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Recortes de Prensa     Jueves 22 Marzo   2007
Impunidad de Otegi y complicidad de la fiscalía
EDITORIAL Libertad Digital  22 Marzo 2007

Si hace dos días denunciábamos la bochornosa insistencia con la que la "Fiscalía" volvía a alinearse con los abogados defensores de Batasuna para pedir un infundado aplazamiento en el juicio contra el dirigente proetarra Arnaldo Otegi por un delito de enaltecimiento del terrorismo, hoy tenemos que denunciar la infamia perpetrada por el gubernativo "Ministerio Fiscal", el cual, al ver nuevamente rechazadas sus pretensiones de aplazamiento, ha optado directamente por retirar su acusación, lo que supone la imposibilidad de celebrar el juicio y, por tanto, la impunidad de ese canalla.

Desde aquí, y tal y como ya hicimos con ocasión de la excarcelación de De Juana, lo primero que queremos expresar es nuestra solidaridad a todas las víctimas del terrorismo y hacer nuestro su sufrimiento al ver cómo quedan impunes las palabras de enaltecimiento de sus verdugos, que Otegi profirió con ocasión del entierro de una etarra, fallecida mientras manipulaba una bomba en un apartamento de Torrevieja. No caben ahora mortificaciones por parte de las víctimas por no haberse personado en esta causa, sino comprender el hecho terrorífico, orweliano, pero real, de que con este Gobierno el lenguaje y las instituciones son y representan lo contrario de lo que debería ser.

La propia tomadura de pelo del "intocable" Otegi de no presentarse y tener que ser llevado detenido ante el Tribunal que, si no es por la "fiscalía", debía haberlo juzgado, no obedece más que a una nueva muestra de confianza del proetarra –una más– en el servil "Fiscal General del Estado", plegado a la "política" de apaciguamiento colaboracionista que, desde el primer momento, viene practicando el Gobierno del 14-M.

Este histórico y nauseabundo comportamiento de la fiscalía, aun siendo el más grave, no es sino un paso más de los que ya ha dado quien, como Cándido Conde Pumpido, no le importa "ensuciarse la toga con el polvo de camino" por una falsa "paz" con ETA, para la que también ya pidió que la "ley no sea obstáculo". El subordinado y obediente fiscal de la Audiencia que ha ejecutado esta última tropelía es el mismo que sustituyó al ejemplar fiscal que fue apartado en el "caso De Juana" por negarse a solicitar la rebaja penal que le ordenaban sus superiores.

En cuanto a José Luis Rodríguez Zapatero, máximo responsable de toda esta histórica humillación del Estado de Derecho que implica su felón, falso y, desde el atentado de Barajas, acelerado "proceso de paz", sólo podemos dedicarle nuevamente nuestro justificado desprecio. Hoy ha dado nueva muestra de su cinismo al afirmar que la Ley de Partidos se cumplirá "al pie de la letra". Como si no se hubiera incumplido ya con los proetarras del PCTV. Como si no la incumplieran todos los días de la semana los propios batasunos.

La desfachatez del presidente del Gobierno ha sido en esta ocasión especialmente evidente pues, mientras Zapatero pronunciaba sus hipócritas compromisos de observancia de la legalidad, los titulares de Batasuna burlaban, un día más, la sentencia de ilegalización, que también les prohibía su actividad pública. Han repartido 40.000 ejemplares de un periódico de ocho páginas con sus propuestas para la capital vizcaína y sus próximas convocatorias, incluida la del BEC, en Baracaldo, el próximo día 31 de este mes, en lo que supone un claro acto electoral.

¿Qué creen los lectores que estaba haciendo mientras tanto la Fiscalía del Estado? Pues, lo dicho, preparar la impunidad de Otegi.

Escarnio a la Justicia
Editorial ABC 22 Marzo 2007

LA Fiscalía General del Estado ha consumado la más grave agresión contra el Estado de Derecho desde que el Gobierno inició el diálogo político con ETA. La retirada de acusación contra Arnaldo Otegi no sólo ha provocado su absolución del delito de enaltecimiento del terrorismo por el que era acusado, sino que ha sentado el precedente más diáfano para la impunidad que exige ETA para sus dirigentes y militantes. Conde-Pumpido estaba predispuesto a esta decisión, aunque la Fiscalía de la Audiencia Nacional presionó hasta lo intolerable para que fueran los magistrados quienes le hicieran el trabajo sucio de quitar de en medio este molesto juicio, por lo menos hasta después de que ETA emitiera el supuesto comunicado que habría de justificar el empeño de Zapatero por negociar con los terroristas.

Los jueces no se han plegado, han cumplido con su deber y han obligado al fiscal a asumir la plena responsabilidad de sus actos, con una retirada de acusación que es un escarnio a la Justicia, una ofensa a las víctimas y una conducta que merece una explicación en todos los ámbitos pertinentes. El Gobierno es el responsable directo de la decisión de Cándido Conde-Pumpido, y éste lo es de haber sumido a la Fiscalía en un desprestigio histórico, implicando a una institución creada para defender la legalidad en una estrategia política de un Ejecutivo y de un partido, permitiendo la impunidad de quien ya ha demostrado ser terrorista y está procesado por seguir siéndolo en grado dirigente. La Constitución y las leyes no consienten que se ejerza la acción penal con sentido de oportunidad. Está sometida al ordenamiento jurídico y la Fiscalía es la institución que debe proteger a los ciudadanos frente a los delincuentes sin atender a razones de coyuntura. Lo que ayer sucedió en la Audiencia Nacional es una deslealtad con la Constitución de la que debe responder el Gobierno en el Parlamento y ante los ciudadanos.

Técnicamente, la decisión de la Fiscalía es inaceptable. Ya había acusado a Otegi por los mismos hechos -el homenaje a la etarra Olaia Castresana- y obtuvo sentencia de condena, cuya posterior anulación hizo que ayer se celebrara un nuevo juicio. Siendo los mismos hechos en ambos procesos, y habiendo mantenido la acusación durante este tiempo, la decisión del fiscal general y del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, es una arbitrariedad escandalosa. Son los propios fiscales los primeros que deben sentirse concernidos por este ejercicio abusivo de las facultades jerárquicas de sus superiores.

El Gobierno ya no puede decir que no ha pagado un precio político a ETA. Lo ha hecho con la moneda más valiosa del Estado de Derecho, que son la ley y la justicia. Lo hizo con la irregular excarcelación del asesino De Juana Chaos. Y lo volvió a hacer ayer con la absolución regalada a Otegi. Si ahora ETA premia al Gobierno con un comunicado favorable, la infamia de estas decisiones de impunidad judicial se hará aún más patente, pues habrá acreditado que el Ejecutivo está dispuesto a cualquier cesión con tal de lograr un acuerdo con los terroristas. Los ciudadanos no se han equivocado con las intenciones del presidente del Gobierno ni las manifestaciones de estos años han sido gratuitas. Las víctimas no estaban manipuladas al desconfiar ni el PP exageraba al situar la política del Gobierno sobre ETA en el eje del debate político. Todas las críticas y las sospechas estaban legitimadas y responden a la clara percepción de que este Gobierno ha puesto en almoneda los principios básicos que hacen fuerte a un Estado frente a sus agresores.

Ahora cabe preguntarse cuál será el próximo pago, qué precio más alto está dispuesto a abonar el Gobierno y qué exigencia etarra será la que se satisfaga a continuación. ¿Cree el Gobierno que así va a disipar las dudas de los navarros? ¿O que Zapatero es creíble cuando dice que aplicará la ley de Partidos Políticos? El Gobierno ha celebrado el primer aniversario de la tregua de ETA anotando dos éxitos rotundos a la estrategia del chantaje terrorista: la excarcelación de De Juana y la impunidad de Otegi. Se trata del Estado de Derecho y de la dignidad de la justicia, el fundamento mismo de una democracia que ayer vivió un día negro.

Desconfía del enemigo que ofrece treguas
POR JON JUARISTI ABC 22 Marzo 2007

«ENTRE almena y almena/ quedado se había un morico/con una ballesta armada/ y en ella puesto un cuadrillo. / En altas voces decía, /que del real lo han oído,/ «tregua, tregua, adelantado,/ por tuyo se da el castillo.»/ Alza la visera arriba/ por ver al que tal le dijo./ Asestárale a la frente, /salido le ha el colodrillo». Viejos tesoros de nuestra literatura que ya nadie lee, precisamente por ser tan desesperadamente actuales. Los versos pertenecen al romance fronterizo que narra la muerte del adelantado Diego de Rivera durante el cerco de Álora, en 1434. Nuestros romances nunca llevan una moraleja explícita, pero no es difícil sacar de sus historias enseñanzas prácticas. La de éste es sencillísima: desconfía del enemigo que ofrece treguas cuando tú vas ganando. Bien claro se lo decía Aristóteles a Alejandro en otro de los grandes y olvidados libros de España: «qui en fazienda quiere a otro perdonar/ después mismo se quiere con su mano matar».

Pero sería demasiado pedir a los políticos un repaso de los clásicos que nunca leyeron en clase porque ese día tuvieron huelga o se los cambiaron por actividades de Conocimiento del Medio. Bastaría que entendiesen el sentido y la función del concepto, lo que tampoco es el caso. Cuando la guerra estaba aún ritualizada, las llamadas «treguas de Dios» interrumpían la lucha en determinadas fechas del año litúrgico. La secularización de la cultura confinó el significado de la tregua en el orden pragmático, y así se define, por ejemplo, en el DRAE: «suspensión de armas, cesación de hostilidades, por determinado tiempo, entre los enemigos que tienen rota o pendiente la guerra». Los tres rasgos característicos de tal definición han estado ausentes en la supuesta tregua de ETA anunciada hace justamente un año: no se dio cesación de hostilidades ni se determinó la duración de la misma (los terroristas colaron el oxímoro de «tregua permanente», un absurdo semántico que tiene la virtud garantizada de tranquilizar a los ilusos), ni -con independencia de las negociaciones secretas entre los socialistas y la banda- hubo acuerdo público y formalizado, entre las partes interesadas, sobre las condiciones de la tregua susodicha. Es decir, nunca hubo tregua. ¿Cómo iba a haberla, si no hay guerra? Guerra y paz son, en lo que al terrorismo abertzale se refiere, puras metáforas.

Al Qaida, el 11 de septiembre de 2001, tenía detrás un Estado, el de los talibanes afganos, y, por tanto, hablar de «guerra contra el terrorismo», como lo hizo entonces la administración Bush -sin entrar en la cuestión del posterior desarrollo de los acontecimientos- estaba plenamente justificado. No así en el caso de ETA: «lucha antiterrorista» y «guerra contra el terrorismo» no son expresiones equivalentes, entre otras cosas, porque la guerra enfrenta ejércitos y concluye con la desmovilización, medien o no tratados de paz. La lucha antiterrorista se lleva a cabo desde las instancias policiales y judiciales ordinarias, con o sin colaboración de los ciudadanos. Si tiene éxito, termina con la erradicación del terrorismo, que no es sinónimo de pacificación, toda vez que el terrorismo abertzale no actúa -al contrario que el terrorismo islamista- en el seno de una población movilizada para la guerra.

La pregunta que hay que hacerse es por qué el poder ejecutivo, a lo largo del último año, se ha empeñado en moverse en el plano de la metáfora, convirtiendo la lucha antiterrorista en un «proceso de paz» y admitiendo la validez -condición en teoría necesaria para emprender dicho proceso- de la improbable tregua «permanente» anunciada por ETA. Cabe proponer, por supuesto, multitud de hipótesis: desde la mayor o menor coerción que la banda pueda ejercer sobre el Gobierno y el partido que lo sostiene, mediante la amenaza de desvelar acuerdos secretos, hasta la dependencia política del PSOE respecto de los nacionalismos proclives a un final negociado del terrorismo, pasando por la particular obsesión mesiánica del presidente Rodríguez Zapatero, cuyas ansias infinitas y universales de paz parecen haberse resignado a lo doméstico, tras el fiasco de su política exterior (pues, aunque su retórica megalómana de la pacificación mundial volvió a asomar con ocasión del cuarto aniversario de la invasión de Irak, el secretario de organización del PSOE, con su acostumbrada ausencia de sentido del ridículo, lo ha devuelto a la cruda realidad española, donde no hay otras cuestiones internacionales de interés que las que puedan ser utilizadas de inmediato contra el PP).

Dejando al margen estas y otras verosímiles conjeturas (por ejemplo, el peso de la frustración ancestral de los socialistas vascos, incapaces de atraerse al electorado de la sedicente izquierda abertzale), puede explicarse la errática y absurda política del Gobierno durante el último año, en lo que a ETA respecta, como el resultado de cierta homología -¿por qué no hablar de afinidades electivas?- entre la estrategia de Batasuna y la del Gobierno de Rodríguez Zapatero. La primera aspira a completar la destrucción de la democracia en el País Vasco, excluyendo del mismo a los no nacionalistas mediante la radicalización de las exigencias de lealtad al proyecto etnicista de la Euskal Herria independiente, unificada y euscaldún. La estrategia gubernamental contempla una modificación restrictiva del sistema político actual, que excluiría a la derecha nacional como alternativa de poder.

