AGLI

Recortes de Prensa     Miércoles 28 Febrero   2007

¿Para cuándo el TC?
POR CÉSAR ALONSO DE LOS RÍOS ABC 28 Febrero 2007

Los gobiernos español y catalán van a rematar los traspasos previstos por el Estatuto catalán. Pero ¿acaso no deberían resolverse antes los recursos interpuestos ante el Tribunal Constitucional?

Imaginar tal cosa sería tanto como suponer que tienen una cierta conciencia de Estado de Derecho los que han puesto en marcha la construcción anticonstitucional de un nuevo modelo de Estado. Este va a ser posible gracias a una estrategia de hechos consumados, esto es, de una serie de golpes de mano encubiertos en una supuesta legalidad... a la espera de la última palabra del TC.

Porque el gran argumento con el que los socialistas y los nacionalistas han ido tapando la boca a quienes han ido denunciando el proceso por anticonstitucional ha sido el recurso al Tribunal Constitucional. Si en algo fallaban los partidos y las instituciones, ya diría su palabra definitiva el TC. ¿Para después de que hubiera hablado el pueblo? Exacto. Como está previsto. Así que los Parlamentos nacional y catalán aprobaron un texto escandalosamente anticonstitucional y se llamó a la población catalana para que se expresara sobre una cuestión que le corresponde a la española (a la Nación).
Se pensaba que, llegados a este punto, debería hablar el TC. Pero ¿acaso no está demasiado condicionado por problemas internos que podrían paralizar un proceso político de tanta trascendencia y en el que ha puesto todas sus complacencias nuestro gran líder, Zapatero?

Así que, a la vista de estas cuestiones, se reunirán los representantes de los gobiernos central y catalán y pondrán al día la realidad catalana según lo dispuesto en el Estatuto. ¿Y el Constitucional? ¿Para cuándo dirá su última palabra el gran Tribunal? Allá para después de las elecciones legislativas. ¿No sería disfuncional -democráticamente hablando- que las riñas partidarias y personalistas, que abruman la institución, ciertamente clave, pudieran paralizar el proceso global, esto es, la coronación del nuevo modelo de Estado en relación con Cataluña? Sería sensato que a causa de un tal Pérez Tremps se torpedeara el nacimiento real de la nación catalana?
Golpe a golpe. Y el TC, para dentro de un año. O más.

Buesa insta a cambiar la Constitución para atajar los chantajes nacionalistas
B. TORQUEMADA. MADRID. ABC 28 Febrero 2007

El brutal atentado de Barajas no sólo ha desacreditado la política antiterrorista del Gobierno (singularmente, la apuesta personal de José Luis Rodríguez Zapatero por el «proceso»), sino que también ha abocado a las plataformas cívicas a una reflexión de calado: la de cómo plantear la respuesta ciudadana a la actual situación de «empantanamiento», ahora que el Ejecutivo se ha embozado en un aparente compás de espera para retomar la negociación con ETA.

La respuesta del presidente del Foro de Ermua, Mikel Buesa, es inequívoca: hay que mantener las movilizaciones, persistir en reclamar la derrota del terrorismo (nunca el «final «dialogado», pues está convencido de que Zapatero quiere volver al «proceso») e instar a una reforma de la Constitución que ataje el perenne chantaje nacionalista. En la conferencia que dictó ayer en el Aula de Cultura de ABC, Buesa estimó que la Carta Magna «debe corregir su diseño inicial para eliminar los incentivos al ejercicio de un oportunismo que, al dar entrada irrefrenable a los intereses nacionalistas, pueda poner en cuestión los fundamentos del sistema político y la unidad de España como Nación».

El presidente del Foro de Ermua hizo estas consideraciones después de desmenuzar cómo la vuelta a la «unidad de acción» ya no es posible en el marco del Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo que, recordó, es ya «un papel mojado», precisamente por «la debilidad ideológica del socialismo y por un sistema electoral que concede al nacionalismo una representación mayor de la que le correspondería». Por eso, según el presidente del Foro de Ermua, cualquier discusión sobre el restablecimiento del Pacto Antiterrorista «pasa necesariamente por el debate de la reforma de la Constitución».

Derrota del PSOE
También estimó que «la derrota electoral del PSOE parece un requisito imprescindible para su regeneración» y, a la vez, opinó que sí existe la alternativa del PP y de los nuevos partidos emergentes nacidos al calor del movimiento cívico, como «Ciudadanos».

Además, Buesa destacó la enorme importancia de no legalizar a Batasuna y esgrimió para ello las cifras que él mismo, en su calidad de catedrático de Economía de la Universidad Complutense, ha ido elaborando a lo largo de los últimos años. Así, ha calculado que unos 13 millones de euros (la mitad de la financiación que ETA necesita anualmente para su funcionamiento criminal) procedían de Batasuna y otras entidades afines , gracias a los fondos públicos que recibían cuando eran legales.

La denuncia de que el Gobierno ha asumido una política antiterrorista de aproximación al nacionalismo que sigue el diseño del «ideólogo» Ignacio Sánchez-Cuenca y la comprobación (apuntalada por datos) de que los momentos de mayor cerco legal y policial a ETA y su entorno han coincidido con los índices más bajos de apoyo social al terrorismo fueron otros puntos centrales de la exposición de Buesa.

Al acto, presentado por el presidente de la Fundación Vocento, Enrique de Ybarra, asistieron víctimas del terrorismo como Mapi de las Heras o Conchita Martín.

