AGLI

Recortes de Prensa    Sábado 10 Febrero   2007
El viejo futuro de una España indispuesta
POR VALENTÍ PUIG ABC 10 Febrero 2007

DEL 11-M al atentado de la Terminal-4 algo ha estado alterando el tono de la vida pública española y aunque, fuese indefinible, lo que se constata es que su efecto es como una herrumbre muy preliminar, como una sorda incitación a procesos -aún remotos y ciertamente remediables- de deterioro y discordia. Sobreviene en un período de crecimiento económico ininterrumpido. Si en aspectos desventurados sintoniza con otros procesos en la vida europea, su naturaleza es más bien autóctona y deriva de los males de la patria. España aparece como indispuesta consigo misma y la causa es ETA. ETA querría someternos a la tiniebla de un zulo.

Si hasta ahora la sociedad española se indisponía frontalmente con el terrorismo de ETA, ahora ETA -desde su estadio de mayor debilidad- ha conseguido en parte que las diversas posiciones que suscita se vean indispuestas unas con otras en una intensidad hasta ahora prácticamente desconocida. Cierto es que ante ETA tenemos incluso el derecho a estar desunidos, tenemos derecho a todos los derechos, a partir del fundamental derecho a la vida, pero como ciudadanía respondemos a la vez a un criterio de responsabilidad y deber. En el ejercicio de tal deber y responsabilidad se diría que la política -las políticas- nos han confundido, aunque fuese con la mejor de las intenciones. Hablamos de política en el sentido en que los españoles llevan haciendo política -cuando han podido- desde las Cortes de Cádiz.

Es en fases como la actual cuando se agranda la existencia de cualquier elemento disfuncional en el sistema político. Es como la veta espuria en una viga destinada a sostener el peso estructural de una construcción humana, como son las instituciones que un pueblo configura de forma soberana y el conjunto de normas de comportamiento que permiten hablar de «civitas». Vivimos actualmente indicios de una errática flaqueza de la vitalidad pública. Si esta ha de sustentarse en la articulación de la opinión pública, la española peca precisamente de volátil, de receptiva a influencias tan transitorias como pegadizas, de mimetismos por inmersión cuando no de las añejas tradiciones de la bronca y el trágala. Es una opinión pública endeble, tornadiza, más apegada a lo aparente que al arraigo reflexivo. Incluso en la ancha geografía de las clases medias el agitado centrífugo de la opinión pública tiene efectos muy inmediatos, turbadores y tan ajenos una vez más al entusiasmo constructivo que orteguianamente se define como un estado de ánimo en que se unen inseparablemente la alegría de proyectar y la seriedad del hacer. Muy al contrario, opinamos livianamente sobre lo que es serio y aplicamos una obtusa gravedad a lo que es banal.

A consecuencia de los errores y ambivalencias en el llamado proceso de paz, el nuevo estado de indisposición coincide con las más recientes inflexiones en el modelo de Estado, como ha sido el Estatuto de autonomía catalán. Es un rasgo manifiesto que, en sus vertientes más truculentas y periféricas, el particularismo es aliado del presidente Rodríguez Zapatero. El gran pacto vital de la Transición cedía generosamente ante las opciones particularistas a cambio de lealtad, en la medida en que eso podía significar convivir y no exclusión. No fue otra la inspiración en el redactado constitucional pero más de un cuarto siglo después el particularismo persiste, ETA mata y asoma una España indispuesta consigo misma.

Si los protagonistas de la generación del 98 detestaban la Restauración alfonsina, ahora ocurre que desde una complexión intelectual fácilmente descriptible -e incomparable con la del 98- la promoción de Rodríguez Zapatero detesta la Transición. Así se explicaría el apego tan relativo del zapaterismo a la propia Constitución de 1978 como fundación de algo, de una andadura histórica, de una concordia excepcional encarnada en la Corona. Del mismo modo que los nacionalistas atribuyen a la Carta Magna un contexto fáctico que la forzó a ser lo que es y que por tanto no merece sino un «lifting» periódico, se diría que Zapatero ve el texto constitucional de 1978 condicionado por las circunstancias negativas de una transición democrática que -según esa versión- obligaba a la memoria histórica a encerrarse en el armario, disimulaba fosas y favorecía a los malos frente a los buenos.

