AGLI

Recortes de Prensa     Jueves 28  Diciembre  2006

Enseñanza del castellano
Cataluña será urdú o no será
José García Domínguez Libertad Digital 28 Diciembre 2006

Sin duda, lo que mueve al Muy Honorable Pepe Montilla en el asunto no debe ser más que ese veneno letal que se llama resentimiento social. Al cabo, que un ágrafo con rúbrica en el Boletín porfíe por que todos los demás nos rebajemos a su nivel, no deja de ocultar una cierta lógica; mezquina y ruin, cierto, mas lógica al cabo. Sin embargo, en el caso del resto de los barandas del Tripartito, gentes –hay que reconocerlo– algo por encima de esos escalones elementales, primarios, en los que habita la tosca emotividad del president, la explicación es otra. También simple, por lo demás, aunque otra.

Y es que, para ellos, el nacionalismo lingüístico es una guerra. En consecuencia, uno de los idiomas en liza está llamado a morir antes de la última batalla. De ahí que la misión en este valle de lágrimas de todo buen patriota sea tratar de expulsar el castellano de Casa Nostra, el único modo en que conciben la supervivencia futura del catalán. Tan irracional y tan estúpido como eso. Nadie se sorprenda, pues, de que el iznajarí y su cuadrilla acaben de presentar un "requerimiento de incompetencia", valga el sarcasmo administrativo, contra esa tercera hora de castellano en los colegios que pretendía Madrit.

En el fondo, lo de Pepe y el odio a la gramática es un retorno a los principios del socialismo científico. Sí, sí, científico. Pues el plan de analfabetización que acaba de poner en marcha viene avalado por los pioneros de ciencia catalana, aquel viejo anhelo del orate de Francesc Pujols que, al fin, ya es una realidad en esta Ínsula Barataria de los zurupetos. Así, el universalmente admirado Departament de Didàctica de la Llengua i de les Ciències Socials de la Universitat Autònoma de Barcelona, nido de erudición que dirige un prestigioso Pagès (no recuerdo ahora el nombre de pila que gasta ese sabio), acaba de emitir la siguiente encíclica:

Todos los estudios muestran que la lengua que hace falta reforzar en Cataluña al objeto de cumplir los objetivos de dominar idiomas útiles al acabar la escolaridad obligatoria continúa siendo el urdú, mientras que el dominio de la lengua castellana por parte de los niños y niñas es tan o más elevado que en el resto de Comunidades, incluidas las que sólo tienen una lengua oficial.

Pagès lo dice y es cosa verdadera: todos los nens de Avinyonet de Puigventós, Maçanet de Cabrenys y Santa Llogaia d´Alguema hablan y escriben en castellano mucho mejor que sus iguales de Valladolid y Salamanca. Con el mérito añadido para los nuestros de que no han necesitado ni estudiarlo en las aulas, ni escucharlo jamás en casa o en la calle, ni mucho menos ser expuestos a su influjo maléfico desde los repetidores de TV3. Bien pensado, lo único extraño del caso es que no los traiga la cigüeña también con el nivel C de urdú bajo el brazo.

Las amenazas del Govern respecto al español
Vicente A. C. M. Periodista Digital 28 Diciembre 2006

El tiempo que va pasando y el Tribunal Constitucional aún se halla enfrascado en el papeleo de atender y pronunciarse sobre el recurso de inconstitucionalidad del nuevo Estatuto de Cataluña. Pero mientras, sigue en vigor y es el propio Govern de Cataluña el que alude a él para limitar las atribuciones del Gobierno de España y de sus ministerios, en un área tan fundamental como es la enseñanza del idioma español. Los nacionalistas catalanes, con Montilla al frente, quieren tener la exclusividad sobre la enseñanza en su cortijo y amenazan con recurrir al Tribunal Constitucional. Como dice FJL los patos disparando a las escopetas.

Si no fuera hoy el día que es diría que se trata de una inocentada. Pero en el tema de la lengua española , desgraciadamente su persecución y aislamiento es un hecho en las Comunidades donde gobierna el PSOE con los nacionalistas, o donde solo gobiernan los nacionalistas. Precisamente ahí radica el problema.Cuando se transfieren competencias exclusivas del Estado, cuyo deber es defender la igualdad de los españoles con independencia del lugar de residencia en territorio español, se llega al caos de regulación y a los reinos de taifas. Unas haciendas particulares donde los señores feudales nacionalistas, imponen sin oposición su criterio y su ley.

Y mientras, el Tribunal Constitucional con una parsimonia y dejadez muy elocuentes, va dejando que el tiempo diluya y adormezca este escabroso tema del recurso. No hay voluntad de resolverlo. No hay voluntad de dar la respuesta contundente que se merece. Quizás seamos nosotros hoy los inocentes por haber confiado en unas Instituciones, que solo están demostrando su incapacidad para realizar las funciones para las que fueron concebidas. Inocentes son aquellos que siguen sufriendo la discriminación en el uso de su propia lengua, como si residieran en un país extranjero. Inocentes son aquellos que ven como los presupuestos del Estado benefician de un modo descarado a una Comunidad en detrimento de la solidaridad en todo el territorio. Inocentes son aquellos que sufren persecución por declararse y sentirse españoles, donde los nacionalismos imperan.

Los que no son en absoluto inocentes son los que Gobiernan y son conscientes de esos abusos de poder y no hacen nada por remediarlo. Son culpables de abandono de sus deberes con los ciudadanos. Son culpables de desidia y sectarismo partidista. Son culpables de ocultación y de falsedad, con deformación de la realidad y no asunción de responsabilidades. Son culpables de incompetencia e incapacidad en resolver los dramas humanos que ellos mismos han provocado.

