AGLI

Recortes de Prensa    Sábado 20 Enero  2007

Terroristas juveniles
Bofetón para ZP Libertad Digital 20 Enero 2007

La decisión del Tribunal Supremo en la que determina que las asociaciones juveniles de ETA son organizaciones terroristas es una excelente noticia, que además supone un auténtico bofetón en la cara del proceso de rendición, ese que Zapatero se obstina en mantener en marcha. No obstante, es un poco sorprendente que sea una noticia de portada el que la Justicia diga que los terroristas son terroristas. Y es que el gran éxito que supuso para los demócratas españoles el reconocimiento judicial de que todas las secciones del organigrama etarra forman parte de la banda terrorista parecía ya algo olvidado y lejano.

El problema nació con esta legislatura, en la que Zapatero y su Gobierno han volado todos los diques que al Estado de Derecho le llevó años levantar para defendernos del terrorismo. Era su manera de facilitar el diálogo con ETA y así encauzar el proceso de rendición. De hecho, ahora que la Justicia reacciona y deja las cosas donde deben estar, el Gobierno ha vuelto a quedarse fuera de juego, más cerca de las pretensiones etarras que de sus obligaciones democráticas.

La decisión del Supremo llega el día después de que Zapatero e Ibarretxe se reunieran en Moncloa de forma clandestina. Sólo después de ese encuentro a escondidas se hicieron públicos dos comunicados en los que se recogía la buena sintonía y los deseos de trabajar juntos por la paz. Buenas palabras tras las que se esconden perversas intenciones. Esta misma semana la portavoz del Gobierno vasco imponía a Zapatero dos condiciones para pactar: acercamiento de presos y derogación de la ley de partidos. Si pocas horas después los dos políticos se reúnen y salen con acuerdos bajo el brazo es que el presidente del Gobierno ha vuelto a pactar para sacar adelante su plan de rendición "como sea".

Zapatero ha fracasado en su proceso. Ahora, después del atentado de Barajas, necesita socios nuevos y los ha encontrado entre los nacionalistas vascos, aquellos que siempre han defendido la cesión completa y total a las pretensiones de los terroristas, más que nada porque son las suyas propias. El árbol y las nueces, recuérdese. Zapatero e Ibarretxe parecen entenderse a la perfección en ese terreno.

Decisiones como las de este viernes del Tribunal Supremo son un alivio pasajero en el tortuoso camino por el que nos conduce Zapatero. El mero hecho de que supongan un consuelo, que sean noticia de portada, significa que nuestra democracia está muy deteriorada. Nuestras libertades son ahora mismo arcilla en manos de un irresponsable visionario. No cabe, por tanto, esperar nada bueno de lo que nos queda por delante.

El Supremo y los satélites etarras
Editorial ABC 20 Enero 2007

LA Sala Segunda del Tribunal Supremo ha despejado en buena medida toda la confusión acumulada en los últimos meses sobre ETA y sus entramados y ha sentado un contrapunto a las reiteradas peticiones de que los jueces apliquen las leyes de conformidad con la «realidad social». Para los magistrados del TS, que han revocado la discutible sentencia dictada en su día por la Audiencia Nacional sobre Jarrai, Haika y Segi -el frente juvenil de ETA-, la «realidad social» de estas organizaciones es que son parte de una banda terrorista y sus dirigentes deben ser castigados como terroristas. Nada más. La sentencia será también para muchos defensores del «proceso» una decepción que frustre sus intentos de implicar a los jueces en un proyecto político y partidista de negociación con los etarras. ETA es terrorista y todo lo que la integra es también terrorista. Quien hubiera querido otra cosa, más benevolencia o, sencillamente, la impunidad de los proetarras tendría que haber asumido su responsabilidad públicamente, haber acudido al Parlamento y haber propuesto las reformas legales pertinentes. Los jueces no están para hacer el trabajo que corresponde en exclusiva a los legisladores.

La decisión del Supremo es el primer pronunciamiento firme -sin perjuicio de lo que pueda decir el Tribunal Constitucional en el caso de que puedan recurrir los condenados- que acepta la extensión del concepto jurídico penal de terrorismo a la actividad de los grupos proetarras. En este caso, la Sala Segunda corrige la decisión previa de la Audiencia Nacional, que rechazó la calificación de terrorista para Segi/Jarrai/Haika, con el argumento de que sus miembros no utilizaban armas, obviando dos aspectos fundamentales de estas organizaciones: que están incrustadas en la estructura jerárquica de ETA y que practican la violencia callejera con materiales explosivos e incendiarios. El Supremo ha puesto las cosas en su sitio: a estos grupos en ETA y a sus dirigentes, en la cárcel. Esta doctrina judicial es, por tanto, un precedente fundamental para la resolución de las causas pendientes contra los demás frentes de ETA, como el que se juzga en el sumario 18/98 o el de «Egunkaria», en la que la Fiscalía solicitó un sobreseimiento que quizá ahora deba rectificar.

La trascendencia política de este fallo es también evidente. Supone la convalidación de la anterior estrategia judicial antiterrorista, gracias a la cual se rompió definitivamente esa especie de empate permanente entre ETA y el Estado, y permitió desbaratar el mito de la imbatibilidad de los etarras. El mismo mito que ahora algunos quieren resucitar para justificar el diálogo con los terroristas. Lo cierto es que esta sentencia nos acerca más al fin de ETA que todas las reuniones clandestinas del PSE con Batasuna. Ahora se ve bien que la presión legal, sólo del Estado de Derecho, contra ETA no fue la obsesión del anterior presidente de Gobierno, ni el resultado de una acomodación política de los Tribunales. Queda claro que todos hicieron lo que debían hacer: el Gobierno de Aznar, apoyando la acción de la Justicia; la Fiscalía -merecido reconocimiento a los denostados Jesús Cardenal y Eduardo Fungairiño-, acusando a quien tenía que acusar; y el instructor, levantando el velo que cubría a los «satélites» y títeres de ETA.

Es preocupante la posibilidad de que nunca se habría alcanzado esta sentencia si los criterios del actual Gobierno hubieran estado vigentes cuando empezó la investigación judicial. El mismo partido que ha rehabilitado políticamente a ETA y el mismo Ejecutivo cuyo presidente hace guiños a Arnaldo Otegi difícilmente habrían instado las reformas legales y apoyado las acciones judiciales gracias a las cuales hoy ETA está más dañada que ayer. Por su parte, el fiscal general del Estado, quien heredó la posición de la Fiscalía en este sumario, cuenta ya con una resolución del más alto Tribunal con suficiente solidez para modificar las equívocas posiciones del Ministerio Público en otros sumarios contra la izquierda proetarra. Es probable que los terroristas se tomen esta sentencia como un nuevo incumplimiento del supuesto compromiso de impunidad que, según las filtraciones interesadas de ETA, habría adquirido el Gobierno en las reuniones previas al alto el fuego. No faltarán además quienes deslicen culpas contra los jueces por lo que pueda pasar. Unos y otros demuestran así que el Estado de Derecho es el único camino infalible para derrotar a ETA.

El consenso minoritario
Zapatero y los reaccionarios
GEES Libertad Digital 20 Enero 2007

En los últimos días, dos comunicados han saltado a la luz en relación con el Partido Popular. En primer lugar, el del PSOE, donde se exige al PP "que se una a todos los partidos democráticos" para "dar imagen de unidad", denunciando su "estrategia de división y confrontación". En segundo lugar, el de ETA: "Hay que alejarse de PP, UPN y de las fuerzas de la derecha fascista del Estado y las fuerzas democráticas deberían atreverse a hacer una segunda reforma del Estado español."

¿Quiénes son "todos" los partidos democráticos? Recordemos. En las elecciones de 2004, CIU obtuvo un 3,28 % de los votos y ERC un 2,56 %. PNV y EA obtuvieron un 1,35 % de los votos uno, y 0,32 % el otro. IU un 3,15 %, Coalición Canaria un 0,92%, BNG un 0,82 % de los votos; La Chunta Aragonesista obtuvo un 0,37 %, Nafarroa Bai obtuvo un 0,24 % y Entesa un 0,49.

Esta es la unidad de "todos" los partidos a la que Zapatero (43,27%) exige que se sume el Partido Popular (37,81%). Lo cierto es que el partido de Rajoy tiene diez veces más votos que el primero de los aliados de Zapatero; y su aliado UPN obtuvo en 2004 más votos que EA, Entesa, CHA y Nafarroa Bai, aunque ni Rubalcaba ni Zapatero reciben a sus dirigentes.

Pero hay algo más: de esta mayoría democrática que entusiasma a Zapatero, un buen número de partidos jamás ha querido la derrota de ETA, y ha querido siempre dialogar con ella, por la sencilla razón de que sus objetivos son los mismos; ERC, PNV, EA e IU han buscado siempre acabar con la democracia parlamentaria española para construir sistemas políticos alternativos. En su honor recordaremos que ni lo han disimulado ni lo han escondido nunca.

Necesario es ser realistas. Zapatero ha abierto las puertas del poder a grupos que ni esconden ni disimulan su espíritu antisistema; ni Llamazares, que aboga por una democracia colectivista, ni Uxue Barkos que defiende la aniquilación de Navarra o Joan Tardá, que busca imponer el nacionalsocialismo en media franja mediterránea. Ninguno cree en las bondades de la democracia parlamentaria española, la inaugurada en 1978 y que consagra un régimen análogo al de Gran Bretaña, Francia o Italia. Todos y cada uno de ellos están a otra cosa distinta: a dinamitar el Estado y construirlo según sus ideologías, que de parlamentarias tienen lo justo y que parecían haber muerto en el siglo anterior.

En cierto sentido, son profundamente reaccionarios: con unas ideologías muertas y ancladas en los años treinta del siglo XX, buscan desesperadamente volver a la Transición para borrar el progreso y el avance de la España democrática y parlamentaria. Ningún logro habían conseguido en su intento involucionista frente a la mayoría constitucional PP-PSOE hasta que Zapatero decidió volver atrás con ellos, demoler el edificio constitucional-pluralista y negociar el nuevo régimen con la banda terrorista ETA.

