AGLI

Recortes de Prensa     Domingo 25 Marzo   2007

Humillados
POR JON JUARISTI ABC 25 Marzo 2007

CREO recordar que Rodríguez sostuvo alguna vez en el Congreso aquello de que en las sociedades decentes no se humilla a los ciudadanos. La idea, obviamente, no era suya. La debió sacar (no él mismo, claro está, sino alguno de sus curritos) de un artículo de Fernando Savater en que éste citaba al filósofo israelí Avishai Margalit. En cualquier caso, la versión de Rodríguez mutilaba el pensamiento de dicho autor (lo que no hacía Savater), porque Margalit alude siempre a las instituciones como origen de la humillación: «Y puesto que limito el concepto de sociedad decente a la conducta de sus instituciones, una sociedad decente sería... aquella cuyas instituciones otorgan a todas las personas el honor que merecen» (Avishai Margalit, La sociedad decente. Barcelona, 1997, pág. 45). O bien, «una sociedad es decente si sus instituciones no actúan de manera que las personas sometidas a su autoridad crean tener razones para sentirse humilladas» (pág. 22), definiéndose la humillación como «un tipo de conducta o condición que constituye una buena razón para que una persona considere que se le ha faltado al respeto» (pág. 21).

En la presentación, el pasado viernes, del manifiesto conjunto de Basta ya! , COVITE y Foro de Ermua, Fernando Savater advertía de la divergencia entre lo legal y lo decente en las últimas iniciativas tomadas por el Gobierno en el contexto del «mal llamado proceso de paz». No es ilegal la excarcelación de un asesino por supuestas razones humanitarias. Tampoco hay asomo de ilegalidad en la retirada de cargos contra un presunto apologista del terrorismo por el mismo fiscal que se los imputó, pero ambas medidas rebosan indecencia. Ambas medidas humillan a las víctimas de ETA. Ambas medidas ofenden el sentido común de la justicia de la mayoría de los ciudadanos. Ambas medidas, en fin, han sido percibidas por estos como lo que realmente son: arbitrariedades ventajistas cometidas por el Gobierno y la Fiscalía, abusando perversamente de la ley y de las instituciones, con el único fin de favorecer los intereses políticos del partido en el poder. En el fondo de este sentimiento colectivo de vergüenza y humillación no hay impugnación alguna de la legalidad prostituida, sino, como diría Margalit, un buen número de buenas razones para considerar que se nos ha faltado al respeto.

No puede afirmarse que los perpetradores directos de las mencionadas medidas hayan derrochado fuerza de convicción a la hora de justificarlas, quizá porque hasta a ellos se les alcanza que nada tienen de razonables. La repugnancia que el ministro Rubalcaba y el fiscal Burgos han afirmado sentir por De Juana Chaos, el primero, y por las opiniones de Otegui, el segundo, responden sin duda a una tentativa psicológicamente explicable de desplazar hacia los beneficiarios de sus respectivas decisiones -inducidas desde más altas instancias- el efecto que ambas han causado en la población humillada y ofendida por las mismas. Una maniobra triste e inútil, porque va a ser imposible olvidar su participación en los dos episodios más graves de la enloquecida carrera del Gobierno socialista hacia el abismo. A estas alturas, la única duda que plantea el empecinamiento de Rodríguez en la farsa del «proceso de paz» es si se debe a una estúpida confianza en la viabilidad del proyecto de aniquilación política de la derecha o al terror que le inspiran las consecuencias de su fracaso en la manipulación de las demandas nacionalistas. Su error actual radica en temer solamente el futuro, porque lo peor ya ha acontecido y a la vista está: la desesperación de los vascos no nacionalistas, abandonados a su suerte frente a un fascismo abertzale que, desde el jueves pasado, se sabe impune para siempre, toda vez que sostener la equivalencia de compromiso político y terrorismo es ya una opinión legítima y no punible (el siguiente paso que exigirá Batasuna, en pura lógica, es su legalización inmediata, pues nunca ha hecho otra cosa que apoyar políticamente una determinada forma de compromiso político), y ahora, por lo que se ve, lo que urge es convertir a los humillados y ofendidos en franquismo aniquilable.

¿Qué nos pasa?
POR ÁLVARO DELGADO-GAL ABC 25 Marzo 2007

Seamos sinceros: los españoles no comprendemos demasiado bien qué nos está pasando. De un lado, nos llegan señales de una crisis política profunda. Las instituciones han entrado en una fase de deterioro que exigirá tiempo, paciencia y mucho tino corregir en el futuro; la sociedad empieza a dividirse, al punto de que hay viejos amigos que prefieren no verse, y si se ven, es sólo para hablar del tiempo. Pero cuando se mira al lado contrario, en busca de un hecho que explique lo que no sería aventurado calificar ya como un decaimiento grave de las reglas de convivencia que nos legó la Transición, no se logra, por empeño que se ponga en la tarea, identificar una causa proporcionada a las devastaciones que ha experimentado el sistema.

