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Recortes de Prensa    Miércoles 31 Enero  2007

Razones para que no haya ausentes en una manifestación contra ETA
Editorial Elsemanaldigital 31 Enero 2007

El Foro de Ermua presidido por Mikel Buesa ha convocado una manifestación ciudadana en el centro de Madrid el próximo sábado 3 de febrero a las cinco de la tarde, por la Libertad, por la derrota de ETA y contra cualquier estrategia de diálogo y cesión con la banda terrorista. La Asociación de Víctimas del Terrorismo se ha adherido a la iniciativa, como otros cientos de organizaciones cívicas y como ha hecho, entre otros, el Partido Popular de Mariano Rajoy. De hecho el líder popular ya ha anunciado su presencia ese día en la capital de España al lado de los convocantes.

Si hubiese que recordar un acontecimiento decisivo de la primera legislatura en el Gobierno de José María Aznar sería, precisamente, el clamor popular contra ETA a raíz del cruel secuestro y asesinato del concejal del PP en Ermua, Miguel Ángel Blanco. En aquellas horas angustiosas de julio de 1997, que culminaron en la muerte del secuestrado, España cambió. El terrorismo quedó socialmente aislado, el nacionalismo vasco se vio en la tesitura de explicar su proyecto político al lado de unos criminales con las manos manchadas de sangre y la gente de la calle negó cualquier legitimidad a la banda. De allí nacieron la primera "tregua trampa" y el Pacto de Estella independentista; pero de allí nació también el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo, que ha representado el mejor momento del Estado democrático en su lucha contra ETA.

José Luis Rodríguez Zapatero, desde La Moncloa, ha desactivado la unidad de los grandes partidos contra la banda y ha dado pie a un nuevo "proceso de paz" que, pese al atentado asesino de Barajas el pasado 30 de diciembre, se resiste a dar por cerrado. La AVT y el Foro de Ermua llevan a la calle el próximo sábado la misma petición que inspiró la movilización de hace diez años, para que al menos PP y PSOE vuelvan a unirse contra el terrorismo.

Son millones los españoles que quieren de todos los políticos memoria, dignidad y justicia; y será con esos tres objetivos como cientos de miles de españoles saldrán a la calle el sábado, no contra el gobierno, sino para recordar al Ejecutivo sus principales obligaciones.

La memoria de lo que ETA ha representado durante cuatro décadas no debe perderse. El terrorismo ha alterado el curso normal de nuestra democracia y ha privado a casi mil ciudadanos de la vida y a muchos más de la libertad. Aunque ETA terminase hoy debería recordarse para siempre su sanguinaria existencia, para que nunca se pueda volver a repetir el horror que la banda ha encarnado, en sus medios y en sus fines.

La dignidad que se reivindica no es sólo la de las víctimas directas de ETA, sino la de toda una sociedad que quiere ser libre y la de un país que vive unido desde mucho antes de la invención de la idea de nación. Dignidad y sumisión son términos incompatibles, y cualquier cesión ante el terror implica someterse a sus dictados. Más aún, la simple negociación con los asesinos, su reconocimiento como interlocutores, no es sólo una ofensa a la dignidad de las víctimas, sino a la de los españoles en su conjunto, que por esto han sido llamados a manifestarse el sábado.

Es, en último extremo, una cuestión de estricta justicia. Quienes van a marchar por las calles de Madrid no piden privilegios ni normas de excepción, sino simplemente lo que en la normalidad del Estado de Derecho no debería tenerse que recordar: que los criminales purguen sus penas y que las víctimas sean honradas. La mera posibilidad de que el Gobierno y el PSOE no estén física y moralmente entre los manifestantes o no compartan los lemas de la manifestación es una señal de alarma para la calidad de nuestra democracia.

La punta de lanza contra nuestro Estado de Derecho
EDITORIAL Libertad Digital 31 Enero 2007

Viendo cómo algunos solicitan a Zapatero que denuncie la presión de los nacionalistas contra nuestro Estado de Derecho, parecería que han olvidado cómo el presidente del Gobierno del 14-M ha sido y sigue siendo quien lidera el acoso. No obstante, aunque matar a Montesquieu forme parte de la tradición del PSOE, esta postura de Zapatero se debe, más que a la convicción, a la relevancia de su cargo como presidente del Gobierno y a la conveniencia de satisfacer a los nacionalistas en pro de ese frente anti-PP que también reclama y paga la colaboración de ETA.

El PP debería, por tanto, recordar insistentemente la negativa del presidente y su obediente Fiscal General a someter a los proetarras del PCTV a la vigente ley de partidos, las presiones de miembros del gobierno contra el añorado Grande-Marlaska, el cese de fiscal Fungairiño o el histórico y ya olvidado linchamiento verbal y casi parlamentario al que los nacionalistas –empezando por los socialistas– sometieron al presidente del Consejo General del Poder Judicial por el hecho de que el Tribunal Supremo rechazara las escandalosas tesis de los abogados defensores del sanguinario etarra Henri Parot.

¿Y qué decir de las presiones al poder judicial, una vez llegado el comprometido anuncio de "alto el fuego", tras el que "todo tendría cabida tenga el alcance que tenga"? ¿Qué decir del llamamiento del obediente Conde-Pumpido a los jueces para que tuvieran en cuenta "las nuevas circunstancias"? ¿Qué decir de su llamamiento a los jueces para que no tuvieran reparos en "ensuciar sus togas con el polvo del camino"? ¿Qué decir de un Fiscal General que llega a hacer suyas las palabras de ETA en uno de sus comunicados para que "la justicia no sea un obstáculo"?

¿Nos parecen injustificadas las protestas de miembros del Poder Judicial que se quejaron por el "trabajo sucio" del proceso de "paz"? ¿Nos parece exagerado que algún magistrado de la Audiencia Nacional llegara a considerar, textualmente, una "incitación a la prevaricación" tanta insistencia en que los jueces se fijaran, no en la ley, sino en lo que aparentemente hacían o dejaban de hacer los etarras?

¿Y qué decir de la renuencia del gobierno de Zapatero a que el Poder Judicial tomara cartas en el asunto de la ininterrumpida extorsión a los empresarios, empezando por poner en duda la existencia misma del delito? ¿Y qué decir del nulo interés gubernamental porque la Justicia recaiga sobre los agentes policiales que dieron el chivatazo al aparato de extorsión a ETA? ¿No percibimos la monumental presión que supone para los tribunales que un presidente de Gobierno, nada más y nada menos, califique de "hombres de paz" a canallas con causas pendientes con la Justicia como Arnaldo Otegi o De Juana Chaos?

¿Nos parece menos indecente la presión al poder judicial que el mismísimo ministro de Justicia hacía la semana pasada en pro de un chantajista y sanguinario criminal que la presión que hace el PNV en pro del lehendakari?

Que Zapatero no pretende censurar sino seguir liderando el acoso nacionalista a nuestro Estado de derecho, más que sus cínicas palabras, lo demuestra su posterior visto bueno a que los socialistas admitieran a trámite en el parlamento vasco una propuesta de los proetarras del PCTV para presionar desde allí en favor de la impunidad de De Juana. Y todo ello después de que la Justicia ya se haya pronunciado en este caso, y a un mes escaso de unos asesinatos que el equipo suplente de Batasuna se niega a condenar...

Zapatero, otra vez en contra de España
Pablo Sebastián Estrella Digital 31 Enero 2007

No lo puede remediar, la palabra España y todo lo que significa le produce a Zapatero un extraño malestar, un rechazo entre espontáneo y visceral que le obliga casi siempre a posicionarse en el lado opuesto, en contra de los intereses generales españoles como si ello, además, fuera lo políticamente correcto, lo progresista y lo justo. El presidente del Gobierno de España no soporta a España y no lo puede disimular. Acaba de ocurrir otra vez, la enésima, porque Zapatero ha justificado el posicionamiento institucional ni más ni menos que del Gobierno autónomo del País Vasco contra el Tribunal Supremo de esa Comunidad, que allí ¡representa al Estado!, al comparar la descalificación del tribunal lanzada sin ambages contra el citado Tribunal, el Estado de Derecho y el imperio de la Ley, y luego seguida y jaleada en las calles de Bilbao por el PNV, con la libertad de crítica y de expresión. Zapatero se ha vuelto a poner, como tantas veces, en contra de España, de los españoles, de los intereses generales, de la verdad y en este caso de la independencia de la Justicia y de un tribunal integrado por magistrados que viven bajo la amenaza de ETA y en muy difíciles condiciones. Y ojalá que ninguno de ellos se vea en los próximos meses en la punta de las pistolas de los terroristas como respuesta a este señalamiento irresponsable que de ellos ha hecho el Gobierno vasco y el PNV.

El presidente se ha vuelto a equivocar y ha hecho lo que no hizo ninguno de los miembros del Consejo General del Poder Judicial —los pro socialistas incluidos—, que ayer condenaron el ataque al Tribunal Superior del País Vasco sin matices, idioteces o cualquier clase de justificación. El presidente ha querido ponerse del lado del PNV, de su nuevo socio Ibarretxe y de Otegi para que ETA sepa que él se mantiene dentro de la negociación, que la bomba de Barajas carece de importancia, que la legalidad se puede sortear y que la Ley de Partidos que tanto molesta a Batasuna acabará por desaparecer o por ser burlada o desbordada.

¿Cómo consienten en el seno del PSOE esta escalada insufrible de despropósitos de quien gobierna España y debe ser el principal garante de la legalidad? No estamos, ni mucho menos, exagerando. Es que cuando los jueces se oponían a la asamblea de la ilegal Batasuna Zapatero la justificaba aludiendo al derecho de reunión que luego han querido negar a la Guardia Civil. Es que nada más estallar la bomba de Barajas el día 30 de diciembre Zapatero se volvía a poner del lado de ETA en la mesa rota de la fallida negociación, para decir que sólo se suspendían los contactos pero no el proceso, hasta que Rubalcaba, ante el estupor nacional, estalló y dio por liquidada la negociación. Es que ha pretendido justificar la liberación de De Juana Chaos diciendo que el pobrecito estaba “a favor del proceso”, y que “Otegi es un hombre de paz”, y no para de azuzar al fiscal Pumpido para burlar la ley, o al juez Garzón —al que, por lo que se ve, trajo de su excedencia para hacerle ciertos trabajos— para hacer la apología de la mal llamada “izquierda abertzale”, que sólo es ETA.

Pero ¿no se dan cuenta en el Partido Socialista de que así no se puede seguir, que con un presidente que no respeta la ley y se pone siempre del lado del nacionalismo que aboga por la independencia cuando no del terrorismo —sí, del terrorismo— con el argumento del “proceso de paz”, o del “final dialogado de la violencia”? Pero ¿acaso no saben en el PSOE cómo las gasta Ibarretxe, que estuvo con ETA en el Pacto de Estella, que pidió un “Estado Asociado para el País Vasco, que les exige la legalización de Batasuna y el acercamiento de presos etarras al País Vasco, en pleno bombardeo de ETA? ¿Éste es el socio ideal de Zapatero y del PSOE para un nuevo Pacto Antiterrorista?

No hay que ir demasiado lejos en el tiempo ni en la geografía para hacer un inventario de urgencia sobre Zapatero y España. ¿A qué político español se le ocurre decir, como dijo él, que aprobaría en Madrid lo que aprobara el Parlamento catalán? ¿Acaso no fue el PSC-PSOE el que aprobó el primer texto del Estatuto, que luego hubo de reformar por el disparate segregacionista que incluía y que había escandalizado al propio PSOE? No hay que ir muy lejos, sólo escuchar a su socio en Barcelona y Madrid, Carod-Rovira, para saber que ERC está del lado de ETA —diciendo que el fracaso de la negociación fue culpa del Gobierno, que no cedía demasiado—, y de la independencia de Cataluña y del País Vasco. Y no hay que hablar del PP para ver, una y otra vez, el posicionamiento de Zapatero en contra de los intereses de España, en España y en la política exterior.

¿Acaso ya nos hemos olvidado de su afirmación en el Senado cuando declaró que el término nación, en alusión a España, “es discutido y discutible”? O cuando en pleno proceso de negociación con ETA aludió “al derecho a decidir de los vascos” usando el lenguaje de Batasuna. Si es todo así, por más que él, su Gobierno y sus desesperados compañeros de partido y sus medios de comunicación quieran disfrazar semejante despropósito continuado o incapacidad política, vestida de progresismo, pacifismo o de lo que sea. ¿Por qué Zapatero ha marginado a González y Guerra? O ¿por qué ha sacado a Bono del Gobierno, enviado a Roma a Vázquez, y jubilado de la política a Rodríguez Ibarra? Pues porque son o eran españolistas, legalistas, están anticuados, no entienden la España federal, confederal o asociada a Cataluña y el País Vasco. Y además no saben negociar con ETA y él sí, porque las concesiones políticas a los etarras no tienen para Zapatero la menor importancia si se consigue la paz. “Es para que no haya más víctimas”, dice el incauto mientras le están poniendo una bomba en la Terminal 4.

