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Recortes de Prensa    Domingo 21 Enero  2007

La Justicia no acepta el "cordón sanitario"
EDITORIAL Libertad Digital 21 Enero 2007

El Gobierno se ha declarado dispuesto a "leer con la máxima atención" la sentencia del Tribunal Supremo contra el entramado juvenil de ETA –conocido como Jarrai o Segi–, porque –señaló la vicepresidenta tras difundirse la noticia– "seguro que aporta elementos interesantes". Una respuesta de compromiso, tan hierática como su portavoz, a una incómoda decisión judicial que perturba seriamente el nuevo guión del diálogo con los terroristas previsto por José Luis Rodríguez Zapatero.

En su esquema estratégico, el principio de no agresión –al menos, hasta que las Elecciones Generales despejen el horizonte– es tan prioritario como neutralizar al PP y a las víctimas. El poder de Zapatero no resistiría, probablemente, otro atentado como el del 30-D. Aún no habían enterrado a Diego Estacio y Carlos Palate, y el presidente ya estaba jugándose el resto en la sórdida timba que comparte con los asesinos. Si antes toleraba a duras penas la oposición al diálogo, ahora empleará todo su poder en aplastarla.

Las víctimas de ETA y el PP le recuerdan la escandalosa verdad de su único programa político: perpetuarse a costa de la justicia de los muertos y la libertad de los vivos. Ahora es algo más que un clamor. Le siguen dos lápidas a donde quiera que va, que nunca es a por los terroristas sino a su lado. Dos túmulos que desnudan, ahora sí, una desesperación por el poder que está machacando España. Lo último que necesita Zapatero en estos momentos son testigos de la gran impostura, de ahí la brutal campaña de erradicación que les espera a la AVT y el PP, símbolos del único testigo de una abyecta traición, entre masas que retozan y una Prensa que miente.

En cuanto a ETA, no sobreviviría a una política anti-terrorista dirigida, de nuevo, por un Gobierno del PP. Zapatero es su oportunidad –probablemente, la única que se le presente– de negociar sobre la autodeterminación o sobre la salida a la calle de asesinos en serie como De Juana Chaos –"un hombre por la paz", en definición del presidente–. Y ya que Zapatero es su mejor baza, ETA sabe que ha de convertirse en la mejor baza de la continuidad de Zapatero hasta consumar el reparto del poder y del territorio, una meta que hoy se perfila con más claridad que el 29 de diciembre. La dependencia y la lealtad mutuas se ha convertido en una cuestión de supervivencia para ambos, sobre todo, desde el 30-D.

En esta escena de lealtades bajo un volcán, el golpe a Jarrai altera el precario equilibrio que sostiene a los conjurados, y lo hace de un modo mucho más peligroso que el bombazo contra el aeropuerto de Madrid-Barajas.

La respuesta del Estado a un atentado siempre está tasada. La del Gobierno de Zapatero al 30-D no ha podido ser más débil, de manera consecuente con su dependencia política respecto de los negociadores de la banda. En cambio, ¿cuál será la respuesta de los más radicales de ETA al encarcelamiento de sus cachorros? Desde la lógica del callejón sin salida en el que se halla el presidente del Gobierno, sólo la vista gorda de las fuerzas y cuerpos de seguridad a la huida de los condenados de Jarrai que aún están en libertad puede desactivar este explosivo episodio.

No sería la primera vez –y, probablemente, no será la última: recuérdese el chivatazo policial no aclarado a los recaudadores de ETA– en que el Gobierno del PSOE pone al Estado a proteger a los terroristas, como otro Gobierno del PSOE lo puso en el pasado reciente a matarlos clandestinamente.

La Oposición hará bien en velar por que se cumpla la sentencia del Supremo hasta el último día de la última de las condenas. Debe exigir que Jarrai sea incluida en el listado internacional de organizaciones terroristas, que se requise su patrimonio y que se apliquen todas las medias que el Estado de Derecho prevé contra una banda terrorista.

En esa línea, el PP acierta al tomar una iniciativa consecuente con esta sentencia: instar al Fiscal General del Estado, desde el Congreso, a que actúe contra la filial de ETA en el Parlamento Vasco. Si Jarrai es una organización terrorista para el Supremo, también debe serlo para el fiscal una organización que, entre otras muchas evidencias, se niega a condenar el último atentado mortal de ETA.

Los jueces independientes se han convertido en la última esperanza para derrotar el Mal. Los jueces, sí, pero también una Oposición –no sólo el PP, también el movimiento civil de las víctimas y la minoritaria Prensa libre– que hoy se necesita más vigilante y activa que nunca, contra la negociación subterránea y el "cordón sanitario" a la mitad de la sociedad, que ya se han desplegado.

Pacto por la negociación con los terroristas
Ignacio Cosidó Libertad Digital 21 Enero 2007

Zapatero ha planteado la lucha contra el terrorismo como un falso dilema entre paz y libertad. El presidente está dispuesto a sacrificar la libertad, dejando que los terroristas secuestren nuestra voluntad democrática en una mesa de negociaciones, pensando que así podremos alcanzar el fin de la violencia terrorista. La realidad es que, como ha demostrado una vez más el brutal atentado de Barajas, renunciar a la libertad no trae como consecuencia la paz, sino la servidumbre, el terror y la muerte.

Tras el estrepitoso fracaso de su política antiterrorista, Rodriguez Zapatero ha decidido cambiar el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo por un nuevo Pacto por la Negociación con el Terrorismo y contra el PP. Para el presidente del Gobierno el mortal atentado de Barajas no debe supone el final de su proceso de negociación con los terroristas, sino todo lo contrario. Zapatero no sólo pretende perseverar en su fracasada política antiterrorista, sino que quiere incluso acelerar e intensificar su proceso de negociación con los asesinos. Al parecer, ningún “accidente”, por doloroso que sea, podrá torcer la voluntad negociadora de nuestro presidente.

Para poder continuar por la senda de la negociación, como le exige ETA, Zapatero necesita dos cosas. En primer lugar, un entierro solemne del ya fallecido Pacto contra el Terrorismo suscrito con el PP. En segundo término, el presidente requiere el padrinazgo para el nacimiento de su nuevo Pacto de aquellos que desde siempre consideraron que la política de derrota del terrorismo ejecutada por Aznar, pactada por Zapatero y amparada en el Pacto por las Libertades era contraria a sus intereses políticos. Rodriguez Zapatero no sólo enterrará así definitivamente cualquier vestigio de la anterior política de firmeza contra el terror, que se había mostrado como la más eficaz en la lucha contra el terror de toda nuestra historia democrática pero que hoy resulta incompatible con su voluntad de negociación, sino que reforzará el hoy debilitado, por sus muchas traiciones, frente anti-PP, utilizando para ello el terrorismo de la forma más partidista posible.

La pérdida que supondrá el nuevo Pacto para la democracia española es doble. En primer lugar, mantener la voluntad de negociación con los terroristas mientras estos ponen muertos encima de la mesa para dinamizar el proceso constituye algo moralmente inaceptable, democráticamente aberrante y estratégicamente contraproducente. Mantener la voluntad de negociación con los asesinos, obviando no sólo los muertos sino la amenaza de nuevos atentados, constituye una inmoralidad absoluta porque implica traicionar a todas las victimas causadas por la banda terrorista ETA a lo largo de larga historia criminal, cuyas muertes serían finalmente no sólo absurdas, sino útiles para los fines por las que fueron asesinadas. Mantener el diálogo con los terroristas es además una aberración democrática porque supone asumir el asesinato como un instrumento eficaz para lograr fines políticos. La idea misma de abrir una negociación política con una banda criminal es por último un inmenso error estratégico, porque no sólo justifica las muertes del pasado, sino que incentiva el uso futuro del terror como un elemento eficaz para alcanzar los objetivos totalitarios de cualquier organización terrorista.

El nuevo Pacto con el que Zapatero pretende ocultar su fracaso provocará además, está provocando ya de hecho, una mayor división y enfrentamiento entre los demócratas para la lucha contra ETA. Pese al eslogan de todos contra uno que repite el PSOE machaconamente estos días, la verdad es que el Pacto aún no nato va a contar con mucho menor respaldo parlamentario y social que el que se pretende destruir. Casi la mitad de los españoles, diez millones de votantes, se verán excluidos de un Pacto que no pueden apoyar no por desgastar a Zapatero, como calumniosamente reiteran los socialistas, sino porque discrepan radicalmente de su objetivo central: dar cobertura al dialogo y la negociación con los terroristas.

El nuevo Pacto por la Negociación con los Terroristas y contra el PP tendrá por último un efecto destructivo para nuestra democracia. El veto levantado por sus potenciales firmantes para impedir debatir las propuestas de la oposición en el Congreso de los Diputados atenta de forma flagrante contra los principios más elementales de una democracia parlamentaria. Los esfuerzos por mantener oculta la negociación con los terroristas, incluso convirtiendo en semiclandestinas las reuniones institucionales entre un presidente del Gobierno español y el presidente del Gobierno vasco, tampoco es compatible con la transparencia obligada en un país libre para sus poderes públicos. Pretender condicionar la actuación del Poder Judicial en función de la política de negociación del Gobierno con los terroristas dinamita la seguridad jurídica que caracteriza a toda democracia moderna. El Pacto por la Negociación con los Terroristas y contra el PP será así no sólo un paso atrás en la lucha contra el terror, sino una amenaza en si mismo para nuestro propio sistema de libertades.

Ignacio Cosidó es senador del Partido Popular por Palencia.

Bullying
JON JUARISTI -Dice usted que mientras haya terrorismo no habrá diálogo, pero ¿con ETA o con la oposición?
Por Jon Juaristi ABC  21 Enero 2007

ME decepcionó, lo confieso, que el PP se apresurara a suscribir la convocatoria de manifestación del Foro Ermua, pero, tras el boicot de la mayoría parlamentaria a la oposición, debo reconocer que no se deja a ésta otras salidas que la calle o la rendición incondicional. El sistema democrático español agoniza ante la indiferencia de una población que de sociedad no tiene ni la apariencia, porque una sociedad -no digo ya una nación- supone fines comunes y valores ampliamente compartidos. Nada de eso existe ya entre nosotros. La normalidad cotidiana prosigue a impulsos de mera bonanza económica, lo que sin duda no es poco, pero no basta para asentar una convivencia que necesita de acuerdos políticos elementales sobre, por ejemplo, el respeto a las minorías. Y algo previo: desterrar el imaginario de la guerra civil.

Constituye una desdichada circunstancia el hecho de que el actual presidente del Gobierno y ETA vivan instalados a perpetuidad en dicho imaginario y perciban e interpreten la política a través del mismo, porque tal afinidad, que Rodríguez convirtió en electiva, no sólo ha creado un vínculo -al parecer, indisoluble- entre el PSOE y la organización terrorista, sino que ha implantado el mismo modelo perceptivo en toda la coalición contra el PP (incluso en ese pintoresco artefacto cántabro conocido por Revilla en honor a la brevedad). Entre ETA y Rodríguez, bombas a parte, la diferencia más acusada estriba en la doctrina de la guerra interminable profesada por la banda frente a las infinitas y sin duda sinceras ansias de paz perpetua del presidente. Este vislumbra el fin de su guerra civil particular como capitulación humillante de la derecha, lo que, en su delirio regresivo, despejaría obstáculos para que ETA aceptara el desarme y Batasuna pidiera su ingreso en el PSE. La aniquilación política del PP aparece así en los sueños neofranquistas de Rodríguez como condición necesaria y suficiente de su victoria en la guerra que pondría fin a todas las guerras.

Lo malo es que ETA, aunque también concibe la política como continuación de la guerra, hace mucho que abandonó la perspectiva de victorias y derrotas definitivas. Para la banda sólo se trata de oscilaciones en la relación de fuerzas. No hay derrotas absolutas y, por tanto, ETA nunca se considerará vencida, por muy mal que le vayan las cosas. Hay una cuestión de matiz que los botarates que se empeñan en «la salida dialogada» nunca tienen en cuenta, y es que el concepto de representación carece de pertinencia política y semiótica para el terrorismo nacionalista (la izquierda mentalmente desnutrida de hoy debería leer siquiera por encima a sus clásicos de antaño: las páginas de Walter Benjamin sobre representación y violencia, por ejemplo). En sus trances eufóricos, Rodríguez puede creer que representa a España. Los de ETA no piensan que representan a Euskadi o al pueblo vasco: están convencidos de que son el único pueblo vasco posible y de que, si entregan los trastos de matar, Euskadi desaparecerá de la Historia. La otra cara del asunto es que tampoco darán ninguna victoria por cierta e indiscutible, ni las ajenas ni las propias. Una Euskadi independiente y socialista bajo dictadura etarra seguiría en guerra contra la España imperialista hasta que las ranas criasen pelo.