En el caso de Batasuna, el objetivo sólo puede alcanzarse a través de la presión terrorista sobre el sector no nacionalista de la población vasca (y navarra) y el chantaje sostenido al Estado, con vistas a una claudicación escalonada del mismo, todo ello maquillado por un discurso bélico que presenta la «lucha armada» como resultado de un «conflicto» derivado de la «opresión histórica» de «Euskal Herria» por el Estado español. El Gobierno, por su parte, juega asimismo en dos frentes: la estigmatización del PP como «extrema derecha» -operación en la que resulta esencial el recurso a una «memoria histórica» cuya proyección sobre el presente revele la persistencia del «conflicto civil» superado en la Transición- y el vaciamiento del pacto constitucional de 1978, interpretado como una imposición del franquismo a las fuerzas verdaderamente democráticas.

En este último aspecto, durante la primera parte de su legislatura, además de ciertas iniciativas orientadas a erosionar valores tradicionales de carácter moral y religioso, los socialistas impulsaron una política territorial favorable a los nacionalismos secesionistas y rompieron tácitamente el acuerdo antiterrorista con la oposición. No es táctica muy distinta a la descrita por Franz Neumann en su Behemot, el gran estudio sobre la destrucción de la democracia en la Alemania nazi: una gradual imposición de medidas destinadas a ir preparando a la ciudadanía para un cambio de sistema. Táctica que aquí ha fracasado a causa del atentado de ETA en Barajas y de la escandalosa excarcelación de De Juana Chaos. ETA y el Gobierno han rebasado con mucho lo que, en cada uno de los casos, parecía tolerable, y una buena parte de los españoles ha comenzado a comprender que el precio exigido por el «proceso de paz» era demasiado alto.
JON JUARISTI

¿Nos queda alguna esperanza de salvar al Estado de Derecho?
Vicente A.C.M. Periodista Digital 22 Marzo 2007

Me parece asombroso que hoy en día deba plantearme esta pregunta, después de creer que España había superado una etapa de su Historia y que nos encaminábamos a un futuro esperanzador dentro de la Comunidad Europea de países libres y democráticos. Pues lamentablemente esa pregunta tiene una respuesta clara y rotunda. El estado de Derecho murió ayer definitivamente con la negación de la Fiscalía a juzgar a Arnaldo Otegi. El rejón de muerte fue la excarcelación forzada y descarada del etarra de Juana Chaos.

Con estas actuaciones, que son solo la parte culminante y más mezquina de toda una serie de decisiones encaminadas a dar entrada política a ETA en la Sociedad, se hace necesaria una reflexión profunda y meditar cuales deben ser nuestras actuaciones futuras, por si queda aún alguna esperanza para salvar al Estado de Derecho y a la España que soñábamos hacer realidad. ¿Qué armas tiene el pueblo español para defenderse de este atropello a la legalidad? ¿Hay forma de forzar que el causante de estas tropelías se vea obligado a dar cuentas públicas de sus infames actos?. Pues esas armas son exclusivamente los votos y reclamar las elecciones. Ya seé que la experiencia con este Gobierno ha demostrado que el uso de otras armas como el terrorismo, el chantaje, la extorsión, las amenazas, son más respetadas que las manifestaciones cívicas, que la presentación de mociones apoyadas en cientos de miles o incluso un millón de firmas. Ya sé que este Gobierno admira la chulería de los etarras, sus gestos de desprecio y de amenaza a jueces, sus continuas desobediencias y burlas a la Ley. Por eso como los admira, les llama incluso "hombres de paz", hace lo imposible por no molestarles y porque ninguna minucia legalista les entorpezca su misión.

Un Gobierno que está dispuesto a negociar paz por territorios. Un Gobierno que se arroga unas atribuciones que en ningún momento le han sido dadas por el pueblo español. Un Gobierno que está traicionando a ese pueblo y que no quiere escuchar su rechazo. Pues un Gobierno así no está capacitado por más tiempo para seguir y se le deben exigir responsabilidades por sus actos. Ya no hay lugar para la indecisión ni la vacilación, debemos pedir el final de esta legislatura. Exijamos que el pueblo español se pronuncie y demuestre que aún queda una esperanza para salvar a España de quienes pretenden entregarla a las minorías separatistas.

Genuflexión
POR IGNACIO CAMACHO ABC 22 Marzo 2007

LA trémula, mendicante ansiedad con que el Gobierno espera desde hace días un comunicado de ETA que le saque del atolladero en que se metió al excarcelar a De Juana Chaos representa el síntoma más nítido de hasta qué punto es la banda la que marca los tiempos y el compás de ese «Proceso» que Zapatero ha convertido ya en el objetivo único de la legislatura. Un año y tres muertos después del alto el fuego, la irresponsable debilidad del Ejecutivo ha colocado en las manos de los terroristas la potestad de acabar con él o aplicarle una mascarilla de oxígeno que alivie su asfixia política. Pero resulta ignominioso implorársela de este modo.

En los últimos dos meses, urgido por la caída en picado de las encuestas, el Gobierno se ha puesto de rodillas ante las exigencias de ETA. Primero sacando a De Juana de la cárcel, después manteniendo la ambigüedad sobre el futuro de Navarra y, por último, de momento, obligando a la Fiscalía al surrealista, humillante, escandaloso papelón de exonerar a Otegui de sus cuentas pendientes con la justicia. Pero mientras más humilla la cerviz, más crédito pierde.

La forma en que el presidente ha conducido las cosas revela una alarmante pérdida simultánea de iniciativa y de pudor. A más presión, menos recato. Con la bomba de Barajas, la banda dejó claro a Zapatero hasta qué punto estaba a merced de que otro atentado mortal hiciera saltar por los aires su mandato. Los vergonzosos días de silencio en Doñana y el indigno ninguneo de las víctimas ecuatorianas delataron a un gobernante noqueado, incapaz de sobreponerse a la evidencia de que había extraviado el control de la situación... si es que alguna vez lo tuvo. Y ahora, consumada la vergonzosa genuflexión ante Otegui en la Audiencia, la previsible hoja de ruta apunta a una secuencia temporal en la que el Gobierno continúa dependiendo de la voluntad de los terroristas. Gesto etarra, paso libre a las listas batasunas en las elecciones... y a esperar que antes de las generales la banda baje el siguiente escalón. Pero con esta política de apaciguadora mendicidad, la opinión pública está recibiendo demoledores mensajes de entreguismo que mantienen activa la «rebelión cívica» de millones de ciudadanos que sienten burlada la resistencia civil de todos estos años de sufrimiento.

La sensación de que existe un mapa oculto de compensaciones mutuas, cuyo cumplimiento se reserva discrecionalmente ETA a tenor de la marcha de los acontecimientos, se está imponiendo de forma demasiado inquietante. Porque si algo ha quedado demostrado en este año de tregua irreal -una «tregua» con muertos, kale borroka e impuesto revolucionario- es que ETA no ha dejado en ningún momento de ser ETA ni de comportarse como se espera de ella. Y en cambio, el Gobierno sí ha renunciado a su obligatoria condición de defensor del orden, la legalidad y la justicia reclamada por cuatro décadas de sinrazón, dolor y sangre que de ninguna manera merecen un final a la medida de quienes los han provocado.

De la tregua-trampa a la farsa sin tregua
POR CARLOS MARTÍNEZ GORRIARÁN ABC 22 Marzo 2007

Durante los meses previos a la invasión y derrota de 1940, los franceses llamaron «drôle de guerre» (guerra de broma) a los intercambios de disparos con los alemanes en la línea del Rin. Bélgica se declaró neutral, y algunos esperaban pactar un acuerdo con Hitler que les evitara la guerra en serio. Todos sabemos, al menos fuera de La Moncloa, cómo acabó la ilusión. Desde que ganó las elecciones, el zapaterismo mantiene con ETA su «drôle de guerre»: el espejismo de que minimizar el intercambio de disparos permita un pacto. La banda no es la «wehrmacht», pero sus ambiciones de poder e imposición no son menores que las nazis. Para sus fines, valen lo mismo atentados y treguas que guerras de broma, como aquella mascarada del monte Arritxulegi el pasado septiembre. Zapatero dijo entonces que mantenía intactas sus esperanzas. Ahora sabemos que sus esperanzas también son a prueba de bomba.

El sintagma «tregua indefinida sin concesiones» salió malparado del intento de 1998, cuando Jaime Mayor Oreja osó denunciar que el rey estaba desnudo: la tregua era en sí misma una trampa. Hubo muchos abucheos del respetable, deseoso de tranquilidad, pero incluso la banda admitió en sus papeles que el político vasco era de los pocos que habían captado su idea desde el principio. Así que ETA prefirió no arriesgarse y la última entrega del juego de la tregua comenzó con cambio de título: la de hace un año quedó en «alto el fuego indefinido». Algunos análisis inteligentes -naturalmente, desoídos- coincidían en que semejante enunciado no obligaba prácticamente a nada a la banda, refugiada de hecho en esa situación -alto el fuego a la fuerza- desde mediado 2003. La astucia fue convertir la necesidad en virtud.

Antes del alto el fuego
Conviene recordar que el alto el fuego llegaba tras una sucesión de fracasos, terroristas y políticos, causa de gran desánimo y desconcierto en ese mundo. La eficacia policial, la presión judicial y la movilización política y social habían empujado a la banda al borde del abismo de la desaparición, y sin contrapartidas de ninguna clase. Sólo el advenimiento de Zapatero, un adanista convencido de atesorar extraordinarios poderes de resolución a través de un diálogo sin agenda ni finalidad conocida, permitió a los etarras salir del k.o. técnico al que les llevó la ilegalización de Batasuna, que provocó oleadas de indiferencia y satisfacción en la sociedad vasca, y la pavorosa constatación de que las policías españolas y francesas detenían comandos a mayor velocidad de los que podía crearlos.

Así pues, ETA no dejó de matar para dar una oportunidad a la paz, sino porque las cosas nunca le habían ido peor. La conversión de esa impotencia en un gesto político es obra de intérpretes interesados en rematar el Pacto por las Libertades pactando con la banda, integrándola en la legalidad nacionalista y dejando fuera de juego al PP por muchos años, cubriendo de gloria a Zapatero el Pacificador. No es nada casual, sino todo lo contrario, que precisamente estos días, cuando el proceso pende de un hilo, se haya resucitado el perfil de Aznar el Guerrero, incluso posible criminal de guerra. Sin embargo, encolerizar al PP no traerá esa paz tan mentada. El error de partida, profundamente anclado en la ignorancia y la falta de escrúpulos, es olvidar que ETA también combatió a Franco sin tener el menor interés por la democracia, y que ahora pactará lo que le interese sin la menor intención de aceptar las reglas democráticas.

Todo por la paz
Que el alto el fuego permanente no traía nada nuevo lo confirmó un mes después el atentado contra la ferretería de un concejal de UPN de Barañáin. La primera reacción de Rubalcaba fue advertir que la kale-borroka era «incompatible con la paz»; inauguraba un estilo convertido en norma: declaración inicial muy enérgica e inmediatamente corregida por su contraria: lo que importa es la paz y nada más que la paz, fingida por la negación sistemática de los hechos. El Gobierno y sus corifeos han sostenido imperturbables, primero, que las denuncias de kale borroka y extorsión eran falsas o alarmistas, para admitirlas después aunque rogando su olvido en beneficio del logro superior de la paz: ¡un auténtico discurso de obispo vasco!

En Barañáin quedó inaugurado el socorrido recurso al accidente y el incidente aislado que culminó, sin el menor rubor, cuando Rubalcaba calificó de «proyecto de zulo» el casualmente descubierto por la Ertzaintza cerca de Durango, atiborrado de explosivos. A los pocos días, y tras las tranquilizadoras noticias de que las inexistentes conversaciones con ETA iban estupendamente, se produjo el salvaje bombazo de la T-4 donde murieron Estacio y Palate. Rubalcaba declaró muerto el «proceso de paz», pero fue de inmediato corregido por Zapatero y su argumento de que un «accidente», como su nombre indica, no puede invalidar la esencia eterna de un «proceso de paz».

Atentados como accidentes
¿Cómo se llegó al punto de que ni dos asesinatos pudieran desmentir la sedicente voluntad pacificadora de ETA? En mi opinión, fue la consecuencia de la orientación de las negociaciones adoptada por Zapatero. Al romper con la oposición y excluirla del final feliz que ambicionaba monopolizar, se puso en manos de la banda y renunció a la calificación penal de sus tropelías. No era un lapsus: Zapatero decidió que los atentados serían tratados como accidentes porque esta era y es la única manera de mantener las negociaciones aunque hubiera nuevas víctimas, que era lo más probable.

La contratación del Centro Henri Dunant, un «lobby» suizo especializado en ordeñar a gobiernos en apuros, oficializó los contactos que Jesús Eguiguren venía manteniendo con ETA-Batasuna desde 2002 -o desde el día después de la derrota constitucionalista en las autonómicas de 2001-, con la intención de alcanzar acuerdos políticos y rompiendo con el PP como garantía. La «vía Eguiguren» incorporaba al PSE al infame Pacto de Estella, con su variante catalana del Pacto del Tinell (refrendado por ETA con la tregua concedida a Carod), y se convirtió en la única política «antiterrorista» de un gobierno sin mayoría suficiente y dependiente de los nacionalistas. Convertida en árbitro de la política española, la banda estaba en condiciones de ir incrementando la presión hasta conseguir o bien concesiones políticas de peso -sin renunciar a la independencia como único destino posible- o, en el peor de los casos, recuperar las ventajas anteriores al Pacto Antiterrorista, es decir, volver al terrorismo con ventanilla política legal para administrar beneficios y recaudar arbitrios.