Y ahora la ha tomado con los jueces, que se juegan día a día la vida en el País Vasco, con la misma frivolidad con que promueve toda clase de trucos y de trampas en el Tribunal Constitucional a favor de una lectura nacionalista y rupturista del Estatuto catalán, su Estatuto, o con la misma irresponsabilidad con que quiere colocar a Garzón al frente de la Audiencia Nacional para acabar poniéndolo todo patas arriba.

Zapatero no sabe lo que es España, lo que es el Estado, lo que es el Estado de Derecho y el imperio de la Ley, ni lo que es el derecho a la vida y a la dignidad, que ha conculcado con sus temerarios juegos de palabras, sin entender o para taparlo, la gravedad de que si el Gobierno autonómico del País Vasco, que representa al Estado, ataca al poder judicial, eso no es un simple ejercicio de libertad de expresión sino que estamos ante una crisis de la mayor envergadura de corte político, institucional y constitucional. Estamos hablando del principio de legalidad, del respeto a España y a lo que significa, de estar del lado de la ley, los españoles y la Constitución y no de quienes los atacan, conculcan y violentan, como hacen sus amigos una y otra vez, con el apoyo ni más ni menos del presidente del Gobierno español y del secretario general del PSOE.

Avanzar cuesta abajo
Lorenzo Contreras Estrella Digital 31 Enero 2007

Lo que está ocurriendo en España recuerda metafóricamente la guerra de trincheras de la Primera Guerra Mundial, también llamada guerra europea. Entonces los combatientes ni avanzaban ni retrocedían, pero la lucha era atroz. Ahora estamos aquí, en nuestro país, del que ya no sabemos si es nuestro (ni si nosotros, como decía Pío Cabanillas, somos de los nuestros), en actitud de representar una contienda políticamente fratricida que va debilitando el Estado en un proceso de fragmentación más o menos sutil que se quiere hacer compatible con el llamado Estado de las Autonomías. Sólo sabemos a ciencia cierta que enfrente de nuestra trinchera hay otra trinchera entre las cuales, en vez de balas (etarras aparte), nos arrojamos o nos disparamos dicterios, acusaciones, descalificaciones, reproches sin tregua. Porque en este aspecto sí que no hay tregua. Y las trincheras son múltiples. Existen las trincheras mediáticas, las trincheras judiciales, las ideológico-partidistas, las peligrosas, porque lo que está en juego es el propio ser y significado de España. Esto parece una guerra civil sin tiros por ahora, cuando se cumplen setenta años de la otra, la que dio origen a unos cuarenta años de paz vigilada y constreñida, también encarcelada, de la que se salió para abrirse a la gran aurora de las libertades con la Constitución de 1978. De aquella quietud e inmovilidad del franquismo hemos pasado al inmovilismo de los insultos inoperantes, bajo los cuales operan subterráneamente los “demonios familiares” que Franco creyó conjurar, pero que en realidad nutrió hasta situarlos en condiciones de acudir a las trincheras de hoy.

Las manifestaciones se suceden y se neutralizan. Los lemas de esas manifestaciones se contrarrestan con sus respectivos mensajes. Pero se contrarrestan negativamente porque en el terreno convivencial no se avanza, sino que las posiciones se fijan. El señor Zapatero ha ideado, junto con algún iluso del exterior, la llamada Alianza de Civilizaciones. Pero se ha olvidado de la alianza interna de los españoles plurales, por cuyo entendimiento labora muy poco. O nada.

Ahora nos hemos “enriquecido” con contiendas educativas, litigios de creencias religiosas o laicas, querellas fluviales, contramemorias históricas, pugilato de corrupciones… La gente se vuelve de espaldas a las preocupantes realidades y muchas veces niega la mayor. Se proclama que no hay crisis de ningún tipo, que España va bien con su terrorismo a cuestas. Íbamos para mejor, para mejor que nunca, según anunció Zapatero horas antes de que ETA pulverizara una Terminal de Barajas. Pero, claro, la opinión indiferente, que es todo lo contrario de opinión, sólo aprecia, para alegrarse o para apesadumbrarse, la existencia de la peor de las crisis: la del Real Madrid. Ésa sí que es crisis.

Dicen que ahora el poder judicial resucita en el mejor de los sentidos. Hay que meditarlo un poco. Pero cuando se trata de encausar al lehendakari Ibarretxe será porque alguien —en este caso desde el Tribunal correspondiente de Euskadi— ha considerado oportuno decir “¡basta!”, con razón o sin ella, pero nunca bajo el manto del respeto ajeno ante sus decisiones, como acredita la manifestación de Bilbao y la efervescencia correlativa.

Todo quedará en nada. Pero en nada para peor. Cuesta abajo en la rodada. Hasta la Guardia Civil pregunta, a través de uno de sus segmentos organizados, “¿qué hay de lo mío?”. Eso de manifestarse la benemérita con el tricornio puesto rompe los pronósticos que hasta ahora se habían establecido. ZP tiene algo de culpa. A este hombre se le calienta la boca con las promesas y al final no puede cumplir. Es como hacer apuestas sin fondos.

Proceso de rendición
¿Quién cree al Gobierno?
Agapito Maestre Libertad Digital 31 Enero 2007

El presente, juez inexorable de la política democrática, ya ha dictado sentencia y se apresta a su ejecución. Sencilla es su conclusión: el Gobierno de España ha sido vencido por ETA y el nacionalismo separatista. Solución provisional: o convoca elecciones anticipadas o su crédito seguirá cayendo sin remedio posible. No obstante, este Gobierno persistirá en modificar lo inmodificable. Quiere llegar al final de la legislatura con los mínimos costes electorales. Imposible. Tratará de ocultar esta sentencia recurriendo al recuerdo y la esperanza, al pasado y al porvenir, que siempre ofrecen servicios inapreciables para ocultar el tribunal del presente. Dudo de que lo consiga, el remedio puede ser peor que la enfermedad.

El Gobierno, por un lado, persistirá hasta la saciedad en comparar el fracaso de hoy con el de ayer: mal ha salido esta tregua de 2006, dicen los portavoces del Gobierno, pero peor salió la de 1998. La comparación es odiosa, pero, como insistan, puede ser muy perjudicial para el Gobierno, porque sus votantes descubrirán que la tregua de ETA de 1998 fue unilateral mientras que ésta fue pactada. Y, por otro lado, no se cansará de repetir que "el proceso todavía se podrá reconducir", "la paz llegará" y todo tendrá un final feliz; insultarán, incluso, a quienes pidan el fin de un "proceso chantajista y criminal" en aras de un futuro en paz. Si esto es verdad, si es cierto que ETA podría llegar a un acuerdo con el Gobierno, ¿éste podría asegurar que en los próximos meses ETA no cometerá ningún atentado? Si, como sospecho, el Gobierno está obligado a guardar silencio sobre esta pregunta, su apelación al futuro será vista antes o después como un engaño.

A pesar de todo, el Gobierno pondrá a prueba, incluso a riesgo de perder su poca credibilidad, a esas dos instancias teóricas, pasado y porvenir, que son el último asidero del hombre, y por supuesto de los partidos políticos, cuando todo está perdido. Hace mal el Gobierno tentando al diablo, porque podría decepcionar aún más a sus electores y simpatizantes –que descienden en las encuestas a un ritmo quizá no demasiado rápido, pero imposible de detener–, cuando éstos se percaten de que el proceso no fue ni será nada... Nada, naturalmente, democrático y eficaz, porque siempre estuvo controlado por los asesinos de ETA.

En verdad, el Gobierno tiene un problema de credibilidad, que sólo podría solucionar, reitero, convocando elecciones anticipadas. ¿O acaso existe alguien en España, aparte de los imbéciles y los sectarios, dispuestos a tragarse que el anuncio de la tregua de ETA fue tan unilateral como el atentado criminal que señalaba su final? ¿Quién conciliará que el Gobierno diga que el proceso está roto, e incluso diga, por un lado, que quiera aplicar el Estado de Derecho contra el terror, pero, por otro lado, reitere que el "proceso podrá reconducirse"? ¿Qué datos fiables puede ofrecernos el Gobierno para decir que ETA dejará ya de matar? ¿Quién en su sano juicio puede creerse que el atentado de Barajas es "una nueva oportunidad para la paz"? Nadie. Y, precisamente, por eso nadie cree al Gobierno, porque nadie puede reconciliar lo irreconciliable.

Por lo tanto, como pide Maite Pagazaurtundua, el Gobierno debería convocar elecciones anticipadas. El problema es que no lo hará, porque seguramente las perdería. Sí, sí, hoy las perdería por la mínima, pero mañana será un fiasco.

Un mes después del 30-D
Editorial ABC 31 Enero 2007

A pesar de haber transcurrido un mes desde que ETA cometió el atentado contra la Terminal 4 del aeropuerto de Barajas, el 30 de diciembre de 2006, y asesinó a dos inmigrantes ecuatorianos, la información del Gobierno sobre este hecho criminal y, en general, sobre el desenlace de la tregua es claramente insuficiente. Pocos días antes del atentado, la posición oficial del Ejecutivo descartaba la existencia de «comandos» terroristas en suelo español, e incluso dudaba del rearme de la banda etarra. El propio presidente del Gobierno vaticinaba el 29 de diciembre que la situación iba a ser mejor y recordaba, como escenario felizmente superado, aquellas navidades con bombas. A pesar de las evidencias que se pusieron brutalmente de manifiesto en la T-4, el secretario de organización del PSOE, José Blanco, fue desautorizado por Rodríguez Zapatero cuando aquél asumió, con buen y tardío criterio, fallos en la «interlocución» y la «información» del Gobierno sobre las intenciones de la banda terrorista. En todo este tiempo, Rodríguez Zapatero no ha ido más allá de reconocer el error de ser optimista el día antes del atentado, pero la cuestión verdaderamente importante es saber qué falló para que el presidente fuera tan imprudentemente optimista. Por tanto, no es sólo el atentado lo que carece de una adecuada información a los ciudadanos -más allá de la identificación del explosivo-, sino el proceso previo de decisiones tomadas en el plano político que situaron al presidente del Gobierno en la más absoluta ignorancia de cuanto iba a pasar apenas veinticuatro horas después.

El Gobierno y, en particular, el Ministerio del Interior deben asumir que la opinión pública está sumando incertidumbres -a veces, certezas muy negativas- en relación con la lucha antiterrorista. Faltan datos sobre el atentado -identidad de los autores, modus operandi-, sigue sin esclarecerse la identidad del «soplón» que avisó a la red de extorsión de ETA y aún están huidos diecinueve etarras condenados en firme por la Sala Segunda del Tribunal Supremo por pertenecer a los grupos terroristas Segi, Haika y Jarrai. La falta de información equivale, ante la opinión pública, a falta de respuesta, de forma que lo que el Gobierno transmite es pasividad en aquello que más valora una sociedad atacada por el terrorismo -es decir, persecución policial e iniciativas legales contra los terroristas- y ambigüedad en lo que más le preocupa, defensa de las instituciones y mensajes claros de firmeza.

Si el Gobierno quiere hacerse acreedor de confianza, debe primero recuperar un amplio terreno perdido ante la opinión pública, y esto no se logra solapando la ausencia de resultados en la lucha contra ETA en una sucesión de polémicas estériles con el Partido Popular. No se le exige al Ejecutivo que transmita en directo sus decisiones en la lucha antiterrorista, porque los antecedentes de esta forma de actuar ya han demostrado el daño que puede causar, sino que demuestre, al menos, que existe lucha antiterrorista tal y como la entiende una sociedad agredida por el terror. De la misma manera que la vigencia de la ley de Partidos Políticos se demuestra con su aplicación judicial y no con apologías retóricas sin contenido ni efectos, la unidad que reclama el Gobierno al PP y, en general, a la sociedad española en torno a lo que da en llamar política antiterrorista sólo vendrá dada por una estrategia visible y eficaz de persecución contra ETA. Mientras esta estrategia no se produzca y, además, el Gobierno no haga una autocrítica pública de su fallida gestión política de la tregua -previa a una rectificación cada días más necesaria, pero también más difícil- sólo logrará que se agrave la separación entre la sociedad y el Gobierno, rompiéndose una unidad que fue esencial para deslegitimar socialmente a ETA y a sus cómplices y respaldar la actuación determinante de jueces, fiscales y policías.

En este momento, falla todo lo esencial de una buena política antiterrorista: la identificación de la opinión pública con el Gobierno -lo que requiere información y lealtad hacia los ciudadanos-, el consenso entre los partidos nacionales, el respaldo inequívoco al Estado de Derecho, una sólida iniciativa internacional y una voluntad política clara de derrotar a los terroristas. Es todo lo que se tenía que haber recompuesto un mes después del atentado de Barajas.

Zapatero
Proceso de rendición, toma dos
Ignacio Villa Libertad Digital 31 Enero 2007

El respaldo que el presidente del Gobierno ha dado a Ibarretxe es la demostración palpable de la verdadera estrategia del Gobierno. Zapatero ha justificado la actitud del lehendakari y de todo el Partido Nacionalista Vasco en su feroz acoso al poder judicial. La manifestación que el lunes recorrió las calles de Bilbao en protesta por la citación a Ibarretxe de la Justicia por reunirse con el batasuno Otegi le parece al presidente del Gobierno respetable y respetuosa. Algo que deja a Zapatero en el lugar que le corresponde.

