AGLI

Recortes de Prensa     Sábado 24 Marzo   2007

El arte de evitar el debate
JOSEBA ARREGI El Correo 24 Marzo 2007

En casi todas las sociedades con presencia de más de una lengua, también cuando las diferentes lenguas son igualmente oficiales, las cuestiones lingüísticas siempre son fuente de debates y de problemas. No creo que sea una exageración afirmar que las cuestiones lingüísticas son también problemáticas en Euskadi: hasta qué punto y cómo debe ser promocionado el euskera, cuál es el tratamiento debido al español, cuál debe ser la relación de las dos lenguas en el sistema escolar, cuál la política de apoyo a la cultura según sea la lengua en la que se produzca, todo ello es fuente de discusiones y de conflictos.

Pero, al mismo tiempo, la politica lingüística ha desarrollado todo un arte para tratar de neutralizar el debate, para dar a entender que son cuestiones sobre las que se pueden mantener posiciones diferenciadas, pero que en el fondo son pacíficas. Y que es bueno que así sea. Porque, se argumenta, el debate hay que circunscribirlo al plano técnico, que es neutral y en el que es preciso escuchar, y seguir, la opinión de los expertos.

Porque, se sigue argumentando, es necesario extraer el euskera del debate político y partidista, porque el euskera es patrimonio de todos, porque se trata de promocionar el euskera sin que ello suponga detrimento alguno del español. Porque, continúa la argumentación, se trata sólo de cumplir las leyes ya consensuadas, se trata de llevar a la práctica la cooficialidad de las lenguas proclamada por el Estatuto de Gernika, se trata sólo de que todos los ciudadanos estén en pie de igualdad lingüística y no queden descolgados por tener un conocimiento deficiente de alguna de las lenguas cooficiales, del euskera para ser más exactos. Porque existe un acuerdo básico de mejorar el conocimiento del euskera.

Pero la manera de definir la política lingüística no es una mera cuestión técnica y el interés por reducirla a simple cuestión técnica esconde una toma de posiciones que no se quiere debatir. En tiempos, los técnicos, los llamados sociolingüistas, habían establecido el dogma de que es imposible que en el mismo espacio social dos lenguas puedan convivir en igualdad de condiciones, pues la lengua mayor siempre se impondría a la menor, a la minorizada. Por eso, aunque se siguiera hablando de bilingüismo, el fin de la buena política lingüística, la que recomendaba la neutralidad técnica, era la de avanzar hacia el monolingüismo euskaldun.

La necesaria igualdad de todos los ciudadanos vascos ante la exigencia del conocimiento igualmente competente en ambas lenguas oficiales se deriva de una forma de definir la sociedad vasca, una definición que conlleva la definición de los puestos de trabajo de la Administración, los criterios para decidir las subvenciones, los modelos linguísticos que se empleen en los medios de comunicación públicos, etcétera. Claro que si se parte de una sociedad perfectamente bilingüe, de una en la que todos los ciudadanos deben ser igualmente competentes en euskera y en español, quien no domine una de las dos lenguas, en general el euskera, se puede encontrar discriminado, como sucede en la actualidad. Pero, ¿es tan evidente el fin de una sociedad perfectamente bilingüe en todos sus miembros? ¿Debe ser ésa la meta a alcanzar? ¿O es algo que debemos debatir con tranquilidad previamente?

Todo lo que se plantea a favor del euskera, su promoción, la discriminación positiva del conocimiento y del uso del euskera no va contra ninguna otra lengua, especialmente no va contra el español, se dice. Pero el problema es que la lucha lingüística en una sociedad no se plantea entre las lenguas, al menos no sólo. El problema es que la lucha se plantea entre quienes encarnan las lenguas. Y las medidas que pueden aparecer como no contrarias al español sí pueden ser, y lo son demasiado a menudo, contrarias para los hispanohablantes, para los que no conocen, o no suficientemente, el euskera.

Es preciso, pues, quitar la máscara al discurso oficial de la política lingúística, quitar la máscara de que, en el fondo, todos queremos lo mismo, de que no hay diferencias sustanciales, de que lo único que se quiere conseguir es la igualdad de todos, dentro del mayor respeto a todas las lenguas, de que sólo se trata del cumplimiento de la ley. Pues la definición de la sociedad vasca como una sociedad en la que existen dos lenguas cooficiales no implica que todos los ciudadanos vascos deban poseer la misma y exacta competencia en ambas lenguas. Pues la norma de la Ley de Normalización del euskera dice que quienes finalicen la enseñanza obligatoria deberán haber adquirido competencia en ambas lenguas, pero no dice cuál es el nivel de esa competencia, si se trata del equivalente al 'First' del inglés o cualquier otro nivel.

Tampoco las leyes dicen que el hecho de que alumnos que han cursado sus estudios en el modelo A -con el español como lengua vehicular y el euskera como primera segunda lengua obligatoria- no alcancen suficiente nivel de conocimiento se deba al modelo en sí, o si se pueden y se deben buscar otras razones. En ninguna ley, orgánica o normal, está establecido que la meta a alcanzar sea que la sociedad vasca en todos sus miembros llegue a ser perfectamente bilingüe, es decir, una sociedad en la que todos los ciudadanos son competentes en las dos lenguas de una forma exactamente igual. Me temo que detrás de este ideal lo que existe es el viejo ideal de una sociedad homogénea que, partiendo de una situacion de pluralidad de lenguas, consigue eliminar y neutralizar esa pluralidad haciendo de cada ciudadano alguien que en sí mismo ha integrado perfectamente la diferencia de lenguas siendo un bilingüe perfecto.

Puede haber, y de hecho las hay, personas que son casi perfectamente bilingües, o bilingües perfectos. Es casi imposible, o sin casi, que toda una sociedad y todos y cada uno de sus miembros sea perfectamente bilingüe. Pero si se continúa con la máscara de que ése es el ideal a alcanzar sin someterlo a debate, se estará, como lo estamos haciendo en estos momentos, impidiendo el debate, imponiendo a algunos obligaciones que pueden afectar a sus derechos, discriminando, estableciendo igualdades imposibles, sabiendo además que lo son, y promocionando así desigualdades reales en aras de imposibles igualdades abstractas.

Nada hay que objetar a la revisión de los modelos lingüísticos. Hasta podríamos decir que algunos han llegado bastante tarde al debate. Pero que nadie nos engañe: una cosa es la revisión de los modelos lingüísticos y otra una reforma para anular el modelo A, para decretar que el español deja de ser lengua vehicular en toda la enseñanza obligatoria. Una cosa es revisar los modelos lingüísticos y otra muy distinta imponer un programa escolar de inmersión 'a la catalana', pero sin decirlo, escondiéndolo detrás de la máscara de la eficacia técnica y del igualitarismo abstracto.

Si una sociedad no puede ser perfectamente bilingüe en cada uno de sus componentes, el pluralismo y la diferencia siguen existiendo, no existe homogeneidad, y las administraciones públicas deben dar respuesta en derecho a esa situación diferencial. Si no existe una situación de igualdad total, construyámosla: ésa parece ser la idea de la que parten los políticos nacionalistas. Entonces podremos tratar a todos por igual y todo será más fácil. Pero si es imposible alcanzar esa igualdad, si las diferencias van a seguir existiendo, y si quienes son diferentes en sus capacidades lingüsticas deben conservar sus derechos -porque los derechos lingüísticos son de quienes hablan las lenguas-, entonces las administraciones públicas deben responder con políticas diferenciadas a la realidad lingüística plural, y no proceder a una uniformización en aras de un fin inalcanzable.

La política lingüística se enfrenta a un problema clave: la creciente diferencia que puede existir entre el crecimiento del conocimiento de una lengua y el menor aumento de su uso social. La constatación de esa diferencia, que se supone grave para lo que algunos entienden por normalización, parece que impulsa a algunos políticos nacionalistas a apretar las tuercas todavía más en la producción automática de vascoparlantes, esperando que ello repercutirá en el aumento deseado del uso en la vida diaria.

Pero me temo que cuanto más se aprietan las tuercas y se niegan derechos elementales -el derecho a recibir la educación en la lengua materna-, mayor es la desafección de los potenciales hablantes de la lengua que se les ha impuesto como obligación.