En este Gobierno hoy podemos encontrar de todo menos inocentes.

De la confusión a la mentira
Ignacio Villa Libertad Digital 28 Diciembre 2006

No se puede negar que el Gobierno ha cumplido con uno de los objetivos que tenía planteados desde el inicio del proceso de rendición: el reino de la confusión total ya está aquí. Por medio del silencio ante las andanzas de ETA, el cerrojazo ante la opinión pública de las negociaciones y la apuesta sistemática por despistar a los ciudadanos, al menos han logrado disimular un poco ante el escaparate de la Nación la humillación a la que Zapatero está sometiendo a la democracia y el peligro en que ha puesto a España, la base en que descansan nuestras libertades.

El último ejemplo de esta estrategia lo hemos visto este fin de semana. El día antes de Nochebuena hemos sabido de la aparición de dos zulos en el País Vasco. Uno de ellos, en concreto, escondía una importante cantidad de explosivos y detonadores. Este hallazgo indica, según muchos expertos, que la banda terrorista ETA se está rearmando a un ritmo vertiginoso. Pues bien, ¿qué dice el Gobierno? Ni el presidente Zapatero, ni el ministro Rubalcaba se han dignado a aparecer ante los medios. Sólo ha abierto la boca el responsable del mando único de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, el señor Mesquida, intentando convencernos de que lo blanco es negro y lo negro, blanco. Como ya sucediera con el robo de 350 pistolas en Francia, el Gobierno parece creer que los españoles estamos tan alelados con la retórica del "proceso de paz" que nos creeremos cualquier cosa con tal de no romper el hechizo. Mesquida ha aplicado hasta el más mínimo detalle las directrices de un presidente empeñado en seguir adelante con un proceso que tiene como única salida la rendición ante los terroristas: dice que ETA no se rearma y hay que creerlo a ciegas.

Lo cierto es que, en estos últimos días del mes de diciembre, ha cuajado entre los españoles la certeza de que los terroristas etarras tienen la sartén por el mango. Zapatero ha aceptado sus reglas y se sabe entregado en manos de los terrorista. Quizá pensó que podría ir recuperando el control poco a poco, pero la realidad ha desmentido esa ensoñación. Zapatero ha cedido y, como era previsible, los etarras no han renunciado a ninguna de sus pretensiones.

Nueve meses después del inicio del alto el fuego de ETA, el Gobierno presenta un comportamiento esperpéntico negando la verdad de los hechos mientras acepta las condiciones de ETA. Zapatero prefiere instalarse en una posición llena de falsedades que oculta tras una cortina de confusión, enredo y manipulación. Por ejemplo, el Gobierno español todavía no ha reconocido públicamente la autoría etarra del robo de 350 pistolas en Francia varias semanas después de que se produjera, pero no les importa. Están comprometidos en la tarea de dibujar una realidad alternativa que responda a sus intereses; lo que acontezca en el mundo de verdad en el que viven los ciudadanos españoles no despierta en ellos ni el más mínimo interés. Ahora que se han descubierto los zulos de ETA se les ve capaces de decir que son viejos escondites de la Guerra Civil y quedarse tan contentos. Cuando un presidente utiliza la confusión para ocultar la verdad es que está instalado en la mentira como forma de gobernar.

Nacionalistas
El Niño Josele la armó
Cristina Losada Libertad Digital 28 Diciembre 2006

La crisis del bipartito gallego está cantada. Lo digo porque la causa de la discordia se encuentra en un cantaor almeriense y una guitarra española. Ambos dos entraron en el recinto del parlamento autonómico días atrás para interpretar el himno gallego. Cuentan las crónicas que los capos del Bloque presentes aplaudieron. Horas después, sin embargo, retiraban el aplauso y pedían cuentas. Más aún, se personaban con toda una proposición para que el himno rumoroso y verdescente se interprete siempre y en cualquier lugar de acuerdo con lo dispuesto por la ley de Símbolos. Debe de ser esa –es– la única ley sagrada para el BNG. Sólo, claro, cuando los símbolos son los de su culto. Los otros, si no los queman, los mandan al desván, como hacen los altos cargos con la bandera española. El nacionalismo, que no llega a ser ideología, sin esa guerra de símbolos se quedaría en nada.

Para justificar su rabieta, figuraron cual fieles continuadores de aquellos Coros y Danzas de los tiempos franquistas. Defensores de "nuestra cultura y nuestra música" y preservadores del folklore. Pero ni el himno de Pondal y Veiga forma parte del folklore, ni la cosa va por ahí. La guerra es contra España. El sacrilegio cometido por el Niño Josele y sus acompañantes no es otro que éste: haber introducido en la cámara "el tópico más grande de la España de charanga y pandereta". Porque España no puede estar en el parlamento gallego de ninguna forma. O sea, no puede estar Galicia en las instituciones gallegas. Desde luego, no la que habla español, que no está. Tampoco la que baila pasodobles en las fiestas. En la "nación cultural", gente como Cuchús Pimentel, gallego, y nieto de galleguista ilustre, pero, ay, guitarrista flamenco de toda la vida, podrá vivir, pero nunca tendrá un sitio en el espacio público. Y menos si toca el himno.