Regreso a las instituciones
ETA-Batasuna ha conseguido volver, casi, a recuperar la legalidad. El último y único test pendiente es el regreso legal a las instituciones, donde el fantasmal PCTV le guarda la silla. En un país cuyo «establishment» es en general de escasas y pobres convicciones, tolerar a Batasuna parece un precio barato para comprar la paz. Por eso Otegi y sus sicariosson tratados no solamente como políticos normales, sino mucho mejor. Cualquier migaja de declaración es escrutada como un nuevo fragmento de rollo del Mar Muerto que revelará el misterio de la pacificación. Incluso han sacado del armario momias tan apolilladas como la autonomía vasco-navarra, incluida en la alternativa KAS pero recibida con alborozo como novedad esperanzadora.

Así las cosas, y destruido el Pacto Antiterrorista, el poder judicial es el único dique de contención contra tanto despropósito, a pesar incluso del papel de la fiscalía, convertida en marioneta del proceso. No sólo el procesamiento de Otegi, también el proceso 18/98 y el filtro judicial de las listas electorales proetarras son, ahora mismo, los principales obstáculos alzados contra los planes de la banda. Con todo, Batasuna ha logrado incluso que su viejo azote, un juez Garzón más interesado ahora en la caza mayor internacional y en dirigir el coro del «no a la guerra», sugiera en un auto cómo eludir la Ley de Partidos adoptando la marca sin mácula de Izquierda Abertzale, o así. Cuesta imaginar que desaprovechen la oportunidad. Lo más probable es que, de paso, presenten algún señuelo que el gobierno pueda perseguir, a fin de que dé por cumplida su palabra. Y todos tan contentos.

El dilema final: todo o nada
La noticia del envío de nuevas cartas de extorsión a los empresarios esta semana pasada demostraría a cualquier sujeto racional que la banda no piensa desaparecer, sino reorganizarse para cualquier eventualidad, sin descartar nada. Por eso el futuro político de Zapatero está más unido ahora que hace un año a las acciones de ETA, que siempre son delito. Descartado que el gobierno rompa el «proceso de paz», es ella quien puede elegir si le echa de La Moncloa con nuevos atentados, como el que se presentía si De Juana moría en prisión, o si por el contrario emite algún comunicado anestésico que pueda ser presentado en triunfo.

Comprobado que puede mantener la extorsión y el terrorismo callejero hasta cobrarse una vida, mantener las amenazas y ocupar territorio con un mitin armado, incluso asesinar a dos personas sin que el Gobierno se considere obligado a cambiar de política, ETA puede poner en el papel cualquier cosa sin estar obligada a nada. El alto el fuego permanente es pura y llanamente una farsa. Nada invita a pensar que esto vaya a cambiar.

Zapatero ha jugado a obtenerlo todo o nada: o el desistimiento de ETA a cambio de vaguedades y reforma estatutaria, o el fracaso total del regreso del asesinato como instrumento político. Es el guión intolerable al que estamos sometidos desde 1977, como si la transición democrática siguiera abierta hasta que ETA y su farsa homicida sean cosa del pasado. Cuando ocurra, la banda debería arrastrar consigo a todos lo que este tiempo han jugado a la paz traficando con nosotros. Es de justicia.

Justicia vergonzante, Gobierno vergonzoso
Iñigo de Garés @ http://www.zpromesas.blogspot.com 22 Marzo 2007

Inenarrable lo sucedido con el penúltimo juicio al delincuente Otegui: la Justicia lo persigue, lo detiene y lo sienta en el banquillo, y el mamporrero del Gobierno, fiscal de mejor nombre, retira la acusación y lo deja ir de rositas. ¿En qué manos estamos?

Lo adelantaba el periodista que, en directo, cubría la información del juicio que nunca fue, la tarde del miércoles en la Audiencia Nacional: "el fiscal está interrogando a Otegui como su fuera su abogado". Minutos después, dicho y hecho, el fiscal lograba la libre absolución de su ¿defendido?

Sin tener en cuenta que, a lo mejor, el Gobierno tendría que dar cuénta de en qué gasto de dinero de los españoles se ha incurrido para poner a (poca) disposición de la justicia a un delincuente y luego permitir -por decisión del propio representante del Estado, esto es, el fiscal- que salga en libertad, digo yo que habrá más explicaciones que tendremos que pedir.

Por ejemplo: ¿a qué obedece que el Fiscal General del Estado hubiera amenazado a los jueces ya con retirar la demanda si no se retrasaba el juicio? ¿Para qué necesitaba ganar tiempo? ¿De quien obedece órdenes: de Rubalcaba, de Bermejo o directamente de ZP?

Esto en cuestión de preguntas retóricas, claro, porque no podemos esperar respuesta. Pero, entonces, el concepto de justicia del Gobierno socialista consiste en defender ¿qué? ¿a quién? Porque todo apunta a que se están limitando a poner el aparato judicial del Estado al servicio de la enfermiza fijación de Zapatero de concluir el malhadado "proceso", sin importar las claudicaciones, las renuncias, las rendiciones y cuanto de dignidad, derechos o razones haya que vender en el mismo.

Ser juez de la Audiencia Nacional, hoy, debe resultar vergonzoso. No escucho las voces de Garzón y sus pares protestando porque les han dejado a los pies de los caballos. Pero creo oir, muy cerca de nuestra nuca, las risas y brindis de los asesinos, prendidos en su manos los venerables tegumentos de España.

Post Scriptum: Tengo, en la mediación de la Casa Real para actuar en defensa de la identidad de Navarra ante un previsible desafuero, la misma confianza que en la profesión de fe navarrista de Puras y el PSN: cero. Fundamentalmente por la incapacidad de una y otros para decidir y, en consecuencia, actuar. Pero Miguel Sanz ha patinado metiendo a la Corona en este baile.

PP y nacionalismo
Lo pequeño es estúpido
Cristina Losada Libertad Digital 22 Marzo 2007

Hace unos días, el líder del PP gallego manejaba la hipótesis de un pacto de gobierno con el BNG. No es que no le hiciera ascos a tal coyunda, sino que le parecía que estaba entre las posibles y las potables. Si su partido ganara las próximas elecciones, elucubraba Feijóo, tendría la "obligación" de intentar ligarse a alguno de los otros con representación parlamentaria y como éstos son sólo dos, a saber, el PSOE y el Bloque, pinto, pinto, gorgorito, y por qué no, o mejor dicho, por qué sí los nacionalistas.

Reconozcamos que ese deber político que se impone el orensano no es fácil de cumplir. Su partido fue el más votado en las últimas autonómicas, las de 2005, y quienes se juntaron para gobernar fueron los otros. Pero la dolorosa experiencia no le ha quitado el ánimo pactante. Se diría que lo ha precipitado en un sentido: se vuelca con más anhelo hacia los nacionalistas que hacia los socialistas. Una preferencia que no es singular de este político ni del antiguo solar y fogar de los suevos, sino que aparece allí donde los dos grandes partidos se han convertido en una especie de clubs de fútbol regionales.

Para justificar la improbable alianza, Núñez Feijóo decía que en el BNG militan personas moderadas, que aceptan la Constitución y se alejan del radicalismo. Siempre hay buena gente; casi en cualquier parte. Ahí tenemos, por ejemplo, a ese veterano miembro del Bloque que preside una asociación de amistad entre Galicia e Israel cargada de magníficos propósitos. Pues bien, el destino de este buen hombre va a ser el de tantos otros de su condición en el seno de organizaciones extremistas: la expulsión. Ser amigo de la única democracia de Oriente Próximo choca de frente con el antiimperialismo. Pero este es un pequeño detalle y cualquier día, el jefe del PP gallego nos mostrará las pruebas de que el Bloque camina por la senda de la moderación y por la de la Constitución, como el otro. Y será un caso digno de estudio, pues de la Transición acá los nacionalismos se han empeñado en ir por el carril contrario y con Zapatero en el desgobierno, circulan a todo gas.

Una y otra vez se ha tratado de reconducirlos hacia la vía moderada, leal y racional y de integrarlos, como suelen decir, en el sistema. Pero nada de nada. Y erre que erre, siguen saliendo políticos con vocación de misioneros, dispuestos a venderles pelucas constitucionales a los nacionalistas cazadores de cabelleras; a arriesgarse a misiones imposibles que a la postre son suicidas, por una compensación, claro, que no es por amor al arte que intentan llevarse al huerto al grupo o grupúsculo regionalista de turno.

Quien quiera entender cómo es posible que el dirigente de un partido que defiende la Constitución y la unidad de la nación considere seriamente formar gobierno con otro que persigue la liquidación de ambas debe descender de la atalaya y abandonar la visión panorámica. Sólo así captará que una cosa es la política que se hace en España y otra la que se hace en las regiones de España. Más aún: pueden y hasta deben resultar opuestas. ¿Lo ha entendido? Yo tampoco.

Proclamaba hace años un libro de mucho éxito: "Lo pequeño es hermoso" (Small is beautiful). Y contraatacó otro con toda razón: "Lo pequeño es estúpido". La obra de Beckerman trataba de la necedad en el renglón ecológico, pero el principio que sentaba en su título puede aplicarse a la política española. Explica la ausencia de una política española.

Objetivo Baleares
Editorial ABC 22 Marzo 2007

EL PSOE sigue jugando más allá de lo razonable en materia de organización territorial del Estado. Se anuncia ahora que los socialistas preparan listas únicas con IU y ERC en Baleares para desbancar al Ejecutivo popular. En concreto, se presentará una candidatura común en Ibiza, donde están en juego los escaños determinantes para formar una coalición que pueda desalojar del poder a Jaume Matas. Junto con Navarra, éste es uno de los objetivos prioritarios de la izquierda de cara al 27-M, una cita electoral que no parece anunciar grandes alegrías para el PSOE a la vista del desgaste de Zapatero y de la escasa entidad de algunos candidatos. En estas circunstancias, sólo una alianza con la izquierda radical permite abrigar alguna esperanza de romper la dinámica negativa en la que está instalado el Gobierno. En el caso de Baleares, esta estrategia supone resucitar doctrinas inaceptables en torno a los «países catalanes», una falacia histórica y política que los electores han rechazado siempre sin rodeos. De hecho, Carod Rovira actúa una vez más como protagonista de la operación, anunciando la intención de los republicanos de afianzar su muy limitada presencia en el archipiélago. También les gustaría hacerlo en la Comunidad Valenciana, pero en este caso la izquierda catalanista prefiere otras opciones dentro de su escasa capacidad para impedir una muy previsible mayoría absoluta de Francisco Camps. Son, en definitiva, nuevas dimensiones en esa política de «todos contra el PP» que marca sin remedio el desarrollo de la legislatura.

Con Jaume Matas al frente, el PP balear recuperó el gobierno después del fracaso sin paliativos de la coalición que dirigió las islas bajo la presidencia de Francesc Antich. Las cosas han ido razonablemente bien, y nadie duda que los populares van a ser con diferencia el partido más votado. Sin embargo, la posibilidad de formar gobierno pende de un hilo si todos los demás configuran una alianza parlamentaria. En tal caso, las minorías juegan con ventaja, de modo que ERC -un partido antisistema en cuanto a la forma de Estado y de gobierno- tendría una papel decisivo. Es fácil imaginar el alto precio que tendrían que pagar los socialistas en cuestiones como la lengua o el intento de formar un frente pancatalanista al amparo de una lectura sesgada de la historia. El nacionalismo es expansionista por naturaleza. De ahí la grave responsabilidad que contraen los partidos de ámbito nacional cuando, movidos por un interés coyuntural, abren las puertas de determinados territorios a formaciones que no respetan los principios y valores que sustentan la Constitución. A Zapatero no parece importarle el alto coste que esta estrategia de partido puede tener para el futuro del modelo territorial.

Retroactividad
KEPA AULESTIA El Correo 22 Marzo 2007

La afirmación de Arnaldo Otegi de que «sería un error construir un Estado independiente desde la lucha armada» es el envés de la defensa de la violencia como método para remover los obstáculos que se interponen en el camino hacia ese mismo Estado independiente. No se trata de ninguna contradicción, sino de la expresión de una dualidad que tanto ETA como la izquierda abertzale viven con naturalidad. Al fin y al cabo, según su propio discurso, ETA nunca ha deseado hacer lo que ha hecho, sino que se ha visto obligada a ello. Este reflejo cínico tiene su variante estratégica cuando sus intérpretes más cercanos vienen a indicarnos que no sería inteligente construir el Estado de la Euskal Herria unificada e independiente a base de atentados. Porque presumen que para cuando eso sea posible, es decir, cuando la voluntad de la sociedad entera haya cambiado, ya no será necesario ni conveniente echar mano del terror. Conviene leer a ETA y a Batasuna en su literalidad, pero teniendo siempre en cuenta lo que vienen haciendo y diciendo, y percatándose sobre todo de aquello que podrían decir y no dicen.