Después del atentado de Barajas, Zapatero ha vuelto a las andadas. Nadie debería haberlo dudado, pero muchos lo hicieron. Sin embargo, ya no quedan excusas con las que taparse los ojos. El presidente está poniendo de nuevo en marcha el proceso de rendición y lo está haciendo de la mano del nacionalismo vasco. Por eso todas las iniciativas del PNV y del Gobierno de Vitoria van a contar con el apoyo de Zapatero y los suyos. No sólo hemos podido comprobarlo con ese respaldo a Ibarretxe, sino también con la decisión de los socialistas vascos de aceptar debatir una moción de los batasunos de las tierras vascas sobre la excarcelación del terrorista De Juana Chaos.

Mientras se prestan a hacerle carantoñas al mayor asesino en serie de ETA, no hemos escuchado a ningún dirigente socialista condenar con claridad la profanación de la tumba de Gregorio Ordóñez el pasado fin de semana. Ni Blanco, ni Zapatero, ni López Garrido han mostrado públicamente su repulsa por esa barbaridad del terrorismo etarra. Claro que tampoco han pedido disculpas todavía sobre los insultos y las descalificaciones que dedicaron a un enfermo de polio que asistió a una manifestación de las víctimas del terrorismo.

Zapatero está en lo que está. Por un lado se dedica a fabricar un falso consenso parlamentario sin el Partido Popular con el objetivo de dinamitar el Pacto Antiterrorista y, por otro, articulan una estrategia conjunta con el Partido Nacionalista Vasco para volver a la senda de la rendición. Y la primera posta de ese camino es pasar página del atentado de Barajas. Para el presidente del Gobierno la bomba y los muertos no son más que una mala pesadilla del pasado. La prueba más evidente es precisamente que este martes, el día en que se cumplía un mes del atentado de Barajas, Zapatero no ha dedicado ni dos palabras en su rueda de prensa a las víctimas mortales de ese atentado etarra.

Lo lamentable es que ya nada relacionado con esto nos sorprenda, ni en el terreno político ni en el judicial. Ni siquiera el auto de Garzón del pasado viernes en el que afirmaba que Arnaldo Otegi actuaba como miembro de la "izquierda abertzale", concepto poco jurídico donde los haya, no como portavoz de la ilegalizada Batasuna. Volvemos a la pirueta dialéctica, a la mentira, a la trapisonda. Y de todas esas cosas, que nadie se engañe, Zapatero es el principal impulsor.

Una senda peligrosa
TONIA ETXARRI El Correo 31 Enero 2007

No les habrá venido nada mal a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Pais Vasco que el Consejo general del Poder judicial haya salido en su defensa para pedir al Gobierno vasco que deje ya su campaña de hostigamiento. Sobre todo porque en momentos de coacción en la calle en contraste con el silencio oficial del Gobierno de Zapatero (roto ayer por el propio presidente para decir que el respeto a las decisiones de los jueces es una buena manera de contribuir al buen funcionamiento el Estado de Derecho; un Estado que permite la libertad de expresión y de crítica) les libera del peso que están soportando.

Porque los jueces llevan demasiado tiempo en el ojo del huracán. Con presiones abiertas y más sibilinas que algún día ellos mismos podrán contar. La declaración del Consejo tiene su importancia simbólica porque los conservadores y progresistas han sido capaces de aprobar una declaración por unanimidad para decir al Gobierno vasco que ponga fin a una campaña de presión que los protagonistas, por cierto, niegan con total rotundidad. Nada de hostigamiento, «se trata del ejercicio de la libertad de expresión» sostienen los mismos que hace no demasiado tiempo confundían la inmunidad parlamentaria con la impunidad jurídica cuando el 'caso Atutxa' tuvo en vilo a la mitad del Parlamento vasco durante casi dos años.

Así es que, a pesar de la importancia de la declaración del Consejo y por mucho que los jueces vascos resistan estoicamente todo tipo de presiones, los dirigentes nacionalistas vascos seguirán arremetiendo contra aquella Justicia que no controla. Es marca de la casa. Después de la movilización a favor del lehendakari (¿quién le ataca?) los amigos y socios insisten en recordar que Ibarretxe es lehendakari de todos (de los jueces, de usted, de nosotros), pero nada dicen de su deber de cumplir y hacer cumplir las leyes; incluso las que no le gustan.

Si anteayer portaban una pancarta en defensa de las instituciones para presionar a una de las instituciones más vulnerables en Euskadi por culpa del terrorismo ( la Justicia) hoy volverán con ese peligroso planteamiento. Y si se trata de apuntar con el dedo acusador, para eso está Erkoreka que dice que el juez instructor que deberá tomar declaración al lehendakari «está en ese puesto gracias al PP».

Al PNV y sus socios no le ha gustado nunca la jurisdicción española. Ni la Ley de Partidos, ni la ilegalización de Batasuna, ni la resolución sobre De Juana Chaos, ni la condena de los 'jarraitxus' de Haika y Segi. Poco ha variado, en estos años, el pulso del PNV y sus aliados con el poder legislativo. Imaz se ha presentado con otro estilo distinto al de Ibarretxe. Pero, en este caso, no le queda más remedio que ponerse al frente de la manifestación; no vaya a ser que sus compañeros más radicales acaben por ganarle la carrera.      t.etxarri@diario-elcorreo.com

En el disparate
CÉSAR ALONSO DE LOS RÍOS ABC 31 Enero 2007

Por si las gentes no se hubieran dado cuenta de que estamos viviendo en un régimen político disparatado, el lunes se echaron a la calle los ex lendakaris Ardanza y Garaicoechea para defender al actual, no tanto en el plano personal sino en nombre de la dignidad del cargo, y junto a ellos se manifestaron también todos los miembros de los Gobiernos vascos de ahora y de los anteriores, así como los representantes del poder legislativo vasco en este último cuarto de siglo... y una parte significativa del «pueblo».

En una palabra, en la cita han estado los poderes ejecutivo y legislativo del miniEstado vasco... frente al tercero de los poderes del Estado español, es decir, el judicial.

¿Cabe una confusión mayor? Poderes con conciencia de soberanía territorial frente a otros poderes de ámbito nacional en el que aquellos no creen e incluso tratan de eliminar...

¿Cabe? Por supuesto: el día en que este Estado, compuesto y disparatado que tenemos alcance los extremos previstos por el modelo plurinacional marcado por el gran timonel Zapatero... Esto, que ya es una fiesta para nuestros bulímicos constitucionalistas, se convertirá en un galimatías formidable respecto al cual las gentes de la calle terminarán dándose por vencidas. «Que hagan lo que quieran», dirán. La ciudadanía terminará por ceder la calle a parlamentarios, consejeros, ministros, bien acompañados, eso sí, por una formidable «nomenclatura».

¿Quién pidió el permiso para la manifestación del lunes en Bilbao? Y ¿cuál fue el gobierno que lo concedió para ser defendido el mismo de un poder judicial que, según él, extiende sus tentáculos desde el centro a la periferia?

Nos encontramos ante una situación tan absurda como la que supone que unos partidos y unos gobernantes secesionistas defiendan el Estado de Derecho que en realidad pretenden destruir.

Hasta tal punto la situación en que vivimos es absurda que aquí los nacionalistas y allegados siguen tomando como modélica la vía irlandesa, cuando ésta no pasa de ser un amago de lo ya conseguido aquí por nuestros Jerry Adams. Después de varias décadas del PNV en el poder, con una Policía propia, con una autonomía realmente soberana, un sistema fiscal al que se sigue llamando eufemísticamente concierto económico, ¿se puede seguir considerando modelo al Ulster?

Alec Reid
El curita
José García Domínguez Libertad Digital 31 Enero 2007

Nos está saliendo todo un portento de la gramática parda ese curita irlandés enviado por nadie que ha aterrizado en Bilbao para equidistar entre las pistolas y las nucas, ese Alec Reid al que Dios confunda. Así, apenas acaba de estrenar altar en el matadero y ya oficia como un virtuoso de la muy barroca liturgia semántica de los carniceros locales. Y es que los asombrosos prodigios de la lengua bífida de ese Reid constituyen la prueba del nueve de que más sabe el diablo por viejo que por (pobre) diablo. Sin ir más lejos, ayer, ese vicario de la ira nos vino a anunciar por qué fue justo y necesario que Carlos Alonso Palate y Diego Armando Estacio expiraran bajo cuarenta mil toneladas de cemento en la matanza de Barajas. Pues en verdad fue justo y necesario su asesinato.

Entre arcadas lo descubrimos los lectores de El Mundo al exponernos a la repugnante halitosis moral del reverendo que impregnaba una plana entera del diario. "ETA atentó en la T-4 porque el Gobierno no estaba cumpliendo lo prometido", bramaba a cinco columnas ese pastor que quiere conducir el rebaño descarriado hacia la mesa de partidos de su compadre Ternera. Y por si el can Cerbero de Dante no lo hubiese escuchado bien, remachaba el santo varón: "Lo que no puede hacer el Gobierno es comprometerse a algo y, luego, no hacerlo". Palabra del señor; del señor que se ríe del Señor, se entiende. Pues huelga decir que el reverendo se pasa la letra pequeña de los contratos por el forro almidonado del clergyman. De ahí que ya ni le suene de oídas la sexta cláusula de aquél que un día olvidado firmara con la dignidad humana: "No matarás".

Por lo demás, gasta este padre Reid una sotana de escamas verdes muy vistosa. Una rematada por un cascabel que sólo luce en Carnaval, que para él también es fiesta de guardar. Ésa con la que se arrastraba por el titular del periódico hasta colarse con su manzana podrida en el Edén de La Moncloa. "Está claro que si el PSOE solucionara el conflicto, ganaría las elecciones", susurraba desde allí el humilde siervo de Cristo al oído siempre atento del Niño; y lo hacía justo en el mismo instante en que sus inseparables monaguillos escupían sobre la tumba de Gregorio Ordóñez.

Lo dicho, todo un virtuoso de la charcutería dialéctica este redentor redentorista. De hecho, ya sólo le falta la capucha de gala, la de los alardes de difuntos en las portadas de Gara, para poder concelebrar con Txeroki la próxima misa negra en homenaje al trabuco del cura Santa Cruz.

Quizás Dios, con su infinita misericordia, le perdone algún día. Quizás Él sí

Jueces politizados
ANTONIO PAPELL El Correo 31 Enero 2007

Hoy comparece ante el juez el lehendakari Ibarretxe, acusado de ser 'cooperador necesario' en un delito de desobediencia presuntamente cometido por dirigentes de la ilegalizada Batasuna que se reunieron en calidad de tales el pasado mes de abril con el jefe del Gobierno vasco. La denuncia fue presentada por el Foro Ermua y el juez instructor de la causa, Roberto Saiz, del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), pertenece a la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura. No hace falta decir que el hecho mismo de que el presidente de la comunidad autónoma, máximo representante del Estado en ella, haya de comparecer como imputado ante un juez es un hecho de extraordinaria gravedad política. Así lo ha entendido el Partido Nacionalista Vasco, con su manifestación de apoyo al lehendakari.

En primera instancia, el observador de este deprimente espectáculo se siente arrastrado a defender ante todo la independencia del juez que, contra viento y marea, cumple con la que cree su obligación pese a la presión política y mediática que lo cerca. Sin embargo, si se araña la superficie de lo aparente y se hurga en el caso, se llegará quizá a conclusiones bastante matizadas. Porque, hace escasas semanas, el Tribunal Supremo rechazó con gran explicitud y contundencia una querella semejante interpuesta por el autodenominado sindicato Manos Limpias, una secta de extrema derecha, contra el presidente del Gobierno y los dirigentes del Partido Socialista de Euskadi, en relación con la reunión que éstos mantuvieron con dirigentes de Batasuna. Aquella sentencia, francamente iluminadora, afirmó que los procesos penales no son ni pueden ser fórmulas legítimas de control del poder ejecutivo ni de sus estrategias políticas. El alto tribunal llegó a afirmar que la pretensión de corregir por vía judicial la dirección impresa a la política por el gobierno legítimo podía constituir «fraude constitucional». Y estableció a fin de cuentas una clara línea divisoria entre las funciones de los jueces y las que tienen una dimensión exclusivamente política.

Por si la jurisprudencia fuera escasa, el viernes pasado, el juez Garzón dictó también un auto en dirección parecida para rechazar otra querella, en este caso contra los dirigentes abertzales, en la que establecía que la ilegalización de una organización no supone la abolición de los derechos de sus miembros, que pueden seguir defendiendo su ideario, siempre que no se demuestre que actúan al servicio de la causa terrorista.

Pese a todo ello, el juez del TSJPV ha creído que estas resoluciones no eximen a Ibarretxe de responder ante la Justicia de aquellas acusaciones, basadas en una interpretación extrema y desaforada de la Ley de Partidos. Sin duda, está en su derecho. Pero también lo están los ciudadanos si deciden protestar airadamente contra unas actuaciones que vulneran claramente la letra y el espíritu de decisiones judiciales previas y de mayor rango. Y contra una medida que, dígase lo que se diga, es humillante para quien tendrá que pasar por las 'horcas caudinas' de la comparecencia judicial claramente injustificada. Y para la institución que encarna.