Hago la afirmación con candor absoluto, a sabiendas de que las grandes perplejidades brotan, no sólo de cómo son las cosas, sino también, e incluso en mayor medida, de los prejuicios con que las percibimos. Entre los últimos, ocupa un lugar no menor la idea de que existe una correlación, todo lo imperfecta que se quiera, entre sociedad y política. ¿Qué nos hace creer en esa idea? En parte, un irreprimible amor al orden; nos produciría desasosiego llegar a la conclusión de que el metabolismo de la vida pública se rige por pautas independientes de las que gobiernan los destinos y actitudes de los ciudadanos. Lo encontraríamos raro, como encontraríamos raro descubrir que un hombre siente sed o hambre con independencia del estado en que se encuentra su organismo.

Necesitamos, además, hallar, no ya una explicación, sino una justificación, a la estructura de representación política. Cada época ha usado argumentos extraordinariamente abstractos para avalar la estructura de poder en ella dominante. Estos argumentos forman parte de la teología política, es decir, de principios fundamentales en torno a qué es mandar, y quién debe hacerlo, o cómo o para qué. La teología política democrática asevera que el pueblo se gobierna a sí mismo a través de representantes en quienes delega la defensa de los intereses generales. Entre la teología y los hechos, se abre una distancia enorme, aunque no infinita. En el instante en que se llegase a la conclusión de que las acciones de los partidos no reflejan en ninguna medida los intereses de quienes les votan, moriría la democracia. No debe sorprender por tanto que la bronca política nos induzca a buscar un origen conmensurable, un mal, por así decirlo, homogéneo, en la sociedad civil.

Finalmente, hemos heredado del pasado ciertos códigos, ciertos resúmenes que, lo mismo que los cuentos que se refieren a los niños, juntan el relato de los hechos con máximas de intención edificante y moral. Considérese, por ejemplo, la Guerra Civil. ¿Por qué terminaron yendo a las manos los españoles? Los economistas atestiguan las enormes diferencias en renta, bienestar y oportunidades que afligían a los españoles; los sociólogos certifican el escaso grado de desarrollo del país; y los historiadores nos recuerdan que la democracia parlamentaria había entrado en liquidación en Europa, la cual se aprestaba a un conflicto global entre el fascismo y una ideología totalitaria cuya palabra tótem era «revolución» - un «aggiornamento», con toques modernos, del Milenio de que habla san Juan en el capítulo vigésimo del «Apocalipsis»-. La Guerra Civil fue un error, y un horror. Aunque, no exactamente, un accidente, como no lo es en el cuento de Perrault que el lobo se coma a Caperucita.

Nada comparable ocurre en la España actual. Padecemos un problema de terrorismo en el País Vasco, que se encaró mal, luego bien, y finalmente, mal de nuevo. Tenemos un gobierno que ha iniciado un proceso cuyas claves oculta y que se está desautorizando seriamente a sí mismo. Tenemos una Constitución que ha entrado en rendimientos decrecientes y que tendrá que ser reformada. Se trata de cuestiones serias, en el primer caso, de una cuestión con muertos interpuestos. Pero no de cuestiones que una democracia normal no pueda resolver acudiendo a los recursos que deparan la ley y el sentido común. Y sin embargo, en Cataluña, un ministro del gobierno autónomo declara que un asesinado es menos víctima que otro asesinado cuando el verdugo esgrime una ideología legítima; el secretario de Organización del PSOE encuentra interesante que se acuse como criminal de guerra, en el Tribunal de la Haya, a un ex presidente del gobierno que cometió errores, pero que no mandó disparar un solo tiro en Irak; días después de que se hayan oído gritos en la calle pidiendo la aniquilación política de la oposición, el Congreso vota en contra de que se persiga a un partido ilegalizado por su vinculación con el terrorismo; el PP, excluido simbólicamente del sistema, convoca manifestaciones multitudinarias y se queda a dos pasos de declarar inicuo al Gobierno. La gesticulación, los excesos verbales, y no sólo verbales, insinúan una ruptura civil de grandes dimensiones. Pero no se adivina el por qué, considerado el asunto con calma. Todo esto es grotesco, desaforado. Todo debería resolverse en una farsa, si nuestros prejuicios no nos engañan. ¿Será necesario revisar nuestros prejuicios?

Proceso de rendición
La rebelión cívica
Ignacio Cosidó Libertad Digital 25 Marzo 2007

Resulta indignante que una izquierda que llegó al poder aupada en la movilización ciudadana en contra de la guerra de Irak se rasgue ahora sus escasas vestiduras democráticas cada vez que los ciudadanos salen masivamente a la calle para oponerse a un proceso de negociación con ETA que cada día más se percibe como una claudicación del presidente del Gobierno ante las exigencias de los terroristas. Las manifestaciones contra Aznar, que derivaron en muchas ocasiones en acciones violentas, eran para la izquierda que las promovía una expresión de democracia en estado puro, un sano ejercicio de ciudadanía y un ejemplo del compromiso cívico con la paz. Por el contrario, las movilizaciones contra Zapatero constituyen una peligrosa amenaza contra la democracia, un resurgir del franquismo y una inquietante derechización extrema del país. Es difícil encontrar un ejemplo más acabado de cinismo, hipocresía, desvergüenza e incoherencia política como el protagonizado por la izquierda española durante los tres años de Gobierno de Rodríguez Zapatero.