En suma, no hay simetría entre las estrategias de ETA y Rodríguez. ¿Significa esto que la banda es invencible? Salvando las diferencias cuantitativas, lo es tanto como el terrorismo islámico, ni más ni menos. Ambos son inmunes a las tentativas pacifistas. Optar por combatirlos es hacerlo por un proceso largo, duro y difícil, pero no ilusorio, que tendría además la ventaja indiscutible de aunar a los partidos mayoritarios en el esfuerzo antiterrorista, restaurar el sistema democrático y superar la discordia civil, objetivos utópicos mientras el PSOE siga intentando ganar la batalla del Ebro y sus pandilleros periféricos se sumen jubilosamente al bullying contra el PP. Si persisten en este matonismo de patio de recreo, retiro mis objeciones a la movilización convocada por el Foro Ermua. A tapar la calle y que no pase nadie.

Altísimo riesgo
Por Álvaro Delgado Gal ABC 21 Enero 2007

Ha bastado una semana escasa, para que el debate del lunes en el Congreso parezca un hecho remoto, confuso, irrelevante. Todavía peor: para que rebote hasta nosotros como una especie de fraude. Está claro que el presidente, el día 15, había adoptado ya la decisión de reiniciar el diálogo con ETA. Es probable también que hubiese activado contactos y puesto algunas cosas en ejecución. La ruptura enunciada -con poca convicción- en el hemiciclo, era, por tanto, ficticia. El homenaje verbal y pasado de rosca al PNV, no fue un gesto tentativo o exploratorio sino la confirmación de una amistad rápidamente anudada después de los días de desconcierto que siguieron al atentado. El hecho de que el PSE, el viernes pasado, no descartara la continuación del diálogo, encaja perfectamente en el diagnóstico. Ocurre otra tanto con la entrevista sorpresa con Ibarreche. Es preciso estirar la credulidad hasta extremos heroicos, para interpretar ese palique a dos como un acto institucional ordinario. El presidente ha vuelto por donde solía. Cuando las dificultades aprietan, intenta salir de apuros a paso de carga. Lo hizo con motivo del Estatut, y de la retirada de las tropas de Irak. En este segundo caso, contravino el calendario al que se había comprometido poco antes, durante el Debate de Investidura. Ahora está vaciando de contenido, salvo que cambie de nuevo sobre la marcha, su mensaje en el Congreso. Zapatero interpreta el Parlamento con la mentalidad de un jugador de mus. La institución se ha degradado tanto, que la determinación infausta de impedir que en él se discutan las propuestas del PP ofende por razones de índole estética, no práctica. Una herramienta que no se aplica a su fin natural, ya no es una herramienta. Es un elemento suntuario, un adorno, o quizá un estorbo.

Sea como fuere, la disposición de las fichas en el tablero no admite lecturas equívocas. Punto número uno: no existe la menor esperanza de un avenimiento con el PP. Es más, el presidente necesitaba subrayar el enfrentamiento, entre otras cosas, porque es siempre más fácil apagar las disidencias internas cuando se libra una batalla campal contra un agente foráneo. El PP tampoco quería la concordia, de modo que se ha juntado el hambre con las ganas de comer. El rechazo de Rajoy a confiar en Zapatero es comprensible, y en este momento, saludable. Pero el PP deberá tender puentes hacia el PSOE tarde o temprano. Cometería un error histórico, si pensase sólo en ganar las elecciones.

Punto dos: se negociará políticamente con ETA. Lo desean los aliados de Zapatero, y lo desea Zapatero. Punto número tres: será prioritario evitar una nueva bomba. Una bomba no sería letal para un Gobierno que contara con el respaldo del PP. Se percibiría como un atentado más contra el Estado, no contra la política del Ejecutivo. Pero en el contexto actual una nueva bomba, aun estando dirigida contra el Estado, sería registrada como un fracaso personal del presidente. Éste no la resistiría políticamente.

La resultante de este juego de vectores es que Zapatero se queda sin margen de maniobra frente a los terroristas. Su única salida es sumar movimientos: asumir, desconocemos en qué porcentaje, las reclamaciones de los terroristas, a trueque de que los últimos den pasos firmes hacia su autodisolución. ¿En qué se diferenciaría esto de una victoria de ETA? Dejemos la pregunta, por así decirlo, en el aire. ¿Qué probabilidades tiene el presidente de mantenerse sobre un caballo que, desgraciadamente, se ha desbocado?

Los factores son tantos, y se hallan sujetos a un cambio tan veloz, que las predicciones se han hecho muy, muy complicadas. El fallo del Tribunal Supremo contra Jarrai y compañía, no sólo impide a Zapatero atender a las exigencias inmediatas de ETA -e Ibarreche-, sino que revela que el aparato judicial es renuente a ponerse al servicio de una política cada vez más cuestionable. ¿Se atreverá el presidente a derogar, pongo por caso, la Ley de Partidos? Los observadores se resisten a estimarlo posible. ¿Con qué apoyos contaría para esa maniobra desesperada? Con los justos técnicamente. En principio, no con el de CiU, a la que, después de la desastrosa gestión del Gobierno en Cataluña, no puede dar lo único que le interesa. Es decir, la Generalitat.

Si no les gusta el ejemplo de la Ley de Partidos, escojan otro cualquiera. Lo importante es que el trabajo decisivo, el gordo de verdad, se tendría que hacer antes de las legislativas, ya que los socios que tramaron la conspiración de Estella no pueden fiarlo todo a unas elecciones que empiezan a pintar mal para el inquilino de La Moncloa. Por supuesto, continúa perfilándose, al fondo, la Mesa de negociaciones, que ETA concibe como el motor de un proceso constituyente irrenunciable.

Una fuga hacia delante nos suena a ciencia ficción. Se nos antoja una hipótesis desaforada, absurda. Y espero que lo sea. Recordemos, sin embargo, que se huye hacia delante cuando ha dejado de haber espacio atrás. La huída se produce por falta de alternativas. El presidente no se está dando la oportunidad de elegir con serenidad. Entramos en una fase de altísimo riesgo.

Terroristas juveniles
Bofetón para ZP
Ignacio Villa Libertad Digital 21 Enero 2007

La decisión del Tribunal Supremo en la que determina que las asociaciones juveniles de ETA son organizaciones terroristas es una excelente noticia, que además supone un auténtico bofetón en la cara del proceso de rendición, ese que Zapatero se obstina en mantener en marcha. No obstante, es un poco sorprendente que sea una noticia de portada el que la Justicia diga que los terroristas son terroristas. Y es que el gran éxito que supuso para los demócratas españoles el reconocimiento judicial de que todas las secciones del organigrama etarra forman parte de la banda terrorista parecía ya algo olvidado y lejano.

El problema nació con esta legislatura, en la que Zapatero y su Gobierno han volado todos los diques que al Estado de Derecho le llevó años levantar para defendernos del terrorismo. Era su manera de facilitar el diálogo con ETA y así encauzar el proceso de rendición. De hecho, ahora que la Justicia reacciona y deja las cosas donde deben estar, el Gobierno ha vuelto a quedarse fuera de juego, más cerca de las pretensiones etarras que de sus obligaciones democráticas.

La decisión del Supremo llega el día después de que Zapatero e Ibarretxe se reunieran en Moncloa de forma clandestina. Sólo después de ese encuentro a escondidas se hicieron públicos dos comunicados en los que se recogía la buena sintonía y los deseos de trabajar juntos por la paz. Buenas palabras tras las que se esconden perversas intenciones. Esta misma semana la portavoz del Gobierno vasco imponía a Zapatero dos condiciones para pactar: acercamiento de presos y derogación de la ley de partidos. Si pocas horas después los dos políticos se reúnen y salen con acuerdos bajo el brazo es que el presidente del Gobierno ha vuelto a pactar para sacar adelante su plan de rendición "como sea".

Zapatero ha fracasado en su proceso. Ahora, después del atentado de Barajas, necesita socios nuevos y los ha encontrado entre los nacionalistas vascos, aquellos que siempre han defendido la cesión completa y total a las pretensiones de los terroristas, más que nada porque son las suyas propias. El árbol y las nueces, recuérdese. Zapatero e Ibarretxe parecen entenderse a la perfección en ese terreno.

Decisiones como las de este viernes del Tribunal Supremo son un alivio pasajero en el tortuoso camino por el que nos conduce Zapatero. El mero hecho de que supongan un consuelo, que sean noticia de portada, significa que nuestra democracia está muy deteriorada. Nuestras libertades son ahora mismo arcilla en manos de un irresponsable visionario. No cabe, por tanto, esperar nada bueno de lo que nos queda por delante.

Batasuna, el aparato fiel
Por Germán Yanke ABC 21 Enero 2007

Al parecer, el Gobierno sabe de las discrepancias en el seno de la ilegalizada Batasuna. Aún más, parece que potenciarlas es parte de la estrategia del momento, quizá parte del plan B o C que el ministro del Interior aseguró que el Gobierno tenía. Arnaldo Otegi, en una entrevista concedida a la emisora Euskadi Irradia dijo que algunos sectores de la Izquierda Abertzale habían manifestado su «confusión ya que ETA, al reservarse en su último comunicado la posibilidad de «responder» a los ataques a Euskal Herria, podía dar la impresión de restar credibilidad al «alto el fuego» que, también al parecer y no sin escarnio, sigue vigente. Pernando Barrena señaló después que en esto de la credibilidad de ETA había un problema de traducción del euskera al castellano y bien es cierto que Otegi, en la entrevista citada, aclaraba que lo peor del asunto era que «algunos», amparándose en esa advertencia de la banda, trataran de ocultar que, efectivamente, el «alto el fuego» estaba vigente. Vamos, que Otegi cree que sigue vigente.

Otro de los gurús del entorno etarra, el sindicalista Rafael Díez Usabiaga dijo que «no hay proceso sin bombas». Pero añadió, en el mismo momento, que tampoco hay «proceso» con «leyes de excepción, persecución contra la izquierda abertzale», juicios, etc. Es más, completó el análisis diciendo que tampoco lo había sin mesa de partidos y diálogo político. Su sindicato, LAB, llamó después manipuladores a los que se emocionaron.

Porque se emocionó el Gobierno vasco, que vio en ello «un buen síntoma». Un poco menos el presidente del PNV, Josu Jon Imaz, que, utilizando una tópica expresión de su partido, se alegró de que «las cosas se empiecen a mover ahí dentro». Y el presidente Rodríguez Zapatero quiso emocionarse quizá, aunque el horno no está para mucha exaltación, advirtió que «hay declaraciones de Batasuna que no deben pasar desapercibidas».

Sin embargo, lo que hasta el momento (y desde el retorno de la democracia, tras la muerte de Franco) no ha pasado desapercibido es la dependencia absoluta de Batasuna respecto de ETA, su pertenencia a una estructura jerárquica. En primer lugar, no hay sino que acudir a los documentos internos de la banda que se define a si misma como una organización que utiliza «la lucha pacífica y la lucha armada». El eufemismo «lucha pacífica» engloba a Batasuna y otras organizaciones que, aprovechando los recursos de la democracia, sostienen la presión sin bombas o pistolas, pero siempre teniendo las pistolas y las bombas, aunque sea en otras manos, en la recámara.

La Koordinadora Abertzale Socialista (KAS) se constituye en 1975 ante el juicio a los terroristas Txiki y Otaegui. Desde que, ante los comicios de 1977, se plantea la posibilidad de presentarse a las primeras elecciones, queda sometida claramente a ETA. Desde ese momento, las crisis de la izquierda abertzale son las crisis de ETA, las disidencias posibles son las que haya en el seno de ETA. En 1983 y 1987 queda palmariamente claro cuando el partido HASI, que forma parte de la coordinadora, pretende debatir críticamente el documento «Ponencia KAS Bloque Dirigente» (en el que ETA tiene el papel de dirigente del «proceso»). El «argumento» para evitar el desviacionismo no es otro que una pistola sobre la mesa.
No es de extrañar que Txomin Ziluaga, el secretario general de HASI pidiera en 1987 que ETA se tomase «unas vacaciones» para reordenar una organización bicéfala entre el aparato político y el «brazo armado». En el Congreso del partido celebrado en Cestona, Ziluaga, que no pudo evitar una lipotimia, fue apartado por decisión directa de la banda. Si la disidencia era, como era, por el control del conglomerado de la izquierda abertzale, el control lo tenía y lo tiene ETA.

Tengan el nombre que tengan, son ellos el «brazo político».
En este sentido, tenemos un ejemplo paradigmático en la tregua de 1998-1999. Las negociaciones previas con PNV y EA las realiza ETA, sin la innecesaria presencia de Herri Batasuna. Pero, al calor de la tregua, HB lanza Euskal Herritarrok con pretensión de crear un movimiento más abierto pero su creación y su final respondían a la estrategia de la banda. Sin que se enteraran los incorporados a EH (paradójicamente el propio Ziluaga entre ellos), ETA decidió dar por cancelado el proyecto.