Para esto echaron a Fungairiño
EDITORIAL Libertad Digital 24 Marzo 2007

No está del todo claro, legalmente hablando, que se pueda condenar por prevaricación a un fiscal. Se asume que la Fiscalía es un ente único, y por tanto no puede culpabilizarse de sus decisiones a una de sus partes, en este caso, el fiscal Fernando Burgos, el mismo que se prestó a sustituir a Jesús Alonso cuando éste se negó a rebajar la petición de pena contra De Juana Chaos. Pese a ello, la mañana del viernes en la Audiencia Nacional casi no se hablaba de otra cosa que no fuera la posibilidad de castigar legalmente al responsable material de que Otegi esté hoy en la calle. La razón, que el fiscal tenía ya redactadas las conclusiones antes de la práctica de prueba, es decir, antes de que se presentaran las pruebas en el juicio. En todo caso, y como mínimo, cabría atribuirle el delito de omisión del deber de perseguir delitos.

Las excusas con que el Gobierno y los fiscales que lo sirven y rinden pleitesía han intentado defender la actuación lacayuna de Burgos sólo cabría calificarla de patéticas, si no fuera porque la imposibilidad absoluta de encontrar argumentos razonables obliga a reconocer el mérito de sus balbuceos. La primera de las excusas aducidas por López Garrido, que la Fiscalía no habría encontrado delito en el homenaje de Otegi a una etarra, no se tiene en pie después de la sentencia dictada por la Audiencia Nacional, en la que deja bien claro que había motivos para condenarlo y sólo la actuación del subordinado de Conde Pumpido impidió hacerlo.

La segunda excusa fue aún más endeble, pues afirmó que es el PP quien debía haberse personado en la causa como acusación particular para evitar que la retirada de la Fiscalía tuviera las consecuencias que tuvo. No deja de ser notable que admita tan abiertamente que el partido de la oposición ha quedado ya como único garante de la legalidad, pero además la aplicación de semejante argumento en su literalidad implicaría obligar a que los ciudadanos se personaran en todos los procesos penales para que éstos pudieran llevarse a cabo, convirtiendo por tanto a la Fiscalía en un órgano inútil y prescindible. Eso sí, tanto el único partido de la oposición como las asociaciones de víctimas deberían tomar nota. A partir de ahora deberán personarse en todos los procesos susceptibles de ser "candizados" si quieren que exista alguna posibilidad de que se haga Justicia.

Finalmente, la Fiscalía ha intentado contraatacar por dos vías la puesta en evidencia de su comportamiento servil tanto al Gobierno como a Batasuna-ETA. La primera ha sido el insulto directo, calificando la sentencia de "pataleta infantil e impropia" y calificando la actitud de los jueces de "teatro vergonzoso", algo contra lo que debería reaccionar con prontitud el CGPJ. Pero después han intentado encontrar una excusa técnica en la que refugiarse.

Ha sido el propio fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, quien la ha ofrecido, argumentando que el tribunal ha prevaricado al no acusar de prevaricación al fiscal sabiendo que el fiscal prevaricaba. O algo así. La percha es el artículo 733 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que el tribunal puede invocar "de forma excepcional y con moderación", cuando el delito "ha sido calificado con manifiesto error". Sin embargo, ese artículo sólo puede emplearse cuando el tribunal considere que los hechos de los que se acusa al inculpado no se corresponden con el delito que se le imputa, no cuando se le retira la acusación. Cabe preguntarse si el fiscal jefe debería seguir en su puesto después de emitir la nota de prensa, que sólo puede haber escrito por dos razones: incompetencia o mala fe. Ambas motivo suficiente para que deje su cargo inmediatamente.

Lo que ha quedado más claro que el agua es el motivo por el que se echó a Fungairiño de la jefatura de la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Hay apaños para los que estorban los funcionarios decentes y responsables.

Otegi, delincuente en la calle
Editorial ABC 24 Marzo 2007

EL día de ayer se registrará en la historia de esta legislatura como la jornada en la que Zapatero se dio de bruces con la realidad de los mejores fundamentos de la democracia: la independencia judicial y los movimientos cívicos constitucionalistas. Desde el principio de su mandato, el Gobierno socialista se marcó el objetivo de la negociación política con los terroristas, para lo que era necesario que quedaran neutralizados los resortes sociales, legales e institucionales que se lo impedirían. La ambición de inaugurar la paz se hizo irresistible para Zapatero. Las víctimas de ETA y los movimientos cívicos fueron los primeros en sufrir las consecuencias de la estrategia de discordia que prodigaron el Gobierno y el PSOE para disolver las bases de la política antiterrorista que se fraguó en los mandatos anteriores. Ayer, tres grupos cívicos, Foro de Ermua, Covite y Basta Ya, sellaron el fracaso de la estrategia gubernamental al reconstituir el movimiento constitucionalista vasco, tan decisivo a partir de 1997 para hacer temblar la hegemonía nacionalista y sacudir la indolencia ante el terrorismo en sectores de la sociedad vasca.

Contra estos grupos, el Gobierno socialista no tiene argumentos, salvo la insidia y la difamación porque, como expusieron en el comunicado conjunto leído ante la sede de la Fiscalía General del Estado, entre ellos «hay votantes de diversos partidos» y por eso expresan «el pluralismo de la sociedad vasca». La lectura del manifiesto a cargo del filósofo Fernando Savater es toda una metáfora del desengaño y la decepción que muchos ciudadanos sienten al contemplar a Zapatero. Aquellos que de buena fe confiaron en el presidente del Gobierno ya no encuentran motivos para seguir haciéndolo. Creen que les ha mentido sobre ETA. Y cuando un político se queda sin palabra, entra de lleno en su declive. El paso dado por Savater tiene mucho más alcance que el de expresar su opinión personal. Significa una retirada de confianza desde el propio lado ideológico de Zapatero y, al mismo tiempo, la necesidad de restaurar los fundamentos cívicos mermados por la política del Gobierno. Es preciso volver a la militancia democrática y constitucionalista no sólo frente al Gobierno socialista, sino también frente a la amenaza nacionalista, tan cultivada por Zapatero para su beneficio político, y cuyo crecimiento coincide, no por causalidad, con el reforzamiento político de ETA.

Los grupos cívicos retoman el Espíritu de Ermua porque el PSOE ha querido suplantar al PNV del Pacto de Estella. Si en 1998 ETA anunció una tregua para favorecer la estrategia soberanista pactada con el nacionalismo gobernante, en 2006 anunció el «alto el fuego permanente» para ver si eran ciertos esos supuestos compromisos que habría firmado el Gobierno socialista, y entre los cuales se hallaría la aceptación de la Declaración de Anoeta -dos mesas de negociación-, la alteración del régimen foral de Navarra, la autodeterminación del pueblo vasco y la impunidad judicial de los etarras. ETA no da treguas a cambio de nada. El manifiesto leído ayer por el nuevo constitucionalismo vasco puso el dedo en esas llagas del socialismo actual y exigió que Batasuna siga excluida, que Navarra no se toque y que con ETA se hable sólo para su disolución.

También quiso el Gobierno dejar a un lado el imperio de la ley y la independencia judicial. Es decir, el Estado de Derecho, una molesta virtud de la Constitución española de 1978, que obliga a todos, incluido el presidente del Gobierno, a someterse a la ley y al control de los Tribunales. Tal y como estaba planteado desde los contactos secretos entre PSE y Batasuna, el proceso de negociación con ETA sólo tenía futuro si la ley era ignorada o vulnerada. El Gobierno, a través del fiscal general del Estado, ha hecho las dos cosas: ignorar la ley para no hacer efectiva la disolución de Batasuna y no ilegalizar al Partido Comunista de las Tierras Vascas. Vulnera las leyes para dar a De Juana Chaos un indulto encubierto con el nombre de segundo grado excepcional y para crear en torno a Otegi una burbuja de impunidad que satisfaga a ETA lo suficiente para que emita un comunicado preelectoral. Frente a esta deserción del fiscal en la defensa de la legalidad, muchos ciudadanos pensarán que su deber es constituirse en acusadores populares para garantizar un juicio a los proetarras.

Pero también aquí se ha vuelto a equivocar Zapatero porque hay jueces que no están dispuestos a que se les confunda con el fiscal general. La sentencia que absuelve, a la fuerza, a Otegi es una prueba de que hay jueces que cuidan la dignidad del Estado y garantizan su continuidad frente al enemigo que quiere destruirlo. La sentencia de la Audiencia Nacional es una proclamación del valor de la legalidad, sin adherencias políticas ni intereses sectarios, pero con una firmísima denuncia de la dejación de funciones cometida por el fiscal para el único objetivo de salvar a Otegi, delincuente sin condena. Los magistrados que firman la sentencia no han podido condenar porque se lo impidió la retirada de acusación por parte del fiscal, el único acusador; pero no les impidió juzgar la prueba que se practicó antes de que la acusación fuera retirada. La valoración probatoria confirma lo que decía el sentido común y lo que, hasta ese momento, había defendido el propio fiscal: que Otegi había cometido un delito de enaltecimiento del terrorismo. Esta afirmación, aparte de las consecuencias legales que pudieran derivarse respecto de quienes decidieron la retirada de acusación, acto dolosamente contrario a la ley -y así se refleja en la sentencia, aunque no se califique-, aísla la arbitrariedad cometida por la Fiscalía General en sus propias y exclusivas motivaciones políticas.