Lo cierto es que la creciente movilización social que se opone al pacto con los terroristas está provocando un profundo desconcierto en el Gobierno. El PSOE piensa, o al menos le interesa decir, que esta movilización es una conspiración del Partido Popular para expulsarles del poder por medios antidemocráticos. La izquierda en su conjunto considera además que los millones ciudadanos que se echan masivamente a la calle en defensa de la Constitución del 78, de su libertad y de su Nación, son en realidad una mezcla de nostálgicos del franquismo y nuevos radicales de extrema derecha. Por último, el Gobierno reitera que las víctimas del terrorismo, como vanguardia de esta movilización, están siendo burdamente manipuladas por extraños intereses que sólo buscan hacerse con el poder.

Es un profundo error creer que el Partido Popular es el único o ni siquiera el principal responsable de la movilización ciudadana frente a la claudicación del Gobierno. Cualquiera que escuchara el pasado viernes a Fernando Savater, acompañado de un nutrido grupo de intelectuales, en su alegato frente al Ministerio del Interior, debería entender que este movimiento trasciende con mucho a unas siglas políticas o a unos meros intereses de partido. A diferencia del PSOE, el Partido Popular jamás ha sido un partido revolucionario. El PP nunca ha creído en otra forma de acceder al poder que no fuera su trabajo en las instituciones democráticas y su comparecencia en las urnas. Y su actual líder, Mariano Rajoy, enarbolando la bandera de la sensatez y el sentido común, tendría de hecho muy escaso futuro como líder de cualquier revolución pendiente. La diferencia es que frente a un Partido Socialista al que el poder le distancia cada vez más de la sociedad, el Partido Popular se encuentra en estos momentos más próximo a ella que nunca.

El segundo error del Gobierno es identificar estas movilizaciones con la extrema derecha. Muchos millones de ciudadanos, la mayoría social que hoy se opone a decisiones como la excarcelación de un asesino como De Juana Chaos o a la impunidad judicial de un terrorista como Otegi, se siente insultada por un Gobierno que identifica permanentemente esas opiniones con la extrema derecha o con posiciones antidemocráticas. Muchos millones de españoles, la mayoría que sigue sintiendo a España como su Nación, se consideran agredidos por una izquierda que considera que llevar una bandera de España es símbolo de ser un fascista. Muchos millones de españoles, que se han manifestado reiteradamente de forma pacífica y democrática para expresar su oposición a la claudicación del Gobierno ante los terroristas, se sienten amenazados por un Gobierno que los considera violentos antidemócratas que incluso pueden ser detenidos de forma ilegal por la policía. Es más, hay muchos socialistas sensatos y decentes, poco sospechosos de militar en la derecha extrema, que no sólo se manifiestan sino que incluso están liderando esta rebelión cívica en contra de las cesiones a ETA. El Gobierno, si no quiere escuchar, haría bien al menos en no descalificar a estos millones de ciudadanos que son cada vez una mayoría social más amplia en nuestro país.

Pero lo que me parece más cobarde, más ruin y más moralmente condenable de la reacción del Gobierno son sus ataques a las víctimas del terrorismo. Por mucho que hayan sufrido, las victimas no son unas enajenadas mentales incapacitadas para poder tener criterio en la lucha contra el terror; por el contrario, las víctimas han sido y deben seguir siendo nuestra referencia moral y la vanguardia en nuestro esfuerzo colectivo por derrotar a sus verdugos. Las víctimas del terrorismo no son tampoco marionetas manipuladas por ningún interés de partido, sino aquellos ciudadanos que tienen más derecho que nadie a exigir justicia y dignidad para quienes sufrieron en propia carne el zarpazo del terror. Si Zapatero ha pecado políticamente de temerario al iniciar su negociación con los terroristas sin un mínimo consenso político que lo sustente, moralmente está cayendo en la más absoluta ignominia por perseverar en este proceso pisoteando la dignidad de las víctimas.

Tengo el convencimiento de que sólo la rebelión cívica que se ha desatado en toda España podrá parar la cadena de claudicaciones irreparables de Zapatero ante los terroristas hasta el momento en que los españoles tengamos la oportunidad de cambiar en las urnas a este Gobierno. En un momento en el que los terroristas exigen poder presentarse a las próximas elecciones de mayo, resulta especialmente necesario intensificar esa oposición democrática para impedir que los terroristas vuelvan a ocupar las instituciones en el País Vasco y puedan financiarse con el dinero público para imponer sus fines totalitarios y seguir financiando sus métodos criminales. Nunca en su historia España ha vivido una rebelión más pacífica, más democrática ni más necesaria que la que se ha levantado ahora contra la claudicación de este Gobierno ante el terror.

Ignacio Cosidó es senador del Partido Popular por Palencia.