La alternancia política, el pluralismo y el noble afán de resolver los males de la patria permiten incluso que frente al terrorismo de ETA, de un gobierno a otro, se formulen estrategias que puedan llegar a ser contrapuestas, como se va viendo al comparar lo que hicieron los gobiernos de Aznar y lo que pretende Rodríguez Zapatero. Aún así, por lo que se va sabiendo, el «diálogo» propugnado y cercenado en la Terminal-4 sobrepasa la medida en que un Estado de derecho puede aventurarse en confines tan inexplorados. Una y otra vez, todas las tentativas llevan a una certidumbre poco original: estrategias de este fuste sólo pueden arbitrarse desde el entendimiento entre los dos grandes partidos. Frente a políticas y lideratos en busca de beneficios políticos a corto plazo, la práctica política que busca soluciones contrastables merece un regreso.
La España indispuesta es un viejo futuro cuando lo imprescindible para dar pasos hacia delante es la claridad en los objetivos, la visión de lo por venir. No es casual la pérdida de credibilidad en la escena internacional. Entre otras cosas, las iniciativas laicistas de Rodríguez Zapatero han restado sosiego al discurso de los valores en la vida pública española. Una política inmigratoria incierta no aleja la eventualidad de nuevos populismos en el voto municipal, con ecos de política de masas. La espesura partitocrática opaca los debates que serían propios de una sociedad civil. Desazona suponer que hemos entrado en tal etapa de suspicacias que la polarización política pueda esclerotizar el ejercicio de la ciudadanía.

El futuro que conviene es muy distinto a la suspicacia. Es el futuro de la sociedad del conocimiento, de incremento riguroso del I+D, de estabilidad institucional, interacción económica, política exterior sin funambulismo, ciber-riqueza, afianzamiento de la nueva cultura empresarial, enseñanza de calidad, inteligencia superadora. Para superar el invierno del descontento, ahondar en las virtudes cívicas no es lo mismo que jugar a la oca y tiro porque me toca. España está en el punto en que -como predijo Daniel Bell- el consumismo, el hedonismo y la permisividad que son fruto indirecto del capitalismo pueden erosionar las virtudes que lo han hecho alcanzable, como el esfuerzo, el ahorro, el afán de superación. El futuro de verdad es la España que quiere ser competitiva y sentirse a gusto consigo misma.

El PNV secunda la estrategia de ETA
Editorial ABC 10 Febrero 2007

LOS partidos que componen el gobierno vasco (Partido Nacionalista Vasco, Eusko Alkartasuna e Izquierda Unida) dieron ayer a ETA una cobertura de baja intensidad, y a la medida de sus intereses políticos, al apoyar dos iniciativas claramente orientadas a deslegitimar al Estado de Derecho. No puede decirse, siquiera, que se tratara de un mal menor, aunque la Cámara rechazara previamente una propuesta del Partido Comunista de las Tierras Vascas para pedir la excarcelación de De Juana Chaos. En su lugar, los grupos que apoyan al lendakari Ibarretxe optaron por condenar la «construcción de imputaciones» contra el etarra en huelga de hambre y por denunciar la «desproporción» de la condena que le fue impuesta por escribir dos artículos que la Audiencia Nacional consideró constitutivos de un delito de amenazas.

El nacionalismo vuelve así a ocupar ese espacio colindante al de ETA y a demostrar que sigue sin apoyar al Estado en la lucha contra el terrorismo etarra, en una equidistancia tan falsa, porque ayuda a ETA, como dañina, porque hay quien se la cree. Los grupos del tripartito no sólo deslegitimaron la sentencia de condena -que la próxima semana será revisada por la Sala Segunda del Tribunal Supremo- sino que, además, pusieron bajo sospecha a todo sistema judicial y policial español, al solicitar una reforma de la ley de Enjuiciamiento Criminal que suprima la incomunicación de los detenidos y prevea la instalación de cámaras en los calabozos para evitar la comisión de torturas. Esta propuesta encierra, obviamente, un espaldarazo a la estrategia etarra consistente, según su «manual de instrucciones», en denunciar sistemáticamente malos tratos para perjudicar la imagen de la Policía y la justicia españolas y lograr un efecto propagandístico de persecución política.

Sin embargo, esta mano que han echado los nacionalistas a ETA ha llegado en mal momento, por dos razones. La primera, porque Amnistía Internacional se ha negado a amparar a De Juana Chaos, dado que su estado físico es consecuencia de una huelga de hambre, por tanto, de una decisión voluntaria. La segunda, porque los sindicatos policiales han denunciado el trato privilegiado que está recibiendo De Juana Chaos -cuya fotografía en la cama del hospital fue tomada por sus abogados, como adelanta hoy en exclusiva ABC-, a pesar de ser un preso preventivo (con condena no firme) que debería estar sometido, teóricamente, a las mismas restricciones que los demás reclusos.

