varela Ortega: «Un proyecto político hegemónico quiere expulsar, no del poder sino del sistema, al Partido Popular»
POR ANTONIO ASTORGA ABC 24 Diciembre 2006

José Varela Ortega_ Historiador

—¿La ley de memoria histórica es un «disparate metafísico»?
—La memoria histórica no existe. La memoria es una facultad reservada a los individuos de nuestra especie. Sujetos colectivos y entes de razón carecen de memoria. Recordamos sólo lo que hemos vivido personalmente. Si hablamos de la Guerra Civil, lo que pueden recordar hoy los pocos que la padecieron es lo que parcialmente sucedió en un lugar muy determinado, fruto de experiencias personales muy reducidas. 70 años después, el recuerdo ni siquiera es ya lo que vivieron, sino otro producto reelaborado, entreverado de vivencias y distorsionado por experiencias posteriores.

—Se habla de reparar «la moral individual de las víctimas...»
—Me parece muy bien, si es ese ánimo piadoso y no rencoroso lo que alienta el ademán. Pero eso tampoco es historia. La historia no es justicia. Nosotros no damos clases de ética. Vemos las cosas desde el punto de vista de aquellos que las hicieron, cuyos propósitos queremos adivinar y cuyas acciones relatar para comprenderlas, que no es lo mismo que compartirlas o denigrarlas. Las valoraciones caen fuera de nuestro negociado profesional. Los historiadores profesionales intentan descubrir, entender y relatar los horrores de la Guerra Civil con una lente ajustada a la exposición y comprensión que no al juicio. Entiendo muy bien que los descendientes de las víctimas quieran recuperar sus restos, como una forma de rehabilitar su recuerdo y darles un entierro digno y pacífico. Pero todo ese ejercicio de reparación piadosa y justa poco tiene que ver con la Historia.

—Hay quien piensa que Zapatero hace la ley para vengar al abuelo.
—Ese tipo de explicaciones «ad hominen» denunican pobreza intelectual, dudoso gusto personal y, en este caso, en que media una tragedia familiar, mezquindad moral. Hay otras explicaciones más plausibles y reveladoras.

—¿Como cuáles?
—Me parece que todo este ejercicio de ajuste de cuentas con el pasado se inserta dentro de una política de exclusión del otro gran partido. ¿Cómo? Colgándoles un sambenito de franquistas, pese a que los actuales dirigentes del PP no han conocido siquiera el franquismo, no hablemos ya de la guerra.

—¿La ley de memoria histórica es un proyecto político?
—Es un elemento más de un proyecto hegemónico que discurre por la vía de marginar a «la otra mitad». Los políticos cuando dicen hablar de historia lo que en realidad pretenden es construir leyendas para justificar determinadas medidas del presente. Las historias de los políticos dan pistas de sus proyectos actuales, pero carecen de interés en cuanto a relatos del pasado. Lo que hoy nos cuentan de la República y la Guerra Civil se parece poco a lo que allí pasó. Son leyendas que buscan justificar determinadas políticas del presente.

—¿Puede romper la memoria histórica el pacto constitucional?
—Digamos que entra dentro de esa trayectoria y se inserta en ese proyecto, como sigue: «Bueno, aquí hay una España franquista que tiene, por sus pecados, menos derecho a gobernar que la otra, que es la progre, la de izquierda...». El propósito consiste, no tanto en marginar del poder a la oposición (algo normal e higiénico en una democracia abierta y competitiva), sino en expulsarles del sistema. Y eso ya es otro cantar de diferente tono. Desde el punto de vista del sistema, propagar que «el 40 por ciento del electorado es franquista» es una mala noticia, un experimento de simplificación y sectarismo maniqueo, ya ensayado por ambos bandos en la República con los resultados conocidos. Si me pongo la bata blanca de investigador, que me corresponde, y en lugar de juzgar hechos intento comprenderlos, le diría que por ahora todos estos instrumentos de exclusión han resultado rentables en el terreno electoral y de poder. Por el contrario, para la estabilidad del sistema no es funcional y, para el Partido Socialista, anuncian un futuro complicado.