Apuntes para una crisis (IX): Firmar en nombre de otros
Luis del Pino Libertad Digital 25 Marzo 2007

Esta semana han pasado relativamente inadvertidas las consecuencias que cabe deducir de una noticia estremecedora. La retirada de cargos a Otegui por orden de Zapatero ha sido respondida por Batasuna con nuevos desplantes a ese Gobierno que saben que está rendido. Ha dicho Batasuna que piensa concurrir a las elecciones; ha recalcado Otegui que no tiene intención de condenar la violencia; ha amenazado Pernando Barrena con hacer públicos los acuerdos firmados con el PSOE antes del anuncio del alto el fuego de ETA. Y ésta es la noticia a la que quiero referirme.

Que existían esos acuerdos era algo ya sabido. De hecho, resulta más que dudoso que esos acuerdos sólo estén vigentes desde antes del anuncio del alto el fuego: lo más probable es que los acuerdos existan con anterioridad al propio 11-M. La noticia consiste, en realidad, en la confirmación del contenido de los acuerdos, más que en su propia existencia.

Según ha revelado Gara, el Gobierno de Zapatero se habría comprometido, a cambio del anuncio de alto el fuego y de otra serie de condiciones (como el cese de las extorsiones y de la adquisición de nuevas armas), a respetar el derecho a decidir de los vascos; a crear algún tipo de órgano de coordinación entre Euskadi y Navarra, como preludio de una futura integración; y a cesar en el acoso policial y judicial a ETA.

Resulta estremecedor que existan esos acuerdos firmados. Pero lo más terrible es lo que cabe deducir del contenido que ahora conocemos. Porque lo que esos acuerdos significarían es, ni más ni menos, que Zapatero se habría comprometido con ETA a acabar con la separación de poderes y con la propia Constitución.

Que el Gobierno se comprometa a cesar en el "acoso policial" a ETA es algo que cae, muy probablemente, en el campo de lo delictivo, pero se encuentra dentro del ámbito de decisión del Ministerio de Interior y, por tanto, del Gobierno. Sin embargo, ¿cómo puede firmar el presidente de Gobierno, en sus acuerdos con ETA, que va a cesar el "acoso judicial"?

En España, el poder judicial es un poder independiente. No existe forma legal, por tanto, de que Zapatero se comprometa en nombre de los jueces a que cese ese "acoso judicial". Si Zapatero o sus enviados han firmado esos acuerdos, eso querría decir, ni más ni menos, que está firmando un cheque sin fondos, prometiendo a unos asesinos algo que sabe que no puede cumplir. O, por el contrario, que está dispuesto a violentar las leyes, a acabar con la separación de poderes, para conseguir por medios extralegales que los jueces renuncien a perseguir a los miembros de la banda. ¿Qué medios extralegales serían esos? ¿Qué presiones va a ejercer, o está ejerciendo, Zapatero sobre unos jueces que, al menos en teoría, no están sometidos a su voluntad? ¿Cómo puede Zapatero firmar en nombre de unos jueces que forman un poder independiente?

Otro tanto cabe decir del compromiso a respetar "el derecho a decidir de los vascos". La Constitución española atribuye la soberanía al pueblo español en su conjunto. No cabe en esa Constitución, por tanto, ningún "ámbito vasco (o vasco-navarro) de decisión". En consecuencia, Zapatero habría firmado unos acuerdos expropiando esa soberanía popular y atribuyendo al Gobierno unas facultades de las que carece. Zapatero habría firmado, en nombre del pueblo español y sin autorización de éste, una renuncia de soberanía que posibilitaría ese "derecho de autodeterminación" que la banda exige. ¿Y cómo piensa Zapatero que puede hacer honor a ese compromiso, salvo violentando interpretativamente la Constitución y recurriendo, de nuevo, a la presión extralegal sobre los magistrados que componen el tribunal encargado de garantizar el respeto de nuestra norma suprema?

Zapatero habría firmado, por tanto, en nombre de otros. Lo que quiere decir que está dispuesto a retirar a esos otros las potestades que les corresponden y a asumir un poder que la Constitución no le concede. Zapatero habría decidido, en el momento de estampar sus enviados esa firma en el documento ignominioso, que cualquier medio es admisible para garantizar el pago. Zapatero habría decidido, al firmar ese pacto de sangre, que el Gobierno tiene que acabar con los mecanismos de control democrático y con la propia soberanía del pueblo español.

El golpe de estado permanente puesto en marcha con el 11-M llega así a su culminación.

Parar el proceso a tiempo
Pío Moa Libertad Digital 25 Marzo 2007

Este gobierno empezó apresurándose a premiar, con la retirada de tropas de Irak, al terrorismo islámico, supuesto autor del mayor atentado que haya sufrido España; siguió con una política de entendimiento con partidos abiertamente separatistas y antiespañoles para consensuar con ellos unos estatutos anticonstitucionales, y transformar la nación española en un conglomerado de nacioncitas inventadas, a mayor gloria de las mafias políticas; y acabamos de tener la prueba de sus compromisos con el Terrorismo Nacionalista Vasco para utilizar la ley, es decir, para manipularla y convertirla, de obstáculo, en garantía para gran parte de los fines de la ETA. La prueba de su compromiso de cesar en el acoso policial y judicial contra los asesinos. De liquidar la Constitución y la separación de poderes en beneficio de la banda criminal. Algo tan absolutamente intolerable, tan desvergonzado, que solo una oposición sin nervio ni capacidad para explicar la situación a los ciudadanos permite que el proceso siga adelante. El proceso impuesto por un gobierno aliado con los delincuentes, y por ello delincuente él mismo.

