AGLI

Recortes de Prensa    Jueves 18 Enero  2007
Silvia: con tu sangre ¡no!
Carta de la madre de una niña víctima de ETA en Santa Pola
Toñi SANTIAGO La Razón  18 Enero 2007

Después del atentado terrorista que desgraciadamente tuve que vivir, hace ahora cuatro años y cinco meses, donde unos miserables asesinos segaron la vida de mi pequeña hija con tan sólo seis años, no entendía cómo ella tenía que marcharse para siempre y yo tenía que seguir viviendo, o mejor dicho, sobreviviendo.

Trascurrido este tiempo, aunque todavía no entiendo por qué tuve que ser yo la elegida, -¡Ojalá te hubieras quedado tú, cariño!- empiezo a comprender un poco más por qué una de las dos tenía que continuar aquí. Permanezco en este mundo para luchar por defender tu Dignidad, tu Memoria y para que se haga Justicia contra esa banda de terroristas que un día decidieron quitarte tu corta vida.

Pero hija mía, no es tarea fácil cuando quien gobierna en este país es un inepto y está empecinado en dialogar con los que te asesinaron, en hacernos creer que vivimos en una nación que está en guerra y que él va a conseguir la paz. Es muy difícil con un presidente que tiene reiterados «lapsus» y no diferencia un accidente de un atentado.

Con uno de tus diccionarios, se lo vamos a explicar. Accidente: «Suceso eventual o acción de que involuntariamente resulta daño para las personas o las cosas». Atentado: «Agresión contra la vida o la integridad física o moral de alguien».
Además, se vanagloria de ser un personaje con mucho talante y a sí mismo se denomina un caballero de la política, pero que no defiende a las víctimas del terrorismo, sino que nos insulta, que nos desprecia e intenta por todos los medios acallar nuestras voces y que volvamos a los años de plomo. Tenemos un presidente que traicionó el Pacto por las Libertades y Contra el Terrorismo cuando miembros de su Gobierno se reunían con la ETA que después te asesinó. Aún así, pretende hacernos creer que es un hombre de paz, si bien lo único que nos demuestra con su política antiterrorista es que quiere seguir siendo el poseedor de las llaves de la Moncloa.

El día 30 de diciembre, sufrimos un nuevo zarpazo terrorista donde nuevamente asesinaron a dos conciudadanos ecuatorianos que nos hizo de nuevo estremecernos ante la barbarie etarra. - Sirva esta misiva para enviarle mis condolencias a las familias de Carlos Alonso Palate y Diego Armando Estacio -.

Por esas fechas, hija, deseé con todas mis fuerzas que esos tres personajes que todos los niños esperan el día 6 de enero con gran ilusión -igual que lo hacías tú y los veintitrés niños asesinados por ETA- le enviasen al presidente del Gobierno la cordura y el sentido común para que se diese cuenta de una vez por todas de quién es ETA y cómo dialogan los asesinos.
Pero me temo, Silvia, cariño, que después de escuchar su intervención del día 15 de enero en el Congreso, poco o nada va a cambiar con respecto al pésimo presidente del Gobierno que dirige España, por la que Tú entregaste tu vida. Es por ello por lo que mamá, mientras siga en este mundo, siempre pedirá por ti y por todas las víctimas del terrorismo MEMORIA, DIGNIDAD y JUSTICIA y gritará, alto y claro, NEGOCIACIÓN y RENDICIÓN, en mi nombre no.

¿Qué paz queremos?
POR ANA VELASCO VIDAL-ABARCA ABC 18 Enero 2007

DA la impresión de que el leit motiv del actual Gobierno de España se resume en una única palabra: paz. Estas tres letras encierran un significado profundo, una estrategia concreta de tender la mano a ETA que el Gobierno se empecina en llevar a cabo contra viento y marea.

Pero, ¿quién no quiere la paz? ¿Hay algún ciudadano o partido político que no quiera la paz? Incluso la banda asesina ETA y quienes la apoyan dicen que quieren la paz. La discrepancia profunda no está en el objetivo de lograr la paz, sino en lo que se entiende por paz, qué camino se debe recorrer para lograrla y qué connotaciones políticas y sociales debe tener esa paz.
Los grupos políticos, según su tendencia, tienen diferentes percepciones de la paz. Así, Zapatero y su Gobierno tratan de transmitir una visión etérea y bondadosa en la que los seres humanos se cogen de la mano, se miran a los ojos y se quieren en un mundo perfecto. El modelo a seguir es Ghandi. El presidente llegó a viajar a la India para hacer una ofrenda floral en su mausoleo con la siguiente dedicatoria colegial: «PAZ. Vivir en PAZ, la más grande utopía universal. Con emoción y admiración a Ghandi. De España, un país en paz, un país para la paz».

Zapatero no asocia paz con libertad, ni con justicia, ni con solidaridad, ni con equidad. Para él, la consecución de la paz justifica tratar de comprender y acercar posiciones con aquéllos que la impiden. Zapatero cree que para alcanzar la paz es necesario apaciguar a los terroristas, hacerles concesiones que hagan posible que se incorporen con normalidad a la vida política, pasar página a su sangrienta trayectoria, dejar impunes sus crímenes y construir un escenario ideal en el que los etarras se reconviertan en «ciudadanos de paz» que convivan armónicamente con aquéllos a los que han estado exterminando y tratando de expulsar, durante cuarenta años, de una parte de España que consideran suya. Esto es lo que ocurre en Azcoitia, donde Pilar Elías soporta a diario la presencia del asesino de su marido, que ha puesto un negocio debajo de su casa.

Para los nacionalistas vascos, pieza clave que explica la supervivencia de ETA, la paz equivale a autodeterminación. En su diccionario particular, la definición de paz es derecho de los vascos a decidir su futuro, territorialidad e independencia. Alcanzar esos objetivos políticos significa alcanzar la paz. Mientras tanto, no hay paz. En esta percepción coinciden al cien por cien con ETA. La comunión de intereses entre los separatistas es la que explica la constante apelación al diálogo del partido gobernante en el País Vasco. Cuando los nacionalistas vascos dicen que hay que dialogar, lo que realmente quieren es que el Estado haga concesiones, que dé a ETA lo que pida, que es lo mismo que piden ellos. Por eso se resisten encarnizadamente a que se rompa la negociación; sería perder la posibilidad de que sus expectativas se cumplan.
Por último, existe una posición que antes compartían los llamados «demócratas» que defienden la paz como una condición que han de garantizar nuestra Constitución y el Estado de Derecho. Una postura que no cree que la paz sea verdadera sin libertad, que no admite que ETA sea legitimada e incorporada a las instituciones democráticas, que no acepta la impunidad de los criminales. Una postura que tampoco está dispuesta a que la paz signifique la quiebra de la integridad territorial y social de España, ni a que suponga que los terroristas finalmente consigan los objetivos por los que han matado.

La paz que reclama Zapatero es una falacia, una quimera, una entelequia. La de los nacionalistas es la de la victoria de ETA. Sólo nos resta la paz de la dignidad, la de la prevalencia del Estado de Derecho, la de la justicia, la que garantice la libertad y la igualdad de todos los ciudadanos españoles, vivan donde vivan.

La manifestación del pasado sábado 13 de enero debería haber sido unitaria, por supuesto, al igual que las cinco anteriores, pero que no lo fuera es la consecuencia de la concepción absolutamente antagónica que las fuerzas políticas mantienen acerca de lo que es y significa la paz y de cómo alcanzarla.

Ese día pudimos ver un mar de carteles subvencionados reclamando la paz, sólo la paz. ¿Por qué entre las decenas de miles de pancartas que se imprimieron a toda prisa no había ninguna en que se pidiera libertad?

Como dijo Locke : «Si las personas prudentes y virtuosas, por amor a la paz, abandonasen y concediesen tranquilamente todas las cosas a quienes quisiesen hacerles violencia , ¡qué clase de paz reinaría en el mundo! ¡Qué clase de paz, la que (...) no pudiese ser mantenida más que a costa de la ventaja de los ladrones y de los que se complacen en la opresión! Esta paz (....) sería semejante a la que se pretendiese establecer entre lobos y corderos, cuando los corderos se dejasen desgarrar y devorar pacíficamente por los lobos».

¿Es esa la paz que queremos?

Tras el fracaso estatutario habrá que volver a la realidad, ¿no?
Luis Miguez Macho elsemanaldigital 18 Enero 2007

Hay una sagaz observación sobre las reformas estatutarias que debo a mi colega en la Facultad y miembro del Comité Ejecutivo del PP de Galicia Pedro Puy Fraga, y que señala que éstas han salido adelante siempre a dos bandas, o entre el PSOE y los nacionalistas (en los casos de Cataluña y Canarias) o entre socialistas y populares (en todos los demás casos), pero nunca entre los tres.

Así pues, no hay que extrañarse de lo sucedido ayer en Santiago de Compostela, si se tiene en cuenta que la reforma del Estatuto gallego requiere el concurso del PP, porque está a un escaño de la mayoría absoluta y hace falta mayoría de dos tercios, y no se puede hacer sin el Bloque Nacionalista Gallego, porque gobierna la Comunidad autónoma con los socialistas.

Una negociación imposible
Los términos de esta negociación imposible son fáciles de imaginar. Unos proponen que se ponga en el Estatuto que Galicia es una nación o que conocer el gallego es un deber o que tal o cual competencia que la Constitución dice que es del Estado se convierta en exclusiva de la Comunidad autónoma, y el PP dice que todo esto no cabe en el marco constitucional.

Con el PSdeG, a pesar de sus guiños al nacionalismo (algunos harían revolverse en la tumba a los socialistas históricos, como eso de pretender fundamentar el Estatuto en unos supuestos "derechos históricos" de Galicia que dejan pequeños los fueros de los carlistas, sobre todo porque son totalmente imaginarios), cabría llegar a un acuerdo, igual que en el caso andaluz, pero entonces se quedaría fuera el Bloque. Y si entre el PSdeG y el Bloque copian el Estatuto catalán (para que luego lo "arreglen" en Madrid, como ya advirtió la vicepresidenta Fernández de la Vega), entonces el PP tendría que oponerse, por convicciones y por coherencia.

Con esto queda más que explicado el fracaso de la reforma estatutaria gallega, pero no está todo dicho.

Lo primero que hay que añadir es que no es comprensible en modo alguno que el PP se tenga que convertir en una especie de Tribunal Constitucional bis porque los socialistas estén dispuestos a saltarse a la torera la Constitución siempre que lo exijan sus pactos con fuerzas nacionalistas. Lo segundo es que sólo faltaría que quienes cuentan con un raquítico 18% de los votos consiguiesen imponer su visión de Galicia en el Estatuto. Y lo tercero, que este fracaso lo es, sobre todo, de Emilio Pérez Touriño, al que como presidente de la Xunta le correspondía la responsabilidad de lograr el consenso necesario para la reforma estatutaria y, en especial, de atraer al marco constitucional a los nacionalistas, ya que gobierna con ellos.

¿A quién le importa el fracaso de la reforma estatutaria?

Casi nadie va llorar en Galicia por el hecho de que nos hayamos quedado sin reforma estatutaria. Únicamente a lo mejor quienes desde la subvencionada prensa local han intentado crear, de un modo tan insistente como infructuoso, un delirante clima de necesidad y urgencia de una reforma que al ciudadano medio no le importa gran cosa, como sucede en todas las demás Comunidades autónomas.

Para el ciudadano de a pie, más autogobierno, en realidad la consagración de los dogmas nacionalistas de una minoría en el Estatuto, sólo traería menos libertad. Bien lo saben los profesores de español a los que se intenta imponer presentar la programación docente en gallego, los padres a los que no se quiere dejar escolarizar a sus hijos en su lengua materna, los funcionarios a los que se presiona por motivos lingüísticos. Todos ellos tienen hoy mucho que agradecer a la firmeza de convicciones de Alberto Núñez Feijoo.

Y ahora, tras el fracaso estatutario, a nuestros políticos no les quedará otro remedio que volver a ocuparse de Galicia. Porque la reforma estatuaria, en el fondo, no ha sido más que una gigantesca cortina de humo para tapar todo el resto de la realidad gallega. Quizá la subvencionada prensa local se sienta incluso obligada a comportarse por fin como la prensa de cualquier lugar civilizado, y empiece a contarnos qué tal está funcionando la Administración autonómica tras año y pico de bipartito, cómo se llevan los dos socios de gobierno, los escándalos de corrupción de los políticos, y también si la oposición ejerce o no su labor como es debido.

Telón de grelos
Manuel Molares do Val Periodista Digital 18 Enero 2007

Alguien descubrió que Galicia está separada del resto de España por un telón de grelos, remedo comestible del telón de acero que protegía a la URSS del inmoral capitalismo, y del de bambú, que enrejaba a los chinos.

La valla fronteriza hace caldo. Unida al lacón, provoca beatíficas imágenes de orondos canónigos arremangados y con grandes servilletas anudadas al cuello.

Esa Galicia nutricia y amable contiene cada vez más sobrantes que atragantan al comensal, huesecillos picudos como agujas que impiden gozar e incluso comer.

Es la pasión identitaria impuesta por nacionalistas radicales y postsocialistas zapateriles, decididos a erradicar irreflexivamente la libertad de conciencia y la identidad individual.

Políticos y sindicalistas, desempleados o empleados públicos, no fuerzas productivas o propulsoras de riqueza, creadoras de un nuevo tribalismo parásito que puede arruinar ese país.

Lógico: muchas gentes ociosas, de subvenciones o salario asegurado hasta su muerte, que esquivan el trabajo exigente del que deben subsistir la mayoría de los ciudadanos.

Producen culto tribal a un vehículo: como si metieran en el salón un 600 para que toda la familia adore la carrocería, el idioma, y el motor, la patria.

