AGLI

Recortes de Prensa     Domingo 25 Febrero   2007

Incansables, insobornables, indispensables
EDITORIAL  Libertad Digital  25 Febrero 2007

Las víctimas han vuelto a dar una lección de cómo hacer frente al chantaje terrorista, con liderazgo y claridad moral. Cuando un Gobierno renuncia a la justicia, la sociedad debe organizarse para que sobreviva la libertad. No hay mal que por bien no venga. España nunca ha sido tan débil y tan vigorosa al mismo tiempo. Lo peor y lo mejor de nuestros Episodios Nacionales, iniquidad y nobleza, alta traición y lealtad sublime, adocenamiento y resistencia, desesperación y esperanza, se balancean en esta malhadada hora. No hay nada perdido para los españoles que vendrán, si lo más decente y digno de la sociedad aún es capaz de echarse a la calle con la alegría, el civismo, la dignidad, el patriotismo, incluso con la belleza física (“el Bien nos vuelve hermosos”, dijo el historiador Fernando García de Cortázar durante la emotiva y perspicaz emisión de la COPE, una de las más logradas de cuantas viene dedicando esta cadena radiofónica a la movilización de las víctimas del terrorismo en España) con que lo hicieron decenas de miles de personas este sábado en Madrid, para defender algo tan sencillo y elevado como la Justicia: resarcimiento de los que sufren por causa de la maldad de otros, castigo para los que provocan ese dolor.

Cuando se han celebrado ocho manifestaciones masivas desde que se conoció la intención y los pasos del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (antes y después de llegar al poder) de negociar con ETA, el movimiento cívico surgido alrededor de las víctimas del terrorismo es ya la baza política más robusta, no sólo de la lucha anti-terrorista, sino de la causa nacional española.

Lo dijo el eurodiputado Jaime Mayor Oreja, presente entre la multitud congregada en la madrileña plaza de Colón: “Nunca agradeceremos lo bastante a las víctimas del terrorismo el servicio que están prestando a España en estos momentos decisivos”. Otra observación verdadera del eurodiputado y ex ministro, uno de los dirigentes del PP más convencidos de la necesidad (que es también una emergencia) de no abandonar a las víctimas, de acompañarlas en todo momento. Su causa por la libertad es también la causa de la supervivencia de España.

Es un hecho que incluso en este asunto, que sólo debería concitar unidad, hay distintas sensibilidades en el único partido de la Oposición, como ha quedado patente en las distintas respuestas que han dado sus dirigentes a esta última convocatoria de la AVT.

Los hay, como el alcalde de Madrid (la ciudad que más ha sufrido los asesinatos de Ignacio de Juana Chaos), que han preferido no acudir esta vez, probablemente persuadidos (a falta de otra explicación por su parte) de la mentira esparcida por la propaganda oficial a través de sus medios de comunicación afines (o sea, la inmensa mayoría) de que se trataba de una manifestación contra los jueces del Tribunal Supremo que han rebajado la condena a De Juana, cuando lo único cierto es que la AVT y su presidente se han desgañitado en dejar claro que la movilización es sólo contra uno de los terroristas más sanguinarios, contumaces y jactanciosos de ETA, y contra la tentación que el Gobierno evidentemente acaricia de excarcelarlo (si es que no ha decidido ya caer en ella).

Además de indispensable para el futuro de España, el movimiento cívico liderado por las víctimas del terrorismo ha resultado ser insobornable para las mañas de la cautela y el acomplejamiento de los políticos profesionales.

Lo expresaba mejor que nadie Teresa Jiménez Becerril, símbolo viviente de la sencilla lucidez del Bien y un tonificante ejemplo para la España libre y superviviente: “Las víctimas no tenemos que andar pensando en lo políticamente correcto, nos hemos ganado el derecho a llamar a las cosas por su nombre”. También dijo la hermana de Alberto Jiménez Becerril, el concejal por cuyo asesinato (junto al de su esposa) brindó Ignacio de Juana, que las víctimas del terrorismo son “incansables” y nunca dejarán de pedir justicia.

Incansables, insobornables, indispensables. Una bendición o un milagro para España y para nuestra libertad, es lo que han resultado ser.

Otra multitud contra ETA, mientras el PSE cruza la última frontera
Editorial Elsemanaldigital  25 Febrero 2007

Esta semana que acaba hemos asistido a la que quizá sea ya la ruptura total entre los dos grandes partidos nacionales en materia de política antiterrorista. No sólo el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo ha quedado arrumbado de modo oficial, sino que, simbólicamente, en la víspera del día en el que el PP se iba a manifestar de nuevo en Madrid con la Asociación de Víctimas del Terrorismo contra ETA, el diputado del PSE Jesús Loza cruzaba en un debate en el Parlamento vasco la última frontera y aceptaba la equiparación entre las víctimas y sus verdugos.

Las palabras que pronunció merecen ser reproducidas en su cruda literalidad: "nosotros hemos reconocido que los socialistas, los populares, las personas que sufren violencia de persecución, los asesinados o las familias, no somos los únicos que sufrimos. Hemos reconocido que sufren los familiares de las víctimas del terrorismo, y que sufren los asesinos y las madres, pero queremos que ustedes reconozcan el origen primario de la situación, que es la existencia de ETA".

En esta situación, la polémica sobre si la manifestación de ayer iba a ser o no contra una discutible decisión del Tribunal Supremo ha perdido todo interés y todo sentido. La multitud que, una vez más, llenó la madrileña Plaza de Colón y sus aledaños de banderas nacionales sólo quería gritar contra ETA y pedir justicia para sus víctimas.

El caso De Juana Chaos no deja de ser un símbolo de una profunda injusticia: que 25 asesinatos se paguen con 18 años de cárcel, que la ausencia de todo arrepentimiento no haya impedido obtener reducciones de pena, que las amenazas proferidas por semejante criminal desde la prisión comporten sólo otros 3 años de encarcelamiento, que se llegue a dudar si esos 3 años se van a cumplir efectivamente y, por último, que se permita el chantaje al que está sometiendo al Gobierno y, por extensión, a la sociedad española con su huelga de hambre y la manera en que la lleva a cabo.

Ya se puede decir, así pues, que el atentado perpetrado por ETA en el aparcamiento de la terminal 4 del aeropuerto de Barajas y las dos vidas que se cobró no han cambiado nada. La voluntad de José Luis Rodríguez Zapatero, de su Gobierno y del PSOE sigue siendo la de llegar a acuerdos políticos con los terroristas y su entorno antes que recomponer el consenso con el PP para terminar con aquéllos.

A los españoles que de ninguna manera están dispuestos a aceptar que unos criminales se puedan convertir en interlocutores válidos esto no les deja otra referencia política que la que representa el PP. Su líder, Mariano Rajoy, no estuvo ayer en la Plaza de Colón; se hallaba en un pequeño municipio de la provincia de Lugo, Friol, despidiendo a la soldado Idoia Rodríguez Buján con otros cientos de españoles y una escasa y devaluada representación oficial.

Es que en la tesis oficial, la soldado Rodríguez falleció en misión de paz y no en acción de guerra, y por eso se le ha regateado el reconocimiento que merecía el sacrificio de su vida. En cambio, con ETA sí debemos de estar en guerra, porque hay que buscar la "paz" tratando a unos criminales como honorables enemigos con los que se negocia y se puede llegar a acuerdos.

La estaca
POR IGNACIO CAMACHO ABC  25 Febrero 2007

POR muy volátil que se haya vuelto la opinión pública española, va a ser difícil, acaso imposible, sacar al terrorismo del primer plano de la escena en el año que falta para las elecciones generales. La preocupación de los ciudadanos por el problema ha crecido veinticinco puntos, certificados por el CIS, en cuatro meses, y el atentado de Barajas quebró toda credibilidad en cualquier tregua táctica o alto el fuego parcial. El proyecto angular de Zapatero, el célebre Proceso de Paz y Diálogo (términos ya expresamente rehuidos por el presidente, que prefiere refugiarse ahora en el mantra abstracto del «fin de la violencia»), se ha clavado en el centro de la vida pública como una estaca en mitad de un sembrado, y a su alrededor se han abierto las trincheras de un combate político que amenaza con bloquearse sin plazos de resolución. El Gobierno, zarandeado por la onda expansiva de la T-4, se ha encontrado en un camino sin retorno, y la oposición se aglutina en torno al escarnio de las víctimas y al clamor que sube de la calle procedente de cientos de miles de españoles que se sienten excluidos de la «democracia deliberativa». Lo peor no es que ya no exista ninguna posibilidad de entendimiento, sino que la torpeza gubernamental ha otorgado a ETA la llave del futuro.

Desde la explosión del 30 de diciembre, la acción de gobierno ha quedado sometida a un chantaje explícito que aprisiona su iniciativa. Con el clima de opinión que reflejan los sondeos, otro atentado pulverizaría al Ejecutivo y acabaría con la legislatura, que de hecho se encuentra ya exánime ante la ausencia de planes alternativos. El miedo a un nuevo ataque maniata al presidente y le obliga a seguir a ciegas por un sendero cuyo mapa desconoce y cuyas claves no están ya en sus manos. Sólo sabe que la próxima etapa rinde en las municipales de mayo, en las que tiene que encontrar el modo de abrirle paso a Batasuna. Si lo hace arreciará la protesta ciudadana y dejará inerme al Estado, volando el dique de resistencia que sujeta la crecida del terrorismo y lo mantiene alejado de las instituciones. Si no lo hace, el Proceso será dinamitado, quizá en sentido literal, y la sacudida telúrica de la crispación sepultará bajo sus escombros el proyecto zapaterista.
Así, el Gobierno aborda su último año enfrentado a una opinión pública desconfiada y pesimista, a una oposición acuartelada y combativa, a un juicio del 11-M con mucha tensión potencial y a una ETA amenazante con el dedo en el gatillo. Agarrado a esa estaca del «Proceso» a cuyo alrededor crece la cizaña, Zapatero ha preferido creer que su enemigo es la derecha, pero la siniestra realidad es que el próximo presidente lo van a elegir de algún modo, por acción u omisión, Txeroki y Josu Ternera.

Advertencia precisa
EDITORIAL El Correo  25 Febrero 2007

La concentración convocada ayer en Madrid por la Asociación de Víctimas del Terrorismo fue la sexta movilización llevada a cabo por este colectivo en lo que va de legislatura. El tardío reconocimiento de las víctimas y sus deudos como protagonistas irreemplazables en la lucha contra el terrorismo representa un déficit que, aun habiéndose paliado, pende como merecido reproche sobre las instituciones de la democracia y sobre la sociedad entera. Sin embargo, el mantenimiento del legado moral de esas víctimas por parte de sus allegados y la expresión del dolor y de la justicia que reclaman los asesinatos cometidos y sus secuelas representan una realidad diversa que no debería interpretarse de forma unívoca.

La convocatoria de ayer no ha estado exenta de polémica, dado que la solicitud de autorización mostraba el objetivo de protestar por la sentencia del Tribunal Supremo que rebajó la pena impuesta a De Juana Chaos. La corrección de la AVT y el apunte del PP, señalando que su demanda se dirige al Gobierno para que el preso cumpla íntegramente su última condena, permitió clarificar la intención de los convocantes. Pero dejando un rastro de ambigüedad que es siempre aprovechado por las posiciones más radicales. Es justo, legítimo e incluso necesario que todas y cada una de las asociaciones que agrupan a las víctimas expresen su inquietud y sus requerimientos a las instituciones para que las decisiones que adopten ante ETA y sus activistas no añadan heridas a las infligidas ya por los atentados. Y los graves incidentes registrados ayer en Bilbao no hacen sino confirmar la indiferencia con que la izquierda abertzale afronta los estragos del terrorismo y su disposición a continuar perturbando la legalidad y la normalidad ciudadana con desprecio al caos y dolor que provoca. Pero el dictamen sobre lo que significa la memoria, la dignidad y la justicia de las víctimas nunca puede ser uno y único. Ni conviene que se instale la convicción de que el Gobierno prepara la rendición del Estado de Derecho. Las críticas y advertencias respecto a la actuación gubernamental frente al terrorismo y los terroristas han de ser formuladas con especial precisión y mesura. Y éste es un requisito que atañe también a las víctimas de ETA y a quienes tratan de representar la memoria de aquellos cuya vida segó dicha banda. De manera que su voz no pueda verse reducida o identificada con una determinada actitud partidista.

Derrumbes
POR JON JUARISTI ABC  25 Febrero 2007

ES posible vencer al terrorismo sin guerras sucias ni negociaciones políticas. El caso de Italia lo demuestra. Durante casi dos décadas, entre los sesenta y los ochenta, la sociedad italiana fue golpeada por el terrorismo más sanguinario que Europa haya conocido hasta la aparición del azote islamista, pero Italia resistió porque todavía era una sociedad; es decir, una población consciente de poseer un legado y unos fines comunes. Quizá esa conciencia se haya perdido, como temía la valerosa Oriana Fallaci, e Italia esté hoy tan inerme como nosotros ante las nuevas amenazas del siglo, pero entonces resistió, y las Brigadas Rojas, los Núcleos Armados Proletarios y todas las bandas surgidas de la socialización del terror son ya historia pasada.