Ni toleran ni admiten que el PP se plante contra ETA. Exigen que trague, que lo haga en silencio y que nada cuente a los ciudadanos. De parlamentarismo, nada de nada. De pluralismo y transparencia, ni hablar. O eso, o el ostracismo político, amenazan. ¿Existe algo más reaccionario en la Europa occidental que negociar con un terrorista cómo cambiar de régimen y pactar con nacionalsocialistas, comunistas y nacionalistas marginar al gran partido liberal-conservador y amordazarlo en el Parlamento? Cuando Europa busca extender la democracia por el mundo, Zapatero se sienta en la mesa con los terroristas que mataron hace quince días a dos personas, y se dedica ufano a dinamitar la democracia parlamentaria junto a la minoría de nacionalsocialistas, comunistas y nacionalistas. De Zapatero lo esperábamos todo. Pero que encabece la reacción antidemocrática en España es una novedad. Por ahora.

GEES, Grupo de Estudios Estratégicos.

Terminal T4
Visión de una ruina
José María Marco Libertad Digital 20 Enero 2007

Salir de la Terminal T4 del aeropuerto de Barajas para coger un taxi o el autobús es enfrentarse directamente a una imagen de guerra: el gigantesco agujero bombardeado por los etarras, donde se afanan algunas máquinas que a primera hora de la mañana, entre la niebla y el estrago de hierros y cemento retorcidos, parecen minúsculas, como casi liliputienses parecen los operarios que las manejan.

También es la visión inolvidable de la tumba de dos personas, por cuyo recuerdo surge inevitablemente el deseo de rezar.

En el avión acabo de leer las palabras que Rodríguez Zapatero dedicó al PNV en el famoso pleno de enfrentamiento con Rajoy, un pleno que al parecer no se repetirá porque la democracia española ha decidido suprimir de un plumazo la discusión sobre el terror en sede parlamentaria: "Quiero resaltar desde esta tribuna, no sólo agradecer sino resaltar, el comportamiento del PNV. Quedará, se lo aseguro, en la memoria de muchos ciudadanos de este país, quedará en la memoria del PSOE cuál ha sido su comportamiento. Quedará grabado para mucho tiempo, se lo puedo asegurar, y esas son las cosas que merecen la pena haber vivido: sabedor que existen formaciones políticas integradas por personas tan responsables."

No son las palabras de un aliado político. Son palabras de amor. Las palabras de amor de un hombre al que acaban de rescatar de un aislamiento infinito, de una depresión tan profunda como el hundimiento de todo un proyecto de vida.

Es inevitable relacionar la visión de la ruina y la muerte con esta gratitud, expresada como pocas veces se expresa en público. Como si la ruina del aparcamiento de la T4 y el asesinato de dos personas hubiera conseguido lo que Zapatero había estado buscando: la reconciliación con el nacionalismo llamado moderado, el que no pone las bombas pero jamás será bombardeado y ahora, como Zapatero, recoge los cascotes como si fueran el premio de su empeño... pacifista.

Paradójicamente, lo que tenía que haber sido la ruina del Gobierno de Zapatero parece haberse convertido en una vía de salvación. Recentrado gracias a la obsequiosidad del PNV, Zapatero parece incluso haberse reconciliado con Rubalcaba. En contra de lo que apuntó Felipe González, el amortizado Líder Máximo, sí que había un plan B. Parece que consistía en esto, justamente... Ahora queda el precio, que pagaremos todos los "ciudadanos de este país". ¿En qué consistiría el Plan C del que presumió en su recuperado tono desafiante el ministro del Interior? Mejor no imaginarlo.

El caso es que sobre la terrible ruina del aparcamiento de la T4, paisaje español donde los haya en estos momentos, se cierne otra sombra no menos siniestra. La de un partido nacional y democrático –el PP– que, habiendo visto cumplidos todos sus análisis, contempla con irritación –habrá quien lea en esa clave el tono empleado por Rajoy en el pleno del Congreso– cómo el responsable político del estrago ha conseguido zafarse una vez más del agujero.

Después de todo lo que el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid hicieron en las horas posteriores al bombardeo, faltó la voz que diera sentido al esfuerzo, a la buena voluntad, a la solidaridad y al sacrificio. En la cúpula del Partido Popular harían bien en reflexionar cómo se ha podido llegar a tamaño desperdicio. ¿Hasta dónde creen algunos responsables políticos que puede llegar la confianza y la paciencia del electorado?

Requisitos para ser presidente
Juan Carlos Escudier El Confidencial 20 Enero 2007

Ha dicho Rajoy que tendríamos que ir pensando en ampliar los requisitos para ser presidente del Gobierno porque lo de ser español y mayor de edad no le parece suficiente. Lo decía, claro, mirando de soslayo a Zapatero, sobre el que periódicamente suele descargar invectivas que cuestionan su capacidad, no ya para dirigir el país sino para llevar las cuentas de una comunidad de vecinos. De los requisitos para ser líder de la oposición no dijo nada porque, al fin y a cabo, debe el puesto al dedo de Aznar y no podemos esperar que en el futuro todos los jefes de la oposición sean señalados digitalmente por el ex presidente, salvo que lo convirtamos en una ceremonia parlamentaria y momifiquemos su índice, al estilo del brazo incorrupto de Santa Teresa.

De Zapatero ha vertido Rajoy tantos epítetos en los tres últimos años que un diputado del PSOE, Rafael Estrella, ha llegado a coleccionarlos. Por citar algunos de ellos, Zapatero, además de “bobo solemne”, ha sido definido como irresponsable, grotesco, frívolo, inexperto, antojadizo, veleidoso, inconsecuente, acomplejado, perdedor complacido, radical, taimado, maniobrero, agitador, ambiguo, débil e inestable. Rajoy ha llegado a llamarle “hooligan británico”, sabiendo de antemano que los idiomas no son el fuerte del presidente del Gobierno, virtud ésta que sí adornaba a su antecesor, un hombre con enormes facultades para imitar acentos, especialmente el chicano.

Esta costumbre de presentar al oponente como un incapaz “que tiene la cabeza de adorno”, dicho sea en palabras del propio Rajoy, puede satisfacer a quienes ocupan las primeras filas en torno al cuadrilátero y disfrutan mientras la sangre del boxeador que presumen noqueado salpica sus abrigos, pero provoca una reacción alérgica en el resto. Sobre todo, porque el insulto no sólo se clava en la fina piel del presidente –otra expresión del líder del PP- sino que aguijonea a los millones de electores que le han votado, que no suelen tomar a bien que alguien les llame imbéciles, aunque ese alguien sea registrador de la propiedad.

Tenemos por tanto entre nosotros a una mente privilegiada o, en su defecto, a alguien con una acreditada superioridad intelectual, no ya respecto a Zapatero sino sobre los 11 millones de españoles que se dejaron embaucar por este sonriente “chisgarabís” presidencial –el entrecomillado es de Rajoy-. Y lo lógico hubiera sido que cerebro semejante hubiera iluminado el camino como un faro de conocimiento, aportando soluciones deslumbrantes a los problemas de España si es que quedaba alguno, porque no hay que olvidar que la ‘mente maravillosa’ de Rajoy ha dispuesto de varias carteras ministeriales y ha sido vicepresidente de Aznar, otro pozo de sabiduría que sostenía que al terrorismo internacional se le combatía invadiendo Iraq, con los magníficos resultados que pueden observarse.

Sin embargo, o la bombilla del faro es de bajo consumo y tarda en encenderse o ha estado fundida algunos años, porque las alternativas procedentes del PP han sido escasas. Eso sí, las luces del partido se han dirigido a buscar con denuedo una relación entre ETA y el 11-M, a pesar de que, como todo el mundo sabe, ETA en 2004 estaba derrotada gracias al Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo, ese ‘papelito’ con el que Zapatero se ha hecho un avión para distraer a los niños de los nacionalistas.

Es en ese asunto del terrorismo donde la inteligencia de Rajoy se ha desplegado en toda su amplitud, aunque las neuronas le hayan patinado. De Zapatero no podíamos esperar nada porque un tipo tan lelo era normal que fuera engañado por Ternera y Txeroki, dos acreditados jugadores de póquer. Pero en el líder de la oposición, cuya posición contraria al diálogo ya conocíamos, teníamos confianza, sabíamos que su análisis sobre lo que realmente estaba pasando tenía, por fuerza, que ser certero.

Desde el PP se nos ofrecieron crónicas pormenorizadas de la ‘rendición’. Un lunes Zapatero reconocía a ETA el derecho de autodeterminación de Euskadi; un miércoles, concedía la anexión de Navarra al País Vasco, chistorra y pacharán incluido. El fin de semana pactaba la excarcelación de todos sus gudaris y aceptaba pagar a cargo del Erario los aurreskus de homenaje. Todo estaba meridianamente claro, o eso parecía.

El atentado del día 30 de diciembre dejó en evidencia al presidente del Gobierno, que al día anterior cortaba la cinta de la Arcadia feliz. Se equivocó, tal y como ha reconocido, algo que a nadie debe extrañar tratándose de un tipo que no reúne los requisitos necesarios para ser presidente del Gobierno. Pero, ¿y Rajoy? ¿Cómo hacer compatible el bombazo con la evidente claudicación por él anunciada? ¿Cómo cuadró el círculo? ¿Rectificó al menos?

La reacción del presidente del PP ha sido toda una manifestación de clarividencia. Cualquier político pelagatos y sin principios hubiera corrido a ponerse al lado del Gobierno, a manifestar su solidaridad en la calle con las víctimas, a cerrar filas frente a los salvajes. En lugar de eso, subió a la tribuna a echar un rapapolvo a Zapatero, culpable por activa o por pasiva: si le ponen bombas porque no ha cedido y si no se las ponen porque ha entregado también La Rioja.

La mayoría de los españoles, según las encuestas, han visto en Rajoy altanería y soberbia. Les ha parecido mal que se haya ensañado con ese pobre hombre que es Zapatero. No han entendido que las palabras del líder del PP eran el reflejo de su inteligencia superior. No cumplen, en definitiva, los requisitos para ser presidente del Gobierno. ¡Cuánto zote anda suelto!

escudier@elconfidencial.com
Rajoy frente al ‘doctor terror rojo’
Federico Quevedo El Confidencial 20 Enero 2007

La imprecación de Aznar –“¡váyase, señor González, váyase!”- retumbó en el Hemiciclo del Congreso de los Diputados y cayó como una losa sobre un Felipe González que acusó el golpe. No se fue, obviamente, pero acosado por la corrupción y los crímenes de Estado las urnas le harían pagar la factura de sus errores. Unas urnas que, sin embargo, todavía se mostraron temerosas ante lo desconocido, de ahí que la diferencia en 1996 no fuera lo que auguraba la situación político-económica en aquel momento. Con todo, gracias a que las urnas dieron a Aznar un resultado ajustado, vivimos una de las mejores legislaturas de la democracia, una legislatura de consenso, de mejora sustancial de la situación económica, de normalidad y de desarrollo. En fin, no quiero extenderme sobre aquello, sino fijarme en el hecho concreto de que en aquel entonces, cuando quien gobernaba la nave lo hacía en medio de una tormenta en todos los sentidos, se vio que era posible la alternancia, un hecho sin duda muy necesario para la consolidación de una democracia joven como la nuestra. Claro que no todo el mundo pensaba lo mismo, esa es la virtud de una democracia. Pero sí un número suficiente de personas que hicieron cambiar las cosas.