No hubo «poderosas razones técnicas», como dijo el ministro de Justicia. Sólo mansa servidumbre a las necesidades del Gobierno que la propia Fiscalía, tras conocer la sentencia y cometiendo un colosal error, adornó con una nota pública plagada de gravísimas acusaciones contra el Tribunal juzgador, entre ellas su «falta de imparcialidad» e, incluso, la insinuación de que los jueces han prevaricado. Pero lo cierto es que la sentencia únicamente habla de la legalidad y, por esto mismo, son intolerables las descalificaciones vertidas contra ella desde la Fiscalía, que también la tachó de «pataleta infantil y teatro bochornoso». A la vista de este violento choque y de que es la propia Fiscalía quien además de exonerar a Otegi culpa a los jueces de no ser imparciales, no es de extrañar que el Consejo General del Poder Judicial vaya a defender en su próximo Pleno a los magistrados frente al injustificable ataque de la Fiscalía.

El Gobierno ha querido sembrar en el Poder Judicial una crisis que ahora se vuelve contra él, por las mismas razones que el constitucionalismo vasco se reconstruye. Zapatero siempre ha elegido la peor opción en su «proceso». Prefirió a minorías radicales antes que al PP; a Batasuna antes que a las víctimas; la arbitrariedad antes que la ley; la sumisión del fiscal a la independencia de los jueces. Zapatero debe entender que la paz que pretende con estos medios es moral y políticamente inadmisible.

Estas son las deudas del Gobierno con los terroristas
Raúl González Zorrilla Periodista Digital 24 Marzo 2007

Hasta las elecciones que tendrán lugar el próximo mes de mayo, y probablemente hasta más adelante en el tiempo, dada la cercanía de los compromisos electorales venideros, el Gobierno irá saldando algunas de las deudas adquiridadas con la ilegal Batasuna, y por extensión con la banda terrorista ETA, en la negociación política que hace ya casi un año el Ejecutivo de Zapatero decidió emprender, de una forma ignorante, prepotente y absolutamente errónea, con los criminales.

Tal y como desde hace meses venimos informando en este Blog del País Vasco, el Gobierno socialista en ningún momento ha estado impulsando un proceso de paz sino que lo que el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero está intentando mantener vivo es una auténtica negociación política con los criminales que, según fuentes directamente conocedoras de las conversaciones, implica, indefectiblemente, los siguientes temas:

Progresiva impunidad para los terroristas en tres distintos niveles: impunidad para los miembros de la ilegalizada Batasuna, que explica la puesta en libertad de Arnaldo Otegi bajo la consideración de que lo que antes era un claro delito de apología del terrorismo hoy es, simplemente, una opinión. En este punto se encuadra también la puesta en libertad del asesino etarra Iñaki De Juana Chaos. Las siguientes fases pasan por ir moldeando la normativa penitenciaria para promover la progresiva liberación de los presos sin delitos de sangre y, posteriormente, por diseñar las medidas de gracia y de reinserción necesarias para que, en el periodo 2010-2012, las cárceles se encuentren vacías de reclusos etarras.

Legalización de Batasuna. Sin ningún género de dudas, la hoy ilegal Batasuna estará presente en las próximas elecciones municipales. A pesar de lo que diga José Luis Rodríguez Zapatero, lo hará, además, sin acatar la Ley de Partidos y, por lo tanto, sin condenar la violencia terrorista. Con toda seguridad, lo hará con otra denominación y con listas más o menos limpias que el Gobierno no impugnará, tal y como ha hecho con las listas del Partido Comunista de las Tierras Vasca (PCTV), topo de Batasuna en las instituciones vascas al que el Ejecutivo no ha ilegalizado a pesar de disponer de información más que sufiente para ello.

Navarra en el País Vasco. Las conversaciones del Partido Socialista en el Gobierno con Batasuna pasan, indefectiblemente, por integrar, de un modo u otro, a Navarra en el País Vasco. Para ello, los negociadores han diseñado la creación de una superestructura institucional, en un primer momento sin capacidades ejecutivas, que simbólicamente representaría cierta unidad entre las dos comunidades y que daría los primeros pasos para una posible fusión de los territorios; por otra parte, como segunda alternativa, PSE y Batasuna, con el apoyo explícito del PNV, barajan la posibilidad de copiar el modelo catalán e intentar una mayoría parlamentaria socialnacionalista que, excluyendo del juego político a UPN/PP, pudiera impulsar un referéndum de autodeterminación que diera paso directo a la anexión de Navarra a Euskadi.

Mesa de Partidos. Puesta en marcha de una Mesa de Partidos vascos que, por encima de los Parlamentos vasco y español, negocie el que puede ser el camino hacia una presunta Euskadi independiente. Esta Mesa, además, no contaría con la presencia del Partido Popular.

Estas y no otras son las deudas que el Gobierno socialista tiene que saldar con la por ahora ilegal Batasuna y, por lo tanto, con la banda terrorista ETA a lo largo de los próximos meses. Lo peor de todo es que somos muchos los ciudadanos, cada vez más, que estamos convencidos de que el Ejecutivo cumplirá su palabra con los compañeros de los criminales.
Blog personal del periodista vasco Raúl González Zorrilla http://gonzalez-zorrilla.blogspot.com/

Resistencia y decencia
POR EDURNE URIARTE ABC 24 Marzo 2007

Dos palabras del manifiesto leído ayer por Fernando Savater me parecen especialmente relevantes para entender el movimiento cívico antiterrorista. Resistencia y decencia. Porque definen los objetivos y el discurso de este movimiento y, sobre todo, porque han sido objeto preferente de la manipulación de los adalides de la negociación con ETA, de la paz de los dos bandos o del conflicto entre víctimas y asesinos o entre demócratas y terroristas.

Dejémoslo claro nuevamente y no confundamos el lugar de cada uno en esta historia. El movimiento antiterrorista representa la resistencia social contra la violencia y el totalitarismo. Sin matices, en la línea de los más nobles movimientos de resistencia de la historia. Y no, como sugieren y hasta afirman una y otra vez algunos, el extremismo, la intolerancia e, incluso, la reacción.

Y es que es así como se ha intentado desacreditar la resistencia antiterrorista, sobre todo estos tres últimos años. Porque ésa es la única forma de que el pragmatismo, la cobardía y los coqueteos ideológicos con ETA puedan ser democráticamente presentables, si es que alguna vez consiguen serlo.

En cuanto a la decencia, se trata de la decencia democrática de no realizar la más mínima cesión política a ETA, eso que el Gobierno promete y asegura constantemente y, sin embargo, no cumple. Savater leyó ayer que «conviene recordarle al Gobierno que no es lo mismo lo meramente legal que lo políticamente decente». Y es que la negociación gubernamental con ETA denunciada por los movimientos cívicos se ha basado en una segunda manipulación. La de la legalidad. Sin explicar que es la cooperación, el voto o las decisiones del Gobierno y del Partido Socialista las que pueden convertir en legales las exigencias de ETA, sean las referentes a la impunidad judicial, a Navarra o al futuro político del País Vasco.

La lucha y la resistencia antiterroristas existen para impedir que las exigencias terroristas se conviertan en legales. Y lo lamentable es que haya que recordárselo a un Gobierno de un país democráticamente avanzado como el nuestro y que, encima, te llamen extremista o crispador por hacerlo.

Los asesinos se cabrean con los gorrinos
Pío Moa Libertad Digital 24 Marzo 2007

Uno de los espectáculos más deprimentes de todo el período democrático: la constante mentira de los gobernantes a los ciudadanos negando sus tratos con la ETA y contra el estado de derecho. Han sido los asesinos quienes, una y otra vez, han puesto al descubierto la siniestra golfería. Ocurrió con la UCD, con el PSOE y, por un tiempo, con el PP. En más de veinte años el oportunismo y la flojera de nuestros desdichados políticos les impidió entender lo obvio: que una banda de asesinos debe ser tratada como tal, debe aplicársele la ley sin más, y no burlarla en su favor. Complicidad de hecho con la ETA y uno de los factores clave de su supervivencia. Solo el gobierno de Aznar cambió de línea, con los más felices resultados.