Autonomía, una necesidad interesada
Juan Francisco Martín Seco Estrella Digital 28 Febrero 2007

En los libros de texto de Economía se solía proclamar el llamado principio de la supremacía del consumidor al que se presentaba como rey supremo del mercado. Eran sus necesidades, gustos y preferencias los que determinaban lo que el sistema debía o no debía producir. Hoy sabemos bien la falsedad que este principio encierra. Conocemos la indefensión en que habitualmente se encuentran los consumidores. No es sólo que en la mayoría de los casos se les impongan los precios, sino también que con harta frecuencia se les persuade de lo que tienen y no tienen que consumir. Se les crean las necesidades, para poder después satisfacerlas.

Por desgracia, esta forma de actuar trasciende el ámbito económico para adentrarse en el político. La supremacía del ciudadano, la soberanía nacional, son expresiones que en la actualidad nada representan. Hoy, en el mercado político, son los partidos los que imponen al ciudadano el camino a seguir y, como al consumidor, le crean las necesidades a la medida de su propia conveniencia. Nada más ilustrativo a este respecto que el proyecto autonómico. Quien detenidamente analice la sociedad española de 1977 coincidirá en que la autonomía política no ocupaba lugar alguno entre las múltiples aspiraciones y deseos de la gran mayoría de los ciudadanos.

Es verdad que en las manifestaciones gritábamos “libertad, amnistía y estatuto de autonomía”, pero la inclusión de esta tercera petición se hacía más por solidaridad con algunos de los movimientos de oposición catalanes o vascos que por convicción, y desde luego nadie reclamaba —por no poder siquiera imaginarlo— el desaguisado territorial que ahora se ha generado. La autonomía política es una necesidad creada artificialmente. En 1978, muy pocos ciudadanos, y circunscritos a Cataluña y al País Vasco, sentían realmente la aspiración autonómica. El Estado de las Autonomías, quizá de forma imprudente, pretendió dar satisfacción a esa pequeña minoría e integrarla así en el proceso democrático. Todo ello ha degenerado; tal vez porque llevaba en sí mismo el germen ineluctable de la degeneración.

A lo largo de todos estos años se ha ido tejiendo en las distintas regiones una maraña de intereses, una clase política que piensa que su futuro y sus oportunidades están ligados a un crecimiento progresivo de la autonomía, de manera que se esfuerza por crear en la sociedad un sentimiento totalmente inexistente hasta ese momento. El proceso, es cierto, se autoalimenta y se agranda como una bola de nieve. El nacionalismo cerril de unos pocos provoca en los otros, en los ciudadanos de las demás regiones, un nacionalismo antes desconocido, pero surgido del “por qué vamos a ser menos”; sobre todo si todas estas emociones son convenientemente agitadas por las élites políticas regionales, interesadas en que el proceso continúe.

A pesar de todo ello, la mayoría de la población española en todas las regiones continúa observando con escepticismo un envite que resulta bastante alejado de sus preocupaciones. Si tras la pasividad de la sociedad catalana en el referéndum de su Estatuto existía alguna duda, los resultados del otro día en Andalucía la han despejado. Los Estatutos sólo interesan a los políticos regionales, que son los que van a incrementar su poder. El discurso del presidente del Gobierno en Andalucía acerca de que los Estatutos aumentan los derechos de la ciudadanía constituye una verdadera falacia. Los derechos están ya definidos en la Constitución y, además, para todos los españoles, sean de donde sean. Lo que hace falta es que se cumplan; pero en una economía de mercado como la nuestra la posibilidad de cumplirse depende de la fortaleza y eficacia del Estado. Trocear la competencia estatal introduce confusión y obstaculiza la realización de tales derechos.

Los Estatutos se oponen unos a otros y, además, se contradicen entre sí. A Cataluña se le garantiza que el porcentaje de la inversión pública en su territorio sobre el total nacional será el mismo que el porcentaje que representa sobre el PIB de todo el Estado el valor añadido de Cataluña. Sin embargo, la inversión pública que se garantiza a Andalucía debe calcularse sobre el porcentaje de población. Como se ve, a la carta. Cada Comunidad calculará dicho porcentaje sobre la variable que más le convenga; ahora bien, tal sistema es metafísicamente imposible, el reparto de cien no puede sumar nunca ciento cincuenta.

En este tablero de ajedrez, la reducción impositiva en una de sus casillas fuerza de inmediato una bajada en las restantes, generándose una carrera competitiva, cuyo fin no puede ser más que un sistema fiscal de mínimos, basado en tasas, en impuestos indirectos y en gravámenes sobre las nóminas. Lo cierto es que de esta forma pocos derechos sociales se pueden mantener.

www.telefonica.net/web2/martin-seco

España en el corazón de Sarkozy
EDITORIAL Libertad Digital 28 Febrero 2007

La entrevista que el candidato de la UMP a la presidencia francesa, Nicolas Sarkozy, ha concedido al diario El Mundo, sus encuentros en Madrid con Zapatero y Rajoy y su posterior mitin, en el que ha pedido el voto a los franceses residentes en España entre gestos de cariño a nuestro país, han puesto una vez más de relieve la envergadura política de un candidato, que no sólo conviene a los deseos de cambio que requiere el país vecino, sino también a los intereses del nuestro.