El problema de Batasuna es que, por su propia naturaleza de dependencia y por la identidad de la concepción política e instrumental, no puede vivir fuera de ETA. Si existe KAS, como se desprende de los autos del juez Garzón, es ya como una cúpula que se identifica con la banda, lo que ha tenido sus correspondientes consecuencias penales y ha dado lugar a la ilegalización de Batasuna. Las disidencias, por tanto, han sido purgadas o eliminadas. Y todo ello, además, con el convencimiento de que una izquierda abertzale alejada de ETA no pasaría de ser residual.

Aralar intentó una ruptura en la izquierda abertzale y capitalizar un hipotético rechazo a la violencia en el seno de la misma. Tuvo un relativo éxito las elecciones navarras de 2003 (4 escaños), pero los resultados de las últimas autonómicas en el País Vasco son bien significativos. Aralar obtuvo 28.000 votos y un escaño el Partido Comunista de las Tierras Vascas, sucedáneo de la Batasuna ilegalizada, con candidatos desconocidos, consiguió 150.000 y 9 escaños.

Pero, a pesar de todo, se ha querido ver la declaración de Anoeta, protagonizada por Arnaldo Otegi en noviembre de 2004, como la voluntad de Batasuna de «trabajar exclusivamente en el ámbito político». Nunca ETA le pidió otra cosa, es decir, siempre le pidió que obedeciera en «el ámbito político»: participar como delegado en la mesa que da paso a la autodeterminación mientras ETA negocia con los Estados español y francés la «desmilitarización del conflicto».

Nunca una condena del terrorismo. Siempre las instituciones democráticas responsables de la violencia. Jamás una evolución programática desde la perenne doctrina totalitaria. A veces, algún rostro «dialogante» como operación estratégica, pero el «diálogo» es la consecución de lo «irrenunciable». Ahora parece se que se pretende rizar el rizo: buscar la quiebra en Batasuna por el «efecto autodestructivo» de la violencia de la banda y, al mismo tiempo, evitar un nuevo estallido de esa violencia mediante la comunicación abierta y la promesa de reiniciar el diálogo en mejores condiciones. Paradójico.

Farruquito, prueba del algodón
Por Antonio Burgos ABC 21 Enero 2007

UN catedrático de Filosofía que fue mi maestro en la Universidad Hispalense, don Jesús Arellano, decía que para hablar bien en público sólo hacían falta dos cosas:
1. Tener algo que decir
2. Decirlo.

Para que el Estado de Derecho pueda mostrarse en toda su plenitud y grandeza, sólo son necesarias dos cosas:
1. Querer que el Estado de Derecho actúe.
2. Hacerlo actuar conforme a las leyes.

Tengo un plan infalible para acabar con la ETA, sin tantas mayúsculas del Proceso, del Consenso y de la Unidad. El plan es muy simple:
1. Querer derrotar a la ETA.
2. Derrotarla aplicando los recursos del Estado de Derecho.

Si les cabe alguna duda acerca de este más que democrático y legítimo método, pueden hacerle le prueba del algodón de Farruquito. No le es ajeno el algodón a Farruquito, a cuya glorificación asistimos en sus primeras jornadas carcelarias. Se presentó en su boda vestido de azucarado algodón de feria, en versión de frac. Ha ingresado en la cárcel vistiendo un blanquísimo chándal blanco de algodón, con «Oregón» cruzándole el pecho como la cruz de Santiago a Velázquez en las Meninas. El blanco y carísimo chándal carcelario era como el traje de campaña del mismo algodonoso Ejército cuyo uniforme de gala vistió para la boda.

¿Por dónde íbamos, antes que nos metiéramos en la Pasarela Sacromonte de las tendencias de Farruquito? Ah, sí, por Farruquito como Prueba del Algodón del Estado de Derecho. Si les cabe alguna duda acerca de lo fácil que es aplicar las normas del Estado de Derecho contra los delincuentes (y la ETA es una banda organizada de delincuentes, no se olvide), ahí tienen las lorquianas 5 de la tarde en que Juan Manuel Fernández Montoya, como un Camborio legítimo, ingresó voluntariamente en la prisión Sevilla 2 ataviado con blanco chándal y dos maletones en la Andalucía de los maletines.

El Estado de Derecho, para meter a Farruquito en la cárcel y, antes, para detenerlo, juzgarlo y condenarlo a la luz del Código Penal, no ha necesitado hacer concesión alguna. El Estado de Derecho, para meter a Farruquito en la cárcel, no ha necesitado que Fernández Montoya prometa que no va a arrollar a peatón alguno más con su auto «sin», como la cerveza 0,0: sin carné de conducir, sin seguro, sin respetar la velocidad máxima. El Estado de Derecho, para meter a Farruquito en la cárcel, no ha tenido que iniciar más Proceso que el que establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal. El Estado de Derecho, para meter a Farruquito en la cárcel, no ha tenido que convocar un pleno extraordinario del Congreso de los Diputados a fin de establecer un consenso entre todos los partidos. Al Estado de Derecho, para meter a Farruquito en la cárcel, le ha bastado y sobrado con la Policía y los jueces. Justo con lo que bastaría para poder derrotar a la ETA, si es que la quisieran derrotar.

Al abogado de Farruquito se le fue viva la mejor línea de defensa. Le hubiera bastado con decir que su defendido era miembro de Batasuna, o negociador en Zurich, o parlamentario del Partido de las Tierras Nekanes, un héroe de la paz, vamos, para que, como Otegui, aun condenado, nunca hubiera tenido que ponerse el chándal blanco carísimo del ingreso en prisión. O para que, como Josu Ternera, aun condenado y en busca y captura, las fuerzas y cuerpos que lo quincaran se pusieran inmediatamente a silbar el «Volando voy, volando vengo» de Camarón y a mirar al techo, a fin de disimular y no fastidiar Proceso alguno deteniéndolo.

Por si fueran pocos argumentos, al defensor de Farruquito se le ha ido vivo, sobre todo, el mejor: el del cordón sanitario. El supremo principio de que aquí No Passssa Nada, y si pasa algo, es por culpa del PP. Farruquito, artista inmenso cuyo arte todos reconocemos, seguiría en libertad, deleitando al mundo con su baile, si le hubieran aplicado, como a la ETA, ese principio. Ya saben: la muerte de aquel peatón fue culpa del PP. Que es el que tiene la culpa de todo en esta España donde No Passssa Nada a pesar de que la ETA ha cometido dos asesinatos más.

Estado de decepción
Por Ignacio Camacho ABC 21 Enero 2007

EL que tenga oídos para oír, que salga a la calle y pegue la oreja. En el bar, en la oficina, en el mercado, en la universidad, en el quiosco, en el autobús, en la tienda. Si no lleva puestas las orejeras de sus prejuicios oirá rumores de desencanto, murmullos de decepción, protestas de hastío. La gente está confusa y desengañada, perpleja ante el espectáculo cainita de una política de vuelo bajo en la que nadie halla una brizna de generosidad con la que sobreponerse al sectarismo.

Tres semanas después de la reaparición de ETA, con su halo macabro de bombas, escombros y muerte, los ciudadanos sólo ven en la dirigencia pública a dos gigantes semienterrados destrozándose a garrotazos, como en el cuadro de Goya, y oyen una falaz retórica de unidad destinada tan sólo a arrinconar al adversario. No encuentran liderazgo, ni altura de miras, ni visión de Estado. Inquietos por la zozobra, contemplan a un presidente incompetente, noqueado y sin rumbo, obsesionado con hablar con los asesinos recitando la milonga de la pazzzzzzz como un mantra gastado, y a un jefe de la oposición que le atiza sin piedad con todo lo que encuentra a mano. Y por debajo, un revoltijo de golpes sucios, un encono encelado de rencores, un duelo de españas escindidas y cabreadas, un pulso de poder descarnado en el que nadie se preocupa de lo que pasa en la calle. Y en la calle lo que se siente es un profundo, patente, desalentado desamparo.

En estas crisis en que la sociedad y sus dirigentes se desencuentran, la democracia se deja a menudo jirones de cohesión. Los estados mayores de los partidos, obcecados con la estrategia electoral, creen que la bronca va a movilizar a una ciudadanía en estado de tensión perpetua, pero no cuentan con el cansancio y la frustración de mucha gente razonable. Están fabricando abstenciones y, si siguen así, es probable que en la próxima cita con las urnas no acudan once millones de electores contra diez, sino nueve contra ocho. O que suene en alguna parte la flauta de algún Hamelin oportunista capaz de levantar una plataforma de desengañados o una brigada de cascos azules, una fuerza de interposición al estilo de Ciutadans de Catalunya. Cuando el pueblo no encuentra salidas convencionales, suele darle una oportunidad al aventurerismo. O se desengancha, hastiado de ser comparsa de un desafío de intereses.

Estamos en ese punto en que da la vuelta el viento de la responsabilidad. Esta vez no se trata de reformas territoriales más o menos farragosas, ni de leyes polémicas, ni de crisis socioeconómicas, sino de un Estado desafiado a bombazos por un manojo de orates, esa clase de momentos en que los ciudadanos exigen dirigentes capaces de levantar un liderazgo generoso por encima de su propia ambición. En vez de eso se han visto ellos mismos en medio del fuego cruzado entre dos trincheras de animadversión y furia. Que nadie se engañe luego si en vez de respuestas y apoyos sólo encuentra un perplejo escapismo o un vacío de decepciones.

Encalla el estatuto gallego
Editorial ABC 21 Enero 2007

EL empeño del Bloque Nacionalista Gallego en convertir la reforma del Estatuto de Galicia en un nuevo experimento de ruptura constitucional se ha encontrado con la firme oposición del Partido Popular, principal grupo parlamentario en la Asamblea autonómica. A diferencia de lo que sucedió en Cataluña, los populares son aritméticamente imprescindibles para que la Cámara gallega apruebe un proyecto de reforma estatutaria. Sin embargo, no es probable que Rodríguez Zapatero dispense a Alberto Núñez Feijóo, líder del PP gallego, idéntico trato preferencial con el que obsequió a Artur Más, pese a que el popular es tan líder de la oposición y del grupo mayoritario en la Cámara como Mas lo fue -y sigue siendo- en Cataluña. Parece que Galicia importa menos que Cataluña en el diagnóstico del PSOE. A partir de esta posición de fuerza democrática, Núñez Feijóo está sabiendo combinar su responsabilidad como primer partido gallego, que le obliga a mantener la comunicación abierta con el bipartito que dirige el socialista Pérez Touriño, con su obligación de sostener en Galicia el discurso de cohesión nacional y defensa constitucional inherente al PP.

El bloqueo de las conversaciones para la reforma estatutaria no se debe, por tanto, a una actitud de veto por parte del PP gallego, sino a la legítima resistencia a las exigencias de una minoría nacionalista. Las extravagancias del Bloque sobre el uso del gallego, su empecinamiento en expulsar toda referencia a la identidad española de Galicia y el objetivo de configurar estatutariamente una sociedad sometida al código nacionalista y de izquierdas (con derecho al aborto incluido) hacen imposible el apoyo del PP. El socialismo gallego, avisado ya de las consecuencias que puede producir la política de concesiones al nacionalismo radical, no podrá zafarse de su responsabilidad, ni endosar culpas al PP mientras mantenga al Bloque como socio de gobierno, más aún cuando todo apunta a que las diferencias entre PP y los socialistas no son insalvables. Sí lo es la hipoteca nacionalista que pesa sobre Touriño.

Por otro lado, la proximidad de las elecciones locales y municipales y la pendencia de varios recursos de inconstitucionalidad contra el Estatuto catalán aconsejan no avanzar en una reforma que tiene muy frágiles las bases políticas y jurídicas. En los próximos comicios pueden producirse cambios de tendencia que deban ser interpretados como una desautorización de ciertas políticas seguidas hasta ahora, como los cambios del modelo político de organización del Estado. Por otro lado, la alta probabilidad de que el nuevo Estatuto catalán tenga contenidos inconstitucionales es suficiente para disuadir el «aventurerismo» confederal impulsado por el Gobierno. Touriño tampoco puede ser indiferente al efecto de la deflación del Gobierno de Rodríguez Zapatero en el apoyo político a la reforma estatutaria. Galicia ha entrado en un tiempo muerto político.