La destrucción de la ley que permite convivir en una misma sociedad intereses e ideas diversos y aun contrarios, solo puede producir violencia, descomposición social o tiranía. La historia nos presenta ejemplos de las dos cosas. El proceso revolucionario emprendido por el Frente Popular después de las elecciones no democráticas de febrero del 36 liquidó la Constitución y la legalidad republicanas, causando con ello la guerra civil. Por su parte, Hitler utilizó las mismas artimañas que el actual gobierno español: destruir la democracia utilizando las mismas leyes de la democracia, y consiguió imponerse. La experiencia demuestra, por tanto, el inmenso peligro de estos procesos, y la necesidad de una reacción social a tiempo. En España viene produciéndose esa reacción espontánea de la gente de a pie, una reacción mal organizada y aún insuficiente pero ya considerable y en esperanzador aumento. España es de los pocos países europeos que deben su democracia a sí mismos. Casi todos los demás se la deben a la intervención de Usa en la guerra mundial, como deben su prosperidad, en gran medida, al Plan Marshall. Debemos saber defenderla y conservarla frente la alianza delincuente que hoy nos desgobierna. Es el reto del momento.

¿Quién ha absuelto, de verdad, a Arnaldo Otegi?
ROBERTO L. BLANCO VALDÉS La Voz 25 Marzo 2007

ESA pregunta, que nunca debería plantearse en un Estado basado en el principio de la separación de los poderes, ronda hoy la conciencia de millones de españoles. Y es que, por razones que sólo el presidente del Gobierno y sus más fieles colaboradores podrían aclarar, pero que muchos sospechamos tienen que ver con lo que sea que Zapatero y ETA-Batasuna siguen negociando, lo cierto es que existen fundadísimas sospechas de que Otegi se ha beneficiado de lo que materialmente, aunque no por supuesto formalmente, podría considerarse una especie de absolución gubernativa.

El asunto no es difícil de entender: el Gobierno habría indicado al fiscal del Estado que retire los cargos contra Otegi y aquél habría hecho lo propio con el fiscal de la Audiencia Nacional, con el resultado conocido: que el tribunal absuelve a quien, según la ley, no puede ya juzgar.

El Gobierno proclama que todo es normal, y es verdad que podría serlo si no existiesen serios indicios de que estamos ante una decisión política tomada al servicio de una estrategia inconfesada y, por lo que se va viendo, inconfesable. Dos de esos indicios destacan de entre todos lo demás.

El primero, que la sorprendente y sorpresiva decisión del fiscal de la Audiencia Nacional ha sido el episodio final de un rifirrafe en el que el fiscal del Estado -y el Gobierno al que se debe- intentaron primero aplazar el juicio contra Otegi, supuestamente para no interferir en el próximo proceso electoral, de modo que sólo cuando el aplazamiento se frustró, recurrieron a retirar la acusación. Ese era su plan B, y no, como afirman Conde-Pumpido y Zapatero, una exigencia derivada del cumplimiento de la ley.

De hecho, el segundo de los indicios poderosos que confirman la sospecha de una absolución (material) gubernativa es que parece increíble sostener que la actuación de Otegi en el homenaje a una etarra muerta por el estallido de la bomba que pretendía colocar -lugar donde afirmó que «es esta generación del Estatuto la que hoy combate con las armas en la mano por la independencia de este país»- no baste para pedir una condena por enaltecer el terrorismo.

Así lo ha confirmado, en un episodio sin precedentes, el propio tribunal encargado de juzgar a Arnaldo Otegi, que entiende que existía contra él «prueba de cargo directa, objetiva y suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia» que amparaba al acusado. Es decir, para haberlo condenado. Tras un pronunciamiento de esa gravedad, el fiscal del Estado y el Gobierno han quedado al descubierto. Poca gente entenderá que vuelvan a esconderse tras sus habituales juegos de palabras.

El juez y el gudari
PEDRO ARIAS VEIRA La Voz 25 Marzo 2007

HACE YA siglos que Maquiavelo constató que «entre un hombre armado y otro desarmado no hay comparación posible». Nada parece haber cambiado entre nosotros; el Estado en España no es el Leviatán que quería Hobbes para neutralizar los poderes absolutos de los señores de las armas; ni detenta el monopolio legítimo de la violencia que señalaba Max Weber como rasgo esencial de los Estados modernos. Es lo que habrán pensado los jueces ante el paripé de la comparecencia del portavoz de Batasuna ante la Audiencia Nacional.

El mediocre cantor de las hazañas terroristas contra las personas más indefensas de un pueblo desarmado había mirado el parte meteorológico, consultado los mapas de carreteras y decidido elegir la ruta cerrada para mofarse del poder supremo de esta España en almoneda. Su abogada y el fiscal se presentaron al unísono ante el tribunal, sin la toga reglamentaria, en vestimenta informal; el acusado no podía presentarse debido a las inclemencias del tiempo. No importaba que la autopista, ancha como Castilla, estuviera abierta y transitable; nada está escrito contra el derecho del imputado a elegir el camino más largo hacia el estrado.