El discurso de Sarkozy no sólo supone una alternativa al socialismo falsamente renovado de su oponente Ségolène Royal, sino también un profundo cambio respecto al continuismo estatista y decadente de una derecha francesa que, tradicionalmente, ha confundido y tratado de conservar la grandeur de la France con la grandeza de su Estado. Por el contrario, los rasgos liberales del discurso de Sarkozy, su apuesta por la sociedad civil o su llamamiento "al merito, al esfuerzo y al trabajo" de sus compatriotas, contrastan con lo que ha venido siendo la clase política francesa, para la que la prosperidad de las naciones es algo que se gesta en sedes ministeriales a cargo del erario público.

Sarkozy, por otra parte, no sólo ha dado unas muestras de un "atlantismo" con escasos precedentes en el país vecino, sino que se ha mostrado partidario de una construcción de Europa más simplificada y cercana de los ciudadanos. Eso, por no hablar de su empeño por una política común europea en política de inmigración que, si bien le hizo lógicamente distanciarse de Zapatero, nos será imprescindible para atajar las consecuencias de la irresponsable y unilateral regulación masiva llevada a cabo por nuestro Gobierno.

Aunque a veces haya tenido que atemperarlas por razones diplomáticas, para sí quisiera la clase política española –incluida la derecha– la firmeza moral y la claridad política contra el terrorismo de quien, como el actual ministro galo de Interior, ha dicho que "la República real en la que creo es la que encarcela a los asesinos y trata a los terroristas y a los que ponen bombas como lo que son: asesinos y cobardes".

Sarkozy ya ha dado innumerables muestras a España de una histórica colaboración antiterrorista y de una solidaridad, que ayer volvió a hacerse patente con su respaldo a las víctimas del terrorismo de nuestro país. Unos lazos de amistad y de cariño hacia toda España que esperemos que Sarkozy –casado con una bisnieta de Isaac Albéniz– pueda seguir estrechando desde la presidencia de la República francesa.


ROBERTO L. BLANCO VALDÉS La Voz

¡Allá vamos! ¡A los «cochitos»!
EL DÍA que se escriba la historia de esta segunda descentralización en la que estamos, alguien habrá de explicar cómo fue que muchas personas razonables acabaron haciendo, al parecer plenamente convencidas, cosas insensatas. Por ejemplo, la que ayer tuvo a Madrid por escenario.

¿Y que pasó ayer en nuestra capital? Pues pasó que se constituyó la comisión del Estado y la Generalitat de Cataluña que debe decidir las inversiones en infraestructuras del primero en la segunda. Para entendernos: la comisión que acordará cómo habrá de gastarse el Estado el dinero de sus presupuestos en una de las comunidades españolas.

Ustedes, que son sabios y juiciosos, se preguntarán cómo es posible que el Estado deba consultar con las autoridades catalanas la forma en que deberá distribuir sus presupuestos en el conjunto del país. Alguien quizá llegue incluso a imaginar que tan fantástica ocurrencia ha sido el fruto de una noche de cubatas entre los responsables de los Gobiernos español y catalán, quienes, en el arrebato de una pasión territorial irrefrenable, habrían perdido la razón.

Pero no. La constitución de la citada comisión es la consecuencia de una previsión del nuevo Estatuto catalán que, además de resultar inconstitucional, supone una locura. El Estatuto dispone, en efecto, los criterios con arreglo a los cuales deberán gastarse los dineros de los presupuestos del Estado, dineros que, como su propio nombre indica, son del Estado y que, por serlo, han de ser administrados por el Gobierno del Estado y por las Cortes y no por las autoridades catalanas.

¿Se imaginan, por un minuto, que a algún valiente se le ocurriera proponer que el Estado debería meter los fociños en el modo en que Cataluña dispone de sus presupuestos autonómicos? No, seguro que no se lo imaginan, pues ya no quedan en España valientes de temeridad tan portentosa.

En todo caso, no acaban ahí nuestras desgracias. Si el sistema que prevé el Estatut se restringiera a Cataluña, el resultado sería injusto, desde luego, pero resultaría practicable. ¡Abandonen toda esperanza! El sistema catalán lo ha previsto ya también el Estatuto de Andalucía recientemente refrendado en fantasmal consulta popular y lo establecerán, antes o después, todas las restantes comunidades españolas que, con razón, no querrán ser menos que las dos adelantadas.

Cuando llegue tal momento, con diecisiete comisiones funcionando, España será un constante ir y venir de comisionados estatales y autonómicos. Será, por supuesto, una completa chaladura. Algo así como las pistas de aquellos coches de choques que se llamaban en mi pueblo los cochitos .

No hubo contaminación de origen de DNT
EDITORIAL Libertad Digital

El hallazgo de dinitrotolueno o DNT este mismo mes entre los restos de las explosiones de los trenes de Atocha dio un vuelco decisivo a las investigaciones sobre el 11-M. Quedaba más o menos claro que, al menos en los convoyes que se dirigían la mañana del 11 de marzo a la estación madrileña, no explotó Goma 2 ECO sino otro tipo de explosivo que si contiene este compuesto químico. Ciertos medios de comunicación, sin embargo, tomaron el descubrimiento como un estorbo que había que quitarse de en medio cuanto antes. El diario ABC, sin ir más lejos, apuntó (y sigue apuntando) la tesis de la contaminación en origen de las muestras, en virtud de la cual, los restos de DNT encontrados en los trenes se debían a una contaminación de la Goma 2 ECO durante su proceso de fabricación en la Unión Española de Explosivos.