El escenario hoy no es menos desolador y, también como entonces, parece sobrevolar sobre la indiferencia nacional la duda de si hay o no alternativa al Gobierno de Rodríguez Zapatero. Hace una década le tocó a Aznar demostrar que la derecha liberal que encarnaba, poco o nada tenía que ver con esa imagen retrógrada y carpetovetónica que hasta entonces atesoraban los conservadores españoles, llevados de la mano por Manuel Fraga y un ilustre sanedrín de figuras sin duda destacables en cuanto a su capacidad intelectual y dotes de oratoria, pero muy alejadas de la realidad de la calle, muy al margen de los cambios sociales que se estaban produciendo en nuestro país. Si algo hay que reconocerle a José María Aznar, entre otras muchas cosas –la comparación con este presidente accidental e irresponsable resulta odiosa para su predecesor-, es que lograra convertir un partido anclado en posiciones conservadoras y cuyo ‘techo electoral’ no daba más de sí por razones evidentes, en un gran partido de raíces liberales y, sobre todo, reformista, que en cuanto tuvo la oportunidad de demostrar lo que sabía hacer en el Gobierno, conectó con amplias capas sociales y con diferentes sectores de edad en todo el país.

Bien es verdad que todo lo que se atesoró en seis años de gobierno se dilapidó en los dos últimos, pero eso es harina de otro costal. La cuestión es si ahora, cuando asistimos a uno de los momentos más dramáticos de nuestra historia democrática, con un Gobierno que navega a la deriva, sin agenda política de ninguna clase, supeditado a un ‘proceso de paz’ que hace aguas por todas partes y dirigido por un presidente entregado, sabe Dios por qué razón, a hacer buena la causa de ETA con todo lo que eso supone –ruptura de los modelos de Estado y de convivencia que nos dimos con la Constitución de la Concordia-, la cuestión es, decía, si existe tabla de salvación, madero al que agarrarnos a ser posible antes de que el barco naufrague, y si no después para evitar hundirnos en medio de la tempestad. Tampoco en este caso la comparación es del todo procedente, y seguro que a ambos protagonistas les disgustaría, pero si había alguien en el PP capaz de retomar el proyecto reformista y la oferta de regeneración democrática que Aznar abandonó llevado a lomos del caballo de la mayoría absoluta, ese es, sin duda, Mariano Rajoy.

Sin embargo, el momento que le ha tocado vivir a Rajoy es, sin dudarlo, infinitamente más complejo y harto difícil. González odiaba a Aznar –bueno, la animadversión era mutua-, pero ni siquiera en el peor de los momentos el Gobierno dejó de hablar con el PP de los temas esenciales, e incluso se cerraron acuerdos importantes sobre el modelo de Estado, y eso que quienes en aquella época también hacíamos información parlamentaria escuchamos de todo en la tribuna del Congreso, y no menos duro y tenso que lo que hemos podido escuchar en ocasiones recientes. Rajoy tiene que lidiar en una tesitura muy diferente, porque ahora él y su partido se han convertido en el enemigo a batir por una política sectaria y radical llevada a cabo con un diseño muy bien elaborado, incluso desde antes de ganar las elecciones, por Zapatero y sus principales aliados parlamentarios, los mismos que firmaron aquel famoso Pacto del Tinell que todavía hoy sigue vigente, porque en ese pacto faltaba un firma que no estaba físicamente pero si moralmente, la de la banda terrorista ETA que lo bendijo en Perpignan. A Marx le llamaban al final de su vida doctor terror rojo. Hoy podemos decir de Zapatero que es nuestro doctor terror rojo del Siglo XXI.

Por eso no puede sorprender el tono empleado por Mariano Rajoy el pasado lunes en la Tribuna del Congreso. Es verdad, y en eso parecen coincidir muchas personas a las que les gustaría que Rajoy ganara las elecciones, que el líder del PP nos acostumbra a una de cal y otra de arena, a discursos brillantes que se suceden a meteduras de pata a veces tan graves como la de unos días antes con la famosa manifestación del sábado anterior, aunque supongo que también en eso los líderes políticos demuestran que son humanos. Pero en su intervención del lunes Rajoy superó todos los registros de brillantez parlamentaria, nos obsequió con una dosis de oratoria difícil de igualar y con un discurso que llevaba una carga de profundidad que habrá que seguir analizando en el futuro por lo que implica de toma de posición definitiva sobre lo que debe ser el modelo de país que queremos para el futuro, sobre todo en un momento en el que nuestra sociedad se resiste a salir de un letargo en el que parece haberse acomodado sin que nadie logre despertarla y remover sus principios e impulsos éticos y morales. Ese “seguirle a usted es un suicidio” que le dedicó a Zapatero supera en intensidad, pero sobre todo en definición de la tragedia, al “váyase, señor González, váyase”, con que Aznar hizo temblar los cimientos del socialismo en el poder.

Zapatero ha ofrecido a ETA una de sus mayores victorias como banda terrorista. Decía Mirabeau que bastarían diez hombres unidos para hacer temblar a cien mil desunidos, y ese es exactamente el escenario ante el que nos enfrentamos, una ETA fuerte y un movimiento radical cohesionado –no se crean ni una sola de las palabras de supuesto distanciamiento de Batasuna, porque todo lo que dicen pasa antes por el tamiz de la dirección terrorista-, y en frente unos demócratas dedicados a la gresca. Lo difícil es hacer compatible el mensaje de firmeza, con esa necesaria conexión social que necesita Rajoy para lograr la victoria en las elecciones. Pero no me cabe duda de que en el ánimo del líder del PP manda un espíritu reformista e innovador, liberal y moderno, que en cuanto pueda despojarse de la toga de oposición dura al Gobierno de Rodríguez, dará muestras más que suficientes de su empeño por la regeneración del sistema democrático, como única manera de conseguir que se acabe por consolidar el gran proyecto de Nación plural y moderna que nació en 1978.

No es la primera vez que lo decimos, pero es evidente que los tiempos que le han tocado vivir a Rajoy como líder del PP son como para haberse bajado en marcha. Y, sin embargo, ha seguido ahí, enfrentado a las tensiones internas y, sobre todo, a las presiones mediáticas del entorno de su partido, y a un presidente, al doctor terror rojo, empeñado en hacer desaparecer a la oposición de la vida política española como fórmula necesaria para mantenerse en el poder. Ahora le toca hacer, de nuevo, un discurso de oposición en el que, sin duda, el líder del PP se siente menos cómodo porque no va ni con su talante ni con su forma de ser el buscar la confrontación... Por eso, si el PP tiene un interés real en ganar las elecciones, a la política de firmeza frente a ETA y frente al doctor terror rojo, Rajoy debe añadir una permanente oferta reformista que atraiga a las clases más progresistas de nuestro país, a los que hoy por hoy no saben muy bien por qué decantarse en las próximas elecciones, y a los que, sin embargo, puede atraerles una idea regeneracionista de la democracia. Sin miedo, sin complejos, porque la única ideología verdaderamente revolucionaria se encuentra en el liberalismo del que se nutre principalmente el ideario del PP. Lo demás, la izquierda gobernante, no son sino sucedáneos pseudodemocráticos de la peor de las ideologías: el marxismo.

fquevedo@elconfidencial.com

Negociar con las mafias termina en San Valentín, para ZP también
Enrique de Diego elsemanaldigitall 20 Enero 2007

Ha perdido el sentido de la realidad. Ha creído cambiarla a base de buenas intenciones y palabrería. Su objetivo final, el abrazo de Vergara con Josu Ternera. Pero todo se paga.

20 de enero de 2007. La legitimidad del poder se basa en la legitimidad de origen y en la de ejercicio. El Gobierno actual tiene legitimidad de origen, pues fue votado en las urnas, pero nació con una fractura en esa legitimidad por las extraordinarias circunstancias que concurrieron en su acceso al poder. Tiene, pues, una fractura en la legitimidad de origen.

Zapatero y el PSOE no hubieran ganado sin la masacre de Atocha. Esto no es una suposición. Inducen a ello, sin duda, la unanimidad de las encuestas que daban al PP como ganador. Pero por si alguien le queda alguna duda, tenemos los resultados del voto CERA, emitido antes del 7 de marzo. Antes, por tanto, de que se produjera el atentado. Datos cantan. En los 334.730 votos emitidos desde 111 países por los españoles emigrantes el PP ganó con una distancia de 13 puntos respecto al PSOE. En concreto, con el 51,14% de los votos, frente al 38,41% del PSOE.

El dato alcanza todo su significado si se estudia el histórico del voto CERA. Desde 1986, ese voto ha favorecido al PSOE. Así, en 1987 la diferencia fue de 38,7 puntos a favor del PSOE. En 1996, cuando el PP ganó las elecciones generales con escaso margen, el voto CERA se decantó, sin embargo, con claridad hacia el PSOE por 27,83 puntos por encima. En las elecciones de 2000, cuando Aznar obtuvo la mayoría absoluta, en el voto CERA el PP sólo obtuvo una ventaja de 2,15 puntos. La conclusión es clara: el voto global en elecciones generales es más favorable al PP que el voto CERA. La extrapolación es sencilla: sin el atentado del 11-M, el PP hubiera ganado con mayoría absoluta.

Entre el 11 y el 14 de marzo, el PSOE y la SER, radio de propaganda a la ruandesa, perpetran un golpe de Estado virtual, con acusación al PP de ser el culpable del atentado –y no los terroristas-, acosos a las sedes y violación abrumadora de la ley durante lo que debía ser jornada de reflexión. Ese golpe de estado virtual fue refrendado en las urnas.

El atentado y su utilización por Zapatero hacen que el sentido del voto se polarizara. Nadie votó sobre considerar o no matrimonio la coyunda de homosexuales. Ni sobre el modelo de Estado. Ni sobre la negociación con ETA. El Gobierno tenía legitimidad para retirar –con deshonor- a las tropas de Irak, ya que la nación se había acobardado. Y para de inmediato convocar elecciones anticipadas.