Ante este conflicto, el Consejo General del Poder Judicial no ha hecho otra cosa que defender la independencia del juez. Nada hay más valioso, en efecto, que dicha independencia, pilar del Estado de Derecho. Pero parecería necesario asimismo entronizar poco a poco en los escalafones judiciales, con altura de miras y con inteligencia, las tesis del Supremo, que, en otro plano que no colisiona con el anterior, propugnan una separación auténtica entre los campos judicial y ejecutivo. Y es que no se puede ni se debe mediatizar los procesos políticos a golpe de querellas, ni tutelar por vía penal las decisiones de los gobiernos cuando manifiestamente no existen infracciones al ordenamiento.

Organizar manifestaciones callejeras contra las resoluciones judiciales es un error antiestético que, por añadidura, no conduce a parte alguna. Pero el rechazo a estos métodos no ha de impedir la censura a unas determinaciones judiciales que o son fruto de la impericia técnica más flagrante u obedecen a la intención de interferir en el curso de los acontecimientos políticos. Tanto en un caso como en otro sería conveniente una reacción menos automática y más expresiva del Consejo General del Poder Judicial.

DURA LEX, SED LEX
Editorial minutodigital 31 Enero 2007

Parece ser, a la vista de los acontecimientos, que el pueblo español necesita repasar el concepto de democracia, como gobierno del pueblo, de libertad, como garante de la pacífica y solidaria convivencia entre sus hombres y tierras y de Justicia, como elemento garante en todo Estado de Derecho de que se cumplan las premisas anteriores.

Viene esto a colación de la manifestación celebrada en apoyo a Ibarreche por la “nimiedad” de haber incumplido la Ley. La Ley, en cuanto a derecho positivo, puede ser más o menos justa cuando la contraponemos a las fuentes del derecho natural pero siempre será Ley de obligado cumplimiento. Y ni su desconocimiento la exime de ello. Batasuna es un partido ilegalizado y reconocido como organización terrorista por la UE por lo que no puede tener representatividad efectiva alguna y, mucho menos, frente a las instituciones que representan al Estado español en cualquiera de sus diecisiete autonomías.

No es válida la voz del pueblo que reclama la absolución de quien ha incumplido la Ley reuniéndose con los terroristas aunque haya sido elegido democráticamente. No es lícito, aunque sean decenas de miles de manifestantes, exigir la libertad de un etarra con veinticinco asesinatos a sus espaldas alegando su mal estado de salud porque está en huelga de hambre. No es democrático que un titiritero argentino clame por un “cordón sanitario” para aislar a todos lo que no piensan como él.

No es, precisamente, la democracia española un ejemplo donde la voz de los ciudadanos tenga los cauces adecuados para hacerse oír. El actual sistema partitocrático acaba reduciendo la participación ciudadana al mero hecho de ejercer nuestro derecho al voto cada cuatro años. Tampoco la Ley electoral es la mejor que pudiéramos desear y otorga demasiado poder a las minorías nacionalistas. Por ello, la sociedad civil ha aprendido a agruparse en movimientos cívicos para hacer llegar mediante su voz sus protestas y propuestas al Gobierno de turno. Y si no lo consigue con este Gobierno, que lo apunte la oposición para el día que llegue al poder.

Sí es válida la voz del pueblo cuando clama contra el crimen legalizado del aborto exigiendo una reforma legislativa que impida esa atrocidad. Sí es lícito manifestarse solicitando una reforma del Código Penal que provoque un endurecimiento de las penas y que evite que, con el tiempo, los asesinos convivan con sus víctimas en una posición donde acaban humillándolas. Sí es democrático pedir cordura y sensatez para que todos naveguemos juntos en el mismo barco. El pueblo puede pedir cuantas reformas legales estime oportunas porque es un derecho adquirido en un sistema democrático. Lo que el pueblo no puede pedir es que se deje de aplicar la Ley existente. No siempre que la mayoría habla tiene razón. Recordemos el episodio de Jesucristo y Barrabás.

El PNV y la ETA, contra los jueces españoles
Pedro Fernández Barbadillo Periodista Digital 31 Enero 2007

En las protestas contra los jueces y las leyes españolas de estos últimos días se ha corroborado que unos agitan el árbol y otros recogen las nueces. Aún así, siempre hay ciegos voluntarios.

Desde la transición, en Madrid –ciudad en la que el número de tontos por calle es tan alto como en Barcelona el de progres- se cree que los del PNV por llevar chaqueta y corbata son distintos de los etasunos. La verdad es que no hay más diferencia que los métodos para obtener los mismos fines: la independencia y la exclusión de aquellos que no la acepten.

Sin recordar hechos tan miserables como reveladores de la transición ni el lenguaje habitual de jerarcas como los hoy postergados Arzalluz y Anasagasti, basta tener presente que el PNV salvó a ETA de la acometida popular después del asesinato de Miguel Ángel Blanco por interés propio:

Días después del asesinato de Miguel Ángel Blanco, centenares de militantes del PNV nos reunimos en asamblea (...) HABÍA QUIEN PENSABA QUE, EFECTIVAMENTE, SIN ETA, NOS CONVERTIRÍAMOS EN UNA FUERZA VULGAR.

Ahora, el PNV y Etasuna se unen en su arremetida contra los jueces y las leyes españolas. El PNV y EA, más algunos obispos, ya trataron de que no se aprobase la Ley de Partidos, que dejaba a Batasuna en la calle. Los obispos Setién y Uriarte niegan funerales individuales a Gregorio Ordóñez y unos niñatos educados en el sistema escolar diseñado por los nacionalistas profanan su tumba. Tanto los moderados como los radicales coinciden en las ganas de sacudirse los jueces independientes de encima. Por un lado, expulsan mediante las pistolas o por la discriminación laboral a ciudadanos desafectos y por otro lado tratan de conseguir un ámbito de impunidad vasco, que ellos denominan de decisión.

¿Qué propone el PNV ante la ingerencia judicial? El retorno a los fueros, a la justicia estamental y sentimental. Un ejemplo es el jesuita y ex profesor de Deusto José Ramón Scheifler. Para él, las acusaciones contra Gorka Aguirre no son verdad, digan lo que digan los jueces, las pruebas y los testigos. ¿Por qué? Porque conoce a Gorka, conoce a su estirpe. Es un buen vasco y eso basta.

¡Aunque le viera en la cárcel estaría más seguro de su inocencia que de la del juez!

Claro, quienes no reciben el label de buen vasco no son gente de fiar, son sospechosos; bueno, somos, que yo también entro en la categoría de renegado.

Lo bueno es que a la manifestación de Bilbao en apoyo de Ibarretxe sólo fueron funcionarios y liberados de los partidos convocantes y viejos.

Hablar con todos no, solo con ETA
Vicente A.C.M. Periodista Digital 31 Enero 2007

Creo que va siendo hora de no seguir usando de escudo a las formaciones políticas legales, para cubrir, como cabestros al toro, a la que es la esencial en este "proceso" o "conflicto" según sea el PSOE o el PNV quienes hablen. Aquí se trata de obtener de ETA una garantía de abandonar la lucha armada y entregar las armas, véase el terrorismo, y que se avenga a seguir los cauces democráticos. Pero ¿es esa toda la verdad del diálogo? No , por supuesto. La verdad que se esconde es la reivindicación territorial y de independencia, que saben que por los cauces democráticos actuales, es decir la Constitución de España, nunca van a lograr. Por eso su empeño en formar mesas paralelas. Por eso el querer dar legalidad a estamentos inexistentes como la Udalbiltza o asociación de municipios gobernados por los partidos nacionalistas independentistas. No hay que olvidar que esa serpiente es en realidad una Hydra de siete cabezas, cada una representa uno de los territorios de Euskal Herría, y que cada cabeza aunque se corte, se vuelve a reproducir. Ahora están como PCTV, antes como Herri Batasuna, como Euskal Herritarrok y en Mayo, Zapatero y Conde Pumpido les apadrinarán con otro apellido. La cabeza volverá a estar lista para morder y escupir su veneno.

Lo peor de esta situación aberrante es que partidos como Ezker Batua (Izquierda Unidad) y el PSE, se unen a este mosaico de partidos nacionalistas como EA y el PNV, para darle cobertura de normalidad democrática a esta farsa. La defensa del Lehendakari Ibarretxe ante el TSJPV no ha podido ser mas cínica y desafiante" He hablado y seguiré hablando con todos para conseguir el final del "conflicto" del pueblo vasco". Es decir reta al Tribunal a condenarle por ejercer lo que él presupone que es su obligación de estadista del Gobierno Vasco, siendo consciente de que en ese "todos", incluye a una organización ilegalizada declarada terrorista. Es un desafio, un pulso a la Justicia a la que trata de amedrentar y dejar como un poder sujeto al capricho y a la voluntad de la política del Gobierno de turno. Algo parecido a lo que trata de hacer Zapatero.

Esa actitud además de irresponsable es criminal en tanto quiere ampararse en la consecución de un "pretendido buen fin" para delinquir. Es de fariseos y miserables poner en plan de igualdad a terroristas y representantes de la legalidad vigente. Claro que eso mismo es lo que lleva haciendo el PSE y el PSOE desde hace años. Mientras con una mano firmaba un Pacto con el PP, con la otra mano estrechaba la de los asesinos de sus afiliados y camaradas. Es la doble moral, o mejor decir, la total ausencia de moral. Seguimos asistiendo atónitos a este dantesco espectáculo, en que los incondicionales aún vitorean a su líder animándole a seguir delinquiendo "gora Lehendakari", "aurrera". Pues ante esos gritos, nosotros pondremos este sábado los de "Basta ya" ,"Contra la negociación,insumisión" y todos los que salgan del sentir del pueblo español.

No debemos permanecer pasivos ante este nuevo intento de quebranto de la Unidad y de burla del Estado de Derecho. No dejaremos que las víctimas sean reducidas a meros números y placas en sus nichos y que además sean menospreciadas, y agraviadas incluso en sus tumbas. No permitiremos que su muerte haya sido esteril viendo a sus asesinos campar libremente y encumbrados por sus paisanos. No permitiremos que el terrorismo, una vez más, acobarde a todo un País y deje impunes sin castigo a los culpables. Es nuestro deber acompañarles en su reivindicación de Justicia y allí estaremos el próximo sábado.

El Lehendakari, en los Tribunales
Raúl González Zorrilla Periodista Digital  29 Enero 200729

Los nacionalistas vascos están indignados y no dejan de movilizarse en apoyo del Lehendakari que será juzgado mañana miércoles. Pero es que, en Euskadi, desde hace más tiempo del que somos capaces de recordar, las movilizaciones importantes y masivas siempre se han realizado en apoyo de los acusados por la Justicia, de los delincuentes y de los terroristas, nunca a favor de las víctimas de éstos.

El Lehendakari, el gran timonel de los vascos nacionalistas, habrá de comparecer ante la Justicia por los presuntos delitos que pudieran derivarse tras la ultima reunión que mantuvo con Batasuna, un formación declarada ilegal y que forma parte de una organización terrorista según sentencia judicial, pero a la que el Lehenedakari y los suyos prestan todo su apoyo y respeto. Curiosamente, se trata del mismo apoyo y respeto que el Lehendakari y los suyos no han mostrado jamás hacia el casi millar de víctimas de la banda terrorista ETA.

Asesinando a jueces, juristas, abogados y fiscales, el independentismo vasco terrorista se ha caracterizado por tener a la Justicia entre sus objetivos prioritarios y, mientras esto ocurría, al mismo tiempo que ETA asesinaba a la fiscal Carmen Tagle, al juez José María Lidón o a Franciso Tomás y Valiente, entre otros, el nacionalismo vasco institucional, el mismo que mantiene el poder en Euskadi desde hace más de treinta años gracias a la Constitución y al Estatuto de Autonomía que dice no desear, jamás ha tenido un gesto de proximidad, de cercanía o de comprensión hacia las instancias judiciales que tanto han sufrido el acoso de los criminales. La Justicia con mayúsculas siempre ha sido un enemigo para el nacionalismo vasco ya que para el PNV y sus secuaces todo aquello que no pueden controlar, todo lo que no pueden convertir en parte de su presunta nación, siempre resulta inapropiado y contraproducente. En democracia, nadie está por encima de las leyes, y esto es algo que jamás comprenderán quienes entienden la realidad política no como una plasmación del espíritu democrático sino como una herramienta que debe estar al servicio de la construcción de una entelequia territorial. Para los nacionalistas vascos, los individuos, los ciudadanos, las personas individuales que habitan en sociedad no somos los poseedores principales de derechos sino que éstos, principalmente, se encuentran en manos de un pueblo siempre mítico, imaginado y magnificado cuya representación humana es el Lehendakari. Por esto, esencialmente, es por lo que les ofende tanto que Juan José Ibarretxe deba dar explicaciones ante Tribunal Superior de Justicia del País Vasco: porque lo que ocurrirá el próximo miércoles es que, por una vez, el imaginario nacionalista deberá supeditarse al control democrático, algo absolutamente inaceptable para el PNV y sus socios de Gobierno.