Algo parecido ocurre con la diferencia entre la condena y el rechazo del terrorismo como exigencias dirigidas a la izquierda abertzale. Sus dirigentes alegan que nunca condenarán la violencia porque se trata de una consideración moral que no corresponde a su papel. Y han recordado recientemente que sí rechazaron el atentado del 11-M. Pero cuando distinguen entre la naturaleza moral de la condena y la más terrenal del rechazo tratan de ocultar la verdadera causa de su negativa a la condena: su universalidad y su retroactividad. La izquierda abertzale nunca condenará la utilización de la violencia porque ello supondría enjuiciar toda la trayectoria de ETA. Ese es el sentido que adquiere lo moral cuando los portavoces de Batasuna se refieren al terrorismo etarra, puesto que los mismos dirigentes que se resisten a emplear el citado término lo han utilizado desde siempre para referirse a esas otras 'violencias' con las que justifican su conducta. Frente a la ineludible retroactividad de la condena, el rechazo permite valorar hechos del presente o eventuales acontecimientos futuros sin por ello comprometer su juicio respecto a conductas anteriores. Claro que, por ahora, la izquierda abertzale no ha rechazado ningún atentado cometido por ETA. Y resulta muy dudoso que lo haga. Más fácil sería que ETA decidiera no dar más razones para que se le requiera a la izquierda abertzale, si no la condena, si cuando menos el rechazo de un eventual atentado. En definitiva, antes será ETA la que renuncie a la violencia que la izquierda abertzale la que rompa con ETA o, simplemente, rechace una de sus actuaciones.

EL FISCAL GENERAL, CÁNDIDO CONDE PUMPIDO, EL MEJOR ABOGADO DE ETA
El Foro Ermua llama a los demócratas a concentrarse hoy jueves, a las 20h., ante la Fiscalía General del Estado, en Madrid
COMUNICADO DE PRENSA DEL FORO ERMUA  22 Marzo 2007

Bilbao. 22 de marzo de 2007. El Foro Ermua, en relación con la retirada ayer por parte de la Fiscalía de la acusación contra Arnaldo Otegi por la comisión de un delito de enaltecimiento del terrorismo, en el juicio que se celebró contra él en la Audiencia Nacional, manifiesta que:

1º.- La actuación de la Fiscalía ha supuesto la ilegítima, inmoral e injusta absolución, tras la comisión de un flagrante delito de enaltecimiento del terrorismo, del portavoz del brazo político de ETA. De esta manera, la Fiscalía se ha convertido, como en otros muchos casos en los últimos tiempos, en el mejor abogado de ETA. La Fiscalía ha abandonado la petición de condena que mantenía contra Otegi desde hace varios años, provocando el archivo de la causa y la salida a la calle de Otegi libre de cargos, cuando se encontraba a las puertas de ingresar finalmente en prisión.

2º.- El Gobierno de Rodríguez Zapatero, cuyas instrucciones viene obedeciendo el Fiscal General, ha vuelto a traicionar la democracia, ha cometido una burla a la Justicia y un atropello al Estado de Derecho, uno más. Todo ello en aras de mantener vivo el mal llamado “proceso de paz”, cuya trega-trampa anunció ETA hace exactamente un año.

3º.- El Portavoz socialista, Diego López Garrido, miente una vez más cuando dice que es una decisión independiente y ajustada a Derecho, basándose en que existían dos personas absueltas por los mismos hechos. Es radical y absolutamente falso tanto que la decisión sea independiente y ajustada a Derecho, como que existan dos personas absueltas por los mismos hechos: en primer lugar los actos cometidos por Otegi son totalmente diferentes a los de las otras dos personas. En segundo lugar, una de esas personas no está absuelta, sino en rebeldía. Sólo un ignorante o un canalla que pretende confundir a los ciudadanos puede decir lo que ha dicho el Portavoz socialista.

4º.- La decisión de la Fiscalía es una decisión tomada exclusivamente por motivos políticos y no jurídicos y acredita que el proceso de negociación con ETA continúa a espaldas de los españoles y después del asesinato de dos personas en el terrible atentado de Barajas y de la muerte de una tercera víctima por inhalar los humos de un incendio provocado por la kale borroka en enero. Las afirmaciones solemnes de Rodríguez Zapatero se ven sistemáticamente desmentidas por los hechos. Fue el actual Ministro de Interior, Señor Rubalcaba, quien dijo que los españoles nos merecíamos un Gobierno que no mintiera.

5º.- El proceso de búsqueda de acuerdos claudicantes con ETA por parte del Gobierno y la renuncia a la firme actuación del Estado de Derecho en la lucha contra la banda son contrarios a la promesa electoral del Partido Socialista de mantener vigente el pacto antiterrorista. Al haber roto los compromisos adquiridos con los ciudadanos en uno de los asuntos más esenciales de la vida política el Gobierno ha perdido su legitimidad, y ya no actúa en absoluto en función de los intereses del conjunto de los españoles. Su obligación democrática sería dimitir y convocar elecciones generales y dejar que los españoles pudiéramos pronunciarnos sobre sus negociaciones con ETA.

6º.- El Fiscal General Cándido Conde Pumpido y el Fiscal de la Audiencia Nacional Fernando Burgos (que fue el mismo fiscal que solicitó la excarcelación de De Juana) han abandonado la defensa de la legalidad. Su actuación no sólo es indigna y cobarde, sino que puede ser constitutiva de un delito de prevaricación y otro de omisión del deber de perseguir delitos, por lo que el Foro Ermua estudiará la interposición de la correspondiente querella para exigir las responsabilidades penales a que hubiera lugar.

En cualquier caso, la Fiscalía no tendrá ninguna credibilidad mientras no se produzca la dimisión del Fiscal General del Estado, Cándido Conde Pumpido.

7º.- Para oponerse a tanta traición y defender nuestra libertad, el Foro Ermua ya anoche en declaraciones de nuestro Presidente, Mikel Buesa, hemos convocado a los demócratas, tengan la ideología que tengan, a concentrarse hoy jueves, a las 20 h., frente a la Fiscalía General del Estado, situada en el Paseo de la Castellana, en torno a su número 17, cerca de la Plaza de Colón y junto a la calle Fernando el Santo. Hacemos un llamamiento a todos los ciudadanos de convicciones democráticas para que acudan a las nuevas movilizaciones que seguirán convocándose y mantengan viva la rebeldía cívica contra un Gobierno que está dispuesto a pasar por encima de la Ley, de las víctimas del terrorismo y de la libertad de los ciudadanos para alcanzar acuerdos ignominiosos y degradantes con una banda terrorista que hace sólo tres años estaba cerca de ser derrotada.

La Delegación del Gobierno pretende impedir la realización de un acto de tres asociaciones cívicas vascas mañana día 23, a las 11h., frente al Ministerio del Interior
COMUNICADO DE PRENSA DEL FORO ERMUA  22 Marzo 2007

Bilbao. 22 de marzo de 2007. El Foro Ermua, la Iniciativa Ciudadana Basta Ya y el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) solicitaron formalmente hace unos días a la Delegación del Gobierno en Madrid permiso para efectuar mañana día 23, a las 11 de la mañana, un acto con unos 30 periodistas, en el bulevar peatonal frente al Ministerio del Interior (que se encuentra en el nº 5 del Paseo de la Castellana), para la presentación de un manifiesto conjunto. La Delegación del Gobierno, en un escrito fechado el día 21 de marzo, argumenta que la realización de una concentración frente a los números 5 y 7 del Paseo de la Castellana, de Madrid, “implica una merma del nivel de seguridad de los citados edificios”, esto es, del Ministerio del Interior (Castellana nº 5) y del Ministerio de Administraciones Públicas (Castellana nº 3).

En el acto estaba previsto que estuvieran presentes 30 personas, miembros de las citadas asociaciones, aparte de los periodistas.

La Delegación del Gobierno pretende que el acto se celebre a más de cien metros de distancia del Ministerio del Interior, en el otro lado del Paseo de la Castellana, en el arranque de la calle Goya.

Hoy, se ha presentado ante la Delegación del Gobierno un recurso de alzada para que se conceda el permiso de efectuar el acto en el lugar solicitado, “dada la evidente inconsistencia de los motivos alegados”. El recurso de alzada argumenta que se han realizado en el pasado “centenas de actos organizados no ya en las proximidades, sino justamente delante de Ministerios que han sido autorizados por la Delegación del Gobierno”. Y continua: ”esta diferencia de trato atenta contra la igualdad de los ciudadanos recogida en el artículo 14 de la Constitución española y supone una obvia discriminación hacia quienes no cuentan con la simpatía de este Gobierno”.

En una rápida e incompleta búsqueda en Internet, hemos encontrado 24 concentraciones multitudinarias realizadas ante Ministerios entre agosto de 2002 y marzo de 2007, cuyo listado se anexa a este comunicado. Entre ellas, figura una concentración ante el Ministerio de Defensa, el 27 de enero de este año, convocada, entre otros grupos, por Izquierda Unida y el Partido Comunista de España (marxista-leninista).

Por otro lado, la Delegación del Gobierno aduce que “a la altura de los números 5 y 7 (del Paseo de la Castellana) se están ejecutando actualmente obras de pavimentación y se encuentra vallada”. Cualquier que se pasee por esta zona (frente al Banco Santander, que es el nº 7), podrá comprobar que no es cierto lo dicho por la Delegación.

La convocatoria a los medios para mañana viernes se mantiene en el lugar y a la hora solicitados, esto es, frente a los números 5 y 7 del Paseo de la Castellana, de Madrid, a las 11 horas.

El Gobierno "absuelve" a Otegi burlando la Justicia
Editorial Elsemanaldigital 22 Marzo 2007

Después de una larga jornada de equívocos, a última hora de la tarde de ayer la Fiscalía de la Audiencia Nacional retiró una acusación pendiente contra el líder de Batasuna Arnaldo Otegi, que quedó libre de los cargos por los que debía ser juzgado. La sorprendente decisión fue adoptada por el fiscal Fernando Burgos, dependiente del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, y en último extremo del Fiscal General del Estado, Cándido Conde-Pumpido.

Otegi estaba acusado por un delito de enaltecimiento del terrorismo cometido en julio de 2001 en el homenaje a la asesina etarra Olaia Castresana. El batasuno no se presentó ante la Sala presidida por el magistrado Fernando Bermúdez de la Fuente a las diez y media de la mañana, tras alegar su abogada, Jone Goirizelaia, que se encontraba incomunicado por la nieve. Tras volver a citarlo para la tarde, la Audiencia Nacional dispuso que Otegi fuese conducido por las Fuerzas de Seguridad desde su domicilio en Guipúzcoa hasta Madrid. Así se hizo, con gran despliegue de medios e incluyendo un vuelo en un avión de la Policía.

Conde-Pumpido no quería que Otegi fuese juzgado, porque corría el riesgo evidente de ser condenado, ya que los hechos fueron cometidos. La fiscalía había interpuesto ya el lunes un recurso de súplica para que se suspendiese la vista de ayer. Ante la firmeza de los magistrados, el fiscal retiró la acusación, por lo que automáticamente quedó libre Otegi.

La fiscalía es un órgano dependiente del Poder Ejecutivo, es decir del Gobierno. José Luis Rodríguez Zapatero no disimula su deseo de tener a Otegi como interlocutor en un "proceso de paz" que ha convertido en su gran baza electoral. En esa clave electoral, Zapatero no podía permitirse un Otegi condenado y, posiblemente, encarcelado, por lo que no le importó burlar la acción de los jueces recurriendo a lo que en todo caso son sus atribuciones políticas.

El PSOE ha dado carta de legitimidad a la izquierda abertzale en la política española. ETA y Batasuna, que estaban hace tres años acorraladas, son ahora determinantes en las decisiones del Gobierno nacional. El mismo partido que pide de manera ridícula el procesamiento de José María Aznar por su foto de las Azores acaba de sacar de la cárcel al sanguinario criminal Iñaki De Juana Chaos y ha hecho todo lo posible para que Otegi no sea juzgado. Millones de españoles ya han salido a la calle para pedir cordura a este Gobierno presidido por Zapatero sin que hasta ahora hayan sido escuchadas. Sólo la voz de las urnas puede impedir esta evolución tan peligrosa que vive nuestro país para la credibilidad y la dignidad del Estado.

Irak
La vergüenza del PSOE
GEES Libertad Digital 22 Marzo 2007

El cuarto aniversario de la guerra de Irak está siendo utilizado masivamente por el PSOE y sus socios de izquierda como una cortina de humo con la que tapar muchas de sus vergüenzas, desde la guerra de Afganistán a la claudicación contra ETA. A poca distancia de unas elecciones y con una situación en Irak que, aún con algún síntoma reciente de mejoría, sigue ofreciendo abundante carnaza a los medios de comunicación sensacionalistas, es lógica la posición del PP de tratar de eludir un debate absurdo sobre decisiones de hace cuatro años que nada aportan a fecha actual.