Quieren mantener el paisaje medieval, cambiar los nombres de vivos y muertos y estabular a los ciudadanos separando los patriotas, que sólo hablan gallego, del enemigo, todos los demás.

Cansados, los niños obligados a expresarse en tan hermoso idioma lo rehúyen, y entre ellos hablan castellano. Entonces, los guardianes de las esencias crean centros reeducativos, lavadoras cerebrales, las galescolas patrióticas.

Bajo el franquismo el gallego no tenía presencia pública, pero vivía entre la gente. Ahora es obsesivamente obligatorio, y están matándolo. Si quiso erradicarlo, Franco lo hizo peor.

ETA y la Conferencia de Presidentes
¿Hacia una España confederal?
Aurelio Alonso Cortés Libertad Digital 18 Enero 2007

La mano que el PNV tiende al "Pacto contra el Terrorismo II" ofertado por Zapatero en el debate parlamentario del lunes está condicionada, junto a exigencias soberanistas, a "flexibilizar las actuaciones judiciales". Igual que solicita la banda terrorista y que Zapatero se muestra dispuesto a aceptar calificando lo judicial como "juicios políticos". Por ignorancia supina –o imprudencia temeraria próxima al dolo– vuelve a cometer el error de disponer de lo que no es suyo; incluso de la independencia judicial. Confirma así el dicho de Confucio con que Rajoy inició su intervención en el debate: "El hombre que ha cometido un error y no lo corrige comete un error mayor".

Zapatero, que había agotado su crédito popular con el bombazo de la T-4 se cree ingenuamente legitimado, como si nada hubiera ocurrido, por las banderas blancas de la manifestación del sábado en Madrid, adquiridas al precio de enormes subvenciones tanto a la UGT como a los titiriteros del cine. Para muchos españoles son enseñas blancas de rendición a los terroristas, aunque algunas las portara gente de buena fe.
¿Por qué se centran los tiros en los jueces? Porque en una España con un peligroso vacío de poder están siendo la trinchera del Estado de Derecho. Que se lo digan a Ibarretxe que, con todo su cargo de lehendakari, tendrá que declarar como imputado el 31 de enero por reunirse con la ilegalizada Batasuna. Y además no por escrito ni en la sede del gobierno vasco sino en locales del Tribunal Superior de Justicia de la región.

A Otegi se le acerca su San Martín en lo que el diario El Mundo titula como "Siete caminos hacia la prisión"; es decir siete procesos penales alguno ya sentenciado y pendiente de recurso. La Audiencia Nacional volverá a juzgarle el 21 de marzo por delito de enaltecimiento del terrorismo, tras haber confirmado ¡el Tribunal Constitucional! que la Audiencia es competente para juzgarle al haber perdido la condición de aforado que tuvo como diputado vasco.

Y por si fuera poco la Sala Penal del Tribunal Supremo, antes del 8 de febrero, dictará sentencia en el recurso de dos docenas de miembros de Jarrai, la organización juvenil proetarra. Fueron condenados por la Audiencia Nacional a penas de 30 a 42 meses de prisión por asociación ilícita que pueden ampliarse a varios años si el Supremo admite los recursos del Fiscal y de la Asociación de Victimas del Terrorismo. El futuro de la kale borroka y del vivero de la banda depende de la sentencia que se dicte. Y está pendiente el juicio del 11 M. Como acaba de escribir en prensa un muy destacado magistrado del órgano de gobierno judicial: "Lo que toca ya es oír, reflexionar, no amargarse la vida... esperar y, llegado el momento, actuar en consecuencia".

Aún a costa de amargar a nuestros lectores, que no lo creo, añado alguna reflexión. Pocos días antes del debate del lunes el parlamentario peneuvista José Antonio Rubalkaba –el otro Rubalcaba–, en declaraciones a Radio Euskadi, había reconocido la existencia de un documento secreto pendiente de próxima firma por el PNV y ETA-Batasuna. Y el mismo lunes el diario Gara se refería a los acuerdos de la banda terrorista con el Gobierno. "Lo pactado –según Gara– recogía, además del reconocimiento de Euskal Herria, el compromiso del Gobierno español de respetar las decisiones de los ciudadanos vascos. Los acuerdos concernían al futuro de los ciudadanos de Álava, Guipúzcoa, Vizcaya y Navarra, y se establecía que los acuerdos políticos debían alcanzarse entre los partidos y agentes vascos". Una traición, hoy secreto a voces, que un día no lejano pudiera ser juzgada por los tribunales cuando luzcan las actas firmadas. Justifica la actitud de Rajoy resumida en su antológica frase a Zapatero: "Si usted no cumple le pondrán bombas, y si no hay bombas es porque ha cedido".

Tras el atentado, y colgando aún de la brocha de la sorpresa en su descanso de Doñana, Zapatero –o el estratega de La Moncloa que suple su inteligencia– concibió la doble maniobra de huida hacia delante arrojando tinta de calamar sobre la opinión pública. Una, la antes comentada manifestación "blanca" de Madrid. Y otra maniobra fue convocar con urgencia, para el 11 de enero, la aparentemente inocua III Conferencia de Presidentes que puede ser el anticipo de una Confederación de Estados que quiebre el modelo unitario de España.

Es un órgano aconstitucional –si no anticonstitucional– inventado con pretexto de ser "órgano de cooperación entre Administraciones". Es un esbozo del Consejo de la UE que es el que corta el bacalao. La Conferencia puede llegar a aprobar acuerdos vinculantes para el Parlamento español similares a los que el Consejo europeo emite a su Parlamento de Estrasburgo. O que como el Consejo apruebe "directivas" a las que deban ajustar sus legislaciones los Estados –en este caso las comunidades autónomas–, como sin rubor las califica de "Estado" la web de La Moncloa. El Gobierno español vendría a ser algo así como la Comisión Europea. ¿Encaja?

¡Ah! Olvidaba comentar que en la Pascua Militar del 6 de enero Don Juan Carlos, ante la cúpula de las Fuerzas Armadas, expresó su confianza en que el terrorismo será derrotado con "unidad", con "sólida acción de la justicia" – precisamente la justicia– y con la "actuación de los Cuerpos de Seguridad". Al día siguiente Eusko Alkartasuna instó al Rey a "cumplir con su función institucional de no estorbar" en el proceso de paz. Y CIU presentó el día 10 en el Congreso una pregunta inquiriendo el porqué se celebra la Pascua el día de Reyes con nefastas consecuencias para conciliar la vida familiar de los asistentes.

Un gobierno abducido por el «proceso»
Editorial ABC 18 Enero 2007

LA onda expansiva política del fracaso del proceso de diálogo con ETA ha puesto de manifiesto la falta de envergadura del equipo de gobierno que dirige Rodríguez Zapatero. El diálogo con los terroristas, el final de la violencia y la generación de expectativas sobre el alto el fuego -todo ello trágicamente roto el 30-D- han sido omnipresentes en la agenda política nacional. Todas las energías del Gobierno se concentraban en tales objetivos y daba la impresión de que los propios ministros -excepto los miembros del Ejecutivo directamente relacionados con el proceso- habían asumido un segundo plano pasivo, a la espera de que el buen fin del proyecto de Zapatero actuara de justificación colectiva. Aun así, muchos ciudadanos se preguntaban, y siguen haciéndolo, a qué se dedican los ministros de su Gobierno.

Caído el tupido velo del proceso de diálogo con ETA, y cuando aún restan formalmente catorce meses -mucho tiempo- hasta las próximas elecciones generales, las carencias son inocultables. La impresión de que la mayoría de los ministros se habían hecho invisibles está confirmada por la evidencia de que la legislatura no tiene proyectos -más allá de los meramente legislativos- y de que el Ejecutivo no tiene crédito suficiente para aguantar hasta marzo de 2008. Como en otros problemas que lastran la actuación del Gobierno, el personalismo de Rodríguez Zapatero ha sido absoluto en la toma de decisiones, sólo asistido por un reducido grupo de ministros de confianza y de asesores -algunos de los cuales se han hecho acreedores del finiquito- reconvertidos en una especie de gabinete frente al resto del Ejecutivo. La fuga en masa de la candidatura a la Alcaldía de Madrid -a cargo incluso de personas muy cercanas al presidente- fue un mal síntoma del estado interno del equipo gubernamental.

La salida en tromba de Zapatero desde el pasado fin de semana -entrevista en dos entregas, comparecencia parlamentaria, desayuno informativo- es una recaída en el mal que le ha aquejado durante toda la legislatura y, especialmente, durante el proceso de diálogo con ETA. Un errático político reflejado en una excesiva autoestima que le ha llevado a monopolizar la acción de Gobierno y los principales y más temerarios proyectos políticos de su mandato -como el Estatuto de Cataluña y el diálogo con los terroristas-, desmereciendo el carácter colegiado del Ejecutivo y descartando de antemano la capacidad de sus ministros para cooperar en este momento de crisis política.

Tampoco el Parlamento ha sido aquel «centro de la vida política» que prometió Zapatero, gracias al entramado de acuerdos a varias bandas con las minorías, auténtico blindaje frente a las exigencias de una verdadera democracia de discusión. O bien ha servido para dar carta de naturaleza a estrategias de partido o se ha limitado a intervenir por puro formalismo en decisiones políticas ya cerradas en otros ámbitos. Baste recordar que sólo el Partido Popular consideró necesario el pleno extraordinario del pasado lunes, frente al criterio de los demás grupos, y eso que se debatió el fracaso del proyecto más importante de este mandato. No es necesario citar a ministro alguno para personalizar la decadencia del Ejecutivo y la necesidad de un revulsivo que o bien permita a Rodríguez Zapatero asegurar a los españoles la existencia de un auténtico Gobierno que merezca este nombre o bien permita a los ciudadanos dar su opinión. No quedan más sorpresas legislativas. Se acabó el año de la política social sin que la Ley de Dependencia haya puesto a bullir el apoyo ciudadano al PSOE. La inmigración ilegal mantiene sus flujos. La política exterior, sencillamente, no existe. La inseguridad ciudadana vuelve a ser una preocupación general. La Justicia está desasistida y, de hecho, sin ministro desde hace meses. Lo que queda de Gobierno no es suficiente.

Proceso de rendición
Nada cambia
Ignacio Villa Libertad Digital 18 Enero 2007

El presidente del Gobierno confirmaba el pasado lunes el final del pacto antiterrorista anunciando la intención de crear un nuevo consenso artificial y falso, pues es un consenso que excluye al único partido de la oposición. Y es que la vuelta de tuerca que los terroristas etarras han dado a Zapatero con el atentado de Barajas ha sido respondida por el presidente con la ambigüedad, primero, y con la fabricación de eso que llaman "unidad" y que no es más que la exclusión del Partido Popular, después.

El jefe del Ejecutivo no cede un ápice en su planteamiento inicial. Es muy sencillo: el proceso de rendición no se ha cerrado, simplemente se ha suspendido. Estos días no suponen nada más que un paréntesis. Para poder cerrarlo lo antes posible, Zapatero ha puesto en marcha la maquinaria propagandística para publicitar ese nuevo pacto que dice mayoritario, pero que no es más que una ficción. En ese "nuevo consenso" están todos menos el PP, y precisamente por ello dejan fuera a media España. ¿Donde están, pues, esos deseos de acuerdo?

Es más, Zapatero habla de consenso, pero no de política antiterrorista, ni de la derrota de ETA, ni de libertad, ni de Estado de Derecho. Es la milonga de siempre. Y por si alguien tenía aún alguna duda, el portavoz socialista en el Congreso, Diego López Garrido, ha emitido un comunicado en el que detalla el acuerdo de todos los grupos parlamentarios en el que rechazaban debatir las cinco propuestas realizadas por el Partido Popular, entre las que destaca la ilegalización del Partido Comunista de las Tierras Vascas. Cinco propuestas claras contra el terrorismo, que cualquier demócrata con sentido común debería defender. Pues tanto el PSOE como sus amigos parlamentarios no sólo se niegan a hacerlo sino que no quieren ni debatir su negativa. Es evidente que tienen miedo a retratarse. Es la misma estrategia que ya utilizaron con el 11 de marzo, advirtiendo al PP que cerrarían filas si intentaban investigar la verdad sobre la matanza de Madrid. Y eso que Zapatero llegó a prometer que iba a "convertir el Parlamento en el centro de la vida política".

No deja de ser llamativo que, al mínimo gesto de Batasuna, a la más mínima objeción del PNV, el Gobierno se ponga en tiempo de saludo. Sin embargo, cualquier sugerencia realizad por el PP y que tenga que ver con el restablecimiento de los principios básicos de la lucha antiterrorista es inmediatamente despachada con insultos y ataques. Pero así están las cosas y así van a seguir, porque Zapatero mantiene su proyecto de exclusión del principal partido de la oposición mediante el pacto con la ETA. Nada ha cambiado tras el atentado de Barajas.

Los socialistas temen lo que ETA filtre sobre el "proceso" de Zapatero
Editorial Elsemanaldigital 18 Enero 2007

Desde el PSOE y sus medios afines se ha acusado a Mariano Rajoy, a partir del lunes, de abusar de los errores de José Luis Rodríguez Zapatero durante el "proceso de paz" con la banda terrorista ETA. En la izquierda ha calado la idea de que "si usted no cumple, le pondrán bombas", porque en especial los socialistas que ya conocieron la época de Felipe González en La Moncloa han notado todos las diferencias entre los dos líderes en el tratamiento del problema terrorista. "Zapatero ha apostado todo a una carta", se dice, y eso es un error siempre en política y más cuando se trata de terrorismo.