El Gobierno debería tomar buena nota de que un etarra con veinticinco asesinatos en la espalda se haya convertido en centro de la atención política. Y en gran parte esto se debe al cúmulo de declaraciones impertinentes y erróneas, alguna del propio presidente del Gobierno, sobre el apoyo de este terrorista al proceso de negociación y, en general, al papel de los jueces en el posible «final dialogado» de la violencia. Ese protagonismo, absolutamente contraproducente, está siendo aprovechado por ETA y Batasuna para generar un debate que, al final, cuestiona la legitimidad del sistema judicial y de la respuesta penal al terrorismo. Por otro lado, Rodríguez Zapatero vuelve a tener otra prueba más de que el PNV, a quien quiere convertir en socio de referencia de su nuevo -e ignoto- pacto antiterrorista, siempre se decanta por apoyar las estrategias propagandistas del nacionalismo más radical, aun cuando las traduzca al lenguaje o a las formas que más le benefician políticamente y tomen una apariencia aceptable, que es puramente una simulación.

El PNV no apoyó la excarcelación de De Juana, pero sí unas propuestas aún más dañinas para el sistema legal y judicial, porque atacan la legitimidad de la condena al etarra y el respeto policial a las garantías de los detenidos. Al menos, esta ofensiva nacionalista contra el Estado de Derecho permitió a socialistas y populares vascos unir sus votos para apoyar la acción judicial y el ordenamiento jurídico. La realidad acaba poniendo a cada cual en su sitio, y la realidad vasca sigue haciendo que a populares y socialistas del País Vasco todavía les unen más cosas que aquellas que les separan. De la misma manera que a PNV y a Batasuna les unen muchas más cosas que las que los diferencian.

De Juana Chaos
Prisión de cinco estrellas
Ignacio Villa Libertad Digital 10 Febrero 2007

El próximo lunes el Tribunal Supremo va a decidir sobre el futuro carcelario del etarra De Juana Chaos. La pena que va a considerar si mantiene o suspende es de doce años y siete meses, y es la consecuencia a dos de sus artículos publicados en el diario Gara, en los que este asesino en serie realizaba diversas amenazas que, habida cuenta de su historial, no tienen la misma gravedad que si las hiciéramos usted o yo La reunión es plenaria y a puerta cerrada y puede significar un punto de inflexión en esta nueva entrega del proceso de rendición.

La posibilidad de que la condena del terrorista se vea reducida no es la única clave que nos reserva la semana que viene. También tomará posesión el nuevo ministro de Justicia, Martínez Bermejo. Ambos eventos pueden servir al Gobierno para enviar a la banda terrorista ETA el mensaje de que están haciendo todo lo que pueden para suavizar la reacción del Estado de Derecho ante sus crímenes. El que también envíen una misiva de desprecio al Partido Popular y a las víctimas del terrorismo no es algo que vaya a preocuparles lo más mínimo. El Ejecutivo intenta recuperar terreno y volver a establecer contactos con los terroristas, en un desesperado regreso a la situación del 29 de diciembre, esa que Zapatero evaluaba que iba a desembocar en que estuviéramos todos "mucho mejor", un día antes del tremendo atentado de Barajas.

El interés del Gobierno por el bienestar del sanguinario asesino etarra se confirma al conocer las condiciones en las que De Juana Chaos lleva a cabo su huelga de hambre. Resulta que es un enfermo de lujo en el hospital donde está internado; puede escuchar CDs y ver la televisión y películas en DVD, algo que, como todo el mundo sabe, no es precisamente la norma en los hospitales públicos españoles. Recibe visitas de forma abierta, su compañera sentimental le acompaña largas jornadas en la habitación, pasea por el pasillo desde donde utiliza una cabina de teléfono y circula con máxima libertad por el espacio que le está asignado. El dramatismo de las imágenes en las que aparece postrado en la cama no es real: sólo se acuesta para recibir por la fuerza su alimentación y en ningún caso su situación es límite. En definitiva, De Juana Chaos no tiene por qué privarse de nada en su situación de preso de cinco estrellas.

El Gobierno no sólo ha perdido el control de la situación, que nunca estuvo en sus manos, sino incluso la ilusión de tenerlo. Zapatero ha sucumbido a la maquinaria de propaganda de la banda terrorista ETA. Son ellos los que hacen y deshacen, los que mandan y los que marcan los tiempos. El espectáculo de ETA chuleándose de toda España desde la prensa de medio mundo con las fotografías a De Juana Chaos que, según los sindicatos policiales, fueron tomadas gracias al Gobierno, es una vergüenza que demuestra la posición humillante en que Zapatero y los suyos han colocado al Estado de Derecho.

