AGLI

Recortes de Prensa    Viernes 9 Febrero   2007
Propuesta de ETA
Deglución constitucional de Navarra
Jorge Vilches Libertad Digital 9 Febrero 2007

La comisión negociadora de ETA-Batasuna ha propuesto la fusión de dos comunidades autónomas, siguiendo el mecanismo previsto por la Constitución. Y los socialistas de Zapatero han visto con disimulada satisfacción el acercamiento de los batasunos a "posiciones plenamente constitucionales".

Esto confirma dos cosas. Primera, que la negociación sigue, más allá del mero diálogo, con propuestas concretas que cabrían dentro de la ley. Segunda, que la organización territorial de la Constitución permite la disolución nacional.

El Título VIII de la Constitución ha levantado una organización territorial que se ha convertido en la principal fuente de inestabilidad política. La diferente relación del ciudadano con la Administración atendiendo exclusivamente a la expresión sentimental de su identidad nacionalista es una clara ruptura del principio de igualdad y, como se ha visto, del de solidaridad. La racionalidad política (por llamarla de alguna manera) no se ha guiado en algunas regiones por la eficacia en la prestación de los servicios públicos, siguiendo el constitucional principio de coordinación, sino por el acaparamiento de competencias. Esto ha ido acompañado de un discurso victimista, colmado de opresión, deudas históricas, comunidades imaginadas y reivindicaciones ineludibles. Y hemos asistido al parto tramoyista de naciones para no quedarse atrás en el reparto presupuestario.

El mecanismo de disolución nacional se está mostrando ahora más claro que nunca. El Estatuto de Cataluña ha entrado en vigor mientras se consideraban los recursos presentados por el PP. La mera consideración a trámite por el Tribunal Constitucional, o la perspectiva de la derogación total o parcial del Estatuto han bastado para que el PSC amenazara al Gobierno con su "derrocamiento" (sic). Por otro lado, el PNV, que se ha convertido en coprotagonista del proceso gracias al PSOE de Zapatero, confirma que la propuesta de ETA-Batasuna es la misma que ellos hicieron con el plan Ibarretxe.

Mientras, los zapateristas desvelan una de sus cartas en la negociación con ETA-Batasuna: la Disposición Transitoria cuarta de la Constitución, que permite la unión del País Vasco y Navarra siempre que el Parlamento foral así lo decida por mayoría, y sea ratificado en referéndum por los ciudadanos navarros. Y en mayo tenemos elecciones.

El problema no está en el parto de micronaciones, en la elaboración de Estatutos a lo coreano o en la aparición de nuevas autonomías. La cuestión es que el Estado no da la sensación, hoy, de ser capaz de asegurar un nivel admisible de libertad justamente en aquellas autonomías que compiten con él, y es de presumir que menos aún si los planes de los nacionalistas se llevan a cabo.

La clave, por buscar algo de optimismo, está en que los socialistas y populares navarros se nieguen a la formación de una comunidad en la que no estaría garantizada la libertad, como no lo está en el País Vasco. Porque a pesar de que los "nuevos tiempos" que se avecinan tengan apariencia constitucional, no cumplen con el espíritu de la Constitución; es decir, que el ciudadano vea reconocidos y garantizados sus derechos con independencia, entre otras cosas, del lugar en el que viva. Porque la democracia no es el dictado de la mayoría, esto es, el cambio constante de la opinión pública, sino que, pese a esto, el individuo pueda vivir en libertad.

¿Quién está dispuesto a ser el Petain de Navarra?
POR CARLOS HERRERA ABC 9 Febrero 2007

DESENGÁÑENSE: si alguno de ustedes, sorprendido en su buena fe, ha querido ver en las palabras de Otegui sobre el futuro de Navarra y el País Vasco "como una gran autonomía del Estado Español" un cambio apreciable de discurso y de posturas de ETA y Batasuna sobre la cuestión de siempre, es que usted es un bendito, y, discúlpeme, tiene muchos números de que se la meta doblada el primero que llegue. Es más, fíjese bien si lleva la cartera en el bolsillo porque lo más probable es que se la hayan mangado a primera hora del día a cuenta de cualquier saludo. No; atiéndame un momento. Un buen número de analistas políticos -de esos que saben interpretar hasta el aire de una pausa-- coincide en que este asunto, así planteado, ha sido uno de los pocos acuerdos a los que se ha llegado en las conversaciones ETA-Gobierno: los terroristas pretenden ahora hacer llegar el mensaje a Rodríguez Zapatero de que no habrá bombas antes de las elecciones si se le da alguna credibilidad a esta trampa que acaba de tender la llamada "izquierda abertzale" de los cojones.

Es evidente que ETA no tiene ningún interés en formar parte como autonomía de ningún estado que no sea el suyo propio, por ello se plantea conseguir primero la utopía que comparte con el resto del nacionalismo vasco -robarle la cartera a Navarra-- y después, con el trabajo de la política educativa, social y, si es necesario, terrorista, trabajar por la independencia efectiva. No al contrario. El endiablado sudoku de la política acaba en componendas de este tipo, en las que los malos se presentan travestidos de medio buenos y los medio buenos acaban pareciendo malos de remate. Para conseguir Navarra el nacionalismo necesita, por supuesto, un mínimo formalismo de comicios y referéndums, y para desbrozar la particular tozudez de los navarros de ser ellos mismos, ese nacionalismo necesita un Petain, un colaboracionista que se disfrace y que esté dispuesto a entregar a los suyos a un objetivo pactado y, necesariamente, imposible de conseguir a cara descubierta.

¿Está dispuesto el PSOE navarro a jugar ese papel?: escuchando a Fernando Puras, el candidato a la presidencia de la Comunidad Foral, cuesta creerlo, a menos que sea un mentiroso compulsivo dispuesto a carbonizarse ante la historia como el que se disfrazó de Mariscal. Conociendo a Carlos Chivite, aún más. Sin embargo, algunos descreídos aseguran que un pacto entre los socialistas y Nafarroa Bai sería un escenario perfecto para desarrollar las disposiciones adicionales necesarias para crear un órgano común, no una Comunidad única, cosa prohibida específicamente por la Constitución, que allanara los tortuosos caminos conducentes a la absorción absoluta; ese órgano común sería un comienzo, y, desde ahí, en un escenario de "paz técnica" se podría llegar más lejos.

Ante este panorama se impone una solución a la altura de la trascendencia del momento. De ganar con suficiente mayoría la alternativa UPN-CDN, es decir, Sanz y Alli, la cuestión quedaría resuelta durante un plazo crítico de cuatro años en los que las coyunturas pueden cambiar absolutamente ya que median, entre otros, unos comicios generales. De no ser así, habrá llegado la hora de la altura de miras, del compromiso ante la historia, de la grandeza personal, del sacrificio por la tierra.

De la gran coalición.
Ese será el momento en el que los que amen sinceramente la Navarra que conocemos, la Navarra que disfruta, como comunidad, de mayor autonomía en toda España, la Navarra de la calidad de vida, la Navarra industrial, la Navarra acogedora, la Navarra de la huerta y la vid, la Navarra universitaria, la Navarra festiva y laboriosa, den un paso al frente y aparquen diferencias técnicas, conceptuales o metódicas, y encaren el delicado momento histórico que se avecina. Si en otros lugares del mundo, políticos de todo tipo han sabido poner puntos en común para salvar los muebles de contingencias adversas y perversas ¿por qué eso no va a ser posible aquí? Si el PSOE navarro es sincero tiene una estupenda oportunidad de demostrar lo que dice: rebelándose, si es necesario, ante los dictados de Rodríguez Zapatero y devolviendo el traje de mariscal colaboracionista a la tienda de disfraces. Coalíguense, de ser necesario, derecha e izquierda y acaben con la trampa.

Fernández Bermejo
¡Enfrentamiento!
Agapito Maestre Libertad Digital 9 Febrero 2007

Fernández Bermejo, sectario, izquierdista primitivo y partidista, será el ministro de Justicia de España. ¿Qué esperaban las almas buenas de la oposición? ¿Quizá creían que iba a nombrar un continuador de López Aguilar? Eso era imposible. Sospecho que al político canario no lo han echado, como muchos analistas políticos creen, sino que se ha ido asqueado de tanta miseria política y democrática. Seamos sinceros: tiempos duros nos tocarán vivir. Tiempos de clarificación. Nadie podrá permanecer en la ambigüedad: o con el PSOE y los terroristas o con las víctimas y el pueblo. Quien esté con las víctimas es menester que vaya abandonando, definitivamente, cualquier "esperanza" del partido "coge-lo-todo" o podría correr el riesgo de ser llamado oportunista. No es bueno que haya socialistas dirigiendo el Gobierno por un lado, y, por otro lado, pretendan ser vanguardias de la sociedad civil. No es estético ni moral. Tengan cuidado quienes pretendan estar a los dos lados de la barrera. Son tiempos de transparencia y no de apaños.

Espabile, pues, el PP o lo espabilarán los diferentes grupitos "socialistas" que pululan por todas partes. No olvide el PP que ellos corren con los gastos y otros se llevan ya los votos. No fabulo. Tengo pruebas. Hay ejemplos por todas partes. De momento, callo. Por fortuna, entre políticos felones y oportunistas de la llamada "sociedad civil", entre baldados intelectuales y empresarios sin escrúpulos, entre el populacho y los asesinos, los españoles intuyen que se acercan momentos difíciles, de luchas y enfrentamientos a cara de perro con los terroristas, los nacionalistas y los socialistas. Esto exigirá mucha clarificación, es decir, muchas renuncias y sacrificios entre los que defiendan la nación española.

Así es la historia de España. Es el destino de los españoles, cuando sus "líderes", sus "elites", renuncian a cumplir con los deberes profesionales que les fueron asignados. Zapatero ha renunciado a su obligación de entregar España tal y como le fue entregada. Ojalá sea barrido de la historia por tal irresponsabilidad. Pero sospecho que eso sólo sucederá si quienes están enfrente actúan con firmeza y determinación, sin titubeos ni miramientos tácticos y "reglamentistas". Lo que se debate aquí no es un asunto jurídico sino político, no es cuestión de procedimiento sino de supervivencia. Eso exigirá que muchos tibios y socialistas vergonzantes, siempre dispuestos a darle una nueva oportunidad a sus correligionarios, sean claros y precisos: o están con España o están con el PSOE.

A partir de ahora, me temo lo peor: a nadie le gusta el enfrentamiento, pero lo contrario, la paz de cementerio, sería la certificación de la muerte de España. En efecto, si el enfrentamiento desapareciese aquí y ahora, por ejemplo, por un pacto villano y bajo cuerda entre elites políticas para ocultar a los nacionalistas y al terrorismo, estaríamos ante la mejor de prueba de que España no sólo ha sido vencida sino que ya ha asumido su derrota. Por eso, precisamente, los socialistas claman por quedarse al margen, incluso escriben artículos terribles, cínicos y calumniosos comparando a ETA con el PP. No quieren el enfrentamiento sino quedarse de mediadores. Son crueles. No se enfrenta al terror, prefieren estar bajo sus dictados. Esta gente aún no sabe de verdad lo que es un "enfrentamiento". Han tragado con el programa nacionalista y ahora quieren una huída por la puerta de atrás. Todavía creen que podrían detener el choque con palabrería y mentiras por un lado, y con un sectario en el Ministerio de Justicia persiguiendo políticamente a los del PP por otro. No lo conseguirán.

Por lo tanto, sospecho que vendrá el enfrentamiento y será duro, más duro de lo que ellos creen. Después del Estatuto de Cataluña y la entrega de Zapatero al programa terrorista, no caben soluciones intermedias o irenistas: o los partidos políticos están con los españoles o están con los terroristas. Los frentes tienen que estar claros. La lucha tiene que hacerse a cara descubierta. Ya no valen malos cuentos sobre cómo dar alojamiento a los nacionalistas en el seno de España. Ya no sirven las triquiñuelas de las reformas de los estatutos. De ninguno. Ya está agotado todo el pasteleo cínico y cruel con los españoles. La cuestión es sencilla: O los vencemos o nos vencen. O vamos a por ellos o nos destruyen. O los encerramos o nos matan.