Vulneración sistemática de la ley inspirada, cómo no, por el grupo PRISA. Con la habitual distorsión del lenguaje, la bautizaban “solución política”, mucho más inteligente –siempre han presumido de inteligentes -- que la tosca “solución policial”. Es decir, que la solución legal.

Fue llegar al poder el iluminado Niñato rojo e invertir masivamente la política de Aznar. La política democrática degradada en chanchullo permanente a espaldas de las instituciones democráticas, reconocido con cinismo. Los asesinos han calificado a sus socios de gorrinos. Conocen bien al partido de Filesa y del GAL, nunca regenerado. Pero los acuerdos entre asesinos y gorrinos nunca han sido fáciles, y los unos se están enfadando ante los “incumplimientos” de los otros. Lo cual ha servido para sacar a la luz parte del plan: los gorrinos se comprometían a destruir el espíritu del derecho poniéndolo al servicio de los terroristas totalitarios: la ley –la salvaje manipulación de la ley-- sería la garantía, no el obstáculo, para que la ETA lograra sus objetivos, o la mayor parte de ellos. Así de claro y de simple.

Los detalles externos los comprobamos a diario: una fiscalía al servicio de los terroristas; policías que actúan como confidentes y chivatos de los asesinos; un juez que los protege mientras amenaza con la cárcel a Aznar; los chapotes, dejuanas, oteguis y similares, triunfantes y desafiantes… Todo lo cual es mucho más grave y peligroso que el GAL y Filesa, aunque no baste a los exigentes héroes del tiro en la nuca.

Pero también cunde entre los ciudadanos una indignación y una resistencia crecientes. Cabe pensar que la Infame Alianza no se saldrá con la suya. Nuestra democracia merece ser defendida.
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Con monipodiesco descaro, el Niñato rojo y sus gentes atacan a las manifestaciones ciudadanas por emplear la bandera nacional que, aseguran, “es de todos”. Pues bien, DEBIERA ser de todos. Pero no lo es. El gobierno y sus socios tienen otras banderas. Las banderas separatistas. Las banderas del GULAG. Las de la ridícula franja morada. Siempre unidas contra la bandera nacional, siempre juntas en sus manifestaciones que acababan en destrozos y asaltos a sedes del PP y a supermercados.
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Parece que el PP le planta cara a Polanko. A ver qué hacen Gallardón y otros.

Más descreídos
TONIA ETXARRI El Correo 24 Marzo 2007

Ahora que se sabe que, si el Fiscal General no hubiese 'echado una manita' a Otegi, la Audiencia Nacional lo habría condenado porque tenía pruebas suficientes sobre el delito cometido de 'enaltecimiento del terrorismo', se ha armado una soberana bronca entre jueces y fiscales. La Audiencia explicó cuál habría sido el destino del portavoz de la ilegalizada Batasuna vía sentencia, en el caso de que Conde-Pumpido no hubiese retirado su acusación, y a la Fiscalía no se le ocurre mejor cosa que calificar la sentencia de «pataleta infantil e impropia».

Enhorabuena para Batasuna. No sólo está incorporada de hecho a la vida política, a pesar de su ilegalidad, sino que el debate en torno al 'lobby terrorista' que lo sustenta, está provocando un cisma institucional sin precedentes en toda la Historia de este país desde la Transición. Los socialistas y populares están que se muerden y las diferentes instancias del poder legislativo se desautorizan. ¿Desde cuando una sentencia puede ser considerada una «pataleta»? Algunos magistrados, seguramente sin darse cuenta, están sirviendo a aquellos nacionalistas que juegan a desprestigiar la Audiencia Nacional una campaña gratuita en bandeja de plata. Bingo.

El clima del 'mal llamado proceso' (denominación de origen del ministro Rubalcaba) va dejando caer un nubarrón de sospechas y reproches, un cúmulo de resquemores contra un Gobierno incapaz de explicar qué está pasando con ETA. Por eso, ya no es sólo el colectivo mayoritario de víctimas del terrorismo (desde Mapi Heras a Daniel Portero) o el PP. Son muchos más. El 'plante' de los colectivos como Covite, Basta Ya y Foro Ermua frente al Ministerio del Interior, que delegaron su voz en un recuperado para la causa Fernando Savater, daba un toque de atención sobre un proceso de negociación con ETA que ha terminado de inocular un acusado descreimiento entre amplios sectores de la sociedad civil.

Se trata de la resistencia democrática que se rebela contra la imposición de la banda terrorista. A Savater, como a tantos otros, el presidente Zapatero lo encandiló en «la escena del sofá» en la que le pidió fe ciega. Y el líder de Basta Ya, como tantos otros, se la dio. Pero, en su caso, con fecha de caducidad. Y, a medida que el presidente se perdía por el túnel de las dos mesas de negociación, se aflojaba la presión judicial sobre el entorno de ETA, se confirmaba la extorsión y la nula reacción del Gobierno frente al terrorismo callejero, el catedrático se liberó de su lastre. Ha vuelto a la calle para reclamar al Gobierno que ETA se quede fuera de las instituciones. Sabe que la sombra alargada de los terroristas ha estado presente en el Parlamento vasco. Y porque sabe, también, que la insaciabilidad del entorno de ETA no tiene límite. Las palabras de Barrena exigiendo al Gobierno que cumpla con sus promesas recuerdan otras etapas. En anteriores treguas. El Gobierno es distinto; ellos, sin embargo, los mismos. t. etxarri@diario-elcorreo.com

Las vergüenzas de zapatero
POR M. MARTÍN FERRAND ABC 24 Marzo 2007

DESPUÉS de la absolución de Arnaldo Otegui, levantada sobre el pedestal de indignación popular que supuso la liberación de Ignacio de Juana Chaos, José Luis Rodríguez Zapatero se ha quedado con sus vergüenzas al aire. Por una parte espera ese comunicado de ETA, que en el País Vasco todos dan por inmediato, y por la otra, crece la irritación razonada y razonable del PP, de muchos veteranos militantes socialistas y, en general y al margen de adscripciones, de quienes, por españoles, están dispuestos a exigir que el Gobierno respete y defienda la dignidad del Estado. En ese cruce de sentimientos políticos y exigencias éticas, el presidente del Gobierno, aparece desnudito y dispuesto a que, como a San Sebastián, le lleguen las saetas que le convertirán en mártir. Algo que le beneficia porque, en realidad, se trata de un suicida político empecinado en circular por el carril del disparate.

Como las desgracias viajan en racimo, el Tribunal de la Audiencia Nacional que absolvió al portavoz de Batasuna dice en su sentencia que existía «prueba de cargo directa y suficiente» para condenar a Otegui. Sólo la retirada de la acusación por parte del fiscal le impidió hacerlo. No entiendo muy bien las razones por las que el PP, las asociaciones de víctimas del terrorismo o cualquiera de las organizaciones cívicas que se enfrentan a ETA y sus amigos no estaban personados en el caso. Especialmente si se considera que, ahora más que nunca, la Fiscalía es una herramienta monomando para el manejo del Gobierno. Sin esa lógica e inexistente compañía, el fiscal Fernando Burgos pudo hacer de su capa un sayo según los patrones que, sin disimulo y con fervor, diseña Cándido Conde-Pumpido.

Ni en el supuesto de que la nota de ETA que espera Zapatero suponga la cuadratura del círculo puede admitirse sin irritación creciente que el jefe de un Gobierno democrático actúe, según las apariencias, como una marioneta movida por los maeses del asesinato y la violencia aplicada al independentismo. Aunque, como tengo aquí escrito, Zapatero haya implantado la moda de una ética cortita es exigible un mínimo que ya se ha franqueado camino de la nada. La Ley Orgánica del Poder Judicial con la que, en 1985, el PSOE blindó a sus dirigentes al precio de romper la hipótesis de la independencia de la Justicia ha dado unos frutos dañinos al fundir los tres poderes del Estado en uno solo; pero, además, la utilización descarada de los fiscales como peones de brega para la chapuza gubernamental marca un nuevo hito de degradación democrática que, en caso de los protagonizados por De Juana y Otegui, soliviantan y escandalizan a los ciudadanos menos concienciados y más dispuestos a dejar pasar los excesos del poder. Esto, naturalmente, sólo se arregla con un voto crítico y exigente y no con manifestaciones callejeras.