El lunes se puede consumar el esperpento. Si De Juana Chaos recibe un trato favorable, volveremos a deslizarnos a toda velocidad por el tobogán de la rendición. Esta vez con un ministro de Justicia dispuesto a hacer todo el trabajo sucio que haga falta para favorecer los planes de Zapatero. Lo peor está por llegar.

El Estatuto en el Constitucional
Instituciones, ¿qué instituciones?
José María Marco Libertad Digital 10 Febrero 2007

En Estados Unidos el Tribunal Supremo, más o menos equivalente al Constitucional español, está compuesto por nueve jueces. Los nombra –de por vida– el presidente, con la necesaria aprobación del Senado. Nadie duda que sea un tribunal político. De hecho, las sentencias son discutidas con ferocidad. Antes y después de ser promulgadas. Para argumentar un caso, cualquiera puede enviar al Tribunal un amicus curiae, es decir un informe en el que expone su opinión razonada. Ha habido años en que individuos y organizaciones han remitido más de tres mil de estos informes. La famosa sentencia que legalizó el aborto en 1973 sigue siendo objeto de un debate a veces brutal, sin tregua. Eso sí, a nadie se le ocurre en Estados Unidos amenazar con no cumplir una sentencia del Tribunal Supremo. Sería tanto como un suicidio cívico y político. El prestigio del Tribunal es tal, por otra parte, que resulta inconcebible que un juez dimita como no sea por razones de salud o de edad.

En España, el nombramiento de los jueces del Tribunal Constitucional está pensado para evitar el sesgo político. Son doce, y de ellos cuatro los nombra el Congreso, cuatro el Senado, dos el Poder Judicial y dos el Gobierno. Excepto en este último caso, se necesitan mayorías de tres quintos para el nombramiento. La duración en el cargo es de nueve años. El farragoso sistema no ha evitado, como era previsible, la politización del Tribunal.

Pero tampoco ha evitado su descrédito. La puntilla se la está dando, en estos mismos momentos, el propio Tribunal. Hay quien dice que muchos expertos, en principio neutrales, afirman que no había motivo para la recusación de Pérez Tremps. Lo hacen, por lo visto, en privado. Yo no he leído todavía un argumento consistente que respalde esta tesis. La verdad, me gustaría conocerlo.

En cualquier caso, y en vista de su historial, no habría estado de más que Pérez Tremps se hubiera ofrecido a abstenerse en la discusión del Estatuto de Cataluña. Que Fernández de la Vega ande ya justificando su sustitución por otro magistrado nombrado por el Gobierno, como el propio Pérez Tremps, señala bien a las claras la idea que este Gobierno tiene del Tribunal Constitucional: un instrumento a su servicio. Si Pérez Tremps dimite, sabremos que al menos uno de los jueces piensa lo mismo. Y si los demás no dimiten inmediatamente ante una maniobra tan burda, sabremos que la consideran aceptable. La crisis definitiva, por tanto, puede estar a punto de abrirse.

La opinión que el Gobierno tiene del Tribunal Constitucional es compartida por Carod Rovira, Montilla y la diputada del PSC. Según la misma, una sentencia que rectifique el Estatuto supondría la caída del Gobierno. En todos estos casos, está claro quién está utilizando el Tribunal, y para qué: los aliados del Gobierno socialista, el gobierno de la Generalidad y ese partido independiente, y a punto de declararse independentista, que es el PSC. Todos contra el "Gobierno de Madrid".

Ningún procedimiento de elección, por complicado que sea, podrá nunca sustituir la voluntad de respetar las instituciones. Ya sé lo que estarán pensando: ¿pero de qué instituciones está hablando este hombre? Pues eso.

El Estado de Derecho presionado, y el Tribunal Constitucional, tocado
Enrique de Diego elsemanaldigital 10 Febrero 2007

El Estado de Derecho resiste a duras penas a la intensa presión a la que está siendo sometido desde instancias gubernamentales. La Justicia es el primer objetivo del Gobierno.

10 de febrero de 2007. Es uno de los hechos más graves y consecuencia directa de la estrategia de cesión a los nacionalistas y de negociación con ETA que se han convertido en el sentido de la vida política de José Luis Rodríguez Zapatero.