¿Qué hizo posible esa victoria? En primer lugar, el Estado de Derecho funcionó. Jueces y policías cumplieron con su deber paciente y heroicamente, asumiendo todo el riesgo y sin buscar atajos. Pero el factor decisivo fue la unidad social, el compromiso de los partidos mayoritarios firmemente apoyados por sus bases electorales. No hubo vacilación alguna en el mantenimiento del gran consenso nacional de la posguerra entre católicos y comunistas que, aun enfrentados en la gresca política cotidiana, supieron plegarse al interés superior de la preservación de la democracia, marginando a la extrema derecha y a la extrema izquierda y desoyendo a los intelectuales exquisitos que incitaban a la rendición. No se tardaría mucho en comprobar que los movimientos nacidos del sesenta y ocho, la Horda de Oro que evoca ahora Ballestrini como una gran ola revolucionaria levantándose desde el hondón de la humilde Italia, no eran más que la espuma de los días, un epifenómeno destinado a convertirse en bandolerismo urbano.

El compromiso histórico no se resquebrajó a consecuencia del terrorismo. Lo que terminó con él fue el eclipse del eurocomunismo tras el hundimiento del bloque soviético. Sobrevino entonces la corrupción generalizada, la cleptocracia que minó la confianza de los italianos en el sistema y promovió el cinismo como rasgo dominante en la actividad política. Entre los diagnósticos más acertados de la situación destaca el del filósofo Augusto Del Noce, que, en sus últimos años (murió en 1989), advirtió a la izquierda poscomunista del peligro implícito en los proyectos de conquistar la hegemonía partiendo de la ausencia de tradición y valores que caracterizaba al progresismo, y le animó a recuperar aquellos elementos morales del fenecido comunismo que le permitiesen contribuir a la regeneración de la democracia aliándose en un nuevo compromiso con los democristianos. Del Noce veía con terrible lucidez que la combinación entre capitalismo, revolución tecnológica y progresismo vacuo sería mucho más deletérea para la libertad que el propio terrorismo, porque disolvería lo que quedara de sociedad y dejaría a la nación sin defensa ante formas insólitas de terror totalitario.

El caso italiano puede ayudarnos a comprender el nuestro. En vez de un compromiso entre católicos y comunistas, hubo aquí un pacto constitucional entre izquierda, derecha y nacionalismos. Pero ni estos últimos estaban dispuestos a ofrecer garantías de lealtad, ni la izquierda mayoritaria, que se deslizó rápidamente hacia el progresismo, entendió que la Constitución de 1978 implicaba, ante todo, un compromiso histórico con la derecha, en la que nunca dejó de ver una mera continuidad del franquismo. De ahí el fracaso de los gobiernos de Felipe González ante ETA, en una política errática que osciló entre las concesiones gratuitas e inútiles al nacionalismo vasco y las concesiones corruptas a las cloacas del Estado. Lo más cerca que estuvimos nunca de algo parecido lejanamente a un compromiso histórico fue durante la firma solemne del Pacto Antiterrorista, que los socialistas empezaron a romper el día siguiente. En realidad, era iluso pretender que lo respetaran. De los comunismos cabía esperar un mínimo sentido nacional. Los progresistas son especialistas en derrumbes, porque el propio progresismo procede del derrumbe del socialismo real. Qué menos que su hegemonía haya supuesto el derrumbe del Pacto Antiterrorista, el derrumbe del Estado ante los nacionalismos, el derrumbe del Gobierno ante ETA y, claro está, el derrumbe de la nación ante el terrorismo islámico.

Hacia la desorbitación
POR ÁLVARO DELGADO GAL ABC  25 Febrero 2007

Los intereses generales, y los intereses de los partidos, no apuntan casi nunca en la misma dirección. Más propio sería decir que dibujan un ángulo que a veces es agudo, y otras, obtuso. Cuanto más abierto el ángulo, más inmanejable se hará la democracia. En los casos menos afortunados, la dinámica solipsista de la clase política genera patologías realmente peligrosas. El mejor ejemplo, un ejemplo de libro, nos lo proporciona el decurso grotesco del Estatuto andaluz.

Dos razones contribuyeron de modo especial a que el PSOE impulsase la reforma estatutaria. En primer lugar, era urgente desmentir la tesis de que se estaba concediendo un privilegio a Cataluña. En segundo lugar, el Gobierno especuló con la esperanza de que los populares obstruyesen el proceso y se infligieran a sí mismos un daño comparable al sufrido por la derecha al comienzo de la democracia, cuando UCD se opuso a que Andalucía ingresase en el régimen autonómico por la vía rápida. A estas consideraciones tácticas, el PP ha replicado de manera igualmente táctica. Después de pensárselo un rato, los populares decidieron que no podían permitirse un susto en Andalucía y consensuaron un Estatuto que no les gustaba. Era imposible que les gustara, puesto que contenía 14 artículos idénticos a los impugnados previamente por ellos en el caso catalán, y otros 28 muy parecidos. El PP se curó en salud forzando una declaración preliminar en que se habla, más o menos, de la unidad de España. Pero, retórica aparte, el documento andaluz acusa un tono claramente confederal. Mencionaré no más que seis puntos significativos.

Uno: como en el precedente catalán, se blindan competencias, lo que dificultará enormemente la labor legislativa del Congreso en el futuro. Dos: se consagra la bilateralidad, creándose comisiones mixtas para tratar de tú a tú al Gobierno central. Tres: se hace una declaración de derechos. Cuatro: se precisa qué inversiones deben hacerse en Andalucía. Esto reproduce la grave equivocación cometida en Cataluña y es inauditamente estúpido. ¿Se imaginan que la Constitución española incrustara en su texto una cláusula para la revisión automática de los salarios con arreglo al IPC? Eso no sería una constitución, sino un panfleto electoral. Según vayan aprobándose nuevos estatutos, irán multiplicándose las exigencias, y el Estado se verá en la alternativa, o bien de incumplirlas, o bien de decirle al ministro de Hacienda que vuelva a su casa.

Vayamos al quinto punto: la Junta se apropia del Guadalquivir. Rodríguez Ibarra ha anunciado, con fundamento, que recurrirá este dislate. Todavía no ha llegado el momento en que las comunidades se apropien del aire, pero todo se andará. Seis: se echan las bases de un poder judicial andaluz, sujeto a la presión y tutela de los políticos locales. Hasta aquí, una demostración práctica de cómo la combinatoria partidaria puede producir vectores fuerza que atentan en el largo plazo contra el interés de todos. Introduzcamos ahora, en la ecuación, al pueblo.

No se esperaba gran cosa de un pueblo que no había mostrado el menor interés por los enjuagues de la clase política. En medios oficiales, se preveía un índice de participación de alrededor del 48%. Un índice muy pobre, pero que no se habría considerado escandaloso en vista de que ésa era la proporción en que los catalanes habían acudido a las urnas para pronunciarse sobre el Estatut. Pues bien, sólo ha metido la papeleta en la ranura uno de cada tres andaluces, muy por debajo de las expectativas más pesimistas. Ha votado en mayor medida, también, el campo que las ciudades, con un diferencial que en algunas provincias oscila alrededor del 10%. Ello revela que la Junta ha hecho esfuerzos considerables para movilizar a sus clientelas, y destaca aún más las magnitud agregada del fiasco. A los andaluces, sencillamente, se les da una higa su pequeña carta magna, y han preferido prolongar los placeres del aperitivo antes que desplazarse a los colegios electorales.

Ninguno de los dos partidos puede explotar el fracaso colectivo, precisamente porque es colectivo. No se hará, por tanto, propósito de enmienda. Ello nos aboca a una paradoja sabrosa. Los españoles no quieren la confederación, o lo que sea. Pero tampoco quieren quedarse rezagados los unos respectos de los otros.

Formulado de otra manera: los populares estaban probablemente en lo cierto al temer que habrían experimentado un desperfecto oponiéndose al Estatuto. El andaluz ha votado poco, pero cuando ha votado, ha votado «sí». ¿Conclusión? El que pone en marcha el mecanismo de la oferta, desencadena un proceso fatídico que arrastra al personal hacia donde, bien mirado, habría preferido no ir. Ello no ha sucedido, por cierto, en Galicia. Allí no se han podido salvar las desavenencias, y el estatuto sigue como estaba. Pero operaban dos factores peculiares. Primero, el PP se sentía menos vulnerable que en Andalucía. Segundo, el BNG puso el listón tan alto, que fue imposible encontrar un punto de avenencia. No nos hagamos, con todo, ilusiones: esto no pasa de ser una pausa en el camino. España se está yendo por la tangente, y no se adivinan las fuerzas centrípetas que pudieran mantenerla sujeta a su órbita.

Un empate frustrante
POR JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS ABC  25 Febrero 2007

LOS fracasos políticos, para ser percibidos como tales, tienen que reportar a sus responsables algún tipo de consecuencia negativa. El Gobierno ha cometido muchos y de grueso calibre sin que, de contrario, hayan beneficiado a la oposición popular por lo que debemos lamentar tanto los yerros gubernamentales como las incapacidades del PP. El hecho de que las encuestas -la última del CIS, que presenta, como otras, una situación electoral pareja entre el PSOE y los populares- ha hecho que la realidad política encalle en un empate técnico desde hace meses. En circunstancias normales la mala gestión gubernamental -de la que sólo se salva la economía que sigue la inercia de la legislatura pasada- tendría que haber supuesto una clara ventaja de la oposición y, sin embargo, no es así. El PP no puede ni debe conformarse con mantener el suelo electoral y con dar continuidad a la aparente cohesión interna -de la que habría mucho que hablar y escribir- sino aspirar a desarrollar políticas audaces que le reporten una ventaja demoscópica contundente.

Los resultados en el referéndum del Estatuto de Autonomía de Andalucía -con un famélico 36 por ciento de participación-; la ominosa desautorización del presidente a su ministra de Sanidad a propósito del proyecto de ley sobre el consumo de bebidas alcohólicas y el regreso de la censura pura y dura a la Televisión pública -el conocido ya como «caso García»- remiten a un escenario de postración gubernamental compatible, sin embargo, con el descaro y la prepotencia de un ministro de Justicia que fustiga -sin razón ni política ni técnica- al Consejo General del Poder Judicial; con la perseverancia en el engaño de hacer pasar acciones bélicas por humanitarias -es el caso de la soldado muerta en Afganistán distinguida con una condecoración inadecuada a las circunstancias de su extremo sacrificio- y, en fin, compatible también con la certeza lacerante de los filoetarras que muestran, eufóricos, su convencimiento de que -con una marca u otra- estarán presentes en los comicios municipales y forales del próximo mes de mayo en desafío abierto a la Ley de Partidos y a la decencia democrática.

Mientras, la Generalitat de Cataluña recurre contra disposiciones del propio Ejecutivo y las comunidades autónomas socialistas se enzarzan entre sí ante el mismísimo Tribunal Constitucional, en tanto varios departamentos ministeriales, en vez de resolver problemas, se dedican a crearlos, sea el de Cultura pretendiendo una abusiva financiación del cine a costa de las televisiones privadas, o el de Fomento, más atenta su titular a utilizar con fines políticos un percance en una obra de la Comunidad de Madrid que en colaborar a solucionar el colapso ciudadano que provocó en la capital de España hace sólo unos días. Tampoco le va mejor al Gobierno con sus aliados nacionalistas que le plantean desafíos un día sí y otro también. Han hecho encallar la llamada ley de «memoria histórica» y la ejecución de la Ley de Dependencia -algo así como el logro-estrella en lo social del Ejecutivo- está propiciando un forcejeo que, previsiblemente, pondrá a Rodríguez Zapatero muy difíciles los presupuestos de 2008 si acaso no disuelve antes las Cortes como es de esperar suceda.

En este contexto errático y fallido, Mariano Rajoy no tendría que dudar ni un segundo en celebrar el Congreso del PP, someter a su consideración y aprobación un programa electoral con vocación de centralidad, iniciar aceleradamente una aproximación a fuerzas políticas con las que pudiera urdirse un acuerdo postelectoral y, sin duda alguna, cambiar determinadas rostros del PP que no sólo no suman sino que -ya claramente- restan posibilidades de victoria electoral. La inmensa mayoría de los cuadros populares están convencidos de la imperiosa necesidad de ofrecer al electorado la faceta más liberal y centrada del partido -con coherencia en los principios y contundencia en su defensa- y, al mismo tiempo, de ejecutar de una vez por todas el relevo de determinados puestos estratégicos de la organización. Sin embargo, en el PP se ha creado un círculo vicioso -en vez del virtuoso de la renovación- en el que nadie se atreve a gritar que -como en el relato- «el rey está desnudo». En esta incapacidad de reacción interna dentro del PP y en el seguimiento por algunos de sus dirigentes de la malhadada «teoría de la conspiración» -que sólo beneficia al PSOE y al Gobierno porque ejerce un efecto llamada sobre el electorado de izquierda que se movilizó el 14 de marzo de 2004- fía Rodríguez Zapatero sus posibilidades de victoria -aunque sea en cortas proporciones- en los comicios legislativos próximos. Sólo si Rajoy rompe con esta situación de empate técnico -que desharía el Gobierno a su favor mediante la agitación de determinados errores del PP y con las dosis de demagogia habituales- y lo hace mediante un acto de audacia que le granjee la credencial definitiva de liderazgo, será posible apostar por una mayoría relativa popular en las elecciones. De otra forma -de seguir en la oposición las cosas como hasta ahora-, los socialistas sentirán el aliento popular en su cogote pero llegarán antes a la meta.