Un ministro para la confrontación
Editorial ABC 9 Febrero 2007

EL nombramiento de Mariano Fernández Bermejo como ministro de Justicia es una provocación de Rodríguez Zapatero no sólo al Partido Popular, sino también al Poder Judicial, a los fiscales y, en general, al sistema institucional, al que se le debe un mínimo de respeto en la selección de sus más altos cargos. Fernández Bermejo es, ante todo, un sectario, en el sentido más peyorativo del término. Y lo ha demostrado de la peor manera posible, esto es, desde el ejercicio de las funciones públicas que tuvo encomendadas como fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el que se mantuvo hasta 2003, cuando la entrada en vigor del nuevo Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal produjo la renovación de todas la jefaturas de la Fiscalía. Por eso, afirmar que Fernández Bermejo fue perseguido o represaliado por el PP es sencillamente una falacia, porque el Gobierno de Aznar lo mantuvo en su puesto durante siete años, y ello a pesar de que su deslealtad enfermiza hacia el entonces fiscal general, Jesús Cardenal, debió acarrearle la correspondiente sanción disciplinaria.

Para saber lo que es un fiscal represaliado, baste recordar a Eduardo Fungairiño. El principal problema de Fernández Bermejo no lo tuvo con el PP. Lo ha tenido siempre con sus compañeros de carrera, que nunca le han dado su voto de confianza para ninguna de las jefaturas que al final ostentó gracias, exclusivamente, a su fidelidad al PSOE. Incluso ni sus compañeros de la Unión Progresista de Fiscales le apoyaron en las elecciones al Consejo Fiscal celebradas en 2005, a pesar de ser el líder de la candidatura. Quedó en cuarto lugar y fuera del Consejo Fiscal, que es el órgano de representación de los fiscales.

Este nombramiento es una agresión política deliberada al Partido Popular, porque se hace a conciencia del resentimiento que siempre mostró Fernández Bermejo hacia este partido. En un homenaje celebrado tras su cese en la jefatura de la Fiscalía de Madrid, Fernández Bermejo llegó a decir, con gran solaz de la izquierda y refiriéndose a los populares: «Luchamos en su día contra los papás de los que nos gobiernan y no tenemos ningún temor a los hijos». Este espíritu guerracivilista de Fernández Bermejo, exhibido siendo todavía fiscal en activo, ayuda a explicar su nombramiento, en el contexto de una acción de gobierno basada en el enfrentamiento y la división social, en el hostigamiento constante al Partido Popular y, más allá de siglas y partidos, a la derecha democrática española.

Ningún prestigio profesional acompañó a Fernández Bermejo en su carrera como fiscal y ningún mérito digno justifica su nombramiento como ministro de Justicia, sólo el premio a los servicios prestados y a los que prestará en los próximos meses. Al contrario, su designio se perfila claramente como el fiel ejecutor de la política bronca que el Gobierno y el PSOE quieren intensificar para tapar el fracaso de esta legislatura y evitar -según su criterio- la desmovilización de su electorado.

Con esta designación, Rodríguez Zapatero renuncia a cualquier posibilidad de entendimiento con el PP, por ejemplo, para pactar la renovación del Consejo General del Poder Judicial, pero también a sosegar las relaciones con este órgano de gobierno de los jueces y a templar el clima de tensión creado en torno al Tribunal Constitucional. Más aún, si finalmente el magistrado Pérez Tremps dimite y el Gobierno nombra a su sustituto. Además, están pendiente en el Congreso de los Diputados importantes y peligrosas reformas de la Administración de Justicia y del Ministerio Fiscal, cuya tramitación habría requerido un ministro de mayor altura intelectual y técnica. Sobre todo, una persona con cierta autoridad en el mundo de la Justicia, lo que no es Bermejo, cuyo nombramiento asegura una etapa de crispación y confrontación.

Es un ejercicio de cinismo inmejorable que el mismo Gobierno que denuncia que el PP se aleja del centro y la moderación, ponga al frente de Justicia a un personaje como Fernández Bermejo. Es, también, un retrato fiel del verdadero talante del presidente del Gobierno, quien, con este nombramiento, renueva su apuesta personal por la discordia política, la falta de respeto a las instituciones y su indiferencia hacia la división social que están provocando sus decisiones.

Izquierda liberal
Estatut, Tribunal Constitucional y victimismo
Antonio Robles Libertad Digital 9 Febrero 2007

Es todo tan previsible en la política catalana que cuanto acontece se podría predecir casi siempre.

Todo el mundo sabe, incluido el mundo nacionalista, que el Estatuto catalán tiene artículos contrarios a la letra de la Constitución. El que ese mundo nacionalista considere irrenunciable buena parte de esos artículos sospechosos ante la Ley de Leyes no quiere decir que deban ser constitucionales. Por eso, no es de recibo que simulen sorpresa o se muestren contrariados ante los recursos de anticonstitucionalidad presentados. Es más, deberían ser honestos y exigir una reforma constitucional en toda regla, en lugar de criminalizar el devenir de la resolución del Tribunal Constitucional sin que éste se haya pronunciado aún.

Y es que ya empiezan a preparar a la población catalana contra la posible resolución adversa. Tiene tantos números la posibilidad de que varios artículos del Estatuto sean anulados y admiten tan mal que se contradiga su construcción nacional que pronto habrán convertido al Tribunal Constitucional en un barco pirata. La cuestión es desprestigiarlo, contaminarlo, transformarlo en un reducto del PP y el nacionalismo español. Conseguido el efecto, Cataluña entera vivirá de nuevo la humillación infligida por una nación extranjera.

Predisponer a la población catalana a ese victimismo es tan fácil y tiene tantos adeptos como voluntarios en los medios de comunicación. Todos a una, como Fuenteovejuna; sólo que en Cataluña hay otro mundo, tan numeroso como ese oficial, que de nuevo será silenciado. Para cuando llegue la sentencia, será el referéndum la única referencia legal y legítima del estatut. Importa poco que se oculte a la población que el recurso no sólo es absolutamente legítimo, sino que incluso legitima aún más si cabe la legalidad de su aprobación. O dicho de otra manera, sin la seguridad de la constitucionalidad de todos sus artículos, el referéndum sólo será legítimo en potencia. Y no porque lo haya aprobado ese escaso 35,6 % de la población de Cataluña, sino porque lo aprobado ha de ser antes de nada legal, es decir, constitucional.

En esta ceremonia de deslegitimación del Tribunal Constitucional brilla con luz propia el presidente Montilla. Acaba de acusar al PP de querer "ganar en los tribunales lo que no pudo ganar en las urnas". La irresponsabilidad de este responsable político es imperdonable. ¿Le está diciendo a todos los ciudadanos de Cataluña que el recurso es una trampa? ¿Qué es ilícito recurrir una ley ante el Tribunal Constitucional? ¿Qué las urnas son previas a la ley? El señor Montilla debe recordar que si las urnas son legítimas es porque han sido validadas por la ley y, por lo mismo, son posteriores a cualquier recurso que ponga en cuestión alguna de sus consecuencias.

Todo esto es muy canalla. Pero si hay políticos y periodistas que se permiten frivolizar con ello es porque se ha instalado en la sociedad que los jueces se alistan políticamente como los partidos. Terrible sensación si fuera cierta. Me resisto a creer en esa tesis. Si el Derecho y quienes lo interpretan tienen algo diferente y superior a la política, es porque sus disposiciones en leyes objetivan el litigio. No importa entonces qué ideología tengas, la interpretación fría de la ley impedirá siempre a un jurista decente dictaminar que lo blanco en un caso sea negro en el otro. Ni el interés ni el sentimiento pueden interpretar lo que la ley no dice. El partidismo y el sectarismo existirán en los tribunales de justicia como en la medicina médicos irresponsables, pero me resisto a creer que el Tribunal Constitucional en pleno se haya convertido en esa barricada política del PP y del PSOE.       antoniorobles1789@hotmail.com

Radio-Tinell al ataque
Federico Jiménez Losantos Libertad Digital 9 Febrero 2007

Hombre, Buenafuente, estas cosas se avisan. Si además de pedírmelo dos veces me hubieras hecho saber que estabas desesperado y en las últimas de audiencia, pues no sé, a lo mejor había ido a tu programa para hablar de mi último libro y hacer una entrevista como la de Jesús Quintero. Bueno, eso es difícil, porque ni tú eres Quintero ni yo sería yo si me prestara a hacer de Rodríguez Ibarra con Julia Otero, pero al menos lo habría contemplado como caridad o como penitencia. Es cierto que fuiste más rápido que el Loco y que Madrid (o Barcelona) es un viaje más corto que a Sevilla, pero es que no me daba la gana aparecer por un programa en decadencia con un sujeto que ha quedado para los chistes de los náufragos de las pateras. En todo caso, lamento que el disgusto que pudiera darte mi rechazo a aparecer en tu programa y los índices de audiencia de Quintero te haya llevado a desairar a Ponferrada y sus premios. Míralo por el lado bueno: así haces méritos para volver a Barcelona a hacer las gansadas habituales en uno de los dos idiomas vernáculos que dominas incluso mejor que Montilla. Puedes ir a la cadena de televisión que os ha puesto Zapatero a los sectarios del progresismo al contado y el catalanismo a granel o puedes volver a TV3, de donde nunca has salido. Lo que no sé es cómo has tardado dos semanas en darte cuenta del agravio que para tu ética supone “compartir el palmarés” de esos premios conmigo. Sólo hay entre nosotros una diferencia: yo jamás te invitaría a un programa mío; tú me invitas al tuyo y yo no voy.

Más pena me produce, oh, dilecto Luis del Olmo, verte unido a Buenafuente en esta especie de Ku Kux Klan de las ondas, esa versión radiofónica del Pacto del Tinell que sobre el agravio a tu ciudad natal ha montado la progresía nacionalista. Yo creo que en vez de merodear por los medios de Polanco deberías concentrarte en tu programa, que va peor que el de Buenafuente, pero, en fin, ya eres mayor para recibir consejos. Yo siempre respetaré el recuerdo de cuando colaboraba en tu programa y tu condición de precursor de homo antecessor de la radiocomunicación, hertziana sobre berciana. Espero que el Tripartito te perdone la vida empresarial y puedas aspirar a la millonaria caridad de Rovireche y demás amigos de la ETA en Perpiñán. ¿Qué se hizo de aquel Luis del Olmo? ¿Y qué se hizo del que recogía conmigo hace pocos años el Micrófono de Plata en Menorca? ¿Todavía no habías descubierto mi maldad? ¿O es que aún no necesitabas descubrirla? ¡Pobre Luis del Olmo! Aunque no me hubieran dado premio alguno, habría ido a Ponferrada a ponerme a la sombra de la estatua erigida a tu ego y a meditar sobre la imperiosa necesidad de retirarse a tiempo. La alternativa es el ridículo.

Perder el juicio
Luis del Pino Libertad Digital  8 Febrero 2007

Pocos días después de producirse el atentado de Barajas, avisé de lo que iba a pasar:

Preparémonos para lo peor. No habrá vuelta al Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo: ya lo ha anunciado López-Garrido. Se cerrará de nuevo filas en un frente anti-PP: ya lo ha sugerido Rubalcaba. Se continuará el proceso de cesiones a ETA-Batasuna: ya lo dejó traslucir Zapatero. Y para compensar el coste que esa posición va a tener, la campaña contra el PP y contra los medios de comunicación independientes va a ser feroz.

Siento no equivocarme en las predicciones. En estas últimas veinticuatro horas, hemos tenido unos cuantos ejemplos de la campaña que se avecina: ese partido etno-fascista llamado ERC acusa al PP de inspirar un golpe de estado encubierto; otro miembro del mismo grupo troglodítico pide un cordón sanitario para aislar al PP; un catedrático inmoral compara al PP y a ETA en las páginas de El País; un supuesto humorista rechaza un premio porque también se lo han dado a Federico Jiménez Losantos...