La apuesta de Zapatero ha salido mal, y la voladura de la T-4 con dos asesinatos es la mejor prueba de que los pasos dados hasta ahora no han sido acertados, ni siquiera para la izquierda más fiel. Para muchos es verdad que el líder del PP "se refociló con los errores cometidos por Zapatero", como han señalado desde sectores del PSOE, pero no es menos cierto que desde el 22 de marzo ha habido en La Moncloa un exceso de imprudencia, de jactancia incluso y de aparente desprecio a las víctimas, que culminó pocas horas antes del atentado, cuando el presidente contó a los españoles su absoluta confianza en que dentro de un año la situación en materia de terrorismo sería mejor. Son errores políticos que Rajoy se ha limitado a denunciar, cumpliendo su obligación como líder de la Oposición, y que parte de la izquierda, al igual que el PP, atribuye al presidente del Gobierno y líder socialista. Y se temen aún lo peor.

Lo peor podría ser que la "izquierda abertzale" siguiese filtrando sin disimulo -ya ha empezado el periódico "abertzale" Gara- el contenido de sus contactos con el Gobierno antes del "proceso" y durante el mismo, y que en el curso de ese "diálogo" el PSOE o el Gobierno hayan hecho concesiones "imposibles", aunque sean verbales, a los portavoces de ETA y Batasuna. Si José Luis Rodríguez Zapatero ha cometido ese error el principal temor, incluso para sectores próximos al PSOE, no debe ser lo que haga el PP de Mariano Rajoy, sino las consecuencias políticas para todos los españoles. Lo más preocupante del discurso de Zapatero el lunes fue, precisamente, que aunque reconoció errores de comunicación, por su optimismo en la rueda de prensa de la víspera del atentado terrorista, no mencionó en absoluto el contenido de sus contactos con ETA. ¿Acaso no era esto lo fundamental cuando acudió a las Cortes? ¿No debería el presidente haber contado durante su comparecencia en el Congreso los datos de los que disponía ese día 29 para mostrarse tan optimista?

Si el presidente del Gobierno ha cometido algún error más los españoles tienen derecho a saberlo ahora, y no enterarnos después por la boca, interesada siempre, de los terroristas.

Fábula de Equis y Zeda
Federico Jiménez Losantos Libertad Digital 18 Enero 2007

Hay algo en lo que Zapatero iguala y hasta supera a su jefe político durante tantos años Felipe González: la capacidad de mentir como el que respira, el carácter compulsivo de sus engaños políticos, la monstruosa facultad de embaucar a toda España haciéndole creer que pasa lo que no pasa, su común pertenencia, en fin, a la civilización de la trola. Gerardo Diego se inventó en los años del creacionismo veintisietentero una "Fábula de Equis y Zeda", es decir de la X y la Zeta o Zeda, al modo de Píramo y Tisbe, que es una parábola sobre el absurdo, como el paraguas surrealista sobre la mesa de disección o como el título que aún conviene más a esta pareja de pájaros: "Yo era un tonto y lo que he visto me ha hecho dos tontos", del aún poeta y todavía no distinguido chequista Rafael Alberti. Ahora está de moda llamar tonto a Zapatero, que para ser tonto, hay que ver lo que hace tontear. Pero conviene recordar que González tampoco aprendió nada en la lucha contra ETA, que pasó del Gal a las negociaciones de Argel, siempre con Rafael Vera al aparato, sin mantenerse nunca dentro de la ley ni prestar jamás la atención debida al consenso, y que en sus postrimerías políticas, con Belloch al lado, alquilaba zascandiles como Pérez Esquivel para que le hicieran de mediador con los etarras. De aquel Maestro Ciruela vienen, como diría Fray Josepho, estos ciruelicos.

"Rajoy no acepta el consenso en la lucha antititerrorista" ha dicho Tigrekán II de Mongolia, añadiendo de postre: "no acepta el consenso si no está en el Gobierno". Las dos cosas son rigurosamente falsas. Porque lo que une férreamente a FG con ZP, es decir, a Equis con Zeda es su odio al PP que es superior, si cabe, a su odio a la verdad. Precisamente Rajoy, tanto en el Poder como en la Oposición, no tiene en su haber un solo paso en la lucha antiterrorista que no haya ido o no vaya en la línea del consenso. El que ha roto el consenso desde el Gobierno es el PSOE y el que una y otra vez sigue proponiéndolo es el PP. Naturalmente, para la lucha antiterrorista, no para un proceso de rendición ante la banda etarra que el propio Míster X da por fracasado, pero no por razones de principio, sino por no haber tenido en la cabeza múltiples opciones por si fracasa una. A él le fracasaron todas, porque, como ahora ZP, nunca contempló la lealtad a la nación y el respeto a la Constitución como base de una acción concertada con el PP para lucha implacable y legalmente contra el terrorismo. Hay algo más que tienen en común Equis y Zeda: Don Polifemo Garzón. Pero basta para ello llegar al Gobierno, único ojo por el que ve éste héroe que sólo ve amanecer cuando le conviene.

El frente anti-PP se recupera del "accidente"
EDITORIAL Libertad Digital 18 Enero 2007

El presidente del PP, en una oportuna iniciativa, ha concretado las anunciadas medidas que propondrá a Zapatero con el objetivo de combatir y derrotar a ETA, y que serán presentadas como cinco proposiciones no de ley, sometidas a votación en el Congreso.

Los populares pedirán la ilegalización de los proetarras del PCTV, que no han condenado, como ningún otro de los anteriores, el atentado de Barajas. También propondrán que el Abogado del Estado comunique al Tribunal de Estrasburgo que no han cambiado las circunstancias respecto a la ilegalización de Batasuna por formar parte de una organización terrorista. Reclamarán al Fiscal General del Estado que abra el juicio oral del caso Egunkaria y que persiga todas las actuaciones de Batasuna a fin de impedir su "normalización". Por último, el PP pedirá que se retire la resolución que el parlamento aprobó en el que se ofrecía diálogo a ETA a cambio del fin de la violencia.

Pues bien. No sabemos si, en atención al "cordón sanitario" contra el PP que proponía Federico Luppi o, más bien, en atención a la exigencia de "dejar a un lado al PP y a la derecha fascista del Estado" que ETA hacía a las "fuerzas democráticas" en su último comunicado, el caso es que el PSOE, con el descontado entusiasmo de los nacionalistas, ha boicoteado las propuestas del PP y se negará a debatirlas y a votarlas.

Tras el atentado de Barajas, Zapatero podría haber anunciado que iba a rectificar su "política" ante ETA y luego no hacerlo; también podría haberse negado a rectificar de palabra, pero sí hacerlo de obra. Sin embargo, la oferta de "generosidad" y de "diálogo" que Zapatero ha vuelto a hacer a ETA este miércoles, así como la negativa del PSOE a siquiera debatir en el parlamento las cinco propuestas de lucha contra ETA planteadas por el PP, confirman que Zapatero no piensa rectificar ni de palabra ni de obra.

Cerrar el frente anti-PP mediante una tregua de ETA sigue siendo un proyecto tan vigente hoy para el Gobierno del 14-M como lo era en abril de 2004, cuando advertimos por primera vez de esa posibilidad.

Política antiterrorista imposible
Germán Yanke Estrella Digital 18 Enero 2007

Seguramente hay modos distintos de enfrentarse al terrorismo de ETA. La experiencia de tantos años de lucha antiterrorista en España había concluido que el contenido del Pacto Antiterrorista entre PSOE y PP resumía bien, por el momento, la manera más eficaz de hacerlo. Pero nada está cerrado y, siendo benevolentes —aunque sea hasta la ingenuidad—, se podía esperar que el presidente Rodríguez Zapatero (que en el debate parlamentario del pasado día 15 se empeñó una y otra vez en que le reconocieran la paternidad de aquel acuerdo) diese con otro sistema mejor.

Lo que es más difícil de aceptar es que el padre del Pacto del 2000 proponga ahora un método imposible.

Se diría que la directriz de la política gubernamental (no sólo la antiterrorista) es la búsqueda de un procedimiento y un contenido “anti-PP”. Como si se quisieran mantener en todo momento vivas las condiciones en que el PSOE de Rodríguez Zapatero ganó las elecciones de marzo del 2004, en las que logró —tras la guerra en Iraq, el atentado del 11M, etc.— despertar es voto variopinto que sólo se aglutina en torno al llamamiento contra el PP y la derecha.

Pero si, independientemente del juicio que las reformas emprendidas por el Gobierno puedan suscitar, el sistema no sirve para dar con una buena, ni incluso posible, política antiterrorista. Quizá Zapatero pensó que si lograba llevar el “proceso” a buen término, incluso con las concesiones que fueran aceptables, todo quedaría borrado por el éxito, todo justificado, tanto lo que se hubiera hablado con ETA y los suyos como las reformas promovidas que habían producido enfado o sarpullido en opositores y partidarios. Como le ha reprochado uno de sus antecesores, Felipe González, no se puede ir por la vida con un solo escenario en el bolsillo. Y menos si es triunfal e ingenuo.

Como ya no hay manta posible con la que tapar el desaguisado, estamos ante la formulación de una política antiterrorista imposible. La idea de que se le puede segar la hierba bajo los pies a ETA-Batasuna restando apoyos mediante la formulación de políticas nacionalistas no violentas ha sido intentada por el PNV una y otra vez. Y ha fracasado. Lo pasmoso es que el presidente del Gobierno piense que se puede lograr el mismo objetivo sin formular incluso esas políticas. Un día después de los aplausos socialistas al PNV en el Congreso, el Gobierno de Ibarretxe sale con el acercamiento de presos y la derogación de la Ley de Partidos. Objetivo imposible, ridículo seguro.

A no ser que sea Rodríguez Zapatero ahora el que se sume e incluso vaya más allá en la reordenación del Estado para ver si logra lo que sus amigos nacionalistas no consiguieron. Tampoco saldrá del caos: el objetivo de ETA y Batasuna no se para en las reformas, ni incluso en las constitucionales. No es otro que una concepción totalitaria de la política que, espero, no le parezca al PSOE otro gancho para una estrategia anti-PP.

Dirán que fue un mal sueño
POR IGNACIO CAMACHO ABC 18 Enero 2007

ALGO se está moviendo. De una manera paulatina y cautelosa, pero constante, el discurso del presidente gira de nuevo, al primer respiro, hacia el optimismo previo al atentado de Barajas. A La Moncloa han debido de llegar ecos de alguna «txalaparta» tocada desde el otro lado de la muga. Otegi chamulla -aunque luego lo corrija, alegando defectos de traducción, el «académico» Barrena- guiños voluntaristas que tienden puentes de plata al designio zapateril. Imaz descubre en Batasuna el inédito poder de «desarmar a ETA». Y el Optimista Antropológico, acunado en la ola de la manifestación y mecido por su rentable victimismo ante la implacable requisitoria de un Rajoy sobreactuado, percute con medida ambigüedad en su idea de recomponer «el Proceso» por encima de los escombros de la T-4, que aún parecen un paisaje de Bagdad entre la niebla de enero. Esta gente sigue en lo suyo. Están levantando ese Plan B que ha echado de menos, con su pragmatismo ventajista, Felipe González. Mejor dicho, el Plan C, porque el B ya lo han montado, y además les ha salido bien; consistía en descargar sobre el PP parte del peso del fracaso.

En un papel del entorno nacionalista se habla del «atentado con víctimas accidentales», matiz semántico que da sentido a los reiterados lapsus de Zapatero. Así que tenemos unos muertos casuales que los terro-pacifistas no querían matar, unos batasunos supuestamente deseosos de reconducir por el buen camino a sus patronos, unas masas callejeras que repiten el mantra de la pazzzzzzz y un ambiente político favorable en el que sólo el PP insiste en fruncir el ceño de la desconfianza y el recelo. Falta una pieza, pero está encargada: la creación de un argumentario «de las dos almas» de ETA, una fenomenología improvisada según la cual estaría a punto de producirse una quiebra en el seno de la banda. Con todos esos ingredientes, la inicial firmeza rupturista de Rubalcaba se disuelve, poco a poco, en un pote de voluntarismos que pronto alguien va a meter en el microondas para recalentar el espíritu del 29 de diciembre. El Proceso va. Más lento, tambaleante, con más cautelas. Pero va. Quizá nunca haya dejado de ir, en realidad.

¿Y lo de Barajas? Nada, un incidente doloroso, un contratiempo inevitable, un triste peaje en el camino. Ya había avisado Zapatero de que habría sufrimiento y algún percance. Lástima de chicos, esos ecuatorianos tan inoportunamente dormidos en la orilla de la Estigia. Pero ya están lejos, al otro lado del mar, reposando en el silencio yermo del Altiplano. Despachados sin ruido ni honores; no hubo junto a sus féretros un presidente con la corbata negra y los dientes apretados. Y cuando acaben de trabajar los bulldozers en la T-4, no quedarán más huellas de la tragedia que un vago recuerdo dolorido, una leve cicatriz en la piel de la conciencia. Si alguien pregunta alguna vez, cuando vuelvan a sonar los melifluos violines de la pazzzzzzz, quizá le digan en voz baja que fue un mal sueño.

Las dos falacias del Plan B
POR EDURNE URIARTE ABC 18 Enero 2007

Dos semanas y media de las consabidas ambigüedades presidenciales han servido para confirmar lo que Zapatero adelantó en su intervención del día 30, que el Plan B consiste en continuar el Plan A, la negociación. Pero con otra escenificación y otro mensaje que se van a llamar Batasuna y el nuevo pacto contra el terrorismo.

La primera y esencial falacia del Plan B es Batasuna. Si uno quiere seguir negociando tras dos asesinatos, necesita una coartada de dignidad que no es otra que la supuesta autonomía de Batasuna y su distanciamiento respecto a la cúpula de ETA. El Gobierno la desarrolló en los últimos meses porque era imprescindible para sostener la mesa de partidos. Y la intensifica ahora porque la continuación de la negociación sólo será admitida si se difunde la percepción de las dos ETAs, la de los pistoleros de Barajas y la de los políticos con voluntad sincera de democratización.