—¿El Estatuto catalán y la memoria histórica son dos arietes para destruir la historia socialista?
—En efecto, aquí, la víctima del Estatuto catalán y de la memoria histórica terminará por ser el Partido Socialista. El haber aceptado un preámbulo tan reaccionario como el del Estatuto tendrá efectos filosóficos demoledores. Porque, en contra de lo que en España suele creerse, las ideas tienen consecuencias que al final se pagan muy caras. Y aquí se ha atentado contra principios centrales de la izquierda: la ciudadanía, la idea de soberanía nacional, bandera de izquierdas durante casi 200 años, el principio de igualdad y redistribución, que no pueden subsistir si se cambian ciudadanos por territorios (condados o principados), para no hablar de esa opereta carlista, que diría Clarín, de los derechos históricos. Todo esto tendrá unos costos ideológicos considerables para los socialistas. Y los electorales, porque no conozco, desde el imperio austrohúngaro, un partido de izquierdas que, habiéndose acostado con nacionalistas, haya amanecido sin la sangre electoral «vampirizada»: a Cataluña me remito. A medio plazo, lo que debe preocuparnos, si argumentamos desde el punto de vista de la estabilidad del sistema, es el futuro de la izquierda española.

—¿Las primeras víctimas pueden ser González y su generación?
—Sin duda. Aquí se ha malbaratado la gran obra de Felipe González y Alfonso Guerra. Primero, reconvirtiendo un partido sindicalista en otro interclasista de gobierno y alternancia, luego colaborando decisivamente en una transición de reconciliación y acuerdos, por fin, ganando las elecciones de 1982 para convertirse en el partido vertebrador del país, presente desde el Cabo de Rosas hasta Tarifa y Finisterre, a diferencia de la República que carecía de un partido socialista catalán fuerte. Esa implantación vertebradora del PSOE ha resultado crucial para la estabilidad del sistema y se corre un riesgo cierto de perderla por este matrimonio morganático con los nacionalistass.

—¿ETA tiene al Gobierno muy atrapado en un chantaje?
—ETA tiene la iniciativa de la noticia, verdadera o falsa (del proceso e incluso del 11-M) porque carece de control parlamentario o mediático. En el contexto actual de enfrentamiento y confusión, calcule usted la bomba política a su disposición. Pero no olvidemos la inversa: no van a encontrar un gobierno que les ofrezca tanto como éste. En consecuencia, estamos ante un matrimonio de conveniencia que bien puede consumarse. Y la dote es la inteligencia con Batasuna. Esas son las conversaciones relevantes y las más preocupantes, desde el punto del sistema.

—¿Con qué costes?
—Depende de lo de lo que ahí se hable... Cualquier negociación política con un grupo terrorista es profundamente disfuncional. Ahora bien, tampoco confundamos negociación con justicia. Y eso conviene que las víctimas lo asuman por doloroso que les resulte. Algo hay que ofrecer y, a cambio de negarse a hablar de política, sólo resta hacer concesiones individuales, sangrantes pero probablemente inevitables. Lo vedado, con este tipo de grupos, es hacer concesiones políticas. Por dos razones: la primera y principal, porque ningún gobierno, ni siquiera Parlamento alguno, representa nuestros derechos individuales, que son ilegislables, indelegables y no van en nuestra papeleta de voto. Porque la vida y la libertad de cada uno de nosotros, que son las que los terroristas ponen encima de la mesa como prenda, proponiéndonos devolvérnoslas en el trueque, habrán dejado de ser derechos fundamentales e individuales para convertirse en concesiones a merced de cualquier pistola. Además, porque el remunerar la violencia produce un efecto imitativo y multiplicador. Estos sistemas democrático-parlamentarios se inventaron precisamente para integrar problemas y expulsar la violencia; que no al revés, como suelen creer demasiados mediadores bien intencionados, pero equivocados.

—¿El objetivo de esa Ley es trazar una línea entre «vencedores y vencidos», «buenos y malos», «franquistas y no franquistas»...?
—Ésa es la guerra, nunca mejor dicho, de nuestros padres y abuelos. Lo contrario a nuestra reconciliación democrática. Ya en los años cuarenta, Indalecio Prieto se pronuncia contra el «séquito horrendo de la sangre». De forma conmovedora, confiesa que ha recibido cartas de gentes condenadas a muerte -que no fueron pocas en esos años tenebrosos- y expone: «¿Sabéis qué me dicen? Que quieren acabar con perdón y reconciliación». No es cierto que aquí se haya hecho un ejercicio de amnesia colectiva. En 1986 se conmemoró el medio siglo de la Guerra Civil con toneladas de papel y kilómetros de película, pero se produjo una reacción, muy sensata pero espontánea, sin toque de corneta en el BOE, que fue la de no utilizarlo políticamente. No se hizo un juicio sino un ejercicio de exposición y comprensión. Desde el punto de vista del sistema, querer a estas alturas utilizarlo políticamente es descabellado y su rentabilidad electoral, harto dudosa.