Con delicadeza inusual, los ministerios públicos dispusieron un aeroplano particular para trasladar al gudari desde su patria natal a la sede del tribunal. No utilizaron el más económico avión comercial del norte: paga el contribuyente y no fueran a producirse altercados a bordo; ni que se perturbara la sensibilidad del imputado al desembarcar por la T-4, de tan infaustas remembranzas. Finalmente Otegi llegó, declaró y venció. Nada había contra él, la fiscalía reconsideró el carácter de su elegía funeraria ante una compañera caída que no pudo matar a gente inocente por su propia impericia terrorista. La estimó inocua, opinática, casi un ejercicio de la libertad de expresión ante el dolor de una amiga. Seamos humanos en España, patria oportunista del Quijote; los terroristas son molinos de vientos, enterremos selectivamente este pasado.

Los togados contuvieron la indignación; recordaron su trayectoria de hincar el codo con leyes, reglamentos y principios generales del derecho; también la memoria de los caídos por saciar el hambre y sed de justicia del pueblo; y, sobre todo, las víctimas olvidadas a las que nadie les dedicó una épica fúnebre. Justicia para el fuerte, comprensión para el armado. La ciega balanza del derecho ha sido secuestrada por los señores de las urnas y las conciencias mediatizadas. Pero, al igual que Galileo siglos antes, el juez no resistió un arrebato de conciencia y sentenció para que todos lo supiéramos: era culpable, así lo hubiéramos declarado si se nos hubiera dejado hacerlo. Todavía hay esperanza.

Hay jueces, Presidente
POR JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS ABC 25 Marzo 2007

JOSÉ Luis Rodríguez Zapatero está provocando en la cohesión del sistema muy severos riesgos que repercuten en su estabilidad. Nunca antes se había contemplado en el devenir político español una colisión tan grave entre el Gobierno y la Fiscalía y los Tribunales de Justicia. El «caso Otegi» es tan lacerante -o más- que el «caso De Juana» porque si en la excarcelación del terrorista el Gobierno mostró de modo directo y sin tapujos su fragilidad política y su debilidad ética, en la absolución forzada por el decaimiento de la acusación fiscal en la vista oral contra el dirigente batasuno, el Ejecutivo ha utilizado -en el peor sentido del término- al Ministerio Fiscal para subordinarlo a sus objetivos políticos. Y lo ha hecho hasta tal punto que la conducta del fiscal, que siguiendo las instrucciones de sus superiores abdicó en el ejercicio de la acción penal, podría ser valorada, incluso, desde una perspectiva no sólo moral sino también penal.

El tribunal que hubo de absolver a la fuerza a Otegi pudo decirlo más alto pero no más claro: existía prueba más que suficiente para condenar al imputado por un delito de enaltecimiento terrorista tipificado en el artículo 578 del Código Penal. No es el Partido Popular, no es un medio de comunicación antigubernamental, no es un contradictor político del Gobierno socialista quien afirma que Otegi debió ser condenado por el delito que inicialmente le atribuyó el fiscal: lo asegura sin ambages el propio tribunal al que la acusación pública impidió dictar una condena como era de rigor.
Las reacciones -estas sí, histéricas- del propio Fiscal General del Estado y del Gobierno, tratando de impugnar estas claras afirmaciones de la sección cuarta de la Audiencia Nacional, sosteniendo que implican desde una «dejación de funciones» de la Sala hasta un «exceso de jurisdicción» del tribunal, delatan no sólo la subordinación de la Fiscalía al Gobierno y la utilización de aquella por éste, sino también la pérdida del imprescindible sentido de la responsabilidad institucional exigible a una y a otro.

Sin embargo, se ha demostrado que en este país hay jueces que no permiten ni actitudes chulescas como las de Otegi -el tribunal ordenó su detención y traslado a Madrid y celebró la vista oral fuera de los horarios habituales pero en la fecha señalada-, ni están dispuestos a callar ante la omisión de funcionarios públicos que, en contradicción con su misión esencial en el Estado de Derecho, acatan ordenes jurídicamente inasumibles y éticamente aborrecibles.

Los terroristas pretenden la llamada «territorialidad» y la «autodeterminación», pero, por encima de todo, la impunidad, es decir, la inacción de los tribunales de justicia de tal manera que sus delitos -sean de sangre o de otra naturaleza terrorista- queden sin sanción alguna. La pretensión etarra parte de una lógica según la cual los asesinatos, las extorsiones y los secuestros forman parte de los instrumentos bélicos de una confrontación legítima con el Estado español. Esa lógica perversa -que es la que impulsa la negociación política entre ETA y el Gobierno- es la que ha interiorizado también Rodríguez Zapatero, que cede para «evitar males mayores» y ablandar así a los terroristas. Haber mantenido en prisión a De Juana y que hubiese fallecido -cosa harto improbable- habría provocado una nueva reacción criminal en la banda terrorista, de ahí que su excarcelación nos haya ahorrado, seguramente, alguna víctima; y de haber condenado a Otegi, ETA podría haber argüido un «acoso» judicial que le serviría de coartada para un atentado. El Gobierno, excarcelando a uno y levantando la acusación contra el otro, cree haber evitado la eventual reacción asesina de ETA. Esta es la lógica de cesiones en la que se ha instalado el Presidente y en cuyo desarrollo los terroristas llevan todas las de ganar.