En estos momentos, el Tribunal Constitucional se encuentra tocado en su credibilidad. Por de pronto, el magistrado Pablo Pérez Tremps debía haber anunciado, por libre voluntad, su decisión de inhibirse en la votación del Estatuto de Cataluña –un texto que refrendó una ínfima minoría de catalanes- evitando el haber tenido que ser recusado. Por supuesto, que la recusación estaba por completo justificada, pues va de suyo que era juez y parte, pues había asesorado, además de manera retribuida, en la elaboración del Estatuto, tal y como, de hecho, refleja el contrato que firmó con el Instituto de Estudios Autonómicos de la Generalitat catalana.

Ahora mismo, la situación no puede ser más kafkiana. Si Pérez Tremps opta por presentar la dimisión, como podría marcar cierto sentido de la decencia, nos encontraríamos que se trataría de un juez ad casum y lo que quedaría es que fue nombrado precisamente por la seguridad de su voto a favor del Estatuto y por ningún otro criterio, como el reconocido prestigio o la independencia.

No deja de ser lacerante que, de manera constante, y seguramente acertada, los medios de comunicación especulen sobre la orientación del voto de cada magistrado, como si se tratara de un juego de sumas y restas, directamente ligado al partido político que apostó por el nombramiento de cada magistrado. Resulta cuanto menos complicado mantener la confianza en las instituciones.

Tampoco anima mucho que para el puesto de ministro de Justicia se nombre a un fiscal de tan clara militancia partidaria, hasta niveles de sectarismo, como Mariano Fernández Bermejo. Todo indica que el amigo de Cándido Conde-Pumpido viene con la inconfesable misión de legalizar, a cualquier precio, a Batasuna, de modo que pueda concurrir en los próximos comicios.

Zapatero está llegando demasiado lejos en este nihilismo entre light e irresponsable, pero ciertamente destructivo, que está afectando al propio andamiaje del Estado de Derecho. Y no se olvide que una nación moderna no es otra cosa que un Estado de Derecho. La conclusión cae por su propio peso: se está intentando destruir la nación, y ello desde La Moncloa.

45 catedráticos constitucionalistas mienten en un manifiesto en apoyo de Tremps.
Antonio Javier Vicente Gil Periodista Digital 10 Febrero 2007

Después de lo que he visto en este país, el gremio de catedráticos y profesores de derecho constitucional no solo no es santo de mi devoción sino que estoy convencido de que es un grupo de personas para las que la cuadratura del círculo no plantea el más mínimo problema. Se les ve a la legua que emiten opiniones dictadas por los intereses que les interesan. En este caso 45 catedráticos de los que uno supone que saben de lo suyo emiten un manifiesto recogido por El País, como no, en el que hacen una feroz defensa corporativa de lo suyo obviando la realidad, bueno mejor, adaptando la realidad a sus deseos, o como dicen en mi pueblo, mintiendo.

Hace un tiempo, 5 de esos súper sabios, fueron requeridos por El País para que dijesen que no había problema alguno en legalizar a ETA Batasuna, y los cinco, saltándose olímpicamente lo que dice la Ley de Partidos llegarón a la conclusión de que era legalmente factible esa legalización. La Ley de Partidos dice textualmente que se considerará un fraude de ley y no será registrado todo partido político que “que pretenda continuar o suceder la actividad de otro declarado ilegal y disuelto”. Pues todos esos cinco expertos reconocían que se trataba de legalizar a ETA Batasuna, la disuelta e ilegalizada, pero a pesar de eso no veían nada en la ley que lo impidiese.

Con esto quiero decir que a mi personalmente lo que digan catedráticos y expertos en derecho constitucional, per se, no es algo con lo que uno deba comulgar, sino que como cualquier otra cosa hay que analizarlo, y si se analiza el manifiesto del que hablamos se ven cosas la mar de curiosas y falsas.

Digamos que los hechos son simples, facilitos de entender y dan muy poco más de si, son estos:

1.- Pérez Tremps firmó el 8 de marzo de 2004 un contrato con la Generalidad para la elaboración de un estudio sobre las relaciones exteriores de Cataluña para analizar la viabilidad constitucional de determinadas propuestas planteadas por la propia Generalidad para el Estatuto. Dicho encargo fue realizado por Tremps quedando parte de su dictamen incluido en el Estatuto catalán

2.- La causa 13 para poder ser recusado que figura en el artículo 219 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, dice, "haber ocupado cargo público, desempeñado empleo o ejercido profesión con ocasión de los cuales haya participado directa o indirectamente en el asunto objeto del pleito o causa o en otro relacionado con el mismo".