La hipótesis no se mantiene por varias razones, todas de peso. En primer lugar, si se hubiera producido una contaminación accidental, el DNT habría aparecido en los primeros análisis efectuados tras el atentado. Habría aparecido, por ejemplo, en la bomba que nunca hizo explosión, la de la mochila de Vallecas. Esto bastaría para desautorizar la hipótesis difundida por el ABC, pero hay más. La Unión Española de Explosivos nunca ha tenido incidencias de esta índole. Tal y como ha publicado recientemente el diario El Mundo, realiza en sus instalaciones controles de calidad intensivos para cerciorarse de que la Goma 2 ECO sea Goma 2 ECO y no Goma 2 ECO contaminada por otras sustancias, sin que nunca haya aparecido DNT en esos análisis.

Por último, y con esto ya queda totalmente desautorizada la tesis de la contaminación de origen, el informe pericial preliminar ha desvelado que de entre las distintas muestras de Goma 2 ECO sin explotar, como las encontradas en las vías del AVE o en el piso de Leganés, las custodiadas por la Guardia Civil y la Audiencia Nacional no tienen DNT, mientras que las contaminadas han estado todas, quizá no casualmente, a cargo de Juan Jesús Sánchez Manzano, comisario jefe de los artificieros de la Policía, es decir, jefe de los TEDAX, los mismos que examinaron la mochila de Vallecas tras su ajetreado periplo por la capital de España en la noche del 11 al 12 de marzo. Si los explosivos se contaminaron en origen, todas las muestras tendrían esos mínimos porcentajes de DNT, por lo que la conclusión lógica apunta a que dicha contaminación se debió producir posteriormente.

Parece, por lo tanto, que ciertos periódicos están más interesados en apuntalar sus tesis prefabricadas que en rendirse ante lo obvio. No hay duda de que, en lo relativo a las bombas que estallaron el 11-M, hay una indudable contaminación, pero no en los restos de los explosivos sino en las intenciones de algunos medios de comunicación empeñados en hacer buena su agenda aun a costa de darse contra la pared de la verdad. Ese, curiosamente, es el periodismo que levanta el dedo acusador hacia los que seguimos pidiendo una investigación a fondo para que, al final, todos sepamos lo que pasó aquel funesto día.

Apareamiento
TONIA ETXARRI El Correo

Al mismo tiempo que el ex embajador de Israel, Shlomo Ben-Ami alertaba de que la Alianza de Civilizaciones no podía conformarse con hacer concesiones verbales a los islamistas más radicales para calmar su supuesto odio a Occidente, se detectaba un nuevo obstáculo en la ceremonia del apareamiento, que diría Arzalluz, entre el presidente del gobierno y Otegi. Si los hechos no acompañan a los mensajes de hierro del portavoz de Batasuna enfundados en guantes de seda, de poco pueden servir sus piropos al presidente Zapatero.

Después de la manifestación convocada por una organización ilegal que acabo liándose a barricadas hasta que la Eertzaintza empleó la fuerza y algunos terminaron con el brazo en cabestrillo, ¿qué dice Otegi? ¿Qué hace Permach? Los convocantes arremeten contra la Policía autónoma, acusan al Gobierno vasco, y al «PNV de Imaz», de ejercer la represión contra la izquierda abertzale. Pero como el departamento tardaba en reaccionar, el popular Urquijo recomienda al consejero Balza que emprenda acciones legales contra quienes insultaron a esta policía, que es de todos.

Desde el gobierno de Ibarretxe su portavoz Azkarate sólo tiene preguntas: ¿por qué? ¿por qué? Con lo fácil que habría sido manifestarse con disfraz, como en otras ocasiones. Lo cierto es que casi todo el mundo está hecho un lío. Los socialistas vascos, sin ir más lejos. A juzgar por las reflexiones de su portavoz parlamentario, Pastor, acerca de si Otegi es, o no, el interlocutor necesario para afrontar el proceso de paz (¿y ellos, que le pusieron ese título, ahora lo preguntan?) ya nadie se atreve a apostar.

Salvo Zapatero, claro está. A medida que van pasando los días desde aquel fatídico atentado en Barajas (ETA lleva ya 60 días sin matar) vuelve a recobrar la confianza en sí mismo y en la necesidad de que Otegi vaya encajando en el escenario apropiado para que Batasuna (Izquierda Abertzale) pueda presentarse a las elecciones. Pero la última manifestación sigue dando qué hablar. EHAK quiere que el lehendakari explique qué pasó en la manifestación de la confrontación. Menuda papeleta. En esta ocasión no se podrá achacar lo ocurrido a la actitud del PP.

Tiempos incómodos también para el PNV. Entre el 'caso inmobiliario de Jauregi', candidato a diputado general de Guipúzcoa, y el informe del Tribunal Vasco de Cuentas que desvela que el plan Ibarretxe supuso un coste de un millón de euros de los fondos públicos para su promoción, no es la mejor posición de salida en vísperas de campaña electoral. Euskadi tampoco dispone de una ley específica de regulación de la publicidad institucional. ¿Dónde están los límites entre publicidad y propaganda política? A ver ese Parlamento, que aparte del proceso, sigue dormido en los laureles...

t.etxarri@diario-elcorreo.com

Alberto Núñez Feijoo no dice la verdad
Xoán Xulio Alfaya Periodista Digital 28 Febrero 2007

[Los tres mosqueteros] ANF: Para los populares gallegos tener dos idiomas es un privilegio, una riqueza individual y colectiva.
RESPUESTA: ¿Por qué, entonces, en el Estatuto que el PP defendió y acepta sin rechistar no tienen la misma consideración ambos idiomas, siendo el gallego la "lengua propia" de Galicia y, en consecuencia, el castellano la impropia, la impuesta por el centralismo estatal, la lengua de los colonizadores españolistas y la que todo "buen gallego" debe dejar en un segundo plano?