¿Y quién llevó a los flamencos? No el PP. No sólo porque ya no tiene mando en plaza. Ha comunicado Núñez Feijóo que él nunca hubiera hecho tal cosa. No está el PP gallego para experiencias que pongan en duda un galleguismo trabajado a golpe de idioma y soplo de gaita. No se le oirá en el estrado una palabra en español, así que como para atreverse con el cante jondo. Bastante cruz es que se le acuse de violar la tradición importando la gaita escocesa y hasta la falda. En fin, la idea y su ejecución han sido de los socialistas, que culminaron así todo un año de actos conmemorativos del 25 aniversario del parlamento, incluido un solemne hermanamiento con una duna en las Cíes. Total, un millón de euros del ala del contribuyente para demostrar lo modelnos que son ellos. El himno cantado por un andaluz iba a ser el no va más del mestizaje, la fusión y la anchura de miras. Y, como diría Carmen Calvo, la prueba de que "ninguna tradición se mantiene impertérrita". Pero como el español y España también están en la lista negra de los sociatas, lo del Niño es andaluz y punto. Otra cultura de la plurinación. A fin de cuentas, también el PSOE quiere la "nación" gallega, aunque por la cuenta que le trae, que es la electoral, sin cerrar a cal y canto el Telón de Grelos.

Y este es el nivel, Maribel, del debate político en Gallaecia. Tiene suerte el bipartito. Sus esperpentos no desmerecen de los del tripartito maragalliano, pero se benefician del escaso peso político y mediático de Galicia. En cierto modo, gracias a España pasan desapercibidos.

El fantástico zapatero
Por M. Martín Ferrand ABC 28 Diciembre 2006

ES necesario recurrir a las «Charlas de Antoñita y don Antonio» -Antoñita la Fantástica y Antonio Calderón- para encontrar argumentos tan engañosos y lejanos de la realidad como los que suele manejar el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, especialmente en lo que respecta al orden público, la seguridad y la lucha contra ETA. La diferencia estriba en que Antoñita la Fantástica -hija literaria y radiofónica de Borita Casas- solo pretendía, con una sonrisa, aliviar las penas y las necesidades ciudadanas de los años cuarenta y cincuenta y sus continuadores gubernamentales de hoy lo que quieren es confundirnos. Pretenden que veamos blanco lo que evidentemente es negro. Algo mucho más burdo y rechazable.

Sostiene el Gobierno, sin que a Zapatero se le borre la sonrisa o Alfredo Pérez Rubalcaba mueva uno solo de sus músculos faciales, que ETA no intenta rearmarse. Incluso es capaz de afirmar que el último zulo encontrado por la policía en Amorebieta no fue construido con intenciones asesinas, a pesar de su contenido en materias explosivas, sino con el propósito de ser descubierto. Algo así como un gesto de fuerza para demostrar que la organización está viva y sus asesinos ni aflojan el pulso ni pierden fuerza como consecuencia de la «tregua» en curso. Un zulo no logístico hecho para la propaganda.

Negar lo evidente es, en las personas, una de las primeras etapas del deterioro intelectual. Supongo que puede establecerse el paralelismo con los grupos y, en esa dirección, el deterioro gubernamental es grande. Incapaz para la autocrítica, el Gobierno se obstina en «tener razón» y eso no tiene más salida que el ridículo. Es el fundamento del humor del absurdo. Joan Mesquida, el polivalente director de la Policía y de la Guardia Civil, se supone que el hombre mejor informado sobre la cuestión, dice que no hay datos que permitan pensar que los etarras acumulen material para una eventual vuelta a las andadas terroristas. No admite que sea leche el líquido que, blanco y en botella -o en tetrabrik- nos ofrecen las vacas. Ni tan siquiera después de contar las trescientas cincuenta pistolas que la banda consiguió en suelo francés.

Antoñita la Fantástica era una mitómana divertida y Zapatero es un mentiroso empedernido. No es lo mismo. Los dos personajes, prácticamente igual de irreales, viven separados por la diferencia de sus intenciones y por la distinta condición ética de su imaginación. El fantástico Zapatero no fabula gratuitamente. Esa es su táctica, a falta de estrategia, para perpetuarse en el poder y, lo que más parece obsesionarle, anular al PP. Como si el partido de Mariano Rajoy fuera, como el infierno del padre Astete, la conjunción de todos los males sin presencia de bien alguno. Antoñita tendría sitio entre los Santos Inocentes; Zapatero, no. No es inocente.

El CGPJ tumba el plan del Gobierno vasco que impone el euskera en los juzgados
El Consejo considera ilegal que el uso de la lengua vernácula sea clave para ascender en la judicatura
F. Velasco La Razón 28 Diciembre 2006

Madrid-El Parlamento vasco se ha encontrado con una negativa rotunda y taxativa del Consejo General del Poder Judicial a sus pretensiones de que el conocimiento del euskera sea obligatorio para acceder a determinados puestos de la judicatura y de que todos los juicios se celebren en la lengua vernácula. Ambas medidas no tienen respaldo legal en estos momentos, y, de aplicarse, el Consejo entiende que llevaría a una «compartimentación territorial de la Carrera».

En el informe aprobado por el órgano de gobierno de los jueces y magistrados, ya remitido a la Cámara de Vitoria, se destaca cómo la Ley Orgánica del Poder Judicial configura el conocimiento de las lenguas propias de las comunidades autónomas como un «mérito preferente» para la provisión de plazas judiciales en esos territorios. En ningún caso, se afirma al respecto, se establece ese conocimiento «como obligatorio o requisito de capacidad» para lograr destino en esos territorios.