Cuando Zapatero expresa, ayer, su deseo de que «la izquierda abertzale se separe de la violencia» no comete un error de voluntarismo o de buenismo, sino que construye una mentira sobre ETA. Él, que ya ha negociado con ellos, sabe de primera mano que la cúpula etarra ha designado a Batasuna para la negociación política. Y que toda reunión con Batasuna, como las que ya han tenido los socialistas tras el atentado, es una reunión con ETA.

La segunda falacia es la propuesta de un nuevo pacto contra el terrorismo. Con ella se trata de aislar y deslegitimar al PP y a todos los líderes sociales e intelectuales que rechazan la negociación con ETA. El presidente también sabe que IU y los partidos nacionalistas no quieren un pacto para perseguir policial y judicialmente a ETA sino un pacto para negociar políticamente con ella. Sabe que la alternativa no es la ampliación del Pacto Antiterrorista sino su sustitución por el Pacto para la Negociación. Y porque lo sabe, su propuesta no es un nuevo error de buenismo sino una estrategia para deslegitimar la opción de la derrota de ETA como la opción de una minoría intransigente. Quien rechaza su paz, quiere la guerra, y quien rechaza su unidad para la negociación, quiere la continuación de ETA.

Proceso de rendición
Compromisos secretos
GEES Libertad Digital 18 Enero 2007

Rodríguez Zapatero sigue sin dar ninguna información a los españoles sobre la frustrada negociación que ha mantenido con ETA en los últimos meses o años. Tras el fracaso de ese proceso, el presidente del Gobierno está obligado a ofrecer esa información a todos los españoles, aunque sólo fuera para desmentir la insistencia de su interlocutor en la existencia de unos supuestos compromisos de Zapatero con los asesinos que luego habrían sido incumplidos.

Todos los portavoces socialistas repiten estos días que la mejor prueba de que no ha habido claudicación alguna del presidente en este proceso es que ETA ha vuelto a matar, para acto seguido descalificar a Mariano Rajoy por decir exactamente lo mismo, que no se puede negociar con terroristas porque, si no cedes, hay bombas. Pero la realidad no es que Rodríguez Zapatero no haya pagado un alto precio a los terroristas por un defectuoso alto el fuego con fecha de caducidad, sino que el presidente probablemente no ha podido pagar el precio desorbitado al que se había se comprometido para arrancar a la banda ese alto el fuego.

En el marco del proceso de negociación Zapatero ha permitido la presencia en el parlamento de Vitoria del Partido Comunista de las Tierras Vascas, ha reconocido a un partido ilegal como Batasuna como un interlocutor político necesario, ha dado consideración de hombres de paz a sanguinarios terroristas, ha rebautizado a los atentados como meros accidentes, ha dado instrucciones al Fiscal General del Estado para que atenúe su acción contra los terroristas, ha presionado al Supremo para que ralentice o suavice determinados procedimientos como el de las Herriko Tabernas, ha obviado el terrorismo callejero y la extorsión, ha reconocido públicamente el derecho de los vascos a decidir su futuro, ha aceptado la posibilidad de una mesa de partidos para la normalización del País Vasco sin necesidad de que ETA desapareciera previamente, ha asumido estudiar la creación de algún tipo de órgano común vasco-navarro, ha sacrificado a aquellos socialistas navarros más opuestos a las tesis expansionistas del nacionalismo vasco, ha roto el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo firmado con el Partido Popular, ha filtrado a la banda terrorista operaciones policiales en marcha, ha dado total impunidad a Batasuna para que actúe como si fuera de hecho un partido legal. La relación podría ser más exhaustiva, pero es innegable que a lo largo de este proceso de negociación Zapatero ha pagado un alto precio a los terroristas por su falso alto el fuego.

El problema es que, según Gara, Zapatero había prometido a los terroristas mucho más que todo eso. Había prometido la legalización de Batasuna, había prometido la paralización de todos los procesos judiciales, había prometido impunidad policial para los terroristas, había prometido el reconocimiento efectivo del derecho de autodeterminación y había prometido Navarra.

Es más que probable que sepamos pronto la verdad sobre qué se ha negociado y qué compromisos han asumido cada una de las partes en este proceso. La tristeza sería que al final los españoles conozcamos esa información de manos de los terroristas y no de nuestro presidente del Gobierno. Fracasado su proceso, Zapatero debería ahorrarnos, al menos, esa nueva humillación.

GEES, Grupo de Estudios Estratégicos.

¿Por qué (y cómo) merece Zapatero una segunda oportunidad?

Pascual Tamburri elsemanaldigital  18 Enero 2007

Federico Luppi tiene tal vez razón; tal vez haya en España una derecha troglodita y cerril, que requiera a su alrededor un cordón sanitario para prevenir el contagio. Si él, con su profunda formación politológica, ha cruzado el Atlántico navegando en subvenciones públicas para anunciarnos esta Buena Nueva, puede incluso tener razón. Los góticos han cruzado la frontera del Imperio de la Izquierda, y la Paz de Zapatero –pacto con ETA, guerra a la derecha- está amenazada. El Progreso está en peligro: titiriteros, acudid a salvarlo.

Diez millones de góticos
Dice este Kelsen glamouroso que "la lucha política excede hoy el marco ideológico y se ha convertido en un ejercicio de perfidia, mediocridad y bajeza". Cualquiera que haya vivido en España desde 2003 –siendo generosos- puede certificar que Luppi tiene razón. Perfidia, o el arte de apuñalar al rival con una sonrisa talantuda en los labios; mediocridad, o la capacidad de pastorear a la mayoría de los españoles contra las convicciones profundas de éstos; bajeza, o la virtud de hacer lo contrario de lo que se dice acusando al candoroso rival de decir lo contrario de lo que piensa. Sí, cualquiera que viese el lunes a Zapatero en el Congreso sabe que Luppi tiene razón.

Sin embargo, los góticos son aún unos cuantos millones en España a pesar de los buenos deseos de Luppi y compañía (técnicamente, desde Almudena Grandes a José Sacristán, "cuadrilla"). Los góticos somos mayoría, y pese a la debilidad mediática y estructural del centroderecha político existe el riesgo de que la invasión gótica acabe en las urnas con la sección española (perdón, estatal) de la Alianza de Civilizaciones. Qué horror. ¿Han pensado ustedes en ilegalizar el PP, en hacer obligatorio el visionado de TVE-1 o en prohibir el voto a los bárbaros más notorios? Al fin y al cabo, con el cine ya hacen ustedes algo parecido, y me extraña que se autoricen aún los cerriles estrenos de Clint Eastwood o Sylvester Stallone.

De la Vega: una oferta que sí se puede rechazar
A pesar de este ambiente tan cariñoso por parte de las izquierdas políticas y culturales, el diario El Mundo sigue opinando que el pasado sábado el PP debió asistir a las concentraciones frentepopulistas a favor de la negociación; y no falta quien cree, como la vicepresidenta De la Vega, que Rajoy tendrá que aceptar la oferta de pacto-trampa. El masoquismo es una opción individual, pero nunca colectiva, y en esta idea de dar a Zapatero –y por tanto a Luppi- una segunda oportunidad hay un trasfondo de cristianismo mal digerido.

¿En qué consiste "poner la otra mejilla"? Contra la opinión común, no se trata de renunciar a las verdades que se poseen y se viven para transigir con quien yerra y con sus errores; por el contrario, el católico (al menos antes del Vaticano II) pone la otra mejilla cuando persevera en la verdad pese a todos los inconvenientes. Poner la otra mejilla es ofrecer al que se equivoca una oportunidad más de corregirse, no equivocarse con él.

Así que, en realidad, dar otra oportunidad a Zapatero –versión para laicos de la otra mejilla- es exactamente lo que está haciendo Rajoy: rechazar la oferta consociativa de rendición, a la espera de que el presidente vea la luz y se enmiende, o se aparte del camino. Contra ETA y por España, todo; contra la verdad y por la negociación, nada.

(El mejor favor que se puede hacer a un amigo que se aleja, o que abandona de alguna manera un camino correcto, es no cambiar y seguir adelante en la medida de lo posible. Si en algún momento y de alguna manera reconoce íntimamente su error necesitará un punto de referencia al que volver. La comprensión tendrá que facilitar ese retorno a la recta vía y ahorrar recriminaciones sangrantes, pero no otra cosa.)

De la Vega, Regás y Zabaleta
Mujeres de ZPaz
Cristina Losada Libertad Digital 18 Enero 2007

Cherchez la femme, dicen los franchutes, y a eso vamos. A buscarlas y a encontrarlas. Que si el año ha empezado con el redescubrimiento de los hombres de paz del anterior, como el gran comunicador ZP, el impecable demócrata y defensor de la libertad de todos, Imaz, y el reflexivo Otegi, no menos enjundiosa se presenta la lista femenina. Tres eran, tres, como las hijas de Elena. Tres eran tres, las que destacan en la kermesse. Esa que, según me pareció vislumbrar, algunos manifestantes del sábado pasado en creativo desplante a la uniformidad pancartera, apodaban la ZPaz. Por cierto, vaya claque que tiene Zapatero. Su entusiasmo por el Gran Líder es incondicional, y no les amarga el dulce ni un adarme de sentido crítico. Puede que ignoren, como se deduce de la encuesta de El Mundo tras el debate, el significado del término "demagogo", pero la Logse no les ha hurtado ese saber instintivo que en la batalla política aconseja que al enemigo ni agua. Con gente así, se puede hacer cualquier cosa.

Ha desentrañado la COPE un aspecto del misterio de la desaparición de la gran femme tras el atentado de Barajas, cuando el grueso del Gobierno tomó las de Villadiego, empezando por el propio presidente. Marchóse María Teresa a Ginebra en viaje exprés, no se sabe si secreto o discreto, pero con toda probabilidad no fue a comprarse un reloj de cuco, objeto que, según un avieso Graham Greene, era el único invento del que podían vanagloriarse los suizos. A orillas del lago Leman hay otros artilugios de mayor interés para la vice de un gobierno al que acaban de aderezarle el "diálogo" con dos asesinatos. Y uno se pregunta si fue a que le explicaran lo de la paz con bombas, que tiene tela, o a asegurarse de que las actas de las reuniones con la banda terrorista se hallan a buen recaudo. Pues lo del pacto por las libertades será para ella, y su jefe, un papelito, pero lo del pacto con ETA, si saliera a la luz, sería todo un papelón. Y en la más leve de las hipótesis, sólo la existencia de compromisos impublicables explica que ZP mantenga abierta la puerta de la negociación.

María Teresa, pues, cumplió como mujer de la ZPaz, cosa que no puede decirse de nuestra segunda en la lista, Rosa Regás. La directora de la Biblioteca Nacional no pudo leer, ay, el comunicado de la manifa de los apaciguadores. Qué pena le debió dar, pues ese acto, a diferencia del que convocó ¡Basta Ya! en 2003, y que no quiso respaldar, no beneficiaba nada al PP. Como que su espíritu era el contrario. Regás tiene muy claras sus prioridades en esto de la política: ninguna causa, por justa que sea, ningún manifiesto, por puesto en razón que esté, ha de apoyarse si no se perjudica con ello a la derecha. Es un razonamiento, por llamarlo de algún modo, clásico. El mismo que indujo y aún induce a muchos a no criticar jamás los crímenes perpetrados bajo la bandera del comunismo. Regás, y no esperábamos menos, es heredera de la miseria moral de generaciones que practicaron la ceguera voluntaria y la voluntaria amputación de la conciencia. Pero aunque ella se ausentó, allí estuvieron ¡presentes! tantos y tantas de su condición. Tantos para los que el enemigo no es ETA. Razón por la que nunca se les ha visto decir ni hacer nada contra ella. Pues lo del sábado, huelga decirlo, tenía otro sesgo.

Concluye este triste listado de mujeres del año con Gemma Zabaleta, la socialista vasca que comparte rosas, fotos y sonrisas con la abogada batasuna. Es una auténtica mujer de la ZPaz. Ni el atentado ni los asesinatos le hacen sentir un resquemor, una duda. Tan limpia, tan vacía está su conciencia que puede pasar, en efecto, "la prueba del algodón". No piensa abandonar su coyunda con las mujeres de paz, o sea, las de ETA y compañía. Dice su partido que ese grupo debe condenar el terrorismo, pero Gemma se resiste. Lo importante no son las bombas, sino que no se rompa el diálogo. A fin de cuentas, está donde está su jefe.

Generosidad
Luis del Pino Libertad Digital  18 Enero 2007

Zapatero está dispuesto a ser generoso con Batasuna. El PSOE necesita vender a la opinión pública los pagos sucesivos a ETA y para ello necesita un gesto del brazo político de la banda. Y Zapatero está dispuesto, con tal de que ese gesto se consiga, a que se pague con generosidad la factura. Porque el que paga no es Zapatero, por supuesto.

Hay que ser generosos. ¿Qué son dos ecuatorianos muertos, al fin y al cabo, sino un trágico accidente, víctimas que no tardarán, para Zapatero, en ser anónimas, si es que alguna vez dejaron de serlo? Zapatero pagará con generosidad usando sangre ajena.

Hay que ser generosos. ¿Qué importan las extorsiones a empresarios, si siempre podemos inventarnos algo acerca de la fecha del matasellos para cerrar los ojos a la realidad? Zapatero pagará con generosidad usando el dinero ajeno.

Hay que ser generosos. ¿Qué más da que haya que demoler el edificio constitucional para satisfacer las pretensiones de los terroristas, si la Constitución no es, al fin y al cabo, más que un papelito? Zapatero pagará con generosidad usando los derechos ajenos.