Acciones inteligentes como las de Javier Arenas en Andalucía a propósito de su Estatuto en las que ha endosado al PSOE el mayor trastazo de los últimos veinte años, y discursos con perspectiva de futuro como el de Alberto Ruiz-Gallardón en Barcelona proponiendo un eje entre la ciudad condal y Madrid para superar la parálisis que aherroja a la nación, son ejemplos definitivos de la aplicación a la labor meramente opositora de elementos proactivos que superan la mera resistencia en la que se han instalado algunos discursos en el PP. Es preciso que a los principios se añadan los pragmatismos. Sin aquellos, la política se convierte en una mera carrera por el ejercicio del poder; pero sin pragmatismo es inviable alcanzarlo para, desde su administración democrática, transformar la realidad y proyectar a España a un futuro que con Rodríguez Zapatero nos conduce a una permanente improbabilidad política, social y cívica. Todo cuanto el presidente toca lo convierte -antes o después- en un fracaso. Y como lo que Rodríguez Zapatero manosea son nada menos que los elementos medulares del Estado, la propia existencia jurídico-social de la nación, el modelo de valores compartido y nuestra presencia internacional, resulta necesaria su sustitución a través de las urnas que, si deseada por la derecha, también lo sería por la izquierda liberal y sensata a poco que desde el Partido Popular se emitiesen vibraciones de mayor determinación en su afán incluyente con un discurso que se ancle en la centralidad y en la firmeza verdaderamente democrática.

El conformismo con el actual empate técnico resulta mediocre y frustrante. Son tantas las cuestiones esenciales que se juega España, ahora y en el futuro inmediato, que merece la pena arriesgar y hacerlo con un sentido patriótico y desprendido de la política de partido, superponiendo los intereses del proyecto de la derecha española -compatibles con los de sectores ideológicos vecinos- a los de personas o grupos por relevantes -o, por condicionantes- que pudieran resultar de puertas adentro de la organización popular. Deshacer el empate está mucho más en manos de Rajoy -y debe deshacerlo mediante una apuesta por la centralidad que es donde psicológicamente están instaladas las mayorías electorales- que en las de Rodríguez Zapatero que sólo espera que el PP siga congratulándose de un equilibrio que, dejado a su libre albedrío, siempre termina venciéndose del lado del que ostenta el poder.
JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS
Director de ABC

La fascinación por el fracaso
JAVIER ZARZALEJOS El Correo  25 Febrero 2007

Si un académico que se definiera 'de derechas' escribiese un ensayo histórico-jurídico eligiendo como título 'El Estado fragmentado' no tendría que esperar a que se secara la tinta para atraer sobre sí los denuestos con que la izquierda oficial despacha a sus críticos. Apocalíptico, crispador, profeta del desastre o -para qué más rodeos- antidemócrata serían los improperios que, con la certeza de las leyes físicas, caerían sobre el infortunado intelectual. Si éste, además, decidiese precisar el objeto de su estudio con un subtítulo como 'Modelo austro-húngaro y brote de naciones en España', las descalificaciones serían aullidos. Sin duda saldrían a relucir los Reyes Católicos y Franco y sobre la referencia imperial se despacharían a gusto muchos a quienes la monarquía austro-húngara sólo les suena de las películas de 'Sissí'.

Pues bien, ese libro se ha escrito , y magníficamente, por cierto, por Francisco Sosa Wagner, catedrático de Derecho Administrativo, y su hijo, Igor Sosa Mayor, profesor de Historia del Instituto Universitario Europeo de Florencia. La obra entra por derecho en el tema crucial del deslizamiento del Estado autonómico hacia el dualismo constitucional después de que el nuevo Estatuto catalán haya generado una mutación sustancial en el modelo de Estado autonómico. Es cierto que este proceso y su resultado, el Estatut, está pendiente todavía de ser enjuiciado por el Tribunal Constitucional. Sin embargo, la implicación del Gobierno en la negociación estatutaria y la colonización nacionalista del socialismo en nuestro país han convertido una cuestión jurídicamente abierta en un hecho consumado que, en términos políticos, parece prácticamente irreversible. Una indicación de ello la hemos tenido en las airadas reacciones de socialistas y nacionalistas catalanes ante la posibilidad de que la recusación del magistrado del Tribunal Constitucional, Pablo Pérez-Tremps, altere la relación de posiciones en este órgano en un sentido de mayor rigor a la hora de apreciar la conformidad del Estatut con la Constitución.

Para su suerte, Sosa Wagner es un hombre que se define y es de izquierda. En todo caso, que una personalidad de su trayectoria académica exprese públicamente su integración en la heterodoxia frente a una izquierda oficial implacable en sus fobias merece ser reconocido. De momento, los teóricos afines ideológicos de Sosa Wagner han respondido a su libro con un desdeñoso apagón informativo pero que no se confíe, el silencio será sólo provisional si reincide en la crítica. Y eso que, a estas alturas, a nadie deberían sorprender las conclusiones a las que llega el autor siguiendo los pasos de la experiencia constitucional austro-húngara. Sin perjuicio de la brillantez de su estudio, esta obra ilustra la patología que sufre nuestro Estado pero no innova el diagnóstico; amplía con una singular maestría jurídica y política la descripción de los males ya detectados; profundiza desde una perspectiva histórica en el antimodelo de una monarquía plurinacional que en un trágico error confió su continuidad a la dualidad constitucional, a la relación de tú a tú entre partes sin conciencia de unidad ni de conjunto, a la bilateralidad, a artificiosos pactos con la Corona. Todo ello constituye una cualificada aportación a la reflexión sobre los procesos políticos en los que estamos inmersos, guiados -es un decir- por discursos que para ganar una apariencia de respetabilidad académica emplean materiales que, en términos históricos, son de derribo (plurinacionalidad, nación de naciones, bilateralidad, comunidad nacional...) y convierten a sus propagandistas en austro-húngaros sin saberlo.

Tampoco tiene desperdicio el prólogo de Joaquín Leguina, quien no se anda por las ramas. La elaboración del nuevo Estatuto de Cataluña es «un disparate jurídico-político» propio de tiempos que «amenazan no sólo con tensiones sino con la desaparición del Estado tal como se concibió mal que bien durante la Transición democrática». Para Leguina, la reducción al mínimo de la presencia del Estado en Cataluña, la relación de bilateralidad entre el Estado y la comunidad autónoma y la preocupación por la presencia nacional de Cataluña en el Estado y en el ámbito internacional son los ejes que definen el proceso estatutario catalán. Y hace Leguina una significativa confesión: «Todo este embrollo, esta sensación de engaño o de traición que tantos hemos sentido ha sido el resultado de un gran malentendido: aquél que nos hizo pensar que la izquierda catalana era una izquierda homologable con la del resto de España ( ) y estábamos equivocados o engañados o, con más precisión, autoengañados».

Leguina se sometió a la disciplina del Partido Socialista y votó a favor del Estatuto catalán en el Congreso de los Diputados, y eso no parece el mejor aval de coherencia en quien expresa críticas tan concluyentes a ese texto y al proceso político del que trae causa. Pero esa decisión no resta autenticidad al alegato contra los efectos devastadores que está teniendo para el discurso de izquierda en España la asunción por los socialistas de la lógica nacionalista, la sustitución de los ciudadanos por los territorios en el pensamiento y la práctica política de la izquierda.

Ahora bien, Leguina se equivoca porque el mal se ha extendido mucho más allá de la izquierda catalana, aunque esté feo señalar. En realidad de eso va el libro de Sosa Wagner y por eso encuentra en el alegato de Leguina el prólogo adecuado. El dualismo constitucional austro-húngaro es un recurso para recordar los riesgos que afronta la estabilidad constitucional de nuestro país. Es un recordatorio de que no hay Estado plurinacional que haya vivido para contarlo, tanto como una señal de alarma ante la regresión democrática y cultural que significa invalidar la capacidad del Estado para llevar a cabo las políticas de cohesión -en el sentido más amplio del término- que ningún otro sujeto político puede realizar. Es, en fin, una llamada de atención a la izquierda que cambia ciudadanos por territorios y que se suma a otras llamadas de atención de otras mentes igualmente lúcidas, que temen que la deriva nacionalista de la izquierda española no sólo ponga en peligro su continuidad en el poder sino que hipoteque gravemente su presencia y credibilidad en el futuro, cuando una derrota electoral deje en evidencia el vaciamiento ideológico del socialismo.

La advertencia ignaciana cobra sentido: si no se vive como se piensa, se termina pensando como se vive. Y esta izquierda lleva demasiado tiempo viviendo en el culto identitario, tanto que ya piensa, habla, detesta y hasta insulta como los nacionalistas. Ese culto se oficia con la exclusión, con el olvido de la igualdad y las libertades cívicas en beneficio de un comunitarismo falsamente tolerante, con el alistamiento en la etnia frente a la nación constitucional.

El efecto que ha causado tanta ingesta de nacionalismo en esta izquierda de 'aparatchiks' es desolador. No es sólo que el sectarismo se haya convertido en refugio del desprecio a lo mucho que ignoran. Es que, dispuestos a consolidar un régimen, entienden la crítica como colaboracionismo y la oposición como disidencia y pretenden dar a ésta el tratamiento disciplinario de los desobedientes. Por eso se multiplican los 'tinelles' y se entrecruzan los cordones sanitarios, en primer término contra el PP pero no sólo contra el PP.

Sosa Wagner no es optimista en el sentido de que no comparte la confianza en que el Estado, como el papel, lo aguante todo. La propia elección de la monarquía austro-húngara como antimodelo revela la profunda preocupación del autor por la ruptura de los cauces a través de los que ha fluido nuestra convivencia de manera razonablemente satisfactoria. Lo que es dudoso es que en nuestro país, hoy, la descripción de un antimodelo sea por sí misma disuasoria o por el contrario se convierta en una invitación a seguirlo. La duda es fundada. El insensato enaltecimiento de experiencias disueltas en la tragedia, ya sea el Imperio austro-húngaro, la II República o la estrategia de apaciguamiento del terrorismo revela que persiste entre nosotros una temeraria fascinación por el fracaso. Con libros como el aquí comentado, y con otros bien visibles en el panorama de la reflexión política e histórica, al menos no se podrá decir que nadie lo advirtió.

Todo sigue igual
Editorial HERALDO DE ARAGÓN   25 Febrero 2007

El conseller de Cultura de la Generalitat, Joan Manuel Tresserras, en su primera comparecencia en el Parlamento, abordó ayer dos asuntos de vivo interés para Aragón sin aportar novedad que pueda desterrar la preocupación acerca de ambos.

Sobre el Archivo de la Corona de Aragón, insistió en lo sabido: han de "dilucidar" la documentación propia catalana que reside en el archivo, debido a que está allí alojada por la carencia de un Archivo Provincial. Por supuesto, no es ésa la razón, como se encargó de aclarar Tresserras al explicar que la constitución del Patronato fue "un gesto de buena voluntad", ya que antes se había avisado al Ministerio de Cultura de que no habría reunión ejecutiva hasta que "un grupo de expertos no haya determinado a quien corresponde la titularidad de los documentos". Como se ha temido desde el principio, la Generalitat se resiste a dar valor real al Patronato mientras intenta conseguir la barbaridad histórica que consagra su Estatuto -desmembrar el Archivo privándole de los fondos comunes medievales de más valor-, recurrida, lógicamente, ante el Tribunal Constitucional. Sobre el litigio por los bienes del Aragón oriental, el conseller reiteró que su departamento "no se pronunciará" hasta que haya sentencia firme. ¿Cuántos fallos firmes necesitarán para pronunciarse? Según Tresserras, sólo entonces se "consultará a las partes", una declaración de buenas intenciones que compensó al afirmar, sin reparo, que intentará reunir con urgencia al patronato del Museo Diocesano de Lérida para que se pueda inaugurar este mismo año el centro reformado. La renuncia de Ciuraneta no ha cambiado las cosas. El poder político catalán seguirá arropando a la Iglesia leridana en su oposición frontal al Vaticano.