El revanchismo es un despropósito, amén de una quimera. El único rédito que podemos sacar de haber soportado 40 años de dictadura es que el proceso se haya realizado de manera muy civilizada: de la ley a la ley, y sin represalias ni revanchas. Lo que no tiene sentido es demorarnos 40 años y luego hacer una liberación a la francesa o la italiana, donde miles de personas fueron ejecutadas sin juicio previo, como supuestos colaboracionistas. La reparación de enormes injusticias individuales se puede -y se debe- hacer. Que algunos casos se hayan visto injustamente relegados no debe servir como coartada -hablo desde el punto de vista del sistema- para enfangarnos en una guerra de esquelas, combinada a una suerte de arqueología de lo macabro. Es cosa de mala factura y peor estilo, que no traerá más que problemas. Sabemos lo que ocurrió en Badajoz y Sevilla, y lo que pasó en Paracuellos, o en Barcelona y en demasiados pueblos durante y después de la Guerra. Lo sabemos casi todo. No ha habido ninguna «amnistía histórica». Lo que hay es ignorancia y pereza para leer lo que hace muchísimo tiempo está a disposición de todos.

—¿La «guillotina seca», como llama al golpe militar de 1923, es el comienzo en la cadena de disparates catastróficos que culmina en la Ley de memoria histórica?
—Fue, en efecto, el inicio de una forma de razonar desordenada que terminó en tragedia. Y hoy, lo más preocupante otra vez es el desorden de pensamiento. Le pongo un par de ejemplos: primero, la ligereza en el manejo de preposiciones; a saber: nos pusieron las bombas del 11-M «por-(que)» estábamos en Irak. Esa falaz relación de causalidad es más propia de un exorcismo judeo-cristiano que una deducción racional. No hay un solo texto de violencia terrorista que introduzca ese tipo de preposición justificativa. Los terroristas tratan de imponer un régimen teocrático-totalitario, que, no sólo justifica, incluso obliga a la acción. Las preposiciones adecuadas, pues, son cuándo, cómo y dónde pueden poner la bomba, con o sin guerra de Irak. Intentaron volar la Audiencia Nacional (y podían haber provocado una tragedia mayor que la de Atocha) después de que fuéramos «buenos» y hubiéramos abandonado Irak. De una preposición i-napropiada a una proposición equivocada que nos ha conducido a una decisión, cuya ejecución, más atropellada que negociada, ha resultado en una reducción de apoyos sin disminución de riesgos. Es así de crudo.

Otro ejemplo de confusión mental puede encontrarse entre la algarabía de explosivos y teléfonos: la dinamita suele estar en las minas, los dispositivos telefónicos para atentados los fabrican y mercadean grupos terroristas, la hipotética conexión entre unos y otros y el atentado puede establecer, si acaso, una relación de probable coincidencia instrumental, sin necesidad de fundamentar una relación orgánica de causalidad.

El preámbulo del Estatuto de Cataluña es otro ejemplo de pensamiento desordenado. Los países no «modelan paisajes», no son seres vivos ni eternos. Doña Cataluña no «define» nada, España tampoco. Todo eso no es más que quincallería romántico-nacionalista de baja condición intelectual. Cuando se habla de España (o de Cataluña), omitiendo en el sujeto a los españoles se empieza a atentar contra el principio democrático de ciudadanía. Y se termina por hablar de leyendas del pasado, en lugar de hacer propuestas de futuro. Como decía Nietzsche, la patria es la de los hijos. Intentemos no convertirnos en un país de antepasados, como ironizaba Kant.