Resulta enternecedor verles tan nerviosos. Realmente, tienen muchos motivos para estarlo:

* el proceso de pago a ETA por los servicios prestados sigue adelante, porque ETA no está dispuesta a retrasar el cobro hasta después de unas nuevas elecciones generales, en las que vaya usted a saber lo que saldría

* como aún no han conseguido acabar con el estado de derecho, los jueces les han salido respondones, y les han fastidiado uno de los pagos que ETA reclama: la excarcelación del asesino múltiple De Juana

* no sólo eso, sino que otra instancia judicial (el Tribunal Constitucional) acaba de mandar a ETA un mensaje muy claro sobre el futuro que puede esperarle al Estatuto Catalán, con lo que la banda asesina acaba de comprobar que otro de los cheques con los que se le había pagado no tiene fondos

* han perdido el apoyo de la calle y, lo que es peor, se ha visualizado claramente esa pérdida de apoyo, lo que les deja todavía más en evidencia ante la ciudadanía de cara a cada paso que den; el coste electoral va a ser insoportable, y ese coste lo pagarán los cargos medios del partido en las próximas municipales

* y, para colmo, se aproxima el juicio del 11-M, lo que traerá consigo el que todos los españoles puedan comprobar, en vivo y en directo, quién mintió y por qué

El castillo de naipes se cae y el tiempo se les acaba. Todo lo que oyen es un inmenso tic-tac. Y todo lo que en apariencia habían conseguido se disuelve como un espejismo. No les queda otro remedio que apretar el acelerador, que nombrar bermejos como ministros, que seguir insultando al PP y a las víctimas, que tender puentes rápidos e inestables hacia el mundillo de ETA, que tratar de presionar a todo lo que se mueva.

Pero ya nada les sirve. Tienen prisa y están cometiendo errores. Han perdido la partida y empiezan a ser conscientes de ello. Por eso van a volverse peligrosos: porque han perdido el juicio al verse sin salida. Están acorralados y ha llegado la hora de que todo el mundo se retrate para la posteridad. Viviremos momentos muy intensos.

Y lo más gracioso es que, en realidad, sí que existe una salida. Déjame que te la cuente, Zapatero, para que veas que no somos tan malos: aunque te extrañe, todavía quedan países con los que no tenemos tratado de extradición.

¡Temblad, bellacos!
Lorenzo Contreras Estrella Digital 9 Febrero 2007

Acosado por la crítica y por la discrepancia natural que sus decisiones motivan, Zapatero ha demostrado en las últimas horas una innegable capacidad para huir hacia adelante. Pero no un “adelante” positivo y convincente, sino sectario y perturbador. Ha intuido —él sólo intuye porque su capacidad de reflexión es muy discutible— que la mejor defensa contra el adversario, no todo él de extrema derecha o simple derecha como este señor pretende, es el ataque. El talante famoso y tenido por excelente que parecía adornarle era sólo una pantalla y ahora parece simple caricatura y fingimiento. Consecuentemente ha decidido enviar “una señal de autoridad”, en realidad una amenaza a quienes no comparten sus criterios, en forma de nombramiento del fiscal Mariano Fernández Bermejo como ministro de Justicia, que se encargará de llevar adelante el intento de meter en cintura a la parte “díscola” del mundo judicial y contribuir a consumar, si ZP puede, el aislamiento de la oposición, la actual o la que pueda venir bajo otros formatos políticos.

López Aguilar, el ministro de Justicia que va a despedirse del cargo, se va de candidato a las elecciones canarias. Pero tal vez no se despide, sino que tal vez en cierto modo ha sido despedido, de la misma manera que José Bono, con todos sus defectos uno de los últimos rastros de españolidad en el partido de la “E”, también llamado PSOE, optó por marcharse antes de que “lo marcharan”. En todo caso, el Gobierno de Zapatero se va adelgazando en su capacidad de interlocución y va ganando autoritarismo, que no es verdadera autoridad, pero que al señor de la Moncloa le vale para sus designios. En el partido socialista, aun dentro de su sentido de la disciplina, hay, como diría García Lorca, grupos de silencio. Cada día hay menos valor para replicar. Pero va siendo evidente que es imposible comulgar con las ruedas de molino de un zapaterismo que nos conduce a una especie de guerra civil fría, una guerra en la que sólo dispara ETA, desde sus posiciones de privilegio, cuando le apetece o le conviene.

Esa ETA, pendiente de regalarse con la lucrativa muerte de De Juana Chaos, le ha ordenado a Otegi, a través de Batasuna, que reitere de forma altisonante el proyecto de anexión de Navarra a Euskadi o Euskal Herria. Una anexión que por la vía tortuosa de la disposición transitoria cuarta de la Constitución —ya verán ellos cómo lo instrumentan o lo implementan—, significaría una absorción “administrativa”. Tal vez con decisiones tan espectaculares como llevar la capitalidad de ese Gran Euskadi a Pamplona (Iruñea). Todo esto podrá parecer un delirio, y ojalá lo sea, pero la desconfianza se adueña de todo el que se siente mínimamente patriota en el sentido común del término, en el sentido alemán, inglés o francés, con sus respectivos símbolos no vergonzantes.

Volviendo al nombramiento de Fernández Bermejo como ministro de Justicia, la sensación es que Zapatero, aparte de lo ya indicado, designa a un vengador, un personaje que dudará, mientras pueda, en hostigar al PP y devolverle los agravios y obstáculos que la Administración de Aznar interpuso en su carrera.

Ya sabemos lo que está por medio: nada menos que el futuro institucional de la Judicatura y del Tribunal Constitucional, con su correspondiente efecto cuando suene la hora de dar salida a las aspiraciones segregadoras de Cataluña y el País Vasco, para empezar. A los jueces díscolos que no secunden los proyectos zapateristas se les está gritando un “temblad, bellacos”. Zapatero, advertido, sin necesidad de que se lo diga el PSC de Montilla, de que el naufragio del Estatuto de Cataluña pondría en peligro su propio futuro electoral y, por tanto, la renovación de su mandato, hace funcionar su instinto de conservación. Como decía un personaje de tebeo, antes morir que perder la vida. Y si es preciso, matando en cualquiera de los diversos sentidos incruentos del verbo matar.

Montilla
La cabra tira al monte
Juan Carlos Girauta Libertad Digital 9 Febrero 2007

El cargo no le ha conferido dones ni ha borrado lacras. Es el mismo de siempre, el que quiso cerrar la COPE, el que insultó a sus empleados y colaboradores, el encargado de recompensar a La Caixa desde Industria –por haberle condonado mil kilos– regalándole una propiedad ajena: Endesa.

No había vuelto a aplicarle el "bachiller" desde que accedió a la presidencia de la Generalidad, cargo que conlleva la representación ordinaria del Estado en Cataluña. ¿Es consciente el bachiller de tanta responsabilidad? No todos saben que "Generalitat" no es sinónimo de Gobierno catalán; engloba un enorme entramado institucional que incluye al Parlament. Es decir, es ejecutivo y legislativo, y contiene una administración pública de considerables dimensiones.

La manera en que se restauró es una excepción en la Transición: tuvo lugar antes de la Constitución. Decisión inseparable del tesón y extraordinaria personalidad de Tarradellas, que iba a la suya, deseaba fervientemente la reconciliación... y contaba con la desconfianza de todo el izquierdismo y nacionalismo catalanes de la época. Pues resulta que, diga lo que diga Rodríguez, es la única institución en toda España que puede afirmar con propiedad su entronque directo con la legalidad republicana. Esto puede gustar o no, pero es historia, y así se hizo la Transición.

Albert Boadella intuye una ley, o una fatalidad, según la cual sólo un loco puede acceder a la presidencia de la Generalidad. Cita a Macià y Companys, a Pujol y Maragall. Y excluye con justicia a Tarradellas. Yo estaba a punto de excluir a Montilla. No puedo.

La púrpura no ha anulado al apparatchik, al peligroso e ignaro sectario. El gañancete que castiga catalán y castellano con igual eficacia, el pequeño Stalin de Iznájar, el buscón de Cornellà, el capitán de capitanes tan admirables como Sala e Iceta no se comporta de acuerdo con la dignidad de su cargo sino con lo que tristemente es. Por eso se apresura a pedir la sustitución de Pérez Tremps para que al PSOE vuelvan a cuadrarle las fichas humanas del Constitucional en la partida amañada del Estatut. Por eso acaba de insultar a centenares de miles de catalanes identificados con el PP: "derecha extrema", repite original.

He dejado de considerarle mi presidente. Cada día que pasa veo con mayor vergüenza que un hombre cuyos únicos méritos son ciertas sórdidas conspiraciones en el Baix Llobregat y en la calle Nicaragua se haya encaramado hasta ahí.

ESTADO DE CRISPACIóN
POR ANTONIO JIMÉNEZ El Ideal Gallego 9 Febrero 2007

Saltan chispas por doquier; se masca en el ambiente desazón, incertidumbre y malestar. Desde Cataluña se intenta meter presión al Tribunal Constitucional con advertencias: o se convalida el Estatut o España y Cataluña tendrán un problema. El socialismo catalán, incluso, advierte a Zapatero que si cae el Estatuto cae el Gobierno y Carod, esa rémora imprescindible que apuntala la silla de Montilla, amenaza con la "vía soberanista", o sea con la independencia de Cataluña, si se "tumba" el texto estatutario.

Hay crispación y tensión política, en la calle y en los despachos, más que en los peores días del "Prestige" y de la guerra de Irak con Aznar y tanta como en tiempos de Felipe González a cuenta de los casos de corrupción y de los GAL, cuando los agentes sociales se erigían en el "comando del sosiego" para templar el ambiente político y salvar los muebles de la economía sin que se dispararan las cifras del paro. Siendo esto así, Zapatero, ese optimista antropológico al que no cura ni el doctor House (Pío García Escudero dixit), afirma, como quien se fuma un puro en el bar de las Cortes mientras pone los pies sobre la mesa, que el patio no está revuelto sino sereno. ¿Hay que creer, sin embargo, a quien un día antes de que ETA le bajara del pedestal de ensoñación al que se había encaramado nos vendiera una España idílica sin muertos ni atentados terroristas? Evidentemente no.

No existe la España plural de Zapatero, sino una España fragmentada y enfrentada que se difumina como nación y que lejos de ser más segura y entera como pregona, cada día es más débil y menos cohesionada y solidaria. La recusación de Pérez Tremps, que le supone quedar apartado del debate sobre la inconstitucionalidad del Estatut, ha destapado la caja de los truenos y evidenciado el sectarismo y fascismo antropológico de cierta izquierda y del nacionalismo independentista cuando se les contraría. Con estos que no entienden de división de poderes; que rescatan un lenguaje guerracivilista para amenazar a quienes desde el Estado de Derecho intentan frenar sus desvaríos extraconstitucionales, que se solidarizan con un pistolero convicto de 25 asesinatos, que insultan a sus víctimas y a un partido apoyado por diez millones de españoles equiparándole con ETA, pretende construir Zapatero su imposible España plural. Claro que estos son también los que le permiten gobernar en Cataluña y en el País Vasco y, por supuesto, seguir en La Moncloa. Es el precio del poder.

EL AZAR DE PÉREZ TREMPS
Editorial minutodigital 9 Febrero 2007

En 1978 el Poder Judicial escapó sorpresivamente del control político al que la Constitución sometía al Legislativo y al Ejecutivo. Al Estado de partido único le sucedió un Estado de partidos según el modelo que se había asentado en Europa después de la II Guerra Mundial.

Quedaron, sin embargo, ataduras no pequeñas que anudaban a los jueces al consenso de la nueva oligarquía partitocrática. La primera fue una nueva forma de reclutamiento de jueces, impuesta por el PSOE, que ponía en un marco de clientelas políticas a toda una pléyade heterogénea de juristas, en la que se contaban a reputados profesionales pero también a arribistas sin escrúpulos para dictar sentencias orientadas políticamente.

El sistema de nombramiento de los miembros del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional sólo fue el corolario necesario, para que la influencia de la oligarquía política en los jueces quedara sobradamente subrayada. Aunque le pese a Marx y algún marxista despistado que aún sobreviva, la vida política no viene determinada “a priori” sino que, con frecuencia es el resultado de situaciones absolutamente fortuitas.

Fortuito ha sido que, consecuencia de una determinada composición del Tribunal Constitucional –fruto oligárquico con tantos- haya prosperado la recusación del magistrado Pablo Pérez Tremps, a instancias del PP, por la diferencia pírrica de seis votos contra cinco.

El voto, parece ser que decisivo, del profesor Guillermo Jiménez impedirá a Pérez Tremps formar parte del pleno del Tribunal Constitucional que habrá de ventilar la cuestión de la inconstitucionalidad del Estatuto Catalán, planteada tanto por el PP como, entre otros, por el Defensor del Pueblo.

Hubiese bastado que el azar dispusiera otra correlación de fuerzas en el Tribunal Constitucional para que la recusación no prosperase. Lo sentimos por Marx. No todo está predeterminado.