Con tan patético origen, Zapatero se dispuso a borrar las huellas haciendo algo grande: la foto del final de ETA, el abrazo de Vergara con Josu Ternera.

Zapatero ha ido perdiendo, progresivamente, el sentido de la realidad. Ha tensado al límite el Estado de Derecho. se ha entregado a los nacionalistas. Ha dividido a la sociedad, que ha resistido corajudamente, como demostrará de nuevo el 3 de febrero en Madrid a las 17 horas.

Zapatero ha creído que la realidad se cambia a base de buenas intenciones y palabrería. Ha permitido el rearme de ETA, y el surgimiento de una ETA donde se han reforzado los más duros.

Ahora ha puesto en marcha una estrategia de alto peligro. Tras coquetear durante años con los terroristas, está jugando en su terreno, en su interior. Pretende promover una escisión dentro de ETA. No se recata en ensalzar a unos frente a otros, en destacar las declaraciones de tal o cual, devenidos en hombres de paz. No le arriendo las ganancias. Este hombre es incapaz de aprender de la experiencia y de corregir sus errores. A ETA se la combate con Estado de Derecho. Cuando se juega con asesinos no sólo se traspasan todas las líneas rojas que dividen el bien y el mal, también se asumen riesgos elevados. Negociar con las mafias siempre termina en San Valentín. Remember.

La fuga hacia adelante de ZP
Antonio Pérez Henares Periodista Digital 20 Enero 2007

El Presidente Zapatero se ha lanzado a una alucinante fuga hacia adelante. Fracasado de manera estremecedora su "Proceso de Paz" está decidido a reeditarlo y para ello no duda en arrojarse a los brazos de quien hasta hace unos suspiros era considerado como autor de la insensata propuesta de un Plan Soberanista y Anticonstitucional, el lendakari Ibarretxe, que fue rechazado de plano por la soberana decisión del Congreso.
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Los socialistas exigen a su militancia y a sus votantes que defiendan cada día una cosa diferente y un aliado cada vez más nocivo. Las disciplinadas huestes siguen firmes y hay que reconocer su fe y su aguante. El aglutinante esencial , sin embargo, no son las propuestas ni del Gobierno, ni del Partido ni de sus líderes . El cemento que los une y reune es lo malo que es el PP.

Pues bien cuando un partido para cimentar todo su discurso solo recurre a lo pésimo que es su rival, y hace de ser "anti" su principal motivo y base argumental refleja la peor de las sintomatologias.

Mal síntoma y peor expectativa de futuro.

Añado, tan solo, que me parecería lo sensato que el debate se estuviera centrando, y dado que gobierna quien gobierna y dirige quien dirige, en las actitudes de quien dirige y quien gobierna. Porque ya digo, podemos aceptar , aceptemos si se quiere como principio ecuménico, la maldad intrínseca del PP. Muy bien. Pero es que de lo que toca es hablar del Gobierno, de lo que va a hacer el gobierno, de que está haciendo, de que pacta con estos nuevos aliados. Eso es lo que interesa. Ese es el objeto, habría de ser al menos, primordial del interés y de la mirada ciudadana.

En plata me importa muchísimo menos lo que pueda hacer el Pp, que es oposición y no Gobierna, que lo que haga Zapatero y el Gobierno que son quienes pilotan esta nave. Y tenemos derecho a saber donde nos llevan.

Porque a mi me resulta preocupante esa oscura reunión cuando la exigencia de Ibarretexe, anteayer, era : derogar la ley de partidos e legalizar a Batasuna o a una de sus sucursales, impunidad judicial (con la infamia de decir que hay "juicios políticos" y acercamiento de los presos etarra como premio.

Estoy más que seguro que mañana empezara el canto de sirena de que en realidad Otegui, no quería, “ella no quería oiga”, es que no quería, de verdad, ni ETA matar , que se le fue la mano. De hecho ya lo he oído.

Tristemente no tengo más remedio que ratificarme en el post anterior: El II Proceso de Paz ha quedado inaugurado.

Por criticar el anterior fuimos algunos poco menos que satanizados como orcos y fachas. Por criticar el que viene seremos arrojados a las tinieblas exteriores de la "progresia". Pero si algunos se han vuelto locos otros no tenemos porque seguirles en sus locuras ni en sus mantras. Y esta deriva es cada vez más peligrosa, menos explicada y aún mas inexplicable. Y si, ya solo se, el PP, malo , malísimo. Pero yo quiero que hablemos de quien gobierna, del Gobierno.

Nombres equívocos
TONIA ETXARRI El Correo 20 Enero 2007

Siempre que ETA reactiva su frente de negociación con el gobierno de turno, se tiende a relacionar, a favor y en contra, la acción de la Justicia con la coyuntura política. Y no sólo en esas circunstancias. Cuando el Tribunal Supremo declaró ilegal toda actividad de Batasuna por pertenecer al entramado político de ETA (mandato que se aplicó en todas las instituciones menos en el Parlamento vasco que presidía Juan María Atutxa) desde el Gobierno vasco en general y el PNV en particular se acusó al juez Garzón de «prevaricador» y lindezas de parecido nivel. Son así ellos.

Muchos de nuestros representantes no creen en la independencia judicial más que cuando se les da la razón. Ahora, ha vuelto a ocurrir. El proceso contra estos jóvenes de la denominada izquierda abertzale se había convertido en un auténtico test para el proceso de diálogo del presidente Zapatero con la banda terrorista. Y las reacciones han sido de lo más variado. Cuando la Audiencia Nacional, en junio de 2005, sentenció que Jarrai y sus sucesoras (Haika y Segi) eran meras asociaciones ilícitas, hubo quienes pensaron que este órgano judicial se adaptaba a los nuevos tiempos, tal como exigía la presión de ETA que llevaba ya dos años sin matar. Entonces, el Gobierno vasco no tuvo nada que objetar.

Pero aquella sentencia, en sí, tenía una interesante «deconstrucción». A saber: los jueces habían aceptado la vinculación de Jarrai con ETA en la comisión de actos de terrorismo callejero. Pero descartaban tipificar al grupo como banda armada porque no tenía constancia de que hubieran utilizado «armas de fuego de cualquier clase, bombas de mano, granadas explosivos u otros instrumentos semejantes ». Parecía ser que los cócteles molotov que provocaron serias quemaduras en algunos casos a patrulleros de ertzainas no fueron considerados armas.

Ahora, el Tribunal Supremo le ha enmendado la plana a la Audiencia después de haber estudiado los recursos de la Asociación de Víctimas del Terrorismo y de la propia Fiscalía: Jarrai, Haika y Segi son organizaciones terroristas.

La vicepresidenta Fernández de la Vega, consciente de las consecuencias de la sentencia en pleno proceso de ruptura del alto el fuego con el atentado de ETA, se muestra respetuosa. Pero el Gobierno vasco no se fía y prefiere estudiar el texto con detalle. Para el PP la sentencia ratifica la necesidad de recuperar el pacto antiterrorista en donde los dos principales partidos no tuvieron problema alguno en llamar a las cosas por su nombre. Ahora lo ha hecho el Alto Tribunal. Conviene no camuflar los conceptos con palabras equívocas. El Parlamento vasco ha condenado el atentado de Barajas pidiendo diálogo mientras las parlamentarias de EHAK se ausentaban para evitar la votación. Un comportamiento clónico de Batasuna en sus mejores tiempos.

Sobrevivir en la confusión
JAVIER ZARZALEJOS El Correo 20 Enero 2007

El pleno extraordinario sobre terrorismo que se celebró en el Congreso el pasado día 15 dejó algunas imágenes verdaderamente llamativas. El presidente del Gobierno descalificó a Rajoy porque, según Rodríguez Zapatero, el líder de la oposición «no tiene ni idea de política antiterrorista». Con similar desparpajo, el presidente se jactó de haber respetado «en todos y cada uno de sus apartados la resolución de esta Cámara de mayo de 2005», aquella resolución -hay que recordar- que apoyaba el diálogo con ETA si se manifestaban «actitudes inequívocas» de abandono de la violencia. No menos curioso es haber visto a la bancada socialista aplaudir en ausencia al presidente del Partido Nacionalista Vasco tras la agradecida alusión que le hizo Rodríguez Zapatero. De hecho la empatía llegó a tal punto que el portavoz nacionalista, en pleno arrebato transversal, solemnizó el absurdo político proclamando: «Señor Zapatero, compartiré con usted el fracaso»; a lo que, tratándose del PNV, podía haber añadido: «Pero sírvame poquito».

Nada más estéril y desalentador que el hecho de que el fracaso concite tantas adhesiones. Porque esa solidaridad en torno al fracaso, tanta benevolencia como la que exhiben los que hasta ayer actuaban de implacables inquisidores de otros, ese discurso llorón que quiere hacer de Rodríguez Zapatero un 'bambi' pacificador acosado por el cruel PP indican que la respuesta al desafío etarra por parte de la abigarrada coalición vigente de la izquierda y los nacionalistas discurre por el peor de los caminos: el voluntarismo hueco con pretensiones de superioridad moral, lleno de afirmaciones sin sentido. Durán Lleida, en nombre de CiU, habló en el pleno de «un fracaso colectivo», mientras el representante de ERC declaraba que su grupo «ahora y siempre» apostará por el diálogo. El presidente del Gobierno insistía en reprochar a Rajoy la falta de consenso, sin reparar en que fue él quien en mayo de 2005 decidió cambiar el apoyo de los 148 escaños del PP, en el marco del Pacto por las Libertades, por el de 38 en torno a una resolución incumplida por el propio Gobierno que la propuso.

Durante estos últimos meses Rodríguez Zapatero ha estado haciendo equilibrios imposibles con sus soliloquios sobre la paz y la política. Hoy no tenemos ni la una ni la otra. La paz no sólo deja de existir cuando ETA coloca una bomba de enorme poder destructivo y asesina a dos personas, sino cuando al propio concepto de paz se le priva del significado cívico que le proporciona la libertad como valor superior. La política certifica su ausencia cuando es sustituida por toda la colección de extravagancias fallidas, espejismos, y efímeras autocríticas que nos devuelven al viejo decorado -ya se verá hasta qué punto es así después de las elecciones municipales y forales-, en el que la tragedia se convierte en comedia de enredo.