Miles de personas reclaman en Madrid que De Juana cumpla íntegra su condena
Las víctimas muestran su respeto a la decisión del Tribunal Supremo, pero reclaman al Ejecutivo que no conceda ningún beneficio al etarra - El PP cree que el Gobierno «se acerca a los verdugos» al decidir no apoyar la concentración de la AVT
D. Mazón / E. Fuentes La Razon  25 Febrero 2007

Madrid- Un ejemplo de acción- reacción. Gritas el nombre del terrorista De Juana Chaos en una plaza repleta de gente y la masa ruge al grito de «¡asesino!». Otro ejemplo: nombras a Alberto, Fausto, Juan, Vicente y otras 21 personas inocentes asesinadas por el terrorista que acostumbra a salir en calzoncillos en la prensa y la garganta se les anuda a miles y miles de personas. Mentas al Gobierno y vuelven a rugir; habla la madre de la niña asesinada en Santa Pola y aguantan la respiración.

Sensaciones encontradas, sensaciones concentradas en contra de la liberación del terrorista hambriento, motivo que impulsó a miles de personas (78.559 según la Delegación del Gobierno y 110.000 según la Comunidad de Madrid) a reunirse en la madrileña plaza de Colón para pedir que De Juana cumpla íntegra su condena. Y vaya por delante, como aclaró el presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Francisco José Alcaraz, que la concentración no era contra la decisión del Supremo, sino para «acompañar a las víctimas de De Juana y exigir al Gobierno que no conceda ningún privilegio a este terrorista, y si son tres años (de cárcel), que los cumpla hasta el último día». Con este planteamiento, la plaza teñida del rojo y amarillo de las miles de banderas de España, un escenario presidido por una gran cruz blanca y un pebetero, la conductora del acto quiso recordar la «obligación moral de luchar para que se haga justicia».

Minutos antes había llegado hasta el lugar una nutrida representación del PP. Esperanza Aguirre, Ángel Acebes, Ignacio Astarloa, María San Gil, Ana Pastor, Jaime Mayor Oreja, Leopoldo Barreda... quisieron unirse a la protesta de la AVT. Acebes se mostró duro con el Gobierno y con el PSOE, a quienes acusó de alejarse de las víctimas y acercarse a los verdugos al no asistir a la concentración. En este sentido, el líder popular indicó que «aquí estamos todos para apoyar a los que sufren y no a los que generan sufrimiento». Por su parte, Astarloa, secretario de Justicia de los populares, señaló como «muy preocupante» el silencio del Gobierno respecto a la concesión de posibles beneficios penitenciarios a De Juana, motivo por el que justificó su presencia en la plaza de Colón. María San Gil, por su lado, reclamó al Ejecutivo que «escuche que somos millones los españoles que no queremos que el Gobierno rebaje o atenúe la pena que tiene en estos momentos De Juana Chaos», argumento con el que coincidió la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, que resaltó que «nosotros no estamos de acuerdo con la excarcelación de asesinos que no sólo no se arrepienten, sino que animan a los demás a seguir adelante en esta utilización de la violencia, contraria a todos los principios de los demócratas». Mayor Oreja, por último, no sólo coincidía con lo expuesto por sus correligionarios, sino que sostenía que «la negociación política entre ETA y el Gobierno continúa».

«Ofensa a las víctimas»
Pero los protagonistas inequívocos ayer no eran los políticos, eran las víctimas, y muy especialmente los que sufrieron en sus carnes la crueldad del terrorista en cuestión. Dos supervivientes de sendos atentados en los que intervino el etarra cuando pertenecía al «comando Madrid» dejaron un testimonio que llevó a que Alcaraz renunciara a pronunciar su discurso ante la contundencia de lo expuesto por sus compañeros. Manuel González, que resultó herido en el atentado cometido el 14 de julio de 1986 en la plaza de la República Dominicana de Madrid contra un autobús de alumnos de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, mostró el «máximo respeto por la insititución judicial», pero mostró su tristeza porque ningún miembro del Gobierno estuviera presente en la concentración. «Pienso -afirmó entre gritos de “no estáis solos”- que ellos deberían estar en primera fila y supone una gran ofensa a las víctimas». Gerardo Puente, herido en el Corte Inglés de la Plaza de Felipe II en 1985, nombró uno a uno a los integrantes del «comando Madrid» que perpetraron el atentado en el que murió su compañera , mientras el público respondía con un unánime grito de «¡asesino!».

La madre de la niña asesinada en Santa Pola en 2002 fue más dura y reclamó que el Gobierno, al que calificó de «ruin y cobarde», ilegalice al PCTV, al tiempo que advertía de que no consentirá que la «sangre» de su hija sea utilizada como «moneda de cambio en un proceso de negociación con los terroristas».
El acto, emotivo y con poca carga política, concluyó con una ofrenda floral ante la gran cruz, el himno militar «La muerte no es el final» y el Himno Nacional, que tantas ampollas levantó en la concentración del Foro Ermua del 3 de febrero.

VARAPALO PARA ZAPATERO CON LA MANIFESTACIÓN DE LA AVT
No rotundo a la liberación del sanguinario De Juana
Un nuevo varapalo para el Gobierno socialista. El acto convocado por la AVT ha recibido de nuevo el respaldo masivo de los ciudadanos. Decenas de miles de personas han copado la madrileña plaza de Colón para pedirle al Gobierno que el terrorista De Juana Chaos cumpla íntegramente su pena.
Una plaza de Colón abarrotada exige al Gobierno que no libere a De Juana Chaos
Juan C. Osta Periodista Digital  25 Febrero 2007

Un nuevo varapalo para el Gobierno socialista. A menos de un mes desde la última marcha, el acto convocado por la AVT ha recibido de nuevo el respaldo masivo de los ciudadanos. Decenas de miles de personas han copado la madrileña plaza de Colón para pedirle al Gobierno que el terrorista De Juana Chaos cumpla íntegramente su pena. El Ejecutivo, mientras, juaga al despiste tratando de desacreditar a los convocantes.

Varios miembros destacados del PP como Ángel Acebes, María San Gil o Jaime Mayor Oreja han secundado el acto, que ha terminado, como ya sucediera con la convocatoria de enero del Foro de Ermua, con el himno nacional. Tres víctimas han leído discursos, mientras que el manifiesto ha estado a cargo de Francisco José Alcaraz, presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo.

Los primeros en acudir al lugar de la concentración fueron el secretario general del PP, Ángel Acebes, la presidenta del PP en el País Vasco, María San Gil, el eurodiputado Jaime Mayor Oreja, el portavoz de Justicia del PP Ignacio Astarloa y otros diputados populares como Ana Pastor. El líder del PP, Mariano Rajoy, no ha ido porque tenía previsto acudir al funeral por la soldado Idoia Rodríguez. Diversas asociaciones, como el Foro de Ermua, Rosas Blancas por la Dignidad, y los sindicatos policiales CEP y SUP se han sumado a esta protesta.

A la llegada a la Plaza de Colón, miembros de la AVT repartían pancartas en las que se podía leer en letras azules sobre un fondo blanco "Memoria, Dignidad y Justicia", y bajo esta frase la bandera de España, además se podía escuchar: "sí, sí, sí. Otra vez aquí". Otros carteles indicaban "Por la libertad exigimos Justicia", "Cumplimiento íntegro de penas" o "En mi nombre no negocies con asesinos-ETA".

POR LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISTA ETARRA DE JUANA
La concentración comenzó con la intervención de la actriz María Quintanar, tras la cual los asistentes guardaron un minuto de silencio en memoria de las 25 víctimas mortales del preso de ETA Iñaki de Juana Chaos, que fue roto al grito de "España".

A continuación, han comenzado con sus discursos tres víctimas del terrorismo, dos de ellas de De Juana. El primero en intervenir ha sido Manuel González Bermúdez, ex guardia civil herido en el atentado perpetrado por ETA en la Plaza de la República Dominicana de Madrid en 1986.

El Himno a los Caídos ha puesto punto y final al homenaje en forma de ofrenda floral que más de 30 víctimas del terrorismo realizaron a los 25 asesinados por el preso de ETA José Ignacio de Juana Chaos. Han depositado en el escenario construido en la Plaza de Colón un ramo de flores a cada una de las víctimas de De Juana..

POR LA JUSTICIA Y LAS VÍCTIMAS
Miles de personas vuelven a dar su "no" a la rendición ante ETA
La manifestación de la AVT concluye con un retador Himno Nacional
Servimedia elsemanaldigital  25 Febrero 2007

Otra marea humana volvió a fluir por las calles de Madrid en la octava convocatoria contra el proceso con la banda terrorista y por el mantenimiento de De Juana en prisión.

24 de febrero de 2007. Miles de personas secundaron el sábado en Madrid la concentración convocada por la AVT en homenaje a las víctimas del etarra José Ignacio de Juana Chaos y para pedir que este terrorista cumpla la pena de prisión que le ha impuesto el Tribunal Supremo por amenazar a través del diario Gara.

El colectivo que preside Francisco José Alcaraz logró reunir a numerosas personas en el acto que se inició pasadas las 17.00 horas en la Plaza de Colón y que tenía por lema "Memoria, dignidad y justicia".

La concentración, que se prolongó por espacio de algo más de una hora y que terminó con el himno nacional, contó con la presencia de destacados dirigentes del PP, entre los que estaban el secretario general de este partido, Ángel Acebes; la responsable de esta formación en el País Vasco, María San Gil; y el responsable de interior de los populares, Ignacio Astarloa.

También estaban presentes la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, y el ex ministro del Interior y responsable de los populares en el Parlamento europeo, Jaime Mayor Oreja.

El acto se inició con la intervención de dos afectados por atentados en los que participó De Juana, en concreto por el guardia civil Manuel González y por el policía nacional Gerardo Puente.

En este sentido, Manuel González, que vio morir a doce de sus compañeros en el atentado de la madrileña Plaza de la República Dominicana, en 1986, pidió que "no se pierda la memoria" de los asesinados, al tiempo que expresó su "máximo respeto por la autoridad judicial".

Por su parte, Gerardo Puente, policía experto en desactivación de explosivos que resultó herido por un coche-bomba que colocó el comando del etarra De Juana, relató el atentado por el que se vio afectado y las consecuencias que ha tenido para él.

A su vez, este policía enumeró uno a uno, al tiempo que calificaba como "asesinos" a los miembros del Comando Madrid que fueron responsables de la comisión de atentados en los que murieron 25 personas. La intervención de este agente fue interrumpida en varias ocasiones por los asistentes con gritos de "no estáis solos" referidos a las víctimas.

Ofrenda floral
Tras estos discursos, se llevó a cabo una ofrenda floral a las víctimas del terrorismo y, en concreto, a los 25 asesinados en acciones terroristas en las que participó De Juana. Durante esta ceremonia, la AVT hizo sonar la marcha militar La muerte no es el final, que se interpreta en las Fuerzas Armadas cuando se homenajea a los caídos por España.

Esta ofrenda floral, que se realizó ante un pebetero y una cruz situados en un escenario en la Plaza de Colón, contó con la participación de víctimas como Mikel Buesa o Teresa Jiménez Becerril, que depositaron sendos ramos de flores.

A continuación tomó la palabra Toñi Santiago, la madre de la niña de seis años asesinada por ETA en Santa Pola en 2002, quien denunció cómo Arnaldo Otegi, portavoz de la ilegalizada Batasuna, sugirió en su momento que esta menor murió en este atentado porque estaba en una Casa Cuartel de la Guardia Civil.

Asimismo, esta madre se preguntó qué necesita el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, y los otros miembros del Gobierno para ilegalizar el PCTV. Esta víctima apuntó que entre las razones para proceder contra este partido están sus mociones a favor de De Juana, que delegase en Batasuna su representación o que no condenase el atentado de Barajas.

Alcaraz no lee el manifiesto
Al mismo tiempo, Toñi Santiago se refirió a que no consentirá que la "sangre" de su hija sea utilizada como "moneda de cambio en un proceso de negociación con los terroristas", al tiempo que sostuvo que tenemos un "Gobierno cobarde y ruin, postrado a los pies de los terroristas".

Estas intervenciones de estas víctimas llevaron a Francisco José Alcaraz a anunciar que renunciaba a leer el manifiesto que había preparado su asociación, en el que se pedía que al Gobierno que no concediera a De Juana beneficios penitenciarios que permitieran su excarcelación.

Alcaraz se limitó a suscribir las palabras de las víctimas que intervinieron en el acto y aseguró que su colectivo seguirá promoviendo la "rebelión cívica" contra los que quieran negociar con ETA. La concentración terminó con la interpretación del himno nacional.

Programa del PP: Más castellano en toda España y más disciplina en las aulas
Convierte la educación en un pilar de su oferta autonómica electoral
C. Morodo La Razon  25 Febrero 2007

Madrid- El programa-marco para las elecciones autonómicas y municipales que Mariano Rajoy presentará hoy en Madrid gira en torno a unos ejes básicos, entre los que se encuentra la política educativa. En esta legislatura, como también en las anteriores, la educación, asunto, en principio, de Estado, no ha quedado en ningún caso al margen del rifirrafe partidario por los proyectos tan confrontados que defienden los dos principales partidos. La Ley de Educación impulsada por el PSOE y la controvertida asignatura de Educación para la Ciudadanía no han ayudado, más bien al contrario, al consenso y, de hecho, las comunidades populares se han plantado ante esta última en el uso de sus competencias.