Respecto a la situación política, el momento tampoco parece adecuado para alcanzar un gran acuerdo democrático. Lo mínimo que cabe esperar es que el gobierno que lo promueve ponga las condiciones necesarias, con decisiones que no provoquen discordias y con actuaciones que generen confianza social. Sin embargo, el bipartito gallego presenta un balance muy poco favorable. Dejando a un lado las agitaciones soberanistas del Bloque, el bipartito demostró una clara incompetencia en la prevención y extinción de incendios el pasado año y en la respuesta a las riadas del otoño. La probable pérdida de inversiones multimillonarias en instalaciones acuícolas por la marcha a Portugal de Pescanova y la anunciada salida de otras empresas hacia otras regiones son indicios de que el prejuicio ideológico se antepone en las coaliciones de nacionalismos y socialismo a una valoración sensata de los intereses generales. En este contexto, el papel de Núñez Feijóo cobra un valor añadido por dos razones: primera, por no dejarse atrapar por las contradicciones internas del bipartito sobre la reforma estatutaria; segunda, por representar en Galicia, con las adaptaciones que legítimamente deba hacer, el discurso de un partido nacional, cuyos principales argumentos en contra de la estrategia de alianzas del Gobierno socialista se están viendo refrendados con hechos y resultados.

CASTRACIÓN LINGÜÍSTICA:ESPAÑOL CATALÁN VASCO
Antonio García Fuentes Periodista Digital 21 Enero 2007

LOS ENANOS POLÍTICOS UNA VEZ MÁS:
Debo decir antes que nada, que me es indiferente totalmente el idioma que emplee “mi vecino más próximo”… no digamos el que empleen vascos o catalanes. Me basta y me sobra con el “español” que hablamos ya casi 500 millones de terrícolas… y me ha bastado hasta aquí y cuento casi 70 años, incluso en los bastantes países extranjeros donde he estado y que me han entendido en mi idioma. Pero dicho ello, pienso que han sometido a una castración intelectual a unas generaciones, que dudo se vayan a recuperar a lo largo de su vida… “sumergiéndolas en su vernácula lengua y en las historias que les han montado”… “esos enanos políticos, que subidos en su enanismo intelectual y pensando sólo en el poder y sus bolsillos, cometen tan horrendo crimen, del que les será pasada factura, tan pronto despierten esos pobres sometidos”.

Puesto que… ¿Cómo calificar la no enseñanza y fomento de una lengua propia (vascos y catalanes son españoles y pese a lo que les digan “los enanos”) e igualmente taparles la historia nacional, para enseñarles sólo la de sus lares vernáculos y además “adobada” según interesa a los sátrapas de turno… inaudito tanto “enanismo intelectual”. Pues quede claro que no estoy en contra de ello, pero paralelamente de cuanto les afecta por una historia… “muy larga historia”, que les une a una gran nación, que tuvo su protagonismo mundial y del que se beneficiaron y participaron, tanto catalanes como vascos… ¿o es que estuvieron ausentes de los grandes beneficios que les aportara aquella grande España y su imperio a muchos de ellos… o no forman parte nativos de esos lares en la historia común?... sí reitero… “enanismo visceral y por tanto nefasto totalmente para la verdadera cultura del ser humano”.

Lo que antecede, “me lo produce las siguientes noticias”:
“Los niños catalanes no aprenden a hablar español en la escuela” (titulares). “Según la diputada de CIU, Irene Rigau, introducir una tercera hora de español (ella dice castellano: que ya no existe) acaba con el modelo de Ecuación y hará imposible el aprendizaje del catalán entre los niños”. El uso de la lengua como arma política de exclusión en Cataluña durante estos últimos 25 años ha provocado que un gran número de adolescentes catalanes no domine el español. Pese a que el 55,8 % de los catalanes lo usa como principal lengua de comunicación habitual”.

Sí sólo anteponemos el egoísmo material (“la pela es la pela”) resulta que, los principales clientes de toda la industria, comercio y “servicios”, somos españoles o de habla española; que es lo que ha permitidos a los “ahora separatistas”, crear y mantener una riqueza y preponderancia económica, que sin esas “ayudas” (ayudas de todo tipo y en especial del dinero público que siempre han logrado sacar a España) seguro que no hubieran conseguido nunca; puesto que han colonizado desde hace siglos (aún lo siguen) gran parte de la economía de “las Españas” y ahora de “la que queda”.

Como muestra, “un botón actual”: “Los Presupuestos Generales del Estado, por imperativo del nuevo Estatuto catalán, destinarán miles de millones de euros en nuevas infraestructuras en Cataluña durante siete años, independientemente de cuales vayan a ser las necesidades reales de las demás Comunidades en este tiempo, es sencillamente una aberración a la que el Gobierno de Zapatero no ha sabido o querido ponerle coto. Sólo en 2007 Cataluña recibirá como consecuencia del nuevo Estatuto un plus de 3.195 millones de euros, cifra que todavía ERC ó CIU consideran insuficientes”.

Esto último y por sí solo, ya justifica el boicot que según se publica constantemente, siguen infinidad de españoles a los productos y servicios de tan ingratos “compatriotas”, Por tanto no es tan sólo, el “crimen intelectual” que están practicando, con su enanismo y falta de visión de una realidad, en la que el idioma español avanza y se extiende a una velocidad asombrosa (ya el tercer país de habla española es Estados Unidos de Norteamérica) y debido a su propio impulso expansivo… es por cuanto sus formas y por tanto sus producciones, ya repelen a cada vez más españoles que simplemente queremos seguir siéndolo.

¿Qué beneficios o perjuicios van a recibir “los enanos” y por ende sus sometidos súbditos antes o después?... el futuro nos lo irá diciendo; yo intuyo que no va a ser muy bueno y pese a sus… “tornillos, mordazas y compra de gobiernos”.
El inteligente, que simplemente recuerde que… “Gandhi acabó con el Imperio Británico… con una rueca en la mano y boicoteando todos los productos británicos”.

Antonio García Fuente
(Escritor y filósofo)
www.jaen.ciudad.org (allí más)

Otro error de Zapatero
Por JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS ABC 21 Enero 2007

RAMIRO Pinilla es un escritor vasco que, después de ganar el premio Nadal y el de la Crítica en 1960, ha sido galardonado en 2006 con el de Literatura por una trilogía que bajo el título general de «Verdes valles, colinas rojas» traza la historia de una saga familiar vasca desde el siglo XIX al presente. Pinilla -proclive a la política de Zapatero, no nacionalista, pero de indudable marchamo vasquista- expresó con precisión el domingo pasado en ABC lo que muchos ciudadanos de allí y de fuera del País Vasco piensan. Decía el autor que «la clave es el PNV. Cuando decimos que parte del pueblo vasco volvía la cabeza ante los crímenes nos hemos referido al PNV». Y añadía: «Bueno, no digamos de los abertzales de izquierda, que esos no es que volvían la cabeza, esos aplaudían». Tras tan ajustada opinión, Ramiro Pinilla se une a los que creen que con Imaz el PNV ha cambiado: «Hoy el PNV con Imaz, que no está ahí por casualidad, rechaza a ETA y eso significa la puntilla para ETA. El PNV ha decidido que desaparezca ETA y lo va a conseguir».

Ojalá nuestro escritor tenga razón, pero la albergue o no en su pronóstico, hay algo inapelable en su juicio que muchos comparten: si el Partido Nacionalista Vasco quisiera, la banda terrorista desaparecería. Acaso también sea ésta la reflexión del presidente del Gobierno al articular con los nacionalistas vascos un nuevo proceso para la eufemística «solución dialogada» a la violencia terrorista de ETA.

Hasta el momento, el PNV ha formado siempre parte del problema y jamás de la posible solución. En su acervo estratégico -y en el táctico- los nacionalistas siguen manteniendo que existe un denominado «conflicto vasco» con el Estado español cuya expresión más radical es la «lucha armada» de ETA que no se solventará hasta tanto no se reconozca el derecho de autodeterminación y la territorialidad de Euskadi y se conforme una salida negociada con ETA. Este discurso -incluido en el texto «Reconocimiento del ser para decidir» aprobado por la Asamblea General del PNV celebrada el 15 de enero de 2000- ofrece una comunidad de fines políticos con la banda terrorista ETA que dice reivindicar objetivos similares a los del PNV, aunque éste se haya cuidado de utilizar la violencia rechazándola en los términos ambiguos tan bien descritos por Ramiro Pinilla. El viejo aserto de Arzalluz según el cual «unos mueven el árbol y otros recogen las nueces» ha sido una lacerante realidad en el País Vasco que se ha correspondido con hitos estrictamente históricos: los nacionalistas no respaldaron la Constitución en 1978; votaron el Estatuto de autonomía como un mal menor en 1979, siempre como una solución transitoria; han preconizado de forma permanente la negociación para acabar con ETA; se vincularon en un pacto -el de Estella- con la banda terrorista en 1998 y el 30 de diciembre de 2004, el PNV, con Ibarretxe como presidente del Gobierno vasco, y con tres votos de los seis posibles de Batasuna en aquel momento en el Parlamento vasco, se aprobó la denominada «propuesta de Comunidad Libre Asociada de Euskadi» un texto derogatorio del actual Estatuto que establecía la cosoberanía y, tanto de hecho como de derecho, consumaba la secesión del País Vasco.

El PNV no ha rectificado explícitamente el pacto de Estella ni se ha desprendido de la pretensión secesionista de lo que se conoce ya como «plan Ibarretxe», rechazado por el Congreso de forma aplastantemente mayoritaria. Los nacionalistas vascos siguen reivindicando -vuelvo a remitirme a la ponencia política «Reconocimiento del ser para decidir»- una forma inconstitucional de «asociación libre de Euskadi» con el Estado español; no secundaron la ley de partidos; el Parlamento vasco, dominado por el tripartito gobernante y la propia Batasuna, no disolvió el grupo parlamentario de los proetarras -haya sido o no delito no haberlo hecho- y aún después del atentado de Barajas del pasado día 30 de diciembre, persisten en reclamar una «solución dialogada», propugnan que cesen las «agresiones judiciales» y piden, sin más, la legalización del brazo político de ETA. Es cierto que el presidente de la Ejecutiva del PNV, Josu Jon Imaz, presenta maneras y lenguajes diferentes a los de Ibarretxe, Arzalluz o Egibar. Pero, hasta el momento, no ha demostrado más que gestos, pero no ha reformulado estrategias, ni principios, ni ha manifestado rectificación alguna sobre las políticas tradicionales del partido. Además, su moderación -que todos desearíamos fuese resultado de una reflexión ideológica y ética sincera- se produce desde una posición interna en la organización un tanto inestable: cuenta con el apoyo del PNV de Vizcaya, pero no con el íntegro de la organización en Guipúzcoa en la que los más radicales se desmarcan de su discurso tantas cuantas veces les ha parecido conveniente.

Arzalluz también fue un célebre moderado. Cuando el PNV necesitaba del PSE inauguró lo que se dio en llamar «el espíritu del Arriaga». En aquel teatro bilbaíno, el entonces líder del nacionalismo -corría 1988- afirmó: «Euskadi es de todos los vascos. Y será libre en la medida en que todos los vascos sepamos respetarnos mutuamente. Y si un día es nacionalista, deberá serlo por la persuasión no por la imposición». Aquel fervor le duró hasta 1993. En aquel año, en Tolosa, en una conferencia hizo explícitas referencias a las características craneales de los vascos -los «auténticos»-, propugnó la «asimilación de los de fuera» y esgrimió la «unidad de los nacionalistas» como nuevo objetivo una vez superada la debilidad de la escisión del PNV sucedida en 1986 y de la que nació Eusko Alkartasuna. Luego, en 1996, el PNV le votó a Aznar en la investidura, su presidente se retrató con la gaviota popular en Génova y dos años después traicionó a socialistas y populares -al PSE en Vitoria y al PP en Madrid- para firmar en Estella el pacto con ETA después de calcular que el «espíritu de Ermua» podría arrollar al nacionalismo. O sea, que hasta ahora, la moderación del PNV ha sido táctica -ojalá no lo sea con Imaz-, pero la radicalidad de Ibarretxe está probada, y conferir al lendakari y a su partido la condición de aliado estratégico en un eventual nuevo «proceso de paz» (léase, de negociación) es una temeridad por parte de Rodríguez Zapatero.

Lo es especialmente porque el final del terrorismo de ETA sólo puede ser negociado si interviene el PNV en la «solución» en la que, además, se dirimirá la primogenitura de Sabino Arana. El fin de la banda es indisociable de la carrera por la hegemonía entre las familias nacionalistas que siempre han sido banderizas y facciosas. De nuevo la historia: el PNV se escinde en 1921 y nace el radical «Aberri»; Acción Nacionalista Vasca (ANV) surge en 1930 de las filas peneuvistas; «Jagi-Jagi», una radicalización nacionalista, se nutre del PNV en 1934; en 1959 nace ETA desde EKIN, grupo que procede de las juventudes nacionalistas y EA es la última de las escisiones, encabezada esta vez por Carlos Garaikoetxea en 1986.