3.- El Tribunal Constitucional aceptó la recusación de Tremps basándose precisamente en esa causa 13 del artículo 219 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

En el manifiesto de los 45 que dicen saber de cosas constitucionales se dice:

Creemos que la decisión adoptada no puede dejar de producir cierta perplejidad y merece ser objeto de una reflexión crítica, porque, de aplicarse generalizadamente el criterio en que se sustenta, se restringiría gravemente la libertad de producción científica y de investigación que la Constitución consagra, y acabaría por generarse una composición de nuestro Tribunal Constitucional inadecuada a la exigencia constitucional de que todos sus miembros, sean "juristas de reconocida competencia"

Comienzan a realizar el gran embolique, confundir un trabajo encargado ex profeso por una de las partes de un futuro juicio con lo que pomposamente llaman producción científica y de investigación, es decir, libros y artículos que estos sesudos señores puedan pergeñar y publicar.

Para un buen jurista, y con mayor razón para un profesor de Derecho Constitucional, esa reconocida competencia se traduce en que sus opiniones, elaboradas con adecuadas dosis de información y distanciamiento, se vean reflejadas no sólo en la doctrina, sino también en la jurisprudencia de los tribunales. El grado máximo de reconocimiento radica precisamente en que un legislador democrático adopte libremente esas tesis, largamente expresadas con paciencia en textos académicos, y las convierta en leyes.

Siguen sacando los pies del tiesto forzando su intento de hacernos creer que Pérez Tremps lo único que hico fue publicar una opinión técnica en un momento dado resultado de sus investigaciones científicas y que posteriormente y como quien no quiere la cosa la Generalidad la tomó y la utilizó, siendo el tal Tremps solo una “fuente de autoridad”, se olvidan a lo largo de todo el manifiesto que no es el caso, que la Generalidad contrató a Tremps para que les hiciese un trabajito concreto para colocar su resultado en un lugar concreto de un estatuto concreto y recibió por ello 6000 euros concretos.

Cuando unos pícaros, por muy catedráticos que sean, se las quieren dar de santos mientras nos la dan con queso, la verdad es que mueven a la risa.

Esto es precisamente lo que ha ocurrido en el caso del Magistrado Pérez Tremps. Su forma de entender la actividad exterior de las Comunidades Autónomas como profesor -durante muchos años- ha influido, junto a los trabajos de otros expertos, en la configuración de las relaciones exteriores que figura en el Estatuto de Autonomía de Cataluña -que es sólo una pequeña parte del mismo- y, a causa de ello, ha visto prosperar ahora, sorprendentemente, la recusación presentada. Se trata, en definitiva, de la expresión de criterios científicos, expuestos con anterioridad a la propuesta de Estatuto y a su condición de Magistrado Constitucional.

Ahí ya tienen las mentiras, cuando dicen que “esto es precisamente lo que ha ocurrido en el caso del Magistrado Pérez Tremps” se refieren al párrafo anterior donde se habla de que “Se trata, en definitiva, de la expresión de criterios científicos, expuestos con anterioridad a la propuesta de estatuto”.

Mienten y por partida doble, mienten al decir que Tremps solo expresó criterios científicos, cuando en realidad estaba haciendo un trabajo encargado por la Generalidad y por el que cobró. Y mienten al decir que fueron expuestos con anterioridad a la propuesta de estatuto, como queriendo decir que si a un arquitecto le encargan el diseño de un ático y lo hace antes de que la estructura del edificio esté terminada solo por eso no ha participado en la construcción del edificio. El 8 de marzo de 2004 había una propuesta o borrador de estatuto en la que participó el recusado. Los firmantes al parecer no han leído el contrato de Tremps con Joan Saura, aunque personalmente creo que si lo han leído pero se lo pasan por el forro de sus conocimientos constitucionales.

Vuelven a mentir al decir

Si admitiéramos la corrección del razonamiento en el que la coyuntural mayoría del Tribunal Constitucional se apoya para recusar al profesor Pérez Tremps, no solo se estaría causando un daño inmediato a la libertad de investigación científica.

En su manifiesto no dicen por ningún lugar que hubo un contrato, y que hubo un encargo, que no fue una investigación científica que Tremps realizó y publicó en una revista del ramo y que posteriormente fue utilizado por quieres redactaron el borrador de Estatuto, esa es la mentira que deslizan a lo largo de todo el manifiesto, señores, hubo un encargo concreto sobre unas cuestiones concretas para que un técnico dijese que cosas se podían hacer que colasen en la constitución respecto a la política exterior catalana.

El manifiesto termina con un canto al dejar actuar libremente al tribunal, eso después de ponerlos de chupa de dómine.