Según el programa del PP dedicado a la educación, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, los «barones» territoriales del principal partido de la oposición se comprometen a «garantizar la enseñanza del castellano, nuestra lengua común, en toda España y en todas las etapas educativas». «La lengua castellana y la literatura tendrán un tratamiento propio y el horario necesario para que los escolares, al finalizar la enseñanza básica, se expresen en ella con corrección oral y escrita», reza el texto. Si no fuera por la lejanía del PP de opciones de gobierno en Cataluña y en el País Vasco, es en estas comunidades donde esta promesa tendría una mayor relevancia, aunque su significado no es menor en el resto de autonomías con lengua cooficial, como es el caso de Galicia, Baleares o Valencia. El PP promete un modelo de enseñanza bilingüe (castellano e inglés) o trilingüe en aquellas comunidades autónomas con lengua cooficial.

- Violencia y acoso escolar. El documento programático tiene en cuenta el problema de violencia en las aulas y de falta de disciplina, aunque la respuesta que ofrece, a falta de escuchar al propio líder nacional, no se atreva a alcanzar los términos del discurso del candidato de la derecha francesa, Nicolas Sarkozy, que resumió así la idea de respeto y jerarquía moral que aspira a implantar en su más que probable presidencia francesa: «Quiero una Francia en la que los alumnos se levanten cuando entra el profesor en clase». El PP dice que «fortalecerá las medidas de disciplina y de orden en los centros, garantizando un clima escolar favorable al estudio», «impulsará en cada centro planes de promoción de la convivencia y prevención de la violencia en las aulas» y pondrá en marcha «el teléfono y e-mail de atención al menor con asistencia gratuita e integral para los casos de acoso».

- Igualdad y calidad. En un contexto de fragmentación territorial cada vez mayor, el PP afirma que quiere una formación común a los escolares con independencia del lugar en que residan y, por ello, las comunidades bajo su gobierno establecerán un currículo básico común en todas las etapas educativas. También aspira a una educación basada en la libertad, capaz de formar «ciudadanos conscientes de sus derechos y de sus deberes», que «integre al alumnado inmigrante con la plena asunción de los valores y principios constitucionales» y que promueva la «igualdad de oportunidades en función del mérito y la capacidad».

- Ayudas a las familias. Se promete, entre otras cosas, una oferta de plazas suficientes para niños hasta los tres años de edad -«extenderemos las ayudas directas a las familias para este primer ciclo de educación infantil»-; en el segundo ciclo de Educación Infantil, plazas gratuitas en todos los centros públicos y privados concertados para satisfacer la demanda de las familias y la conciliación de la vida familiar y laboral; y un programa de «becas salarios» para alumnos de educación secundaria con la finalidad de combatir el abandono prematuro de la escuela.

- Plan para la universidad. El desarrollo de una mejor enseñanza superior es otro de los «ganchos» electorales del PP. Para ello, en su programa habla de renovación profunda de las universidades, de un sistema nacional de becas, de «becas de excelencia» y de movilidad.

Anticonstitucional programa del PP
Nota del Editor   25 Febrero 2007

Todo lo referido a las lenguas "propias" que no sea de libre elección, es absolutamente anticonstitucional. En caso alguno se puede obligar a los ciudadanos, sean estudiantes de jardín de infancia, de primaria o de secundaria a estudiar lengua "propia" alguna. Los hablantes de la lengua "propia" no tienen derecho superior alguno al de los demas ciudadanos para imponerles tal lengua. La única lengua de la que existe el deber de conocer es el castellano.

¿Una democracia de partido único?
CARLOS MARTINEZ GORRIARAN, www.bastaya.org 25 Febrero 2007

Si pensábamos que poco podía ya sorprendernos de la política nacional, conviene recordar que todo puede empeorar y hacer que dé un respingo hasta el más pesimista. Lo último es el boicot a las iniciativas parlamentarias sobre terrorismo firmadas por el PP, decretado por el PSOE y sus socios de la mayoría, para proteger su tan incombustible como inútil “proceso de paz”. Como era previsible, apaciguar a ETA y llegar a acuerdos con ellos no es algo pueda hacerse sin dañar seriamente la democracia. Decidir que los grupos parlamentarios se negarán a discutir las propuestas de uno de ellos, en este caso el segundo del Parlamento –aunque, para los principios democráticos, daría igual que fuera el último-, no es otra cosa que un boicot al Parlamento. La semana pasada vimos un adelanto en el Parlamento Vasco, donde los portavoces del PNV y PSE –dos José Antonios: Rubalkaba y Pastor- rivalizaron en quién de los dos trataba con más desprecio la propuesta popular –absolutamente correcta- de que la cámara vasca se declarara contraria a cualquier negociación con los terroristas.

No se trata, sin embargo, de si la propuesta del PP vasco –partido que las hace de todos los colores- era buena o mala. Para saberlo era indispensable, precisamente, el debate que sus señorías rehúsan realizar: esta es la cuestión. La gravedad del asunto va mucho más allá del fastidio que este complot puede causar al partido de la oposición. En realidad, da lo mismo si al partido de Rajoy le viene bien o mal que los demás partidos pretendan ignorar su actividad parlamentaria; igual hasta le beneficia. Lo que está en juego es el propio papel institucional del Parlamento, nada menos que el poder legislativo. ¿Es aceptable que la institución representativa más importante de esta democracia representativa y parlamentaria renuncie expresamente a cumplir con su obligación? La respuesta no admite evasivas: no.

Aunque la deriva disparatada y sectaria de la política española haya conseguido difundir la falacia de que el principal papel del Parlamento es oponerse a la oposición y controlar sus iniciativas, olvidando el control del gobierno, lo cierto es que el papel de los parlamentos democráticos es bastante claro y sencillo: ejercer la representación popular, controlar al gobierno y debatir públicamente sobre los asuntos políticos y legislativos de su competencia. Me gustaría subrayar modestamente una olvidada obviedad: que el debate público de los asuntos públicos es el eje sobre el que giran las otras atribuciones y competencias. Diputados y senadores son representantes porque nos sustituyen en el debate de los asuntos de interés general, y son públicos porque debaten públicamente, con “luz y taquígrafos” salvo raras excepciones. Diputados y senadores tienen encomendada la función imprescindible de controlar al gobierno, y por eso les habilitamos para hacer preguntas públicas que el gobierno está obligado a responder públicamente, con otras escasas excepciones. Pero la función de control es, además, inseparable de la obligación de deliberar, que no es otra cosa que el intercambio ordenado de argumentos racionales pero controvertidos, incluso antagónicos.

¿Por qué es importante recordar estas tautologías del abc de la democracia?: sencillamente, porque la decisión de boicotear la actividad parlamentaria de uno de los grupos, ahora el popular, implica necesariamente incumplir las funciones constitucionales que tienen encomendadas sus señorías, en realidad la única razón por la que están allí y gozan de inmunidad y otros privilegios, a saber: representarnos para deliberar públicamente sobre los asuntos sometidos a debate, es decir, los aceptados por la mesa del parlamento. Si la mesa acepta una moción del PP, o de quien sea, y los demás grupos se niegan a deliberar sobre ella, incumplen sus obligaciones y privan de significado a la institución. En resumidas cuentas, interrumpen e impiden la práctica de la democracia, traicionando el mandato que les hemos encomendado todos los electores. Ya es sabido que resulta imposible comprometer a un partido a cumplir su programa, pero lo que se nos sugiere ahora es otra vuelta de tuerca: que vayamos renunciando a que los parlamentarios actúen como tales y cumplan con su obligación.

Sólo el hecho de que los diputados, a diferencia de otros profesionales, estén protegidos de cualquier otra forma de recusación y exigencia de responsabilidad que no sea la electoral –blindados en sus puestos por las listas cerradas mientras sean fieles al aparato que los ha nombrado-, permite diluir y relativizar la gravedad de lo que está sucediendo. Lo cual, unido a otros no menos disparatados –de la presión descarada a los jueces a los referendos que fundan naciones con porcentajes ridículos de participación-, invita a pensar que estamos en una crisis constitucional. De nuevo la evidencia de que muchos de los errores políticos habituales, o nuestra incapacidad para acabar con ETA sin trampas ni rodeos, son efecto de un sistema más orientado a proteger los intereses de los partidos que el interés general.

El tipo de alianzas políticas casi obligado por el sistema electoral –entre un partido nacional y uno o varios partidos menores nacionalistas-, unido a malas prácticas como la del boicoteo parlamentario, empujan al sistema parlamentario hacia un régimen de partido único virtual. Para llegar a ese punto no es necesario prohibir ningún partido, claro está: basta con pactos blindados de gobierno fundados en la exclusión y ninguneo de los perdedores, los críticos y los disidentes.

¿Política-ficción totalitaria?: no, más bien el Pacto del Tinell, o la bufonada de Artur Mas firmando ante notario un compromiso de exclusión del PP. ¿Precedentes anteriores?: uno gravísimo e innombrable, pero inolvidable: el Pacto de Estella o Lizarra, suscrito entre ETA, PNV y EA para imponer la independencia por la vía de los hechos, y expulsar de la política vasca a los constitucionalistas. La extensión al conjunto de la política española de los modos vascos y catalanes, obra de sus respectivos e insufribles nacionalismos, pretende hacer aceptables estos fraudes constitucionales. Y la centrifugación del Estado puesta en marcha por el zapaterismo hace más fácil, si es que no lo requiere imperativamente, esa clase de alianzas. Se comienza aceptando la exclusión de las minorías, aunque sean tan grandes como la que votó al PP, y se sigue impidiendo que el Parlamento delibere y discuta las propuestas de la minoría excluida. Así, el giro de 180º del socialismo vasco, del que la coincidencia de los Pastor y Rubalkaba contra el PP es sólo un pequeño ejemplo, es el resultado de la adaptación del PSE a las reglas de ese régimen de partido único virtual: yo te doy tu feudo (Cataluña, País Vasco o Andalucía), a cambio de que tú me des el gobierno nacional, convenientemente –claro está- vaciado de competencias.

Los parlamentarios no tienen derecho pactar entre ellos la negativa a debatir las propuestas de un igual. Si estas propuestas son descabelladas, que lo razonen y nos persuadan. Deliberar, razonar y argumentar, con luz y taquígrafos, no es un privilegio que puedan arrogarse cuando quieran, sino su obligación. No hay alternativas aceptables.

RUMBO AL 27-M
Miguel Sanz, solo ante el peligro para evitar el riesgo del "sorpasso"
Elsemanaldigital.com   25 Febrero 2007

NAVARRA...
Si Miguel Sanz vuelve a ganar en mayo, se unirá a Pedro Sanz y Ramón Luis Valcárcel en un "trío perseguidor" de Manuel Chaves como presidentes autonómicos con más tiempo en el cargo.
...CAPITAL PAMPLONA
Yolanda Barcina aspira a una segunda reelección como alcaldesa, esta vez ante una rival de relumbrón mediático como Uxue Barkos. En la capital navarra se plantea un problema similar al de la Comunidad: que el rival del PP sea la parlamentaria nacionalista, y no el socialista Javier Torrens.

Una endiablada conjunción de circunstancias podría dar lugar al peor de los escenarios posibles: UPN y CDN sin mayoría absoluta, y Nafarroa Bai con más votos que el PSOE.

25 de febrero de 2007. Hubo un tiempo en que la rivalidad entre UPN (antes y después de la escisión del CDN) y PSOE dejaba al margen la integridad territorial de Navarra. Y eso que se vivieron momentos muy duros de confrontación cuando el fantasma de la corrupción se paseó por la comunidad foral, más que por ninguna otra, en los años negros del felipismo: tanto, que dio con los huesos de un presidente en la cárcel (Gabriel Urralburu, quien ingresó en prisión en 2001, años después de haber dejado el poder) y forzó la dimisión de otro (Javier Otano).

Pero, más allá de esa pugna, foralistas y socialistas supieron evitar durante varias legislaturas que los proetarras, que hasta su ilegalización gozaron siempre de una notable representación en Navarra (que llegó a su máximo en 1999, con un 15,58% de los votos), adquiriesen la condición de árbitro, pese a ser la tercera fuerza política en algunas elecciones. El sector españolista del Partido Socialista de Navarra lograba imponerse siempre.

De hecho, volvió a hacerlo en junio de 2004, ya con José Luis Rodríguez Zapatero en La Moncloa, cuando Carlos Chivite se hizo con la secretaría general del PSN en detrimento de Juan José Lizarbe, más proclive al entendimiento con el nacionalismo vasco, que llevaba siete años en el cargo y había perdido frente a UPN las confrontaciones electorales de 1999 y 2003.

En cualquier caso, desde 1995 los socialistas se han estancado en 11 diputados en el Parlamento foral. En 1996 (tras la convulsión política del "caso Otano" y de la cuenta suiza del presidente socialista navarro) Miguel Sanz, que había sido vicepresidente con Juan Cruz Alli, logró el gobierno y lo ha mantenido durante once años.