Lo grave es, paradójicamente, que el destino de la Nación Histórica, España, esté a merced del resquicio constitucional de libertad que se preservó para el Poder Judicial, y del gran protagonismo que el azar juega en trascendental cuestión.

De todo esto ha escrito con acierto el profesor Dalmacio Negro en el número 87 de Cuadernos de Encuentro. Sin duda, una mente preclara que concluye que en los momentos de disolución, nadie sabe en qué consiste la moral.

Veinte años después
Alfonso Basallo Periodista Digital 9 Febrero 2007

Tenía 13 años y estaba jugando al fútbol, antes de subir a comer a casa.. Entonces, le sacaron abruptamente de la infancia: le dijeron que su padre había sufrido un atentado. Estaba tan aturdido que pensó que habían muerto todos, su padre, su madre, sus tres hermanos, que se había quedado, de golpe, olo en el mundo. Poco a poco, la realidad se abrió paso entre la niebla de lágrimas y se presentó desnuda ante él: sólo su padre, ametrallado por unos terroristas.

Nunca jamás olvidó aquella hora, las dos y media de la tarde, ni el partido de fútbol, ni la amarga jugarreta que le habían hecho. Le habían marcado con hierro candente la D de Dolor en los pliegues del Alma... para siempre.

Veinte años después, aquel niño se ha topado con la cara de quien destruyó a su familia. Un tipo entubado en una cama de hospital, mirando retador a la cámara, con el gesto gélido de quien no se arrepiente de nada. El mundo al revés: se presenta como víctima (“¿Se puede culpar al violado de los actos de su violador?”, dice) y aparece en el diario más antiguo de Europa (y uno de los más prestigiosos), postrado en huelga de hambre, calvo y desnudo, como si fuese Gandhi exigiendo la independencia de India.

Veinte años después, Carlos Vesteiro Cavana, hijo del teniente coronel Carlos Vesteiro Pérez, asesinado a tiro limpio por José Ignacio de Juana Chaos (y otros seis terroristas), ha expresado sus opiniones en la entrevista que el lector de ÉPOCA tiene en sus manos.

Dos frases sintetizan los sentimientos de aquel niño, y con él, de todos los españoles marcados por el estigma imborrable del terrorismo: “Es un cobarde” y “si pudiera, no me tomaría la revancha, porque entonces me pondría a su altura”.

Sólo un cobarde puede, en efecto, cepillarse a 25 personas indefensas a base de tiros en la nuca, ametrallamientos o bombas. Sólo un consumado farsante, con más cuento que Calleja, puede disfrazarse de Gandhi para tratar de impresionar a los compasivos británicos, con el falso título de “separatista vasco”.

Y sólo una víctima como Vesteiro hijo, demostrar la dignidad y la nobleza –casi sobrehumana-de tragarse su dolor y desechar la venganza, para no rebajarse a la altura -casi infrahumana- de su verdugo.

El daño provocado por el terrorismo es mucho más profundo que el que reflejan los titulares de cada atentado. El balance de daños de estas cuatro décadas se queda inevitablemente corto: el De Juana Chaos de turno no sólo destruye una vida, sino que cercena además las vidas de quienes le rodean, siembra el pánico entre los ciudadanos e inocula el veneno del dolor y del resentimiento en la sociedad, aniquilándola moralmente.

Carlos Vesteiro hijo tiene una petición para Zapatero: que mire a las víctimas. Este Gobierno las ha ninguneado, dividido y jugado con su dolor. Se aprovechaba así de los débiles, mientras cedía al chantaje de los asesinos. Irónicamente, un killer le pone ahora contra las cuerdas con un pulso especialmente refinado: el terrorista protesta por una prisión preventiva discutible (acusado de verter amenazas en dos artículo de opinión, que es una minucia comparada con su sangriento historial). Zapatero se ha encontrado con la horma de su zapato.

Dice De Juana que es “muy duro no poder llevar una vida normal. Y eso sólo lo pueden entender aquellos que lo han experimentado”. Como Carlos Vesteiro hijo, desde aquel partido de fútbol, hace veinte años.

Próxima parada: Moncloa
Vicente A. C. M. Periodista Digital 9 Febrero 2007

No se trata de ninguna estación de tren de cercanías o del Metro, sino simplemente que el parón total del Gobierno está a la vista. Sí, porque desde el 30D es cada vez más evidente que este Gobierno se está dedicando a apagar los fuegos que aún humean de la terminal de Barajas. Se está dedicando a acallar las notas del himno nacional que finalizó la gran manifestación del pasado sábado. Se está dedicando a enrocarse en una actitud de radicalismo, nombrando un ministro de Justicia sectario y obediente con las directrices partidistas. Está queriendo instaurar un flujo de presión a todos los niveles de las Instituciones para controlar su putrefacto proceso de negociación con los terroristas. Está en un contínuo ataque, apoyado con sus eventuales socios nacionalistas, contra el PP. Está haciendo todo eso, menos gobernar y al menos dar una imagen de control de la situación y de Gobierno efectivo.

Son muchos ya los agujeros por debajo de la línea de flotación que presenta esta legislatura, que se hunde sin remedio. Ni siquiera la bonanza económica parece ayudar a reflotar el fantasma de una bancarrota de la Seguridad Social y de las prestaciones asistenciales y de las pensiones. Es cuestión de tiempo ver como la campaña de las elecciones municipales puede derivar en el certificado de defunción de este Gobierno que aún va dando bandazos como un zombi. Cada vez se ha hace más patente que los discursos de Zapatero, no convencen ni a sus propios electores. Cada vez se afianza más en la opinión de los españoles, que detrás de este Gobierno nunca ha habido un Programa, salvo anular al PP y todos sus logros y una persecución a las Comunidades gobernadas por ese partido, asfixiándolas económicamente, poniendo todas las trabas a su desarrollo y ofreciendo a sus aliados prebendas con Estatutos insolidarios y secesionistas.

Pero ahora tiene la espada de Damocles de ETA con una seria advertencia y amenazas directas por no haber cumplido con los compromisos adquiridos. Las pintadas en el País Vasco son ya suficientemente explícitas. El tiempo se acaba y ya no se trata de alargar con más promesas de buenas intenciones. Seguro que voluntad de cumplirlas no le falta, pero tiene en frente una seria limitación: el Estado de Derecho. Ni siquiera con la ayuda de Conde Pumpido o Fernández Bermejo, o la futura sustitución del juez Tremps, logrará el apoyo necesario en el pueblo español, por la decidida oposición, no solo del PP, sino de sectores de su propio Partido y en menor medida, de los medios afines, que están viendo como el PSOE se derrumba,arrastrado por el Sr. Zapatero caído en el abismo a donde ha llevado la política de este País.

Si cede al chantaje de ETA, la respuesta popular será incontrolable. Si no cede, ETA actuará sin medir las consecuencias dando el "proceso" por definitivamente roto. Haga lo que haga, pierde y lo peor, todos perdemos. Pero solo él y quienes le animaron tienen la culpa de haberse metido en ese callejón sin salida. Su única oportunidad es adelantar las elecciones Generales para eludir tomar acciones que inevitablemente incumplirán con la legalidad y el Estado de Derecho, sin poderlo disfrazar a pesar de que vayamos a los carnavales.

Ante el inicio del 'Proceso al 11-M': un juez, un tribunal, una sentencia
José Catalán Deus Periodista Digital 9 Febrero 2007

El juez Javier Gómez Bermúdez lleva un enorme reloj cuadrado en la muñeca. Quizás simbolice su minucioso y constante actuar, cualidades necesarias para presidir el tribunal que juzgará los actos terroristas del 11 de Marzo de 2004 en Madrid.

El auto de procesamiento tiene 93.000 folios y los documentos adicionales suman más de 600.000, y para llegar a ello han sido necesarios tres años. JGB está decidido a no dejarse embarullar por la enorme tarea de despejar no sólo el hecho más traumático de la democracia española sino el más enconado, el más envenenado por una lucha partidista fraticida originada por sus 'efectos colaterales': cambiar tres días después la decisión de voto de varios cientos de miles de ciudadanos, y convertir lo que iba a ser un triunfo fácil del Partido Popular en una victoria del Partido Socialista.

Las defensas van a intentar suspender el juicio pero él está casi seguro de impedirlo y cree que el primer día ya subirá un acusado a declarar en el estrado. Tiene planeadas sesiones de ocho horas diarias al menos tres días a la semana; calcula necesitar 110 sesiones en 53 días hábiles para conseguir antes de finales de julio el 'visto para sentencia'.

Para ello, no está dispuesto a aceptar tácticas dilatorias de ningún tipo: ni testigos innecesarios ni pruebas absurdas ni enfermedades ficticias para las que incluso insinúa la cárcel. Se trata del primer gran sumario europeo totalmente informatizado y de un juicio importante para el desarrollo posterior de la guerra que ha declarado el yihadismo islamista 'a los infieles y los apóstatas', es decir a Occidente y los musulmanes que se acercan a su forma de vida. Sin duda que la apertura o no del frente europeo por parte de Al Qaeda, tendrá que ver con la actitud -inflexible o tolerante- que se adopte con los acusados.

JGB reconoce que 'suelo ser inflexible' y que hará todo lo posible para que después del verano, posiblemente hacia finales de octubre, haya sentencia. Y que cuando sea emitida por él y los otros dos miembros del tribunal, -Fernando García Nicolás y Alfonso Guevara-,los españoles van a resultar consolados, van a recuperar su fe en la justicia y la democracia, en el sistema vigente, y van a saber por fin quiénes fueron los autores materiales y los inductores del mayor acto de terrorismo de la historia del país, si actuaron solos, qué tipos de explosivos se emplearon, qué papel jugaron la misteriosa furgoneta evanescente y la mochila con las mejores pistas. 'Todo eso se sabrá, despejará dudas y recelos, será de una transparencia total', dicen fuentes de la Audiencia Nacional muy próximas al magistrado.

A nadie se le escapa que junto a un protagonismo total que hará de este hombre el más famoso del país durante meses, -con su cráneo afeitado al cero, rasurado a conciencia y perfumado siempre con la marca brasileña 'O Boticario', de una elegancia que podría derivar en atildamiento-, la responsabilidad de la sentencia puede ser un caramelo envenenado en medio de la acre polémica que divide a los españoles sobre los misterios del caso. Sobre la posible manipulación de los terroristas para conseguir un vuelco electoral. Sobre la posible conspiración de sectores o personas ligadas a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Sobre la complicidad de servicios de inteligencia extranjeros. Sobre muchas preguntas aún sin respuesta. 'Cualquier cosa que hagamos va a ser interpretada en uno u otro sentido, pero en esta casa (la Audiencia Nacional) la ideología no influye. Yo soy de la Asociación Profesional de la Magistratura, hay quien dice que soy ultraconservador, pero siempre he elegido en mis tribunales a dos miembros de Jueces para la Democracia (la asociación rival de la anterior) y siempre hemos dictado sentencia por unanimidad'.

'Estén seguros: en el juicio se sabrá la verdad. Será la que unos u otros defienden, o será más probablemente ninguna de las dos', opina Gómez Bermúdez en privado. Y lo dice con toda tranquilidad, un poco desafiante, como parece a menudo su carácter.

La colaboración de otros países ha sido muy importante: 'el terrorismo internacional disemina sus piezas de tal manera que sin colaboración internacional no se ve ni una esquina del rompecabezas', dicen en su equipo de la Audiencia. Pero lo que más les enorgullece es disponer de todo el sumario en un DVD, no temer que alguien pueda robarlo o dañarlo. Y que en todo momento, JGB podrá proyectar cualquier folio del mismo en las pantallas de plasma diseminadas por la sala y aledaños y demostrar en segundos la veracidad o falsedad de cualquier cita del mismo. Un sumario indexado que permite buscar palabras en segundos y tener al alcance de la mano por ejemplo todas las citas que se hacen en el mismo de un acusado, de un testigo, de un lugar, de una prueba.

El tribunal librará resoluciones sin papeles, de ordenador a ordenador, por un sistema denominado 'lex.net' que va a eliminar el ingente papeleo en un juicio tan masivo y va a permitir considerables ganancias de tiempo.