El CGPJ recuerda a la Cámara de Vitoria que no existen órganos judiciales de las comunidades autónomas, «sino sólo órganos judiciales, todos ellos estatales» en esos territorios. Y a continuación, tal como se recogía en el informe sobre una Proposición de Ley del Parlament de Cataluña relativa al conocimiento de las lenguas cooficiales, el Consejo advierte que configurar ese conocimiento como «requisito de capacidad» y no como «mérito preferente» conduciría «a una compartimentación territorial de la Carrera, que desvirtuaría de hecho su carácter nacional o único».

Otro punto de la Proposición no de Ley del Parlamento vasco era instar a todas las instituciones relacionadas con la Administración de Justicia a cumplir lo establecido por el Comité de Expertos de la Carta Europea de Lenguas Minoritarias, sobre todo «lo relacionado con la atención en los procesos judiciales en la lengua elegida por los ciudadanos».

Facultativo, nunca preceptivo
Sobre esta petición, el órgano de gobierno de los jueces y magistrados señala que sus competencias en este punto están sometidas a la Ley Orgánica del Poder Judicial, que es donde se regula el uso de las lenguas propias en los procesos judiciales. En este sentido, el CGPJ reitera que, en su opinión, «el uso de la lengua oficial de las comunidades autónomas en las actuaciones judiciales debe ser, al menos para los miembros de la Carrera judicial y fiscal, facultativo, nunca preceptivo».

Sobre la notificación en la lengua propia de las resoluciones judiciales, el Consejo -tal como hizo en el citado informe a la proposición del Parlament- defiende que cuando el procedimiento se haya tramitado en castellano habría que garantizar el derecho de las partes a recibir la notificación «en la lengua elegida por éstas».

Pero, junto a ello, el CGPJ considera «lógica y acertada» la obligación de que se traduzcan «en origen» todas las actuaciones redactadas en el idioma propio de esa comunidad, «cuando deban surtir efectos ante órganos jurisdiccionales centrales del Estado o radicados fuera de su territorio.

Por otro lado, y de forma casi simultánea a esa Proposición no de Ley, el Parlamento vasco ha aprobado una moción, remitida al CGPJ, de «respaldo al Poder Judicial y a su independencia». Esta declaración fue consecuencia de la interpelación sobre descalificación de la Justicia y pretensión de control político del Poder Judicial.

El rearme de ETA hace aumentar la preocupación por el terrorismo
J. L. LORENTE. MADRID ABC 28 Diciembre 2006

A los españoles no les ha pasado desapercibido el atasco en las negociaciones entre el Gobierno y ETA. La posibilidad de que se rompa el alto el fuego de la banda criminal, el robo de las pistolas en suelo francés y el rebrote de la violencia callejera en el País Vasco han hecho que aumente significativamente la preocupación de los ciudadanos por el terrorismo, según refleja el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) que ayer entregó el Ejecutivo socialista a los grupos parlamentarios del Congreso.

Pese a la tregua y al hecho de que la banda lleva más de tres años sin cometer asesinatos, el terrorismo y ETA son citados -en respuesta espontánea- por el 25,4 por ciento de los ciudadanos cuando se les pregunta por el principal problema que existe actualmente en España. En los últimos meses, el terror de la banda se había alejado del primer puesto de las preocupaciones de los españoles. Llevaba dos meses en un nivel del 19 por ciento (18 en septiembre y 18,9 en octubre). Ahora el terrorismo vuelve a situarse en el tercer puesto de la lista de problemas del país.

La inmigración se consolida
En la encuesta -realizada con 2.475 entrevistas entre los días 18 y 24 de noviembre- el paro y la inmigración siguen en cabeza, esta vez empatados con un índice de respuesta del 40,1 y del 40 por ciento, respectivamente.

En el caso de la inmigración, es el tercer mes en que aparece como primera preocupación, aunque la inquietud ha disminuido del 59,2 por ciento en septiembre, al 49 en octubre y al 40 de ahora. El desempleo, por su parte, figura en cabeza casi todos los meses de los últimos años. En este último trimestre, ha sido citado en un 40 por ciento de las respuestas (42,1 en septiembre, 40,7 en octubre y 40,1 en noviembre).

El cuarto puesto es ahora para la vivienda, que disminuye del 30,3 del anterior muestreo a un 25,1 por ciento de ahora; el quinto lo ocupa la inseguridad ciudadana, con un 20,5, lo que supone una bajada para un problema que en el mes de mayo llegó al tercer lugar, al ser mencionado entonces por el 27,9 por ciento de los consultados por el Centro de Investigaciones Sociológicas.

El Gobierno como problema
De nuevo -por segundo mes consecutivo-, la clase política vuelve a ser vista como un problema para los españoles, al menos en el 10,1 por ciento de las respuestas, una cifra similar a la de octubre y dos puntos por encima de lo registrado en septiembre. A ello se añade que los partidos -junto con el Gobierno- también son citados en noviembre como problema en el 2,1 por ciento de las contestaciones espontáneas de los encuestados.

El estudio del Centro de Investigaciones Sociológicas dado a conocer ayer también pregunta a los españoles por las cuestiones que personalmente más les afectan. Los resultados colocan a la vivienda como el mayor de todos, con un porcentaje del 20,3. A escasa distancia, le sigue el desempleo y los problemas de índole económica, con un 18,7 por ciento, y a mayor distancia, la delincuencia (13,3) y la inmigración (11,6). Después, aparecen los problemas relacionados con la calidad del empleo (9,3) y las pensiones (6,6).