ANF: Hay que respetar el ejercicio del derecho individual, en Galicia, de poder expresarse y ser atendidos en gallego y castellano.
RESPUESTA: El Sr. Núñez Feijoo sabe de sobra que ese respeto en la práctica no existe. Hace poco solicité en la Xunta de Galicia el informe de mi minusvalía en castellano para presentar fuera de Galicia y se negaron a dármelo. Me lo volvieron a dar en gallego, añadiéndole una hoja firmada por Dña. Paz Fernández Gómez, Jefa de Sección de Calificación y Valoración de Minusvalías, dependiente de la Delegación Provincial de la Vicepresidencia de Igualdad y Bienestar de Vigo (Pontevedra). Dicha hoja es un brevísimo resumen con unas pocas líneas en castellano que dice lo siguiente:

INFORMA:
Que según los datos que obran en el expediente número --- a nombre de --- con el DNI número --- fué (sic) reconocido/a como minusválido en la junta de valoración del día --- asignándole un grado o porcentaje de minusvalía del --% con carácter DEFINITIVO.

Para que así conste, firma el presente informa (sic) en Vigo el día --- de --- del año ---.
LA JEFA DE SECCIÓN
Firma   (Sello de la Xunta de Galicia)

Le recuerdo a D. Alberto Núñez Feijoo que el monolingüismo de la Xunta de Galicia comenzó estando el PP en el poder. Ninguna "ley ilegal" discriminatoria del castellano fue aprobada a instancias del BNG, que nunca tuvo la suficiente representación parlamentaria, sino del PPdeG.

ANF: En Galicia, actualmente, no hay conflicto lingüístico, hay una convivencia armónica de los dos idiomas.
RESPUESTA: Esto sólo es verdad a nivel de la calle, pero no a nivel institucional. ¿Qué subvenciones puede esperar una publicación, un trabajo científico, un libro de ficción o no ficción, un centro escolar, una asociación o una editorial que empleen el castellano? Ninguna. El castellano, en Galicia, no tiene derechos culturales ni económicos reconocidos por el Parlamento, por la Xunta de Galicia ni por los tres partidos políticos mayoritarios. Ellos lo consideran un idioma ajeno a nuestra identidad, a nuestra esencia gallega, por lo que autores del nivel de Ramón María del Valle Inclán, Emilia Pardo Bazán, Camilo José Cela, Gonzalo Torrente Ballester, Álvaro Cunqueiro, José María Castroviejo o el olvidadísimo José Ángel Valente no son reconocidos como verdaderos escritores gallegos; mientras que otros escritorzuelos mediocres o simplemente malos son elevados al pedestal de la fama y el reconocimiento institucional por el simple hecho de escribir en gallego.

ANF: En las escuelas infantiles serán los padres quienes decidan el idioma en el que se educan sus hijos.
RESPUESTA: En todos los años que ha gobernado el PP en Galicia y ha sido presidente D. Manuel Fraga Iribarne, no ha sido así. Los padres no hemos tenido la libertad de elegir absolutamente nada con respecto al idioma en el que queremos que sean educados nuestros hijos. Lo previsible es que en el futuro la situación vaya a peor, pues el proceso que se está siguiendo en Galicia es una burda imitación del modelo catalán, totalmente falta de originalidad e ideas propias, como si los gallegos fuésemos unos menores de edad incapaces de pensar por nosotros mismos y debiésemos limitarnos a copiar por puro mimetismo lo que hacen otros.

ANF: El PPdeG cree que los padres tienen el derecho a elegir el idioma en el que sus hijos deben aprender a leer y escribir.
RESPUESTA: Hasta ahora con el PP en el poder no ha sido así. Esta afirmación me parece totalmente insincera y electoralista. Está hecha para que al PP no se le escape el voto de los padres hispanohablantes que somos al menos la mitad en el conjunto de Galicia y la mayoría en sus ciudades.

ANF: Los populares gallegos solicitan facilitar formación para los profesores y material didáctico.
RESPUESTA: En gallego, claro.

ANF: La Xunta debe buscar los medios para que los profesores de matemáticas, conocimiento del medio y educación para la ciudadanía y los derechos humanos, puedan impartir sus clases en gallego.
RESPUESTA: ¿Y por qué no en castellano para los padres que así lo deseen? ¿Dónde está aquí la libertad de idioma y el tan cacareado bilingüismo armónico? ¿Y por qué la asignatura de educación para la ciudadanía, con un marcado contenido ideológico laicista, tiene que ser obligatoria? ¿Está de acuerdo el PP con el contenido de esta asignatura?

ANF: No debemos dividir a la sociedad, debemos mantener la cohesión social y no jugar a establecer dos modelos educativos como pretenden los nacionalistas y los socialistas se lo permiten.
RESPUESTA: ¿Y el PP se va a oponer a eso? ¿De verdad cree el señor Núñez Feijoo que nos lo vamos a creer?