Pero la estrategia de los dirigentes del Partido Popular tiene también un punto débil. No defender una posición que tampoco se quiere abandonar no suele ser buena táctica, especialmente con un adversario que no tiene el más mínimo escrúpulo en utilizar cualquier munición, por demagógica que sea, para tratar de exterminar al enemigo político. Nada incentivará más la ofensiva de la izquierda en este tema que cualquier signo de debilidad que ofrezca el PP frente a la actual ofensiva.

Pero lo más grave es que la renuncia a defender una decisión que todos los líderes en activo del PP apoyaron en su día hace que las voces discordantes dentro del partido se sientan autorizadas a elevar su tono. A las reticencias ahora renovadas por algún diputado aislado, se suman ahora unas declaraciones de Jaime Ignacio del Burgo cuando menos profundamente inoportunas. El goteo de agrupaciones locales que se desmarcan de la posición oficial abarca ya desde Baleares a Lugo. Con el nerviosismo que genera en algunos dirigentes locales el periodo electoral que vivimos, será difícil contener ese goteo sin un liderazgo claro de la dirección nacional sobre este asunto.

El PP no tiene nada de lo que avergonzarse en relación con Irak. Aznar adoptó en su día la posición que mejor defendía nuestros intereses nacionales y, con la información de la que disponía entonces, mejor garantizaba nuestra seguridad. Nadie debe tener la más mínima nostalgia por un tirano sanguinario como Sadam Hussein, aunque de seguir en el poder caben pocas dudas que hoy sería un firme partidario de la Alianza de Civilizaciones propuesta por ZP. Las tropas españoles acudieron a Irak plenamente respaldadas por la legalidad internacional, en misión estrictamente humanitaria y a requerimiento de Naciones Unidas y lo único de lo que pueden sentirse avergonzadas es de la cobarde retirada que les ordenó Zapatero. El PP puede sentirse orgulloso de haber contribuido políticamente a liberar al pueblo iraquí de la peor tiranía de todo el planeta y el PSOE debería sentir vergüenza por haber abandonado al pueblo iraquí cuando más necesitaba nuestra ayuda y haberlo hecho además de forma cobarde bajo el chantaje de unos terroristas que causaron dos centenares de muertos en Madrid.

Pero junto a estos argumentos es evidente que el PP debe exigir al Gobierno respuestas claras sobre las razones por las que el pacifista de Zapatero, que tanto denostara nuestra presencia en Irak, ha doblado ahora nuestras tropas en Afganistán metiéndonos con mentiras en una guerra cada día más peligrosa. El presidente debería explicar también si detrás de la pancarta del "No a la guerra" tiene una sola idea sobre que se puede hacer para acabar con la sangría a la que una minoría tiene sometida a la mayoría de la población en el Irak actual. Zapatero debería responder por último en que medida favorece nuestros intereses de política exterior los intentos de llevar a Bush, a Blair, a Aznar e imaginamos que a otras docenas de dirigentes que enviaron tropas a Irak, al banquillo del Tribunal Penal Internacional por un falso delito de genocidio.

GEES, Grupo de Estudios Estratégicos.

CONCENTRACIÓN DEL FORO DE ERMUA CONTRA LA DECISIÓN DEL FISCAL
"EL MEJOR ABOGADO DE ETA"

El Foro de Ermua ha convocado una concentración frente a la sede de la Fiscalía General del Estado para protestar por la "ilegítima, inmoral e injusta" decisión de retirar la acusación contra Otegi por un delito de enaltecimiento del terrorismo. El colectivo que preside Mikel Buesa ha pedido a todos "los demócratas" que participen en el acto para denunciar cómo la Fiscalía se ha convertido "en el mejor abogado de ETA". Además, el Foro de Ermua ha acusado a Pumpido y a Fernando Burgos de haber "abandonado la legalidad" por lo que estudiarán iniciar medidas legales.
Libertad Digital 22 Marzo 2007

En un comunicado al que ha tenido acceso Libertad Digital, el colectivo que preside Mikel Buesa recuerda que la Fiscalía ha abandonado una petición de condena "que mantenía contra Otegi desde hace varios años", un acto que ha supuesto "la ilegítima, inmoral e injusta absolución" del portavoz de Batasuna-ETA. Motivo por el que han convocado una concentración frente a la sede de la Fiscalía General del Estado en el Paseo de la Castellana, en torno al número 17 y junto a la plaza de Colón. El objetivo, "mantener viva la rebeldía cívica" ante un Gobierno dispuesto a pasar por encima de la Ley y las víctimas para pactar con ETA acuerdos "ignominiosos y degradantes".

Por ello, consideran que el Gobierno de Zapatero, valiéndose de la Fiscalía, "ha vuelto a traicionar la democracia, ha cometido una burla a la Justicia y un atropello al Estado de Derecho" para mantener viva la negociación con ETA cuando se cumple un año de la "tregua-trampa" de los etarras. Acusan además a Diego López Garrido de "mentir" al defender que es una "decisión independiente y ajustada a Derecho". Según el colectivo, "sólo un ignorante o un canalla que pretende confundir a los ciudadanos puede decir lo que ha dicho el Portavoz socialista".

El colectivo mantiene también que la decisión de la Fiscalía está "tomada exclusivamente por motivos políticos y no jurídicos y acredita que el proceso de negociación con ETA continúa a espaldas de los españoles". Recuerda que dicho proceso continúa pese a la bomba de Barajas y al fallecimiento de un ciudadano por un acto de terrorismo callejero. "Las afirmaciones solemnes de Rodríguez Zapatero se ven sistemáticamente desmentidas por los hechos", dice la asociación recordando que fue Rubalcaba quien pidió un Gobierno "que no mintiera".

El Foro de Ermua recuerda también que el PSOE ha roto su promesa electoral de "mantener vigente el pacto antiterrorista". Motivo por el que el colectivo piensa que "el Gobierno ha perdido su legitimidad". "Su obligación democrática sería dimitir y convocar elecciones generales y dejar que los españoles pudiéramos pronunciarnos sobre sus negociaciones con ETA", afirma el colectivo, que le exige lo mismo a Cándido Conde Pumpido.

"Su actuación no sólo es indigna y cobarde", afirma, "sino que puede ser constitutiva de un delito de prevaricación y otro de omisión del deber de perseguir delitos". Por ello, anuncian que "el Foro Ermua estudiará la interposición de la correspondiente querella para exigir las responsabilidades penales a que hubiera lugar".

Travestismo político
ANDRÉS MONTERO GÓMEZ /DIRECTOR DEL INSTITUTO DE PSICOLOGÍA DE LA VIOLENCIA El Correo 22 Marzo 2007

Batasuna está deshojando la margarita. Tal vez se presente a las elecciones, tal vez no; quizás condene la violencia, quizás no. Lo que parece claro es que en este proceso de concurrencia electoral, de resurrección legal de la extinta Batasuna, existe todo un abanico de posibilidades para disfrazar la renuncia a la violencia. De momento, Otegi se ha iluminado reconociendo que con la violencia no lograrán más independencia que la emancipación que se le supone a una celda penitenciaria.

Ese abanico de posibilidades en la fórmula de renuncia a la violencia se concentra, básicamente, en torno a variaciones semánticas de dos futuribles. Batasuna puede condenar la violencia, con distintas retóricas, o Batasuna puede renunciar a la violencia, también con diversos planteamientos. Tanto el presidente Zapatero como varios de sus ministros han insinuado unas veces y afirmado sin aspavientos otras que Batasuna sabe lo que tiene que hacer para presentarse a las elecciones autonómicas y locales. A Batasuna ya le han pasado el esquema de trabajo con los escenarios que serían admisibles (lo que traducido también quiere decir asumibles por el Gobierno de cara a la ciudadanía) y aquéllos que no. A lo que parece, la opción maximalista de condena de la violencia no sería necesaria para que Batasuna concurriese. Es cierto que muchas de las palabras que caen de las bocas de nuestros políticos o que los analistas mencionan estos días incluyen la condena a la violencia, incluso la condena a ETA, como prerrequisito para la resurrección, travestida eso sí, de Batasuna. Sin embargo, presiento que el umbral de exigencia no va a llegar tan alto.

Si nos leemos la Ley de Partidos, jurídicamente hablando no sería ni siquiera obligado que Batasuna renunciara a la violencia. A efectos de inscripción de un nuevo partido (y es lo que sería la marca que eligiera Batasuna, un nuevo partido), lo que se pide al grupo que quiere ser incluido en el registro oficial es que en sus estatutos no se incluya la persecución de sus objetivos, resumiendo, por medio ilegal alguno. No creo que en los estatutos del PCTV se renuncie expresamente a la violencia, y muchos menos que se incorpore un anexo en donde se condene, en explícito, a ETA. Con el travesti político que elija Batasuna para recuperar ayuntamientos, puestos de trabajo y financiaciones perdidas puede ocurrir lo mismo. De lo contrario, entraríamos en el terreno de la discriminación. La ley no ha previsto que el nuevo disfraz de Batasuna tenga que obtener un plus de calidad condenando la violencia para ajustarse a Derecho. Todo lo contrario. La suposición es que los candidatos de Batasuna serán tratados como cualquiera otro candidato. De esta manera, y si la deducción es lógica, bastaría con que los abertzales proetarras redactaran sus renovados estatutos especificando que no quieren nada más que hacer política por medios políticos y legítimos para que, administrativamente, la autorización se expediese. Sin embargo, es de suponer que Batasuna no se quedará ahí, pero tampoco llegará mucho más lejos.

El camino intermedio será el de la virtud. Lo más eficiente, para que el travesti político de Batasuna se ajuste al marco legal dejando margen de maniobra a Zapatero para que pueda tener argumentos ante la opinión pública, es que en los estatutos se escriba que la consecución de los objetivos políticos independentistas será por vías democráticas, legales y apartada de métodos violentos. Así, o algo por el estilo. Con ese planteamiento, una Batasuna travestida pasaría el control. Entonces, ¿por qué no han presentado los documentos ya, si es tan fácil?

Pues, en primer lugar, porque el tiempo es un factor estratégico. Batasuna sabe que al Gobierno de Zapatero, que ha hecho una apuesta personal y política muy clara por el proceso en Euskadi, le interesa tener a la izquierda abertzale descolgada al menos tácitamente de la violencia, dentro del juego político. Batasuna sigue los dictados de ETA y la banda terrorista está manejando la agenda en su propio beneficio. Así las cosas, ETA pudiera estarse planteando si sería más ventajoso apurar la legislatura de Zapatero con Batasuna ilegalizada, como modo de presionar lo suficiente al presidente para que haga concesiones al submundo etarra, ante la eventual reelección de 2008. En este sentido, puede ser mejor para ETA asegurar un mensaje de abandono del terrorismo firmado de su puño y letra en las Navidades de 2007, aunque no tenga el sueldo para sus concejales en los ayuntamientos pero mantenga las líneas de financiación extraconyugales del PCTV, y a cambio obtener alguna ventaja estratégica más de fondo de cara al futuro. Este escenario enrevesado pasa, necesariamente, por que Zapatero gane el Gobierno en 2008. Y eso está por ver. De momento, el PP de un Rajoy amortizado se ha soltado la melena y ha roto hasta con lo que parecía irrompible, el consenso antiterrorista. Incluso, se les puede ocurrir el abracadabra de renovar la candidatura nacional del partido para las presidenciales de 2008. Tras las autonómicas de este año, una jugada maestra sería 'dimitir' a Rajoy y situar a Gallardón o a Esperanza Aguirre de cabeza de lista para las generales. Las quinielas políticas variarían una barbaridad.

En segunda instancia, si el travesti electoral elegido por Batasuna pasara el filtro del registro legal, todavía nos quedaría por colocar a Otegi y sus mariachis. Estos muchachos, sin profesión conocida, no podrían de ninguna manera entrar en las listas electorales, porque ya están contaminados por su conocidísima militancia batasunera, etarra contrastada en algunos casos. Por muchos requiebros que se quieran hacer, Otegi en las nuevas lista activaría inmediatamente, o debería activar, la ilegalización de la incipiente marca política por ser la continuación, a través de sus miembros, de una formación ya ilegalizada. Este escollo, la pura y simple conservación del puesto de trabajo, seguramente está pesando lo suyo en la dilación de la decisión por parte de los batasuneros. Y es que, con Otegi y Permach en el paro, negociar no es lo mismo.

Sin medias tintas
EDITORIAL El Correo 22 Marzo 2007

El anuncio hace hoy un año de 'un alto el fuego permanente' por parte de ETA abrió la expectativa de un pronto final del terrorismo. Una esperanza que fue disipándose a medida que la banda terrorista y la izquierda abertzale suplían la parquedad de su anuncio inicial por condiciones inadmisibles para la democracia y continuaban la actividad de los comandos, la extorsión y la violencia callejera. Así hasta que el 30 de diciembre el doble asesinato de la T-4 acabó con una tregua reiteradamente incumplida. Desde que ETA dio a conocer su alto el fuego, las miradas se dirigieron hacia Batasuna, intuyendo que una de las intenciones que albergaba la izquierda abertzale con aquel paso era recuperar la legalidad de cara a los comicios locales y forales. Resulta más que dudoso que la banda terrorista sienta la misma necesidad que su brazo político de acceder a las instituciones como una formación legal. Pero lo que es indudable es que, al atentar en Barajas, ETA cegó el ya dificultoso trayecto que la izquierda abertzale debía recorrer para poder concurrir a las elecciones del 27 de mayo.