Díganme que no
POR CARLOS HERRERA ABC 24 Marzo 2007

NO hay nadie tan idiota como para redactar un acta de sus reuniones y acuerdos con ETA y, además, firmar el papel y guardar una copia en lugar seguro... ¿O sí? No, seguro que no. Un Gobierno en sus cabales no envía a nadie a sentarse con Ternera con el mandato de que firme lo acordado y de que pase tres copias a los ministerios afectados. Eso no se le ocurre ni a Carmen Calvo.

Diga lo que diga ese macaco de Fernando Barrena no estamos en disposición de creernos que hay alguien tan estúpido en el Gobierno de España de pedir los justificantes del taxi de Oslo que les llevó del aeropuerto al restaurante en el que decidieron los aspectos fundamentales de la tregua mojonera decretada por la banda de asesinos. Mucho menos aún de pedir la fotocopia del carné de identidad de los presentes y adjuntarlo al pliego de acuerdos. No me lo creo. Pero, aún así, me asalta la duda de que pueda ser cierto: ¿será verdad que son tan sumamente tontos del culo de firmar un papel en el que se comprometen, en nombre del Gobierno de España, a tal o cuál cosa?

De ser así, además de confirmar que estamos en manos de una banda de merluzos, estaría justificada la melancolía que crea el sabernos gobernados por unos muchachos que no han aprendido nada de treinta años de lucha contra el terrorismo nacionalista vasco. Durante este tiempo los etarras han sido los mismos y su estrategia ha sido pareja: las mismas exigencias y las mismas técnicas. De este lado, en cambio, cada Gobierno ha utilizado prácticas distintas y ha procurado evidenciar las diferencias para que a nadie le quepa la menor duda de que se trata de otra gente.

Cada Gobierno ha querido empezar de cero, diferenciarse, no parecerse en nada al anterior. Todo Ejecutivo ha soñado con convertirse en el que acaba con la serpiente y para ello se ha plantado delante de la ciudadanía asegurando tener la clave para convencerles de que hay que dejar de ser malos chicos.

Se han hecho varias cosas: intentar seducirles con la reeducación social, combatirles con sus propias armas, acosarles con un frente jurídico-policial o negociar en horas bajas la entrega de su causa a cambio de determinadas prebendas políticas.

Funcionar, lo que se dice funcionar, sólo funcionó la primera con la rama político-militar (aquellos eran otros tiempos) y la tercera cuando un Gobierno decidido y unos jueces en estado de firmeza decidieron apretar las tuercas sociales y policiales y poner a la banda contra las cuerdas. Lo demás, al menos hasta ahora, no ha funcionado.

En cuanto la banda ve el asomo de un Gobierno con ansias de pasar a la historia va y le mete el pico de la muleta: el Gobierno embiste y la banda torea. En la sesión de toreo correspondiente a esta faena de aliño hemos llegado al punto en el que una banda de asesinos facinerosos tiene el control de los tiempos.

Y los ciudadanos no merecemos eso: el Gobierno entregado y los terroristas controlando la lidia, un presidente ensimismado con la idea de domeñar a la bestia y una bestia chuleándole ante la opinión pública. De no ser así, de ser que el Gobierno tiene controlada la situación y acepta el trago de permitir que la opinión pública crea que le marcan los tiempos es que estamos ante unos estrategas descomunales. Viéndoles la cara, la verdad, cuesta de creer.

Que una partida de delincuentes criminales como la que representan los Otegui, Barrena y demás chusma se permitan recordarle a un Gobierno democrático -bobo, pero democrático- que no está cumpliendo sus acuerdos después de bajarse los pantalones del culo del fiscal general como lo ha hecho el Ejecutivo de Rodríguez es, cuando menos, motivo de desconsuelo. Alimente y libere usted a De Juana, blinde usted a Otegui, garantice a Batasuna el suministro electoral para esto, para que le salga un berrendo a decirle que no es suficiente.

Vuelvo al principio: ¿a alguien en su sano juicio se le ocurre firmar acuerdos con esta gente? Díganme que no, se lo suplico.

Nunca es tarde si la dicha es buena, Sr. Savater
Alejandro Campoy Periodista Digital 24 Marzo 2007

La prohibición que la Delegación del Gobierno en Madrid había establecido sobre un acto simbólico, a realizar más de cara a los medios de comunicación que a modo de movilización ciudadana masiva, es la prueba más palpable de que ya están completamente contra las cuerdas, en tanto que es evidente para todo el mundo, incluso para sus más acérimos seguidores, que nunca ha habido ningún proceso de “paz”, sino un mercadeo miserable, ilegal y trapacero de espaldas a los ciudadanos.

La convocatoria de COVITE, Foro de Ermua y ¡BASTA YA! supone nada menos que la recuperación de la unidad de todos los movimientos cívicos principalmente de ámbito vasco, pero que se han convertido desde hace años en la vanguardia de todo el movimiento cívico español. Y esta recuperación de la unidad queda simbolizada y personificada en la figura del filósofo Fernando Savater. Para ZP, volver a tener en frente a Savater es algo más que un signo: es la prueba palpable de su completo fracaso.

No soy quién para entrar a valorar la postura del filósofo a lo largo de estos tres años: todos recordamos aquella cena en La Moncloa y aquellas declaraciones en las que el profesor parecía haber sido “hechizado” por ZP; puede también que el efecto de su propia ideología haya afectado a D. Fernando del modo en que Karl Manhein describió en “Ideología y utopía”, siendo el fenómeno ideológico un elemento deformador de la realidad, idea que realmente procede del Marx de "La ideología alemana", si bien el problema radica en qué resulta ser esa "realidad" para el propio Marx, cuyo concepto desvirtúa al identificarlo al de "praxis". Este argumento manheimiano es retomado luego por Paul Ricoeur y recientemente denostado de nuevo por Terry Eagleton. Sea como fuere, Savater parecía no estar, no entender, no ver. Ahora (curioso, al tercer año resucitó) recupera el destacado papel que tuvo durante la resistencia ciudadana que surgió y pervivió a partir de los lazos azules, las manos blancas y el definitivo aldabonazo de Ermua.

Unido a esto, los promotores del manifiesto cuya lectura acaba de realizarse son casi en su totalidad socialistas, lo cual es ilustrativo de la verdadera dimensión de la catástrofe zapateril. Es por eso por lo que el Gobierno está especialmente preocupado ahora: se empieza a visualizar una auténtica “rebelión socialista”, encabezada por los verdaderos amantes y luchadores de la libertad; no se trata ya de los “fachas peperos” ni de “manifestaciones franquistas” como ha declarado recientemente el enemigo público número 1 de España. Pero esta incipiente rebelión ha de extenderse y crecer muchísimo más todavía si se quiere que ésta salga del estricto límite del País Vasco. Puedo asegurar a este grupo de valientes que en el resto de España no hay la más mínima percepción de sus movimientos en contra del camino por el que ZP conduce tanto al socialismo español como al conjunto de la nación hacia el abismo, por lo que se impone como obligación moral comenzar a recorrer toda la geografía española en un auténtico movimiento de regeneración socialista.

No crean los Múgica, Gutierrez, Díez, Savater, Gorriarán, Juaristi, Buesa, Aguirre, Mora, Pagaza y todos los demás que por tierras castellanas, extremeñas o andaluzas se tiene noticia del renovado y recuperado movimiento cívico vasco y español; por el contrario, tengan la absoluta certeza de que se imponen como una losa las consignas pepiñescas y son tenidas como dogmas de fe incuestionables, de donde se sigue que todos ustedes pasarán también a engrosar de inmediato la gigantesca lista de “fachas” que ya existimos en este país. Incluso la alcaldesa de Córdoba, Dª. Rosa Aguilar, podría en algún momento ser acusada de “facha y franquista” también, lo cual demuestra la terrible agonía mental de los chicos de Polanco. Pero resulta que siguen siendo millones los españoles que creen que es verdad que coger una bandera rojigualda es ser franquista, por lo que el trabajo que queda por delante es inmenso, gigantesco. Por cierto, sea usted muy bienvenido, Sr.Tertsch.

En todo caso, en buena hora le volvemos a tener entre nosostros, D. Fernando, y no cabe sino felicitarle y felicitarnos por esta vuelta a la primera fila de la resistencia frente al totalitarismo nazi. Ha leído usted el manifiesto con voz alta y clara. Toda España necesitaba oirle y olvidarse de ciertas “sudadas” que yo puedo situar en su contexto, pero la sociedad en general no puede.