Pocas horas después de la degradante absolución de Otegi, los voceros de Batasuna recordaban a Rodríguez Zapatero sus «compromisos firmados» previos al «alto el fuego permanente» de marzo de 2006, sin que mediase desmentido o refutación convincente de su existencia -no lo fue la vicepresidenta primera del Gobierno al intentarlo-. Por el contrario, la percepción de que esos compromisos han sido suscritos se convierte en certeza moral -a reserva de que los terroristas venteen pronto la textualidad de los acuerdos- al comprobar de qué manera el Gobierno incurre en indignidades e incurias políticas y éticas.

El Presidente está atrapado con el Fiscal General del Estado en un proceso laberíntico y, con ambos, todo un enorme tinglado político y mediático absorbido por una energía moralmente negativa que les impone, para sostenerlo, un discurso y unas decisiones que sólo aplauden los nacionalismos segregacionistas y rechazan -o contemplan con perplejidad- los millones de ciudadanos que creen que la ley está para ser cumplida, los impuestos para ser pagados, la autoridad para ser reconocida, los tribunales para dictar sentencias, los fiscales para instar la aplicación de sanciones a los delincuentes, la Policía para detenerlos, y todos, para contribuir a que la paz se asiente en la libertad arbitrada por la ley justa dictada por los representantes de la soberanía nacional en un Estado que consagra la separación de sus tres poderes.

Toda esta lógica la ha roto de un manotazo el Presidente del Gobierno y sólo cabe ya -demostrado ha quedado- confiar que los jueces en su función jurisdiccional, en cuyo ejercicio son independientes e inamovibles, contengan la arbitrariedad gubernamental y restablezcan la vigencia de la ley penal y no permitan que se consume la impunidad que los terroristas pretenden. Queda la esperanza también de que los funcionarios del Ministerio Fiscal activen la limitada capacidad de reacción que su Estatuto orgánico les autoriza frente al despotismo jerárquico de sus superiores y que vaya acreciendo, con el sostén de los intelectuales comprometidos con las libertades como los que el viernes se plantaron ante el Ministerio de Interior, un cuerpo social que genere una reactividad que imposibilite la arbitrariedad gubernamental.

Hay jueces en España, y fiscales y ciudadanos activos y sensibles a la deriva por la que se desliza la vida pública española. Y deben hacerse notar. Porque la política de Rodríguez Zapatero sólo es posible en la medida en que se produzca un vaciamiento moral y un desistimiento democrático de las instancias institucionales y sociales. La recuperación de la conciencia de la dignidad política es incompatible con el adanismo y el buenismo del Presidente del Gobierno, pero también con los discursos equidistantes, con los guerracivilistas y con los obcecados e ignorantes. No juega aquí la dicotomía izquierda-derecha. Por el contrario, lo mejor de la derecha democrática y de la izquierda que también lo es, reside en su coincidencia radical en el blindaje de la discrepancia dentro de unos límites infranqueables fuera de los cuales la ley ha de caer con todo su peso sobre aquellos que la infringen. Traspasada esa frontera -la ley democrática- sólo existe un abismo del que las togas judiciales nos han de librar por mandato constitucional.

Hay jueces, Presidente. Introduzca esa variable en sus erráticos planes y no intente sortear la garantía que esos servidores públicos constituyen. Porque sin la garantía judicial se pasa de la democracia al despotismo. Y no estamos en la Venezuela de Chávez.
JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS
Director de ABC

Estado de cabreo
POR IGNACIO CAMACHO ABC 25 Marzo 2007

ERA un hombre ya mayor, pero no viejo. Llevaba una pancarta pequeña y casera, con letras manuscritas a rotulador grueso, probablemente confeccionada por él mismo. Estaba en las calles de Madrid el día de la manifestación del PP, y salió en la televisión agarrado a su explícito cartel, que de algún modo resumía el sentir de millones de ciudadanos ante la insólita deriva excluyente del Gobierno: «No soy facha, estoy cabreado».

Tampoco es facha Fernando Savater, y está cabreado. Y Mikel Buesa. Y Maite Pagaza. Y Rosa Díez. Y las gentes del Foro Ermua y de Basta Ya. Y muchos socialistas de la vieja guardia que, más que cabreados, andan perplejos ante el rumbo (?) emprendido por el presidente. Y numerosos intelectuales liberales o de izquierda que no comprenden por qué el Estado se arrodilla ante los terroristas después de haber provocado una diáspora política en beneficio de autonomías cuasi federales.