Hay que establecer cordones sanitarios, pero contra el PP, no contra los asesinos. A los asesinos hay que tratarles con generosidad.

Hay que establecer frentes parlamentarios, pero contra el PP, no contra los asesinos. Para los asesinos, trato generoso.

Hay que hacer invocaciones a la unidad, pero no con el PP, sino con los que defienden el diálogo con los asesinos. Porque con los asesinos hay que ser generoso.

Lo que pasa, querido Zapatero, es que la sociedad está cada vez más harta de que dispongas de su sangre, de su dinero y de sus derechos como moneda de cambio. Está harta de que pagues las facturas con lo que no es tuyo. Por lo pronto, tu partido va a empezar a pagar con unos cuantos cientos de alcaldías el próximo mes de mayo. Estoy seguro de que muchos alcaldes socialistas renunciarán con generosidad a sus mayorías para que tú sigas pagando a los asesinos.

P.D.: Esta tarde participaré en un acto en la Diputación de Palencia (Plaza de Abilio Calderón), a las 20,00 horas, donde intervendrán también Gotzone Mora y Gabriel Moris y D. Luís del Pino

Fisuras en Batasuna
Editorial El Correo 18 Enero 2007

Los indicios de disenso en el seno de Batasuna, y de desacuerdo de algunos de sus dirigentes con la ruptura del alto el fuego por parte de ETA, invitan a pensar que la cohesión interna de un grupo sectarizado en torno al terrorismo puede estar resquebrajándose a medida que la realidad lo empuja a una situación insostenible. Durante sus casi tres décadas de existencia como organización política, la izquierda abertzale se ha mostrado unida y hermética gracias a la permanente explotación del victimismo, la coacción moral de los propios frente a la 'agresión enemiga' y la sucesión y proliferación de marcas nuevas que ha permitido al entramado afín a ETA mantener invariables sus pretensiones totalitarias. No es ésta la primera vez que la izquierda abertzale refleja desavenencias o incomodidades internas. Pero hasta la constitución de Aralar como corriente las desafecciones fueron poco menos que individuales. Y hoy sería más que aventurado vaticinar la inminencia de una crisis en Batasuna o en la relación entre ésta y ETA. Entre otras razones porque donde la opinión pública puede entrever discrepancias la izquierda abertzale puede hallar su enésima oportunidad de supervivencia: la ampliación del abanico de matices que, en el fondo, asegure la continuidad de un dogmatismo compartido. Además, es probable que el hecho de que el disenso haya trascendido públicamente se convierta en argumento útil para que la dictadura interna que ETA impone sobre el conjunto de la izquierda abertzale obligue a un cierre de filas. Como es posible que una eventual crisis en el seno de Batasuna derive antes en el orillamiento forzoso o voluntario de los disidentes que en una ruptura orgánica.

El hecho de que la izquierda abertzale sea capaz de mantenerse unida mientras acompaña y da cobertura a la atroz ejecutoria de ETA indigna y exaspera a la sociedad y, especialmente, a las víctimas del terrorismo. Pero la especulación sobre el resquebrajamiento de su unidad no puede convertirse en el resquicio por el que Batasuna se escabulla una vez más ante el implacable reproche que su comportamiento merece. Ninguna frase evanescente, como la de Otegi hablando de la posible necesidad de una reflexión ante el amenazante comunicado de ETA, o la de Díez Usabiaga, afirmando que «con bombas no hay proceso», puede servir para rebajar un ápice la severidad en la censura política y moral de una izquierda abertzale que continúa negándose a condenar el terrorismo etarra. Entre otras razones porque está suficientemente demostrado que la izquierda abertzale es capaz de aprovecharse del más leve gesto de comprensión o esperanza, o de las expectativas que pudiera suscitar una frase como ésa para enrocarse en su sectarismo gracias a la ingenuidad -interesada o no- en que pueden incurrir los demás.

Factores de ambigüedad contra bases sólidas
Vicente A. C. M. Periodista Digital 18 Enero 2007

Así se expresan las organizaciones afines al mundo de ETA. También así se expresó el Sr. Zapatero, con ambigüedades y cantos celestiales de Unidad y consenso, en contraposición al decálogo de propuestas que el PP va a presentar y que D.Mariano Rajoy ha adelantado esta mañana. La ambigüedad de un Presidente de España que sigue manteniendo una postura numantina de su "proceso" dándole vueltas a la era de la negociación y del diálogo como meta fundamental. No importan los atentados, ni el rearme de ETA. No importan los "accidentes" siempre que el fin se consiga. El fin justifica los medios para quien carece del mínimo escrúpulo. Esa es la forma en que BATASUNA-ETA ya se reafirmó tras el atentado y el comunicado de ETA. Se sienten un poco desconcertados, pero siguen echando la culpa a la persecución del Gobierno¿?¿?. ¿Será del francés, digo yo...porque del español solo ha obtenido claras muestras de disponibilidad.

El PNV también se justifica igualmente con la misma palabrería cínica al decir que, la actual política de la lucha antiterrorista es "una política penitenciaria que no respeta los derechos humanos...no son principios en los que se tendría que sustentar ningún acuerdo amplio para luchar contra el terrorismo". Por lo que si el PSOE y el Sr. Zapatero quieren contar con ellos en el"nuevo Pacto" puntualizan :"que un Estado no puede ser calificado como de Derecho por el mero hecho de que se asiente sobre un sistema jurídico. El sistema franquista también se apoyaba sobre un conjunto de normas jurídicas y no lo era, no podía ser calificado como un Estado de Derecho. Un Estado asentado sobre leyes de excepción, por ejemplo, no es un Estado de Derecho. Un Estado con leyes que vulneran o restringen ilegítimamente los derechos fundamentales y las libertades públicas, el pluralismo político o la libertad ideológica, tampoco es un Estado de Derecho. Un Estado que actúa por el Derecho Penal de Autor o del Enemigo tampoco es Estado de Derecho. Un Estado sin jueces imparciales e independientes tampoco es un Estado de Derecho. Un Estado con políticas penitenciarias inspiradas en la venganza no es un Estado de Derecho". O sea, que en España debe haber una dictadura o algo así, o es que estamos viviendo en mundos diferentes.

Así que ante esas posturas nada ambiguas de los nacionalistas y separatistas, tenemos, por fin, una oposición frontal y rotunda del PP con esas propuestas que hoy han anunciado. Es dramática la defensa del Presidente de la Comunidad Foral Navarra sobre la exclusión de su presente o futura anexión al País Vasco. Es dramática porque la propia Constitución ampara esa aberración histórica y política, cuya cesión en aras de un consenso de la Transición, ha demostrado que fue un error de bulto, y que las consecuencias pueden ser desastrosas para los navarros. Basta que el PSN gane la mayoría con Nafarroa Bai y otras formaciones pro euskaldunas, para que el sueño navarro se convierta en pesadilla de sumisión al Gobierno del ambicioso y expansionista nacionalismo vasco. Ya saben aquel lema de ETA "Nafarroa Euskadi da!".

Tras el varapalo de la sesión del Congreso, Zapatero ha reaccionado, ya fresco y recuperado, dando los mismos mensajes previos al atentado. Seguirá buscando su consenso particular y aguantar lo que pueda, antes de que el PP y la respuesta ciudadana le obliguen a desistir y convocar elecciones generales. Se defenderá como gato panza arriba y querrá imponer su política de hechos consumados, pero esta vez el PP no va a dejarse llevar, ni a consentir más transgresiones en el Estado de Derecho. El fin no justifica los medios y quienes lo incumplan, deberán ser enjuiciados por ello.

El diálogo de ETA con los jueces
Salvador García Bardón Periodista Digital 18 Enero 2007

[justicia] El único diálogo posible con los terroristas es el diálogo de los jueces.

Cuando Zapatero compareció ante los periodistas, para anunciar «el inicio del diálogo con ETA», no se cumplía ninguna de las condiciones impuestas en el Congreso de los Diputados, para que ese paso pudiera darse. Lo que había quedado ampliamente verificado por los hechos era que la banda terrorista no había renunciado al uso de la violencia para conseguir sus objetivos.

Todos somos testigos de que ETA no sólo ha mantenido su actividad terrorista, sino que la ha incrementado, a pesar de los gestos de benevolencia con que los dirigentes del Partido Socialista y del propio Gobierno respondían a esta actividad terrorista. Desde el día en que Zapatero anunció el inicio del diálogo con ETA, la sociedad civil, muy en particular la vasca, ha sufrido consternada una situación de incomprensión y desconcierto. Mientras la banda confirmaba día a día en palabras y en obras que no renunciaba a nada, los portavoces de la verdad oficial se empeñaban en negar la realidad del acoso terrorista.

El gobierno había olvidado la promesa de que no se hablaría con ETA mientras no estuviera acreditada su voluntad de renunciar a la violencia. De toda evidencia había decidido que el fin justificaba los medios. Había abandonado el terreno de la moral, para enfangarse en el basurero de la amoralidad.

Somos muchos, tanto fuera como dentro del partido socialista, quienes hemos sostenido que nunca sería posible construir un verdadero espacio de libertad olvidando lo que no hay que olvidar. Nuestra actitud nos puso frente a aquéllos que hablaban de «nuevos tiempos» para justificar el olvido.

La misma actitud nos ha hecho percibir que, a pesar de la gravedad del atentado mortal del 30 de diciembre, Zapatero ha decretado una pausa, pero no ha dado por roto el espejismo. Así lo prueban sus confusas declaraciones, fuera y dentro del palacio del congreso, donde más de un parlamentario ha seguido defendiendo la tesis del diálogo con ETA, olvidando que el único diálogo posible con los terroristas es el diálogo de los jueces.

La valiente Rosa Díez, cuya causa compartimos, expresa una vez más nuestra impaciencia al proclamar que no sabemos "qué más tiene que pasar para que el Gobierno deje de sostener la ficción de que se puede seguir adelante -con los mismos presupuestos y con los mismos socios-, como si nada hubiera ocurrido".

Tanto Zapatero como los socialistas de su tendencia, que dichosamente no son ni todos los socialistas ni todos los que a veces hemos votado por las candidaturas socialistas, deben reconocer con Rosa Díez, que nos representa, "que ETA se ha saltado todos los límites tolerables para seguir adelante con una política gubernamental que pretenda el final dialogado".

En esta trágica situación resulta evidente que sustituir al socio de la firmeza, que es el Partido Popular, por un acuerdo con los que nunca quisieron la derrota de ETA, no ha dado los resultados que Zapatero y su tendencia apetecían. Como esa opción política del «diálogo con ETA» ha fracasado, hay que sustituirla sin demora por la política de conducir a ETA ante la justicia, para que los terroristas dialoguen con los jueces.

Ésta es la única política justa, que algunos, acomodándose, para ser comprendidos, al vocabulario seudomilitar de los terroristas, llaman de la «derrota de ETA». Esta política justa ha de reemplazar la de los que siempre quisieron negociar con ETA, incluso cuando mataban como acaban de hacerlo.

¿Cómo fortalecer el Pacto por las Libertades?
ROGELIO ALONSO EL PAIS 18 Enero 2007

El 1 de octubre de 1998, el entonces secretario general del PSOE, Joaquín Almunia, y José María Aznar, se reunieron por segunda vez tras la declaración de tregua de ETA. Ese día, Almunia advirtió de que los socialistas "no van a tener una actitud seguidista haga lo que haga el Gobierno", añadiendo: "Nuestro deseo es coincidir, pero la coincidencia debe basarse en posiciones asumibles por todos, no en planteamientos hechos por unos y seguidos por otros. Ésa no sería forma de llegar a un auténtico consenso". Como esta declaración muestra, el comportamiento del partido que hoy dirige Rajoy coincide con el que Almunia exigió entonces desde la oposición, exponiendo cuán injustas son muchas de las críticas hacia el Partido Popular por su rechazo al fracasado proceso de diálogo con ETA. Si las palabras de Almunia en 1998 eran razonables, también lo es la reluctancia del actual líder de la oposición a apoyar una política antiterrorista carente de un "auténtico consenso" sin "posiciones asumibles por todos". Así ocurre al haber arrinconado el presidente un Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo cuyo punto primero señala: "Al Gobierno de España corresponde dirigir la lucha antiterrorista, pero combatir el terrorismo es una tarea que corresponde a todos los partidos políticos democráticos, estén en el Gobierno o en la oposición". Es evidente que la resolución del Congreso de 2005 fue propuesta por Zapatero sin buscar esa "colaboración permanente" con el PP, basada en "el intercambio de información" y "la actuación concertada" que exigía el Pacto. De ahí que la oposición interpretara que la autorización del diálogo con ETA, que no había demostrado su voluntad inequívoca de poner fin a la violencia, tal y como reclamaba la citada resolución, no era compatible con esa obligación de "combatir el terrorismo" que corresponde a "todos los partidos políticos democráticos". Quienes acusan a la oposición y a muchos ciudadanos de haber bloqueado la paz al dificultar la negociación del Ejecutivo con hipotéticos "moderados" de ETA, ignoran la necesidad de ejercer una contención ante un Gobierno que ha incumplido su mandato parlamentario de dialogar en condiciones que no se daban, vulnerando otro acuerdo del referido Pacto.

Estos antecedentes convierten la reactivación del Pacto por las Libertades en un elemento decisivo de la política antiterrorista, pues de lo contrario se brindaría a la banda un valioso rédito político. El Pacto sirvió de marco para articular la más efectiva política antiterrorista contra ETA, al sustentarse en un importante consenso entre los principales partidos democráticos, negando la esperanza de cambios en la política antiterrorista con indiferencia del Ejecutivo que gobernara. La propia banda ha reconocido cómo esta iniciativa logró propagar "el fantasma de la destrucción de la izquierda abertzale". De ahí que abandonar el Pacto constituya un altísimo precio político al presentar la estrategia terrorista como eficaz, aportando un poderoso argumento de propaganda y motivación a ETA. El cambio de circunstancias con el que se justifica su marginación no representa una sólida explicación habida cuenta del contraproducente mensaje que transmite. Son justamente las circunstancias descritas las que obligan a su férrea aplicación. Precisamente por ello la ampliación del Pacto propuesta por Zapatero exige criterios claros que eviten una desnaturalización del mismo que equivaldría a su abandono de facto y al incumplimiento del programa electoral socialista.