La era Sanz
Es, de hecho, de los presidentes autonómicos en activo más antiguos en el cargo, que ha ido revalidando en 1999 con más votos que en 1995, y en 2003 con más votos (41,48%) que en 1999. Ha absorbido el voto de la Convergencia de Demócratas Navarros de Alli (en escaños, del 17-10 de 1995 se pasó al 23-4 de 2003) y ha mantenido a Navarra como un feudo del centro derecha. En las dos últimas elecciones no forales celebradas en la comunidad ganó sin paliativos: 37,60% de los votos el 14-M (cuatro puntos por delante del PSOE, en los agitados comicios tras la matanza), y el 45,19% que sacó el PP, tres meses después, en las europeas (diez puntos de ventaja sobre los socialistas, incluso con un rutilante ZP en La Moncloa).

Durante ese tiempo, Sanz (de 54 años, casado, con dos hijos, profesor de instituto, master en dirección de empresas, ex alcalde de Corella durante ocho años) ha sacado a Navarra de la depresión post-corrupción del periodo Urralburu y la ha llevado a un periodo de prosperidad sin precedentes, situándola entre las comunidades líderes en España. Situada en el pleno empleo masculino, su tasa de paro es del 4,79%, frente al 8,15% del conjunto de España, con un desarrollo económico basado en la potenciación del sector agropecuario, el turismo y la innovación tecnológica.

Eso se nota en las encuestas, que le otorgan sin excepción una clara victoria. Pero...

El "efecto ZP"
La gran cuestión es si logrará reeditar, junto a la CDN, la mayoría absoluta. Es normal en un régimen parlamentario (otra cosa es si resulta deseable) que gobierne una coalición de partidos perdedores: ocurre actualmente en Galicia, en Cataluña y en Cantabria, ocurrió en Baleares y pudo ocurrir -no mediando el tamayazo- en Madrid en mayo de 2003. Pero es muy poco frecuente que esa coalición vaya a poner en riesgo la existencia misma de la comunidad que gobierna. Es el riesgo al que se enfrenta, sin embargo, Navarra.

Los socialistas presentan como candidato a Fernando Puras (de 52 años, casado, con dos hijos, licenciado en Derecho, funcionario de la comunidad como técnico de administraciónl local), ex consejero durante el breve gobierno de Javier Otano y candidato de consenso en el PSN (obtuvo en septiembre el 99% de los votos) tras varios meses de incertidumbre sobre quién sería el elegido por Ferraz. Zapatero y José Blanco no querían a Chivite ni en pintura, por considerarle un estorbo para la negociación con ETA, aunque terminaron decantándose por un protegido suyo que, desde entonces, ha procurado "esconderse" cada vez que ha sido precisa una definición política clara de que Navarra no será moneda de cambio con la banda terrorista.

Indeciso entre las bases socialistas (contrarias al coqueteo con Batasuna) y la dirección de Madrid y la política del PSE, Puras llega al 27-M como un candidato desdibujado: es el "efecto ZP" sobre el PSN, que atenaza a los socialistas navarros y abre un problema inédito en la comunidad.

Nafarroa Bai: ¿el "sorpasso"?
Hace algunos meses, una encuesta hizo saltar todas las alarmas: Nafarroa Bai podría obtener 11 diputados, los mismos que se asignaban en el sondeo al PSN. La coalición nacionalista (Aralar, Batzarre, PNV, EA) hizo su primer ensayo el 14-M, obteniendo el 17,98% de los votos y una diputada, la mediática Uxue Barkos, cuya belleza y buena oratoria la convirtieron en parlamentaria estrella y rostro de la formación a nivel nacional, catapultándola a una fama con la que intentará arrebatar el 27 de mayo la alcaldía de Pamplona a Yolanda Barcina, de UPN.

Al frente de Na-Bai para la Comunidad se presenta Patxi Zabaleta, un ex fundador y dirigente de Herri Batasuna y de Euskal Herritarrok que tras formular algunas críticas, más tácticas que morales, a los crímenes de ETA, terminó abandonando su brazo político y fundando Aralar.

En Navarra, como en el País Vasco a nivel municipal, es ahora mismo imposible predecir resultados, pues aún está en el aire si se presenta, bajo una u otra carátula, Batasuna (algo que Zabaleta y Barkos no quieren bajo ningún concepto, pues se nutren en buena medida de sus votos). Pero la sombra del sorpasso o adelantamiento, esto es, que Na-Bai quede por delante del PSN como segunda fuerza política, por más que sea algo muy difícil, ha comenzado a surgir.

Tanto más cuanto que Puras parece auto-condenarse hasta ahora al ostracismo en la cuestión básica, pillado entre el agradecimiento a La Moncloa y la exigencia de claridad de sus bases. La concreción de las listas, decidida este mismo sábado, ha reforzado sin embargo al sector de Chivite (que va, simbólicamente, como número 50) y en la candidatura foral los lizarbistas han desaparecido, salvo Lizarbe mismo.

¿Es el inicio de un cambio de rumbo hacia una mayor claridad de Puras sobre el futuro de Navarra? Es pronto para saberlo. La perspectiva de una mayoría alternativa a Miguel Sanz que pudiese encabezar Zabaleta parece "de pesadilla" para la identidad navarra y española de la Comunidad Foral. En su reciente visita a Pamplona, el ex ministro de Defensa, José Bono, que se reunió con Puras y con el candidato socialista a la Alcaldía de Pamplona, Javier Torrens, dijo claramente que no era partidario ni siquiera de la solución inversa, esto es, Na-Bai apoyando al PSN: "Yo no soy quién para decir con quién ha de pactar el PSN en Navarra. Pero como usted me pregunta mi opinión personal, yo jamás formaría parte de un Gobierno con grupos políticos que pusieran en duda la entidad autónoma de Navarra o su españolidad".

Claro, que Bono no es Zapatero, quien tendría al final la última palabra. Y visto lo que ocurre con el PCTV, y la buena sintonía con Barkos que ha mostrado el presidente del Gobierno durante toda la legislatura, las dudas están ahí. Sólo podrán despejarlas, con su voto, los navarros.

Cientos de radicales convierten el centro de Bilbao en un campo de batalla
Detenido Permach y una veintena de heridos, entre ellos Pernando Barrena y seis ertzainas La Policía cargó para impedir una movilización prohibida
SOFÍA R. DE VELASCO / O. B. DE OTÁLORA/BILBAO El Correo  25 Febrero 2007

Cientos de radicales convirtieron ayer en un campo de batalla el centro de Bilbao después de que la Ertzaintza impidiera avanzar a una manifestación de la izquierda abertzale en favor de los presos de ETA que había sido prohibida por la Audiencia Nacional. El cariz de los incidentes se tornó tan violento que desbordó cualquier episodio de kale borroka ocurrido en los últimos años: una veintena de personas resultaron heridas, entre ellas seis ertzainas y el dirigente de la ilegalizada Batasuna Pernando Barrena. Otro destacado miembro de esta formación, Joseba Permach, fue detenido bajo la acusación de desacato.

Los altercados comenzaron poco después de las 17.30 horas, una vez que la Policía autónoma informase a los manifestantes -concentrados en la plaza Aita Donosti- que la marcha no iba a desarrollarse, en cumplimiento de la orden judicial. Cuando llegaron los primeros furgones de la Ertzaintza con agentes antidisturbios se produjeron empujones y amagos de carga. En la cabecera de la movilización se encontraban varios líderes de la izquierda abertzale como Juan Mari Olano, Arnaldo Otegi o Joseba Permach, además de miembros del colectivo de apoyo a los presos Etxerat y la abogada Arantza Zulueta. En las calles adyacentes se agolpaban cientos de personas, apostadas en algunos casos detrás de los cordones establecidos por la Brigada Móvil.

El propio Olano vaticinó el caos que se avecinaba cuando, tras conocer que la Ertzaintza no iba a permitirles continuar la marcha, lanzó el siguiente mensaje ante los medios de comunicación: «Si no nos dejan celebrar una manifestación, vamos a hacer cien manifestaciones en las calles de Bilbao». El ruido del helicóptero policial que sobrevolaba la zona apagó sus palabras y se mezcló con un coro de gritos a favor de Iñaki de Juana Chaos y en contra el PNV.

A partir de ese momento, el centro de la capital vizcaína se convirtió en escenario de decenas de altercados. Numerosos jóvenes radicales arrasaron con contenedores y mobiliario urbano en su recorrido por unas calles ocupadas por miles de bilbaínos que iban de compras o daban un paseo. Los simpatizantes de la izquierda abertzale se dividieron en grupos y, siguiendo rutas paralelas a la calle Autonomía (recorrido previsto inicialmente para el acto de protesta), se aproximaron hasta el polideportivo de La Casilla en un intento de reanudar allí la manifestación.

Los radicales consiguieron burlar brevemente a la Policía. Pero cuando los agentes se dieron cuenta de la movilización, acudieron en masa a bordo de varios furgones y cerraron el paso a la comitiva en el cruce de las calles Areilza y Pérez Galdós.

En este punto estalló la violencia. Grupos de violentos se habían apostado en las arterias cercanas y empezaron a volcar y quemar contenedores Para entonces, las dotaciones de la Ertzaintza se habían dividido en secciones más pequeñas para intentar controlar los brotes de violencia, lo que permitió a los radicales rodear algunas furgonetas policiales aisladas y a los propios agentes. Durante unos segundos, los policías vascos se quedaron paralizados mientras una marea de personas les superaba entre gritos de «torturadores» y «zipaios». Entonces decidieron hacer uso del material antidisturbios y dispararon pelotas de goma.

Joseba Permach fue detenido en medio de la trifulca por desacato. Los agentes le trasladaron esposado a la comisaría de Deusto, donde a la hora de cerrar esta edición continuaba bajo arresto. Mientras la Ertzaintza perseguía a los radicales, algunas personas quedaron tendidas en el suelo con el rostro ensangrentado y heridas en la cabeza. El miembro de la mesa nacional Pernando Barrena fue trasladado a un centro hospitalario cercano con una contusión en el codo. Según Batasuna, también resultó herido el dirigente de la izquierda abertzale Eusebio Lasa.

Barricadas
Apenas una hora después de los primeros enfrentamientos, los disturbios se habían extendido ya hacia la Gran Vía, la principal avenida de la capital vizcaína, en cuyos accesos quedó un reguero de contenedores volcados, algunos de ellos en llamas, y restos de botellas de vidrio y bolsas de basura. Las aceras, repletas de bilbaínos, se convirtieron en escenarios de carreras y disparos de pelotas de goma. Los depósitos de basura fueron empleados para improvisar barricadas y el tráfico quedó bloqueado. Centenares de coches se vieron atrapados. Las sirenas de las ambulancias comenzaron a escucharse. Las camillas retiraban a los heridos.

Ante el violento perfil de los incicentes, bastantes comercios optaron por cerrar y numerosos ciudadanos corrieron a refugiarse en bares, tiendas y los vestíbulos de los hoteles. En las puertas de El Corte Inglés se vivieron momentos de especial tensión cuando decenas de simpatizantes de la izquierda abertzale corrieron a esconderse en el abarrotado establecimiento mientras lanzaban gritos a favor de De Juana. En la calle, la Ertzaintza realizaba cargas, que se repetían unos cien metros más adelante, frente a la sede del PNV, Sabin Etxea, que los radicales pretendieron cercar.

Entre ambos lugares, en la Plaza Circular, punto neurálgico de la ciudad, hubo un conato de agresión por parte de varios jóvenes que pretendían cortar el tráfico y cuya actitud fue reprobrada por los viandantes. Los simpatizantes de la izquierda abertzale se encararon con los peatones y les hicieron objetos de insultos y amenazas. En el Casco Viejo, frente al Teatro Arriaga, los violentos intentaron asaltar un autobús de Bilbobús. Su conductor resultó herido cuando los saboteadores arrojaron una piedra contra la luna delantera y una de las esquirlas de cristal le alcanzó en un ojo.

La rápida intervención de una patrulla de la Ertzaintza evitó que los radicales consiguieran apoderarse del vehículo. La Policía detuvo en las inmediaciones al joven A. I. A., de 27 años, y le trasladó a una comisaría por un supuesto delito de desórdenes públicos. Anoche el joven continuaba en dependencias policiales.

«Masacre»
La calma no regresó al centro de la capital vizcaína hasta pasadas las nueve de la noche, cuatro horas después de que se hubieran iniciado los disturbios. No obstante, la Polñicía autónoma continuó patrullando hasta la madrugada por las calles en previsión de que se produjeran nuevos asaltos. Los portavoces oficiales de la Ertzaintza aseguraron que seis agentes habían sufrido heridas leves durante los altercados. La Ertzaintza, no obstante, aseguró desconocer el número total de heridos que habían sido trasladados a hospitales, aunque se estima que el número total ronda la veintena.