En esta situación no puede extrañar que se hable de falta de liderazgo y de confusión. Lo milagroso sería que los ciudadanos no estuvieran confusos. Ahora bien, la confusión no es un defecto en la comunicación de Rodríguez Zapatero, es su objetivo. Ya deberíamos saber que muchos de los defectos por los que se critica a Rodríguez Zapatero son para el presidente cualidades que cuida con celo como instrumentos esenciales para su gestión política. Cuando, en su comparecencia tras el atentado de Barajas, habló de la suspensión del proceso y no de ruptura del mismo, dijo exactamente lo que quería decir. No hay 'lapsus' alguno en la calificación del atentado como 'accidente', término plenamente integrado a la jerga presidencial al menos desde abril de 2006 para referirse precisamente a estas ¿eventualidades?

Interpretarle de esta manera no significa atribuir a Rodríguez Zapatero ninguna carencia perversa de sensibilidad ante la brutalidad cometida por ETA. No es ésa la cuestión. Se trata de que el presidente del Gobierno realmente considera que lo ocurrido en Barajas es un accidente de recorrido en este proceso largo, duro y difícil que nadie más que él puede comprender en toda su complejidad. Cuenta con que el paso del tiempo haga bueno su fallido pronóstico de paz y prosperidad para 2007 y a ello se ha puesto sin más tardar llamando la atención sobre la supuesta importancia que habría que atribuir a las declaraciones de Otegi en las que éste definía las amenazas de ETA como 'línea de respuesta' y los asesinatos de la T4 como un lapsus de credibilidad del alto el fuego. Todos tenemos una determinada percepción de la realidad y el presidente tiene la suya, por preocupante que resulte.

La confusión como técnica de supervivencia de los defraudados se alimenta de declaraciones continuas y contradictorias en las que aquéllos prescriben el futuro. Suelen ser declaraciones de dos párrafos. El primero se dedica a afirmar con gran énfasis que las bases del proceso tendrán que ser radicalmente distintas en el futuro. En el segundo, el interlocutor (PSOE, PNV, ERC, IU) explica que ese cambio radical en las bases del proceso consiste en hacer exactamente lo mismo, una vez que ya se sabe que cuando el Gobierno fracase de nuevo estará muy acompañado. Lo cierto es que el proceso se ha asentado sobre un cúmulo de conjeturas equivocadas: la interiorización por ETA de su final, la irreversibilidad del fin del terrorismo, la transformación del entorno internacional, la autonomía del brazo político de los terroristas y, entre todas estas falsas suposiciones, la peor, la vinculación del final del terrorismo con una negociación política para alterar el marco institucional del País Vasco. Cambiar estas bases significaría que el Gobierno actuara sólo sobre certezas comprobadas y que hiciera bueno el rechazo a pagar precio político alguno, dando carpetazo de una vez a la gran mentira escenificada por Otegi en nombre de ETA en Anoeta, su oferta falaz de dos mesas para que los encapuchados se sienten a sus anchas y desarrollen su invariable estrategia. Con semejantes credenciales Rodríguez Zapatero pretende dar lecciones sobre terrorismo etarra al líder de la oposición, sin explicar cómo ha sido posible tal acumulación de errores -todos ellos reiteradamente advertidos-, empezando por el de la quiebra de un pacto de Estado en favor de una opción tan estruendosamente fallida. Rodríguez Zapatero tenía dos sobres. Abrió el de 'Josu Ternera' pero el premio estaba en el de 'Pakito'.

Hace falta bastante más para creer de verdad -y sobre todo para que ETA se crea- que en el futuro las cosas no serán igual y que los terroristas no podrán contar con que el Gobierno vuelva a estar ciego ante los signos y cometa los mismos errores que con tanto optimismo ha cometido. Si de verdad están dispuestos a que un eventual diálogo en el futuro quede sujeto al abandono de las armas por parte de ETA, así debe decirse, lo que implica olvidarse del punto 10 del Pacto de Ajuria Enea y de la propia resolución parlamentaria del 17 de mayo de 2005, que se limitan a pedir que los terroristas expresen voluntades y actitudes supuestamente inequívocas pero luego nunca confirmadas.

Si se niega el pago de precio político alguno por el cese definitivo del terrorismo, por qué no recordar que el Pacto por las Libertades circunscribe el diálogo a quienes tienen que ser sujetos del mismo, esto es, a los representantes legítimos de los ciudadanos y en las instituciones en que ese diálogo tiene que producirse. Nada de eso. Esta pretendida firmeza es sólo apariencia bajo la que esperan las conocidas exigencias radicales de que se desmantelen los instrumentos del Estado de Derecho que acabaron con todos los mitos legitimadores del terrorismo etarra. ¿Alguien cree que con absurdas expresiones de solidaridad con el Gobierno en su fracaso, con apuestas de diálogo permanente, o con la consagración de un supuesto derecho del Gobierno a equivocarse indefinidamente se está mandando a ETA el mensaje que merece su felonía?

Duerma la ley por un día
ANDONI UNZALU GARAIGORDOBIL El Correo 20 Enero 2007

Se ha hecho pública la sentencia del Tribunal Supremo sobre Segi y Jarrai. Y comienza de nuevo en Euskadi una de tantas trifulcas sobre la justicia y las leyes. Sabemos casi exactamente lo que cada tribu va a bramar estos días. Algunos verán en la sentencia el oráculo que anuncia la política antiterrorista del Gobierno, otros la victoria de una facción judicial sobre otra, otros, en fin, gritarán que es un atropello a la democracia.

A estas alturas es realmente difícil opinar sobre la justicia y sus sentencias porque es un sobresalto continuo: hay actuaciones judiciales de todos los colores, en todas direcciones y de forma simultánea. Ya sabemos que la aplicación de la justicia no es matemática pura, pero muchos sospechamos que la legalidad no es en la actualidad su guía más segura. Más allá de las discusiones formales, técnicas, que a la mayoría no alcanzan (y que realmente en el procedimiento judicial no son cosas menores), la actuación de la justicia debe ser razonablemente previsible por la ciudadanía común. La ciudadanía debe saber razonablemente lo que es delito y lo que no.

Hemos pasado del comienzo de la Transición, cuando opinar sobre una sentencia era casi sacrilegio, a trasladar los debates estrictamente políticos al terreno judicial. ¿Claro que se está politizando la justicia! Y podríamos añadir que en esto no se salva ni Dios, aunque es difícil encontrar ataques frontales tan desmesurados como las últimas declaraciones de la portavoz del Gobierno vasco. Y qué podemos decir sobre el procedimiento judicial del 11-M.

Es verdad que el actual enfrentamiento sin mesura entre el PSOE y el PP está dañando la credibilidad del sistema, pero la deslegitimación que, poco a poco, se está extendiendo sobre la judicatura es un daño mucho mayor para el sistema democrático. La verdad, no sé lo que los ciudadanos podemos hacer para remediarlo, más allá de la crítica razonada. Pero en Euskadi la situación es aún peor. El otro día oí a Maite Pagazaurtundúa decir que el problema que tenemos es que no existe el imperio de la ley. Comparto su opinión. El daño más grave que ha causado el terrorismo en Euskadi es la ausencia del imperio de la ley y, aunque duela decirlo, en esta labor ETA ha tenido un aliado inestimable en el nacionalismo institucional.

Estos días habrá en Euskadi mucha gente en contra de la sentencia del Supremo: obviamente casi nadie se va a leer la sentencia; algunos discreparán porque honradamente no están de acuerdo con la interpretación concreta que hace el alto tribunal. Serán los menos. La mayoría discrepará porque no acepta la legitimidad del Supremo español o porque no acepta la legislación aplicada. Un partido político puede criticar una ley concreta y proponer su modificación, lo que no se puede es no reconocer las consecuencias legales de una ley que no nos gusta. En este sentido el Gobierno vasco ha hecho los últimos años una labor de zapa de consecuencias nefastas. En Euskadi hay un sector nacionalista importante que no reconoce la legitimidad del Estado constitucional español. Ése es realmente el problema fundamental. Y mientras eso sea así todo debate sobre las actuaciones judiciales o la legalidad es imposible. La mayoría de los que van a criticar la sentencia del Supremo no reconocen la legitimidad de la institución ni de la ley aplicada. ¿Cómo podemos debatir en estas condiciones sobre la sentencia? Es imposible.

Antes he comentado que Maite Pagazaurtundúa decía que en Euskadi no existe el imperio de la ley. Y no existe por dos razones: porque sectores importantes de todo el nacionalismo no le reconocen legitimidad a la legislación constitucional, y porque no se aplica. Porque ha habido durante estos 25 años vacíos importantes reiterados y sistemáticos en su aplicación. Recordarán los lectores aquellas manifestaciones en las que un enorme rugido uniforme gritaba por las calles de Euskadi 'ETA mátalos'. No conozco ningún procedimiento judicial iniciado por estos hechos. O los homenajes a los miembros de ETA cuando salían de la cárcel, que casi siempre terminaban con el ardoroso 'Gora ETA militarra'. Homenajes que se realizaban, muchas veces, utilizando infraestructura municipal, con la autorización municipal y a veces con financiación municipal. No conozco ningún alcalde vasco inhabilitado por estos hechos. Es verdad que poco a poco se ha ido ampliando el territorio de la legalidad, en gran medida por la denuncia llevada a cabo durante muchos años por las víctimas del terrorismo. Hoy, esos hechos que narro no serían posibles. Pero supongo que serían igual de delictivos hace 15 años que ahora. ¿Dónde estaban los jueces, los fiscales, los policías?

Incluso los sectores que reconocían la legitimidad del Estado constitucional han ralentizado la aplicación del imperio de la ley en Euskadi. Básicamente se argumentaba que la aplicación estricta de la ley (¿de qué otra manera se puede aplicar?) generaría mayores problemas que beneficios. Que había que ir poco a poco. Y ese poco a poco ha resultado de una lentitud desesperante en Euskadi, mientras se afianzaba la creencia de que la ley era una especie de chicle que se amoldaba a las necesidades coyunturales.

Después vino el Pacto Antiterrorista y se impuso en los sectores que reconocían la legalidad constitucional la necesidad de la aplicación estricta sin condiciones. Fue un periodo de grandes beneficios, entre otras cosas nos enseñó que solamente la aplicación sistemática hace variar la opinión de la ciudadanía sobre la aceptación de la legalidad.

Y después vino la cosa, 'el proceso', y nos acogimos a los griegos clásicos. Decían los antiguos griegos que en ocasiones la situación concreta era tan atípica y particular que no permitía una solución justa y razonable aplicando la legalidad. Como resultaba dañino tanto aplicar la ley como menospreciarla, buscaron una solución en decir 'duerma la ley por un día', para permitirles las actuaciones necesarias sin menoscabo de la ley misma. Y al día siguiente, la ley despertaba. En Euskadi la ley lleva durmiendo una larga siesta, haciendo amagos de despertarse, de vez en cuando, con fuertes codazos.