La adhesión de quienes deseen respetar los principios en los que descansa el Pacto precisa una voluntad de sumarse a unas máximas ya planteadas que no deben ser modificadas, sino reforzadas, tras el fracaso del diálogo con ETA. A pesar de las positivas valoraciones sobre Imaz, presidente del PNV, queda por demostrar si esta formación comparte los mecanismos administrativos y judiciales que han impedido en el pasado la presencia de Batasuna en la vida política como si fuera una formación legal. La reactivación de esas iniciativas, que deben aplicarse a partidos sustitutivos vinculados a ETA y a Batasuna, es crucial en una sociedad como la vasca en la que el terror y la intimidación impiden que ciudadanos no nacionalistas ejerzan libremente sus derechos. Si el nacionalismo comparte estos principios, no sería difícil su incorporación al Pacto. Si no los compartiese, quedaría expuesta la inutilidad de romper el Pacto por un nacionalismo que rechazaría fundamentales instrumentos contra ETA, pero con el que se podría colaborar desde otro ámbito. Respetando estas premisas, la ruptura formal con Lizarra que se demandaba del nacionalismo en 2000 podría no aplicarse o ser sustituida por el requerimiento de un firme compromiso con elementos clave derivados del Pacto. La profundización en el antagonismo entre Gobierno y oposición que provocaría la desnaturalización del Pacto beneficiaría a esos sectores nacionalistas que defienden como inevitable el diálogo con ETA, a pesar incluso del último y negativo ensayo, y que todavía entienden la paz como la satisfacción de aspiraciones nacionalistas que apacigüen a la banda.

Para ser útil la ampliación del consenso antiterrorista debe sustentarse en la reactivación del Pacto evitando una rebaja del mismo que podría atraer a otras formaciones, si bien a cambio de un coste político como el que ETA rentabilizaría al conseguir debilitar la filosofía inicial del Acuerdo. La hasta ahora eficaz estrategia de división propugnada por ETA podría contrarrestarse supeditando la ampliación del consenso a la aceptación de determinadas adendas que fortalecerían el Pacto y la credibilidad de la respuesta estatal. Explicitándose en el Pacto que mientras ETA exista jamás se abordará la reforma del Estatuto vasco se oficializaría la premisa de "primero la paz y después la política" como criterio para aceptar incorporaciones de quienes asumieran un principio tan reivindicado como incumplido durante los últimos meses. La presencia de ETA, incluso en situación de "alto el fuego", es un factor de coacción enorme que jamás deben aceptar ciudadanos privados de libertad, siendo preciso por ello descartar categóricamente negociaciones con la banda incluso bajo promesa de desaparición, máxima que podría recoger un Pacto reforzado. Esta contundencia impediría que cualquier Gobierno cayera en las trampas que ETA tiende en momentos de debilidad al emitir señales equívocas sobre sus intenciones de concluir con el terrorismo. Evitaría además que la ansiedad colectiva por el final del terrorismo fuera manipulada mediante un lenguaje que puede mentir al enfatizar la incompatibilidad del diálogo con la violencia a pesar de la permanencia de ambos en condiciones inadmisibles, como las que se desprenden de la mera existencia de una organización terrorista. Nuestro sistema democrático permite ya la salida del terrorismo sin contraproducentes diálogos con ETA como los que vienen proponiéndose.

Rogelio Alonso es profesor de Ciencia Política de la Universidad Rey Juan Carlos.

Filología catalana
Seis, eran seis
José García Domínguez Libertad Digital 18 Enero 2007

En la provincia toda de Lérida hay seis y en Cracovia, nueve. Es un simple dato estadístico. Sin embargo, deja zanjado el asunto para siempre jamás. Seis, ni uno más ni uno menos. Resulta que hemos malgastado los mejores años de nuestra vida intelectual dándole vueltas a una cuestión que, en realidad, importaba a seis. Por no hablar del irreparable daño ecológico. Cientos de miles de árboles talados durante un siglo para pasar a limpio la querella. Millones de folios emborronados a favor o en contra, que tanto da. Pues, al final, en Lérida había seis y en Cracovia nueve. Eso era todo. Punto. Y pensar que aún quedan cretinos por ahí que se ofenden cuando les llaman polacos. Pero si deberíamos sentirnos orgullosos de que nos tildasen de polacos. Es más, habríamos de exigir que nos gritasen ¡polaco! en todas partes. En realidad, tendríamos que ser polacos de pleno derecho, emigrar en masa allí y pedirle, rogarle, suplicarle la nacionalidad al guardia de la porra que vigila la frontera. ¡Nueve! ¡Un cincuenta por ciento más que en la Terra Ferma!

Lo de Cracovia lo supe por cierto Gregori, en Perpiñán. Era la primera vez en su vida que oía una conversación en catalán a catalanes. Y el hombre estaba maravillado. Sobre todo, por el completísimo master en tacos, blasfemias, juramentos y reniegos vernáculos que se le impartió en una sola noche de clases. Por lo demás, hasta dar con el tal Gregori también uno vivía en la superstición de que más allá del Ebro, únicamente el difunto Menéndez Pelayo y el lozano Tomás Cuesta conocieran de pronombres débiles y eses sordas. Mas no, allí estaba Gregori con su flamante título de licenciado en Filología Catalana desfaciendo el entuerto. Y encima, en su promoción aún había otros ocho más esperando a que Jaruzelski les concediese un visado para comprobar que no habían empeñado cinco años en el estudio de una lengua muerta.

Bien, pues en toda Lérida, seis. O sea, seis matriculados en la Universidad de Lérida; otros catorce excéntricos en la de Tarragona; dieciséis frikis más en la de Gerona; y 78 en Barcelona. O sea, que el catalán no es que le importe una higa a Montilla –de ahí que se niegue a aprenderlo–, es que no le interesa a nadie. O sea, que todo era mentira. O sea, Matrix. O sea, si ya le hemos colado el Estatut al Tonto, que era de lo que se trataba, para qué seguir escondiendo el papelito. O sea, somos una nación. O sea, seis.

La propiedad de la lengua
Alex Salmón, Cataluña, El Mundo 18 Enero 2007

Después de 25 años de nacionalismo público en Cataluña es normal que los que ya se consideran homologados como nuevos ciudadanos no nacionalistas (antes bichos raros) se dediquen a denunciar ese abuso social que durante años han protagonizado la mayoría de políticos catalanes. Por ello, cada vez que alguien de ERC, básicamente de Esquerra, acusa a Ciutadans de ser los únicos que reivindican nacionalismo en el Parlament, a muchos simpatizantes de esta formación se les queda cara de asombro cínico. Ayer, tanto Francesc Vendrell como Albert Rivera estuvieron brillantes para rebatir algunos de los argumentos que esgrimió el vicepresident Carod Rovira sobre lengua y política exterior de la Generalitat.El más importante, la batalla sobre qué es lengua propia, si la del territorio o la del ciudadano. El sentido común dice que este territorio tiene dos lenguas y sus ciudadanos, las que les dé la gana. Pero tan en desacuerdo está Carod que amenaza con rescribir la Ley Lingüística del 98. Para que después diga que no se pueden politizar las lenguas. De intenciones no vive la política. Tampoco en Cataluña.

El desquiciado endurecimiento de la persecución del castellano de Carod
IMPRESIONES, Cataluña, El Mundo 18 Enero 2007

Como si la situación del castellano en Cataluña no fuera ya preocupante, tal como temía la mayoría, la presencia de Esquerra Republicana en el tripartito va a suponer un endurecimiento de las normas para hacer del catalán prácticamente la única lengua oficial de Cataluña. La clase política catalana y buena parte del establishment han desdeñado las denuncias que desde distintos colectivos se han venido haciendo al respecto con el argumento de que a pesar de las apariencias y de los enunciados legales de los cuales se ha hecho eco EL MUNDO, prácticamente en solitario, Cataluña vive una idílica situación de convivencia lingüística. El primer desmentido de esa mentira colectiva que se empeñan en mantener los dirigentes catalanes llegó el 1 de noviembre, cuando Ciutadans-Partido de la Ciudadanía superó los 90.000 votos y logró tres escaños en el Parlament.

Aunque es cierto que el núcleo del discurso de Ciutadans es cuestionar el pensamiento único según el cual Cataluña es una sociedad integrada únicamente por ciudadanos nacionalistas, han sido sus reivindicaciones sobre la primacía del catalán y la persecución del castellano -en forma incluso de sanciones- sus grandes bazas. El principal partido de la oposición, CiU, ha hecho saber al Ejecutivo de Montilla que la vigente Ley de Política Lingüística ha quedado obsoleta tras la aprobación del nuevo Estatut. Como se trata de un área que depende del vicepresidente independentista del Govern, Josep Lluís Carod-Rovira, éste ha recogido el guante y ha encargado un estudio a la Universitat Autònoma de Barcelona para endurecer la norma. Puede ser la prueba del nueve de la cohesión del tripartito, porque aunque el PSC se oponga, ERC puede endurecer la ley con el apoyo de CiU y acabar de desquiciar la política catalana.

El PSOE y sus socios vetan el plan del PP y abren la puerta de las elecciones a Batasuna
Zapatero duda de la voluntad de acuerdo de los populares si exigen «condiciones previas»
M. E. L. La Razón 18 Enero 2007

MADRID- El PSOE sigue empeñado en mantener la puerta abierta a los aliados de Batasuna para que se presenten a las próximas elecciones municipales. El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Diego López Garrido, se puso en contacto ayer con los representantes de todos los grupos parlamentarios menos el PP para intercambiar opiniones sobre las propuestas del líder de los populares, Mariano Rajoy, para acabar con la ETA, entre ellas la ilegalización del PCTV. Y todos ellos, según el PSOE, aseguraron que «no han colaborado ni van a colaborar o participar» en «esa estrategia de división y de confrontación sostenida por el PP, que no hace sino fortalecer a los terroristas».

Todos los portavoces parlamentarios han coincidieron en que «no se puede colaborar» con iniciativas como la de Rajoy por tener como objetivo «exacerbar la crispación y amplificar la absurda decisión de la dirección del PP de ir al choque frontal con el Gobierno y con las demás fuerzas democráticas, en vez de unirse a ellas contra el único enemigo común, que es la violencia y quienes la practican o la alientan», según explica el PSOE en un comunicado.

Por contra, los grupos parlamentarios abogaron por adoptar medidas parlamentarias para que la iniciativa del PP «no desemboque en debates estériles y desmoralizadores, ni sirva para escenificar una contienda entre los demócratas, aborrecida por los ciudadanos».

Los integrantes de este «frente» parlamentario coincidieron además en la necesidad «de que las legítimas diferencias que puedan existir entre los demócratas» en este tema se expongan «en los ámbitos adecuados, y no en aquellos que sirvan para confrontar públicamente a quienes debieran sumar fuerzas con el objetivo común de poner fin a la violencia terrorista».

«Justa, pero generosa»
La «conjura» de los partidos en el Congreso llegó después de que Zapatero pidiera al PP que, en aras de la unidad, acuda a la próxima reunión del Pacto Antiterrorista sin «condiciones previas». En un desayuno organizado por el Forum Europa, el presidente del Gobierno defendió haber intentado el diálogo con ETA para convencer de que, con respeto a las reglas democráticas, la sociedad será «justa, pero generosa».

Ante un nutrido auditorio, subrayó que el Gobierno tiene la obligación de tratar de conseguir el derecho de los españoles a vivir en paz acudiendo para ello a los medios disponibles que ofrece la ley y el Estado de Derecho. «Eso explica que siempre, y también ahora, se hayan explorado las posibilidades de vías de diálogo destinadas a propiciar el abandono de la violencia, la aceptación de la integración en la vida democrática y la asunción de que no hay precio político que pagar, sino propuestas políticas que pueden defenderse conforme a las reglas de funcionamiento de la democracia», añadió antes de dejar claro que, por ahora, el «proceso de paz» está roto.

Zapatero también sacó tiempo para lanzar sus críticas al alcalde de la capital, Alberto Ruiz-Gallardón, al que advirtió que «la ciudadanía no perdona la soberbia». En su opinión, cuando Gallardón dice que su verdadero rival en las elecciones que es el propio jefe del Ejecutivo, «le traiciona el subconsciente».

La Generalitat fomentará el uso del catalán entre los inmigrantes para su integración
Carod propone un «acuerdo para la competencia lingüística» que fomente el uso del idioma
Marcos Pardeiro La Razón 18 Enero 2007

Barcelona- El gobierno de la Generalitat quiere evitar que el fenómeno de la inmigración, especialmente intenso en Cataluña, derive en la exclusión social, y para eso está estudiando diversas medidas que faciliten la integración de los recién llegados. El Ejecutivo catalán piensa que sobre la base de las lenguas puede proponer iniciativas eficaces que posibiliten el arraigo y en este momento está tratando de dar con planes concretos. El secretario para la Inmigración, Oriol Amorós, ya anticipó ayer que la Generalitat se plantea que los extranjeros asimilen nociones de catalán para, posteriormente, obtener el certificado de inserción social, un documento que sería necesario para ser regularizados por la vía del arraigo. Sin embargo, ninguna de estas medidas es oficial ni ha sido acordada por el conjunto del Govern.