ANF: Para los populares gallegos es fundamental un sistema educativo público integrador, sin castas, sin privilegiados ni marginados, que garantice el mantenimiento de la armonía social y lingüística.
RESPUESTA: Esa frase queda muy bien como declaración de intenciones, pero D. Alberto Núñez Feijoo sabe que en la realidad nunca va a ser así. Por lo de pronto él jamás se atrevería a hablar en el parlamento gallego en castellano, lo cual quiere decir que al gallego le confiere una categoría de respeto, oficialidad e institucionalidad que en la práctica le niega al castellano.

ANF: El PPdeG consiguió que en la Educación Infantil, de cero a tres años y de tres a seis anos, los niños sean escolarizados en su lengua materna.
RESPUESTA: Ni a mí ni a mis hijos se nos preguntó jamás acerca de nuestra lengua materna. A ellos les impusieron determinadas materias obligatoriamente en gallego y a los padres jamás se nos dio la libertad de elegir idioma.

© Xoán Xulio Alfaya, 2007

Las líneas rojas que nunca debieron ser traspasadas (Rosa Díez)
Nicomedes-Pastor Díaz Periodista Digital 28 Febrero 2007

Por la Eurodiputada socialista Rosa Díez en El Mundo

Hace mucho tiempo que empezamos a hablar de dónde debiéramos situar las líneas rojas; esas líneas que bajo ningún concepto ni apelando a ningún objetivo pueden ser traspasadas en democracia. Esas líneas que marcan la diferencia entre el honor, el deber y el cálculo, la política y la demoscopia, el uso del poder o el ejercicio de la responsabilidad.

La primera vez que leí una entrevista del secretario general del Partido Socialista de Euskadi, Patxi López, en Gara, en la que no descartaba una alianza poselectoral con Batasuna -o su nueva marca-, escribí un artículo titulado Lo más sagrado. Era noviembre de 2005; muchos dirigentes del PSOE afearon mi denuncia; nadie se ocupó de estudiar los hechos denunciados: el inicio de una deriva de los dirigentes del partido que les ha llevado, indefectiblemente, a identificar, pública e institucionalmente, el sufrimiento de las víctimas con el de sus verdugos.

Decía López en aquella entrevista que «si todos los vascos nos ponemos de acuerdo, no habrá muros de contención insalvables», haciendo suyo el lenguaje acuñado por los nacionalistas, así como su filosofía. Como si la democracia no fuera una suerte de reglas, de «muros», establecidos precisamente para poner coto a las reivindicaciones ilegítimas de individuos o de colectivos. El típico «qué hay de malo en ello», tantas veces reiterado por el lehendakari Ibarretxe para defender su plan exclusivista, había sido incorporado al lenguaje socialista.

En esa entrevista, López fue preguntado sobre futuros acuerdos de Gobierno, incluso con Batasuna. Su respuesta fue: «Democracia es, entre otras cosas, libertad de pactos. Que cada cual lo interprete como quiera...». Nadie desde la dirección del PSOE desautorizó formalmente sus palabras. Yo pensé entonces -y lo denuncié- que estábamos traspasando una de las líneas rojas.

Tres meses después, en febrero de 2006, José Antonio Pastor, portavoz de los socialistas en el Parlamento Vasco, concedió una entrevista al mismo diario proetarra. Siguiendo la senda de su jefe, avanzó algunas posiciones -me parecieron tan graves algunas de sus aseveraciones, que me vi obligada a escribir una Carta abierta al presidente del Gobierno-.

En aquella entrevista, Pastor respondía a una pregunta sobre las posibles medidas de flexibilización en la situación de los presos de esta manera: «La situación política vasca tiene dos momentos importantes: uno, el momento en el que se puede iniciar el proceso de paz, pero, evidentemente, hay un día después. Y ese día después, ese proceso de reconciliación, no va a ser fácil, necesita del concurso de las más de 1.000 víctimas del terrorismo y necesita también de ejercicios de generosidad y de flexibilidad por parte de todos. Hay que atender el criterio de las víctimas, que básicamente piden que se les reconozca el daño causado y se les pida perdón; pero, por otra parte, también hay que pedirles una cierta dosis de generosidad a ambos sectores que, si se quiere, los personalizaremos en las víctimas y en los presos de la banda terrorista ETA, que, de una forma u otra, en función de las circunstancias de cada uno y a lo largo del tiempo, deberán de ir reintegrándose con cierta normalidad a la vida política. Claro que es muy difícil conjugar dos mundos que han estado tan apartados y en el que unos han sido víctimas y otros básicamente verdugos, y eso va a exigir muchas dosis de diplomacia, generosidad, mano izquierda y sentido común. Es cierto que a las víctimas hay que escucharlas y tenerlas en cuenta a la hora de aplicar estas políticas, pero no pueden convertirse en un agente político activo en un proceso de paz; no lo han sido en ningún proceso del mundo».

Era la primera vez, que yo recuerde, que un dirigente del Partido Socialista equiparaba públicamente a las víctimas con los verdugos; la primera vez en que se pedía «generosidad» a las víctimas, como si ellas tuvieran parte de la responsabilidad de ser lo que son: víctimas del terror; era la primera vez que un dirigente socialista se atrevía a decir que «en esos dos mundos que han estado tan apartados» -como si la culpa de estar apartados los terroristas y sus víctimas fuera achacable por igual a unos y a otras-, unos «han sido víctimas y otros básicamente verdugos».