El presidente del Gobierno se equivoca al apoyarse en el PNV para rehabilitar el «proceso de paz». Se confunde -como lo ha hecho antes- en el socio estratégico y en la proyección de la que, previsiblemente, será su conducta política en relación con el fin negociado que se propone. El PNV no está por laderrota de ETA, sino por la negociación con la banda. Este movimiento en el tablero político que ha protagonizado Rodríguez Zapatero constituye una precipitación que deja en mal lugar a su partido en el País Vasco, hace evidente su intención de marginar al PP y, sobre todo, demuestra que el atentado de Barajas no le ha convencido de que ETA es un mafia a la que hay que combatir y con la que jamás hay que negociar. Dicho queda para cuando -y ocurrirá a no tardar- algunas cañas -las del PNV- se vuelvan lanzas. Que se volverán.
JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS_ DIRECTOR DE ABC

El ciempiés
FERNANDO SAVATER El Correo 21 Enero 2007

Dice Lichtenberg en uno de sus agudos aforismos que el ciempiés debe su nombre a la pereza de contar hasta catorce (que por lo visto es el número real de patas que tiene el bichejo). O sea, que por no tomarnos el trabajo de observar con cierto detenimiento al insecto tal como es, lo despachamos atribuyéndole una sobreabundancia de extremidades que no corresponde a la realidad. Por lo que oigo y leo, a bastantes les pasa con el Pacto Antiterrorista como a los demás con el ciempiés: que lo critican, lo infravaloran e incluso lo descartan por anticuado pero sin dar nunca la impresión de haberse tomado la molestia de contarle las patitas.

Recordemos para empezar que ese 'papelito' (como lo ha llamado la vicepresidenta de forma displicente) fue una de las mejores iniciativas que ha tenido Rodríguez Zapatero en su trayectoria política, considerando en conjunto su etapa en la oposición y después al frente del Gobierno. Como últimamente no atraviesa el presidente el mejor de los momentos, parece imprudente degradar a mero 'papelito' su acierto menos discutible. En su reciente comparecencia parlamentaria, Zapatero ha propuesto revisar el Pacto y corregirlo de tal modo que ya no esté firmado sólo por el PP y el PSOE, sino que acoja en su seno generoso a todos los partidos políticos democráticos, sindicatos, movimientos sociales, etcétera, hasta llegar -según Zapatero- a la cantidad absoluta de cuarenta y cuatro millones de españoles (cifra que también incluiría, si yo no cuento mal, a quienes apoyan hoy a partidos ilegalizados). O sea que va a realizarse un milagro, algo así como la multiplicación de los panes y los peces pero en política antiterrorista. Laus Deo!

Dejando a salvo la buena intención presidencial, en la que casi siempre me empeño en creer, siento una cierta inquietud al pensar en las posibles modificaciones que puede sufrir el texto acordado a finales de 2000. Porque los argumentos que se dan para tales cambios no son demasiado concluyentes. Sobre todo es el preámbulo lo que recibe mayores descalificaciones: algunos aseguran nada menos que va dirigido contra los nacionalistas del PNV y EA, por lo cual estos ofendidos ciudadanos no pueden de ninguna de las maneras firmarlo, ni ayer ni hoy ni mañana. Pero cuando uno le cuenta las patas al ciempiés, resulta que las cosas no son como se nos dice. En ese prólogo no se ataca a ninguna formación democrática ni sus ideales, sino una determinada estrategia política seguida por PNV y EA cuando dejaron el Pacto de Ajuria Enea por el de Lizarra para «de acuerdo con ETA y EH, poner un precio político al abandono de la violencia. Ese precio consistía en la imposición de la autodeterminación para llegar a la independencia del País Vasco». Que lo así denunciado ocurrió no es una valoración sino un hecho histórico. Y no es arbitrario afirmar que se trataba de la mayor de las concesiones al terrorismo, pues habría marginado a la mitad no nacionalista de los ciudadanos vascos. Fue un grave error, por no llamarlo más exactamente 'fechoría'. Hoy lo admiten ya así incluso algunos de los más altos cargos del PNV y deberían comprenderlo el resto de las fuerzas políticas, de modo que no está claro por qué va a ser imposible que firmen el 'papelito'. Si ya nadie está en Lizarra ¿qué de malo tiene renunciar a Lizarra? A no ser que alguien siga todavía en Lizarra pero ahora lo llame 'plan Ibarretxe'. En cualquier caso, para hacer más actual el documento, podría ser recomendable suprimir la mención histórica a Lizarra pero sin renunciar a lo importante: que no se puede imponer la autodeterminación -el derecho a decidir de los vascos segregados- como el precio al final del terrorismo.

Y aún menos podríamos abandonar esta descripción estupenda del proyecto de ETA (nada 'irracional' por cierto, contra lo que creen los despistados), que también figura en el famoso preámbulo y que me sigue pareciendo de lo más esclarecedor sobre el tema, dicho con el mínimo de palabras: «La estrategia de ETA no puede ser más evidente: tratan de generalizar el miedo para conseguir que los ciudadanos y las instituciones desistan de sus principios, ideas y derechos y así alcanzar sus objetivos que, por minoritarios, excluyentes y xenófobos, no lograrían abrirse camino jamás con las reglas de la democracia». ¿Ven como sí que se puede hablar claro en documentos oficiales cuando se tiene la voluntad de hacerlo? Que alguien me diga qué palabra sobra o falta en el párrafo citado.

Los diez puntos siguientes son igualmente precisos, contundentes y ejemplares en su veracidad. Siguen unos pocos ejemplos: «El único déficit democrático que sufre la sociedad vasca, el verdadero conflicto, es que aquéllos que no creen en la democracia ejercen la violencia terrorista para imponer sus objetivos a la mayoría» (punto 2º); «el pueblo vasco ha desarrollado su capacidad de autogobierno en el marco de la Constitución y del Estatuto de Gernika. ( ) Cualquier discrepancia política existente entre vascos puede y debe plantearse en ese marco institucional» (punto 3º); «los delitos de las organizaciones terroristas son particularmente graves y reprobables porque pretenden subvertir el orden democrático y extender el temor entre todos los ciudadanos. Nuestro sistema penal ofrece una respuesta jurídica adecuada para reprimir esos delitos. No obstante, si nuevas formas delictivas o actitudes y comportamientos que constituyeran objetivamente colaboración o incitación al terrorismo exigiesen reformas legales, nos comprometemos a impulsarlas en el marco del mutuo acuerdo» (punto 5º); etcétera. Insisto, léanse el Pacto Antiterrorista, cuenten las patas del ciempiés y compárenlo con la caricatura del 'papelito' anticuado y necesitado de múltiples enmiendas que se nos quiere presentar. ¿Ojalá hoy los políticos hablaran en materia terrorista con la claridad, la lucidez y la energía que utilizan en ese documento! Si alguien quiere cambiarlo, por favor que nos diga con precisión cuál es el punto que no le gusta y por qué.

Pero lo mejor viene al final, como en las novelas policíacas. Y es que este Pacto nunca estuvo limitado en exclusiva al PP y al PSOE, ni excluyó a nadie, sino todo lo contrario: explícitamente, recabó el apoyo de todas las fuerzas democráticas: «Queremos, finalmente, convocar a las demás fuerzas democráticas a compartir estos principios y esta política, convencidos como estamos de que son un cauce adecuado para expresar su voluntad de colaboración en el objetivo de erradicar la lacra del terrorismo». De modo que ahí lo tienen, bien clarito: el llamado al apoyo de los 44 millones de españoles, sin dejar fuera a nadie. Los que no quieran unirse a esta expresión de sensatez y coraje político que nos den sus razones, despacio y bien claro. Pero que no nos pretendan convencer de que el animalito tiene cien o mil patas, porque hemos tenido la paciencia de contárselas y nos gustan las catorce.

Mejor equivocados que silenciados
J. M. RUIZ SOROA El Correo 21 Enero 2007

Sólo puede calificarse de torpe la conducta del Partido Nacionalista Vasco y sus satélites en promover actos públicos y masivos de repulsa contra las decisiones adoptadas por el Tribunal Superior de Justicia al imputar al presidente del Gobierno vasco de un presunto delito de desobediencia por reunirse con Batasuna. Una cosa son las opiniones que nos merezca la actuación de dicho tribunal y su corrección en el plano jurídico, y otra cosa es lanzar afirmaciones tan groseras y equivocadas como las que podemos espigar estos días en la prensa. Por ejemplo, la del señor Sainz de la Maza, presidente de Eudel, quien afirma que «es de primero de Derecho saber que los actos de gobierno están fuera de la jurisdicción de los tribunales». Y uno se pregunta si este buen señor estudió Derecho allá por 1850, que es la época en que se podía sostener una doctrina así, que no distingue entre la jurisdicción contencioso administrativa y la penal, y recurre a la noción de 'acto de gobierno' o 'acto político' como ámbito exento de control judicial, algo que la Ley de 13 de julio de 1998 de la Jurisdicción Contenciosa arrumbó definitivamente por ser «inadmisible en un Estado de Derecho». ¿Considera este buen señor que el ministro Barrionuevo no podía ser juzgado, como de hecho lo fue, por organizar o tolerar los GAL? ¿O que fue una clamorosa aberración juzgar en Núremberg a los ministros del Gobierno alemán en 1946? ¿O que la alcaldesa de Marbella no puede ser juzgada por sus desmanes al frente del gobierno municipal? Por favor, a nuestros representantes públicos se les puede exigir un poco más de conocimiento cuando hablan, por mucho que les ciegue la pasión partidaria.

Otro ejemplo son las palabras de nuestra 'lehendakariordetza' al afirmar que la imputación judicial «contraviene a la democracia», puesto que (se pregunta retóricamente) «¿dónde se ha visto que un tribunal encause penalmente a un presidente de un país por ejercer sus funciones?». Sería fácil darle ejemplos variopintos de tal caso (hace pocas semanas que Dominique de Villepin compareció ante un juez en Francia), pero basta uno estremecedor: el del presidente Milosevic encausado por el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones. O el de un general de nombre Pinochet, que también alegaba en Londres y Santiago su inmunidad soberana.

Pero es que son casos incomparables, dirá alguno, porque en los que usted cita existía un terrible delito. Claro que sí, y no pretendo comparar los hechos, sino el principio básico que hay detrás de ellos: es el tribunal el que determina si existe o no delito, y para ello investiga, imputa y procesa. Porque si partimos de la asunción apriorística de que el jefe de gobierno no puede delinquir al ejercer su actividad, estaremos creando un ámbito de impunidad o descontrol.

Puede parecer una contradicción democrática que un poder judicial (que además no es ni electo ni representativo, como le han recordado estos días) pueda enjuiciar y condenar al, precisamente, poder electo y representativo de los ciudadanos. Pero no es así. La actuación libre e independiente de los órganos judiciales nunca puede resultar contraria a las reglas de la democracia, a no ser que se tenga una idea equivocada de la democracia, que es lo que les sucede a nuestros nacionalistas. Por lo que quizás sea oportuno explicar, una vez más, en qué tipo de democracia vivimos en Occidente y, por tanto, en cuáles no vivimos. Porque toda la confusión intelectual en esta materia nace de confundir los dos hilos distintos que forman el ovillo aparentemente apelmazado y homogéneo de nuestros sistemas, como advierte G. Sartori. Habitamos en 'democracias liberales', las únicas que se han mostrado históricamente viables, en las cuales los elementos liberales -que son en el fondo plenamente antidemocráticos- pesan más que los propiamente democráticos (Ferrán Requejo). Esto puede sonar a herejía, pero es el abc de nuestros sistemas políticos.

Elementos estructurales básicos de nuestros complejos institucionales, tales como el Estado de Derecho, el sometimiento del poder a los tribunales, los derechos fundamentales inviolables, la separación de poderes o el gobierno mediante representantes no son democráticos 'stricto sensu'. Más bien resultan ser directamente antitéticos a la democracia tal como la entendieron los griegos. Si Pericles levantara la cabeza nos diría que, desde luego, lo nuestro no es una democracia. Y tendría razón. Porque todos aquellos elementos suponen una limitación estructural fortísima a lo que el pueblo puede decidir válidamente, así como a la gestión que el pueblo puede hacer a través de su gobierno. En una democracia sin apellidos, una que fuera realmente popular, directa, asamblearia, participativa (la que soñó Marx en la Comuna de París) nunca podría suceder que lo decidido por el pueblo o sus representantes electos fuera enjuiciado (¿e incluso castigado!) por unos jueces independientes que, para colmo, nadie ha elegido ni votado. Eso sería una contradicción en los términos. Pero es que no vivimos en esa clase de democracia sin apellido (y esto sí que lo sabe un estudiante de primero de Derecho del siglo XXI), sino en la liberal. Y en ella, le guste o no al PNV, los jueces pueden y deben controlar a quienes ejercen el poder. Ignorar este principio y defender que nuestro lehendakari está más allá de la justicia y sólo responde 'ante el pueblo', como les pasaba al duce y al caudillo (que sólo respondían 'ante Dios y ante la historia') es ignorarlo todo sobre la democracia real y sus reglas.