Y el juicio será televisado entero, en directo y en tiempo real por Retevisión y la señal será libre y gratuita para toda cadena que quiera emitirla. Además un portal jurídico (datadiar.com) lo transmitirá íntegro y sin comentarios ni cortes a través de internet. Transparencia absoluta. 'Es un error no hacerlo así, nuestros estudios dicen que televisar un juicio no influye en su marcha y resultado, que la transmisión ayuda al autocontrol de los jueces y facilita la cercanía de la justicia a los ciudadanos', afirma Gómez Bermúdez, casado en segundas nupcias con una periodista, autor de un libro sobre la interrelación entre ambas profesiones, al que llaman 'el Guadiana' en la Audiencia por sus idas y venidas de la misma hasta llegar, ayudado por la suerte, su prestigio y su talante a enfrentarse a un juicio que será histórico.

Será una sala modesta, amueblada muy funcionalmente, con solamente 80 asientos: 29 para una persona elegida por cada acusado; 10 a disposición del público por obligación de ley; 40 para las víctimas, sus familias y asociaciones, mediante un afinado sistema de reparto; unos 45-50 para los abogados, y finalmente, algunos de protocolo, unos pocos de prensa, y varios para policías de paisano. En la planta baja y unido por circuito cerrado de televisión, un auditorio con 120 asientos para las víctimas, 10 para psicólogos de asistencia y varias decenas para los medios de comunicación.

El día 15 de febrero, -dos años, once meses y cuatro días después del suceso- se abrirá la causa. Día a día serán interrogados los 29 acusados, luego serán oídos los 610 testigos y los 107 peritos personados; posteriormente, llegará el examen de las pruebas documentales, y finalmente la calificación jurídica definitiva de las partes, y los procesados tendrán derecho a decir su última palabra. Entonces, el Proceso del 11-M quedará visto para sentencia.

Javier Gómez Bermúdez trabaja acelerado en los últimos detalles previos. Está seguro de que una vez más dictará sentencia por unanimidad del tribunal y piensa redactarla aprovechando sus vacaciones de agosto próximo. Está convencido de que hará justicia a los 192 fallecidos y 1.824 lesionados. Parece firme y equilibrado. Se cree justo e imparcial. Ojalá todo salga como él dice.

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Blindar al Estado
POR YOLANDA GÓMEZ ABC 9 Febrero 2007

En un momento en el que los artículos más leídos, los programas de televisión más vistos y las tertulias radiofónicas más escuchadas no son, precisamente, las que hablan de economía. Y en unos días en los que la información económica se centra, casi exclusivamente, en el ya largo serial de las opas sobre Endesa, voy a dedicar esta líneas a un asunto que, si bien no es de acuciante actualidad, sí creo que merece, al menos, una reflexión.

En el Partido Popular se está pensando plantear a Zapatero una reforma de la Constitución para blindar las competencias del Estado. Y esta idea, que ahora ronda en el entorno de los más allegados a Mariano Rajoy, es compartida, al menos en privado, por algunos miembros del Gobierno socialista. Y sinceramente, no me parece ninguna barbaridad.

El año pasado vivimos la negociación de los estatutos catalán y andaluz, entre otros. En ambas normas el Gobierno ha hecho cesiones de competencias estatales o ha aceptado compromisos de inversiones que suponen no sólo un ataque a la racionalidad económica, sino también una coacción a las decisiones de gobiernos futuros. «El compromiso de inversiones es sólo para siete años», argumenta el Ejecutivo. Sí, pero ¿qué pasará dentro de siete años? Si el Ejecutivo del momento sigue necesitando los apoyos de quienes rijan esas comunidades u otras, seguirán vendiendo y cediendo competencias e inversiones. Y lo mismo ocurre con el sistema de financiación autonómica. El vigente no tiene fecha de caducidad. Sin embargo, el nuevo sistema que está preparando el Gobierno sí la tendrá. Será para cuatro, cinco o seis años. Y cuando pase ese tiempo, otra vez a empezar. Se cederán más recursos, más competencias. Pero ¿hasta dónde se puede llegar? O se pone límite o el Estado quedará reducido a la mínima expresión.

Sí, me parecería una buena idea que PP y PSOE se pusieran de acuerdo para blindar al Estado. Pero tal y como está el patio quizás sea mucho pedir que unos y otros dejen a un lado sus intereses políticos y sus debates estériles y pacten algo por el bien de los ciudadanos.

Salvar al soldado Zapatero Ryan
Pablo Sebastián Estrella Digital 9 Febrero 2007

Las cosas suelen ser mucho más sencillas de lo que parecen aunque fanáticos publicistas y estrategas de partido nos anuncien la llegada de unas tremendas conspiraciones contra el bueno y pacífico presidente Zapatero. A lo mejor, aunque no lo quieran reconocer en su entorno, el problema es mucho más simple y se resume en la escasez de competencia política, falta de proyecto nacional y graves errores cometidos en la reforma autonómica y negociación con ETA por parte del presidente Zapatero. Su mascarón de proa, mal que les pese —que les pesa, como reconocen en privado y alguna vez en público: “no veo un proyecto político”, dijo Felipe González—, convertido en el soldado Zapatero Ryan, al que, como en la película de Spielberg, hay que salvar a toda costa aunque se pierda un batallón, porque lo que no se debe perder es el poder.

Y ahora los zapadores políticos y mediáticos del entorno presidencial están avanzando, en pos de salvar al infeliz soldado, por este campo de minas para la política que siempre es el Poder Judicial, a pesar de que los artificieros que colocaron las cargas mortales han sido los mismos políticos, de uno y otro partido, PSOE o PP. Ahora la batalla se libra a pecho descubierto y con crueldad —“no se hacen prisioneros”— en el ámbito judicial, en cuyas trincheras dicen el Gobierno, el PSOE y sus opinadores que se esconde el PP, y donde acaba de hacer acto de presencia el nuevo ministro de Justicia, el fiscal Bermejo, conocido por su capacidad de furia y combate contra el Partido Popular.

Lo dijo sin rodeos Alfonso Guerra cuando con la mayoría absoluta de Felipe González se reformó la Ley Orgánica del Poder Judicial para garantizar la influencia directa de los partidos políticos en este poder del Estado: “Monstesquieu ha muerto”. Fue el PSOE el que impulsó la injerencia política en el ámbito judicial y son ellos mismos los que hoy se quejan de esa situación porque en su opinión el Partido Popular pretende derribar al presidente Zapatero con una extraña especie de conspiración judicial —éste es el país de las conspiraciones varias— que incluye el siguiente guión estratégico: si la mayoría del Tribunal Constitucional echa por tierra lo esencial del Estatuto catalán, dejando con ello constancia de que no hay margen legal para un nuevo Estatuto vasco ni para las exigencias que pone ETA para el abandono definitivo de las armas, Zapatero perderá las elecciones del 2008 porque habrá fracasado en sus dos grandes proyectos de la legislatura, como son la reforma del modelo del Estado por la puerta trasera de leyes orgánicas y el fin de la violencia de ETA, cuestiones íntimamente relacionadas entre sí. Hasta el punto de que esa misma influencia del PP en el Constitucional se podría trasladar a los tribunales ordinarios, para impedir una distensión de la vigilancia judicial a favor de ETA y de sus presos políticos, ahogando de esta manera la negociación.

El cuento negro de la lechera judicial que relatan el Gobierno, el PSOE y sus medios afines con gran dramatismo y agresividad, llegando a decir, como ha dicho Gil Calvo en El País, que uno de los grandes fallos de la transición democrática fue no depurar, como hicieron con los militares golpistas, “la judicatura franquista”, que según se desprende de lo escrito por el articulista de Prisa domina el Poder Judicial. Otro analista del citado rotativo, Ramoneda, escribía: “el PP busca rematar a Zapatero cargándose el proceso de reformas autonómicas. La marabunta de banderas de la manifestación y las presiones sobre magistrados del Constitucional forman parte de la misma maniobra”. Y remata Maruja Torres: “La tortura a que nos somete el ejército de leguleyos contratados por el Partido Popular para que les avise de cualquier resquicio legal por el que puedan colar su legendaria mala baba, convertida por el rencor en sulfúrico que corroe la democracia española”.

Estamos pues, oídos o leídos el Gobierno, el PSOE y El País, ante la gran conspiración político-judicial-masónica- franquista para derrocar a Zapatero del Gobierno; lo de la otra conspiración de la masacre del 11M en Madrid, que airean el diario El Mundo y los dirigentes del PP Acebes, Aguirre y Zaplana, es, por lo que ahora parece, un asunto de menor cuantía. Pero la verdad es que nadie se puede creer que la gran mayoría de los jueces y magistrados de España sean franquistas —el dictador murió hace más de 30 años—, ni estén a las órdenes del PP, como por ejemplo si lo está a las órdenes de este Gobierno el fiscal Conde-Pumpido —como Cardenal lo estaba al servicio de Aznar—, y por supuesto el Ministerio de Justicia, adonde ahora llega el fiscal Bermejo, de quien se conoce una trayectoria de clara sumisión al PSOE —calificó de hipocresía el juzgar los crímenes de los GAL— y de expresa animadversión hacia el PP, lo que garantiza un bonito espectáculo en el ámbito judicial que sin lugar a dudas superará la catástrofe que deja tras de sí el ministro saliente, López Aguilar. Lo que se considera un desafío y una clara provocación de Zapatero, el pobrecito presidente al que el PP quiere eliminar.

Se han olvidado en el Gobierno, en el PSOE y en El País lo que ocurrió con el Poder Judicial cuando gobernaba Felipe González y explosionó el gran pantano de los GAL y la corrupción, entre otras cosas. Lo grave y diferente de la nueva situación es que aquí lo que está en juego no es un caso de corrupción o abuso de poder, sino ni más ni menos que el modelo de Estado, la convivencia ciudadana y territorial, el prestigio del Poder Judicial y del Parlamento y la necesidad de que ETA no alcance una victoria política como consecuencia de sus cuarenta años de terror y sus 850 crímenes. Y no puede ser, y no estamos justificando al PP, que también ha cometido muchos errores y que tiene dirigentes que además de tontos son políticamente impresentables, que en el PSOE y desde El País se reconozcan en voz baja los graves errores de Zapatero y se pida la unidad de los dos grandes partidos en las cuestiones de Estado —reforma autonómica y terrorismo— y que luego se demonice al PP. O se diga que la unidad democrática se debe hacer entregando un cheque en blanco al presidente Zapatero, que ya hizo mal la reforma autonómica —y muy probablemente al margen de la Constitución— y que ha fracasado en la negociación con ETA, con la que ha hablado de política aceptando una mesa política con Batasuna y al margen de las instituciones para poner en marcha el alto el fuego. El que rompió ETA no porque no hubiera concesiones políticas, como dicen algunos sin decir la verdad, sino porque les parecían insuficientes. Querían la mesa y contenidos como el de Navarra y la autodeterminación.

Así las cosas, la salvación del soldado Zapatero Ryan se hace muy difícil, pero más por sus errores que por los esfuerzos del glorioso batallón que acude en su socorro. Y lo más divertido de todo ello es que Zapatero Ryan ha descubierto que vienen a salvarle y el muy zorro se hace la víctima con aullidos y lamentos y echando leña al fuego, por ejemplo, nombrando ministro de Justicia al injusto fiscal Bermejo, porque sabe que en el ruido y en el fragor del combate está su salvación. Y ése es, sin duda, otro error del PP que, por ejemplo, no debió convocar el debate parlamentario sobre el atentado de Barajas porque Zapatero lo perdió en la Terminal 4 y no merecía otra oportunidad. Pero, como dice el refrán, “en todas partes crecen habas”, y en el PP de manera especial y sin el menor don de la oportunidad.

Ni Ley, ni Estado de Derecho: Bermejo destapa la cara más extremista de Zapatero
Federico Quevedo El Confidencial 9 Febrero 2007

“Soy un hombre de izquierdas, y desde ese esquema actúo”, afirmaba en mayo de 2004 el fiscal Fernández Bermejo, desde hoy ministro de Justicia. Y no le falta razón. Bermejo ha actuado siempre desde un planteamiento de izquierdas, es decir, desde un absoluto desprecio a la ley, al Estado de Derecho y a la democracia liberal, y su nombramiento hoy supone que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, enseña su peor cara, su cara más extremista, más radical, más antidemocrática, y más dispuesta a eliminar a la oposición política del sistema para asegurarse su permanencia en el poder.