Si a la guerra interna de los jueces añadimos la no aceptación del sistema judicial y la legalidad constitucional por parte del nacionalismo y la confusión de que no sabemos cuándo hay que dormir la ley o despertarla de su larga siesta, nos encontramos en la situación actual. No sabemos si Batasuna es legal o ilegal. Si Arnaldo Otegi es un mahaikide o un paseante pacífico al que casualmente rodean muchos periodistas cuando habla. Y a todo esto, uno me pregunta: 'Y usted, ¿qué opina sobre la sentencia del Supremo sobre Segi y Jarrai?'. Sólo puedo responderle: '¿Y qué me dice de la legalidad constitucional?'. Y antes de que brame, añado una frase del viejo Beccaria: «Para la eficacia de la justicia no es tan importante la cuantía de la pena como su inexorabilidad».

Izquierda liberal
Carod Rovira nos perdona la vida
Antonio Robles Libertad Digital 20 Enero 2007

Ando cansado últimamente y el sueño me desdibuja lo que leo o escucho. Pero no he de pararme por cosa tan humana cuando lo leído es tan escandaloso. Así que les cuento. El vicepresidente del Govern de la Generalitat de Catalunya, el señor Carod Rovira acaba de afirmar sin inmutarse que "la raza blanca es la propia de Cataluña, un patrimonio a preservar que requiere una promoción singular. Y la raza negra es una realidad estructural que debe asumirse".

Yo no sé ustedes, pero esto no puede haberlo dicho una persona respetuosa con la igualdad y derechos de todas las razas. Suena tan mal... Algún fallo debe de haber. Quizás, ya le digo, es el cansancio el que me equivoque y en realidad lo que escuché fue que "los hombres son las personas propias de Cataluña, un patrimonio a preservar que requiere de mimos especiales y las mujeres una realidad estructural que habrá que asumir". Aunque bien pensado, esto último nunca lo hubiera dicho un señor respetable y respetuoso con los derechos de las mujeres, y por lo mismo, nunca podría afirmarlo Carod Rovira.

No sé, puede que tampoco dijera esto, aunque de lo que estoy seguro es de la lógica de su doble enunciado. Me concentraré, no puede ser que esté tan confundido.

Ya está, quizás lo que de verdad dijo es que "los matrimonios católicos son los propios de Cataluña, un patrimonio a preservar que requiere una promoción singular y los matrimonios gays una realidad estructural que debe ser asumida". Esto ya me cuadra más, al fin y al cabo, quedaría fatal expulsar de Cataluña a los maricones...

No, no, no. Esto tampoco puede ser, ¿qué lenguaje es ese de "maricones"? ¿Cómo podría llevar a esta conclusión la lógica de sus cultas reflexiones? Imposible que esto lo dijera el vicepresidente de la Generalitat de Catalunya y menos que de ello se concluyeran deducciones tan carcas.

"El burro es el animal propio de Cataluña, un patrimonio a preservar que requiere una promoción especial y el toro una realidad estructural de Cataluña que habrá que asumir". ¡No, no, no! Esto sí que no. ¿Cómo va a asumir un independentista como Carod Rovira el símbolo de España y menos aún permitir que sus corridas sigan presentes en Cataluña? Lo dicho, esto tampoco puede ser.

Ahora sí que estoy perdido, ya no sé que dijo y no creo que lo recuerde nunca. De lo único que no puedo equivocarme es de que dijo algo similar, pero muy culto, muy catalán, muy necesario y muy generalizado entre los nacionalistas de Cataluña. Por lo tanto, habré de volver a concentrarme. Veamos, busquemos alguna cosa propia de Cataluña en cuyo nombre todo quede legitimado. Y así pasaron unas larguísimas, eternas, interminables tres centésimas de segundo. Ya está, por fin: la lengua propia de Cataluña, o sea, el catalán. Debe ser esto: El catalán es la "lengua propia" de Cataluña, un "patrimonio a preservar" que requiere "una promoción singular" y el castellano, "una realidad estructural que debe asumirse".

¡Buuufff! Ahora sí, qué tranquilidad. Gracias, vicepresidente, por dejar tan alto el pabellón de nuestras instituciones democráticas.

antoniorobles1789@hotmail.com

El Supremo enmienda a la Audiencia Nacional y considera Jarrai una organización terrorista
Eleva a seis años de cárcel la pena de 23 de los 24 miembros de Segi condenados por asociación ilícita - Rechaza que por no usar armas no se les pueda condenar por terrorismo - La Guardia Civil practica en San Sebastián las tres primeras detenciones
Ricardo Coarasa La Razón 20 Enero 2007

MADRID- Jarrai y sus «herederas» Haika y Segi, las organizaciones juveniles abertzales impulsoras de la «kale borroka», no son meras asociaciones ilícitas, tal y como las consideró la Audiencia Nacional en junio de 2005, sino organizaciones terroristas. Al encuadrar la lucha callejera dentro de la actividad terrorista propia de ETA, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha zanjado la controversia generada tras la sentencia que condenó en esa fecha a 24 miembros de Segi a penas menores por asociación ilícita, y no por integración en banda armada.

La decisión de estimar los recursos de la Fiscalía y la Asociación de Víctimas del Terrorismo contra esta resolución se ha adoptado, según fuentes del Alto Tribunal, con el voto favorable de tres magistrados y la oposición de dos, lo que deja claro la división de la Sala. El Supremo también eleva a seis años de cárcel las penas que impuso la Audiencia a 23 de esos 24 acusados (que oscilaban entre dos años y medio y tres años y medio), frente a los diez que reclamaba el Ministerio Público. Otro de los acusados, Egoitz López de la Calle, ha sido absuelto. Los argumentos de la Sala se darán a conocer en los próximos días.

Detenciones
La consecuencia inmediata de esta decisión es que los 23 condenados tendrán que volver a prisión a cumplir el resto de pena (los que ingresaron en la cárcel la abandonaron en su día al cumplirse el plazo máximo de cuatro años de prisión preventiva). La Audiencia cursó ayer mismo a Policía , Guardia Civil y Ertzaintza las órdenes de detención correspondientes, y al cierre de esta edición la Benemérita ya había detenido en San Sebastián a Amaia Arrieta González e Igor Ortega Susundegi, dos de los buscados. A ellos hay que sumar a Iker Frade, detenido el jueves por la quema de un autobús.

Pero la resolución supone un espaldarazo a la tesis judicial impulsada en su día por el juez Baltasar Garzón de considerar terrorismo no sólo a quienes cometen los atentados, sino también a todo el entorno proetarra, un cambio de rumbo que abanderó la ofensiva judicial contra Batasuna, Egin, Gestoras Pro Amnistía, Ekin y la propia Jarrai, entre otros. El fallo del Alto Tribunal no comparte, por tanto, el criterio esgrimido en la sentencia por el tribunal -integrado por Alfonso Guevara, Santiago Pedraz y Carlos Ollero- de que estas organizaciones juveniles realizan una actividad «complementaria» en la que no utilizan armas, razón por la cual no se les podía condenar, según la Audiencia Nacional, por terrorismo y sí por asociación ilícita. Los magistrados mantenían en su resolución (que también fue fruto de valoraciones dispares) que hay que distinguir entre ETA y «otras organizaciones sociales, políticas y juveniles creadas en el seno del Movimiento de Liberación Nacional Vasco (MLNV)». La finalidad de éstas, añadía, era desarrollar una actividad que «complementa el verdadero terror ejecutado por la organización armada».

Su polémica conclusión era que sólo «a la lucha propiamente armada debe quedar circunscrito el concepto de banda armada». E insistían en que sus actuaciones «nunca se enmarcaban en la utilización de armas», por lo que uno de los requisitos para reputarles como banda armada, la utilización de armamento, no se daba. Por tal debe entenderse «las armas de fuego de cualquier clase, bombas de mano, granadas, explosivos u otros instrumentos semejantes cuyo uso repetido o especialmente intenso en una sola ocasión puede causar alarma en la población» y cuya finalidad sea alterar el orden público. La Sala excluyó implícitamente de esa definición a los «cócteles molotov» que habitualmente se emplean en la «kale borroka», aunque fuentes jurídicas apostaban que debían integrarse en el concepto más amplio de «otros instrumentos semejantes».

El Supremo se ha tomado su tiempo en tomar una decisión que sabe marcará el rumbo de la actuación judicial contra el entorno etarra. El 21 de noviembre del pasado año, la Sala ya prorrogó 30 días hábiles el plazo para adoptar la resolución y hace unos días, el 15 de enero, volvió a hacerlo ante la «problemática fáctica y jurídica» del recurso, compuesto por 71 motivos y los más de 30.000 folios que debían analizar, fruto de las motivaciones alegadas tanto por la fiscal Pilar Fernández Valcarce y la AVT como por la defensa de los acusados. Ese nuevo plazo que se dieron los magistrados concluía el próximo 8 de febrero.

Importantes repercusiones
Las consecuencias judiciales de la decisión del TS se verán a medio plazo, ya que el fallo será una referencia en la resolución de otras causas que afectan al presunto entorno de la banda, como el sumario que investiga la presunta financiación de ETA a través de las «herriko tabernas» (en el que está procesado el propio Otegi y otros 40 dirigentes abertzales). En el marco de este sumario, Garzón acordó la suspensión de actividades de Batasuna que luego prorrogó dos años más Grande-Marlaska.

Otra de las causas que puede verse afectada por esa interpretación extensiva de lo que debe entenderse por actividad terrorista es el macroproceso de «Ekin» que se celebra en la Audiencia Nacional desde noviembre de 2005 contra el supuesto andamiaje político, mediático e internacional de ETA. Igualmente, está sobre la mesa el posible procesamiento de siete directivos del diario abertzale «Egunkaria». La Sala de lo Penal de la Audiencia decidirá, previsiblemente antes de final de mes, si el caso debe ser archivado, como ha solicitado la Fiscalía, que no ve pruebas suficientes para acusar de asociación ilícita subordinada a ETA a Martxelo Otamendi, Xabier Alegria y otros cinco cargos directivos del periódico.
La izquierda abertzale también tiene procesadas a otras 21 personas en el sumario de Udalbiltza (la Asamblea de cargos electos nacida tras la disolución de Batasuna), con la que, según Garzón, la formación ilegalizada pretendía crear «una estructura a través de plataformas municipales para mantener su presencia en las instituciones» y a 27 más pertenecientes a Gestoras Pro Amnistía, la organización que controla a los presos etarras, para quien el fiscal pide diez años de cárcel por integración en ETA.