—¿Qué echa en falta usted para vertebrar España?
—A mi juicio aquí sólo han ocurrido dos cosas verdaderamente relevantes. La primera es el resquebrajamiento de nuestra relación con EE. UU., una política que había cumplido 60 años y que, aunque el general Franco la emprendiera para salvar el pellejo, sirve a nuestros intereses generales. Como decía Adam Smith, la única ley de la historia es la de la geografía. Sentada firmemente nuestra integración en Europa: ¿qué otra política, fuera de la americana, puede hacer un país bi-oceánico y bi-continental, portaviones entre el Atlántico y Medio Oriente, que tiene un problema estructural de seguridad en el Estrecho, habla español y ha invertido 80.000 millones de dólares en América? Uno puede salirse de la foto, pero no del mapa. Y aquí nos han sacado del mapa. Y el segundo hecho relevante es haber roto el pacto constitucional del 78. Si lo formulamos en matemática electoral, deberíamos decir que los dirigentes socialistas actuales han cambiado de socio constituyente, sustituyendo al 35 o 40% del voto de los populares por el 8 o 9 de los nacionalistas. En suma, el actual gobierno socialista ha encabezado una especie de «rebelión» de élites políticas (profesionales) frente a «las masas» (de votantes).

A corto plazo -lo hemos visto en Galicia- es una buena idea electoral, pero originará costos estructurales quizá inabordables. Otra cuestión es que una oposición malhumorada y huérfana de serenidad y matices haya nublado y enmarañado esos dos hechos fundamentales entre asuntos episódicos, cuando no irrelevantes. Aquí hay que reconstruir una política internacional estable, fundamentada en intereses ciertos y sólidos que no en pájaros y flores de Kofi-Anan; y rehacer un pacto constitucional, base de nuestra estabilidad. Eso desde el punto de vista del sistema. Si uno argumenta desde la óptica de partidos nacionalistas debemos reconocer que la relación voto-poder de la acción nacionalista arroja un resultado espectacular, aprovechando un sistema electoral proporcional en el contexto de una Constitución abierta. El asunto es si los grandes partidos reaccionarán, retomando la senda del acuerdo constitucional para integrar a los nacionalistas en el sistema, o todos continuarán la obra de demolición del Estado. Una cuestión que tendría un interés exclusivamente académico si no fuera porque estamos dentro de una probeta que el alquimista parece manejar a ritmo de coctelera.

El «zulo» de Vizcaya prueba que ETA tiene ya comandos en España
Fue construido hace unos días y en él había escondidos 50 kilos de material para fabricar explosivos  Con ellos podrían haberse hecho tres coches bomba
J. M. Zuloaga / R. L. Vargas La Razón 24 Diciembre 2006

Madrid- El hallazgo ayer de un «zulo» con 50 kilos de material para fabricar explosivos en la localidad vizcaína de Amorebieta supone la confirmación de que ETA ha decidido reorganizar todo el entramado que le permitía cometer atentados y que ya tiene pistoleros en España, según expertos antiterroristas consultados por LA RAZÓN.

Esas labores de reorganización se habrían iniciado el pasado mes de julio, tras un primer ultimátum que, de forma privada, ETA lanzó al Gobierno. Con la excusa de una verificación, que nunca terminaba, de las intenciones de la banda, el Ejecutivo trató de ganar tiempo y restar importancia a una serie de evidencias que demostraban que los terroristas no apostaban por la paz, como el robo de pistolas y el hallazgo de «zulos» cerca de la frontera con armas y explosivos.

Construcción reciente
El hecho de que el depósito hallado en Amorebieta haya sido construido hace sólo unos días demuestra, según las citadas fuentes, que ETA ha decidido trasladar su actividad de Francia a España en lo que puede ser un paso definitivo antes de romper el alto el fuego, a corto o medio plazo. A este respecto, recordaron que durante la tregua de 1998-1999 ocurrió algo parecido. La banda decidió suspender el alto el fuego en julio de ese último año pero no lo hizo público hasta noviembre. Mientras, se dedicó a organizar «comandos», robar explosivos y, finalmente, enviar células criminales a España. Además, los materiales encontrados en el «zulo» (nitrato amónico y polvo de aluminio, sustancias usadas para fabricar amonal; detonadores y otros utensilios) hacen pensar que la banda ha proyectado volver a utilizar coches bomba. Con este material, los expertos calculan que la banda podría haber preparado tres.

El depósito fue encontrado a media mañana de ayer por un ertzaina que no se encontraba de servicio y tropezó con él mientras paseaba por una zona boscosa del barrio de San Martín, según confirmó el departamento de Interior del Gobierno vasco.