El portavoz de Batasuna Arnaldo Otegi aseguró en 'Radio Euskadi' que al menos diecisiete personas resultaron heridas. El dirigente de la ilegalizada Batasuna culpó de los incidentes al Gobierno vasco y al PNV y agregó que la Ertzaintza había provocado «una masacre en el centro de Bilbao».

La Ertzaintza carga contra una marcha abertzale y se lleva esposado a Permach
Varias personas, entre ellas Barrena, resultaron heridas en el transcurso de los disturbios
Redacción La Razon  25 Febrero 2007

Bilbao- Las calles de Bilbao fueron ayer escenario de un rebrote de violencia con quema de contenedores, barricadas y calles cortadas. Esta escena se repitió a lo largo de la tarde de ayer al intentar los agentes de la Ertzaintza disolver con material antidisturbios a los manifestantes que acudieron a tomar parte en la marcha por la territorialidad y la amnistía prohibida por la Audiencia Nacional. Los incidentes se saldaron con varios detenidos, entre ellos el dirigente de la ilegalizada Batasuna Joseba Permach, y con más de una decena de heridos, entre ellos Pernando Barrena. Los hechos tuvieron lugar cuando, ante la imposibilidad de que los manifestantes se reunieran en la plaza Aita Donosti de Bilbao por la presencia de la Ertzaintza, los congregados decidieron marchar por un recorrido alternativo a través de la calle Doctor Areilza, una vía perpendicular a Autonomía, por la que pretendía discurrir esta movilización.

Los ertzainas acudieron a cortar el paso de la manifestación por esta calle, momento en que algunos de los convocados se sentaron en el suelo. Una decena de encapuchados lanzaron objetos contra los agentes de la Policía autónoma, y cruzaron contenedores y un coche, lo que fue respondido por los ertzainas. Los enfrentamientos se trasladaron después a la zona de Indautxu, donde los manifestantes se dispersaron, mientras los agentes trataban de replegarse. Poco después se concentraron de nuevo en la plaza Moyua. Allí, los radicales cruzaron contenedores y cortaron la calle Ercilla, mientras que la Policía cargó de nuevo contra ellos.
De ahí, los manifestantes se concentraron en la plaza Circular de Bilbao, después de haber recorrido las calles paralelas a la Gran Vía al serles impedido por la Ertzaintza circular por ésta. En las inmediaciones se cruzaron contenedores. Los cerca de 500 manifestantes coreaban lemas en favor de la independencia, de los presos de ETA y de Ignacio de Juan Chaos, y en contra del PNV, al que acusaron de «criado de los españoles». También hubo disturbios en el Casco Viejo, con cruce de contenedores, en la calle Bertendona y en la plaza del Arriaga. Como consecuencia de los enfrentamientos, el hospital de la Cruz Roja atendió de contusiones a ocho personas, entre ellas, el dirigente de Batasuna Barrena. Otros manifestantes fueron atendidos por varias ambulancias desplazadas hasta la zona. Los alrededores de este barrio de la ciudad sufrieron las consecuencias de los incidentes con contenedores cruzados y quemados en las calles General Eguia, María Díaz de Haro y Ercilla, entre otras, dos coches cruzados, restos de botellas y objetos lanzados contra los agentes. Los bomberos tuvieron que intervenir para apagar las llamas y retirar obstáculos de la vía.

Entre los manifestantes se encontraba el responsable del colectivo de apoyo a los presos de ETA Askatasuna, Juan María Olano, la abogada de reclusos de la organización terrorista Arantza Zulueta, y los dirigentes de la ilegalizada Batasuna Pernando Barrena y Joseba Permach, a quien los ertzainas se llevaron esposado. A las cinco y media de la tarde de ayer, los agentes comunicaban a los cientos de simpatizantes de la izquierda abertzale concentrados en la plaza Aita Donosti de Bilbao que no podían celebrar la manifestación convocada por Etxerat bajo el lema «Palabra y decisión, territorialidad y amnistía», al estar prohibida por la Audiencia Nacional.

Furgonetas y un helicóptero
Siete furgonetas de la Ertzaintza, vigiladas por un helicóptero, formaban el dispositivo en la calle Autonomía. Ante la imposibilidad de dar comienzo a la marcha, los presentes corearon lemas como «no hay paz sin amnistía», «presos vascos a casa» y gritos de apoyo a Iñaki de Juana Chaos. La nueva manifestación era convocada ayer al mediodía en sustitución a la convocada por el movimiento pro amnistía bajo el lema «Autodeterminación y amnistía para Euskal Herria» y que fue prohibida por la Audiencia Nacional al considerar que detrás de ella estaba Askatasuna.

El portavoz de Batasuna, Arnaldo Otegi, acusó tras estos hechos a la Ertzaintza de cometer una «masacre» en Bilbao. Otegi se trasladó a la comisaría de la Policía autónoma en el barrio de Deusto para interesarse por su compañero Permach.

El colectivo de presos de ETA, EPPK aseguró ayer que el proceso de paz en el País Vasco está bloqueado debido a que el Gobierno «ha retrocedido en sus compromisos» y no reconoce el principal derecho del País Vasco y de sus ciudadanos, que es «ser y decidir». El EPPK remitió un comunicado para ser leído en la manifestación de Bilbao.

Joaquín Leguina: «Zapatero ha abierto el melón del Estado sin saber a dónde vamos»
POR ÁNGEL COLLADO. ABC  25 Febrero 2007

Joaquín Leguina (Villaescusa Cantabria, 1941), doctor en Económicas por la Complutense, en Demografía por la Sorbona, estadístico del Estado, ex concejal del Ayuntamiento de Madrid, doce años presidente de la Comunidad de Madrid, es, por formación y experiencia política, todo lo contrario de lo que hoy se lleva en el PSOE. Desde su destino actual en la presidencia de la Comisión de Defensa del Congreso dice lo que muchos en su partido sólo defienden en voz baja: que Zapatero ha abierto el melón de la estructura del Estado sin saber a dónde nos lleva y sin conseguir aplacar a los nacionalistas.

-¿Va a hacer realidad su partido el programa máximo de los nacionalistas?
-Yo lo que me pregunto es por qué no se les ha exigido a los nacionalistas que sean leales con la Constitución, que les da muchas ventajas, y que si no son leales, por qué no cambiamos la ley electoral y vamos a otro escenario. Yo lo que achaco al presidente del Gobierno es que ha abierto un melón que no lleva a buen puerto, que afecta a la estructura del Estado.

-¿Cómo es posible que el PSOE haya aprobado el nuevo estatuto catalán sin debate interno?
-No es que no haya habido debate, es que no se ha oído nada. Las únicas críticas han venido de muchos pensadores, de derechas y de izquierdas, que no están de acuerdo con esto. Yo no tengo una explicación, supongo que ha sido por una cuestión de pura táctica.

-Visto el silencio, ¿cabe pensar que una gran mayoría en su partido asume las doctrinas nacionalistas?
-Yo creo que no, pero es que no le dan mucha importancia. Y es posible que no sea grave ahora mismo, pero sí a largo plazo.

-¿Usted cree que Zapatero tiene un diseño de ese nuevo modelo de Estado que puede surgir con los nuevos Estatutos?
-No lo sé. Desde luego, este mecanismo difícilmente conduce a un Estado federal donde se niegan las desigualdades, los hechos diferenciales. Tampoco a una confederación, porque se parte de un Estado unitario. Sería realmente original, aunque aquí algunos políticos no quieren entrar en la historia, sino en el «libro Guiness». El diseño constitucional, sin estar cerrado, permitía «federar», era flexible para hacer cambios, como ha ocurrido en el sistema de financiación, para ajustar mejor las cosas. Pero una cosa es la modulación progresiva y otra abrir este melón, además sin contrapartida, porque los nacionalistas no se han comprometido a nada a cambio de esos nuevos estatutos. Siguen sin dar seguridad alguna -salvo la de sostener un Gobierno- de ser leales con la nueva estructura e insisten en el agravio comparativo. Y hemos llegado al extremo de que hasta los que dicen no ser nacionalistas consideran que criticar cualquier cosa de lo que ocurre en Cataluña es ser anticatalán.

-¿Cree que cabe esperar alguna rectificación en el PSOE a esa «comunión», aunque sea táctica, con el nacionalismo?
-En países tan serios como Alemania están rectificando ahora, después de muchos años de rodaje federalista. Como diría Machado, que no era nacionalista, «no está el mañana en el ayer escrito».

-Pero en Alemania hay un acuerdo básico entre los dos partidos nacionales sobre los asuntos de Estado que aquí no se da.
-Y que yo, desde luego, echo de menos. Pero sería injusto culpar a un sólo partido de que no exista ese entendimiento. Volvemos a la táctica y la estrategia. El PSOE quiere aislar al PP y el PP quiere destacar que el Gobierno está rodeado de políticos, por decirlo suavemente «no fiables»: los nacionalistas. Desde los medios próximos a los socialistas se insiste en que el Partido Popular se queda solo y la oposición responde con la lógica del «mejor solo que mal acompañado». De ahí no salimos.

-¿Por qué tienen tan poca influencia en el presidente del Gobierno ese tipo de advertencias sobre la entrega a los nacionalistas que hacen Bono, Ibarra, Guerra, González o usted mismo?
-Porque el Gobierno, mejor dicho el grupo de Rodríguez Zapatero, como dicen en baloncesto, ha tomado la posición. Si ahora hiciéramos un manifiesto o cualquier movimiento interno, ¿que diría la opinión pública más próxima al PSOE? Pues que esto es la vuelta al pasado, que estamos resentidos... se nos descalificaría con juicios de intenciones para dejarnos fuera del juego político. Es mejor decir lo que se piensa, desde luego yo lo hago, pero sin pretensiones de subvertir ningún orden establecido.

-¿Es decir, que van a mantener la misma disciplina de voto que en el estatuto catalán pese a que no les guste?
-Yo he estado defendiendo la disciplina de voto y ahora, cuando me toca a mí sufrir las consecuencias, no me puedo volver atrás. Tampoco creo que sea positivo para el sistema, mire lo que pasa en Italia. Hay que aguantar y decir lo que cada uno piensa.

-¿Sus actuales jefes les llaman «gente antigua»?
-Esa es una forma fácil de eliminar al adversario, pero hay que admitirlo: somos más viejos. Es inexorable. Vamos a ver qué es lo que queda de ellos cuando alcancen nuestra edad, sobre todo en el «currículum vitae».

-¿Puede ser la clave de ese cuestionamiento de los valores de la Transición y el consenso la falta de preparación y experiencia de los nuevos gobernantes?
-Esa es la clave de la distancia evidente y creciente de la clase política y el conjunto de la ciudadanía. Cada vez hay más personas que se dedican exclusivamente a la política desde que salen de la facultad o entran en el partido. Es un mal en sí mismo que se extiende a todas las formaciones y amenaza con crear no una elite política, sino una casta amparada en un sistema electoral muy cerrado y en las siglas de los partidos.

-¿Y cómo se puede solucionar?
-La profesionalización es necesaria mientras se ejerce un cargo público, pero otra cosa es la profesionalización desde la guardería. Una persona que se dedica a la política tiene que tener alguna experiencia fuera de la política, tiene que haber cotizado a la Seguridad Social por cuenta ajena o propia, saber cómo funciona una empresa o una institución pública, haber hecho unas oposiciones o trabajado de albañil o ingeniero de Caminos. Eso de meterse desde niño a cobrar de un partido y llegar hasta arriba no es bueno.

-¿Está usted retratando al actual Gobierno?
-No a todos sus miembros.

-Pero sí a su presidente.
-Sí, en parte, pero hay casos mucho más escandalosos que no voy a citar por sus nombres. La Constitución, que es bastante sabia en casi todo, habla de «mérito y capacidad» para desempeñar cargo público y son las dos palabras de las que huyen como de la peste todos los aparatos de todos los partidos.

-Dice Ibarra que les jubilan.
-Bueno, a mí me jubiló Ruiz-Gallardón. En el censo de militantes del PSOE, uno de los secretos mejor guardados como ocurre en todos los partidos y según los datos que tengo, cuando llegó Zapatero, más del 60 por ciento de los militantes tenía más de 55 años. Es unapirámide de edades, pero invertida. Si tu liquidas la cabeza, liquidas al 64 por ciento y no hay forma de que te echen después, de que te «renueven» después. Esta puede ser la «renovación» definitiva del PSOE. Es un despilfarro. Por muy viejos y gastados que estemos, algo podríamos aportar. Yo mismo puedo decir algunas cosas sobre la ley del suelo. ¿Usted cree que me han llamado? Pues no.

-¿Qué ha ocurrido en el PSE para que también asuman posiciones tan nacionalistas?
-Yo no les veo sumados al nacionalismo, sino a la supervivencia. En algún momento pensaron que la alianza con el PP, el constitucionalismo, les llevaba a la desaparición y ahora han buscado una posición intermedia que coincide con la idea del presidente del Gobierno de que se puede navegar entre este magma de nacionalismos para sostenerse en el poder. No es un cambio absoluto de ideología o de historia, es táctico.