La marcha del día 3 será por la derrota de ETA y contra la negociación
Redacción La Razón 20 Enero 2007

Madrid- La manifestación convocada para el próximo día 3 de febrero por Foro de Ermua se desarrollará bajo el lema «Por la libertad. Derrotemos juntos a ETA. No a la negociación», que figurará inscrito en la cabecera de la marcha. Además, Conchita Martín, viuda del teniente coronel Pedro Antonio Blanco, primera víctima de la banda terrorista tras la tregua de 1998, y Antonio Aguirre, militante del PSE, serán los encargados de leer un manifiesto al final del acto.

Representantes de Foro de Ermua se reunieron en Madrid ayer por la tarde durante tres horas con algunas de las principales organizaciones civiles que han confirmado ya su asistencia a la manifestación para ultimar el lema y el manifiesto final de la misma. Entre ellas, acudieron responsables de la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M, Rosas Blancas por la Dignidad, Convivencia Cívica Catalana, la Plataforma Peones Negros, el Sindicato Unificado de Policía (SUP), la Confederación Española de Policía (CEP), el Sindicato Manos Limpias y dos portavoces de la Federación de Ecuatorianos de Madrid.

Propuesta de itinerario
Tras la lectura del manifiesto habrá tres intervenciones, que correrán a cargo del presidente del Foro de Ermua, Mikel Buesa, del presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Francisco José Alcaraz, y de un representante de la comunidad ecuatoriana que todavía está por decidir. La manifestación comenzará a las 17:00 horas, y el recorrido no será hecho público hasta unos días antes de su celebración. No obstante, Foro de Ermua ya envió el pasado lunes su propuesta de itinerario y se encuentra a la espera de conocer la decisión de la Delegación del Gobierno de Madrid.

Por otra parte, el presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Francisco José Alcaraz, criticó ayer, en declaraciones a Ep, que el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón «alargue en el tiempo» el secreto de sumario sobre la querella que esta asociación presentó contra el Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV) por colaboración con ETA y que fue admitida a trámite por el juez Fernando Grande-Marlaska el 11 de julio de 2005. Asimismo, Alcaraz anunció que la AVT iniciará en breve una campaña para exigir al Gobierno que aplique la Ley de Partidos vigente e ilegalice al citado partido.

PRESENTA "RESENTIDOS, TORPES Y TRAIDORES" EN LIBERTAD DIGITAL TV
Alfonso Ussía dice que Zapatero es "un insensato" que "ha querido jugar a Gandhi" con ETA
Alfonso Ussia estuvo este viernes en Libertad Digital TV para presentar su último libro "Resentidos, torpes y traidores", Ediciones B, en el que recopila sus mejores columnas publicadas en La Razón entre finales de 2005 y 2006. El título, como explicó el autor, tiene como referencia al actual Gobierno de Zapatero, que "ha recuperado el resentimiento" y no puede "ser más torpe". Sobre Zapatero, que considera un "insensato" ha dicho que "ha querido jugar a Gandhi" y que "quiere hacer una segunda transición, como quiere hacer la alianza de Civilizaciones, es de una frivolidad, tan inane, tan absurdo que yo creo que no merece ningún interés, ni la crítica".
Libertad Digital 20 Enero 2007

El invitado de este viernes en el informativo que conduce Dieter Brandau cada día a las 21.00 horas en Libertad Digital TV ha sido el prestigios escritor y columnista de La Razón, Alfonso Ussía. La reciente publicación de su último libro "Resentidos, torpes y traidores" fue el hilo conductor de la entrevista en la que comentó alguno de los artículos más destacados incluidos en el mismo, siempre ligados a la actualidad de estos dos últimos años.

Y esta actualidad es inseparable de la tempestad política que ha provocado Zapatero en sus tres años en el Gobierno. De ahí el título del libro, que no puede ser más descriptivo. Ussía explicó que "el resentimiento lo ha recuperado Zapatero, el resentimiento estaba olvidado, se había superado, nadie hablaba de la guerra civil, nadie hablaba de sus muertos, que los hay en todas las familias". En cuanto a los "torpes", Ussía no tiene dudas: " no hay un gobierno mas torpe". El más complicado, reconoce Ussía, es el de "traidores", pero explica que "traicionan no sólo los que lo son ya traidores de por sí, sino también los que los aceptan".

Una muestra del sectarismo de la izquierda está recogida, como destacó Dieter Brandau, en el libro de Ussía es la diferencia de trato que se dispensó a Eduardo Haro Tecglen y a Jaime Campmany cuando fallecieron y la cerril oposición de la izquierda a que se le dedicase una calle al ex columnista de ABC. Ussía comentó que "Campmany era inconmensurablemente mejor escritor que Haro Tecglen y mejor persona". "Fue un hombre que estuvo en el franquismo y luego aceptó y defendió la democracia y la libertad" mientras, explicó Ussía, Haro Tecglen también estuvo en el franquismo pero en vez de evolucionar hacia la defensa de las libertades lo hizo hacia el estalinismo.

También estuvo presente en la entrevista la actualidad más inmediata, para Ussía la frase del "cordón sanitario" en torno al PP propuesto por el comediante argentino Federico Luppi es "estalinista". Sobre este personaje Ussía señaló que " Luppi es el típico trascendente argentino que no tiene ningún interés, pero aquí nos gusta mucho".

Inevitablemente Zapatero fue uno de los protagonistas, Ussía expresó su acuerdo con Rajoy al decir que para ser presidente del Gobierno debería hacer falta "algo más que ser español y ser mayor de edad" porque, dijo Ussía, "lo de Zapatero es escandaloso". "La preparación intelectual y académica del actual gobierno es muy pobre, es rastrera", añadió.

En cuanto a la hiperlegitimidad de la izquierda Ussía consideró que "todo surge de una mentira histórica, en la guerra civil la sublevación del franquismo es consecuencia de que en 1934 hay un golpe de estado de una izquierda que no acepta los resultados electorales" y "restan legitimad a la República". Ussía destacó, además que los asesinados por el bando republicano "parece que murieron por una enfermedad y las balas sólo se disparaban por el otro lado", cuando "los crímenes de la legalidad republicana son tan espantoso como los cometidos por los franquistas". En España "seguimos con nuestro cainismo pero aquí hemos sido asesinados todos los españoles", concluyó.

Para Ussía "la transición lo que hizo es unir, quién iba a pensar que Fraga, Carrillo, socialistas, centristas, ex franquistas, comunistas, nacionalistas vascos, nacionalista catalanes se iban a sentar en una misma mesa para redactar juntos una Constitución". En contraposición remarcó que "este insensato –Zapatero– quiere hacer una segunda transición, como quiere hacer la alianza de Civilizaciones, es de una frivolidad, tan inane, tan absurdo que yo creo que no merece ningún interés, ni la crítica".

El papel de las mujeres vascas en la defensa de la libertad también está recogido en el libro de Ussía. Maria San Gil, Rosa Díez, María José Usandizaga, Gotzone Mora, Maite Pagaza, entre otras, son "mujeres auténticamente heroínas" destacó Ussía. Al recordar a la viuda de Baglietto, Pilar Elías que tiene que aguantar que el etarra que asesinó a su marido tenga ahora una cristalería debajo de su casa, Ussía recordó que Baglietto había salvado al etarra que lo asesinó cuando era niño, "hay que ser hijo de puta", exclamó, y explicó que este expresión muy vieja en el castellano no significa más que ser una "persona inmunda, perversa".

Por todo esto para Ussía la mejor noticia de este viernes es que el Supremo haya confirmado que las organizaciones juveniles de Batasuna-ETA son organizaciones terroristas. Respecto a la contumacia del Gobierno para defender el diálogo con los terroristas como fórmula para hacer frente a ETA, Ussía dijo tener "mucha dudas si es una imbecilidad o una perversidad" y enfatizó que "no hay ninguna distinción entre Batasuna y ETA". El escritor consideró que es una cuestión económica ya que "cuando Batasuna no tiene dinero, pierda las subvenciones, ETA se verá ahogada económicamente". El papel de Zapatero demuestra, en opinión de Ussía, que "ha querido jugar a Gandhi, no a Bambi, que también, a Gandhi". Además, consideró "indignante" que el PCTV siga en el Parlamento vasco o las rebajas en las peticiones de pena de la Fiscalía a los etarras. En definitiva, remarcó Ussía la "acción policial y acción judicial" son los medios para derrotar a los terroristas.

Siendo Alfonso Ussía el entrevistado y Dieter Brandau el entrevistador no podían faltar las referencias al Real Madrid. Después de un cariñoso reconocimiento a la figura de "Don Santiago Bernabéu", Ussía dijo que los jugadores de fútbol "antes eran futbolistas y ahora son maniquís".

Por último, Ussía, que colabora cada miércoles en el espacio La Jalarera de La Mañana de la COPE, tuvo unas palabras de afecto y reconocimiento para el editor y fundador de Libertad Digital, Federico Jiménez Losantos. "Federico es un panzer, intelectualmente es un hombre de una gran valía, ha sido un gran lector y es un gran escritor, es un intelectual y esto unido a su fuerza personal es un torbellino", dijo Ussía.

PODRÁ SUSPENDER LAS LICENCIAS A LOS MEDIOS AUDIOVISUALES
El Tribunal Constitucional levanta la suspensión a la ley que da plenos poderes al CAC
El Consejo Audiovisual de Cataluña (CAC) ya tiene vía libre para sancionar hasta con la suspensión de la licencia a los medios de comunicación que no se adapten a lo que este organismo considere una "información veraz". El Tribunal Constitucional ha levantado este viernes la suspensión a la ley que da plenos poderes a este organismo para suplantar a los tribunales de Justicia cuando surjan conflictos con informaciones radiadas o televisadas. El CAC tomó parte activa de la campaña contra la COPE en Cataluña en los últimos meses de 2005.
Agencias Libertad Digital 20 Enero 2007

El Tribunal Constitucional (TC) levantó este viernes la suspensión a la mayoría del articulado de la Ley de la Comunicación de Cataluña. Este tribunal solo mantiene la suspensión del artículo 56, que hace referencia a la "intransmisibilidad de las licencias", y a la disposición transitoria segunda que se refiere "al régimen de concesión de licencias".