Junto al de Amorebieta, la Guardia Civil encontró también ayer otro «zulo» que estaba abandonado desde hacía algunos años. Éste estaba formado por dos bidones enterrados en un paraje de la localidad guipuzcoana de Ezkio Itxaso en los que los terroristas ocultaban munición de caza. El hallazgo fue posible gracias a documentos intervenidos a dirigentes de ETA en Francia.

Y mientras la banda terrorista mantiene su actividad, los proetarras continúan incrementando de manera tanto cuantitativa como cualitativa sus ataques. Si el viernes los abertzales quemaron varios autobuses en plena tarde y en el abarrotado centro de San Sebastián, ayer fueron dos ertzainas los blancos que de sus ataques.

El primer ataque se producía alrededor de las nueve y diez de la noche del viernes, cuando varios desconocidos atacaron con un cóctel molotov la vivienda de un ertzaina en la localidad guipuzcoana de Rentería. El ataque se saldó sin daños personales y con escasos daños materiales, que se limitaron al ennegrecimiento de la fachada, según informó el Departamento vasco de Interior.

El incidente se repetía después en la capital vizcaína, donde los violentos lanzaron sobre las dos y diez de la madrugada un cohete pirotécnico contra la vivienda de un agente. El artefacto pirotécnico impactó no obstante contra la vivienda del vecino, causando daños en la persiana, según informa Vasco Press.

Se da la circunstancia de que en el último boletín interno de la banda, llamada «Zutabe», ETA acusaba
a la Ertzaintza de ser una «amenaza grave contra el derecho de los vascos a vivir en libertad» y advertía de que si no se «desactiva como cuerpo represivo, no se puede asegurar una situación de paz».

La organización terrorista calificaba a la Policía vasca como el «brazo armado del PNV» y señalaba que uno de los «principales obstáculos para desarrollar un proceso democrático» está en «la actitud avara» de los dirigentes de la formación nacionalista y, dentro de esto, en la Ertzaintza, a la que llama «la Policía Autonómica de España». Además, ETA acusaba a los ertzainas de alimentar «el camino de los jueces fascistas», haciendo un «trabajo sucio» y «abriendo el camino a los aparatos del Estado para encabezar los ataques contra la izquierda abertzale».

Actos cobardes
El sindicato ErNE, mayoritario en la Ertzaintza, aseguró que los agentes continuarán con su trabajo «hasta poner a disposición judicial a los autores» de los ataques , que la central consideró «mafiosos, ruines y cobardes». «Con actos como los que denunciamos, sólo nos tendrán enfrente, sin lograr amedrentarnos lo más mínimo», añadió.

En un comunicado, el sindicato interpretó estos ataques como «un incremento en la escala de agresiones que estamos viviendo últimamente en lo que se ha denominado como “crisis del proceso” por parte de los políticos de turno». Los que denunciamos sólo nos tendrán enfrente sin lograr amedrentarnos lo más mínimo», concluye.

Los episodios de terrorismo callejero registrados durante la pasada noche se completaron con otros dos incidentes ocurridos en Baracaldo. A las 2.40 horas, varios desconocidos atacaban un cajero automático ubicado en la calle Miranda del municipio vizcaíno de Baracaldo. Tras romper el cristal de la entidad bancaria, vertieron líquido inflamable en el interior del cajero para, posteriormente, prenderle fuego. Una patrulla de la Ertzaintza logró sofocar el incendio con un extintor, por lo que no fue necesaria la presencia de los Bomberos. Los daños en las instalaciones fueron escasos y no hubo que lamentar daños personales.

Minutos más tarde, era atacado del mismo modo otro cajero automático en la calle Luis de Castrejana de Baracaldo. En esta ocasión, fue necesaria la intervención de los bomberos para sofocar el fuego, que causó daños en el cajero y el ennegrecimiento de la fachada.

Ayer también trascendió, según informaron a Ep fuentes de la Guardia Civil, que el miércoles, expertos en desactivación de explosivos de este cuerpo neutralizaron dos artefactos caseros en las vías del tren de Tafalla (Navarra). Interior, sin embargo, precisó que se trataba de dos botellas con gasolina que no tenían iniciador y que no pueden ser calificadas como bombas.