Algo parecido le ha debido de suceder a la presidenta del Parlamento vasco cuando proponía estos días encontrar un «poder o instancia arbitral para los conflictos entre los poderes legislativo y judicial». Porque, realmente, hace ya un par de siglos que tuvo vigencia la doctrina de los liberales doctrinarios del 'poder neutro, arbitral, moderador', pero ese poder era el monarca. ¿Volveremos a ella en Euskadi y volveremos a otorgar el poder arbitral al rey?

Como no puedo creer que nuestros nacionalistas sean de verdad tan ignorantes, sólo puedo achacar su desbarre en el tema a la pasión partidista que les ciega. Y, ciertamente, puedo entender esta pasión hasta cierto punto, dada la eficacia simbólica que tiene la imputación de Ibarretxe para alimentar el eterno victimismo que tan bien utilizan. Como dice el profesor Solozábal, «el nacionalismo es una ideología para tiempos de excepción que tolera mal la normalidad y el sosiego; parece que le es inherente la tendencia a la excitación y la tensión permanentes, y está siempre a la búsqueda de causas y estandartes para la movilización». Así es, y así debemos padecerlo. Pero, junto a ello, no parece demasiado pedir a los políticos nacionalistas un poco de reflexión serena sobre el daño que causan al sistema democrático que realmente tenemos, al que tenemos aquí y ahora (no al sistema ideal que cada uno lleve en su cabeza) con actuaciones como ésta. Que piensen que no deslegitiman a dos o tres jueces concretos con sus manifestaciones, que deslegitiman al sistema completo. Y que no tenemos otro disponible para cuando entre todos lo hayamos arruinado.

Creo que la actuación del Tribunal Superior de Justicia en este caso es equivocada. Lo he escrito. Creo que tarde o temprano será corregida por el propio Tribunal o por el Tribunal Supremo en vía de recurso, como estoy seguro que lo cree el letrado que defiende a Ibarretxe. Las decisiones de los jueces se corrigen por sus propios cauces y métodos, precisamente porque son los titulares de un poder independiente que está sometido sólo a la Ley, no a la decisión de los ciudadanos ni del pueblo, nos guste o no. Las decisiones de los jueces se pueden criticar, incluso acerbamente, faltaba más. Pero si se me pone en la alternativa de optar entre defender la independencia de los jueces (independencia incluso para equivocarse) o defender el principio de que un gobierno no puede delinquir porque está más allá de la ley, me coloco sin dudar del bando de los jueces. Nos va en ello nuestra democracia (liberal).

'Postscriptum': me llega noticia de que la mayoría parlamentaria en Madrid ha dado a luz una nueva y fértil doctrina, la del 'paternalismo sanitario', según la cual se puede silenciar a la minoría para evitar que los ciudadanos se crispen y aumente su tensión sanguínea. Me pregunto si podrá aplicarse también a los tribunales esta nueva versión del bozal parlamentario. Por si acaso, añado otro título: 'Mejor crispados que silenciados'.

Zapatero y la Alianza Tripartita
Doctor Shelanu Periodista Digital 21 Enero 2007

La Alianza Tripartita de Irán, el mundo árabe y Europa -Francia y mayormente la izquierda de Eurabia-. sostiene la causa del Yihad no solamente contra Israel o Estados Unidos, sino globalmente

José Luís Rodríguez Zapatero, presidente del gobierno español y destacado antisemita, aliado de los dictadores izquierdistas nazional-populistas Evo Morales y Hugo Chavez, Fidel Castro, y que muestra simpatía por Ahmadineyad y admiración por el nazional panarabismo palestino y sus grupos terroristas, expresa y vocaliza la Alianza Tripartita cuando defiende la Alianza de Civilizaciones, está manifestando y verbalizando su ideal, la Alianza Tripartita de los ayatollahs y mullahs de Irán, de las dictaduras árabes y de Eurabia, que es Francia, y la izquierda europea, fiel admiradora de la extrema derecha religiosa musulmana.

La política pro-yihadista de Eurabia hacia los árabes-palestinos es fruto:

1. del antisemitismo casi bimilenario de gran parte de la población de Europa,
2. del odio a la victoria israelí en la Guerra de Yom Kipur, del 1967.
3. del castigo árabe-musulmán a los europeos por no haber apoyado totalmente al mundo árabe en su guerra que éste último llevaba contra Israel.
4. del chantaje petrolero a los europeos que los países árabes ejercían como arma contra Israel.
5. del miedo al terrorismo panarabista que durante décadas practicaban los terroristas árabes por Europa.
6. del miedo al terrorismo yihadista, que extienda y alargue sus tentáculos por Europa.

7. la necesidad de los antisemitas de culpabilizar a la víctima judía, sujeto paciente y sufriente del antisemitismo europeo, transmutando a la víctima en victimario, y transmutando los victimarios árabes –en su guerra de destrucción del estado de Israel, como culminación del la re-independencia del pueblo judío- en víctimas.
8. Al culpar a la víctima del antisemitismo europeo, -el pueblo judío-, de cometer los “mismos crímenes” que los europeos, los antisemitas intentan relativizar el odio y destrucción que durante casi dos mil años los judeofobos europeos han llevado a cabo contra el pueblo judío.

9. de la cultura antisemita europea, de estigmatizar, vituperar, denigrar e injuriar y maltratar, -hasta la muerte- al judío y de culpabilizarlo de todos los males; cuya versión moderna es culpabilizar a Israel de todos los males, El estado de Israel es el judío de los estados. Antes se golpeaba y vituperaba al judío, hoy a Israel.

10. de la mentalidad de dhimmi, imperante actualmente en Eurabia, hacia el islamismo, que culpabiliza a quien se opone a someterse al nuevo totalitarismo.
11. la larga tradición acritica de los países y naciones de Europa de culpar a terceros elementos, de los fracasos de dichos países, a los judíos, ahora a los EEUU e Israel. ((los vascos y catalanes culpan a España de todos sus fracasos, los franceses a los ingleses, los ingleses a los alemanes y franceses, los europeos a EEUU y a Israel))
12. Los antisemitas no pueden culpar explícitamente a Israel de que quiera existir, y no les agrada que el pueblo judío casi cuatrimilenario- tenga su propio estado y que proteja a los judíos.

Europa los dañó, cuando no los exterminó.
En su judeofobia, los antisemitas europeos necesitan culpar a Israel de “maltratar” a los árabes- palestinos –que son el caballo de Troya del panarabismo en Israel. Los árabes-palestinos atraen las simpatías de los que odian al judío de los estados, Israel.

Los árabes-palestinos reciben las devociones de los antisemitas europeos, no por su capacidad de atracción, sino porque son la “nueva arma” contra los judíos.

Si Israel fuese un país de españoles, o de italianos, o franceses, o de ingleses, en lugar de judíos, los árabes-palestinos no atraerían las simpatías de nadie, sólo el desprecio, la repugnancia, el asco y la ignorancia de los europeos.

Zapatero, como otros gobernantes europeos, y gran parte de la izquierda europea, mayormente la española, es "fiel" a cada uno de los elementos enumerados anteriormente.

Los chamberlains europeos como Zapatero apoyan a los yihadistas con la esperanza de desactivar la violencia en su contra.
Ayudan a los yihadistas en su guerra contra Israel, con la condición de que no “toquen” Europa.

Las dictaduras árabes –no hay ningún país árabe democrático- utilizan el yihadismo como arma arrojadiza contra el judío y contra Israel como elemento de cohesión interna y como chivo expiatorio de todos los fracasos, en todos los ordenes de la vida y de la sociedad.
Los países árabes no soportan que una nación que era débil y sometida en Europa y en el mundo árabe pudiese llegar a la independencia y librarse del yugo árabe y musulmán.

El espíritu hipermachista no puede concebir que la nación judía, a la cual han considerado como una mujer, pueda libarse y zafarse de su yugo.
Israel es la afrenta a las dictaduras árabes, muestra el atraso del mundo árabe, de sus grandiosas desigualdades, de su falta de solidaridad, de atraso social, económico, cultural, científico y espiritual.

Las dictaduras árabes apoyan cínicamente el Yihad contra Israel, mientras lo persiguen a nivel interno, para salvaguardar sus crímenes y desactivar la violencia yihadista en su contra.

La República Islámica de Irán, con sus ayatollahs y mullahs dirigiendo el país,
1. está poniendo a su economía en pie de guerra a largo y medio plazo.
2. está apoyando económica y militarmente a un amplio número de grupos terroristas islamistas, para derrocar a los gobiernos árabes no-islamistas.

3. apoyó y apoya económica y militarmente a Hamas y Hesbulláh para desgastar y debilitar a Israel.
4. hace todo lo necesario para garantizar su equipamiento en armamento nuclear.
5. Las prédicas, viajes, giras y alianzas de los mandatarios de Irán buscan mantener el control sobre el Yihad mundial.
6. Mahmmud Ahmadineyad sabe que apoyando a los árabes-palestinos en su Yihad contra Israel, aquellos reciben apoyo automático no solamente de Irán, sino también del mundo árabe y de Europa.

Ahmadineyad conoce muy bien la mentalidad de los Zapatero, Felipe González de Europa.
7. su propaganda se dirige a negar el Holocausto, preámbulo para destruir Israel, como medio para galvanizar el mundo árabe y/o musulmán y dirigirlo a largo plazo a modo de puente hacia la victoria final del Islam sobre todo el orbe.

Irán amenaza a Europa y a los árabes.
Pero los dhimmis eurábigos como Zapatero le sonríen y mientras babean quizás piensan que los atentados islamistas y el terrorismo yihadista es un accidente.

Víctor Pérez-Díaz: «Si lo que quieren es la independencia y la anexión, el "proceso" no tendrá fin»
Víctor Pérez-Díaz: «Si lo que los nacionalistas quieren es la independencia, el 'proceso' no tendrá fin»
POR ANTONIO ASTORGA ABC 21 Enero 2007

Alejado de las trincheras, Víctor Pérez-Díaz, catedrático de Sociología de la Complutense, observa la cosa pública como un río que fluye, según sostenía el viejo Heráclito. Cree más en la experimentación, y en la reflexión crítica, que en la dogmática política. Su preclara tesis del flanco débil de la vida española —«La casa dividida»— se resume en el diagnóstico de que, tras 30 años en los que España ha sido libre y responsable de sí misma, resulta que tiene una identidad colectiva débil, que está ligada a una memoria histórica fragmentaria y confusa, la desatención del futuro y escasa percepción del lugar que ocupa en el mundo. El analista aclara el tráfago.

—¿La casa política española está hoy dividida?
—Aparentemente cada vez más. Ello es inquietante porque se están desarrollando unos sentimientos desbocados de cainismo, ligados a una tergiversación del espacio y del debate público, que crean desconcierto en la gente, inseguridad y algo de angustia. A veces se intenta encontrar una salida a esa angustia mediante la imputación de culpa al adversario, su demonización y la búsqueda de un chivo expiatorio.

—¿Cree que la «estrategia» de Zapatero es convertir a Rajoy en «cercano» a la extrema derecha para expulsarlo del sistema y aislarlo de la opinión pública?
—Desde el punto de vista de un observador exterior, los gobernantes actúan muchas veces, pero no siempre, como si ésa fuera una de sus intenciones estratégicas. Esto ocurre cuando su conducta y expresión es dúplice: se ofrece la mano para un acuerdo y al tiempo se vitupera a la persona a la que se le ofrece el acuerdo como indigna o como ignominiosa. El resultado es generar, lógicamente, una actitud de desconfianza, y el rechazo del acuerdo.

—¿Es incivil convertir a un oponente político en un enemigo?
—Es incompatible con una democracia liberal. Existe un concepto agónico de la política que expresó muy bien Carl Schmitt en los años 20, según el cual la política es asunto de amigos y enemigos. Los totalitarios, fascistas o comunistas, y sus numerosos descendientes, siempre han entendido muy bien este concepto, y actuado en consecuencia. Ello se corresponde con la lectura brutal, incivilizada, de quien no entiende lo que es compartir el poder y ponerle límites, y está obseso con quedarse con él y ejercerlo e imponerlo sobre una sociedad. Pero la visión alternativa, civil o civilizada, del poder no es ésa. Más bien es la de que el poder te da alguna capacidad para hacer cosas, para tomar decisiones basadas en una deliberación colectiva acerca del bien común, en la que intervienen gentes con intereses y perspectivas distintas. El oponente político es un componente esencial de ese proceso de deliberación. Tenemos que cuidar a nuestros oponentes. Tolerarlos o respetarlos es insuficiente. Hay que protegerlos, porque son un recurso fundamental en el proceso de deliberación colectiva.