De cualquier modo, lo que no se debe olvidar es que cuando mañana miércoles Juan José Ibarretxe declare como imputado ante un tribunal democrático lo estará haciendo no por capricho de los jueces sino por haber cometido un presunto delito al reunirse con una organización ilegal y terrorista. El pasado sábado, once proetarras desalmados, descerebrados y fascistas patearon las flores que unas horas antes un grupo de personas había colocado como recuerdo y homenaje a la figura de Gregorio Ordóñez, concejal del Partido Popular de San Sebastián asesinado por ETA el 23 de enero de 1995. Por supuesto, ninguna institución nacionalista vasca ha condenado estos hechos que por su grado de perversión e ignominia golpean con brutalidad a cualquier conciencia mínimamente civilizada. Pues bien, cuando el Lehendakari Ibarretxe se reunió el pasado mes de abril con Batasuna, lo hizo con personajes de esta calaña, con gentes que jamás han condenado ni uno sólo de los atentados de los criminales y con dirigentes totalitarios de una organización política y judicialmente ilegalizada por formar parte de un entramado terrorista. Al reunirse en varias ocasiones con los voceros de ETA (aunque solamente se le juzgue por uno de los encuentros), el Lehendakari también pisoteó simbólicamente las flores colocadas en recuerdo de las víctimas, desobedeció las órdenes judiciales existentes en contra del encuentro, otorgó una legitimidad auténticamente inmoral a los totalitarios, reconoció a los portavoces de ETA una representatividad que no tienen y, sobre todo, despreció e insultó a todos los ciudadanos vascos y españoles que día tras día trabajan por la paz y la libertad.

Estos días, las calles de Euskadi son un furor nacionalista en apoyo del Lehendakari. Pero es que, en Euskadi, desde hace más tiempo del que somos capaces de recordar, las movilizaciones masivas siempre se han realizado en apoyo de los acusados por la Justicia, de los delincuentes y de los terroristas, nunca a favor de las víctimas de éstos.

Así rompe Zapatero con ETA. (Capítulo II)
Antonio Javier Vicente Gil Periodista Digital 31 Enero 2007

Continúo la recolección de hechos que demuestran que la prometida ruptura con ETA que nos dijo Zapatero no deja de ser una de sus muchísimas mentiras. Los hechos recopilados dicen lo contrario. ETA, cual novia despechada, está recibiendo de su galán Zapatero continuas pruebas de amor que intentan que le perdonen el haber querido romper con su adorada por un detallito de nada, aunque el detallito matase a dos personas e hiciese un ruido de mil demonios.

26-01-07 El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha rechazado citar al líder de la ilegalizada Batasuna, Arnaldo Otegi, como imputado por las declaraciones que realizó el pasado día 30 de diciembre, tras el atentado de ETA en el aeropuerto de Barajas. Garzón ha estimado que las intervenciones Otegi han sido en nombre de la izquierda abertzale y no está demostrado que este movimiento “está en manos de ETA”.

Para el juez, “criminalizar las acciones de la izquierda abertzale por el solo hecho de afirmar que son Batasuna y ETA es una reducción simplista, no ajustada a la realidad y, en todo caso, sin justificación probatoria en esta causa, y contradice abiertamente el artículo 24.2 de la Constitución, que recoge, entre otros, el derecho a la presunción de inocencia.

26-1-07 Una víctima de ETA declara refiriéndose a Zapatero: “Yo me pregunto ¿qué les habrá prometido o qué tendrá que esconder que nadie podemos saber ni entender, para llegar a este estado de rendición?”

29-1-07 Según El País “La Ertzaintza, la Guardia Civil y la policía creen que la mayoría de los 19 jóvenes condenados por integración en la organización terrorista Jarrai-Haika-Segi no ha pasado a Francia para eludir la condena de seis años impuesta por el Supremo. Una de las huidas, Olatz Dañobeitia, participó el sábado en un acto de apoyo a los juzgados en el sumario 18/98. Responsables de los tres cuerpos se reunieron la semana pasada para coordinar actuaciones.”

Como coordinación no es mala prueba.

29-01-07 Imaz, aliado de Zapatero lo ha dejado claro, le ha pedido al PP que asuma que no se trata de "derrotar a ETA" sino de "un final en el que salve los muebles"

29-01-07 José Luis Rodríguez Zapatero, proclamó este domingo en un acto de partido en Albacete que va a "seguir", porque es su "deber y principal afán" como jefe del Ejecutivo, "trabajando por el fin de la violencia, por ver la paz en España".

30-01-07 Zapatero secunda la campaña de presión del Gobierno vasco contra los jueces porque "nadie puede impedir la libertad de crítica"

30-01-07 Ortega Lara declara que a día de hoy a las víctimas "se les insulta, se les maltrata, se les injuria e incluso se hace de ellas motivo de escarnio".

31-01-07 El PSOE acepta en el parlamento vasco una moción del partido de ETA el PCTV para excarcelar a de Juana Chaos mientras veta las mociones del PP para acabar con ETA.

31-01-07 Ibarretxe, aliado de Zapatero, tiene unos asesores internacionales que consideran el "incidente" de Barajas una "oportunidad" para nuevas negociaciones.       .......... continuará.

OPA a Endesa
En defensa de la libertad
Emilio J. González Libertad Digital 31 Enero 2007

El presidente de la Generalitat, José Montilla, acaba de declarar que la OPA de E.On sobre Endesa es una operación contra Cataluña porque impide a Gas Natural hacerse con la eléctrica que preside Manuel Pizarro. Las palabras del ex ministro de Industria, de entrada, ya aportan una pista clara sobre lo que puede suceder en breve: si los accionistas de la eléctrica están de acuerdo, ésta pasará a manos alemanas, y ni el Gobierno, ni Gas Natural, ni una Acciona dispuesta a vender podrán impedirlo. Pero vayamos al fondo de las palabras del presidente catalán.

Lo primero que hay que recordar es que el título octavo del Pacto del Tinell, por el que se pretende avanzar hacia la independencia de Cataluña, recoge expresamente que haya una empresa eléctrica en la región. No hay nada que decir ante la pretensión de que la Generalitat pretenda que haya una eléctrica catalana, pero sí ante la forma en que ha pretendido conseguirlo. Aquí no se ha tratado de crear una eléctrica, sino de que Gas Natural se hiciera con una sin apenas poner dinero encima de la mesa. Recordemos que la oferta de la gasista fue de 21,4 euros por acción, de los cuales el 35% los pagaría en metálico y el resto en acciones. Ese 35% suponía un importe de 7.800 millones de euros, curiosamente la misma cantidad de dinero por la que acordó vender a Iberdrola activos de Endesa. En consecuencia, si Gas Natural no ha conseguido quedarse con Endesa no ha sido culpa de nadie excepto de la propia compañía, que ha sido incapaz de poner más dinero encima de la mesa, incluso cuando desde Moncloa se le dijo que ellos ya estaban haciendo todo lo que podían en favor de la gasista y que ahora les tocaba a ellos rascarse el bolsillo. Gas Natural no quiso hacerlo, sino que pretendió quedarse con Endesa ofreciendo una cantidad ridícula de dinero, más acciones, con el argumento de que ellos podían gestionarla mejor, cuando luego quedó claro que hubo quien estuvo dispuesto a hacerse con la eléctrica a 35 euros por acción. Esto no es una operación contra Cataluña, sino lógica de mercado.

Montilla, además, olvida deliberadamente que el Gobierno quiso entregar a Cataluña algo que no era suyo, esto es, Endesa, que pertenece a sus accionistas. Para ello hizo intervenir a la CNMV y a la Comisión Nacional de la Energía a favor de las pretensiones de Gas Natural, impidiendo a la dirección de empresa defenderse de la OPA. Y cuando llegaron los alemanes, amplió las competencias de la CNE para tratar de impedirles que adquiriesen Endesa, en contra de la normativa comunitaria. Por eso la Comisión Europea está expedientando a España y va a llevarla ante el Tribunal Europeo de Justicia.

En este contexto, es lógico que la directiva de la empresa hiciera todo lo posible para defender a la compañía, así como a los intereses de los accionistas, recurriendo a E.On en busca de ayuda. No olvidemos que la propia normativa de OPAs faculta al consejo de administración de Endesa a buscar una oferta mejor que la de Gas Natural, en interés de los accionistas. Pizarro y su equipo lo hicieron, pero eso no es ir contra Cataluña, sino defender los intereses de los dueños de una empresa y pararle los pies a un Gobierno que no tiene el menor derecho a decir y decidir si Endesa es catalana, vasca, castellana, andaluza o, simplemente, española.

Montilla también se ha referido a que determinadas personas no han querido perder su influencia sobre Endesa. Esa influencia, sin embargo, es problema de la compañía y sus accionistas, no del presidente de la Generalitat. Pero, claro, aquí seguimos en el juego de que las empresas privadas tienen que estar controladas por el Gobierno y sus directivos tienen que ser personas afines al Ejecutivo. Recordemos que, unos días antes de las elecciones, Zapatero reclamó la dimisión al día siguiente de su victoria a los presidentes de las empresas privatizadas nombrados por el PP. El problema es que esas compañías ahora son privadas y la decisión de mantener o cambiar a sus directivos le corresponde a los accionistas si piensan que, de esta forma, sus intereses van a estar mejor protegidos. Montilla y Zapatero se olvidaron de ello y siguieron pensando en una democracia y una economía de mercado el Gobierno puede hacer lo que quiera, cuando quiera y como quiera. El asunto de Endesa acaba de recordarle que no es así.

Ante esto, decir que la entrada de E.On en el juego de las OPAs sobre Endesa es una operación contra Cataluña no es más que buscar una justificación fácil y demagógica donde no la hay. Es triste que la primera eléctrica española pueda terminar en manos de capital alemán, pero esto es el resultado tanto de los intentos desde el Gobierno y desde la Generalitat de vulnerar las libertades básicas de un país y las reglas de juego de una economía de mercado, como de la defensa de esas libertades y esas reglas que han hecho otros.

La «loapilla»
IGNACIO CAMACHO ABC 31 Enero 2007

MIENTRAS las autonomías se sirven competencias a su gusto en la barra libre de los nuevos estatutos -hasta Castilla-La Mancha acaba de decretar por su cuenta la caducidad del trasvase Tajo-Segura-, el Gobierno trata de maquillar su dejadez con el anuncio de una ley de reordenación de competencias, destinada a ser el penúltimo fracaso de ese bienintencionado ministro que se llama Jordi Sevilla. Si la cartera de Administraciones Públicas constituye siempre un departamento fantasma, destinado a parir reformas que jamás se llevan a efecto en el endiablado puzle de un Estado gaseoso, en el Gabinete de Zapatero se trata de un Ministerio obsolescente, decorativo e inútil como un jarrón chino. Cuando el presidente es el primero que propicia un desparrame desquiciado de la estructura territorial, resulta de lo más extravagante que un ministro trate de recoger a posteriori el agua derramada del cubo que su jefe acaba de volcar a puntapiés.

Esa ley anunciada por Sevilla no es más que un cosmético y tardío voluntarismo jacobino, que en su enunciado viene a reconocer que al Estado se le está yendo de las manos su propio mecanismo de funcionamiento, pero sin que el Gobierno parezca dispuesto a reordenarlo de un modo efectivo. Empeño en el que, por cierto, han fracasado previamente tanto González con la célebre LOAPA como Aznar con su vano intento de cerrar el modelo autonómico con un traspaso masivo de competencias. Tras alentar un delirio soberanista en Cataluña y extenderlo irresponsablemente a los demás territorios en menú de autoservicio, Zapatero propone ahora una especie de autorregulación según su célebre principio del diálogo: que se pongan de acuerdo las autonomías. Ya se ha visto cómo funciona eso en las conferencias de virreyes, digo, de presidentes.

Lo que el Gobierno pretende es legislar sin modelo previo, es decir, sin definir el objetivo de lo que legisla. Es obvio que ninguna autonomía va a ceder competencias, y menos que ninguna las que pretenden -por ahora, País Vasco y Cataluña- trato bilateral, de igual a igual con el Estado. Así que la «ley Sevilla», de llegar a término, que no llegará porque se acabará antes el mandato, lo único que puede hacer es regular las citadas conferencias y el marco de la financiación. El marco, porque el cuadro es un cuadro propiamente dicho: sólo en los cuatro nuevos estatutos ya aprobados se ha adjudicado el 90 por 100 de las inversiones estatales.

Este carajal -Borrell dixit- no lo arregla una loapilla que ni siquiera van a aceptar esos regímenes autonómicos crecidos ante la manifiesta flaqueza de un Estado en proceso de licuación, sino que requiere un tirón de riendas hoy por hoy impensable bajo este Gobierno sin proyecto ni mapa, sin idea ni patrón. Y aun en el hipotético caso de que esa voluntad llegara a fraguarse, en el seno del PP o de un PSOE de improbable lucidez recobrada, apenas quedaría materia que reordenar tras la fragmentación emprendida. El daño ya está hecho con carácter irreversible: el agua derramada nunca vuelve a llenar el cubo volcado.