Para que dicho órgano pueda cumplir sus funciones, consideramos imprescindible salvaguardar su independencia y la de sus miembros de cualquier mediación ajena a la función técnica que constitucionalmente les corresponde: dejarles actuar a todos con suficientes dosis de tranquilidad y estudio

Después de darle caña y de la buena al Constitucional nos dicen que se les deje actuar con tranquilidad y estudio. ¡Toma del frasco Carrasco!

Que un simple agente censal jubilado como yo tenga que enmendarles la plana a 45 catedráticos constitucionalistas mendaces solo es un signo de los tiempos, donde el ¿quién me lo iba a decir a mí?, está cada día más a la orden del día.

NOTA: hoy comienza mi cuarto día en huelga de hambre en defensa del derecho del asesino de Juana Chaos a llevar a término libremente y según su deseo la suya.

Nuevo libro de Félix Ovejero:
" Contra Cromagnon. Nacionalismo, ciudadanía, democracia "
Email Asociación Tolerancia  10 Febrero 2007

La relación de una parte de la izquierda española con el nacionalismo es enigmática. A la vez que se declara no nacionalista, defiende todo lo que los nacionalistas defienden. La implicación se impone: o bien los nacionalistas no son nacionalistas o bien la izquierda es nacionalista. La primera posibilidad resulta improbable. La segunda nos deja a las puertas de una pregunta: ¿puede ser nacionalista la izquierda? La izquierda no parece haber comprendido que la obligación de defender el derecho de cualquiera a expresar sus puntos de vista no la obliga a defender tales puntos de vista . Una vez garantizado que cada cual puede contar lo que quiera, empieza la crítica política. Eso es verdad con el nacionalismo como con la Iglesia. Si la crítica no se produce, la pregunta acerca de si la izquierda puede ser nacionalista nos deja ahora en el umbral de otra: ¿Es la izquierda nacionalista izquierda?

Poema que encabezan el libro:

Pequeña vanidad

Pequeña vanidad
Que habita en mi barriga,
Ombligo de todo lo que digo
Cuando estoy concentrada
En mi propia sonrisa

Pequeña vanidad
Que se alimenta
De sueños caprichosos,
Y anhela ser nación
En la sencilla patria
De mi cuerpo

Pequeña vanidad
que se equivoca
al tratar de vestirse
con mi ropa.

Al querer escribir
Su nombre con mi epitafio,
Y borrar de la tierra
Mi diminuto rastro

Ana Merino

No se puede financiar con dinero público a quien ha insultado a España
Editorial Elsemanaldigital 10 Febrero 2007

La decisión de los ayuntamientos socialistas madrileños de Alcorcón, Pinto y Getafe de programar la obra "Lorca somos todos", del actor catalán José Rubianes, ha desatado una oleada de indignación perfectamente comprensible. En el ánimo de muchos españoles, los gravísimos insultos contra España proferidos por Rubianes hace un año en la televisión pública catalana no han sido olvidados, sobre todo porque éste no se ha retractado de forma clara ni ha perdido perdón por una ofensa que le ha llevado merecidamente ante los tribunales.

Esto no es un problema de libertad de expresión. En ningún sitio se admite que la libertad de expresión cubra las injurias, ni contra las personas, ni mucho menos contra todo un país. Por eso la reacción de solidaridad con el actor catalán protagonizada en su momento por personas afínes al PSOE, bajo el lema "Rubianes somos todos", sólo se puede calificar de desafortunada; habría que preguntarse si significa que esas personas sienten el mismo odio por su propio país que aquél exteriorizó, o si es que entienden tolerables unas declaraciones como las que hizo.

Hemos asistido esta misma semana a una polémica, que en otros países probablemente sería considerada grotesca, sobre la utilización de los símbolos nacionales –bandera e himno- en actos públicos celebrados por particulares. La única conclusión a la que se llega uniendo la marcada aversión que produce para cierta izquierda la presencia en la calle de esos símbolos con la atracción que en cambio muestra por personajes como Rubianes es que padece algún problema grave de identificación con los normales sentimientos de amor por su país que experimenta cualquier ciudadano de cualquier sociedad de nuestro entorno, y sin los cuales es imposible el funcionamiento del sistema democrático.

Tampoco se debería confundir la excentricidad o el nadar contra corriente que suele reconocerse como privilegio de los artistas con lo que ha hecho Rubianes. No es casualidad que sus groseras palabras no se dirigieran contra alguna de las nacionalidades históricas que despiertan tendencias nacionalistas en una parte de la población, con la simpatía y compresión de la misma izquierda no puede soportar la presencia de los símbolos nacionales en la calle.