Bermejo llega al Ministerio de Justicia para, a las órdenes de Zapatero, retorcer el marco jurídico, vulnerarlo y violarlo con el fin de que los objetivos chavistas de Zapatero puedan alcanzar su fin. No tengan la menor duda de cuál va a ser el papel de Bermejo en lo que queda de legislatura: adaptar la Ley al objetivo de satisfacer las pretensiones de ETA, entorpecer aun más y desvirtuar en todo lo posible la investigación del 11-M, y arrinconar a la derecha liberal y perseguirla con todos los resortes que le permita el Estado de Derecho, eso sí, degradando el fin último de éste que no es otro que garantizar la libertad y la democracia. Con el nombramiento de Bermejo, el presidente Rodríguez comete, sin duda, uno de los mayores atentados contra la democracia, y demuestra que su respeto por la libertad y por el consenso está al mismo nivel que el que tiene Hugo Chávez.

Siento ser demasiado elocuente, pero las cosas son así. Zapatero tenía la oportunidad de nombrar al frente del Ministerio de Justicia a alguien que fuera capaz de responder a los criterios de tolerancia y consenso que tanto esgrime y con tanta maledicencia... No necesariamente tenía que ser alguien disonante con su Gobierno, bastaba con que fuera una persona moderada y conocedora del ámbito judicial. Pero no. En lugar de responder a los que él siempre dice que son sus máximas políticas, practica justo lo contrario de lo que predica, que por otra parte es lo que hace siempre, y a mí ya no me llama a engaño desde hace mucho tiempo. Por desgracia, todavía sigue habiendo mucho iluso al que tiene sorbido el seso este personaje que se está llevando por delante todo lo bueno que tiene este país.

La Justicia es una asignatura pendiente, eso lo saben hasta los niños en edad escolar, y el PP perdió la inmensa oportunidad que tuvo de regenerar la democracia volviendo a situar al poder judicial fuera de la esfera de control político, tal y como especifica la Constitución, y en lugar de eso alcanzó un acuerdo con el PSOE –Michavila vs López Aguilar-, que afianzaba la muerte de la división de poderes. Ahora, en el PP, se dan golpes en el pecho y lamentan no haber tenido algo más de visión de futuro, pero ya se sabe, el poder vuelve ciegos a los hombres.

Se los dan porque no se puede llegar a acuerdos sobre el Estado de Derecho con quienes no creen en el Estado de Derecho y lo desprecian. No digo yo que aquel Gobierno, presidido por Aznar, no actuara de buena fe, creyendo que el PSOE de Zapatero sería respetuoso con la independencia judicial, pero confío en que ya se hayan caído del guindo. Si puedo darle algún consejo a Mariano Rajoy, uno sería incluir en su programa electoral la regeneración del sistema como bandera prioritaria, comenzando por recuperar la división de poderes y la verdadera independencia del Poder Judicial de la política, que todo lo contamina y lo pervierte, y por eso Montesquieu estableció un sistema de controles y limitaciones que, en definitiva, venía a garantizar el sometimiento de los Tres Poderes al Imperio de la Ley, y la libertad como bien supremo y último y objeto final del Derecho Natural.

Pero, como consecuencia del desprecio que este Gobierno radical y extremista siente por todo eso que configura la democracia liberal, estamos asistiendo, algunos horrorizados, al escándalo de cómo se perpetra el mayor de los atentados contra la democracia y la independencia judicial: la salida forzosa de Pérez Tremps del TC para que el Gobierno pueda nombrar otro magistrado de su cuerda que sirva de contrapeso y evite la más que probable derrota del Estatuto catalán en el Alto Tribunal. Eso se llama vulnerar las reglas del juego democrático, les guste o no, y lo practican los regímenes totalitarios con demasiada frecuencia.

Y no me vengan los lectores con cuentos ni con milongas, porque no hace falta acudir a ejemplos de andar por casa para explicar que Pérez Tremps no podía participar en las deliberaciones sobre el Estatuto, porque la Ley –y la Ley está para que se cumpla- dice que no puede ser juez quien es parte, y Pérez Tremps era parte. Pero eso no le inhabilita de su función como magistrado en el TC para el resto de los asuntos que allí se dirimen, algunos también relacionados con el Estatuto catalán, y por lo tanto no tendría lógica que ahora se viera obligado a dimitir, salvo que el Gobierno quiera pasarse el respeto a la Ley y el Estado de Derecho por el forro de los... y hacer lo que hace siempre, es decir, lo que le da la gana, que es lo que hacen los gobiernos populistas y antidemocráticos.

Cualquier día de estos Zapatero, como Chávez, pide poderes al Parlamento para hacer lo que le venga en gana, y lo peor de todo es que este Parlamento de llamazares y tardás lo firmarían. Pues que se aten los machos en Génova 13 porque con Bermejo al frente de Justicia y con un Gobierno que ya no respeta nada, en los próximos meses el acoso al que se va a ver sometida la derecha liberal va a ser de órdago, y no me extrañaría ver cómo algún dirigente del PP cruza la puerta de la cárcel ante los ojos del circo mediático nacional, y sale por la trasera sin pruebas de ninguna clase, pero con medio país pensando que “algo habrá hecho”. Todo, con tal de perpetuarse en el poder, ¿verdad, Rodríguez?

El bonito mundo de Ibarretxe
JOSEBA ARREGI El Correo 9 Febrero 2007

Decían los viejos marxistas que había, al menos, dos concepciones del arte. Una que veía en el arte la sublimación de la realidad, la realidad verdadera, la que ve más allá de los reflejos de la apariencia y es capaz de extraer en ese más allá la verdad de las cosas que lleva el nombre de belleza. Y otro concepto del arte que trata de representar las contradicciones de esa realidad, sin tratar de enmascararlas por medio de una estetización de la realidad problemática, y que además trata de indicar las vías por las que se puede llegar a una superación de los problemas de la realidad contradictoria.

No sé lo que dirían hoy esos marxistas si analizaran el lenguaje de algunos de nuestros políticos. Y es difícil saberlo porque un tipo de izquierda hace tiempo que hizo mutis por el foro y ya no se dedica a criticar el poder. Al menos no el cercano, el que cuenta en nuestras vidas diarias. Pero si hubiera una tal izquierda marxista, probablemente algo tendría que decir del excelente y bonito mundo que se manifiesta en las palabras de Ibarretxe: sólo un país de locos puede encausar a un lehendakari que sólo quiere hablar. Hablar con distintas sensibilidades.

Euskadi es un mundo en el que sólo hace falta hablar. Euskadi es un mundo en el que sólo existen palabras. Y sensibilidades. Somos una sociedad de sensibilidades. ¿Somos tan tiernos todos! No tenemos problemas. La economía va viento en popa, nuestra universidad produce conocimiento de forma desbordante, nuestras empresas conquistan el mundo, estamos en la avanzadilla de la economía mundial, somos los punteros en un país, España, que según su presidente ya ha alcanzado, e incluso superado, a Alemania en riqueza por persona.

Se trata sólo de hablar. De hablar con todas las sensibilidades, porque sólo así se arreglan los problemas. Además: caer nos caemos todos. Pero lo importante no es caer, sino saber levantarse una y otra vez. Imágenes de la educación juvenil de tiempos pasados, de tradición cristiana: 'vita hominis militia est super terram', la vida de los hombres es una lucha en la tierra. Una lucha por levantarse una y otra vez, pues todos somos pecadores -perdón, esta palabra no es del lehendakari, sino mía-. Pero una vez que hemos pecado hay que levantarse de nuevo. No se aceptan los fracasos ni los fracasados.

Palabras, sensibilidades, consejos educativos para la juventud para formar el carácter -¿ay, la formación del carácter!-. Qué bonito país. Pero resulta que es un país en el que existen terroristas que, en lugar de hablar, o además de hablar, ponen bombas, aprietan el gatillo, escriben cartas, con palabras amenazadoras, para extorsionar, amenazan, quieren imponer sus proyectos por medio de la violencia y el terror.

Y en este bonito país hay formaciones políticas que no condenan la violencia: les faltan palabras al parecer para cumplir con ese requisitio mínimo y poder así participar en la actividad política democrática. Les faltan palabras para hacerlo, pero no porque no hablen, pues hablan hasta por los codos: probablemente salen, representantes de una organización declarada fuera de la ley, a rueda de prensa diaria. Y son muy sensibles: con los derechos de Euskal Herria, con los derechos de los presos, con los derechos colectivos, con todo menos con los derechos de los asesinados.

Cuando Ibarretxe usa términos como hablar, sensibilidades, levantarse tras cada caída, todo suena muy bien, muy inocente, muy bienintencionado, como si de las virtudes de la santidad laica se tratara. Pero todos sabemos que las palabras pueden ser muy poco inocentes, como cuando alguien dice: 'mátalo'; como cuando alguien expresa en palabras odio, al diferente, al supuestamente inferior, al extraño, a aquél con el que no se quiere identificar. Hay palabras que inducen muerte, hay palabras que inducen odio, hay palabras que excluyen, hay palabras que legitiman poder ilegítimo, hay palabras que justifican fines inaceptables.

Y hay sensibilidades peligrosas. No en vano dice el refrán que hay amores que matan. Y qué mayor sensibilidad que el amor. Se puede matar al extraño por amor al propio grupo, a aquél que da seguridad, al grupo que funciona como la propia familia, como el hogar fuera del que sólo hay tinieblas y crujir de dientes, y que por eso obliga a liquidar -física o intelectualmente, o de ambas maneras- a todo aquél que represente ese mundo exterior al propio grupo, a la propia familia, al propio hogar, a la propia tribu.

Hay palabras y palabras. Hay sensibilidades y sensibilidades. El recurso simple y supuestamente inocente a esos términos no ayuda nada. Puede ser el mejor camino para ocultar la verdad. El Pacto de Lizarra estaba lleno de palabras. Palabras que excluían a muchos ciudadanos vascos de la posbilidad de definir políticamente la sociedad vasca. El 'plan Ibarretxe' estaba lleno de palabras que excluían a no pocas sensibilidades de la sociedad vasca.

Hay que elegir entre las palabras. Hay que elegir entre las sensibuilidades. No todo es posible en esta vida. Y la política consiste precisamente en el arte de elegir sabiamente. No en negar la necesidad de elegir. Porque detrás de la negación de la necesidad de elegir se encuentra ya una elección que se quiere ocultar. Detrás de la negación de la necesidad de elegir que formula el lehendakari diciendo que sólo quiere hablar y hablar con todas las sensibilidades se encuentra la elección de impulsar las palabras del nacionalismo, de dar más cabida a las sensibilidades nacionalistas que a las que no lo son.

Y tambien hay fracasos y fracasos. El fracaso de la última tregua se encarna en dos asesinatos. Las dos víctimas ya no se podrán levantar más. Y es muy fácil hablar de la necesidad de levantarse tras cada fracaso cuando la consecuencia del fracaso la pagan los otros. Es muy fácil hablar de la necesidad de levantarse tras cada fracaso cuando se obvia que el fracaso, la caída, es la consecuencia de un fracaso previo, de una caída previa, consecuencia de la opción por negar el derecho a la diferencia, de la opción por negar el derecho a la palabra a los que no piensan como uno mismo, de la opción por negar el derecho a un sentimiento de pertenencia distinto, diferenciado, más complejo y rico que el simple de la exclusividad nacionalista vasca.

Una vez más ha tenido que ser el propio Arzalluz quien pusiera de manifiesto la verdad de la situación, sin tapujos ni engaños de discursos sensibleros y curiles: ojalá lo lleven a la cárcel (al lehendakari), para que toda la gente de aquí (sic) sepa de verdad cuál es el poder que tenemos (es decir, ninguno). Sí señor: de eso se trata, de poder. De eso se ha tratado siempre: de poder. Y el poder es siempre de unos sobre otros. La realidad humana más difícil de legitimar. No se trata de diálogo, de palabras, de hablar, de sensibilidades. No. Se trata de poder, pura y simplemente.

Pero precisamente porque el poder es el fenómeno humano que mayores dificultades de legitimación posee es tan importante dividirlo, limitarlo, controlarlo. Establecer mecanismos que regulen su ejercicio. Se trata de limitar la voluntad de los gobernantes. Aquí y en todas partes. Se trata de que los gobernantes no puedan actuar según su voluntad soberana, sino que actúen siempre sujetos a reglas, sujetos a leyes, sujetos a derecho, que estén limitados en sus actuaciones, en su voluntad, en el uso de la palabra, en la valoración de las sensibilidades.