Alenguaje
Luis del Pino Libertad Digital 31 Enero 2007

El talante, la alianza de civilizaciones, el corazón de Europa, el patriotismo democrático, la memoria histórica, izquierdismo feminista... Zapatero es un incansable generador de chorradas lingüísticas, un verdadero artista de algo que no sé si calificar de infralenguaje, de antilenguaje, de paralenguaje o, simplemente, de alenguaje.

Tenemos un presidente cuyo único logro, en tres años de gobierno, ha sido batir un auténtico récord en la producción de mensajes carentes de todo significado lógico. De mensajes que, en aquellos raros casos en que no están desconectados de toda referencia concreta, constituyen una verdadera inversión de la realidad al más puro estilo orwelliano: la paz es la guerra, la libertad es la esclavitud, las víctimas son los intolerantes, el chantaje es el diálogo y así hasta la nausea.

¿Se acuerdan ustedes, por ejemplo, de aquello de la "democracia deliberativa"? En los últimos meses hemos tenido varios ejemplos de lo que signifca la democracia deliberativa en ese alenguaje zapateresco.

Democracia deliberativa es, por ejemplo, firmar un acuerdo con todos los grupúsculos parlamentarios para impedir que la Oposición pueda preguntar sobre el 11-M en el Parlamento.

Democracia deliberativa es, también, impedir que se discutan en la sede de la soberanía popular las propuestas de la Oposición para la derrota de ETA.

Democracia deliberativa es, asimismo, que el Partido Socialista apoye una propuesta que permita debatir en el Parlamento Vasco una moción de los batasunos solicitando la excarcelación de un asesino terrorista.

Democracia deliberativa es, en definitiva, un medio de gobierno en el que las instituciones del Estado dejan de estar al servicio de esa ciudadanía de la que su poder emana, para convertirse en un simple instrumento de una estrategia que choca frontalmente con los intereses de esa misma ciudadanía. Si democracia significa "gobierno del pueblo", el para-concepto de democracia deliberativa representa, en la práctica, un gobierno sin el pueblo. En el caso de la democracia, no es un invento de Zapatero esta especie de perversión del lenguaje; todos conocemos ejemplos anteriores: democracia orgánica, democracia popular, ... Cuando la democracia tiene un adjetivo, quiere decir que ha dejado de ser democracia.

¿Con quién delibera ese demócrata deliberativo llamado Zapatero? Por lo que parece, sólo con los de las pistolas. Pero llamar deliberación a discutir con alguien que esgrime una pistola para sostener sus puntos de vista no deja de ser otro ejemplo de a-lenguaje.

P.D.: Mañana miércoles 31 estaré en Vigo, en una conferencia organizada por la asociación Vigueses por la Libertad. La charla tendrá lugar a las 20:00 horas, en la sala de conferencias del Círculo Mercantil, en la sede de la calle del Príncipe, esquina Velázquez Moreno.

La lengua viva
Nacionalistas de todos los partidos
Amando de Miguel Libertad Digital 31 Enero 2007

A propósito de la eliminación de las mimosas como planta foránea, un libertario de Ribadavia (la capital de la comarca orensana del Ribeiro) me proporciona un dato precioso. Resulta que es una planta que, después de un incendio, es la primera en retoñar. Las mimosas fueron plantadas [en el Ribeiro] hace cien años para aprovechar su tallo como guía para las cepas. Añado que se debe plantear la campaña de "Salvemos las mimosas". La flor de la mimosa podría ser el símbolo de todos los que se oponen al nacionalismo. Por mi parte certifico que la mimosa retoña airosa después de haberse helado.

José Ángel Vara Costales (Gijón, Asturias) arguye que el suceso del eslogan "Asturias, paraíso natural", aquí comentado, no tiene nada que ver con nacionalismo lingüístico, según yo decía. La versión de don José Ángel es que el eslogan surgió primero en Asturias y luego lo plagiaron en Murcia. Luego –según don José Ángel– el Gobierno de Asturias hace bien en defender su "marca", en la que se ha gastado el dinero de los contribuyentes. Concluye el de Gijón: "Sea como fuere, exceso de celo del gobierno asturiano o uso ilegítimo por parte del de Murcia, lo importante es que no cabe deducir de este sucedido –ni de ningún otro protagonizado por el gobierno de Asturias– nacionalismo, ni lingüístico ni de ningún otro tipo".

Vamos a cuentas. En primer lugar, el hecho del dichoso eslogan a mí me sigue pareciendo una lamentable expresión del nacionalismo lingüístico. Si no se acepta esa calificación (y soy libre de hacerla), entonces se concluirá que se trata de una solemne majadería. El eslogan de "paraíso natural" se habrá asignado mil veces a los más diversos rincones del mundo. No hace falta registrar un lugar común como ese. Por otra parte, no creo que exista un estricto registro de eslóganes turísticos o políticos. Pongamos por caso el eslogan "nunca más". Fue acuñado con éxito por el lobby judío norteamericano en los años sesenta para calificar a la matanza masiva de hebreos por los nazis, lo que se llamó el holocausto. Recientemente el eslogan "nunca más" fue resucitado por la izquierda gallega a propósito del desastre del Prestige (un petrolero que se hundió). Sería una estupidez mayúscula que el lobby judío norteamericano reivindicara la propiedad de ese "eslogan". Decididamente "Asturias es diferente", y espero que no me procesen por aplicar la divisa que se aplicó en su día a España como lugar ideal de vacaciones. Son muchos los países "diferentes" en ese mismo sentido.

Pedro Manuel Peña Pérez (arquitecto) comenta un curioso incidente de la política "normalizadora" del catalán. Las autoridades envían un CD con "música catalana" a los feriantes de las atracciones que se instalan en los pueblos durante las fiestas. El propósito es que sustituyan las tradicionales pachangas de pasodobles, boleros y otras músicas exóticas por la música catalana. Pero los feriantes no hacen caso y siguen con sus tradicionales músicas en español. Don Pedro intuye que el siguiente paso va a ser la colocación de altavoces en toda la extensión de las ferias que emitirán obligatoriamente música catalana.

Francesc Barberó i Escrivà vuelve por sus fueros de un acendrado nacionalismo lingüístico. Selecciono algunas frases de su furibundo ataque: "Se empecinan ustedes [los españoles] en despreciar a su segunda lengua [el catalán], hablado o entendido por diez millones de ciudadanos del estado español y que después de 500 años no saben ni siquiera pronunciar [...] No se preocupe por nuestras políticas lingüísticas; son cosa nuestra. A ustedes los españoles no les incumben. Y, como pueblo más avanzado de la península que somos, verá usted cómo seguro que estamos haciéndolo bien. No nos tomamos la molestia de explicárselo". Santo cielo, qué agresividad. ¿Cómo no nos va a incumbir a los españoles el hecho de la política lingüística de Cataluña? No es "el pueblo más avanzado de la península" el que promueve una política lingüística como la que padecen los catalanes, por lo menos la mitad de ellos. Tengo para mí que la preservación de la lengua catalana interesa a todos los españoles, como parte que es de nuestro patrimonio. Los nacionalistas de todos los partidos lo están dilapidando.

Xabier Botet me dice en mal español: "Es por ello que no puedo considerar su actitud de inepta sinó [sic] de perversa, que no pervertida". Por lo visto la perversión está en que no he entendido que en Cataluña no se multa por rotular un comercio en castellano sino por no rotularlo en catalán, "la lengua propia del país". Yo creía que el castellano o el país era también lengua oficial en Cataluña, por ser (de momento) parte de España. Don Xavier avanza esta atrevida presunción: "Su ideología política le hace participar de este juego perverso que pretende enfrentar a catalanes y castellanos con no sé qué objetivo final y que, por ello, no publicará mi escrito ni hará referencia a él". Ese enunciado es más propio de un mameluco, como puede apreciar cualquier lector libre del complejo de inferioridad como el que atenaza a don Xavier y a tantos de sus correligionarios.

Pilar Marín Rojas, a propósito de la discusión sobre si el nacionalismo se quita viajando, me envía estos versitos:

Dicen que el viajar ilustra,
yo me río y me callo;
por mucho que viaje el burro
nunca llegará a caballo.
mailto:fontenebro@msn.com

El concepto de lengua propia
Xoán Xulio Alfaya Periodista Digital 31 Enero 2007

[Estudiando español] El diccionario de la Real Academia Española, en su voz «lengua muerta», hace una referencia, desde 1803, a "la que antiguamente se habló y no se habla ya como propia y natural de un país o nación". En el DRAE no existe una entrada específica para definir la tan traída y llevada lengua propia. El concepto de lengua propia se trata, pues, de un recurso ideológico inventado y promovido por los llamados nacionalismos identitarios que le atribuyen a la lengua que ellos llaman "propia" un valor de identidad individual y colectiva que está muy por encima de su valor como medio de comunicación entre las personas.

La primera aparición oficial del término de la que tengo noticia es el Estatuto de Autonomía de Cataluña (1979) donde, en el artículo 3º, punto 1, se afirma que "La lengua propia de Cataluña es el catalán". En 1981 Galicia transcribirá en su Estatuto exactamente la misma frase, adaptándola a la realidad gallega: "La lengua propia de Galicia es el gallego". Y así, a caballo de las respectivas leyes orgánicas de sus estatutos de autonomía, el término se ha colado en las legislaciones de las tres comunidades bilingües con el rango de dogma de fe.

La ley consagra la existencia de dos lenguas oficiales pero, ay, sólo una de ellas es lengua propia o territorial. Las lenguas que hablen, lean y escriban los ciudadanos es lo de menos. Eso pertenece a la realidad social y ésta al nacionalismo le trae sin cuidado, pues la única realidad que tienen en cuenta los nacionalistas es la que ellos definen como tal.

La consecuencia inmediata de este juego malabar es que si los ciudadanos de un determinado territorio tienen dos lenguas y una de ellas es declarada oficialmente como "lengua propia", la otra, automáticamente, se convierte por pura lógica en "lengua impropia", es decir, extraña, advenediza, impuesta desde afuera, colonizadora, despersonalizante, un auténtico virus que amenaza la identidad colectiva y que hay que aislar y erradicar por todos los medios posibles, legales o ilegales.

Lengua propia es, en realidad, lengua territorial. Se supone que cada territorio tiene su lengua propia y que las personas que lo habitan deben acomodarse a ella o marcharse. Lengua propia o territorial y lengua de los ciudadanos son conceptos excluyentes. Para los nacionalistas sólo existe la primera; la segunda es una enfermedad de la que hay que curarse desaprendiéndola y arrancándola de cuajo, como una planta dañina, de la vida personal, familiar, profesional, política, social, administrativa y docente.

Lengua propia se contrapone a lengua oficial. Lengua oficial puede ser la de un Estado, pero lengua propia sólo lo es la de la comunidad sometida a la servidumbre de sus amos nacionalistas. La lengua propia es, en realidad, aquella que los propietarios de determinado territorio deciden que lo sea. Evidentemente, para salvar las apariencias democráticas, revisten su discurso de argumentos de todo tipo, desde la apelación al sentimiento de pertenencia a la lingüística o la historia debidamente tergiversadas.

Como tenemos por delante más días que longanizas, no quiero alargarme en exceso y prefiero continuar otro día con el tema y sus múltiples ramificaciones y consecuencias.

Tengan ustedes un día muy feliz.

La guerra del pimiento
ABC 31 Enero 2007

El egoísmo autonómico y la insolidaridad entre comunidades no cesan (guerra del agua al margen). Uno de los últimos ejemplos de esta realidad es el «conflicto» entre Andalucía y Murcia después de que el Gobierno de Ramón Luis Valcárcel haya anunciado su intención de difundir en la UE un video promocional del pimiento cultivado en esta región para diferenciarlo de «otras producciones» nacionales, concretamente la almeriense. El motivo, la aparición de partidas de esta hortaliza, procedentes de la provincia andaluza, sospechosas de contener restos de un pesticida prohibido por las autoridades comunitarias.

Es totalmente legítimo que el Ejecutivo murciano quiera defender a sus agricultores ante un previsible descenso de las exportaciones de pimiento, pero no conviene hacer leña del árbol caído. Con su video, el Gobierno de Valcárcel, imitando a los delanteros que engañan a los árbitros cuando se dejan caer en el área, se ha «ganado» el aplauso fácil de su parroquia agrícola, pero ha provocado la «ira y el enfado» de la afición rival. El problema es que aquí no pierde sólo Murcia o Almería, pierde España. Perdemos todos. Y es que, en ocasiones, los gobernantes pecan de ingenuos. Al consumidor europeo, al final, el mensaje que le llega es que se han detectado «pimientos procedentes de España» -no murcianos o almerienses- con restos de pesticida.

Lo lamentable es que todavía haya desaprensivos a los que les sigamos importando un pimiento y continúen utilizando productos prohibidos para mejorar sus producciones a costa de la salud de los consumidores. En reforzar los controles y en perseguir estas prácticas es en lo que deben poner su empeño los gobernantes, que deben garantizar que los alimentos que llegan a nuestras mesas no son nocivos.
Cuando no son los pimientos son las vacas locas o la gripe aviar... Aunque las normas europeas y los controles sanitarios en nuestro país son cada vez más estrictos, da la sensación de que los consumidores nos la «jugamos» cada vez que hacemos la compra.