Al final, el caso que nos ocupa plantea una vez más el problema de la politización sectaria a que están sometidas la mayoría de las manifestaciones artísticas en nuestro país. La combinación de un sector mantenido de manera casi exclusiva con subvenciones públicas con el predominio de una versión de lo políticamente correcto demasiado sesgada en una determinada dirección ideológica es lo que explica que una persona como José Rubianes se pueda seguir beneficiando del favor de las instituciones públicas. Sin embargo, hay mucha gente que ya no está dispuesta a seguir contemplando en silencio esta situación.

GALLEGO ANTES QUE ESPAÑOL
ROBERTO ROMEO SIERRA  CARTAS AL DIRECTOR lavozdegalicia 10 Febrero 2007

La Conselleira de Educación intenta consensuar entre los tres partidos políticos de Galicia, una orden demencial, cuya finalidad es enseñar a los escolares a escribir en gallego antes que en español, con el apoyo, ¡faltaría más!, del BNG, pese a que este partido nacionalista estima que no es suficiente para erradicar el español, perdón, quiero decir para fomentar el uso de la lengua autóctona.

Esto es, una vuelta de tuerca más para la imposición antidemocrática de la lengua gallega, a los más tiernos infantes con el español como lengua materna. Es un auténtico abuso de corte dictatorial y totalitario, al servicio exclusivamente de los planes de futuro que tienen los nacionalistas separatistas y antiespañoles. Parece que esta señora Conselleira no se entera, más bien, no quiere enterarse, de la repulsa generalizada en Galicia, a la imposición de la lengua gallega desde que empezaron a hacerla y ya roza la provocación este nuevo delirio.

Resulta que la lengua española tiene 425 millones de hablantes en todo el mundo, con unos fondos bibliográficos y documentales inmensos, mientras que el gallego tiene un 1,5 millones de hablantes y una bibliografía exigua, fundamentalmente, sólo literaria. Mientras la primera goza de excelente salud y cada día aumenta el número de hablantes, la segunda no hace más que perderlos, lo que no es de extrañar, porque las imposiciones arbitrarias y antidemocráticas no son aceptadas por las personas que tenemos una cierta estima por la libertad y no toleramos que un gobierno xunteiro nos venga a decir como tenemos que hablar, así como nuestros hijos. El lenguaje es de enorme importancia en la formación del cerebro y se sabe que el latín, por ejemplo, es una lengua que genera estructuras mentales de raciocinio y buena cognición, con el añadido de ser el origen del español y del gallego. Además, según Jacques Lacan, el lenguaje es el Inconsciente. Si esto es así, posiblemente a un niño que desde que nació sólo escuchó el español, empezar a escribir (simbolizar) en una lengua distinta no parece que vaya a resultar positivo en la actualidad, y sí peligroso. Habría que escuchar la opinión de los psicoanalistas lacanianos y por descontado, la de los padres gallegos. Además, los experimentos deben hacerse con gaseosa y no con nuestro hijos.

En cualquier caso, es un abuso antidemocrático lo que pretende esa Conselleira, al que se suma esa persecución y amenazas a profesores que imparten la asignatura de lengua española. Por si fuera poco, estas pretensiones, que respalda la Xunta, chocan frontalmente con la Constitución Española de 1.978, consensuada entonces por todos los representantes de los españoles. Y que no me venga esta señora conque la Ley de Normalización Lingüística fue aprobada por unanimidad de los partidos políticos gallegos en su día, porque me da la risa pensar en esas unanimidades en aquellos momentos de la Transición, cuando además, esta ley es injusta y manifiestamente anticonstitucional. Todavía recuerdo que el Tribunal Constitucional eliminó el artículo en el que pretendían hacer obligatorio el gallego, lo que provocó una gran manifestación en Santiago de Compostela, bien organizada por los nacionalistas, el PP galeguista vergonzante, un PSG estilo Touriño y unos cuantos galeguistas desnortados que no sabían realmente a quien le estaban haciendo el juego. Como puede comprobarse, a pesar de su inconstitucionalidad manifiesta, el nacionalismo independentista insiste en volver a declarar la obligatoriedad de conocer el gallego en el nuevo Estatuto, a ver si cuela esta vez, con el apoyo del compañero de viaje del bipartito. Menos mal que el Sr. Feijóo, en esta ocasión no les hace el juego, como en 1.983, cuando empezó la “normalización lingüística” con la hegemonía de su partido en la Xunta. Van 23 años de imposición antidemocrática y el resultado es que se siguen perdiendo hablantes. ¡Qué fracaso! Y siguen erre que erre, gastando, o mejor dicho, tirando muchísimo dinero en una empresa que no tiene futuro, igual que el despilfarro del monte Gaiás.

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