—¿Cómo se protege al enemigo?
—Si alguien aparece diciendo que hay que crear un cordón sanitario en torno a tu oponente político, tú debes ser el primero en rechazar y protestar, porque a tu oponente político tú lo tienes que proteger. Esa es la actitud razonable de quien quiere crear una comunidad política. Lo impropio es disimular mientras eso ocurre, tácitamente condonarlo, sonreír y mirar a otro lado. Esta actitud cainita es compartida por bastantes gentes, de tendencias diversas, que se han ido deseducando políticamente en los últimos tiempos, a pesar del buen precedente de la Transición.

—¿Zapatero piensa en las víctimas, que consideran una vejación que su Gobierno «negocie» y «dialogue» con una banda terrorista de asesinos encapuchados?
—La cuestión es no quedarse con la palabra «diálogo» como una palabra mágica que abre todas las puertas, y ver lo que se quiere decir con ello, qué tipo de diálogo, qué contenidos puede tener, en qué condiciones se realiza, qué límites puede tener y demás. Diálogo o negociación pueden referirse a dos cuestiones muy distintas, como lo son la relativa a la reinserción social de los presos, por ejemplo, o al futuro político del País Vasco y, como consecuencia, de España. La primera sería una negociación minimalista con los terroristas; la segunda es una negociación política de gran calado. Hay quienes quieren fusionar las dos negociaciones. Hay quienes creen, muy al contrario, que hay que construir una muralla china entre la mesa de la negociación minimalista con los terroristas y cualquier mesa de negociación política, cuyo foro natural es el parlamentario, y si ello implica un cambio constitucional sustantivo, lógicamente, la apelación a la soberanía del pueblo español.

—¿Dónde queda el dolor?
—El gran dolor es la pérdida de los seres queridos, y esa es una pérdida irrecuperable. La compañía emocional y moral de la comunidad con las víctimas tiene que ser permanente, y se les acompaña justamente en la medida en la que se afirma el sentido que han tenido esas muertes para la comunidad: por lo pronto, la defensa de un Estado de Derecho, que diferencia entre víctimas y verdugos.

—¿Hay que evitar líderes resentidos y confusos en tiempos de crisis? ¿Es Zapatero un líder resentido y confuso en tiempo de crisis?
—La palabra resentimiento es excesiva y no conviene abusar de ella, porque suele ser una manera de agraviar sin explicar. Si hablamos más bien de los rencores que puedan aflorar en el país a propósito de algunas políticas como las de la activación de las memorias de la Guerra Civil, pienso que es legítimo reactivar todas las memorias; el problema es cómo. Aquí las cuestiones de lenguaje, contexto y procedimiento son fundamentales. Cuando hablamos de muertos, hablamos de temas terribles y sagrados para toda la comunidad; hay que saber cómo hacerlo. Hay que saber cómo honrarlos y respetarlos. Si hay agravios, y la virtud no llega a tanto como para pedir perdón y perdonar, al menos hay que saber cómo contenerse para no destruir una comunidad. Conviene apaciguar los sentimientos de ira, o darles un cauce ritual que opere como una especie de catarsis. Lo que no conviene es alimentar unos sentimientos de indignación moral e inflamar a las gentes dándoles una coartada para tirar la piedra. Hay que recordar aquello de que quien esté libre de pecado que tire la primera piedra. Es un consejo muy razonable.

—¿Y las confusiones?
—Hay que distinguir entre confusiones reales y aparentes. Hay mucha confusión sobre cómo resolver los grandes problemas del país: Europa, inmigración, educación e investigación, energía y medio ambiente, política exterior y cosas así, incluido el tema territorial a largo plazo. En cambio no hay confusión, sino mucha astucia e inteligencia práctica, por parte de unos y otros a la hora de sus tácticas políticas y sus estrategias a corto y medio plazo. No conviene subestimar a nadie. Los socialistas, los populares, los nacionalistas periféricos, los terroristas, son todos inteligentes, y van a lo que van. Puede haber confusión en la opinión pública a la hora de entender los juegos políticos de cada uno en cada momento; que se puede aclarar. No hay mucha confusión si se entiende que, a corto plazo, los gobernantes apuestan por ganar un tiempo precioso y entretener una expectativa de pacificación que les lleve a una posición de fuerza en las elecciones locales en unos meses, y a escala nacional el próximo año.

—Hubo un tiempo en que socialistas y populares tuvieron una estrategia común en la defensa del marco constitucional existente, Estatuto de Guernica incluido, para luchar contra el terrorismo. ¿Cómo analiza que ahora el PSOE le tienda la mano al PNV? ¿Los socialistas aparecerían como pacificador de lo que se llama «Estado español» aislando al PP?
—No entro en el problema táctico inmediato. Pero que haya divergencias importantes de criterio respecto a cómo manejar la relación entre el País Vasco y España es no sólo legítimo, sino razonable. Es un problema muy intrincado por muchos motivos, y uno es la complejidad del País Vasco. España tampoco es precisamente una entidad muy simple. Que haya diferencias de opinión es normal; lo anormal es que lleven a posiciones de enemistad política incivil.

—¿Por qué utilizan a España como arma arrojadiza?
—No debería utilizarse así. España no es un arma, sino un espacio de convivencia.

—¿Si la estrategia socialista sale adelante con el concurso del PNV (y de los radicales) será «pan para hoy y hambre para mañana»?
—Esa estrategia está todavía rodeada de ambigüedad. Por ello, podemos encontrarnos con una situación de confusión y fatiga por parte de un cuerpo electoral que parezca que «deja hacer», y que en ese clima de ambigüedad, confusión y fatiga se tomen decisiones que luego haya que lamentar. Si no son avaladas por el conjunto de los dos partidos mayoritarios, y el electorado que les apoya, no hay garantía de que esas soluciones durarán mucho tiempo. El acuerdo no será creíble a largo plazo por la división de aquellos partidos. Pero tiene que ser creíble por la actitud de los propios nacionalistas. Si lo que estos quieren es la independencia y la anexión de otros territorios, el proceso no tendrá fin. Todos creerán que de lo que se trata es de una solución provisional y un trampolín para la independencia, mediante una mezcla de coerción, violencia simbólica y negociación, cuando y como sea conveniente.

—¿Hay que tener mucho cuidado con el «toma y daca» en política?
—Las religiones de la venganza son inferiores, en este punto crucial, a las religiones del perdón. Pero las cosas empeoran si a este problema de percepción asimétrica se añade una valoración de las cosas proclive a convertir al otro en un demonio en toda regla. Entonces, en la respuesta todo está permitido. Hay que introducir cautela, autocontrol y una dosis de benignidad (si se me permite esta dosis de ingenuidad angelical) en los intercambios políticos para evitar la caída en la jungla. Si de lo que estamos hablando es de las memorias de una guerra civil, el tema de los agravios mutuos puede ser terrible. Tocar esos recuerdos sin introducir un componente de reflexión, prudencia, espíritu de generosidad y autocontrol puede llegar a extremos de maldad y de necedad políticas que conviene evitar. Es mejor participar en una ceremonia común de honrar a todos los muertos con un espíritu cívico y civil, si es que todavía no se ha dado el caso de una conversión o una vuelta a una religiosidad del perdón como el cristianismo. Deberíamos cultivar la virtud clásica de civilización, civilidad y civismo.

—Sin arrojarnos los cadáveres a la cabeza...
—¡No, por Dios! No murieron para eso.

—¿No ha habido pacto de olvido?
—No lo he conocido, ni lo he firmado. Esas cosas no es que no deban olvidarse; es que no se pueden olvidar. A los muertos no se les olvida, se les recuerda, y si es posible se les rinde culto. Son nuestros muertos.

—Y no muertos «sectarios», como propugna Zapatero al vengar la memoria de su abuelo...
—No digo yo que esos sean los muertos del presidente Zapatero, en absoluto, ni que él propugne algo semejante. En todo caso son nuestros muertos, los de todos nosotros. Todas las familias, todos los pueblos han tenido los suyos. Hay ceremonias y rituales inventados desde hace muchos siglos, y milenios, para honrar a los muertos. Esos son los sentimientos que debemos tener; los que les honran y los que nos honran.

—Pero así se exhumaría el drama de los vencedores y los vencidos.
—Hubo vencedores y hubo vencidos, y luego han ocurrido muchas más cosas. El buen recuerdo de aquellos muertos tal vez sea el de recordarnos lo que puede ocurrir si convertimos a nuestros oponentes políticos en enemigos. Aquel recuerdo puede unirnos en torno a la resolución de proteger a nuestros oponentes políticos, y no el de destruirlos.

—¿Lo que todo eso deja es un país con la sensación de que las reglas de juego de la vida política y la distribución de competencias entre el Estado y los miniestados regionales son confusas?
—Cierto. Nosotros podríamos vivir con un Estado compuesto, complicado, y ello podría mejorar el arte y el ingenio de la vida política, dentro de ciertos límites. Hay muchos Estados federales en el mundo; y puede haber sistemas políticos asimétricos interesantes. Pero con lo que es muy difícil vivir es con un Estado confuso. Uno de los problemas de un Estado confuso es la cantidad de energía cívica que se consume en resolver problemas de competencia que nunca se acaban de resolver. Esta confusión institucional territorial amenaza con obligarnos a gastar toda la energía política en los próximos diez años. No podemos dársela si estamos obsesionados por una historia que nos lleva de confusión en confusión hacia un estado de embotamiento. El tema territorial se está convirtiendo en un agujero negro por donde se escapa la energía del país. Es un precio muy alto que estamos pagando.

—¿La combinación de división, confusión y apocamiento puede llevar la ruina a la casa dividida de la política española?
—Sí, puede llevarnos a una situación en la cual sin haber llegado a la cumbre comencemos a bajar, como ahora. Pero puede ser una caída provisional, de la que nos recuperemos. Ya se verá. Éste es un país que ha ido construyendo bastante razonablemente una experiencia en los treinta últimos años (o el último medio siglo pasado, si nos fijamos en la economía y la sociedad). Y ahora estamos en un momento de desorden disimulado por la euforia de un crecimiento económico que tiene su inercia, y que parece que va adelante. Viviendo al día como una ciudad alegre y confiada, con un fondo de inquietud.

—¿El 11-M fue la apoteosis de la incivilidad?
—Fue una ceremonia de la confusión, en la que hubo de todo. Hubo torpezas, apresuramientos e incoherencias por parte de unos gobernantes que cometieron errores importantes que fueron interpretados como estrategias de manipulación. Hubo un aprovechamiento de las circunstancias, un abuso en la vituperación y un drama ritual de humillación de esos gobernantes convertidos, en parte, en un chivo expiatorio, y en parte, en una ocasión para el desahogo de los sentimientos de angustia de todo un país traumatizado por unos atentados que no se acababan de comprender muy bien, y quizá tampoco se querían mirar de cara. Al final, se profanó, a medias, una ceremonia electoral que debería haber tenido, y debe tener, un carácter cuasi-sagrado en una democracia liberal.

—¿Quién quiere convertir a España en una nación cainita?
—No es probable que España se deje convertir en eso. Si la economía de mercado funciona bien es porque hay un alto grado de confianza social. La gente es capaz de trabajar, cooperar, competir con respeto a las reglas del juego, y así salir adelante. La sociedad española no está, ni mucho menos, aquejada de cainismo y confusión en todos los aspectos de su vida. Es lo contrario: su experiencia económica es positiva, y su vida social no es traumática. El clima es de convivencia y de tolerancia recíproca. No confundamos las irritaciones de la clase política y mediática, que está un poco de los nervios, con España en su totalidad.

—¿Está confuso Zapatero al abrazar ahora al PNV para derrotar a ETA?
—No creo que tenga confusión táctica. Es una alianza interesante si lo que se pretende es aprovechar una oportunidad para consolidar un proyecto de permanencia en el poder durante seis años más; otra cosa es la confusión estratégica a más largo plazo. Pero aquí el problema es que su confusión continúa una pauta de confusiones que se remonta más atrás, y no afecta sólo a su propio partido. Cómo manejar la ubicación del País Vasco y Cataluña ha sido siempre un problema pendiente.

Desde el principio, el diseño constitucional fue muy imperfecto. Se quiso dar un trato igual a lo que es desigual. Luego, se ha permitido una desafortunada dinámica de mimetismos territoriales y agravios comparativos. Se ha primado la lógica de la diferencia frente a la de la cooperación, y la aceptación de una identidad común. Esta situación no ha sido administrada prudentemente, a largo plazo, ni por los socialistas, ni por los populares ni por los nacionalistas; o al menos no lo ha sido si se trataba de conseguir una armonía entre la identidad del conjunto y la identidad de las partes. Los partidos mayoritarios han sido tentados por el oportunismo de las alianzas tácticas con los nacionalistas, sin construir unas bases de acomodación estable.