Y por eso es inaceptable en democracia el recurso tan socorrido en los últimos tiempos a las virtudes personales: ¿Cómo se puede criticar algo si se actúa con el noble fin de conseguir la paz, cómo se puede criticar a alguien si actúa desde la profunda convicción de tener la obligación de alcanzar la paz! Pues la democracia significa precisamente que esas buenas voluntades, esos buenos deseos, esos nobles fines sólo se pueden perseguir dentro de las reglas establecidas, y no fuera de ellas, pues ningún fin puede justificar cualquier medio. E incluso la selección de la palabra paz para desribir esa tarea implica ya una elección que puede y debe ser discutida. Pues tan noble puede ser, y es, hablar de la necesaria desaparición de ETA, y no tomar en boca la palabra paz.

La lengua como barrera
Albert Rivera El Economista 9 Febrero 2007

Según el artículo 3 de la Constitución, en nuestro país hay una lengua oficial para todas las comunidades autónomas, el castellano, y tres lenguas cooficiales para Cataluña, País Vasco y Galicia, el catalán, el vasco y el gallego, respectivamente.

A priori esta circunstancia, lejos de representar un problema, debería ser un valor añadido, una riqueza cultural y social e incluso económica. Pero si a este fenómeno del bilingüismo oficial le sumamos el nacionalismo político, el sentido común se ve truncado por la política de los sentimientos y la identidad única que dicta esta ideología.

En Cataluña concretamente, la política lingüística aplicada por los gobiernos nacionalistas de Pujol y Maragall ha generado malestar y hartazgo entre muchos catalanes y, sobre todo, entre buena parte de los comerciantes y el empresariado catalán. ¿Y por qué? Es bien sencillo: porque la política lingüística catalana crea barreras laborales y económicas.

Analicemos las primeras, las laborales. El nuevo Estatuto catalán, en su línea intervencionista, establece la obligación de disponibilidad lingüística a todos los establecimientos públicos de Cataluña. Ese término eufemístico quiere decir, en realidad, que todos los comercios y establecimientos tienen la obligación de tener personal que hable o entienda el catalán. Por tanto, si interpretamos en sentido contrario, los trabajadores que no entiendan el catalán no podrán tener las mismas oportunidades de trabajo que los que lo entiendan. Y eso de facto ya ocurre, como pasa con cualquier factor determinante a la hora de contratar a un trabajador u otro. Pero la gran diferencia es que en una sociedad donde se respete la libertad de empresa, debería ser el propio mercado el que marease cuáles son las cualidades necesarias para conseguir un puesto de trabajo. En Cataluña es la Generalitat la que entra en el ámbito privado para decirle a los comerciantes, a los profesionales liberales y a los empresarios qué características deben tener sus trabajadores. Es la realidad que le espera a los ciudadanos de Cataluña cuando la Generalitat decida desarrollar este artículo 34 del nuevo Estatuto.

Por otro lado, pero en la misma línea obsesiva e intervencionista, la Generalitat actúa exigiendo un nivel alto de catalán (C) a todos los funcionarios de la Administración Pública. Puede entenderse como lógica dicha exigencia para trabajar en una ventanilla de atención al público de cualquier departamento de la Generalitat.

Ahora bien, cuando a un jardinero, a un policía o a un médico cirujano se le valora por igual su destreza profesional que su conocimiento lingüístico de una lengua cooficial, está primando el criterio de catalanidad sobre el criterio de excelencia profesional, y eso es perjudicial para la calidad del servicio prestado a los ciudadanos. Lo que cualquier ciudadano desea es que los funcionarios públicos sean, por encima de todo, los mejores profesionales, y no los que mejor hablan una lengua u otra. Esta sería simplemente la interpretación de un contribuyente en el más puro sentido egoísta, pero qué decir de los derechos de igualdad y libertad que se ven mermados para muchos profesionales que se presentan a unas oposiciones en Cataluña provenientes de otros lugares de España, de Europa o del mundo y observan con resignación cómo para ocupar puestos de trabajo donde el idioma es irrelevante, se convierte en fundamental dicho conocimiento.

Las otras barreras son las económicas. Si sancionamos a los empresarios, comerciantes o profesionales que no hablan en catalán, estamos obviando nuevamente el derecho a la libertad de empresa reconocido en el artículo 38 de la Carta Magna. No es ninguna broma, aunque lo parezca: en Cataluña, donde según el CIS el 51 por ciento de la población es castellano-hablante, esto sucede. El último capítulo polémico al respecto fue el caso de cinco compañías aéreas expedientadas en el aeropuerto del Prat por tener escrito los billetes de avión en castellano e inglés. ¡A quién se le ocurre imprimir los billetes de avión de compañías que operan en todo el mundo, en dos de los cuatro idiomas más hablados del planeta cuando además uno de ellos es oficial en Cataluña! Los empresarios a veces tienen unas ocurrencias... Éste es el surrealismo con el que muchos catalanes, inclusive catalana hablantes como un servidor, debemos convivir en esta inventada nación catalana Éste es uno de los motivos por el que muchos catalanes hemos decidido decir basta a las políticas identitarias e intervencionistas de la Generalitat. No por cuestiones sentimentales, sino por respeto a la libertad individual y a la igualdad de oportunidades aplicadas también al mundo económico y laboral, es decir, por pura aplicación de nuestro verdadero signo distintivo, y por cierto el más olvidado, el seny catalán.

«Una lengua no es una identidad»
EL MUNDO 9 Febrero 2007

Padres de alumnos de colegios de Barcelona critican el modelo educativo de inmersión lingüística del Govern

BARCELONA.- La Ley de Política Lingüística, que indica que la lengua vehicular de las escuelas es el catalán, está colmando de hostilidad numerosas reuniones de padres de algunos colegios de Barcelona, pese a que lleva dos décadas en vigor. Así lo demostraron anoche un colectivo de familiares de centros como La Salle de Bonanova, el Jesús María, los colegios Sagrado Corazón y las Teresianas, que promovieron un debate público con el fin de defender el bilingüismo en el sistema de enseñanza.

Bajo el lema Sociedad bilingüe, escuela bilingüe, el debate estuvo encabezado por el presidente de Convivencia Cívica Catalana, Francisco Caja y la profesora y fundadora de Profesores para el bilingüismo, Carmen Leal. Ambos expresaron su total disconformidad ante el modelo lingüístico catalán y prodigaron la necesidad total de que las escuelas impartan, por igual y teniendo en cuenta la decisión del alumno y sus padres, las lenguas catalana y castellana.

Los argumentos en los que versaba la iniciativa se centraron en diversos ejes no faltos de polémica. Carmen Leal indicó que «una lengua no es una identidad» y añadió, como ejemplo: «Que le digan a un chileno que es argentino o a un peruano que es ecuatoriano a ver cómo le sienta sabiendo que ambos hablan el mismo idioma». Asimismo, y tras asegurar que la inmersión lingüística «no tiene razón de ser», comparó la situación de las escuelas con un «territorio comanche» donde son los propios niños «los que se convierten en los indios de la película».

En otro sentido, Leal añadió que lo único que acarrea el monolingüismo catalán es «un estrepitoso fracaso escolar», ya que no sólo se trata de una educación «impuesta», al no existir una previa elección de la lengua en la que se desea aprender, sino que, además, «incentiva un desconocimiento absoluto del castellano por parte de los catalanoparlantes».

Recordó entonces las palabras del conseller de Educació, Ernest Maragall, en las que indicaba que «en Olot hay niños que no hablan castellano» y detalló una anécdota que originó las carcajadas entre muchos de los asistentes: «Un niño de Olot, con sólo nueve años, se perdió en el Corte Inglés del Paseo de la Castellana en Madrid. El niño, muy asustado, no paraba de llorar intentando encontrar a sus padres. Cuando una joven dependienta se acercó a ayudarle se dio cuenta de que el niño no hablaba en castellano sino algo que ella pensaba que era francés. Finalmente, acabaron entendiéndose en inglés. Todo un caso».

Tras la anécdota, Leal indicó que la imposición del catalán en las escuelas, «no es más que una herramienta de los políticos para incentivar el espíritu nacionalista en los más pequeños e impregnar en su pensamiento las ideologías que persiguen desde el Govern».

Por otro lado, Francisco Caja centró su discurso en la falta de justificación de un modelo escolar que excluye la lengua vehicular del 53% de la población que reside en Cataluña y defendió que los colegios catalanes «no son escuelas de idiomas».

Caja añadió que los castellanoparlantes «son los únicos sometidos a un bautismo de fuego» y que tras haber sufrido numerosos insultos y agresiones, la organización que él mismo preside ha logrado recoger 56.000 firmas en pro de «una educación en castellano para reducir el fracaso escolar».

Sin embargo, son muchos los argumentos contrarios que Convivencia Cívica Catalana ha encontrado a la hora de defender el bilingüismo en las escuelas. Según Caja, «muchos catalanes temen que su lengua desaparezca pero ni Franco pudo acabar con el catalán. Nuestra intención es lograr la convivencia entre ambas lenguas». «A pesar de que numerosas consignas procedentes del poder político impidan una posibilidad de cambio en las escuelas de Cataluña», añade Caja.

El presidente de Convivencia Cívica Catalana aseguró que muchos catalanoparlantes se escudan en el concepto de «espacio vital», en el derecho «a un espacio en exclusiva para los catalanes».Un hecho, que es «sin duda, una total muestra de xenofobia».

ACUSAN AL MINISTERIO DE MANIPULAR INFORMES DEL CONSEJO DE ESTADO
Estudian denunciar los contenidos de Educación para la Ciudadanía por meterse en la formación moral de los alumnos
El portavoz de Profesionales por la Ética, Jaime Urcelay, ha señalado que están estudiando denunciar ante diferentes instancias judiciales españolas y europeas los contenidos de Educación para la Ciudadanía por entrometerse claramente en la formación moral de los alumnos. Para esto, se apoyan en el dictamen del Consejo de Estado que explica que no puede formar parte de los aspectos básicos del sistema educativo la difusión de valores que no estén consagrados en la Constitución. Igualmente, iniciarán contactos con diferentes grupos parlamentarios para llevar al Congreso la manipulación que el Ministerio de Educación de Mercedes Cabrera ha realizado, en dos ocasiones, de un informe del Consejo de Estado sobre esta asignatura.
Libertad Digital 9 Febrero 2007

La asociación Profesionales por la Ética, promotora de la campaña de objeción de conciencia frente a la imposición obligatoria de la asignatura Educación para la Ciudadanía, está estudiando denunciar la ilegalidad de los contenidos de esta materia curricular ante diferentes instituciones e instancias judiciales españolas y europeas.

Según ha informado la propia asociación en boca de Jaime Urcelay, portavoz de Profesionales por la Ética, el dictamen del Consejo de Estado advierte al Gobierno que no puede formar parte de los aspectos básicos del sistema educativo la difusión de valores que no estén consagrados en la Constitución y los contenidos de la asignatura Educación para la Ciudadanía claramente se entrometen en la formación moral de los alumnos. Por tanto, es posible iniciar acciones políticas y legales en defensa de los derechos de los padres en todos los ámbitos posibles.

Asimismo, Profesionales por la Ética iniciará, a partir de este jueves, contactos con diferentes grupos parlamentarios, para llevar al Congreso de los Diputados la gravísima manipulación que el Ministerio de Educación ha realizado, en dos ocasiones, de un dictamen del Consejo de Estado relativo a la asignatura Educación para la Ciudadanía.

Las dos manipulaciones
La primera de ellas, el 21 de diciembre de 2006: El Consejo de Estado, a petición del Ministerio de Educación, aprueba un dictamen sobre el Proyecto de Real Decreto por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria (ESO). En este dictamen, se realizan dos advertencias al Gobierno: la primera, que en la competencia aprender a aprender debe incluirse la aptitud para aprender y escuchar el consejo y orientación de padres y profesores y la sensibilidad para apreciar el ejemplo de estos. La segunda, que a la hora de establecer los contenidos básicos de la asignatura Educación para la Ciudadanía, debe tenerse en cuenta que no puede formar parte de los aspectos básicos del sistema educativo la difusión de valores que no estén consagrados en la propia Constitución o sean presupuesto o corolario indispensables del orden constitucional.

Justo al día siguiente, el Ministerio de Educación se apresura a comunicar que el Consejo de Estado avala la conveniencia y legalidad de la asignatura Educación para la Ciudadanía.