Mikel Buesa, presidente del Foro Ermua
«El hablando se entiende la gente está muy bien si no fuera porque te pegan un tiro»
Por Juan C. Osta Periodista Digital 31 Enero 2007

Mikel Buesa lleva la conciencia en la cara. Tiene la candidez y la sencillez de los viejos maestros que repiten y repiten sus argumentos sabiendo que la razón en la única manera de hacer comprender a la sociedad que el problema totalitario del nacionalismo vasco, "en cualquiera de sus variantes, pero sobre todo la terrorista", tiene solución, y que "ésta no es cediendo al chantaje". El profesor Buesa tiene una agenda esta semana frenética hasta que, por fin, el sábado la gente marche por las calles de Madrid para gritar, tras el Foro de Ermua "y otras cien organizaciones": “Por la libertad. Derrotemos juntos a ETA. No a la negociación”

Dialogante, sencillo, eminente, curtido de veras en la Universidad, el hermano del dirigente socialista vasco Fernando Buesa, asesinado por ETA junto a su escolta, Jorge, ha charlado de nuevo con Periodista Digital, ésta vez sobre la manifestación y sobre la política antiterrorista pasada, presente y futura del Gobierno de Rodríguez Zapatero. Con formas atemperadas pero contundente, el presidente del Foro de Ermua no esquiva ni media pregunta. Es uno de los que el terror etarra ha convertido en una eclosión cívica ejemplar. El sábado, Periodista Digital estará en las calles de Madrid. Con Mikel. Con el Foro de Ermua. Con las víctimas.

¿Por qué una manifestación ahora?
La manifestación se hace fundamentalmente con el objetivo de expresar la solidaridad con las víctimas del atentado de Barajas y para reclarmar la derrota de ETA, expresando sobre todo que seremos todos juntos los ciudadanos españoles los que conseguiremos derrotar a ETA. Además, esa derrota implica que no se puede negociar con la banda terrorista.

¿De dónde surge la idea de hacer ahora una manifestación? ¿Es sólo por el atentado o hay algo más?
Esta manifestación suge fundamentalmente como una necesidad cuando la iniciativa que tuvieron la Federación de Asociaciones de Ecuatorianos en España fue capturada por la UGT y convirtió esa iniciativa en un panegírico de la política del Gobierno. En esa situación nos pareció que era imprescindible dar una respuesta que expresara o que la mayoría social en España quiere, que es precisamente la derrota de ETA.
O sea, se puede entender como una respuesta a la del pasado 13 de enero en Madrid…
No, no es exactamente una respuesta. Es una necesidad que se manifiesta cuando resulta que esa convocatoria no responde a los objetivos que se exigen desde la mayoría de la sociedad española.

¿Es una manifestación manejada por el Partido Popular?
Sé a lo que te refieres. Nosotros ya tenemos un callo encima con ese tipo de cuestiones que realmente ya no llaman lo más mínimo la atención. Pero es interesante observar que así como en otras iniciativas que hemos tenido en el pasado hemos recibido una crítica feroz por parte del Partido Socialista, en esta ocasión el PSOE está más bien callado al respecto. Lo que, sin duda, se debe a que observa que una crítica a esta movilización puede resultarle penalizadota desde el punto de vista electoral.

¿Han enviado ustedes cartas de invitación también al Partido Socialista?
No es una carta propiamente hablando, es un tarjetón de invitación. Y se la hemos enviado no sólo al presidente Zapatero, sino a todos los miembros del Gobierno, a los presidentes de los Gobiernos autonómicos, excepto el vasco, porque no queremos saber nada con los que han llegado a pactos cerrados con ETA, también a los diputados, senadores, también a los diputados de los distintos parlamentos autonómicos, …o sea, en definitiva a todo el personal político del país le hemos enviado una invitación para que venga. Y no sólo esto, sino que al presidente del Gobierno y a otros cuarenta altos cargos les hemos enviado también una copia del manifiesto que se leerá el sábado.

¿Cuál es el lema de la manifestación?
“Por la libertad. Derrotemos juntos a ETA. No a la negociación”

Siempre insisten en la libertad...
Porque la libertad o el valor de la libertad es el que inspira la idea de que la derrota de ETA es necesaria porque, siendo la libertad el problema más importante con respecto al terrorismo, pues precisamente hay que resaltar ese valor como inspirador de la política antiterrorista.

En la de UGT la palabra estrella fue paz.
La única palabra relevante en esa manifestación era paz. Otra cosa distinta es que a última hora y de mala manera añadieran lo de la vida y la libertad convirtiendo aquel lema en una cosa absolutamente incomprensible. Pero claro, para nosotros el asunto de la paz no es precisamente lo que nos moviliza, porque la paz sólo puede ser verdadera si es el resultado de la libertad y de la justicia.

¿En qué situación estamos ahora respecto al “proceso”?
Lo que es evidente es que el Gobierno tiene la intención de continuar la negociación con ETA. Yo creo que esto se ha manifestado de varias maneras. Una en la propia ocultación y ambigüedad del lenguaje que ha practicado el Gobierno. Es decir, la reacción al atentado de Barajas no ha sido la de reconsiderar la política que se ha desarrollado y hacer una crítica constructiva de esa política, sino, más bien, reafirmarla. Y esto ya forma parte no sólo de las declaraciones del presidente del Gobierno, sino de otras personas que forman parte de sus allegados políticos.

El “proceso”, entonces, continúa…
Tenemos claramente expresada esta cuestión por los portavoces oficiosos del Gobierno. Algún periodista de éstos que escriben todos los domingos un artículo en El País y que actúa de portavoz oficioso lo ha dicho con total claridad. Incluso hemos sabido que se ha remodelado el equipo negociador. Si se remodela el equipo negociador, pues evidentemente que se va a negociar, con la salida de Moscoso y la entrada de Eguiagaray. Yo creo que esto es un hecho indudable, aunque no será sorprendente que en un determinado momento por conveniencias del guión el Gobierno lo niegue para luego afirmarlo.

¿No se cree lo de “todos juntos contra el terrorismo” que propugna el Gobierno?
Esa es otra. Hay que tener en cuenta que la afirmación más positiva que ha realizado el Gobierno, con relación a todo esto, es que quiere establecer su política llegando a acuerdos con los partidos nacionalistas, singularmente con el PNV y con ERC. En ambos casos, ambos partidos que son los que sostienen al Gobierno, han afirmado que la negociación con ETA es ineludible.

La solución al problema del terrorismo, no es mediante la negociación con los etarras.
Siempre hemos dicho, y los acontecimientos nos han dado la razón, que los procesos de negociación sirven para recomponer las fuerzas de la organización terrorista, y que nosotros lo que creemos es que hay que ir a recuperar la compleja política antiterrorista que se desarrolló al amparo del Pacto por las Libertades. Una política que enfatiza en la acción policial, en la acción judicial, en la creación de nuevas normas jurídicas, en la movilización ciudadana, en el reconocimiento de las víctimas del terrorismo, en la acción internacional. Hay que retomar todo eso.

¿Cómo van a hacer entender a la gente que es más útil enfrentarse a la banda que negociar con ella?
Pues haciendo mucha pedagogía, hay que hacer mucha pedagogía. El mensaje este del diálogo la mayor parte de las veces está vacío de contenido. Porque esto de hablando se entiende la gente está muy bien, pero si no te pegan un tiro. Es decir, que si la conversación discurre con una pistola encima de la mesa dirigida a uno de los interlocutores es evidente que hablando no se entiende la gente.

Biografía
* Nacimiento: Guernica (Vizcaya), 1951.
* Cargo: Presidente del Foro de Ermua, catedrático de Economía de la Universidad Complutense de Madrid, donde dirige la Cátedra de Economía del Terrorismo.
* Trayectoria: Entre otras responsabilidades, ha sido vicedecano de la Facultad de Económicas (1986-1991) y director del Instituto de Análisis Industrial y Financiero (1996-2004) en la UCM.
* Es hermano de Fernando Buesa, dirigente del PSE asesinado por ETA en febrero de 2000.

El CGPJ planta cara al Gobierno vasco y le exige que cesen los ataques contra los jueces
Censura el intento del Ejecutivo de Vitoria de influir en una decisión judicial con la marcha del lunes a favor de Ibarretxe - Reclama también que se eviten los actos que puedan agravar la delicada situación de los magistrados
R. L. Vargas La Razón 31 Enero 2007

Madrid- Desde que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) citase a declarar a Juan José Ibarretxe en calidad de imputado como cooperador necesario de un delito de desobediencia tras la reunión que mantuvo con varios dirigentes de Batasuna, el Ejecutivo vasco no ha cesado de cuestionar las actuaciones de la Justicia. La última medida de presión para desactivar la imputación fue la manifestación del lunes en Bilbao organizada por el PNV. Y los jueces, hartos ya de tanto acoso a su labor, han respondido con contundencia. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en una declaración institucional adoptada ayer, reclama el cese inmediato de «cualesquiera campañas, manifestaciones o declaraciones que pretendan hostigar y deslegitimar a los jueces y magistrados que administran Justicia en la Comunidad Autónoma Vasca».

Presiones políticas
La resolución no escatima crítica alguna al comportamiento del Gobierno de Ibarretxe en las últimas semanas. Así, considera que la sujeción a un procedimiento jurisdiccional de un responsable político, en clara alusión al proceso abierto contra el lendakari, «en modo alguno puede ser percibido como un agresión externa e ilegítima, sino, bien al contrario, la más justa y democrática expresión de la igualdad de todos ante la ley».

Más duro es el juicio que emite el CGPJ sobre la marcha del lunes en Bilbao, de la que entiende tenía como objeto «obtener una determinada decisión jurisdiccional (el sobreseimiento de un procedimiento) a través de presión política y al margen de los cauces legales, como así quedó expresado en su comunicado final». A este respecto, el Consejo afirma que los juzgados y tribunales «actúan única y exclusivamente en aplicación de la ley, sin dar entrada, por tanto, en sus decisiones, a razones políticas o de otra naturaleza». «Los posibles errores de estos tribunales -prosigue el comunicado- deben ser enmendados a través del sistema procesal de recursos o la debida exigencia de responsabilidad de quienes las dicten, pero nunca mediante presiones o campañas de acoso».

El CGPJ recuerda, además, la «especial situación» en la que desarrolla la labor judicial en el País Vasco. «Una situación de acoso y de peligro físico real que incluso se ha materializado en atentados contra la vida de jueces», por lo que, añade, son «especialmente rechazables los actos que puedan agravarla».

La resolución fue aprobada por mayoría absoluta, a diferencia de la adoptada el pasado día 23 en apoyo del TSJPV y en contra de las «descalificaciones» vertidas contra este tribunal. Entonces, la decisión contó con los votos en contra de Juan Carlos Campo y Luis Aguiar, de la minoría progresista.

La asociación de jueces Francisco de Vitoria (AJFV) aprobó también otra resolución en la que muestra su apoyo a los jueces destinados en el País Vasco y critica las actuaciones del Ejecutivo de Ibarretxe.

La AJFV, como el CGPJ, da en su escrito su respaldo a los integrantes del Poder Judicial que trabajan en la comunidad vasca «ante los ataques, presiones y descalificaciones de que vienen siendo víctimas».

Además, asegura que «el empleo de campañas institucionales desde instancias públicas para orientar la actuación de los tribunales en determinado sentido o perturbarla merecen nuestro reproche y ponen en evidencia a quienes las promueven o secundan». Por ello, esta asociación apela «a la responsabilidad política de quienes protagonizan tales comportamientos para que obren con la prudencia que deben caracterizar la actuación de nuestros gobernantes» y reconduzcan el debate al seno del proceso judicial.

Respuesta de Vitoria
Horas después de hacerse público el comunicado, el Gobierno vasco respondió, con la misma contundencia, que el CGPJ «no es un órgano facultado para censurar o aplaudir la actuación política» del Ejecutivo autonómico. Además, insistió en que el encausamiento del lendakari «desborda los límites de la división de poderes» y que el líder del tripartito «no es un ciudadano más, por lo que no se puede pretender juzgar sus actuaciones como si no ejerciera una alta representación».
El Ejecutivo afirmó que los miembros del CGPJ «son libres de tener las opiniones que crean oportunas, pero en ningún caso pueden sentar cátedra sobre decisiones y actos que entran dentro de la competencia de los partidos políticos o del Poder Ejecutivo». En este sentido, manifestó que el CGPJ «no es un órgano facultado para censurar o aplaudir la actuación política del Gobierno vasco ni de los partidos que lo sustentan», ni tampoco para reclamar «el silencio a la crítica», informa Ep.