En las habituales preguntas sobre la situación política y económica del país, los españoles se muestran algo más optimistas que hace un mes. Así, se reparten a partes iguales los que opinan que el escenario económico es «bueno» o «muy bueno» (un 25,6 por ciento frente al 24,2 de octubre) y los que lo ven «malo» o «muy malo», que suman un 25,3 por ciento cuando en el barómetro anterior -el de octubre- llegaban al 27,8. No obstante, son mayoría los que perciben la situación económica como «regular» (un 47,5 por ciento en noviembre y un 46,6 en octubre).

Pesimismo ante la política
Algo similar sucede cuando los españoles opinan sobre el momento político actual. Un 15,6 por ciento de los ciudadanos lo califica de «bueno» o «muy bueno» (eran el 16,6 por ciento en octubre) y un 35,8 por ciento lo tilda de «malo» o «muy malo», calificación negativa que subía al 37,4 en octubre. También aquí son mayoría los que entienden que la situación política es «regular» (40,2 por ciento).

De aquí a un año, la mayoría de los españoles cree que la situación económica será igual (47,9 por ciento), un 11,4 por ciento prevé que mejore y un 28,6 por ciento pronostica que irá a peor. En lo político, son menos los optimistas de cara al futuro, ya que si en octubre un 15 por ciento auguraba una mejora de la situación, ahora sólo piensa así un 11,4; el 21,9 dice que irá a peor y el 49,1 opina que seguirá igual.

Cataluña recurre las tres horas lectivas de castellano por la «invasión» del Estado
El Gobierno de Montilla presentará un recurso de inconstitucionalidad si Educación no rectifica
Marcos Pardeiro La Razón 28 Diciembre 2006

Barcelona- El Gobierno de la Generalitat ha llegado a la conclusión de que el decreto de enseñanzas mínimas de la educación primaria que aprobó el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero supone una «clara invasión» del Estado en el marco estatutario. Después de analizar el conjunto del decreto, que fija una tercera hora de clases en castellano, la Generalitat de Cataluña ha acordado presentar un requerimiento de incompetencia al Gobierno central con la intención de propiciar una rectificación de varios puntos. En caso de que no se produzcan varias corecciones en un plazo de «uno o dos meses», la administración catalana anunció ayer que interpondrá un recurso de inconstitucionalidad.

Más del 55% de las horas
La interpretación de la Generalitat de Cataluña es que el Real decreto «excede el ámbito de la regulación básica estatal de las enseñanzas mínimas», ya que para ser impartidas requieren un número de horas que sobrepasa «notablemente» el 55 por ciento del horario escolar (tope máximo que corresponde al Estado). Por esta razón, el Gobierno catalán pedirá la «derogación o la no aplicación directa en Cataluña» de los artículos 6 y 7, que son los que especifican este asunto, así como la eliminación o rectificación de otros apartados del Real decreto.

Fue el conseller de Política Territorial y Obras Públicas, Joaquim Nadal, el cual ayer ejerció de portavoz del Gobierno catalán, el que subrayó la «voluntad» de la Generalitat de poder alcanzar «un acuerdo» para así evitar el paso al Tribunal Constitucional. Este debería alcanzarse mediante una negociación en las próximas semanas.

La cuestión es que el Ejecutivo autonómico cree que el decreto no respeta el artículo 111 del Estatut, que consagra la educación como una «competencia compartida» entre la Generalitat y el Estado. La iniciativa del Gobierno central despertó las iras de los partidos catalanistas y los recelos del propio conseller de Educación, Ernest Maragall, que ya dejó ir en su día la posibilidad de que el Gobierno de Cataluña terminara por recurrir el decreto. Ayer, en cambio, ERC se apresuró a aplaudir la reacción de la Generalitat.

Además del citado «exceso» en la fijación de horas para impartir las enseñanzas mínimas -castellano inclusive-, la Generalitat también apreció otros aspectos irregulares relacionados con los objetivos, los contenidos y los criterios de evaluación que recoge el decreto.

El Gobierno de Cataluña fundamenta sus conclusiones en un informe de su gabinete jurídico, que fue realizado a petición del conseller Maragall. En este documento también se recuerda que el Estado debe regular por ley, y no por decreto, las competencias compartidas.

SE NIEGA A APLICAR EL DECRETO SOBRE CASTELLANO
Montilla cumple un mes en la Generalidad con un primer desafío al Gobierno central y roces con ERC
Transcurrido ya un mes desde que Montilla asumió el cargo de presidente autonómico el primer enfrentamiento con el Gobierno central ha llegado a cuenta de la enseñanza en castellano. Invocando el Estatuto, la Generalidad ha presentado un "requerimiento de incompetencia" por entender que el decreto que establece una tercera hora de castellano en Cataluña para Primaria supone una "clara invasión competencial". También ha habido roces en el seno del Ejecutivo catalán. Primero la consejera Tura cuestionó que Interior esté en manos de los eco-comunistas. Luego llegó la polémica de las banderas que provocó el independentista Puigcercós.
EFE Libertad Digital 28 Diciembre 2006

José Montilla cumple este jueves su primer mes al frente del Gobierno catalán. Justo un día antes se evidenciaba el primer enfrentamiento de la administración autonómica con la central. Ha estado motivado por el uso del castellano en las escuelas catalanas y ha llevado al Ejecutivo de Montilla a presentar un "requerimiento de incompetencia" al Gobierno por entender que el decreto de enseñanzas mínimas de la educación primaria, que instaura una tercera hora de castellano en Cataluña, supone una "clara invasión competencial" de las funciones que le atribuye el Estatuto.