A tenor de la Ley de Partidos y a la luz de las sentencias del Tribunal Constitucional, la izquierda abertzale tiene tan sólo dos caminos para recuperar la legalidad. El primero, el que anhela la sociedad entera: que ETA renuncie definitivamente al terrorismo. En su defecto, el segundo, que la ilegalizada Batasuna rechace explícita e inequívocamente la utilización de la violencia. Cualquier otro intento, como el de concurrir a las urnas con candidaturas integradas por personas que no hayan tenido vinculación pública alguna con las organizaciones fuera de la ley, podría eventualmente pasar por el tamiz de los tribunales. Pero generaría en la sociedad una mezcla de desconfianza y desánimo que, tras tantos esfuerzos por reducir a su mínima expresión los espacios de impunidad en que han sabido moverse, Otegi y sus representados se saliesen una vez más con la suya mientras ETA persiste y la izquierda abertzale la secunda. De ahí que sea imprescindible que tanto las instancias habilitadas para impugnar candidaturas -la Fiscalía y la Abogacía del Estado- como los propios tribunales competentes -Supremo y Constitucional- velen para evitar la eventualidad de un fraude de ley que supondría la humillación del Estado de Derecho si la aparente limpieza de esas listas es utilizada con jactancia por la izquierda abertzale, evidenciando antes o después de las elecciones su naturaleza continuista respecto a las organizaciones ilegalizadas. Es lo que ha de presuponer el compromiso manifestado ayer por el presidente Rodríguez Zapatero de «cumplir y hacer cumplir la Ley de Partidos al pie de la letra».

Ni las instituciones ni los partidos deben hacer suyas las dificultades que encuentren los terroristas y los dirigentes de la izquierda abertzale para desactivar el fanatismo violento y rebajar las ínfulas que los portavoces radicales han venido alimentado entre sus tantas veces desconcertadas bases. Es absolutamente contraproducente que se pretenda modificar el equilibrio de fuerzas existente en ETA o entre ETA y Batasuna con supuestos gestos de distensión que hasta ahora han acabado confirmando a los más intransigentes en la utilidad de su fuerza mientras generan indignación en la ciudadanía. Ayer mismo, Pernando Barrena se atrevía a advertir de que es el Gobierno el que debe decir cómo garantizará la presencia de Batasuna en los próximos comicios. ETA y la izquierda abertzale se plantean su pulso con el Estado y su juego de mensajes cruzados con el Gobierno con el propósito de obtener concesiones de éste a cambio de nada que sea sustantivo para la trama terrorista. Y nada hay más sustantivo para dicha trama que preservar la que denominan 'lucha armada' de todo juicio moral o histórico.

Con su decisión de retirar anoche la acusación formulada hace cuatro años contra Arnaldo Otegi por presunto enaltecimiento del terrorismo, la Fiscalía se ha expuesto al serio riesgo no sólo de que sus argumentos no sean comprendidos por la sociedad, sino de que se aliente la inquietante impresión de que las instituciones del Estado se amoldan a las necesidades que requeriría, pretendidamente, el final del terrorismo. La citación ante la Audiencia Nacional ha venido a recordar los vivas que Otegi pronunció en el funeral de la activista Olaia Castresana. Si sus recientes declaraciones señalando que «la lucha armada no sirve para construir un Estado independiente» sólo pretendían enmascarar el dogma etarra de que la violencia es imprescindible para llegar hasta las puertas de la independencia, su provocadora actitud al forzar su detención refleja hasta qué punto el tenido como el dirigente más proclive a reciclar a la izquierda abertzale se ve necesitado de jugar al victimismo ante sus bases entablando un pulso con el Tribunal que le juzgaba y la Fiscalía, que acabó renunciando a imputarle. Su intolerable cuestionamiento del Estado de Derecho rebate a quienes se afanan en ver supuestos avances en sus calculadas y siempre ambiguas manifestaciones.

El español en los Estados Unidos
Xoán Xulio Alfaya Periodista Digital 22 Marzo 2007

Los vikingos eran un pueblo tremendamente agresivo. Se establecieron en Escandinavia hacia el año 2000 a.C. y a partir de allí se extendieron por toda Europa, demostrando una especial afición por el saqueo de monasterios, comenzando por el de Lindisfarne, al norte de Gran Bretaña. Organizados en grupos más o menos numerosos, atacaron las costas europeas, remontaron ríos, sometieron pueblos y devastaron el Mediterráneo. Allí por donde pasaban, sólo dejaban en los supervivientes el triste recuerdo de la barbarie y el terror.

Los vikingos fueron, además, los primeros europeos en llegar a América del Norte procedentes de Groenlandia, alrededor del año 1000, bajo el mando de un tal Leif Eriksson. Llegaron a un lugar al que llamaron Vinland ("tierra de las viñas") que queda en la zona del Golfo de San Lorenzo, en el actual Canadá. Leif Eriksson estableció una colonia en Leifbundir cuya ocupación duró sólo una década, pero que tiene el valor de ser el primer contacto de Europa con América, 500 años antes de la llegada de Cristóbal Colón y sus hombres a aquellas tierras. Se han encontrado vestigios de una colonia vikinga en L'Anse aux Meadows, en la provincia canadiense de Terranova. De todos modos, y a diferencia de los conquistadores españoles 500 años más tarde, los vikingos no lograron fundar colonias permanentes. Su paso por el nuevo continente fue más bien efímero y su herencia cultural (si es que se puede hablar de cultura tratándose de un pueblo tan violento), fue nula.

La población autóctona de América del Norte, incluida buena parte de México, estaba compuesta por diferentes tribus de indios, a excepción de los inuits o esquimales que poseen un origen étnico totalmente diferente. Cada pueblo tenía su propio idioma. El algonquian; el achomawi; el apache; el siouan de los catawba, de cuya lengua procede la palabra Minnesota que significa "aguas azul celeste"; el cheroqui; el cheyenne; el comanche; el arapaho; el hopi; el inuktitut de los esquimales; el navajo; el sioux, de la familia del siouan; el tarahumara; el yaqui y unos cuantos más.

En resumen, los primitivos pobladores de los actuales Estados Unidos, no tenían un idioma ni una cultura única, sino un mosaico de lenguas y culturas de supervivencia de lo más diverso. Fueron los inmigrantes ingleses, que llegaron por oleadas entre los siglos XVII y XVIII, los que colonizaron aquellas tierras e impusieron su propio idioma, su cultura y su religión. Lo que demuestra, una vez más, que es prácticamente imposible que existan idioma y cultura sin previa colonización. Con todos sus pros y sus contras, los pueblos que nunca han sido colonizados permanecen anclados en el atraso y la desunión, en una lucha permanente de unos contra otros. Nada que ver con ese Paraíso Perdido en el que muchos todavía creen con la misma inocencia con que los niños creen en los Reyes Magos o en Papá Noel.

El idioma predominante, es decir, la lengua que hablan la mayoría de los estadounidenses es el inglés; pero no es ésta la única lengua de los ciudadanos de ese gran país. En Norteamérica se hablan, además, cientos de idiomas y dialectos, siendo el español el que cuenta con el mayor número de hablantes y el que crece a un ritmo más acelerado, tanto es así que muchos americanos, asustados ante semejante fenómeno, se han vuelto acérrimos defensores del "English only".

El español posee reconocimiento oficial en algunas jurisdicciones del suroeste y la mismísima página web de La Casa Blanca o The White House, además de en inglés, está también en español: http://www.whitehouse.gov/espanol/index.es.html. Desde hace ya más de una década, los candidatos presidenciales del país no sólo rechazan que en sus programas de gobierno el inglés aparezca como lengua exclusiva, sino que ellos mismos o algún familiar cercano ofrecen en español buena parte de sus discursos, no en vano, según el censo del año 2000, el español es empleado por más de 28 millones de personas en los Estados Unidos. Hoy, probablemente, esa cifra sea mucha más alta rondando, según algunos expertos, los 40 millones.

El 5 de noviembre de 1973 fue fundada en Nueva York la Academia Norteamericana de la Lengua Española, formada por académicos expertos en el uso de la lengua española en los Estados Unidos de América. Dicha Academia pertenece a la Asociación de Academias de la Lengua Española desde 1980.

Este español que crece de forma imparable en los Estados Unidos y que se enseña como segunda lengua en las escuelas del Brasil, trata de ser eliminado de las comunidades bilingües del Reino de España por considerarlo una amenaza para la identidad y el desarrollo de ciertas regiones cuya clase política, a falta de mejor ocupación, se dedica a imponer a sus "súbditos" la absurda mitología nacionalista que, como todo lo que no tiene un fundamento racional y razonable, acabará en el más estrepitoso de los fracasos, no sin antes hacernos beber el cáliz del sufrimiento inútil a quienes no comulgamos con semejantes ruedas de molino.

© Xoán Xulio Alfaya, 2007
Gallegos Hispanohablantes: http://blogs.periodistadigital.com/galhispanos.php/

Otegi logra el perdón de la Fiscalía tras una jornada de burla a la Justicia
El viaje de Otegi a Madrid se convirtió en un periplo que terminó casi diez horas después de lo previsto, eso sí, en avión oficial.
F. Velasco La Razón 22 Marzo 2007

Madrid- Las «visitas» de Arnaldo Otegi a la Audiencia Nacional siempre levantan un gran revuelo, y la cita que el portavoz de la ilegalizada Batasuna tenía ayer ante el tribunal para responder por un presunto delito de enaltecimiento del terrorismo no era una excepción. Pero ni al más retorcido guionista de Hollywood se le hubiera ocurrido imaginar que el viaje de Otegi desde el País Vasco a Madrid iba a convertirse en una odisea con tintes de sainete, en la que se mezclaron el temporal de nieve, una orden de detención, una sesión «nocturna» e incluso un viaje en un avión que hasta hace poco utilizaba una banda de narcotraficantes. Y todo para que, al final, la Fiscalía retirara la acusación contra Otegi, que a falta de otras partes acusadoras, quedara libre sin ningún cargo. Minutos después de las ocho de la tarde comenzaba el juicio contra el portavoz de Batasuna, casi ocho horas después de lo previsto. Y lo hacía con Otegi vigilado por dos policías nacionales. Ni el más mínimo asomo de nerviosismo. Durante una hora tuvo tiempo más que suficiente no sólo para insistir reiteradas veces que en ningún momento elogió a la banda terrorista ETA durante el homenaje a la etarra Olaia Castresana, sino que, con la complacencia del fiscal, con preguntas que lo facilitaban, realizó un auténtico alegato político sobre los parabienes de la independencia del País Vasco y la «oportunidad» que existe en estos momentos de «solucionar» el «conflicto». El interrogatorio del fiscal fue tal que ni siquiera la abogada de Otegi, Ione Goiricelaya, necesitó realizar pregunta alguna.

Todo estaba más que decidido.
Sobre sus manifestaciones en el cementerio de Polloe (San Sebastián) durante el «homenaje civil» a la etarra Castresana –que murió en Torrevieja cuando manipulaba una bomba–, Otegi insistió por dos veces en que, «en absoluto» elogió ni exaltó el terrorismo de ETA, ni tuvo intención alguna de «alabar el compromiso de militancia en ninguna dirección y de una determinada persona», en referencia a la terrorista fallecida. Su referencia y elogio a los «guadaris» que murieron en la lucha por la independencia sólo era parte de una «valoración política de lo que no dejaba de ser una tragedia personal, la muerte de una joven de 22 años». «No había ninguna intención de alabanza a ETA». Sus palabras fueron siempre, aseguró, «en términos políticos» y con el objetivo de reivindicar el derecho de autodeterminación del País Vasco y «plantear un problema objetivo que tiene que solucionarse en términos democráticos».

Las justificaciones del fiscal En cuanto a Olaia Castresana, cuyo féretro con el anagrama de ETA portó, aseguró que no tenía la «certeza absoluta» de que fuese miembro de la banda. De hecho, dijo que ni siquiera era «consciente» de la existencia del citado anagrama terrorista, porque «no me fijo en esas cosas». Y, además, «también he portado féretros con banderas de UGT y del PSOE y no por ello tengo que comulgar» con sus ideas. Sus explicaciones convencieron del todo a un fiscal que pidió tiempo para explicar porqué ahora no considera sus manifestaciones delictivas. Había que justificar el cambio radical de criterio. Y encontró la solución en el «contexto», las «circunstancias» en que se produjeron esas declaraciones, durante unas exequias, «donde las emociones están desbordadas». Todo ello le llevaron a concluir que las referencias a los «gudaris» o que muchos jóvenes entienden su «compromiso político» a través de la «lucha» armada no formaban parte más que de una «manifestación autocomplaciente» por parte de Otegi. En esas circunstancias, insistió, no existe dolo en esas manifestaciones porque «ni se sabe ni se quiere cometer el delito» de exaltación del terrorismo. Por todo ello, «no desborda lo que es una opinión, que puede ser resultar deplorable, deleznable o irritante, pero nada más». Y ahí acabó su informe.