ETA depositó hace tres días 50 kilos de explosivos en un zulo en Amorebieta
La Policía muestra su «total alarma»
ÓSCAR B. DE OTÁLORA/BILBAO El Correo 24 Diciembre 2006

Las Fuerzas de Seguridad se encuentran en estado de «total alerta» y «alarma» tras el hallazgo, ayer, en la localidad vizcaína de Amorebieta, de un zulo construido por ETA esta misma semana y que contenía cincuenta kilos de sustancias para la fabricación del explosivo amonal. Un ertzaina libre de servicio descubrió de manera fortuita el escondite, compuesto por bidones de plástico enterrados en una zona boscosa y que mostraba indicios de que había sido excavado sólo dos días antes, es decir, el jueves. Los responsables de este depósito acampaban junto a él y huyeron precipitadamente en la creencia de que habían sido descubiertos.

La presencia de etarras en Vizcaya y el modo arriesgado en que ETA ha planificado esta operación, ya que ha trasladado el explosivo desde Francia en los últimos días en un momento de especial vigilancia antiterrorista en el país vecino después de que dos activistas encañonaran el miércoles a una patrulla de gendarmes, son las principales razones de la tensión que viven los cuerpos de seguridad en España. Sorprendidos por un hallazgo que «no encaja» en el momento actual, fuentes policiales piensan que la organización terrorista buscaría con esta acción una labor de aprovisionamiento ante la eventualidad de una ruptura de la tregua.

El zulo supone la primera constatación de actividad etarra en suelo español desde la declaración del alto el fuego en marzo pasado. Además, la Policía encuentra numerosas similitudes entre esta forma de operar y los movimientos que ETA habitualmente solía efectuar cuando se hallaba dispuesta a cometer algún tipo de acción. Fuentes policiales no tienen reparos en afirmar que el zulo ha encendido «todas las alarmas».

El olfato del perro
El descubrimiento se produjo sobre las 12.50 horas en un paraje poco accesible -sólo se llega a él desde una pista forestal- del barrio San Martín, en Amorebieta. Casualmente, un ertzaina libre de servicio adscrito a la Unidad Canina había salido a caminar por la zona en compañía de su perro -las normas de la Policía autónoma establecen que los guías caninos no deben separarse de sus animales-. Adiestrado en la localización de drogas y explosivos, el perro olfateó la presencia del material oculto en el zulo y condujo al agente hasta el lugar.

En un principio, el policía creyó que el animal había detectado la presencia de estupefacientes, aunque una inspección más detallada, tras dar aviso a sus jefes de servicio, descubrió la realidad: en el interior de un bidón de grandes dimensiones enterrado en la tierra se encontraron varios detonadores y bolsas termoselladas que contenían cincuenta kilos de dos sustancias diferentes, nitrato amónico (oxidante) y polvo de aluminio (potenciador), que, junto con el trinitrotolueno, sirven para fabricar amonal, un explosivo clásico de ETA. La Policía autónoma estableció un cordón y durante varias horas rastreó los alrededores en busca de otros zulos, sin detectar ninguno.

La Ertzaintza ha logrado determinar que el escondite había sido construido dos días antes y que sus responsables habían acampado junto a él y decidieron escapar al creerse descubiertos. La Policía encontró, oculta de manera apresurada, una tienda de campaña, unos pares de gafas y abundante comida, lo que indica que los activistas escaparon precipitadamente. La existencia de alimentos en cantidades importantes y la inaccesibilidad del propio refugio -para cuya inspección la Ertzaintza tuvo que utilizar vehículos especiales todoterreno y desde el que resulta sencillo vigilar el entorno- permiten barajar la teoría de que los etarras estuvieran dispuestos a pasar allí un tiempo prolongado.

Las policías española y francesa ya tenían constancia del reabastecimiento de los comandos de ETA en territorio galo, como el robo el pasado octubre de 350 pistolas y revólveres en una empresa en Vauvert. En ese mismo mes, las fuerzas antiterroristas galas también hallaron en Saint-Ettine de Baigorry otro escondite con sustancias para fabricar bombas y algunas armas, que, supuestamente, en breve iban a ser llevadas a España.

Si al Gobierno español ya le inquietaron estas acciones por su falta de sintonía con el guión del proceso de paz -y la exigencia a ETA de ausencia de violencia-, el hallazgo de Amorebieta ha multiplicado la inquietud policial: confirma el desplazamiento de etarras por nuestro país y supone el primer envío de material explosivo desde Francia.