Pensé entonces que estábamos traspasando una de las líneas rojas. La única respuesta de la dirección del PSOE a mi denuncia fue mi destitución fulminante de la Comisión de Libertades. Nadie vio nada democráticamente anómalo en los hechos denunciados.

Después vendría un documento del Comité Nacional del PSE en el que se denomina a los asesinos como «aquéllos que la Justicia determinó que eran los asesinos», mientras que las víctimas pasan a ser «quienes tienen la consideración de víctimas». También eso nos hizo pensar que habíamos traspasado las líneas rojas de la decencia y de la dignidad. Pero nadie hizo nada; y el proceso de degeneración democrática siguió su curso.

Y como era de esperar en este ambiente de relativismo absoluto, de oscuridad y de confusión, en el que el enemigo de los socialistas parece ser el Partido Popular y el adversario es Batasuna, se ha culminado el despropósito, proclamando en el Parlamento Vasco el derecho de los presos terroristas a recibir ayudas públicas. «Nos parece un derecho que se mantengan y se hagan cumplir esas ayudas», dijo el portavoz del PSE, modificando la posición histórica del partido que siempre había sostenido -la última vez, en diciembre de 2007, cuando apoyó los presupuestos de Ibarretxe pero se «opuso» a esa partida-: que las ayudas a terroristas no eran un derecho, sino «una opción política».

Para arreglarlo, solicitó ayudas también para «los amenazados que necesiten un respiro en otra comunidad autónoma e, incluso, a quienes han resultado damnificados por ETA y viven ahora en otros lugares de España». Obsérvese el lenguaje: «quienes tienen la consideración de víctimas», según el documento del Comité Nacional, son ya damnificados. «Hemos reconocido que sufren los familiares de las víctimas del terrorismo y que sufren los asesinos y las madres...», siguió diciendo el portavoz. Y matizó después, para terminar de arreglarlo: «aunque no es lo mismo la cárcel que el cementerio...».

Esa actitud de equidistancia, ese posibilismo, esa equiparación entre víctimas y verdugos que empezó a vislumbrarse cuando López no descartó tajantemente la posibilidad de gobernar con nuestros asesinos, está llevando al Partido Socialista a situarse al otro lado de la raya. Esa raya que separa a los demócratas de los totalitarios; esa raya que niega cualquier causa que justifique el terror; esa raya que proclama que la inocencia de las víctimas es intocable; esa raya que establece la diferencia insalvable y radical entre víctimas y verdugos: las primeras todas inocentes, los segundos, todos culpables.

Hemos traspasado la raya roja. Y me pregunto, con todo dolor y llena de incertidumbre, si quienes hasta ahora nos hemos limitado a denunciarlo -algunos, pocos, en público; muchos, en privado- no podemos hacer algo más que lo que hacemos para evitar esta degeneración, esta regresión moral y ética que se está produciendo. Me pregunto si no ha llegado ya la hora de que demos un paso adelante.

EL GOBIERNO PRETENDE "DETERMINAR LA CONFIGURACIÓN MORAL DE LA SOCIEDAD"
Treinta asociaciones denuncian que "Educación para la ciudadanía" es un instrumento para el "adoctrinamiento ideológico"
Con el respaldo de veintiocho asociaciones y colectivos de padres, alumnos y personal docente, las organizaciones Profesionales por la Etica (PPE) y el Foro Español de la Familia (FEF), han denunciado que el Gobierno socialista pretende utilizar como un "instrumento" de "adoctrinamiento ideológico" la asignatura de "Educación para la ciudadanía" que se impartirá en nivel primaria. En una rueda de prensa, los responsables de los grupos coincidieron en señalar que los conceptos a impartir en esa materia estarían violando "el derecho prioritario de padres y alumnos a que no se les lave el cerebro". Por ello, invitaron a la sociedad en general a presentar una "objeción de conciencia".
Agencias Libertad Digital 28 Febrero 2007

En una rueda de prensa, el presidente de PPE, Jaime Urcelay; el presidente de la Confederación católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (CONCAPA), Luis Carbonel; la presidenta de la Confederación Española de centros de enseñanza (CECE), Isabel Bazo; el vocal de la plataforma estudiantil Novillada.org, Pablo Paredes, y la representante de la Asociación de profesores de secundaria (APS), Marisa Herrainz, reivindicaron la "libertad de los padres para educar a sus hijos conforme sus convicciones morales".

En representación de veintiocho asociaciones y colectivos de padres, alumnos y personal docente más el PPE y el FEF, Urcelay destacó la necesidad de que se produzca una "convergencia" de todos los colectivos sociales para luchar contra la asignatura de "Educación para la ciudadanía" que "persigue determinar la configuración moral de toda la sociedad" y que, por tanto, "afecta a todos". Así, instó a la población a suscribir el manifiesto de rechazo a la materia y apuntó las claves para rebelarse contra este "imperativo del Gobierno".

El manifiesto establece que los padres pueden "ejercer la objeción de conciencia amparándose en el derecho a la libertad ideológica" que recoge la Constitución. El responsable del PPE anunció que divulgará un modelo de escrito para que los padres puedan informar de su objeción a los colegios de sus hijos.