Antes, el portavoz batasuno aprovechó el escenario que le brindaba una repercusión pública como en sus mejores actos propagandísticos. Y como nadie se lo impedía, utilizaba cualquier pregunta del fiscal para lanzar sus «propuestas de paz», que pasan por el derecho de autodeterminación, sin tener el más mínimo reparo de aludir incluso al Rey. «Mi propuesta y la de la izquierda abertzale plantea el derecho fundamental (de autodeterminación), que por cierto, el Rey de España reconoció en Argel para el pueblo saharaui», y de contar «con un Estado independiente y socialista». Eso sí, en ningún momento aludió a la «lucha armada», sino en «convencer a la ciudadanía». Este discurso, con distintas frases y mismo argumento, lo repitió varias veces, sin cortapisas de ningún tipo. Y a las nueve y cuarto de la noche, nada más acabar el fiscal con su informe, el presidente del Tribunal, Fernando Bermúdez de la Fuente, hacía que Otegi se levantase por primera vez de su silla y ponía el punto final al juicio que al final no fue tal, al retirarse contra él la única acusación que existía, la del Ministerio Público.

«Nada tiene este tribunal contra usted. Queda usted en libertad». Y el portavoz batasuno, que salió de su domicilio esposado y llegó a la Audiencia Nacional bajo vigilancia policial, abandonó la sede judicial tranquilamente al lado de su abogada. Una acusación menos que aclara un poco el horizonte penal de quien se ha considerado interlocutor importante en el denominado «proceso de paz». Detención y avión privado Antes de llegar a esta situación, Otegi, quizás porque días antes había asegurado que la sentencia «estaba dictada», protagonizó toda una odisea que acabó con la detención en su propio domicilio. Antes, la Sala rechazó la pretensión de la Fiscalía de suspender el juicio. La cita de las diez y media de la mañana, pues, se mantenía. Sin embargo a esa hora sólo se encontraban en la sala los tres magistrados que forman el Tribunal, el fiscal Fernando Burgos y la abogada de Otegi, Jone Goiricelaya, quien explicaba a los magistrados que Otegi no acudiría a la vista porque se quedó «atrapado» por la nieve a la altura de Miranda de Ebro (Burgos) y no pudo continuar el viaje hacia Madrid. La Jefatura de Tráfico se encargó de tirar abajo esa excusa y ante ello, la Sala, de forma inmediata dictaba orden de detención y traslado inmediato a la Audiencia. Sobre las cinco menos cuarto, la Guardia Civil localizó y detuvo al portavoz batasuno en una vivienda situada en el número 5 de la calle Santa Ana de Elgoibar (Guipúzcoa). Otegi fue conducido a Bilbao, a cuyo aeropuerto la Policía había enviado el avión que debía recogerle y trasladarle de urgencia a Madrid. Para que no faltara ningún ingrediente en este «culebrón», el aparato elegido fue un reactor incautado recientemente a una banda de narcotraficantes, que aterrizó en el madrileño aeropuerto de Cuatro Vientos sobre las siete y media de la tarde. Lo que ocurrió después ya se sabe.

El TC rechaza el recurso de la Generalitat contra la recusación de Pérez Tremps
MADRID ABC 22 Marzo 2007

El Pleno del Tribunal Constitucional rechazó ayer por la noche por unanimidad de sus once miembros el recurso de súplica presentado por la Generalitat de Cataluña contra el auto que apartó al magistrado Pablo Pérez Tremps de la resolución del recurso de inconstitucionalidad presentado por el PP contra el Estatuto de Cataluña, según informaron a Ep fuentes del alto tribunal.

La decisión del Pleno del TC de inadmitir el recurso de súplica interpuesto por la Generalitat supone confirmar el auto del pasado 5 de febrero que por seis votos frente a cinco estimó la recusación presentada por el PP contra Pérez Tremps, al entender que «resultaría contrario a lo razonable negar la existencia de una intervención indirecta» de este magistrado en la elaboración de la citada reforma estatutaria.

Con su recurso, apoyado por la Fiscalía al entender que «ninguno de los hechos» en los que el PP basaba la segunda recusación «han sido tenidos por acreditados», el Ejecutivo catalán pretendía volver a equilibrar las fuerzas de los sectores del alto tribunal que se presumen más favorables y más contrarios al Estatuto. La recusación de Pérez Tremps habría beneficiado a este último sector, que contaría con seis votos, los mismos que votaron a favor de su recusación.

Como es habitual en este tipo de recursos, que resuelve la misma Sala que adopta la decisión impugnada, el intento de la Generalitat de «reequilibrar» el TC por esta vía no ha prosperado. Además, el que la decisión se haya adoptado por unanimidad permite adelantar lo que ocurrirá con la otra súplica presentada por el Ejecutivo catalán, en esta ocasión, contra la decisión del alto tribunal de rechazar la recusación presentada contra otro magistrado, Jorge Rodríguez Zapata.

El auto del Pleno del Constitucional del pasado 5 de febrero, ahora confirmado, afirmó que en el caso de Pérez Tremps concurría la causa de recusación número 13 prevista en el artículo 219 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), por «haber ocupado cargo público, desempeñado empleo o ejercido profesión con ocasión de los cuales haya participado directa o indirectamente en el asunto objeto del pleito o causa o en otro relacionado con el mismo».

A juicio del alto tribunal, el estudio realizado por Pérez Tremps en 2003 por encargo de una institución que asesoró sobre la reforma estatutaria, y por el que cobró 6. 000 euros, supuso una «toma de postura» acerca de los límites constitucionales sobre la asunción de competencias por la Generalitat, «lo que constituye un elemento objetivo que razonablemente permite la suspicacia de la parte recusante acerca de la imparcialidad con la que el magistrado recusado está en condiciones de abordar el enjuiciamiento de la norma impugnada». Lo determinante en este caso, a juicio de la mayoría, era que una de las partes del proceso, en este caso el PP, puede «dudar de la falta de prevención y de la posición objetiva del magistrado».

España
ETA no ha dejado de entrenar a nuevos terroristas en la tregua
Un año y tres muertos después de declarar el alto el fuego, documentos incautados a la banda demuestran que sigue preparando atentados
En enero trató de introducir un «comando» en Valencia
J. M. Z. / R. L. V. La Razón 22 Marzo 2007

Los terroristas no rompieron la tregua ni siquiera después del atentado de la T-4 de Barajas

MADRID- ETA no ha desaprovechado el tiempo durante los últimos doce meses y, además de negociar con el Gobierno, robar armas, chantajear a los empresarios y sembrar el terror en las calles del País Vasco y Navarra, ha entrenado a sus militantes en el «arte» en el que esta organización criminal se ha mostrado como una auténtica experta en los últimos 40 años: matar y destruir.

En este caso, no hay que echar mano de declaraciones, públicas o privadas, de expertos antiterroristas, sino que existen documentos, que obran ya en poder de la Audiencia Nacional, en los que se revela el «temario» que los militantes etarras han seguido en los cursillos de entrenamiento impartidos en Francia durante la falsa tregua.

Preparación de atentados
LA RAZÓN ha tenido acceso a esos documentos. En el capítulo titulado «qué necesitamos» (para localizar objetivos contra los que atentar) se pide «el mayor número de información posible de nombres y apellidos, fotografías, cargos, domicilio y lugar de trabajo, matrícula del coche, número de guardaespaldas, contravigilancias, itinerarios, entornos que frecuenta, puntos de debilidad (lugares de ocio)».

Todo ello con el fin de «elaborar una ficha y calendario», «confirmar las tareas» y «preparar el golpe». Los documentos, en los que no hay una sola referencia a cómo construir la paz o el sistema para entregar las armas, abordan la forma de cometer los atentados: «En lo referente a la estrategia -no dejarse llevar por los caprichos- utilizar el modus operandi correcto; operar según o en virtud de diferentes factores, sitio, hora y modo; cuidado con las cámaras (de vigilancia), antes y durante la ekintza (atentado); preparar la retirada según el tipo de ekintza, hacerla andando valiéndose de los cortes en las calles o, si la calle es corta, procurar cambios de indumentaria, peluca, chupa reversible; hacerla en coche es lo mejor para los ilegales (etarras fichados), consiguiendo para la ekintza placas nuevas y, de ser un legal (no fichado), intentar cambiar la apariencia y las placas del vehículo; si es con mando (para activar explosivos a distancia) realizar con más tranquilidad que otras ekintzas y calcular las distancias; si la ekintza es con bomba lapa, garantizar la seguridad del entorno que no sea objetivo».

En los documentos, en los que no se imparten otro tipo de cursillos que pudieran servir para reinsertar en la sociedad a los terroristas, se explica el funcionamiento de las armas que pueden utilizar en los atentados, los materiales que deben ser utilizados para la fabricación de los explosivos y en la proporción en que han de ser mezclados.

Los cursillos de formación de nuevos pistoleros han sido impartidos durante la tregua. No se descarta que algunos de los «alumnos» a los que se dirigían hayan sido los autores del atentado contra el aeropuerto de Barajas, la prueba más evidente de que la banda terrorista nunca ha tenido voluntad alguna de abandonar las armas.

La acción fue el colofón a una serie de movimientos que hicieron los terroristas en los meses previos y que caminaban en dirección contraria a los optimistas informes de verificación del Gobierno.

El 23 de octubre, un grupo de etarras armados robaron 350 armas cortas de un almacén de Vauvert, en el sur de Francia. El Ejecutivo español se cuidó mucho de dilatar todo lo posible la confirmación de la autoría. Las autoridades policiales galas, sin embargo, se encargaron de poner de manifiesto públicamente el mantenimiento de la actividad terrorista que el Gobierno siempre eludió confirmar hasta el atentado. El mismo día en que se conoció la implicación de ETA en el robo de las pistolas, Jean Pargade, oficial de la Subdirección Antiterrorista de la Policía Judicial (SDAT), manifestó que había 516 miembros de la banda terrorista en la clandestinidad, aunque luego Interior matizó que era una estimación difícil de confirmar.

El mando francés advirtió también de que determinados comportamientos hacían intuir que el alto el fuego se estaba despeñando hacia un peligroso terreno similar al de la tregua de 1998, cuando los etarras aprovecharon, como ahora, el parón para reconstruir sus estructuras.

El hallazgo un par de meses después de dos zulos en el País Vasco con varias decenas de kilos de explosivos vino a demostrar que la actividad «logística» de los terroristas no se había detenido. El robo de 78 vehículos en Francia hasta febrero es una prueba más de esta actividad.

Tras el atentado de Barajas, y aunque ETA dio por prorrogada la tregua el pasado 9 de enero, los terroristas no han reducido su actividad. Todo lo contrario. El 25 de enero era detenido en Gerona el terrorista Iker Aguirre, que había recibido órdenes de la cúpula de la banda de preparar el terreno para preparar atentados contra la Copa del América, que se va a disputar en los próximos meses en Valencia.

El chantaje conocido como «impuesto revolucionario», como demuestran las remesas de cartas de amenaza que los terroristas han enviado en estos meses, tampoco ha cesado.

La «kale borroka» deja una factura de tres millones
En el último año, los proetarras han perpetrado 380 sabotajes ? Un anciano falleció tras un ataque
R. L. V. / J. M. Z. La Razón 22 Marzo 2007

MADRID- La salud de Ambrosio Fernández ya era muy delicada antes de aquel fatídico 5 de enero. Padecía una grave insuficiencia respiratoria a la que sus 79 años de edad en nada ayudaban. Aquella víspera de Reyes, la oficina bancaria ubicada en los bajos del inmueble de su domicilio de Arrasate-Mondragón ardió víctima de un ataque de «kale borroka» obligando al desalojo de todos los vecinos. Ambrosio, tras inhalar el humo provocado por el incendio, permaneció a la intemperie, soportando bajas temperaturas que agravaron su enfermedad y que le llevaron a un hospital y, dos meses después, acabaron con su vida, convirtiéndole en la tercera víctima mortal de ETA desde que anunciase el alto el fuego el 22 de marzo del pasado año.

Centenares de ataques
Su muerte ha sido, sin duda, la consecuencia más grave de los ataques perpetrados por los «chicos de la gasolina», como llamó en una ocasión Javier Arzallus a los jóvenes proetarras responsables de la «kale borroka». Porque el terrorismo callejero no ha desaparecido durante los meses del alto el fuego, por más informes optimistas que el Gobierno haya difundido dando por verificada la tregua y la buena voluntad etarra.

La muerte de Ambrosio Fernández no ha sido, sin embargo, el único daño cuantificable provocado por estos ataques. En los doce meses trascurridos desde el anuncio del presunto cese de hostilidades de los terroristas, han sido perpetrados 380 sabotajes atribuibles a lo que eufemísticamente algunos conocen como «violencia de baja intensidad».

Si importante ha sido su número, no menos lo son los costes que han ocasionado. Según una estimación del presidente del Foro Ermua y catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, Mikel Buesa, los daños materiales se estiman en casi tres millones de euros, unos quinientos millones de las antiguas pesetas, lo que representa una media cercana a los 270.000 euros al mes.

Los ataques se ha recrudecido especialmente en los meses de enero y febrero, después de que los terroristas dinamitasen el «proceso de paz» con el atentado de Barajas -aunque ETA ha insistido en que sigue en tregua-. En ese periodo, se registraron 121 actos de «kale borroka». La cifra, según los datos de que dispone el Foro Ermua, casi triplica, en media mensual, la registrada en el año anterior, y duplica, también en promedio mensual, la de 2005, un año en el que se incrementó de manera apreciable esta forma de violencia.