Según el consejero de Política Territorial, Joaquim Nadal, con este requerimiento se insta al Gobierno a "rectificar" el mencionado decreto "en uno o dos meses" puesto que, de lo contrario, dijo, es "evidente" que se presentará un recurso ante el Tribunal Constitucional. Sin embargo, Nadal ha insistido en la "voluntad" del Ejecutivo catalán de alcanzar un acuerdo sobre el decreto para evitar llegar al TC. Las advertencias no han faltado en este primer choque: Nadal dejaba claro que este requerimiento es una "advertencia de invasión de competencias" con la finalidad de que el Gobierno se siente "en la mesa de la negociación" y modifique su decreto.

El texto había provocado las protestas de los socios de Montilla, los independentistas de ERC y los eco-comunistas de ICV. También CiU rechaza la inclusión de la tercera hora de castellano en las escuelas.

La polémica de las banderas y las críticas de Tura
En este primer mes de Montilla al frente de la Generalidad tampoco han faltado los roces internos. Nada más conocerse el nombre de los nuevos consejeros, Montserrat Tura, ahora al frente de Justicia, criticó que el comunista Joan Saura se quedara al frente de su anterior departamento, Interior. No le parecía bien que una Consejería que maneja "información sensible" no estuviera en manos del partido que ostenta la Presidencia catalana, su partido, el PSC.

Pero la polémica que ha marcado los primeros pasos de Montilla la provocó Joan Puigcercós al retirar la bandera de España del edificio de la Consejería de Gobernación. Ante las quejas, decidió retirar también la enseña catalana. El presidente tuvo que intervenir para recordar a sus consejeros que deben cumplir la ley y que la ley establece que la bandera nacional debe ondear en todos los edificios oficiales de forma preeminente sobre las demás.

También ha habido algún cruce e acusaciones entre los consejeros por la propuesta de limitar a 80 kilómetros por hora la velocidad en el área metropolitana.

Montilla planta cara al Gobierno y recurre el decreto del castellano
IVA ANGUERA DE SOJO BARCELONA. ABC 28 Diciembre 2006

El Gobierno catalán que preside el socialista José Montilla aprobó ayer presentar un requerimiento de incompetencia al Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero por el Decreto de enseñanzas mínimas de primaria. Este decreto incluye la obligatoriedad de dar un mínimo de tres horas lectivas semanales en castellano, lo que ha provocado la división del tripartito y una enorme polémica en Cataluña, donde se imparten una media de dos horas semanales.

El requerimiento es el paso previo a la presentación de un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) -un paso obligatorio en el caso de decretos- que fuerza a la Generalitat a intentar una negociación con el Gobierno antes de recurrir a la Justicia. En caso de no llegar a un acuerdo, la Generalitat «es evidente» que recurrirá al TC, señaló su portavoz, Joaquim Nadal, para quien el decreto del Gobierno supone una «clara invasión competencial».

El Ministerio de Educación tiene ahora un plazo de un mes para responder al requerimiento de la Generalitat, que ha recurrido el texto del Gobierno por considerar que invade competencias autonómicas, sin entrar en el fondo de la cuestión, que no es otro que la obligatoriedad de ampliar las horas de castellano en el currículo escolar.

Supera el 55% del Estado
El requerimiento se basa en el dictamen solicitado por el consejero de Educación, Ernest Maragall, tras la aprobación del decreto, el pasado 7 de diciembre, por considerar que en él el Gobierno «fija competencias básicas, objetivos, contenidos y criterios de evaluación que exceden el ámbito de regulación básica estatal de las enseñanzas mínimas, ya que piden un número de horas que sobre pasa notablemente el 55% del horario escolar que puede fijar el Estado.

La Generalitat advierte además de un defecto de forma, ya que, según el nuevo Estatuto catalán, el Gobierno no puede condicionar la acción de la Generalitat en competencias compartidas con un decreto, debe regular siempre por ley para imponerse a la Administración autonómica.

Por contra, el Ministerio de Educación y Ciencia (MEC) insistió en que el decreto cuenta con el aval del Consejo de Estado y que lo establecido en el mismo está dentro del ámbito de las competencias de la Administración central. El Ministerio advirtió de que no puede pronunciarse sobre el requerimiento hasta que no lo reciba y lo estudie a fondo, pero resaltaron que el Real Decreto ha seguido los trámites preceptivos antes de ser aprobado por el Consejo de Ministros. «No obstante, siempre estamos abiertos a solucionar las discrepancias de manera dialogada», apostillaron las fuentes.

Euforia en ERC e ICV
Las decisión del tripartito fue aplaudida por Esquerra y el otro socio minoritario del tripartito, ICV. El portavoz de ERC, Joan Ridao, se felicitó por la iniciativa contra el Decreto del castellano del que afirmó que es «tan detallado que no deja margen a la Generalitat para desarrollarlo». Tanto ERC como ICV habían reclamado una respuesta contundente del Ejecutivo catalán a lo que consideran un disparo a la línea de flotación de la política de inmersión lingüística en las escuelas aplicada en Cataluña.

Por contra, el PP catalán denunció las presiones de CiU y ERC para que Maragall recurriera el decreto, mientras el presidente de Ciutadans, Albert Rivera, lamentó que el PSC «haya vuelto a rendirse a las exigencias de ERC» al optar por recurrir el Decreto del castellano. Unos y otros defendieron la aplicación del texto para garantizar el equilibrio entre ambas lenguas oficiales.