Para los responsables de los centros educativos, las asociaciones recomiendan la publicación de "una declaración institucional de rechazo a la asignatura, respeto por el ideario particular del resto de centros y apoyo a la libertad de elección de los padres". Los firmantes recuerdan a los profesores que pueden, en cualquier momento, invocar su libertad de cátedra para no impartir la asignatura.

Respecto a los alumnos, Urcelay explicó que "los mayores de dieciséis años pueden ejercer su derecho a la libertad de conciencia comunicando por escrito a los centros su negativa a cursar la asignatura". Luis Carbonel, presidente de CONCAPA, incidió por su parte en que "no todo lo que es legal, es moral, como el matrimonio entre homosexuales" y por eso la asociación está "dispuesta a llegar a la concentración o la manifestación pública para defender sus derechos". Sin embargo, puntualizó que de momento, no hay ninguna prevista porque se trata de esperar a para comprobar el efecto que tiene esta llamada a la objeción y su calado en la sociedad.

Al límite
TEO URIARTE 28 Febrero 2007

Estamos ya en la fase en la que se puede justificar otra transición porque estamos al límite de la primera. Guardias civiles manifestándose de uniforme, Ibarretxe organizando una manifestación contra el Poder Judicial, Otegui con muchos más espacios en los medios de comunicación que el presidente del Gobierno y hablando como si le hubiera ya sustituido, el Defensor del Pueblo abroncado en el Legislativo, la Generalitat catalana, presidida por un socialista, ni siquiera por un nacionalista, amenaza si prevalece algunos de los recursos de inconstitucionalida d al estatuto menos consensuado de la historia española, desazón entre las víctimas por un proceso de paz que ha animado a de Juana Chaos a retar al Estado, y que en la opinión de éstas aparece victorioso tras la reducción significativa de su condena dictada por el Supremo.

Casi todo puede entrar en el marco legal, todavía entra en el marco legal, pero la inestabilidad política que se percibe está pidiendo a gritos una marcha atrás. Sin embargo se hace evidente que desde el Ejecutivo el salto es hacia delante, se mantendrá la huída hacia delante, porque estamos, salvando los matices, en lo que se ha ido proyectando por la presión de las nuevas ideologías recién cobijadas en una izquierda que tampoco la reconoce ni su padre. Estamos en el trampolín para saltar a otro espacio político.

De hecho ya se han dado pasos fundamentales. Así lo es un estatuto de dudosa constitucionalidad -al menos hasta que lo diga el Tribunal Constitucional- , modelo de los que le siguen, y la búsqueda del disenso en materia tan sensible como la terrorista. Se ha producido un cambio de eje político, y, además de una forma maniquea, consistente en la alianza con los periféricos para expulsar a la derecha de ese marco, posibilitando primero la burla del estáis solos (expulsión que la primera en demandar fue ETA en el pacto de Lizarra), a algo más serio como declarar el cordón sanitario, que nos colocan ya, reformas legales a un lado, ante actitudes guerracivilistas hacia el necesario “otro” para que exista la democracia en España.

Nos coloca en la antesala, si no en la sala, de un nuevo espacio político que poco tiene que ver con el de la transición democrática, que por ser tal hiciera un esfuerzo serio para que entraran todos (hasta ETA, que si no entró fue porque no quiso, aunque parte de ETA lo hiciera). Hoy parece que en la negociación con ETA se busca no sólo que ETA entre, sino además, se expulse al PP. El riesgo está en que expulsando al PP se expulse mucho más, se expulse la democracia y que determinados tics autoritarios, justificados en los discursos por las maldades de la derecha, que como todo sector social y político las tiene –nosotros también-, constituyan el grueso e incluso el modelo del comportamiento político de la izquierda. Por ahí se acaba en el totalitarismo, virus siempre presente en todo partido político, máxime cuando el respeto hacia los contrapoderes, no solo hacia la oposición política, los contrapoderes institucionales, el Judicial o el propio Defensor el Pueblo, ha desaparecido por el acoso.

A uno se le antoja que no es inocente la presencia de ETA en este cambio de aposentos que se está fraguando. De hecho negociar con el que no se doblegó a la transición, en plena revisión desde la izquierda de lo que ella supuso, tachándola de doblegamiento ante la imposición de los franquistas reconvertidos, en una interpretació n infantil donde las haya, es algo más que significativo. ¿Acaso, no ha supuesto el discurso de ETA, antidemocrático, etnicista, totalitario, violento, secesionista, parte de los presupuestos actuales del nacionalismo antes moderado que hoy reivindica sin tapujos la autodeterminació n y califica de conflicto la situación entre España y su comunidad coincidiendo literalmente con ETA?

Se puede antojar que el cambio del marco político y la manipulación de ETA es algo más que una casualidad. Lo que nos llevaría a una nueva alianza política en la que ETA estuviera junto a nacionalistas e izquierdas conformando un añorado frente popular hito de nuestras desgracias pasadas, y aún así mucho más justificado ante los fascismos emergentes de entonces que ahora.

El cambio de marco político es realmente arriesgado, pero que la que baile en el centro del salón sea ETA, nos arrastra hacia la tragedia. Tragedia inconscientemente presente entre las víctimas del terrorismo y conscientemente entre todos aquellos que hicieron un sano y responsable esfuerzo de cesión (salvo los que hoy prefieren desertar de aquel comportamiento) para hacer posible la transición democrática, la única que fue posible y la única que sigue siendo posible. El resto, la tragedia.

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