«Creo que sería muy recomendable que el arraigo, que es imprescindible para aquellas personas que se encuentran en situación de irregularidad y quieren pasar a una de regularidad, que este arraigo esté vinculado a realizar un proceso de acogida», explicó Amorós en declaraciones a la cadena Ser. La intención de su Secretaría es que este proceso sirva para «dar herramientas a los extranjeros que mejoren su autonomía, movilidad e integración». Está previsto diseñar sesiones que se centren en facilitar información general sobre el funcionamiento del mercado laboral, de los sistemas educativos, de valores y principios democrático y, también, de «nociones sobre la realidad social y lingüística catalana».

Catalán y castellano
Todo ello formará parte de un documento base sobre la futura Ley de Acogida de Inmigrantes en Cataluña. En cierta manera, el propio conseller de la Vicepresidencia, Josep Lluís Carod, anunció esta iniciativa durante su comparecencia de ayer en el Parlament, adonde acudió para dar cuenta de los principales proyectos que piensa impulsar desde su departamento, definido por los grupos de la oposición, PP y CiU, como un «cajón de sastre». Carod comentó que la Generalitat adoptará algunas políticas en el futuro en el ámbito de la inmigración y subrayó que, mientras tanto, «tenemos que garantizar la no discriminación por motivos de lengua».

No se olvidó el «número dos» de la Generalitat de enfatizar que el catalán es «la primera lengua» de Cataluña ni de apostar por su reconocimiento oficial a nivel europeo «a todos los efectos». Pero Carod tiene planes más globales que quiere concretar en un «gran acuerdo nacional para la competencia lingüística» en Cataluña sobre la base de que el catalán y el castellano son lenguas oficiales en la comunidad.

«El conocimiento de ambas es un deber y un derecho de todos los ciudadadanos. Además, el catalán es la lengua propia de Cataluña, la que nos identifica colectivamente», consideró el conseller de la Vicepresidencia, quien también manifestó que el «castellano se ha convertido en un elemento estructural de la sociedad catalana prácticamente desde los inicios del siglo XX y forma parte de la realidad catalana».

Este acuerdo para la compentencia lingüística tendría por objetivo, según explicó el conseller republicano, «fomentar el uso social del catalán y reforzar la ejecución de una política lingüística entendida como una política pública y transversal», aunque también pretende que todos los ciudadanos mejoren su nivel en lenguas extranjeras. En este sentido, Carod recordó que el conocimiento de idiomas como el inglés es «muy insuficiente»

Una promoción singular
Pero el líder republicano no quiso perder de vista uno de los principales cometidos de su proyecto y apostó por «promover que los nuevos ciudadanos (los inmigrantes) asuman una competencia suficiente en las dos lenguas oficiales de Cataluña», lo cual, a su entender, será «un factor muy importante en la lucha contra la exclusión». «Es innegable que la adquisión de la lengua catalana requiere una promoción singular a causa de su situación sociolingüística». Carod abogó por superar términos desfasados como «catalano-parlantes y castellano-parlantes».

La oposición receló de los planes de la Generalitat y criticó su ánimo intervencionista». El portavoz parlamentario del PP, Francesc Vendrell recomendó a Carod que «no intervenga» en la sociedad catalana y criticó su «demagogia» en política lingüística. En este sentido le dijo que «el futuro del castellano en el mundo no depende de lo que pase en Cataluña con el castellano, pero el derecho de los catalanes sí depende de lo que pase en Cataluña». Vendrell, comentó en esta línea que «por encima de la lengua está la libertad de las personas».

PESE A LAS SIGNIFICATIVAS CESIONES DEL PP
Aplazada la reforma del Estatuto gallego por la falta de acuerdo en la definición de Galicia como nación
La maratoniana reunión de más de seis horas que han mantenido los líderes de los tres partidos gallegos concluyó sin un acuerdo sobre el nuevo Estatuto de la región. Núñez Feijóo llegó a la reunión con una propuesta con cesiones muy significativas que en el punto más conflictivo de la definición de Galicia proponía hablar del "sentimiento nacional de Galicia" e, incluso, una mención remarcando el papel del nacionalismo. Sin embargo, no fue suficiente para el presidente de la Xunta, el socialista Pérez Touriño, y el vicepresidente, el nacionalista Quintana, que achacaron a la "crispación de Madrid" que no se llegase a un acuerdo. La reforma que aplazada, por lo menos, hasta después de las elecciones municipales.
Agencias Libertad Digital 18 Enero 2007

La cesión del PP gallego, hasta el extremo, para acomodar su propuesta a los mitos nacionalistas que exigen BNG y PSOE no ha bastado para que la reunión que han mantenido los líderes de los tres partidos gallegos en la residencia oficial del presidente Pérez Touriño finalizase con un acuerdo definitivo sobre el nuevo texto estatutario. Touriño, Quintana y Feijoo estuvieron más de seis horas intercambiando propuestas pero salieron de la reunión con las mismas divergencias con las que entraron y el único consenso logrado fue aplazar la reforma.

Touriño y Feijóo ya habían acordado en la reunión que mantuvieron el pasado 15 de noviembre que, si no se alcanzaba el consenso necesario, la reforma estatutaria quedaría aplazada hasta después de las elecciones municipales de mayo, por lo que probablemente no se abordará antes de la próxima legislatura.

Antes de la reunión, la definición identitaria de Galicia, el estatus jurídico de la lengua gallega y la financiación autonómica eran los tres puntos sobre los que existían más divergencias entre los partidos políticos, ya que no se llegó a un acuerdo en el seno de la ponencia creada en el Parlamento gallego para consensuar un texto. Tampoco había acuerdo sobre el listón de diputados necesario para reformar la Ley de Elecciones al Parlamento de Galicia; el catálogo de competencias exclusivas de Galicia, como la atribución sobre las aguas territoriales hasta doce millas mar adentro que pide el BNG, entre otros puntos de menor envergadura.

Nadie podrá decir que el PP no tenía voluntad de llegar a un acuerdo. En el tema más conflictivo, que es definir, en el preámbulo, a Galicia como una nación, exigencia del nacionalismo, muy minoritario en Galicia y que sorprendentemente el PSOE asumió como propia; el PP llevó una propuesta amoldada a las pretensiones nacionalistas, en la que se incluía el "sentimiento nacional de Galicia" acompañado de un reconocimiento al papel desempeñado por el nacionalismo. El PP también transigió en materia idiomática aceptando la igualdad jurídica del gallego con el español.

Tras la reunión, Núñez Feijóo, dijo que su formación "no da por concluido el proceso" para reformar el Estatuto de Autonomía en un futuro, pese al fracaso de las negociaciones de hoy entre los tres partidos políticos, y defendió como la fórmula que "une a todos", el reconocimiento del "sentimiento nacional" de Galicia en el preámbulo del texto. Feijóo expuso que los populares abogaron por recoger el "sentimiento nacional de Galicia", una fórmula con la que intentaron "compaginar el nacionalismo y galleguismo dentro de la Constitución", aunque rechazó el término nación que reclamaba el BNG.

Así, indicó que la propuesta de preámbulo del PPdeG se trata "claramente de un reconocimiento a la identidad propia de Galicia". Asimismo subrayó que es un preámbulo que "rezuma galleguismo por todos los costados" y ofrece "guiños a los nacionalistas de forma clara y valiente" –pese a ser un grupo absolutamente minoritario en la sociedad gallega– al reconocerlos por primera vez en el texto estatutario, hasta el punto que es la propuesta de los populares gallegos es la "más ambiciosa que se hizo en ninguna comunidad del Estado, salvo Cataluña".

Feijóo reconoció que ni siquiera pusieron como requisito que en el texto constase la "unidad indisoluble del Estado español", como sucedió en el caso andaluz. En cuanto al reconocimiento al sentimiento nacional, matizó que el PPdeG "no reconoce un Estado plurinacional", aunque sí aboga en el texto por recordar que los nacionalistas y la tradición galleguista han planteado esa cuestión. "Si creyéramos que España es un Estado plurinacional cambiaríamos el carné y nos haríamos del BNG", enfatizó. Preguntado sobre si la dirección del PP en el ámbito nacional conocía el planteamiento de los populares gallegos, simplemente afirmó que "más o menos". Al respecto, consultado de nuevo sobre si Génova conocía el contenido "más" o "menos", se limitó a responder que "en su punto".

Feijoo explicó que los "flecos" que imposibilitaron la consecución de un nuevo estatuto tuvieron que ver con la lengua, la financiación, la Ley Electoral y el preámbulo. En la cuestión de la lengua abogó por "dejar el Estatuto como está" o "alcanzar la igualdad plena entre el gallego y castellano en el ámbito de la Constitución". Por último lamentó que la propuesta efectuada por el presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, fuese prácticamente la misma que la que aparece en el pacto de Estatuto que tiene con el BNG, ya que consideró que "lo único" que hizo fue eliminar el adjetivo de Breogán al término nación.

El primero en comparecer fue el líder del BNG que dijo que "lo intentamos pero no pudo ser. No tenemos acuerdo", que no obstante sostuvo que a su juicio este era "el momento político" para revisar el marco estatutario, por lo que se comprometió a "no cejar en el empeño" de alcanzar los consensos políticos necesarios para conseguir este objetivo en el futuro. Quintana que ha mostrado una actitud contumaz en lo que se refiere la exigencia de que el estatuto defina como nación a la región gallega, culpó de fracaso, como es habitual en los nacionalistas a Madrí por la "crispación" que, según él, origina en la política española. Argumento parecido fue utilizado por Pérez Touriño, el último en comparecer, que lamentó que no fuera posible llegar a un acuerdo sobre esta reforma. Pérez Touriño alabó "el trabajo y la mejor voluntad" de Quintana y de Núñez Feijóo para intentar lograr el acuerdo "que Galicia necesita". Además, destacó que en la reunión se habían producido avances "de formas significativas" en los temas que fueron objeto de negociación.

La Policía avisa que la banda usa a su brazo político de lanzadera para reabrir el proceso
La Policía avisa que ETA usa a Batasuna para mantener la vía del «diálogo»
D. MARTÍNEZ/J. PAGOLA. MADRID. ABC 18 Enero 2007

ETA utiliza a Batasuna para que, mediante discursos supuestamente «conciliadores» e incluso tímidamente críticos, reabra la puerta del «proceso de paz», que nunca se ha llegado a cerrar con candado, pese al atentado de Barajas.

Fuentes antiterroristas insisten en que la criminal acción creó confusión y malestar en sectores de la izquierda abertzale. La «mesa nacional» se reunió con carácter urgente y algunos de sus dirigentes, como Otegi, Goiricelaia y Díez Usabiaga, emplearon un tono crítico. Como siempre, se impuso la línea más dura de Rufino Etxeberría y Karmelo Landa, que transmitieron las consignas de la «vanguardia»: «El atentado no rompe el proceso, más bien al contrario, debe impulsarlo». Batasuna cerró filas y se puso al servicio de la estrategia etarra. DE nuevo, ya el día 30 de diciembre, quedó de manifiesto el papel subsidiario de Batasuna.

Informes de la Policía y la Guardia Civil confirman la teoría de las «declaraciones trampa», en las que se están prodigando en los últimas días dirigentes como Otegi y Usabiaga. La estrategia persigue tres objetivos. En primer lugar, mostrarse como una formación aparentemente autónoma respecto a ETA, al estilo del Sinn Fein - escenifica un desmarque de Barajas-. En segundo lugar, se camufla bajo un discurso «conciliador» -con supuestos llamamientos a la banda para que abandone la dinámica de amenazas planteadas en su último comunicado- , y, en tercer lugar, pretende presentarse como impulsora de un «proceso de paz» agónico, como la única esperanza para que no haya más Barajas.

Con esta estrategia, Batasuna intenta recabar «méritos» para poder presentarse a las próximas elecciones. La portavoz del Gobierno vasco, Miren Azkarate; José Luis Rodríguez Zapatero y el presidente del PNV, Josu Jon Imaz, ya se han apresurado a valorar estos «pasos». Y, además, con esa misma estrategia, la coalición hace de «lanzadera», le allana el camino a ETA en su pretensión de que se reabra un «proceso» que, a decir verdad, ni los 200 kilos de amonal reforzado habían acabado de enterrarlo.

Los observadores ya habían apuntado que con el brutal atentado los terroristas no querían dinamitar la negociación, sino presionar hasta el máximo al Ejecutivo.

Un informe de la Policía, fechado el pasado 10 de enero, concluye que tras la explosión de la T-4, ETA y Batasuna coordinaron sus mensajes. Esto es, se constata sintonía, en el contenido y sincronización, en el tiempo, entre el comunicado leído por Otegi el 8 de enero, en el que la coalición hace un llamamiento a la banda para que mantenga el «alto el fuego permanente», y el difundido al día siguiente por los terroristas, en el que escenifican una respuesta al emplazamiento, esto es, que sí, que la tregua sigue en vigor, aunque introducen amenazas.

En esa misma estrategia trampa, según otro informe de la Guardia Civil, se enmarcan las declaraciones de Otegi, admitiendo «estupor» en sectores de la izquierda abertzale y la necesidad de una «reflexión». El secretario general de LAB, Rafael Díez Usabiaga, se sumó ayer asegurando que «no hay proceso con bombas». En su opinión, «el diálogo y el acuerdo» deben sustentarse «en una realidad de no violencia».

El Gobierno quiere frenar la objeción de conciencia a Educación para la Ciudadanía
El Ministerio afirma que servirá para «formar en ideología a las personas con menos convicciones»
Celia Maza La Razón 18 Enero 2007

Madrid- En el Ministerio de Mercedes Cabrera hay cierta preocupación. El motivo de este malestar es el interés que miles de familias ya han manifestado por la objeción de conciencia frente a la nueva asignatura de Educación para la Ciudadanía.