-Que empieza a dejar muchas bajas como Nicolás Redondo, Rosa Díez...
-Sí. Y como decía Napoleón,un buen ejército lo primero que debe preocuparse es de no dejar los heridos en el camino. Y además de no ser bueno, es un despilfarro porque son personas que han reflexionado, que han peleado y han sufrido mucho allí. Espero que en un futuro no muy lejano se les pueda recuperar.

-¿Miguel Sebastián es candidato por el PSOE a la Alcaldía de Madrid porque en la antigua FSM no hay cantera o por puro cesarismo de Zapatero?
-Dentro del partido hay no menos de 20 personas capacitadas, y en el entorno del partido, como puede ser el caso de Sebastián, unas doscientas. Lo que pasa es que aquí ha habido una exhibición de poder interno. Ya veremos los resultados electorales y espero que se cumpla la ley de oro de toda democracia, la responsabilidad sobre las decisiones cuando llegan los resultados. Si se gana, a aplaudir, y si se pierde, a responsabilizarse.

-¿Se refiere a Zapatero?
-A quien haya decidido esa candidatura. A ver si después de mayo no ha sido Zapatero, que puede ocurrir.

-¿Hubiera preferido a María Teresa Fernández de la Vega?
-Hubiera sido desnudar a un santo para vestir a otro.

-¿Y Bono?
-Pues tampoco. Estudió aquí y también ha vivido en Madrid pero llevaba muchos años trabajando en la comunidad vecina. Y con bastante éxito.

-¿Mantienen ustedes, los ex barones y ex dirigentes del PSOE, alguna relación fija que les lleva a hacer similares críticas en parecidas fechas?
-Relaciones personales, sí. Políticas, algunas, pero no para tomar decisiones colectivas. Por lo menos, de momento.

-¿Cómo ve la carrera de su sucesor, Alberto Ruiz-Gallardón?
-Después de ganarme las elecciones, hizo una apuesta complicada como era irse al Ayuntamiento, que fue un éxito electoral indudable. Como suele hacer Gallardón, también hizo otra apuesta arriesgada, abrir no sé cuantos kilómetros de metro. Puede ser discutible el planteamiento, pero los hizo. Ahora ha dicho que iba a enterrar la M-30, yo paso todos los días por allí y creo que la va a enterrar. Es la muestra de un político que corre riesgos, que son los que se necesitan para bien o para mal. Es muy joven todavía, aunque él diga que cada vez menos, supongo que tendrá sus ambiciones y le deseo que las cumpla si son para bien de su salud física y mental.

-¿Usted le imagina al frente del PP?
-No me extrañaría nada, aunque no sé si tiene más adversarios dentro que fuera.

-¿Le da por ganador en las municipales?
-Si quiere un consejo que no necesita, hay que recordar que no conviene confiarse nunca.

-¿Aunque parta de una ventaja de 15 puntos?
-Nosotros es que seguimos con una cantera limitada. Es como si el Real Madrid perdiera una Liga y sacara para la siguiente a los jugadores del mismo sitio. Lo más probable es que volviera a perder.

-Pero el PSOE tampoco ha traído ninguna estrella.
-Por eso. Son de la misma cantera, la de los amigos del presidente del Gobierno. Una cantera interesante, sobre todo para Zapatero.

-¿Es de los socialistas que considera a su jefe capaz de perder las elecciones generales por las «originalidades» de sus apuestas políticas como el lío de los estatutos o la negociación con ETA?
-Pues probablemente ganará las elecciones cuando las convoque. Veo a los líderes del Partido Popular con un estilo y unas actitudes con las que no puede sentirse muy identificado buena parte del electorado. ¿Cómo puede ganar un partido político que apuesta por la fabulación en un asunto como los atentados del 11-M? Con esos mimbres, no sé qué cesto va a hacer. Rajoy es inteligente y tiene sentido del humor, pero da la sensación de que se pregunta cada mañana «¿qué hago aquí?». No porque le venga grande, sino porque le viene extraordinariamente pequeño. A largo plazo volverán al poder, pero no en estas primera elecciones, que perderán más por errores propios que por éxitos ajenos.

-¿Y dónde está la parte positiva del balance de Zapatero?
-En ciertas leyes muy necesarias como la de dependencia, por la estabilidad, en el éxito en el crecimiento económico y por una cosa que todo el mundo había prometido y nadie había hecho: arreglar el problema de RTVE.

MIENTRAS ARRECIA LA POLÉMICA CON EL SUP
Del Pino da las primeras pinceladas de una "teoría de la conspiración"
Carmelo López-Arias elsemanaldigital  25 Febrero 2007

LA VERDAD DEL 11-M
Luis del Pino. 11-M. Golpe de régimen. La Esfera de los Libros. Madrid, 2007. 370 pp. 19 €

La cual, hasta ahora, no existía formalmente. La última obra de uno de los investigadores independientes del 11-M habla ya de "golpe de régimen" y señala un quién y un por qué.

24 de febrero de 2007. Aparentemente, en torno al 11-M se enfrentan dos teorías: una, la que se deduce de la instrucción sumarial y el auto de procesamiento; y dos, la llamada "de la conspiración". Un nombre, este último, que intenta descalificar las investigaciones extrajudiciales (pese a que algunas de esas investigaciones han pasado a formar parte del mismo sumario, y otras son simples deducciones del mismo), pero que no respondía hasta ahora a una realidad.

En efecto, ninguno de quienes cuestionan la labor de Juan del Olmo y Olga Sánchez había perfilado hasta el momento una hipótesis definida y concreta para explicar la matanza de Atocha de forma alternativa a la instrucción de la Audiencia Nacional. De hecho, durante uno de los últimos debates de 59 segundos, el mismo Fernando Múgica, periodista de El Mundo a quien se debe el descubrimiento de algunos de los grandes "agujeros negros" de la investigación, se mostraba poco proclive a la hipótesis de un atentado etarra.

Porque no es lo mismo descubrir fallos (y los hay) y sospechar manipulaciones (y las hay), que señalar un culpable distinto al oficial. Incluso algunos aspectos de la -mal llamada- "teoría de la conspiración" serían compatibles con la comisión del crimen por las 29 personas que se sientan en el banquillo de la Casa de Campo.

Luis del Pino da un paso más
En las últimas semanas, sin embargo, Luis del Pino sí ha comenzado a esbozar en su blog propuestas explicativas algo más globales. Y las presenta de forma articulada y razonada en su último libro, 11-M. Golpe de régimen, que asume los contenidos del recientemente editado por LibrosLibres y que ya comentamos (Las mentiras del 11-M), pero donde ya postula afirmaciones que se aproximan a una teoría global.

Sin mayores preámbulos, hace un estudio sistemático de cuatro grandes pruebas que habrán de examinarse en el juicio: la Renault Kangoo, el Skoda Fabia, la mochila de Vallecas y la voladura del piso de Leganés. "Hemos demostrado con los propios datos del sumario que dos de las cuatro pruebas son falsas: el coche Skoda Fabia y el piso de Leganés", afirma. En cuanto a las otras dos, dice haber puesto sobre la mesa "una cantidad abrumadora de indicios de casi segura falsedad": estaríamos ante pruebas preparadas para orientar la investigación y la opinión pública hacia la autoría islámica.

Y ¿cómo es que no temían quienes las fabricaron que se descubriese el pastel? Según Del Pino, porque en las horas que siguieron a la masacre, y en las semanas posteriores, nunca pudo sospecharse que el sumario sería sometido al escrutinio sistemático del equipo de investigación de El Mundo y del extenso y cualificado ejército de los Peones Negros de Del Pino, que han sido básicamente quienes, junto a las aportaciones de City FM, han cuestionado con fundamento la "versión oficial".

Pero entonces, ¿quién fue y por qué?
En las páginas de este libro, el autor afirma taxativamente que los restos de explosivo hallados en la Kangoo se depositaron en dependencias policiales, que la mochila de Vallecas la construyó la policía, que fueron los servicios de inteligencia quienes colocaron el Skoda en Alcalá y que probablemente, cuando saltó por los aires el piso de Leganés, ya no había nadie vivo dentro. Éstas sí son aseveraciones que apuntan a una "conspiración".

Los "conspiradores" habrían aprovechado la existencia de dos tramas auténticas, la de los asturianos y la de los islamistas, ambas bajo control policial (en el libro, un escalofriante cuadro a todo color incluye foto, nombre, situación y servicio de las Fuerzas de Seguridad del Estado que vigilaba a cada uno de los implicados). Y las habrían conectado entre sí mediante una tercera trama, la de "los pelanas de Lavapiés", a través de la figura de Jamal Ahmidan, incorrectamente apodado "El Chino".

Las pruebas se habrían preparado apresurada e incoherentemente para vincular estas tres tramas y zanjar la matanza en la forma en que lo ha hecho Juan del Olmo.

Pero, para ocultar ¿qué? Del Pino ha formulado en su blog más de una hipótesis, pero en este libro abunda -proponiéndola en forma interrogativa- en la que considera menos inquietante: que el atentado fue de ETA, y el PSOE movió rápidamente en esos tres días de marzo a sus terminales en las Fuerzas de Seguridad para taparlo y desviarlo hacia "desiertos lejanos". La razón es que la autoría etarra implicaba la permanencia del PP en el poder y hacía imposible el "final dialogado de la violencia" que José Luis Rodríguez Zapatero (eso lo hemos sabido durante el "alto el fuego") había comenzado a tratar con la banda y sus adláteres antes incluso de llegar al poder.

De ahí la perfecta conjunción entre dichas pruebas falsas y la campaña de agit-prop de la Cadena SER entre el 11 y el 14, que Del Pino detalla al minuto en unos cuadros muy útiles para recordar cómo sucedieron las cosas en aquellas jornadas.

Ahora sí
Luis del Pino se ha enfrentado en los últimos días a los ataques del Sindicato Unificado de Policía (SUP), considerado pro-socialista, con la célebre "habitación sin Estado de Derecho" del portavoz Maximiliano Correal, a quien respaldó su secretario general, José Manuel Sánchez Fornet. Dos intervenciones difícilmente comprensibles, a no ser que queramos verlas como una reacción a la "teoría de la conspiración" que, ahora sí, comienza a formularse.

Subrayamos el "ahora sí". La "teoría de la conspiración" ha sido hasta el momento un simple fetiche de quienes querían tapar los evidentes "agujeros negros" del sumario. Pero se están comenzando a formular explicaciones articuladas, y este libro es sólo un avance.

Vamos a discriminarlas también, por supuesto, con cuidado; y seguro que, dentro y fuera del juicio, surgirán en las próximas semanas elementos nuevos para hacerlo. Mientras tanto, obras como las de Luis del Pino son aportaciones imprescindibles, pues -en lo que acierten y en lo que no- aportan una luz que sería absurdo rechazar.

La UE avisa que el uso de las lenguas autonómicas lo debe pedir Zapatero
LAURA VILLENA. SERVICIO ESPECIAL. ABC 25 Febrero 2007

BRUSELAS. El uso oficial del catalán, el valenciano, el euskera y el gallego en el seno de las instituciones europeas tendrá que esperar a que el Gobierno español lo solicite ante Bruselas y a ser aprobado por los veintisiete países de la Unión Europea.

Así lo recordó el pasado viernes el comisario europeo de Multilingüismo, el búlgaro Leonard Orban, que insistió en la falta de competencias de la Comisión Europea para promover el uso oficial de las lenguas cooficiales españolas en la UE. En su primera aparición ante la prensa, el comisario de esta cartera que hasta ahora no existía como tal, dejó claro que España tendrá que resolver sus diferencias en casa para dirigirse entonces a Bruselas con una propuesta unánime, y que no está en su mano intervenir para que el catalán, el valenciano, el euskera, y el gallego, se sumen a la larga lista de lenguas oficiales de la UE.

Estas cuestiones no son novedosas. Sin embargo, parece necesario recordar los límites en esta materia, tras las expectativas que haya podido crear el reconocimiento del irlandés, hablado por menos de 200.000 personas, como la lengua oficial número veintitrés de la UE el pasado uno de enero. El 13 de junio de 2005 se firmó un acuerdo que permitía a ciudadanos y a representantes políticos dirigirse y ser respondidos en cualquiera de estas lenguas en la Eurocámara, la Comisión Europea, el Consejo de la UE, el Comité de las Regiones y al Defensor del Pueblo europeo.

El Comité de las Regiones fue la primera institución que llevó a la práctica el acuerdo que permite dirigirse en cualquier lengua de la UE. El Presidente catalán Pasqual Margall, el valenciano Francisco Camps, el gallego Emilio Pérez Touriño, y el representante vasco José María Muñoa, utilizaron sus lenguas maternas en el pleno de esta institución. El Comité de las Regiones permite, además, la intervención oral en cualquiera de las lenguas cooficiales siempre y cuando la traducción sea solicitada con siete semanas de antelación.

En cualquier caso, el acuerdo de junio de 2005 exige al Gobierno español hacerse cargo del coste de todas las traducciones que sean necesarias.

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