Ciudadano diferente
El gabinete de Juan José Ibarretxe consideró que el Consejo «ha vuelto a escenificar una honda discrepancia en la lectura de la realidad en la percepción de lo que está pasando en torno a la imputación del lendakari». Para el Ejecutivo vasco, la necesidad de sometimiento al principio de igualdad, la función que debe cumplir la Justicia en una democracia y su necesaria independencia «se pueden compartir en abstracto», pero «el problema es el caso concreto». En este sentido, subrayó que el lendakari «no es un ciudadano más, por lo que no se puede pretender juzgar sus actuaciones como si no ejerciera una alta representación y una máxima responsabilidad». «El principio de igualdad implica un tratamiento que, por su dignidad y obligaciones, debe incluir un claro reforzamiento de que sus actuaciones son legales, salvo que haya evidencias manifiestas que aconsejen la admisión a trámite de una querella contra él y, más aún, su imputación», añadió.
El Gobierno vasco, además, afirmó que la reacción social «masiva y mayoritaria» se debe a la percepción de que «no hay evidencias de ningún tipo que justifiquen arrojar siquiera sombra sobre la actuación del lendakari». «Es más, parece que el principio “in dubio pro reo” se retuerce y fuerza una interpretación contra reo precisamente en dirección contraria a como debería articularse», denunció.

Por último, coincidió en que la sujeción a un procedimiento jurisdiccional de cualquier responsable político supone la expresión de la igualdad de los ciudadanos ante la ley. Sin embargo, calificó de «inadmisible» que se persiga penalmente este caso, «con omisión de la cautela elemental y la ponderación de la actuación judicial en una materia tan delicada».

Trashorras y Toro, condenados a más de 10 años de cárcel por tráfico de drogas y tenencia de explosivos
EFE/Asturias ABC 31 Enero 2007

La sección octava de la Audiencia Provincial de Asturias ha condenado al ex minero José Emilio Suárez Trashorras, imputado en el sumario del 11-M, a 10 años de prisión por sendos delitos de tenencia y tráfico de explosivos y contra la salud pública por su implicación en la 'Operación Pipol'.

La sentencia condena asimismo a Antonio Toro, cuñado de Trashorras y también imputado por los atentados de Madrid, a una pena de 11 años y seis meses de prisión por los mismos delitos. En concreto, la resolución judicial impone a Trashorras 6 años de cárcel por tenencia y tráfico de explosivos -dos menos de lo solicitado por el fiscal- y 4 años más por venta de drogas, así como una multa de 218.000 euros, mientras que condena a Toro a 6 años por el primer delito y a 5 años y 6 meses por el segundo, así como al pago de la misma sanción económica que su cuñado.

La denominada 'Operación Pipol' se llevó a cabo en julio de 2001 y permitió desarticular dos redes dedicadas al tráfico de drogas, así como la incautación de 86 kilos de hachís, casi tres kilos de cocaína, 16 cartuchos de Goma-2 y 94 detonadores industriales. El tribunal absuelve además a cuatro de los dieciocho acusados en el sumario e impone a los catorce imputados restantes condenas que oscilan entre los cuatro y los once años de cárcel.

La ponente de la sentencia, la magistrada Alicia Martínez Serrano, fue la encargada de dar lectura en audiencia pública a la resolución judicial, de casi 200 folios, y que se incorporará al sumario del 11-M cuya vista oral comenzará el próximo 15 de febrero en la Audiencia Nacional.

Tras conocer la sentencia, el abogado de Suárez Trashorras, Gerardo Turiel, y la letrada de Antonio Toro, Teresa Suárez, señalaron a los periodistas que recomendarán a sus clientes que presenten recurso contra la resolución judicial mientras que el fiscal antidroga de Asturias, José Peral, eludió comentar la resolución a la espera de leerla en su integridad.
Durante el juicio por la 'Operación Pipol', que se prolongó durante un mes y medio y se celebró en medio de fuertes medidas de seguridad, la Fiscalía había pedido la máxima pena prevista en el Código Penal por tenencia y tráfico de explosivos, ocho años de cárcel, así como 10 años de prisión en el caso de Trashorras y 10 años y 6 meses para Toro por sendos delitos contra la salud pública.

El Ministerio Público justificó la petición de la máxima pena posible por tráfico de explosivos para el ex minero avilesino y para su cuñado porque disponían de un "gran depósito" de dinamita que continuaron vendiendo después de su detención en 2001, tal y como se recoge también en el sumario por los atentados del 11-M.

En la instrucción de esta causa la Fiscalía ha solicitado para Trashorras la mayor pena de todos los imputados, 38.667 años de cárcel como autor por cooperación necesaria de los atentados y como autor material de los hechos que permitieron la adquisición de los explosivos empleados por la célula islamista autora de la matanza. Para Antonio Toro, el fiscal ha interesado en sus conclusiones provisionales de cara al juicio del 11-M una condena de 23 años de cárcel.

DICE QUE INVADE COMPETENCIAS AUTONÓMICAS
La Generalidad recurrirá el decreto estatal de enseñanzas mínimas que prevé una tercera hora de castellano en Cataluña
El presidente de la Gobierno catalán, José Montilla, ha anunciado que la Generalidad interpondrá "en las próximas semanas" un conflicto positivo de competencias ante el Tribunal Constitucional contra el decreto estatal de enseñanzas mínimas que prevé una tercera hora de castellano en la Educación Primaria. Montilla reconoció el esfuerzo realizado por parte del Ministerio de Educación y Ciencia, pero consideró "insuficientes" las gestiones y dijo que el decreto "invade competencias" de la administración catalana. La Consejería de Educación ha presentado un borrador que establece que las escuelas podrán escoger entre impartir una tercera hora de castellano o integrarla en otra asignatura como matemáticas o medio natural.
Europa Press Libertad Digital 31 Enero 2007

El decreto estatal de mínimos marca el 55 por ciento de los contenidos en el caso de las autonomías con lengua propia y en el caso de Cataluña obliga a realizar una tercera hora de castellano, aunque no cuestiona que el catalán se emplee como lengua vehicular en la enseñanza.

En paralelo al recurso ante el Tribunal Constitucional, José Montilla anunció la aprobación "próximamente" de una Ley catalana de Educación y un decreto propio de enseñanzas mínimas en Cataluña, para lo cual el Gobierno catalán ya maneja un primer borrador para su aplicación a partir del curso 2007-2008, tal y como prevé la Ley Orgánica de Educación (LOE).

Precisamente este martes, la Consejería de Educación presentó el borrador de decreto de ordenación curricular para Primaria, en el que se establece que las escuelas podrán escoger el próximo curso entre impartir una tercera hora de lengua castellana o integrarla en otra asignatura no lingüística, como por ejemplo matemáticas o medio natural.

El resultado final es que en el primer ciclo de Primaria los alumnos estudiarán una hora y media más de o en castellano, mientras que en el segundo y en tercer ciclo será una hora. La Conselleria deja margen para que cada centro escoja cómo repartir estas horas entre toda la etapa, de manera que se llegue al total de horas al final de sexto de Primaria.

Además, cada escuela podrá establecer un proyecto lingüístico específico según su realidad. Así, los colegios con gran presencia de alumnos inmigrantes y recién llegados se acogerán a la inmersión lingüística, a diferencia de escuelas ubicadas en núcleos de población con presencia mayoritariamente de catalanohablantes.

PARA COLABORAR DENTRO DE UNA "LEALTAD MUTUA"
Moratinos recibe a Carod como representante de la "política internacional" de Cataluña
El ministro de Asuntos Exteriores se ha reunido con Carod Rovira en calidad de responsable de la política internacional de Cataluña. El objetivo del catalán, establecer mecanismos de "colaboración" entre las dos administraciones desde una "lealtad" mutua. Tras el encuentro establecido en estos términos, Carod ha proclamado que se ha tratado de una conversación "normal" porque "Cataluña es una nación" y las relaciones "corresponden a los Estados". El vicepresidente catalán ha advertido que su comunidad "no se va a situar por debajo de las posibilidades legales que le concede el Estatuto", en alusión a que el texto concede a la región competencias en "acción exterior".
Libertad Digital 31 Enero 2007

Según declaraciones recogidas por la COPE, Josep Lluís Carod Rovira ha dicho al término de la reunión con Miguel Ángel Moratinos que ha sido una reunión "normal" porque "Cataluña es un nación". Las "relaciones corresponde a los estados" ha proclamado Carod antes de recordar que, según el Estatuto, la región "tiene competencias concretas en el ámbito de la acción exterior" y "no se va a situar por debajo de las posibilidades legales que le concede el Estatuto", ya en vigor.

"Tenemos el mandato legal como institución de preocuparnos por los intereses culturales y económicos de Cataluña", ha dicho el vicepresidente de la Generalidad, qe también ha expresado "la voluntad del Gobierno de estar donde haya falta". Así adelantaba la intención de su Ejecutivo de poner en práctica una de las disposiciones del Estatuto, abrir oficinas de Cataluña en el exterior.

Carod, cuya vicepresidencia ostenta las competencias en esta materia, acudió a la sede del ministerio, en el Palacio de Santa Cruz de Madrid, con la voluntad de colaborar y coordinar con la diplomacia española la política exterior del Gobierno catalán, que en esta legislatura priorizará las relaciones bilaterales con los Estados.

Así, de acuerdo con el nuevo marco potencial que fija el Estatuto y con "lealtad institucional y colaboración mutua", Carod expuso al ministro la intención de la Generalidad de mantener relaciones privilegiadas con Francia, Andorra, Portugal y Marruecos, ya que la mayoría de empresas españolas establecidas en este país son de capital catalán, según informaron fuentes de Vicepresidencia. En este sentido, Moratinos invitó al secretario de Asuntos Exteriores de la Generalidad, Albert Royo, a participar en la próxima cumbre con Andorra.

Durante la reunión, que transcurrió en un clima de "cordialidad política", Carod Rovira explicó a Moratinos su proyecto de reestructurar las oficinas y sedes diversas de que dispone el Gobierno catalán en el extranjero, con la intención de crear delegaciones oficiales de la Generalidad en ciudades como Lisboa, París, Roma, Buenos Aires y en Estados Unidos, entre otros lugares.

El vicepresidente de la Generalidad subrayó que tiene el "mandato cultural" como institución de preocuparse por los intereses culturales y económicos de Cataluña, por lo que se situará "donde haga falta". Además, Carod abogó ante el ministro por desplegar las competencias que en materia de política exterior otorga el Estatuto a la Generalidad, relativos a su participación directa en organismos internacionales y a su implicación en las delegaciones españolas y en las tomas de posición del Estado ante la Unión Europea (UE), entre otras cuestiones. Por su parte, el ministro de Exteriores ofreció a Carod la colaboración del Instituto Cervantes para la organización de electorados catalanes.

Pendiente de reunirse con De la Vega
En el proceso habitual de contactos tras la toma de posesión, el vicepresidente catalán tiene pendiente también una reunión con la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega. No obstante, se prevé que esta reunión, que Carod aprovechará para insistir en la necesidad de acelerar el despliegue del Estatuto especialmente en materia de financiación, pueda llevarse a cabo en las próximas semanas, antes o después del viaje que el vicepresidente catalán tiene previsto realizar a la India entre el 18 y el 24 de febrero.

SANIDAD
Medicina de Babel
Gracias a un programa informático pionero, los médicos podrán entenderse en seis idiomas con sus pacientes. Seis de cada diez facultativos cree que los extranjeros no cumplen con el tratamiento por problemas de entendimiento.
FAX PRESS. Madrid Heraldo de Aragón 31 Enero 2007

Los médicos de familia dispondrán de una herramienta informática que les permitirá hacer las preguntas más frecuentes de diágnostico en nueve idiomas -inglés, francés, alemán, portugués, rumano, ruso, árabe, chino, y urdu- con el objetivo de facilitar la comunicación entre los profesionales y los pacientes inmigrantes. Con esta herramienta, presentada hoy por la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC), los facultativos podrán preguntarle a un paciente en chino mandarín si presenta orina en la sangre o le duele el pecho. En este sentido, el presidente de la semFYC, Luis Aguilera, explicó que "para el inmigrante que no entiende español es fundamental que abandone la consulta sintiéndose comprendido y sabiendo qué debe hacer para mejorar su salud".

Esta tecnología es la respuesta a una "necesidad acuciante" en los centros de salud y no compite con la figura del mediador. "Añade seguridad al médico porque no es posible disponer de un mediador a cualquier hora del día y en todos los centros", aclaró el coordinador del programa "Universal Doctor Speaker", el doctor Jordi Serrano.

Un ordenador que habla
Los profesionales tendrán instalados este programa en su ordenador y les permitirá de forma progresiva ir haciendo preguntas que el paciente escuchará en su idioma. El médico sólo tendrá que girar el monitor o hacer "click" sobre la frase en cuestión para que esta pueda ser oída por el paciente.

Una encuesta de la SemFYC puso de manifiesto los graves problemas de comunicación que ocurrían en las consultas. El 58 por ciento de los médicos opinó que el mal cumplimiento del paciente inmigrante se debe a dificultades de entendimiento. Los resultados de este estudio sobre las relaciones entre los inmigrantes y la salud, presentados hace dos años, destacaron que los principales motivos por los que los extranjeros acuden a las consultas están relacionados con sus condiciones laborales, un 46 por ciento, y problemas del país originario, un 34 por ciento.

Al ser preguntado sobre si este programa, que estará disponible dentro de un máximo de tres meses, alargará el tiempo medio de la consulta, Aguilera aseguró en que "uno de los objetivos de este programa es facilitar la comunicación y por lo tanto disminuir el tiempo dedicado a cada paciente".

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