El ínclito Bargalló y la cultura catalana
El Cultiberio El Confidencial 24 Marzo 2007

Sabrán que el próximo otoño se celebra la Feria del Libro de Frankfurt, la más importante del mundo. Siete mil expositores. Casi 300.000 visitantes. Alrededor de 400.000 títulos. Es algo descomunal. Y sucede que los alemanes tienen, desde 1976, la generosa costumbre de “dedicar” cada edición anual casi siempre a un país. O a un hecho cultural notorio e incontrovertible. Aquel año se estrenaron con Latinoamérica en general. Otras veces han sido la religión, o “Irlanda y su diáspora”, o “el niño y el libro”. Pero casi siempre es un país. El año pasado fue India. En 2005 se invitó a Corea (a las dos pero sólo asistió una, la del Sur). En 2004, fue la “cultura árabe”. Argentina lo será en 2010. Y este otoño, el de 2007, el lugar de honor será no para un país o una nación (uso esos términos en el sentido que les da el reconocimiento internacional) sino, como alguna otra vez, para una cultura. En este caso, la catalana. Es la primera vez que Frankfurt concede honores de protagonista a una entidad cultural cuyo reflejo político es menor que un Estado.

Esa decisión se tomó en 2005. Con la hábil fórmula de la “cultura”, no sólo no se afrentaba a España –que fue invitada en 1991– sino que se dejaba la puerta abierta para que se sintiesen implicados tanto valencianos como mallorquines, muchísimos de los cuales tienen las más severas y ardorosas dudas sobre su catalanidad política, geográfica o histórica, pero que seguramente no se negarán a sentirse incluidos en una invitación cultural de tanto prestigio. El hecho es que el Gobierno español aplaudió inmediatamente la iniciativa. Cómo no.

El follón se armó casi de inmediato. En Cataluña hay mucha gente que no termina de entender –perdón: no quiere entender– que una cosa es ser catalán y otra muy distinta nacionalista catalán. Esta es una obviedad que no termina de entrar en la bien almenada mollera de muchos nacionalistas. Del mismo modo que Iñaki Anasagasti considera “vascos renegados” a quienes no votan a partidos independentistas, incluido desde luego el suyo (eso lo dijo delante de mí), hay catalanes para los que un barcelonés de Sants de toda la vida, que hable catalán casi tan bien como Espriu, pero que no comulgue con el dogma de la segregación de Cataluña del resto de España, es, como mínimo, un mal catalán; en muchos casos, un “no catalán”, o catalán espurio, abyecto, traidor y hereje.

La Asociación de Escritores en Lengua Catalana pidió inmediatamente que en Frankfurt sólo estén escritores catalanes que escriban en catalán. Háganse ustedes a la idea. Es como si invitan a Filipinas y alguien pide que sólo dejen entrar por la puerta a los autores de libros en tagalo, no en inglés ni en español: pues pobre Filipinas. Como si invitan al país de Gales y sólo permiten el acceso a quienes escriben en gaélico: los que usasen el inglés, que es el idioma común de todos, habrían de ser considerados extraterrestres, supongo. Hay posibles ejemplos a miles. El caso es que los alemanes, viendo la que se empezaba a armar, avisaron de que los “regionalismos” iban en contra del espíritu de la Feria y que a ver qué andaban preparando en la Generalitat, ¿eh? Que tonterías, las justas.

Pero no les han hecho, claro, ni caso. Ha ido pasando el tiempo, la discusión no ha concluido (ni concluirá) y resulta que se ha nombrado encargado de “seleccionar” a los representantes de la cultura catalana que han de acudir al acontecimiento de Frankfurt es un caballero que se llama Josep Bargalló.

Este señor pertenece a Esquerra Republicana de Catalunya, el partido más claramente separatista del arco político catalán. Fue conseller de Educación hasta hace tres años. Luego fue conseller en cap, o sea número dos del gobierno autónomo de Cataluña, en sustitución de Carod Rovira, al que hubo que destituir por sus entrevistas secretas con ETA. Y ahora dirige el Institut Ramon Llull, que depende de la Generalitat y del Institut d’Estudis Catalans. En otras palabras, este ínclito filólogo ultranacionalista es quien decide quién va y quién no va a Frankfurt a representar a la cultura catalana.

¿Quien decide, quien decidirá o quien ha decidido ya?
Pues muy buena pregunta. Oficialmente, claro, nadie sabe quiénes están en la lista de “buenos escritores catalanes”, o, mejor dicho, de “escritores buenos catalanes”. Que no es lo mismo. No puede demostrarse siquiera que haya tal lista. Pero tengan ustedes la certeza de que la lista existe. Vaya si existe.

El ínclito Bargalló –basta mirar un poco los periódicos– decía en enero de este mismo año que “la cultura tiene ideología”. Con esa frase tan volátil, el ínclito no estaba queriendo decir que, en su opinión, la cultura tenga que estar comprometida con la modernidad, con el progreso, con los derechos humanos o contra el hambre o los genocidios. El ínclito Bargalló quería decir, aunque desde luego no lo dijo con claridad, que la cultura tiene que estar, y ser manejada, al servicio de una ideología. En este caso, la suya, la de su partido. Como él está convencido de que sólo el nacionalismo catalán representa verdaderamente a Cataluña, pues está pasando lo que está pasando. Y lo que está pasando es que la inmensa mayoría de los escritores catalanes no nacionalistas se van a quedar fuera de Frankfurt. Así de sencillo.

El diario nacionalista Avui viene publicando desde enero pasado una serie de entrevistas, hechas todas por Noemí Bibolas, que se titulan “Cap a Frankfurt”. Hace falta ser un verdadero idiota para no darse cuenta de que los entrevistados saben más que de sobra si van a ir o no. Cuando Màrius Serra dice que “hay vida después de Frankfurt”, pues quedan, la verdad, pocas dudas. Como cuando el andorrano Albert Salvadó (que publica con frecuencia en castellano, cosa que a la entrevistadora no parece que le guste ni un pelo) se disculpa diciendo que sus obras en el idioma común son “versiones, no traducciones”, y que espera que “desembarcar en Frankfurt con el cartel de cultura invitada” le dé muchas sorpresas. El poeta Carles Duarte espera que “quizá Frankfurt propicie” la traducción de sus versos al alemán. Y por ahí seguido. Vamos: blanco y en botella. En el mundo literario catalán se da por más que hecho que quienes van a ir, ya lo saben. Aunque los “agraciados” hacen lo posible por callárselo, claro. Incluso en esas entrevistas “pre-Frankfurt” en las que todo está más claro que el agua.

Ada Castells, una periodista que tiene columna fija en el Avui, que publicó una interesante primera novela autobiográfica y que a partir de ahí no ha hecho, literariamente, más que el indio, estará en Frankfurt. Y en la próxima Feria Internacional de Leipzig, que es su antesala. Me juego la mano derecha. Como estará Empar Moliner, que estudiaba para Maruja Torres pero que nunca obtendrá el título por evidente falta de talento, aunque eso ella todavía no lo sabe y sigue dale que dale.

En resumen: han puesto al ínclito Bargalló al cargo de seleccionar a los “escritores buenos catalanes” que van a ir a Frankfurt. Eso es como si hubiesen puesto a Miláns del Bosch a presidir el tribunal que juzgó el golpe del 23-F. Qué se juegan a que la propia Maruja Torres, que es más catalana que los calçots con salsa romesco, se queda en casa: no es lo bastante nacionalista. Que apuestan a que Lluís Maria Todó, ganador del penúltimo premio Josep Pla (el más prestigioso de las letras catalanas) con una fenomenal novela –El mal francés, que pronto publicará en castellano la editorial Funambulista– en la que zahería con irresistible humor lo campaneril y aldeanesco del nacionalismo catalán, tampoco será representante de la cultura catalana en Frankfurt. ¡Y es el premio Pla! Qué se juegan a que por allí es que ni pisa Arcadi Espada. ¿Se atreverá el ínclito Bargalló a no llevar a Eduardo Mendoza? ¿O a Juan Marsé?

Permanezcan atentos a la pantalla, porque esto se va a hinchar mucho. De momento, baste con recordar la frase de Fernando Savater: “No hay nacionalismos buenos o malos. Los hay graves o leves”.