HAN ACTUADO 200 VECES DESDE MARZO PASADO
Proetarras atacan un banco en Sestao y disparan el terrorismo callejero al nivel de la tregua trampa del 98
Desde marzo pasado, cuando ETA anunció el alto el fuego, se han registrado cerca de 200 ataques de los proetarras. El último, en la madrugada de este jueves en la localidad vizcaína de Sestao, donde los terroristas callejeros han prendido fuego a un cajero automático del BBVA. Se repite la misma historia que en tregua trampa de 1998: ETA utilizó desde el primer momento el terrorismo callejero para mantener su actividad mientras se rearmaba y reorganizaba su estructura. Ahora, el número de ataques registrados es similar al de entonces aunque la igualdad es relativa porque la primera acción de los terroristas callejeros desde el alto el fuego, contra la ferretería de un edil de UPN en Barañain, tardó un mes en llegar.
Libertad Digital 28 Diciembre 2006

Los terroristas de ETA utilizaron por primera vez y de manera efectiva el terrorismo callejero como sustitutivo de los atentados, asesinatos y secuestros durante la tregua-trampa que decretaron en 1998 fruto del pacto de Estella. Según recuerda Servimedia, en los primeros nueve meses de aquel alto el fuego, los cachorros de ETA protagonizaron 271 actos de terrorismo callejero, aproximadamente unos treinta ataques mensuales, es decir, uno diario.

La agencias de noticias recoge también este miércoles los datos del conteo de actos de terrorismo que está llevando a cabo el Foro de Ermua, y que sitúa en los 200 los ataques perpetrados por los proetarras en los nuevo meses de la tregua actual. Un número muy cercano al de la tregua-trampa de 1998, sobre todo si se tiene en cuenta que el primer ataque perpetrado por los cachorros de ETA durante el actual alto el fuego actual se produjo un mes después que se decretase el mismo. El objetivo fue la ferretería que tiene el concejal del UPN en la localidad navarra de Barañain José Antonio Mendive. Se descontamos ese mes inicial, los terroristas callejeros han lanzado más de 25 ataques mensuales.

En los últimos quince días, ha habido más de una docena de ataques proetarras. Así, el pasado 15 de diciembre, se lanzaron varios cócteles molotov contra los juzgados de la localidad navarra de Berriozar. Dos días después, un grupo de encapuchados desalojaba y prendía fuego a un autobús urbano en Bilbao. El día 20, una decena de proetarras se encerraron en la Catedral de Pamplona, lanzaban cócteles molotov contra un cajero automático en Astigarriaga, y cruzaban y quemaban varios neumáticos en la línea férrea que atraviesa Vitoria. Un día más tarde, una treintena de encapuchados quemaron un autobús en el centro de San Sebastián, atacaron un cajero automático y lanzaron cócteles molotov contra la fachada de la Comandancia de Marina de la capital donostiarra.

El pasado viernes, los terroristas callejeros atacaron la casa de un agente de la Ertzaintza en Rentería y lanzaron cócteles molotov contra dos sucursales bancarias en Deba. El sábado atacaron con cócteles molotov dos sucursales bancarias en la misma localidad guipuzcoana.

En la madrugada de este jueves, el cajero de una entidad bancaria en la localidad vizcaína de Sestao ha sido incendiado por varios terroristas callejeros. El ataque se perpetró a las dos y diez de la madrugada en una oficina del BBVA ubicada en la calle Gran Vía José Antonio Aguirre. Los proetarras arrojaron líquido inflamable al cajero y le prendieron fuego.

¿Institucionalización del terrorismo islámico?
José Javaloyes Estrella Digital 28 Diciembre 2006

Mientras el tiempo puede estar ahora corriendo a favor de las fuerzas islamistas somalíes, tras la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU —que pide la retirada inmediata de las fuerzas militares etíopes—, se abre la evidencia de que las llamadas Cortes Islámicas, desplegadas como sistema en red para la aplicación compulsiva y sumaria de la Sharia o ley coránica, han aportado la base para la institucionalización del terrorismo islámico de Al Qaeda. El contexto de radicalización revolucionaria en que ha sobrevenido el despliegue de estos tribunales hace que en el sistema que conforman sean desplazados los integristas islámicos moderados, a manos del “factor talibán” (integrismo más terrorismo), decantado en Afganistán por los seguidores Osama ben Laden.

Si fuentes etíopes aseguran que existe ya un flujo de combatientes extranjeros que se incorporan a los islamistas, debe estimarse la probabilidad de que esa corriente se intensifique a muy corto plazo, al derivar hacia Somalia muchos de los que todavía afluyen hacia Iraq desde los más diversos puntos del mundo árabe, formados en las madrasas o escuelas coránicas. Y es notorio el hecho de que se entrecrucen, por el peso de circunstancias como la de Somalia, Palestina y el propio Iraq, el factor islamista con el factor nacionalista, operando el primero como integrador en una sola posición: militante y beligerante.

Los dirigentes de Al Qaeda, muy verosímilmente, intentan recrear en Somalia el proceso de Mahoma, al unificar políticamente, con su mensaje religioso, toda la fuerza dispersa que existía entre las tribus de Arabia. Así al menos parece haber ocurrido en Somalia, donde la Sharia o ley islámica ha catalizado la unidad política contra el laicismo que define al establecido Gobierno de transición, apoyado éste por la comunidad internacional, tras del caos político sobrevenido a la caída de la dictadura de Mohamed Siad Barre, en 1991.