Se da la circunstancia de que ayer mismo, la Guardia Civil localizó también otro zulo en Ezkio-Itsaso (Guipúzcoa), sólo que en este caso se encontraba abandonado desde hace, al menos cuatro años. El escondite constaba de dos bidones enterrados en la tierra y contenía munición de caza en muy mal estado de conservación.    o.otalora@diario-elcorreo.com

Jóvenes, marroquíes y aspirantes a kamikazes
El Ejército estadounidense ha detenido en dos años a más de un centenar de combatientes llegados de Marruecos para luchar en la «guerra santa» de Irak - La CIA estudia sobre el terreno las vías de reclutamiento de estos terroristas suicidas
Pedro Canales La Razón 24 Diciembre 2006

TÁNGER- Desde hace más de dos años, el Ejército americano ha detenido a más de un centenar de combatientes marroquíes por el «yihad», diseminados por varias ciudades iraquíes. El departamento de Estado estadounidense ha informado de ello a las autoridades de Rabat y, ante la impotencia de éstas para contener la riada de voluntarios, Washington decidió hace unas semanas enviar un equipo de especialistas de la CIA a Marruecos con el fin de detectar la forma de reclutamiento de los combatientes suicidas, según informó el semanario independiente «Le Journal».

El reclutamiento se hace de tres formas diferentes, puntualiza el experto Abdala Rami: «Por contacto directo entre los jóvenes voluntarios y las organizaciones estructuradas del islamismo radical, como la Salafia Yihadia; por mediación de organizaciones externas, como el Grupo Salafista argelino, que además posee campos de entrenamiento propios en el Sahel; y a través de internet».

Precisamente este último recorrido es el que genera enormes problemas para las fuerzas antiterroristas marroquíes, que se declaran impotentes para controlarlo. Según estudios de universitarios, expertos y funcionarios de la seguridad marroquí, cada día hay varios miles de marroquíes conectados a través de internet con los portales web yihadistas, con los canales de conversación o simplemente consultando la abundante literatura yihadista colgada en la red.

«Una primera fase del reclutamiento se hace en el ciberespacio, asegura ‘‘Le Journal’’; en un segundo tiempo, los candidatos acuden a las mezquitas informales o conocidas por sus posiciones extremistas, donde reciben la bendición».

Los grupos más extremos del islamismo violento como Attawhid wal Yihad (Unidad y combate), El ejército islámico y la Chariaa, El Ansar o Attajdid al Islami (Renovación islámica), se limitan a contabilizar los candidatos y proveerles de la logística para llegar hasta Irak, en general vía Damasco.

El periódico en lengua árabe «Al Nishan» destacó, por su parte, que los jóvenes yihadistas provenían en su mayoría de los barrios deprimidos de chabolas de las grandes ciudades, «guetos sociales, económicos y culturales, aislados del resto de la sociedad», como los de Casablanca, de donde salieron los 13 kamikazes que cometieron los atentados del 16 de mayo de 2003 en los que murieron 45 personas, cuatro de ellas españolas, o los de Tetuán, donde vivían cuatro de los presuntos autores de los atentados del 11-M en Madrid.

Pero también provienen de las clases pudientes. «Le Journal» detalla el caso de Moncef ben Masaoud, un brillante universitario «genio de las Matemáticas y con gran sentido del humor», que abandonó familia y amigos para ir a Irak en julio de este año. Moncef fue uno de los suicidas del atentado terrorista de Baquba, al norte de Bagdad, en el mes de octubre pasado.

Durante la guerra de Afganistán que siguió a los atentados del once de septiembre, el reclutamiento era «oficial», señala el profesor universitario Mohamed Darif. «Se hacía directamente en las mezquitas y con el beneplácito de las autoridades».
Hoy día los «candidatos terroristas» para combatir en Irak o en Afganistán toman las mismas vías, y a menudo respaldados por las mismas organizaciones como Dawa ua Tabligh (Proselitismo y Predicación) que controla la mezquita Mezwak de Tetuán, vinculada a los atentados de Atocha, pero fuera de la atenta mirada de los servicios de seguridad que ya no controlan sus movimientos.

Marruecos se ha convertido en estos años en un campo fértil para el reclutamiento de los «soldados de Alá», dispuestos a inmolarse por una causa que no resuelve ninguna de sus necesidades cotidianas.

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