GUERRA ABIERTA EN LA AUDIENCIA NACIONAL
El fiscal Zaragoza se defiende de la sentencia del caso Otegi inventándose la aplicación de una Ley
La tormenta que ha levantado el desenlace del caso Otegi no tiene precedentes. El tribunal se vio obligado a dictar sentencia absolutoria porque el fiscal, una vez practicadas las pruebas, retiró la acusación. Sin embargo, el propio tribunal respondió con una dura sentencia que razona la existencia de prueba de cargo suficiente contra el proetarra. Ahora el fiscal Zaragoza ha pretendido defenderse con un ataque mal calculado. En una nota de prensa dice que el tribunal pudo impedir la absolución aplicando la Ley de Enjuiciamiento Criminal y, que por tanto, incurre en "dejación de funciones". El problema es que esa ley no se puede aplicar como dice el fiscal así que sólo caben dos interpretaciones a su actitud: manifiesta ignorancia o mala fe. Libertad Digital 24 Marzo 2007

Lo ocurrido este viernes en la Audiencia Nacional es una de las maniobras jurídicas más arriesgada de los últimos tiempos. La Fiscalía de la Audiencia Nacional acusa al tribunal encargado del juicio contra el dirigente de Batasuna Arnaldo Otegi de "dejación de funciones" por su sentencia en la que le absuelve del delito de enaltecimiento del terrorismo al retirar la acusación el fiscal y en la que precisa que existían pruebas suficientes en su contra por su participación en el homenaje a la etarra Olaia Castresana.

Según explicó el Ministerio Público en una nota de prensa, la Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia Nacional, pudo haber aplicado para mostrar su disconformidad con la posición fiscal el artículo 733 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, lo que no hizo. Así, los fiscales destacan que el tribunal "no utilizó los mecanismos legalmente previstos". El 733 prevé que si el tribunal entiende que el hecho justiciable "ha sido calificado con manifiesto error" puede solicitar que se le ilustre sobre si el hecho que debe juzgarse constituye delito o si existe circunstancia eximente de responsabilidad. Pero en esta interpretación del 733 no hay sino ignorancia o, lo que sería peor, mala fe.

La aplicación del artículo 733 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal puede invocarse, de forma excepcional y con moderación, cuando se entiende que hay error en la calificación del delito, es decir que el fiscal acuse por ejemplo de colaboración con banda armada y el tribunal entienda que el delito es pertenencia a banda armada. Pero el caso que nos ocupa dista mucho de parecerse al ejemplo. Lo que ha ocurrido con el caso Otegi es que el fiscal ha retirado la acusación y además lo ha hecho después de practicarse prueba. En esa situación sólo cabe dictar sentencia, que es lo que hizo el tribunal.

Sin embargo, la Fiscalía que dirige Conde Pumpido, dijo a Europa Press que la sentencia dictada por la Sala que ha juzgado a Otegi supone admitir que "el propio tribunal es prevaricador" ya que deja impune la comisión de un delito que supone suficientemente probado. Por ello --precisaron-- si la Sala considera que la Fiscalía no ha cumplido adecuadamente con su función, como se desprende de la resolución hecha pública hoy, debería haber acusado al Ministerio Público de prevaricación para evitar incurrir el propio tribunal en este delito.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional calificó los términos en que está redactada la sentencia como "un hecho histórico y sin precedentes en la historia judicial" ya que al no existir acusación en un proceso penal "no puede declararse la existencia de hecho delictivo alguno". "Al hacerlo, el tribunal está asumiendo funciones acusatorias que no le corresponden y demuestra su evidencia falta de imparcialidad para juzgar el caso", destaca la Fiscalía.

La sentencia afirma que existía "prueba de cargo directa y suficiente" contra Otegi
La Ficalía ha reaccionado de esta forma a la sentencia del tribunal. En ella los jueces recogen que existía "prueba de cargo directa y suficiente" contra Otegi y que sólo la retirada de la acusación impidió la condena. En la resolución, la sección cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia despeja las dudas al sostener que "existe prueba de cargo directa, objetiva, suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia, lícitamente obtenida y practicada" en el juicio y que podría constituir un delito de enaltecimiento terrorista.

Los magistrados añaden que la retirada de la acusación por parte del fiscal, "única parte acusadora", impidió al tribunal "dictar cualquier otro tipo de resolución que no sea la absolución del acusado".

El fiscal y la abogada de Otegi, tarde y juntos
De la resolución llama la atención que, refiriéndose a lo ocurrido el pasado miércoles, recoge que más de diez minutos después de la hora señalada para el inicio de la vista "hacen acto de presencia, de forma conjunta, tanto el representante del Ministerio Fiscal como la letrada del acusado". Notificada este viernes, la resolución incluye un relato de lo ocurrido el pasado miércoles desde que, a las 10.30 horas, hora señalada para el inicio de la vista, se constituyera la sala que debía juzgar al portavoz de Batasuna y no comparecieran ante ella "ni el Ministerio Fiscal, ni la letrada Jone Goirizelaia en nombre del acusado Arnaldo Otegi, ni éste último".

Explica que "transcurridos más de diez minutos, hacen acto de presencia, de forma conjunta, tanto el representante del Ministerio Fiscal como la letrada del acusado (...), comunicando esta última al tribunal que según conversación telefónica mantenida con su cliente, éste se encuentra bloqueado por la nieve en la provincia de Burgos, de forma que no puede presentarse ante el tribunal", añade.

Los magistrados, que reprochan al fiscal Fernando Burgos y a la abogada de Otegi que se presentaran ante ellos "sin toga", añaden que pidieron a Jone Goirizelaia que concretara en qué punto kilométrico se encontraba el acusado. No hubo respuesta y la letrada se limitó a comunicar, "transcurrido un lapso de tiempo", que su cliente había regresado a su domicilio en Elgoibar (Guipúzcoa).

Primera reacción de la Fiscalía: "Pataleta infantil e impropia"
Después de hacerse pública la sentencia, comenzaron a llegar las primeras acusaciones por parte de la Fiscalía. Este viernes por la mañana, el Ministerio Público se ha trasladado a la Agencia EFE para tachar la sentencia de "pataleta infantil e impropia" y calificar la actitud de los jueces de "teatro vergonzoso".

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) estudiará en su reunión del próximo miércoles, día 28, la respuesta de la Fiscalía de la Audiencia Nacional ante la sentencia absolutoria dictada por la Sección Cuarta de lo Penal de este tribunal. En declaraciones a Ep, el portavoz del CGPJ, Enrique López, adelantó que la intención del órgano es la de "defender" la imagen del Poder Judicial y calificó como una respuesta "sin precedentes, tanto por su contenido como por la oportunidad" el comunicado del Ministerio Público.

"EXISTE PRUEBA DE CARGO DIRECTA, OBJETIVA Y SUFICIENTE"
La maniobra de la Fiscalía impidió la condena a Otegi pese a que el tribunal tenía pruebas suficientes
El tribunal de la Audiencia Nacional que el pasado miércoles absolvió a Otegi del delito de enaltecimiento del terrorismo se ha apresurado a aclarar que, de no haber sido por la maniobra de la Fiscalía, con su último cambio de criterio favorable a ETA, el batasuno habría sido condenado. Así consta en la sentencia, que recoge que existía "prueba de cargo directa y suficiente" contra él y que sólo la retirada de la acusación impidió la condena. De la resolución llama la atención que, refiriéndose a lo ocurrido el pasado miércoles, recoge que más de diez minutos después de la hora señalada para el inicio de la vista "hacen acto de presencia, de forma conjunta, tanto el representante del Ministerio Fiscal como la letrada del acusado".
EFE Libertad Digital 24 Marzo 2007

En la resolución, la sección cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia despeja las dudas al sostener que "existe prueba de cargo directa, objetiva, suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia, lícitamente obtenida y practicada" en el juicio y que podría constituir un delito de enaltecimiento terrorista.

Los magistrados añaden que la retirada de la acusación por parte del fiscal, "única parte acusadora", impidió al tribunal "dictar cualquier otro tipo de resolución que no sea la absolución del acusado".
El fiscal y la abogada de Otegi, tarde y juntos

Notificada este viernes, la resolución incluye un relato de lo ocurrido el pasado miércoles desde que, a las 10.30 horas, hora señalada para el inicio de la vista, se constituyera la sala que debía juzgar al portavoz de Batasuna y no comparecieran ante ella "ni el Ministerio Fiscal, ni la letrada Jone Goirizelaia en nombre del acusado Arnaldo Otegi, ni éste último". Explica que "transcurridos más de diez minutos, hacen acto de presencia, de forma conjunta, tanto el representante del Ministerio Fiscal como la letrada del acusado (...), comunicando esta última al tribunal que según conversación telefónica mantenida con su cliente, éste se encuentra bloqueado por la nieve en la provincia de Burgos, de forma que no puede presentarse ante el tribunal", añade.