—El anuncio del nacionalismo vasco de un referéndum (ilegal) de autodeterminación allí cuestionó la soberanía del pueblo español, la bóveda del edificio constitucional. La respuesta socialista fue ambigua en aras de mantener un «clima de diálogo». ¿Con ello cabría mejorar la convivencia en aquella región a costa de hacerla más difícil en el resto de España?
—Esto es un tema mayor de las dificultades de los partidos centrales para mantener políticas creíbles, a largo plazo, de acomodación en relación con los nacionalismos. En general, los socialistas han tenido ciertas dudas estratégicas recurrentes acerca de cómo manejar el tema de los nacionalismos durante los treinta últimos años, que les hacen un poco impredecibles a largo plazo. Esto es un problema tanto para sus aliados como para sus oponentes, para la sociedad y para ellos mismos. Se pueden comprender sus dudas, pero quizá un esfuerzo de autorreflexión les sería a ellos, y a todos, muy útil.

—¿Una alianza estratégica con los nacionalistas puede asegurarle al PSOE el Gobierno y dejar en la cuneta al Partido Popular?
—Hay que ver las cosas por partes. En ciertas fases del juego, la alianza parece perfilarse con mucha intensidad, pero en otras no tanto. Los nacionalistas parecen pretender algo parecido al soberanismo o el co-soberanismo, pero los socialistas rechazaron el plan Ibarretxe cuando éste se presentó en el Parlamento español. No da la impresión de que el conjunto de los socialistas haya llegado al punto de aceptar un plan de cosoberanismo, ni en el País Vasco ni en Cataluña. Creo que por el momento sería injusto atribuir a los socialistas una posición que ellos no toman, rechazan, y niegan.

EL JUEZ DEL OLMO HA TRATADO DE OCULTAR EL TESTIMONIO DE SÁNCHEZ MANZANO
El ex jefe de los Tedax reconoce ante el juez que ni analizó científicamente los focos del 11-M ni sabe lo que explotó
Las muestras recogidas en los focos de las explosiones del 11-M se analizaron de manera informal, no científica, con "medios elementales" y sin llegar a ninguna conclusión sobre la composición del explosivo utilizado en la mayor masacre terrorista de la historia de España. No hubo informe hasta quince días después y no se remitieron la muestras a la Policía Científica, como es preceptivo. Es parte de la escandalosa información aportada por el ex comisario jefe de los Tedax, Juan Jesús Sánchez Manzano, en su declaración ante el juez Juan del Olmo del pasado 17 de julio, forzada por una investigación periodística sobre las contradicciones de Manzano ante la Comisión parlamentaria del 11-M. El diario El Mundo subraya, en su edición de este domingo, las trabas que el instructor del sumario del 11-M ha puesto al conocimiento de este relevante testimonio.
Libertad Digital 21 Enero 2007

El ex jefe de los Tedax reconoció el pasado 17 de julio ante el juez Juan del Olmo que "no puede dar" la composición "ni cuantitativa ni cualitativa" del explosivo utilizado en los ataques terroristas del 11 de marzo de 2004 en Madrid.

Lo único que puede afirmarse –admitió el polémico mando policial destituido por su escandalosa gestión de las muestras de los atentados– es que "el explosivo era dinamita, pero no discernir el tipo de dinamita". Lo cual, subrayan los autores de la información periodística de El Mundo –Casimiro García-Abadillo y Manuel Marraco– "es fundamental, porque tan dinamita es la Goma 2 Eco como el Titadyn".

Otra confesión relevante de Manzano al juez Del Olmo es que su unidad analizó las muestras con los "medios elementales" del laboratorio de los Tedax, en vez de enviarlas a la Policía Científica, que cuenta con un laboratorio bien dotado y tiene encomendada la función específica de conocer científicamente los explosivos utilizados en cada atentado.

Es el protocolo policial, según subraya El Mundo: las muestras recogidas en los focos de cada atentado –"las más complicadas de analizar y las más relevantes desde el punto de vista penal"– se envían a la Policía Científica, que cuenta "con los medios más avanzados para realizar ese tipo de análisis". Así se ha actuado, sin ir más lejos, en el atentado del pasado 30 de diciembre en Madrid-Barajas.

Sánchez Manzano reconoció ante el juez que el análisis de su unidad tenía "carácter investigativo", no científico, y que ni siquiera se elaboró un informe hasta el día 26 de marzo, a pesar de que en la Comisión Parlamentaria declaró que dispuso de él el mismo día de los atentados.

Por si fueran pocas irregularidades, el informe no científico, elaborado quince días después, está firmado por el propio Manzano y por una funcionaria, contraviniendo la normativa legal que estipula la obligación de que cada informe esté firmado, al menos, por dos peritos. El documento no se remitió de oficio al juez instructor, sino que éste tuvo que requerirlo "de manera explícita y apremiante", recuerda El Mundo.

En opinión de este diario, "no hay la menor duda de que la actuación profesional de Sánchez Manzano, destituido de su cargo en diciembre, oscila entre la incompetencia extrema y la conspiración para obstruir la acción de la Justicia".

El diario señala, además, "la grave negligencia en la investigación del juez Del Olmo, que ha acultado las declaraciones de Sánchez Manzano en un intento de autoprotegerse y tapar su propia ineptitud".

DOS DE ELLOS SON MENORES
Tres detenidos por actos de 'kale borroka' mientras se busca a 19 miembros de Segi
El Mundo  21 Enero 2007

AGENCIAS.- La 'kale borroka' ha vuelto a hacer aparición en el País Vasco y Navarra tras el fallo del Tribunal Supremo que considera a las asociaciones Jarrai, Haika y Segi organizaciones terroristas. Tres jóvenes, dos de ellos menores, han sido detenidos y han sufrido ataques varias sedes socialistas y sucursales bancarias.

La decisión del Supremo ha llevado a los cuerpos de seguridad del Estado a buscar a 23 miembros de dichas organizaciones de los cuales cuatro han sido detenidos y uno más había sido ya arrestado en Francia. El fallo del Tribunal Supremo conocido el viernes corrigió una sentencia anterior de la Audiencia Nacional.

En la localidad vizcaína de Munguía fue detenido un joven de 17 años por desórdenes públicos cuando participaba en una manifestación "no comunicada" sobre las 3.00 horas, informa la Ertzaintza. Los manifestantes arrojaron piedras y botellas a los agentes policiales, que hubieron de utilizar material antidisturbios para disolver la marcha.

Por otra parte, dos jóvenes han sido detenidos en Pamplona acusados de desórdenes públicos, informó la delegación del Gobierno, que precisó que los arrestos tuvieron lugar durante unos incidentes que la Policía vincula con Segi.

Los detenidos son I.A.A., de 16 años, arrestado por arrojar piedras contra los agentes y a quien se le intervino un tubo de plástico para lanzar artefactos, y J.C.A., de 19 años, a quien además se le imputa un delito de resistencia a la autoridad ya que en el momento de ser arrestado se opuso y agredió a un funcionario.

La delegación precisó que I.A.A., al ser menor de edad, fue puesto en libertad tras prestar declaración, mientras que J.C.A. permanece en dependencias de la Jefatura Superior de Policía y aún no ha declarado.

En los incidentes participaron varias decenas de jóvenes encapuchados que "tomaron posiciones entre las calles Mercaderes y Jarauta al filo de la media noche y ante las unidades de intervención del Cuerpo Nacional de Policía, que ya estaban desplegadas en la zona en previsión de posibles altercados", según la delegación del Gobierno.

El primer ataque contra efectivos policiales se produjo a las 0:30 horas cuando los agresores, que utilizaban "contenedores de basura para protegerse", arrojaron contra los agentes "piedras, botellas incendiarias y cohetes".

Los incidentes continuaron en el Casco Antiguo de Pamplona hasta las 4:00 de la madrugada "con cargas y repliegues alternativos del Cuerpo Nacional de Policía, que en su actuación ha intentado evitar cualquier perjuicio para quienes no estuvieran protagonizando las algaradas", subrayó la misma fuente.
Daños materiales

Además, en Zumárraga (Guipúzcoa), a las 0.15 horas unos desconocidos lanzaron líquido inflamable contra la sede del PSE, situada en la calle Bidezar, y posteriormente le prendieron fuego.

También la sede socialista de Iurreta (Vizcaya) resultó atacada con pintura roja hacia las 2.30 horas.

En Eibar (Guipúzcoa), la Ertzaintza fue avisada a las 3.00 horas por unos vecinos que vieron cómo salía humo de unos contenedores situados en la Bizikletaren Plaza. El fuego fue apagado unos 30 minutos después por los bomberos.
Ataques durante el sábado

Además, la Guardia Civil ha tenido conocimiento de los desperfectos ocasionados durante la madrugada en un cajero del Banco de Vasconia en Etxarri Aranatz (Navarra). Los daños "leves" han sido causados por objetos punzantes metálicos. El cajero sigue operativo.

Por otra parte, hacia las 18.30 horas del sábado, un cajero de la Kutxa situado en el barrio de Alza de San Sebastián (Guipúzcoa) fue dañado por una explosión cuyas causas investiga la Ertzaintza.

Por otro lado, agentes de la Ertzaintza cargaron en la tarde del sábado para disolver una manifestación no permitida en el municipio vizcaíno de Marquina donde después se produjeron incidentes en el centro y el corte de una carretera con una barricada de neumáticos.

También en la tarde del sábado, en el centro del municipio de Lekeitio (Vizcaya), grupos de encapuchados quemaron varios contenedores, tras lo que agentes antidisturbios cargaron contra los alborotadores, según fuentes del departamento vasco de Interior.

Por otra parte, en Pamplona, un grupo de personas atacó una sucursal de Caja Navarra en la Avenida de San Cristóbal del barrio de la Chantrea durante la tarde del sábado, según fuentes oficiales.

Poco antes de estos hechos, una treintena de jóvenes fueron disueltos al intentar cortar el tráfico con contenedores.

T-4: 42 millones de euros en daños
POR PALOMA CERVILLA. MADRID ABC 21 Enero 2007

El atentado de ETA del pasado 30 de diciembre en el aeropuerto de Barajas no sólo se llevó por delante el proceso de diálogo iniciado por el presidente del Gobierno con la banda terrorista, sino que, por su dureza, situó a esta acción criminal en el primer lugar del ránking de los siniestros que se han producido en España por atentado terrorista en toda su historia.
El tiempo ha terminado dando la razón a uno de los arquitectos de esta faraónica obra, Carlos Lamela, y el coste final estará en torno a los 42 millones de euros, según los datos que barajan en el Consorcio de Compensación de Seguros. El primer informe pericial, adelantado por ABC, destina 30 millones de euros para las tareas de desescombro y reconstrucción del módulo D, el más afectado, así como para reparaciones varias.

Más gasto en coches
A esta cantidad hay que sumar unos 12 millones de euros, inicialmente sólo se fijaron cinco, para hacer frente a los daños de los vehículos afectados por la explosión. El hecho de que gran parte de los coches estacionados sean de una alta gama ha disparado las previsiones, según adelantó el director general del Consorcio, Ignacio Machetti.

Las obras de reconstrucción se han adjudicado a Dragados, sin concurso y por el procedimiento de urgencia, y el plazo de ejecución es de siete meses, con lo que se espera que en septiembre puedan estar finalizadas.

El coste de construcción del módulo fue de 30 millones de euros y, a pesar de que se han salvado las rampas de acceso, ahora se presupuesta la misma cifra, ya que hay que incorporar la actualización del precio, dos años después, así como las nuevas condiciones de trabajo.

Este altísimo coste económico, como consecuencia de los daños materiales, lo sitúa en el primer lugar de todos los atentados terroristas a los que ha tenido que hacer frente el Consorcio.

Hasta ahora, el siniestro que mayor coste ha tenido para las arcas de este organismo ha sido el de la estación de Atocha y Leganés, con 37 millones de euros y 1.134 víctimas. Igualmente, el atentado a la sede central de Telefónica en Madrid tuvo un elevado coste si se actualizara a fecha de hoy los casi 15 millones que hubo que destinar para reparar los daños en 1982. Otros atentados relevantes fueron el de Hipercor en 1987, con 113.117 euros de entonces y la Casa Cuartel de Zaragoza, también en 1987, con un coste de 439.605 euros.

El año que mayor desembolso hubo que hacer como consecuencia del terrorismo fue 1982, con 840 expedientes y un importe de 54.489.323 euros, seguido de 2006 con 185 expedientes y un total de 43.944.501 euros. En cuanto al número de expedientes, en 2000 fueron tramitados el mayor número (1.951), con unas cuantías pagadas que ascendieron a 20.261.492 euros.

De forma global, el Consorcio de Compensación de Seguros, dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda, ha hecho frente, desde 1972, a 25.592 expedientes por un importe total de 411.869.178 euros y con un coste medio de 16.094 euros.
Junto a los daños materiales hay que destacar el coste que, en vidas humanas, ha tenido para este Consorcio de Compensación de Seguros la actividad terrorista en España. Desde 1982 se han tramitado 1.831 expedientes con un desembolso de 68.541.485 euros.

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