En cierta manera, la frustración de Somalia como Estado guardaría un paralelismo cierto con lo que puede ocurrir en Iraq tras la retirada de las fuerzas angloamericanas. Tampoco está claro que el Estado iraquí pueda mantenerse sin el concurso alternativo de un soporte exterior, como fue el apoyo británico al Iraq gobernado por los hachemíes; o el encadenado de dictaduras que se prolongaron hasta la de Sadam Husein, desde que el general Karim Kassen implantó la suya tras de derrocar y dar muerte al rey Faisal. La dictadura como sistema, como gran escayola, continuó internamente la ficción de que en Iraq había un Estado.

El régimen somalí de Barre no logró generar un tejido institucional, un rudimento de orden social y jurídico del que se pudiera decir que fuera algo parecido a un Estado. Al contrario, en el después de Siad Barre implosionó el aparato de poder que era su dictadura, creándose una suerte de “agujero negro” en uno de los lugares del mundo con más alta densidad de valor geopolítico.

Y ésa es la paradoja somalí. Cuando se intenta tejer desde bases modernas de poder laico, con el Gobierno de transición, un entramado institucional, un remedo de Estado que garantice mínimos de estabilidad en la punta del Cuerno de África, vienen los islamistas con sus tribunales para aplicar la Sharia, la ley coránica, a través de un sistema de poder en red que es remedo de la estructura organizativa de Al Qaeda. Lo que viene a resultar, o puede llegar a ser, tanto como la institucionalización del terrorismo islámico. Especialmente, si son los más radicales quienes prevalecen sobre los simplemente integristas.

Somalia acaso resulta una caja de sorpresas. Alguna de éstas tan desagradable como la que se encontraron allí los norteamericanos, tras la caída de la dictadura de Barre, a principios de los 90, para acabar con el caos de los señores de la guerra.     jose@javaloyes.net

La democracia por fin llega a España en este día del 28 de diciembre
Juan Pablo Mañueco Periodista Digital 28 Diciembre 2006

PARA LOS INOCENTES LECTORES españoles que admiten llamar "democracia" a un sistema en el que el pueblo NO decide ningún acto de gobierno, ni ninguna ley, ni puede juzgar a los jueces a través del Tribunal del Jurado. Por si algún lector quiere despertar de su inocencia...

Esta mañana del 28 de diciembre la noticia que más me ha impactado figuraba en grandes titulares en todos los periódicos del día. Llevaba por título el mismo que encabeza este artículo, y, de manera resumida, decía así:

A partir de ahora los ciudadanos españoles podrán...

1. Elegir los actos de gobierno de sus representantes, puesto que los programas electorales habrá que cumplirlos.

2. Decidir las cuestiones importantes de la vida pública mediante referéndum popular vinculante.

3. Establecer los sueldos de la clase política y de los servidores públicos, e intervenir en la contratación de éstos y en la evaluación de su rendimiento laboral.

4. Elegir directamente y al margen de los partidos los "Tribunales e Interventores de Cuentas Públicas".

5. Formar parte de las "Comisiones democráticas de Investigación" que se constituyan para garantizar la higiene y limpieza de las cuentas públicas y cualquier adjudicación o licitación pública.

6. Participar en el Poder Legislativo mediante la Iniciativa Legislativa Popular, que será sometida a referéndum vinculante cuando un porcentaje asequible del electorado lo demande.

7. Juzgar los posibles delitos y negligencias de los jueces y fiscales a través del Tribunal del Jurado.

8. Elegir democráticamente a jueces y fiscales, e incluso participar en la interpretación de la ley democrática desde un Tribunal, con el debido asesoramiento de los peritos en leyes.

9. Organizarse y financiar sus organizaciones mediante el presupuesto público -que a ellos pertenece- y en la cantidad que ellos mismos decidan, para constituir "Organizaciones de Ciudadanos" encargadas de velar por sus intereses ante las Administraciones, a fin de que todas ellas cumplan en todo momento y con la debida diligencia los servicios que están obligados a prestar, garantizando también que la soberanía y supervisión del hecho público permanece siempre en los propios ciudadanos, e incluyendo la posibilidad de revocar al electo, en determinadas condiciones democráticas, si éste no cumple los términos del mandato que le ha sido conferido, o de despedir al empleado público que incumpla sus obligaciones.

10. Mantener y ejercer en todo momento las potestades que les pertenecen como propietarios del "hecho público" o "república" que son y poseedores y soberanos del "Poder Social" o "Poder Verificativo de la Sociedad", a fin de que sus asalariados públicos -políticos y administrativos- les presten los servicios dependientes que les han sido encargados y por los cuales cobran sus salarios.

Ciertamente, pensé, algún día la democracia en España será real y esta noticia evidente... Pero, incluso en el actual periodo predemocrático en que nos encontramos, algunos de los puntos de este decálogo ya los suscribiría yo con sumo gusto. Y hasta sólo uno de ellos me parece resbaladizo; si bien, reflexionándolo un rato, también dicho punto podría defenderse.

POSDATA. ¿Qué le parecen estos puntos a usted, inocente lector, que acepta por "democracia" un sistema como el actual, en el que usted nada decide verdaderamente? ¿Desearía disponer de alguno...? Y no diga que es "utópico": escoja uno o alguno de esos puntos e incorpórelo(s) a su ideario democrático.

www.democracia-real.org

Recortes de Prensa   Página Inicial