Los magistrados, que reprochan al fiscal Fernando Burgos y a la abogada de Otegi que se presentaran ante ellos "sin toga", añaden que pidieron a Jone Goirizelaia que concretara en qué punto kilométrico se encontraba el acusado. No hubo respuesta y la letrada se limitó a comunicar, "transcurrido un lapso de tiempo", que su cliente había regresado a su domicilio en Elgoibar (Guipúzcoa).

Prueba de cargo "suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia"
El informe solicitado a la Guardia Civil de Tráfico de Burgos certificaba "la inexistencia de ningún punto cerrado para el tráfico rodado de vehículos tanto desde Burgos a Madrid como desde el País Vasco". Por este motivo, "no estando justificado objetivamente el motivo de la incomparecencia alegado por parte de la defensa del acusado, el tribunal acuerda, acto seguido, mediante auto, la detención y traslado del acusado", que llegó a la Audiencia Nacional poco antes de las 20.00 horas, "iniciándose el acto de la vista".

El tribunal declara probado que Otegi, durante el entierro de la etarra Olaia Castresana, muerta en Torrevieja (Alicante) cuando manipulaba una bomba, pronunció frases como "Nuestro aplauso más caluroso a todos los gudaris que han caído en esta larga lucha por la autodeterminación" o "Se nos ha ido, a sus 22 años, como tantos gudaris de ETA con la dignidad silenciosa y la muerte solitaria".

TENÍA ESCRITAS LAS CONCLUSIONES ANTES DE PRACTICARSE LA PRUEBA
La Audiencia Nacional cree que la Fiscalía había decidido retirar la acusación contra Otegi antes de celebrarse el juicio
Fuentes de la Audiencia Nacional aseguraron este viernes que la Fiscalía tenía planeado retirar la acusación al portavoz de Batasuna Arnaldo Otegi antes de celebrarse el juicio por el homenaje a la etarra Olaia Castresana, ya que el fiscal del caso, Fernando Burgos, llegó al juicio con sus conclusiones definitivas ya escritas en las que defendía la retirada de la acusación. Según la sentencia del tribunal de la Audiencia Nacional existía "prueba de cargo directa y suficiente" contra él y sólo la retirada de la acusación impidió la condena.
EFE Libertad Digital 24 Marzo 2007

La Audiencia considera que el fiscal tenía ya adoptada su decisión independientemente del resultado de la prueba, que además se limitó a la toma de declaración del acusado, de una testigo -Araitz Zubimendi, que resultó en su día absuelta por estos mismo hechos- y de la exhibición de un vídeo, prueba esta última que fue propuesta por el tribunal con la oposición de la defensa.

Estas fuentes recordaron también que "no hay límite temporal para retirar la acusación", por lo que el fiscal pudo hacerlo en cualquier momento, incluso la misma mañana en que iba a celebrarse el juicio y que tuvo que aplazarse por la incomparecencia de Otegi que tuvo que se conducido finalmente ante el tribunal por la fuerza, tras ser detenido por la tarde en su domicilio de Elgoibar (Guipúzcoa).

Respecto a las acusaciones que hizo hoy la Fiscalía al tribunal sobre su presunta falta de imparcialidad en la sentencia que dictó absolviendo a Otegi a pesar de que, a su entender, había "prueba de cargo directa, objetiva y suficiente" para condenarle, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional declinó hacer ningún comentario.

El movimiento cívico se reagrupa para decir a Zapatero que sí ha cedido al chantaje
Los intelectuales vascos culpan a Zapatero de ceder al chantaje de ETA
BLANCA TORQUEMADA. MADRID. ABC 24 Marzo 2007

No a la «readmisión» de Batasuna en el sistema político, no a las pretensiones anexionistas sobre Navarra, no a las mesas de partidos y no a la perenne «vista gorda» ante quienes pagan el mal llamado «impuesto revolucionario» a ETA. El mensaje quedó ayer muy claro en el madrileño paseo de La Castellana, frente al Ministerio del Interior, y esta vez no habrá manera de endosarle la autoría al PP. Será imposible aducir monocromía política (aunque alguno lo pretenderá) en quienes respaldan el manifiesto que los principales colectivos cívicos vascos difundieron cuando se cumple un año de pretendido «alto el fuego» de los terroristas. Fue un acto de gran calado que recupera la unidad de acción del movimiento ciudadano en respuesta a la política antiterrorista del Gobierno, prácticamente huérfana ya de sustento intelectual. Como muestra de ello, basta el botón de que Fernando Savater asumiera la lectura del texto suscrito conjuntamente por Basta Ya, el Foro de Ermua y Covite, cuando fue precisamente al filósofo a quien «cortejó» hace dos años Zapatero en busca de refrendo público para su «proceso».

Antes de la lectura del manifiesto, el filósofo hizo algunas consideraciones que no pasaron desapercibidas: dijo que la iniciativa de los tres colectivos cívicos está al margen de la refriega entre los dos partidos mayoritarios y responde únicamente a la necesidad de denunciar la pérdida de libertades en el País Vasco. Por ello, calificó de «pornografía informativa» la tentación de pretender que sólo existe una especie de sarpullido social de reacción frente al execrable caso De Juana o al reciente vodevil judicial de Otegi. «A quienes conocemos bien lo que pasa -argumentó- nos parece obsceno que algunos se rasguen las vestiduras por la aparición de alguna bandera aislada en una determinada manifestación mientras en el País Vasco los símbolos que se exhiben en público llevan años bajo monopolio nacionalista». «No toleraremos -añadió- una hegemonía nacionalista impuesta primero por la violencia y luego a costa del cese de la violencia».

Proceso «extraoficial y oculto»
Después, desgranó el comunicado conjunto, en el que se expresa con nitidez la convicción de los firmantes de que «el proceso de negociación entre el Gobierno y ETA prosigue de modo extraoficial y oculto, incluso cuando la kale borroka no sólo perdura sino que ha causado la primera víctima mortal de su historia». En el escrito se considera como «lo más flagrante» la «encubierta excarcelación del terrorista Iñaki de Juana Chaos, en lo que nos parece indudablemente una cesión por razones políticas a su chantaje. Cuando el Estado cede a ese chantaje, sean cuales fueren las justificaciones tácticas o jurídicas que se esgriman, está deslegitimando a las instituciones democráticas, y, de manera especial, a todas las personas que desde sus puestos de trabajo, responsabilidades familiares o cargos públicos llevan años resistiéndose cívicamente al permanente chantaje del terrorismo. Nada de lo que pueda ganarse así compensa lo que definitiva y radicalmente se pierde».

Luego, el texto expone los cuatro puntos demandados: el primero, que Batasuna siga fuera del juego político, sin que sean aceptables «fórmulas de encubrimiento que, a través del partido EHAK/PCTV o de otras organizaciones, acaben colocando a los representantes de ETA en los Ayuntamientos y Diputaciones vascas». Con una apostilla importante a este respecto: «Conviene recordarle al Gobierno que no es lo mismo lo meramente legal que lo políticamente decente, ni siquiera que lo aceptable por simple prudencia».

El segundo punto se refiere a Navarra, que, para estas entidades, ha de quedar a salvo «del sueño de los terroristas de la Gran Euskal Herria». Para ello, hacen una apelación directa al PSOE: «El partido socialista tiene una buena ocasión de acallar a sus críticos, manifestando su inequívoca decisión de no unir sus votos a los nacionalistas para ninguna forma de asimilación encubierta de Navarra al País Vasco».

No a la mesa de partidos
La tercera petición del comunicado es que bajo ningún concepto se constituya una mesa de partidos, porque supondría admitir una «insuficiencia» de la legalidad vigente.

En ese punto, sólo se admite que el Gobierno hable con la banda «una vez que acabe efectiva y totalmente la actividad terrorista, sólo con ETA y exclusivamente sobre la propia ETA, sobre su disolución y el modo en que sus militantes asumen las responsabilidades penales en las que hayan incurrido».

Por último, el manifiesto insiste en la importancia de ahogar económicamente a la banda terrorista («sin dinero, ETA se acaba») y hace notar que ningún Gobierno se ha tomado en serio la erradicación del chantaje a los particulares. «La eximente de necesidad por miedo insuperable se convierte en franco amparo de la complicidad», arguyen, con el crédito que les otorga un denominador común: todos ellos, resistentes en Covite, el Foro de Ermua o Basta Ya, no han«tragado» y se han expuesto a la exclusión social, a la marginación laboral y hasta a la pérdida de la vida.

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