La segunda manipulación, este 5 de febrero de 2007, cuando una vez hecho público el dictamen del Consejo de Estado (al que hasta ahora solo tenía acceso el propio Gobierno), Profesionales por la Ética iniciará denuncia la burda manipulación que del dictamen del Consejo de Estado había realizado el Ministerio de Educación.

Finalmente, el 6 de febrero de 2007, el Ministerio de Educación desmiente que haya manipulado el dictamen del Consejo de Estado volviendo a confundir interesadamente a la opinión pública. Para ello, el comunicado del Ministerio mezcla el contenido de dos dictámenes diferentes e independientes (el 2234/2006, de 23 de Noviembre de 2006, sobre el Decreto de enseñanzas mínimas de Primaria, y el 2521/2006, de 21 de Diciembre de 2006, sobre el Decreto de enseñanzas mínimas de la ESO) como si se tratara de un texto único, tratando así de salvar de manera engañosa las advertencias del Consejo de Estado sobre los contenidos de Educación para la Ciudadanía de la ESO.

Todos los párrafos que cita el comunicado del MEC corresponden al Dictamen sobre Primaria y ninguno al de la ESO; de esta manera el Ministerio de Educación silencia por completo ante la opinión pública la advertencia realizada por el Consejo de Estado en relación con los contenidos de Educación Secundaria Obligatoria.

Violencia
LA IZQUIERDA ORGULLOSA DE PARACUELLOS
La izquierda, en sus diferentes vertientes, sigue sembrando España de actos violentos de todo tipo
Minuto Digital 9 Febrero 2007

El pasado 27 de Enero se celebro el sexto Congreso de Democracia Nacional, formación política liderada por Manuel Canduela, en el Hotel Colón de Madrid.

Durante el mismo, al que acudieron numerosos representantes desde todos los puntos de España, se reeligió a Manuel Canduela como Presidente por cuatro años.

La novedad la pusieron los herederos de Santiago Carrillo, que no dejaron pasar la ocasión para hacer alarde de lo orgullosos que se sienten por aquellos actos tan 'humanitarios' protagonizados por Don Santiago y que costaron cerca de 12.000 vidas.

Llama poderosamente la atención que durante un Congreso político de un partido democrático que se ha caracterizado, entre otras cosas, por asumir posiciones críticas con la investigación del 11 M o que se ha adherido a manifestaciones como las producidas contra la negociación con ETA sufra agresiones de este tipo por elementos incontrolados de la izquierda zapateril que fueron cacheados por la policía y a los que se encontró botes de gases lacrimógenos, cóctel molotov y diverso material para generar disturbios.

VIOLENCIA CONTRA ESTUDIANTES VALENCIANOS
Tres miembros del Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans y del grupo radical Maulets se sentaron ayer en el banquillo de los acusados por presuntas faltas de lesiones y amenazas contra estudiantes del sindicato Estudiantes por la Libertad.

El altercado se produjo en noviembre en la Universitat de València, durante las elecciones al claustro. Los cuatro denunciantes acusan a los tres independentistas de “amenazarles con cortarles el cuello” e incluso de “pegar un puñetazo” a uno de ellos.

SIGUE LA VIOLENCIA EN EL PAÍS VASCO
Cargos electos y militantes del Partido Popular en el País Vasco siguen sufriendo la amenaza terrorista. La última le ha tocado a la edil popular de Sondika nerea Alzola. Cerca de su domicilio se encontraron varias pintadas. En las inscripciones se aprecia el nombre de la edil, así como del partido al que pertenece (PP), dentro de una diana, así como un texto de apoyo a ETA.

El Gobierno catalán desarrolla el Estatuto sin esperar al TC
M. J. C. ABC 9 Febrero 2007

BARCELONA. El desarollo estatutario exigirá una ingente labor legislativa para el Gobierno catalán -en los próximos dos años se deben aprobar quince leyes, reformar otras doce y repasar toda la legislación relacionada con nuevas competencias, derechos y deberes-. Pero el Ejecutivo de José Montilla ha decidido comenzar por las iniciativas más inocuas, como es el caso de la ya aprobada Agencia Tributaria catalana, o más conflictivas, como la creación del Consejo de Garantías Estatutarias.

Éste órgano es una de las piezas claves de la arquitectura estatutaria, concebido como instrumento de blindaje del autogobierno catalán. Por este Consejo pasarán todas los proyectos legislativos estatales y autonómicos para su correspondiente convalidación. Sabedor de que se trata de un elemento básico del desarrollo del Estatuto, Montilla ha preferido no esperar a que el TC se pronuncie y dará prioridad a esa ley. Esta política de hechos consumados permitirá al tripartito interpretar una hipotética impugnación de ese Consejo como un ataque a las instituciones catalanas, con el conseguiente escándalo político.

El siguiente paso en el desarrollo estatutario será la aprobación de la ley del Gobierno, que permitirá regular un cargo inexistente hasta ahora, el de vicepresidente del Gobierno. Una figura que ni siquiera reconoce el Estatuto y que se creó para satisfacer a ERC en el reparto del poder tripartito.

El primer proyecto de ley aprobado por el Consejo Ejecutivo hace referencia a la creación de la Agencia Tributaria de Cataluña, que no deja de ser un cambio nominal, pues Cataluña ya disponía de una dirección general de tributos. El artículo del Estatuto que contempla este órgano también está recurrido ante el TC.

Una última palabra sobre otra palabra: se trata ahora de que Euskadi, la sociedad vasca, cautive a España. Otra palabra de connotaciones positivas. Cautivar: nos coloca en las relaciones amorosas entre varones y hembras. Suena a erotismo, a amor. Pero es preciso recordar que el problema vasco no radica en que como un todo claro y homogéneo debe cautivar a otro todo claro y homogéneo que sería España. El problema radica en la necesidad de reconocer las diferencias propias de la sociedad vasca. Es un problema de reconocimiento interno. La relación con España viene dada precisamente a partir de ese reconocimiento interno. Ése es el problema. Ése el paso debido por el nacionalismo vasco. Lo demás es de nuevo ocultar en palabras bonitas una realidad que no se quiere aceptar.

Montilla contraataca y precipita la creación de un «tribunal constitucional catalán»
MARÍA JESÚS CAÑIZARES. BARCELONA. ABC 9 Febrero 2007

En plena polémica sobre la recusación de uno de los magistrados del Tribunal Constitucional (TC) en vísperas del debate sobre el recurso presentado por el PP contra el Estatuto catalán, la Generalitat ha decidido contraatacar con la inminente aprobación de un proyecto de ley de desarrollo básico del texto estatutario: la ley del Consejo de Garantías Estatutarias, una especie de «tribunal constitucional catalán» que velará por la adecuación a la Constitución y al texto estatutario de las iniciativas legislativas del Estado y del Gobierno autonómico. Según el borrador del anteproyecto de ley, al que ha tenido acceso ABC, está previsto que los dictámenes del Consejo que afectan a derechos y deberes estatutarios sean vinculantes.
Se da la circunstancia de que la creación de este Consejo, que el Estatuto contempla en su artículo 76, es uno de los artículos recurridos por el PP ante el Tribunal Constitucional por considerar que «puede interferirse en el sistema de garantías establecido en la Constitución española en relación a derechos fundamentales».

No obstante, el Gobierno que presidente José Montilla opta por la política de hechos consumados y agilizará la aprobación de esta normativa, que junto a la nueva Ley del Gobierno -que regulará el cargo de vicepresidente de la Generalitat creado a la medida del republicano Josep Lluís Carod-Rovira en base al reparto del poder tripartito- serán las próximas iniciativas legislativas que aprobará el Consejo Ejecutivo para desarrollar el Estatuto. Posteriormente, deberá ser enviado al Parlamento autonómico para su aprobación.

Dictámenes vinculantes
El futuro Consejo de Garantías Estatutarias tiene como punto de referencia el actual Consejo Consultivo, órgano asesor de la Generalitat que dictamina la adecuación de las leyes catalanas y estatales a la Carta Magna. Los dictámenes de este organismo no son vinculantes, por lo que la aplicación del Estatuto obliga a regular una nueva institución adecuada a esos niveles superiores de autogobierno que otorga el texto estatutario. El borrador, que ha sido enviado a los grupos de la oposición, define el Consejo de Garantías Estatutarias como «la institución de la Generalitat creada por el Estatuto de Autonomía que vela por la adecuación al Estatuto y a la Constitución de las disposiciones de la Generalitat». También emite dictamen previo a la interposición de los recursos de inconstitucionalidad por parte del Parlamento o del Gobierno, ante el planteamiento de conflictos de competencia por el Gobierno y ante la interposición ante el TC de los recursos en defensa de la autonomía local».

Los dictámenes del Consejo serán vinculantes -de obligado cumplimiento- en relación a «proyectos y proposiciones de ley del Parlamento de Cataluña que desarrollan o afecten a derechos estatutarios». El Estatuto establece que los derechos y deberes que contempla su Título I serán tutelados por el mencionado Consejo. Entre los mismos destaca el derecho y deber de conocimiento y uso del catalán y del castellano en los ámbitos de la administración, la enseñanza o el comercio, así como el derecho a vivir con dignidad el proceso de la muerte o el derecho de la mujer al libre desarrollo de su personalidad. Estos dos últimos preceptos han sido interpretados como una puerta abierta a la eutanasia y el aborto.

La lista de derechos y deberes es más larga y, según se puso de manifiesto durante los trabajos de reforma estatutaria, algunos de ellos suponen una duplicidad respecto a la Constitución -menores, salud, laboral, vivienda o medio ambiente-. En los casos de dictamen vinculante, el Consejo, una vez admitida la solicitud de informe, emplazará a los grupos parlamentarios que lo hayan pedido y al Gobierno para que en un plazo de diez días, hagan llegar al Consejo sus alegaciones. «La tramitación parlamentaria del texto dictaminado no podrá continuar sin que los preceptos declarados contrarios a la Constitución o al Estatuto hayan sido suprimidos, sustituidos o modificados», según el borrador.
El anteproyecto, elaborado por el Instituto de Estudios Autonómicos -dependiente de la Consejeria de Interior y Relaciones Institucionales que dirige Saura- destaca la independencia del Consejo de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, así como su autonomía orgánica, funcional y presupuestaria. Está integrado por nueve miembros, nombrados por el presidente de la Generalitat, «seis a propuesta del Parlamento por mayoría de tres quintas partes de los diputados y tres a propuesta del Ejecutivo».

«Condición de catalán»
Uno de los seis miembros propuestos por la Cámara catalana lo será a partir de una terna presentada por el Consejo de Gobiernos locales. Los miembros del Consejo deben «ser juristas de reconocida competencia con más de quince años de experiencia profesional y tener la condición política de catalán». Por esa condición, regulada en el Estatuto, se entiende los ciudadanos españoles que tienen vecindad administrativa en Cataluña y los españoles residentes en el extranjero que han tenido en Cataluña la última vecindad administrativa.

Los miembros del Consejo son nombrados por un periodo de nueve años sin posibilidad de reelección. El Consejo se renueva por tercios cada tres años. Sus integrantes eligen en votación secreta y por mayoría absoluta al presidente del Consejo. Si ningún candidato obtiene esa mayoría, se repetirá la elección entre los dos miembros más votados. Si hay nuevo empate, se elegirá al más antiguo y, en caso de igualdad, al de más edad. Se prevé la figura de un vicepresidencia y de un secretario.

Incompatibilidades
La condición de miembro del Consejo de Garantías Estatutarias «es incompatible con cualquier mandato representativo, con cargos políticos o administrativos, con el ejercicio de un cargo al servicio de un partido político, de un sindicato o de una asociación empresarial, con el ejercicio de las carrereas judicial y fiscal, y con cualquier actividad profesional o mercantil relacionada con materias que puedan ser objeto de dictamen por parte del Consejo, con la única excepción de la docencia y la investigación universitaria en los términos previstos en la ley de incompatibilidades del personal al servicio de la Generalitat.

El borrador contempla la derogación de la Ley del Consejo Consultivo de 1981 y el artículo tercero de la ley 14/2005, que permitía la libre revocación de los altos cargos de nombramiento parlamentario por la misma mayoría que los había nombrado, lo que «contradice la necesaria garantía de independencia de los miembros de forman parte de las instituciones afectadas».

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