El Ministerio ha encargado incluso unos estudios jurídicos para saber cómo puede hacer frente a esta situación.

Así al menos lo indica Fabián Fernández de Alarcón, secretario general de Profesionales por la Ética en Madrid -asociación que ofrece apoyo jurídico a los padres que no quieren que sus hijos cursen la materia-. El experto se reunió ayer con el secretario de Educación, Alejandro Tiana, para tratar el asunto.

Según Fernández de Alarcón, desde el Ministerio existe una clara intención de desactivar la campaña que informa a los padres sobre este derecho. «Tiana nos ha reconocido estar preocupado, pero no nos pueden detener porque nuestros expertos tanto del ámbito jurídico como del educativo tiene claro que lo que hacemos es legal», asegura.

La asociación ha solicitado en innumerables ocasiones una reunión con la ministra para hablar sobre la asignatura, pero no fue hasta ayer cuando fueron recibidos. Justo cuando los reales decretos de enseñanzas mínimas de Primaria y Secundaria ya han sido aprobados, es decir, cuando ya no hay nada que negociar. «Lo que quieren es desactivar nuestra campaña», afirma Fernández de Alarcón.

Aún así, Profesionales por la Ética decidió acudir a la cita para presentar sus propuestas. La primera: retirar la asignatura; la segunda, reconocer de forma legal la objeción de conciencia; la tercera, elaborar un decreto para que Educación para la Ciudadanía sea voluntaria y no computable -al igual que Religión-. Todas les fueron denegadas.

La asociación siempre ha defendido que la asignatura supone una intromisión en la dimensión moral y privada que sólo corresponde a la familia, y desde ayer aseguran que cada vez está más claro el objetivo del Gobierno. «La reunión no ha hecho otra cosa que reforzar aún más nuestras ideas porque el mismo José Luis Pérez Iriarte -director general de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa- afirmó que lo que se pretende con la materia es ‘‘formar en ideología a las personas con menos convicciones’’».

Al respecto, Fernández de Alarcón apunta que querer dar una educación ética de mínimos en todas las ideologías supone arrancar la base al sistema de valores de muchas familias porque «no todo es relativo». Desde que empezaron la campaña el pasado mes de noviembre para informar a los padres qué es la objeción de conciencia, más de cien mil familias se han puesto en contacto con la asociación para manifestar su desacuerdo con la nueva y polémica asignatura.

En el supuesto de que unos padres hagan uso de este derecho, el centro tendrá que elegir qué alternativa ofrece los alumnos.

CONDICIÓN DE LOS ETARRAS PARA DESBLOQUEAR LA NEGOCIACIÓN
Gara desvela que el Gobierno aceptó ante ETA buscar un acuerdo en el País Vasco con Batasuna y sin el PP
El diario que sirve de portavoz a ETA aporta nuevos datos sobre la, hasta el momento, última reunión mantenida entre el Gobierno y la banda terrorista. Fue en la primera quincena de diciembre y en ese encuentro, según Gara, los enviados de Zapatero aceptaron las condiciones de los etarras: la negociación sólo se desbloquearía si antes se lograba un acuerdo en el País Vasco con Batasuna en el papel de protagonista y con el PP al margen. Un acuerdo en esa llamada eufemísticamente "mesa de partidos" que sirve a los batasunos de coartada para hacer política pese a su ilegalización y debatir el furturo del País Vasco fuera del Parlamento. En el Congreso, el PSOE y sus socios también están intentado aislar al PP. Con la estrategia del "cordón sanitario" que marcaron los comediantes, se van a negar a debatir las propuestas de Rajoy contra los terroristas.
Libertad Digital  18 Enero 2007

La reunión, de la que Gara dice tener mejores datos que los "de dudosa fiabilidad" que han trascendido, la sitúa en la primera quincena de diciembre. Ha sido el último de una serie, pese a que el Gobierno nada ha dicho de ello. Sirvió, dice el diario que habitualmente ejerce de portavoz de los terroristas, para que ETA y los enviados de Zapatero "cruzaran propuestas" y acordaran que el desbloqueo de la negociación tendría que pasar por un "acuerdo político" entre las fuerzas vascas en lo que han dado en llamar la "mesa de partidos", que incluye a la ilegalizada Batasuna y en la que no está el PP, precisamente para no coincidir con quienes están ilegalizados como formación por ser parte de ETA.

El diario titula que "La reunión ETA-Gobierno situó la clave en el acuerdo entre las fuerzas vascas" y añade que "ETA presentó una propuesta a desarrollar en varios años, de lograrse el acuerdo político". Esa propuesta de ETA, matiza el desarrollo de la noticia sin firma, sería "global para desarrollar el proceso durante los próximos años". En ese punto de la reunión, apunta, la banda terrorista "reafirmó todos sus compromisos y su voluntad" de seguir con la negociación. Eso fue en la primera quince de diciembre. El mes terminó con un atentado en Barajas con cientos de kilos de explosivos y dos ecuatorianos asesinados que tardaron días en ser rescatados de entre los escombros.

De las propuestas del Gobierno, no aporta detalles aunque sí que habla de los compromisos adquiridos. Vuelve a hacerlo por segunda vez esta semana. "El Ejecutivo de Zapatero se comprometió a no obstaculizar la negociación entre las fuerzas vascas para que éstas pudieran alcanzar un acuerdo".

Carod impondrá el catalán en todas las administraciones
IVA ANGUERA DE SOJO ABC 18 Enero 2007

BARCELONA. La Secretaría de Política Lingüística de la Generalitat promoverá «con la máxima ambición e ilusión, un gran acuerdo nacional por la competencia lingüística», según anunció ayer el vicepresidente del Gobierno catalán, Josep Lluís Carod-Rovira. El objetivo: garantizar la presencia del catalán en todos los ámbitos, incluidos los que hasta ahora se han mostrado más reacios, con la Administración de Justicia a la cabeza.

El pacto que Carod propuso a todos los grupos parlamentarios parte de las bases sentadas por el nuevo Estatuto catalán, con la obligatoriedad de conocer el catalán y el castellano y la advertencia de que, además, «el catalán es la lengua propia de Cataluña, la que nos identifica colectivamente, y es un patrimonio que debemos preservar para las siguientes generaciones».
Respecto al castellano, Carod reconoció que se ha convertido «en elemento estructural de la sociedad catalana, una realidad que también todos tenemos que asumir».

La traducción práctica de esa voluntad es el mantenimiento de la política de sanciones, que el portavoz de ERC, Joan Ridao, recordó que «no se aplican por el uso del castellano, sino por la negativa a utilizar el catalán», pese a los ruegos del PP y Ciutadans (C´s) para que el Gobierno catalán «apueste por incentivar en vez de sancionar».

La Generalitat también seguirá aplicando el decreto de contratación en catalán, que da prioridad a las empresas que utilizan este idioma a la hora de contratar bienes y servicios. Una política que Carod quiere extender a otras administraciones y a todas las empresas públicas.

Inmersión en los colegios
El vicepresidente catalán hizo además una encendida defensa del sistema de inmersión lingüística en la escuela -recordó que «tiene el respaldo del Tribunal Constitucional y, si alguien lo pone en duda, el Gobierno catalán lo defenderá»- cuestionado a raíz del decreto de enseñanzas mínimas que incluye la obligatoriedad de la tercera hora en castellano. Pero evitó referirse a ese decreto -que ha provocado el primer enfrentamiento de la Generalitat de José Montilla con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero- pese a los repetidos envites de CiU en este sentido, ya que acusó a Carod de hacer unos planteamientos poco ambiciosos en este ámbito.

Tampoco respondió a las críticas del popular Francesc Vendrell, quien le señaló que «el problema de la tercera hora de castellano no es de competencias sino de que con dos horas no se puede aprender una lengua». El líder de ERC recriminó al PP catalán que haya endurecido su discurso en este ámbito por la aparición de C´s.

Destacó además como uno de los objetivos prioritarios en materia lingüística conseguir que los inmigrantes «sean competentes en catalán y castellano» y advirtió de que «la lengua catalana requiere una promoción singular».

En este sentido, el secretario de Inmigración, Oriol Amorós (ERC), defendió que los inmigrantes acrediten nociones básicas de catalán y sobre Cataluña para obtener el certificado de inserción social, documento requerido para la regularización por la vía del arraigo. Para ello, la Generalitat les ofrecerá cursos en los que recibirán la formación necesaria, tanto sobre catalán y castellano como sobre cuestiones sociolaborales y jurídicas.

En cuanto a la gestión del Instituto Ramon Llull, Carod pidió ayuda a Vendrell para recuperar la colaboración con el Gobierno balear en el marco de esta institución de promoción del catalán, en la que abogó porque participe también la Comunidad Valenciana. Vendrell prometió brindar ese apoyo, pero reclamó primero «respeto» hacia esas comunidades.

Zapatero intenta cubrir su pifia, silenciando al PP en el Congreso
Agencias Periodista Digital  18 Enero 2007

El PSOE parece no tener muy claro que a quien debe relegar al ostracismo es a Batasuna. López Garrido ha seguido los pasos de sus antecesor en el cargo y ha conseguido que todos los grupos parlamentarios rechacen las propuestas de Rajoy en política antiterrorista.

En una mala copia del bochornoso "Pacto del Tinell", los portavoces de todos los grupos parlamentarios han rechazado las iniciativas sobre política antiterrorista propuestas por el presidente del PP, Mariano Rajoy, tras mantener durante esta tarde una ronda de contactos telefónicos con el portavoz parlamentario socialista, Diego López Garrido.

El comunicado hecho público anoche por el grupo parlamentario del PSOE, anuncia la creación de un frente político de todos los partidos para aislar al PP y anticipa medidas parlamentarias para que sus iniciativas ni siquiera sean tenidas en cuenta.

ACUSA AL PP DE "CRISPAR" Y "DESMORALIZAR"
Acusa a la formación de Mariano Rajoy de crear "crispación", de ir "al choque frontal" y de provocar "debates estériles y desmoralizadores", entre otras lindezas.

Lo que hay detrás de este acuerdo entre el PSOE y sus aliados es un intento de boicotear todas las iniciativas parlamentarias del PP en materia de lucha antiterrorista, que, según fuentes solventes, serían rechazas en bloque y sin discusión.

Ayer mismo, Rajoy había propuesto cinco iniciativas, entre las que figuraban la posible ilegalización del PCTV, la revocación de la resolución de mayo de 2005 del Congreso y el debate sobre la política de la Fiscalía en relación a los delitos de terrorismo.

Como subraya El Mundo en su editorial, todo indica que estamos ante una maniobra de distracción del Gobierno para disimular sus errores y evitar la rectificación que le pide el PP:

"Pero, sea cual sea su finalidad, el comunicado del PSOE contradice los principios que dice defender Zapatero y muestra una cara totalitaria, hasta hoy oculta. Ello evidencia la impotencia y la desorientación de un líder desbordado por la realidad y que ha pasado del `talante´ como receta mágica a una democracia que amordaza a sus opositores o se tapa los oídos cuando hablan. Para esto, que cierre el Parlamento cada vez que alguien proponga algo que no le guste".

LAS CINCO PROPUESTAS DE RAJOY
El líder del PP, Mariano Rajoy, anunció un paquete de cinco iniciativas parlamentarias, que también pretende debatir en la próxima reunión del Pacto Antiterrorista, entre ellas una Proposición No de Ley que insta al Gobierno a que inicie el proceso de ilegalización del Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV).

Las otras medidas que trasladará a la Cámara son pedir al Ejecutivo que ordene a la Fiscalía solicitar la apertura de juicio oral y las máximas condenas en el caso Egunkaria, así como la persecución de todas las actuaciones de Batasuna a fin de impedir su "normalización".

Una cuarta proposición consiste en instar al Gobierno a que, a través de la Abogacía del Estado, comunique al Tribunal de Estrasburgo que no han cambiado las circunstancias respecto a la ilegalización de Batasuna por formar parte de una organización terrorista.

La quinta consiste en someter al Congreso la revocación de la resolución de mayo de 2005 por la que el Gobierno fue autorizado a dialogar con ETA en ausencia de violencia.

UN GABINETE DESAPARECIDO O EN DISPERSIÓN
LA onda expansiva política del fracaso del proceso de diálogo con ETA ha puesto de manifiesto la falta de envergadura del equipo de gobierno que dirige Rodríguez Zapatero.

El diálogo con los terroristas, el final de la violencia y la generación de expectativas sobre el alto el fuego -todo ello trágicamente roto el 30-D- han sido omnipresentes en la agenda política nacional.

Todas las energías del Gobierno se concentraban en tales objetivos y daba la impresión de que los propios ministros -excepto los miembros del Ejecutivo directamente relacionados con el proceso- habían asumido un segundo plano pasivo, a la espera de que el buen fin del proyecto de Zapatero actuara de justificación colectiva.

Aun así, muchos ciudadanos se preguntaban, y siguen haciéndolo, a qué se dedican los ministros de su Gobierno.

Tras el bombazo y los dos asesinatos en la T-4 de Barajas, y cuando aún restan formalmente catorce meses -mucho tiempo- hasta las próximas elecciones generales, las carencias de Zapatero y su equipo son inocultables.

La impresión de que la mayoría de los ministros se habían hecho invisibles está confirmada por la evidencia de que la legislatura no tiene proyectos -más allá de los meramente legislativos- y de que el Ejecutivo no tiene crédito suficiente para aguantar hasta marzo de 2008.

Como en otros problemas que lastran la actuación del Gabinete, el personalismo de Zapatero ha sido absoluto en la toma de decisiones, sólo asistido por un reducido grupo de ministros de confianza y de asesores -algunos de los cuales se han hecho acreedores del finiquito- reconvertidos en una especie de gabinete frente al resto del Ejecutivo.

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