De este modo, el Consejo Audiovisual de Cataluña no sólo recupera todas las competencias adquiridas con la ley anterior, sino que además refuerza su capacidad reguladora y obtiene la capacidad de otorgar las concesiones sin pasar por la Generalitat.

Fuentes del CAC mostraron a Europa Press el "máximo respeto hacia las decisiones del TC" y añadieron que la voluntad de este organismo es "seguir velando por la seguridad audiovisual en Cataluña". Estas mismas fuentes aseguraron que la existencia de una Ley reguladora de la profesión audiovisual "es tan positiva para los ciudadanos como para los profesionales que trabajan en este sector".

El Gobierno presentó a mediados del año pasado un recurso de inconstitucionalidad -antes, en mayo de 2006, lo hizo el PP- contra más de medio centenar de artículos y tres disposiciones transitorias de esta norma, que aprobó el Parlamento de Cataluña con el voto a favor de todos los grupos, menos el PP, en diciembre de 2005.

La resolución del TC, llega casi cuatro meses después de haber admitido a trámite el recurso del gobierno y concluye que la ley "efectivamente" conduce a la "transformación generalizada" de les concesiones audiovisuales vigentes.
Entre otras cosas, esta ley prevé sanciones que pueden llegar a los 300.000 euros y a la suspensión de la actividad en caso de infracciones muy graves. Con todo, el CAC insistió en que sólo es un organismo más de la Generalitat y aseguró que "seguirá aplicando la legislación vigente en cada momento".

La Generalitat recupera la capacidad para censurar radios y televisiones
La Generalitat recupera la capacidad para censurar radios y televisiones
IVA ANGUERA. BARCELONA ABC 20 Enero 2007

El Consejo Audiovisual Catalán (CAC) ha recuperado la capacidad de sanción y la potestad para otorgar y retirar concesiones de radio y televisión en Cataluña. Esta es la consecuencia inmediata de la decisión anunciada ayer por el Tribunal Constitucional (TC), que ha resuelto levantar la suspensión de todos los artículos de la Ley del Audiovisual catalana, excepto dos, los que hacen referencia a la transformación de las actuales concesiones administrativas en licencias y la posibilidad de que las empresas concesionarias vendan esas licencias a otras.

Esto significa, sin embargo, que se mantiene en suspenso uno de los principales motivos de conflicto entre el Gobierno y la Generalitat, la transformación de las concesiones en licencias, lo que provocaría un agravio comparativo entre las empresas audiovisuales catalanas y las del resto de España. El TC mantiene la suspensión sobre la disposición adicional que regula ese cambio, que tampoco se ha resuelto en las conversaciones entre Gobierno y Generalitat, que el ejecutivo autonómico anunció tras conocerse el recurso gubernamental, el 1 de agosto, pero que fueron paralizadas por la convocatoria electoral en Cataluña.

El Gobierno de José Montilla -que formaba parte del Consejo de Ministros cuando se aprobó el recurso ante el Constitucional de la ley catalana- no parece haber dado prioridad a esta cuestión, inmerso en los prolegómenos de las negociaciones sobre el desarrollo del nuevo Estatuto yde la financiación autonómica.

La Ley del Audiovisual catalán -que fue aprobada en el Parlamento autonómico con el voto de todos los partidos menos el PP y posteriormente recurrida por el Gobierno- amplía las competencias del CAC otorgándole toda la responsabilidad sobre las concesiones de radio y televisión -antes hacía un informe preceptivo sobre la resolución de los concursos- y le otorga capacidad sancionadora sobre todas las cadenas de ámbito local y autonómico. La nueva ley catalana va un paso más allá, al regular una serie de requisitos de «servicio público» que, en la práctica, fueron interpretados por buena parte del sector como la legalización de una suerte de censura sobre los contenidos.

Así, el texto aprobado por la Cámara catalana, que a partir de ahora vuelve a entrar en vigor, establece que el CAC debe velar por la veracidad de la información, la separación entre opinión e información, el respeto a los derechos de la infancia y a la dignidad de las personas y la no incitación al odio por motivos de raza, sexo, religión o nacionalidad. Esta ley rige sobre un total de 96 emisoras locales de televisión, públicas y privadas, unas 200 emisoras de radio municipales y más de 70 radios locales privadas.

Recurso del Gobierno
El Gobierno presentó recurso coincidiendo con el inicio de las vacaciones estivales -y después de que lo hiciera el PP, en mayo de 2006- contra más de medio centenar de artículos y tres disposiciones transitorias. La resolución del TC, casi cuatro meses después de haber admitido a trámite el recurso del Ejecutivo, levanta la suspensión de una serie de artículos referidos, entre otras cuestiones, a la presencia de la lengua y de la cultura catalanas en la comunicación audiovisual, que la ley impone con cuotas de emisión de obligado cumplimiento.

El anuncio del recurso gubernamental cayó como una bomba sobre la precampaña catalana y fue rápidamente utilizado por CiU y PP para ironizar sobre la «privilegiada» relación entre PSC y PSOE, además de criticar la falta de autoridad de Montilla.

Los papeles no catalanes de Salamanca reabren la polémica del Archivo
Los papeles no catalanes de Salamanca reabren la polémica del Archivo
ROCÍO BLÁZQUEZ/ DAVID MORÁN. SALAMANCA/BARCELONA ABC 20 Enero 2007

Un año después, las heridas siguen abiertas, o al menos no cicatrizan. Al cumplirse un año de la salida, de madrugada y con blindaje policial, de 500 cajas con los «papeles de Salamanca» con destino al Archivo Nacional de Cataluña, el Ayuntamiento de Salamanca ha inaugurado una muestra, digna de verse, sobre la historia de lo que en la ciudad del Tormes llaman «el expolio». Está integrada por una cuarentena de documentos que, según se aprecia en el contexto y también en opinión de los organizadores, nada tienen que ver con la Generalitat y no debieron jamás salir de Salamanca.

Tresserras, nervioso
La exposición ha puesto nervioso a todo el mundo, para empezar en Cataluña, donde el consejero de Cultura Joan Manuel Tresserras, -tras declarar a ABC hace dos días que todo estaba bien y que el proceso de devolución seguía su paso- ayer visitó el Archivo Nacional de Cataluña para interesarse por el estado de la documentación restituida y pedirle al Gobierno central que «acelere los trámites» necesarios para completar la segunda fase de devolución de documentos, más de 1.500 cajas.

Tanta prisa la explicó en declaraciones a «Catalunya Informació». A su entender, el proceso «está yendo más allá de lo previsible y razonable». «Va pasando el tiempo y tenemos cierta urgencia», aseguró el conseller, quien anunció su intención de reunirse en breve con la ministra de Cultura, Carmen Calvo, para pedirle que se agilice el proceso. Tresserras elogió la propia «generosidad y diligencia» de la Generalitat por prestar los documentos para la muestra en Salamanca, a pesar del uso que el Ayuntamiento les ha dado, que no quiso calificar «por prudencia» pero que definió como «alteración sustancial».
Desde luego hoy mismo tendrá la oportunidad de hacerlo, pues la ministra tiene previsto visitar la Ciudad Condal, donde se constituirá el Patronato del Archivo de la Corona de Aragón, sobre cuyos fondos el Gobierno Tripartito catalán también tiene puestas sus ambiciones. Se espera que en el Palacio de los Virreyes -allí junto al Salón del Tinell donde Maragall fraguó su pacto con ERC- la ministra realice algún anuncio que bien podría tener que ver con este asunto.

El PSOE salmantino, confundido
Nervios también sueltos en el PSOE de Salamanca, donde su secretario provincial, Emilio Melero, aseguró ayer que si en las 500 cajas que salieron del Archivo existen legajos que no están adscritos a la Generalitat «los documentos tendrán que volver». No se sabe qué pensarán en el Gobierno central de esta opinión, pero Melero afirmó que, si se incumple la ley «habrá que reparar esos errores y sobre todo exigir responsabilidades a las personas que los hayan cometido». Exime, por supuesto, de estas responsabilidades a la ministra, ya que «no estuvo metiendo los documentos en las cajas». De todos modos, el PSOE recordaba ayer en una nota la cantidad de documentos y copias que, desde la salida de los papeles el Ministerio ha comprado y depositado en Salamanca.

Para tranquilidad de unos y de otros, el director del Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, Gonzalo Santonja, comisario de la muestra «El Archivo de la memoria rota», señaló que la exposición «parte de una voluntad descriptiva, de una actitud de respeto», en un montaje «amparado en la discrepancia».

Santonja: derecho a discrepar
Santonja afirma que es un relato de lo que ha ocurrido en once años en torno a la polémica devolución de documentos a Cataluña y defendió el título elegido para el montaje «Archivo de la memoria rota», porque, agregó «es evidente que esa memoria se ha roto».

Para el escritor bejarano, que ha compartido la organización del montaje con el historiador José Antonio Bonilla, la exposición «defiende, frente al poder, el derecho a la discrepancia» y desechó la idea de que se trate de una herramienta de propaganda política, como la ha calificado el PSOE salmantino, ya que aseguró que «se ha hecho desde el respeto, por que aquí hay pocas descalificaciones y sí, hay mucha reproducción de palabras literalmente respetadas».

Para el comisario de la muestra, es evidente que este montaje «se instala en el asombro» de cómo se desarrollaron los acontecimientos que desembocaron en la salida de las 500 cajas del Archivo Nacional de la Guerra Civil el 19 de enero de 2006 y además por el hecho de que el propio traslado incumplió puntos de la ley auspiciada por el Gobierno para poder dar cauce legal a la salida de documentos.

En este sentido, señaló una serie de papeles originales que se exponen en la sala cedidos temporalmente por la Generalitat y que revelan «que no fueron expedidos por ellos, ni siquiera se referían a personas catalanas, sino de otras comunidades y sin embargo iban en las cajas». Según el director del Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, «si se piensa que todas las comunidades autónomas son iguales, deberán estar los papeles en otro sitio, no en Barcelona», continuó. Por su parte, el alcalde de Salamanca, Julián Lanzarote, reiteró su confianza en los recursos presentados ante la Justicia ya que «creo que nos dará la razón, porque la tenemos».

Entre tanto, en el Colegio de San Ambrosio, sede del Archivo, hierven los rumores que tratan de explicar el parón del proceso: los documentos que debían entregarse a Cataluña antes de acabar 2006 están identificados por archiveros catalanes que dejaron Salamanca el pasado octubre. Desde noviembre nadie sabe qué ocurrirá en los próximos meses y unos opinan que hay un parón y otros afirman que está muy próxima la salida de más de 1.500 cajas.
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