Los más duramente castigados por estos ataques han sido los empresarios. 137 de los 380 perpetrados han tenido como objetivo sus instalaciones. El mensaje que con ello transmiten los terroristas está claro: o el industrial se doblega y paga el «impuesto revolucionario» o tendrá que afrontar las siniestras y destructivas consecuencias.

Aunque lo que más preocupa a los expertos de las Fuerzas de Seguridad ha sido, sin duda, la escalada en la intensidad de los ataques. Lo que comenzaron siendo pequeñas explosiones junto a cajeros automáticos ha degenerado en los últimos meses en ataques contra autobuses a plena luz del día, como en los tiempos más difíciles y siniestros de la banda terrorista.
Curiosamente, el traslado del terrorista Iñaki de Juana Chaos al País Vasco como consecuencia de la huelga de hambre que inició el pasado mes de agosto ha frenado bruscamente los ataques.

La impunidad de Batasuna
  La Razón 22 Marzo 2007

Aunque ilegalizada por una sentencia del Tribunal Supremo y prohibida toda su actividad pública, Batasuna sigue actuando con total impunidad. Hasta mediados del pasado mes de febrero, la Guardia Civil había contabilizado hasta 78 intervenciones públicas del partido que lidera Arnaldo Otegi o de otras organizaciones del entramado etarra también ilegalizadas. En concreto, y hasta esa fecha, habían ofrecido 32 ruedas de prensa, celebrado catorce actos públicos, emitido diecinueve comunicados y sus máximos representantes habían sido entrevistados en trece ocasiones.

Y todo ello, con una impunidad que ni siquiera detuvo el brutal atentado de la T-4 de Barajas. Su última gran convocatoria fue la que celebraron el pasado 3 de marzo en el polideportivo Anaitasuna.

El PP ha tratado, por activa y por pasiva, de poner freno a la actividad de los batasunos y sus organizaciones afines, pero todos sus intentos han sido en vano. Su última tentativa fue el pasado martes en el Congreso. Pero, como viene sucediendo con casi todas las propuestas parlamentarias que sobre este asunto impulsan los populares, los socialistas, haciendo valer sus pactos con los nacionalistas e IU, tumbaron la propuesta.

El sainete del proetarra Otegui nos ha costado 467.513 euros
 Periodista Digital 22 Marzo 2007

El sainete organizado por el proetarra Arnaldo Otegui nos ha costado casi medio millón de euros al bolsillo de los españoles. O lo que es lo mismo, la friolera de casi 78 millones de las antiguas pesetas según datos policiales a los que ha tenido acceso Periodista Digital.

La espantada del líder abertzale ha supuesto, según cálculos policiales, un gasto de 467.513 euros, es decir 77.787.618 de las antiguas pesetas. Eso es lo que nos ha costado al conjunto de españoles todo el teatrillo montado por el proetarra Arnaldo Otegui. A saber: llama a la Audiencia Nacional y dice que no puede ir por culpa del temporal de nieve y el Estado, y aquí empieza a actuar la maquinaria del Estado.

La Audiencia Nacional dio orden de llevar por la fuerza a Otegui ante el tribunal y la actuación costó, según cálculos policiales a los que ha tenido acceso Periodista Digital, casi medio millón de euros.

TANTO DINERO... PARA NADA
En los gastos se incluye el traslado de urgencia de efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad al domicilio de Otegui, el avión privado que le trasladó a Madrid, la vigilancia policial tanto en la Audiencia Nacional como de todo el proceso, dejar la Audiencia Nacional abierta fuera del horario usual y las medidas de seguridad correspondientes.

Y todo para nada, para que acabe saliendo en libertad. El último desplante de Otegui lo hemos pagado todos a precio de oro. Desde el Sindicato Unificado de la Policía (SUP) se muestran contrariados con semejante derroche, y aunque se muestran cautos alegando que los policías "en estos casos estamos para servir a los tribunales" no evitan mostrar su indignación:

"Si por nosotros fuera todo ese dinero estaría empleándose en mantener a Otegui en la cárcel, que es donde debería estar".

Puestos en contacto con la Guardia Civil, por el momento no ofrecen opinión alguna ante esta broma pesada del Estado al bolsillo de los ciudadanos, y lo mismo ocurre en el Ministerio de Interior, donde prefieren meditar la respuesta, en caso de que la den, y aplazan la posibilidad de dar declaraciones.

ANIVERSARIO DEL FALSO "ALTO EL FUEGO"
Hoy se cumple un año de la declaración de alto el fuego permanente de ETA con un escándalo, el de la anulación del juicio a Otegi forzada por el fiscal general del Estado, que retrata la claudicación del Gobierno ZP ante ETA y sus compinches.

Como subraya Ignacio Camacho en ABC, en una columna titulada "Genuflexión", la trémula, mendicante ansiedad con que el Gobierno espera desde hace días un comunicado de ETA que le saque del atolladero en que se metió al excarcelar a De Juana Chaos representa el síntoma más nítido de hasta qué punto es la banda la que marca los tiempos y el compás de ese «Proceso» que Zapatero ha convertido ya en el objetivo único de la legislatura:

Un año y tres muertos después del alto el fuego, la irresponsable debilidad del Ejecutivo ha colocado en las manos de los terroristas la potestad de acabar con él o aplicarle una mascarilla de oxígeno que alivie su asfixia política. Pero resulta ignominioso implorársela de este modo.

EL TEATRILLO DE LA AUDIENCIA NACIONAL
La retirada de acusación contra Arnaldo Otegi no sólo ha provocado su absolución del delito de enaltecimiento del terrorismo, sino que ha sentado el precedente más diáfano para la impunidad que exige ETA para sus dirigentes y militantes.

Conde-Pumpido estaba predispuesto a esta decisión, aunque la Fiscalía de la Audiencia Nacional presionó hasta lo intolerable para que fueran los magistrados quienes le hicieran el trabajo sucio de quitar de en medio este molesto juicio, por lo menos hasta después de que ETA emitiera el supuesto comunicado que habría de justificar el empeño de Zapatero por negociar con los terroristas.

Los jueces no se han plegado, han cumplido con su deber. La Audiencia no está para tonterías y ordenó la inmediata detención de Otegui y su traslado por la fuerza, después de que el líder batasuno se negase a viajar a Madrid alegando que habia "temporal".

Esto obligó al fiscal a asumir la plena responsabilidad de sus actos, con una retirada de acusación que es un escarnio a la Justicia, una ofensa a las víctimas y una conducta que merece una explicación en todos los ámbitos pertinentes.

A LAS 20.15 H SE INICIÓ EL JUICIO
Durante su declaración, que se inició a las 20:15 horas, Otegui negó haber enaltecido a ETA durante el homenaje ofrecido a la etarra muerta cuando preparaba una nueva bomba en Torrevieja (días antes había asesinado a una niña con otra bomba) y aseguró que se limitó a hacer un "discurso político".

A falta de acusación, retirada por la Fiscalía, a los jueces no les quedó más remedio que dejar a Otegi "irse de rositas".

El Gobierno socialista es el responsable directo de la decisión de Cándido Conde-Pumpido, y éste lo es de haber sumido a la Fiscalía en un desprestigio histórico, implicando a una institución creada para defender la legalidad en una estrategia política de un Ejecutivo y de un partido, permitiendo la impunidad de quien ya ha demostrado ser terrorista y está procesado por seguir siéndolo en grado dirigente.

El Gobierno ZP ya no puede decir que no ha pagado un precio político a ETA. En los últimos dos meses, urgido por la caída en picado de las encuestas, el Gobierno socialista se ha puesto de rodillas ante las exigencias de ETA.

LAS CESIONES DEL GOBIERNO
Primero sacando a De Juana de la cárcel, después manteniendo la ambigüedad sobre el futuro de Navarra y, por último, de momento, obligando a la Fiscalía al surrealista, humillante, escandaloso papelón de exonerar a Otegui de sus cuentas pendientes con la justicia. Pero mientras más humilla la cerviz, más crédito pierde.

La forma en que el presidente ha conducido las cosas revela una alarmante pérdida simultánea de iniciativa y de pudor. A más presión, menos recato.

Con la bomba de Barajas, la banda dejó claro a Zapatero hasta qué punto estaba a merced de que otro atentado mortal hiciera saltar por los aires su mandato. Como escribe Camacho:

Los vergonzosos días de silencio en Doñana y el indigno ninguneo de las víctimas ecuatorianas delataron a un gobernante noqueado, incapaz de sobreponerse a la evidencia de que había extraviado el control de la situación... si es que alguna vez lo tuvo. Y ahora, consumada la vergonzosa genuflexión ante Otegui en la Audiencia, la previsible hoja de ruta apunta a una secuencia temporal en la que el Gobierno continúa dependiendo de la voluntad de los terroristas.

A LA ESPERA DEL GESTO DE ETA
Gesto etarra, paso libre a las listas batasunas en las elecciones... y a esperar que antes de las generales la banda baje el siguiente escalón. Pero con esta política de apaciguadora mendicidad, la opinión pública está recibiendo demoledores mensajes de entreguismo que mantienen activa la «rebelión cívica» de millones de ciudadanos que sienten burlada la resistencia civil de todos estos años de sufrimiento.

La sensación de que existe un mapa oculto de compensaciones mutuas, cuyo cumplimiento se reserva discrecionalmente ETA a tenor de la marcha de los acontecimientos, se está imponiendo de forma demasiado inquietante.

Porque si algo ha quedado demostrado en este año de tregua irreal -una «tregua» con muertos, kale borroka e impuesto revolucionario- es que ETA no ha dejado en ningún momento de ser ETA ni de comportarse como se espera de ella. Y en cambio, el Gobierno sí ha renunciado a su obligatoria condición de defensor del orden, la legalidad y la justicia reclamada por cuatro décadas de sinrazón, dolor y sangre que de ninguna manera merecen un final a la medida de quienes los han provocado.

Es una infamia sólo puede dirimirse en las urnas y la ciudadanía no debe olvidar que este 27 de mayo tiene una buena ocasión para pronunciarse. Y en toda España.

ETA se comprometió a no atentar, a cambio de impunidad para Batasuna
J. PAGOLA ABC 22 Marzo 2007

MADRID. En los últimos tiempos, ETA-Batasuna viene proclamando a los cuatro vientos, como una constante, la existencia de supuestos compromisos a los que habría llegado con el Gobierno en febrero de 2006, y que propiciaron que el 22 de marzo de ese año la banda anunciara el «alto el fuego permanente». Uno de esos compromisos, según la versión etarra, no suficientemente aclarada por el Ejecutivo, se refiere a que la banda dejaba de cometer atentados y el Estado cesaba el acoso policial y judicial contra el conjunto del denominado Movimiento de Liberación Nacional Vasco (MLNV).

Del documento que recogería estos acuerdos sólo habría una copia, custodiada en una caja fuerte del Centro Henry Dunant, en Suiza. Según la versión filtrada por el entorno etarra, la banda se habría comprometido a no cometer atentados y a no llevar a cabo acciones de aprovisionamiento de armas y explosivos, y el Gobierno a poner fin a las detenciones de etarras y a dar impunidad a Batasuna, lo que le permitiría presentarse a las próximas elecciones. Fuentes conocedoras del proceso, sin embargo, matizan que el Gobierno no llegó a prometer impunidad absoluta, alegando que no podía invadir las competencias de los jueces. No obstante, sí expresó su voluntad de facilitar el margen de actuación de la izquierda abertzale.

El caso es que Batasuna interviene en la política como un partido legalizado de facto, mientras que en no pocos juicios la opinión pública ha comprobado cómo el Ministerio Fiscal rebaja la petición de penas para batasunos y etarras, o incluso cómo se han aplazado vistas, como la que tiene que celebrar el Tribunal Supremo para revisar la condena a Arnaldo Otegi por participar en el homenaje al etarra «Argala», que se ha diferido en este caso hasta después de las elecciones.
Se da la circunstancia de que en el comunicado difundido por la banda para reivindicar, precisamente, el atentado en la terminal 4 del aeropuerto de Barajas, ETA volvía a aludir al incumplimiento, por parte del Gobierno, de los supuestos compromisos adquiridos.

El cinismo de la banda llegaba a su máxima expresión cuando afirmaba que mientras «ha dado pasos firmes para que el proceso vaya adelante», el Gobierno lo ha bloqueado y aludía, entre otras trabas, a la «doctrina Parot», que «mantiene a 185 presos secuestrados en la cárcel», a la huelga de De Juana y a la Ley de Partidos. En efecto, volvía a exigir impunidad para los presos y para Batasuna. En ese mismo comunicado, ETA amenazaba con «más Barajas» si el Ejecutivo no cumplía los citados compromisos: impunidad y reconocimiento del derecho de autodeterminación y territorialidad.
Con la consigna difundida a los cuatro vientos por ETA, Batasuna ha repetido una y otra vez advertencias como: «Sin Batasuna en las elecciones no hay proceso», o «con los dirigentes de la izquierda abertzale, no hay proceso». Impunidad, impunidad, impunidad, es lo que exige ETA, además de autodeterminación y unidad territorial.
 

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