Y los familiares de las víctimas de ETA, apostrofados con dureza insólita como si fueran enemigos de la paz en vez de doloridos testigos del sufrimiento de la violencia. Y, por supuesto, millones de pacíficos votantes del centroderecha que se sienten marginados por primera vez desde la Transición, tratados como apestados por un Gobierno que no para de hacer guiños a los etarras, a los batasunos y a los antisistema de ERC. No sólo se trata de una profunda decepción colectiva ante el fracaso de un gabinete incompetente: es un estado de cabreo rampante, un malestar creciente y plural que engloba a gentes heterogéneas cuyos sentimientos y opiniones no sólo rebotan en la pared de displicencia del poder, sino que reciben la injusta, amarga consideración de extremistas, nostálgicos de la dictadura o saboteadores del futuro.

Sólo en los dos últimos años del aznarato, cuando el entonces presidente entró en estado de autismo cesarista, se había visto un fenómeno parecido de desprecio de la disidencia. Pero al menos Aznar no puso en cuestión la estructura nacional, ni rompió los consensos básicos de la Transición, ni desarmó al Estado ante el terrorismo, ni cedió con cobardía a su chantaje reiterado. Simplemente, desoyó a la ciudadanía y lo acabó pagando. Pero esto de ahora constituye algo insólito en la moderna democracia española: un Gobierno empeñado en cavar una trinchera de desafecto civil, hurgando en todas las heridas del pasado y avanzando hacia un abismo entreguista ante el estupor escandalizado de gran parte de la sociedad, cuyo grito masivo se pierde en las calles mientras el presidente se refugia en una campana de soberbia retadora.

Va a costar mucho trabajo enderezar esta torcida irritación colectiva, más allá incluso de una eventual alternancia de poder. Porque, en su ciego camino desorientado, el Gobierno está tomando decisiones irreversibles que ahondan la peligrosa zanja de la discordia nacional. Y existe el riesgo serio de que este cabreo irresponsablemente estimulado resucite los demonios de la convivencia que había costado décadas enterrar en el sótano de nuestra historia.

Declaraciones contra el PP
¿Y qué piensa Polanco del golpe mediático del 11-M?
Ignacio Villa Libertad Digital 25 Marzo 2007

Después de la junta de accionistas, resulta imposible defender a Prisa y sus múltiples medios como meros vehículos "independientes" de la libertad de expresión. Ha hecho falta escuchar cómo Polanco atacaba, hecho un basilisco, al Partido Popular y echaba con cajas destempladas del diario El País a un periodista como Hermann Tersch, con más de veinte años de trabajo en el diario a sus espaldas, por criticar al Gobierno en el debate Madrid opina de Telemadrid. La actitud dictatorial del presidente del primer grupo mediático de España, más propia del régimen que lo hizo rico que de la lógica empresarial, no puede sino llevar a la conclusión de que Prisa está en lo que siempre ha estado: o mandan en todo, incluyendo en ese todo al partido de la oposición, o ya pueden irse preparando los que mandan.

Las formas con que Polanco se ha expresado en público son la simple confirmación de lo se viene denunciando desde hace mucho tiempo. El imperio que ha creado gracias a las dádivas de izquierda y derecha, especialmente la "derecha extrema" que fue el franquismo, es el imperio de la manipulación, de la imposición, de la dictadura de la opinión, del control de la información. Es cierto que ya se sabía, pero ahora será mucho más difícil de esconder. Si a alguien se le ocurriera negarlo, no habrá más que recordar unas declaraciones en las que Polanco ha dejado al descubierto sus intenciones, sus objetivos, sus principios y sus negocios. Lo suyo es el control del poder, de la opinión y de la sociedad.

Por más que esto estuviera a la vista, siempre había quien defendiera a Polanco por un motivo u otro. No en esta ocasión. Aunque muchos hayan clamado contra la justa respuesta del PP, nadie ha defendido las palabras del empresario. Tan sólo sus propios empleados, claro, que les va el sueldo en ello. Pero aún así, resulta llamativo, sobrecogedor y dramático el miedo con que en muchos medios de comunicación se han recogido las acusaciones de Polanco al Partido Popular. Son muchos los que han guardado silencio ante las palabras del presidente de Prisa. Un silencio que habla demasiado alto.

Lo único bueno que podemos sacar es que esta gota haya colmado al fin la paciencia del PP. El único partido de la oposición ha anunciado que no intervendrá en los medios del Grupo Prisa mientras Polanco no rectifique. Es una decisión que debería haberse tomado hace tiempo, pero que ahora se hace absolutamente obligada. No hay que olvidar que, cuando José María Aznar aplicó esa receta en el 2000, ganó las elecciones con mayoría absoluta. Demostrarle a Polanco que hay líneas que no se pueden traspasar no sólo es gratificante y necesario; también puede ser rentable electoralmente.

Ahora, eso sí, hay que aguantar el pulso. Esperemos que no empiecen a salir presidentes autonómicos asustados, alcaldes cómplices, diputados azorados y secretarios provinciales aterrados por lo que puedan pensar de ellos los empleados de Polanco. Pero una vez que el propietario de Prisa ha explicado claramente los motivos por los que sus medios de comunicación someten al PP a una auténtica persecución mediática, los populares no se pueden quedar mirando a la luna de Valencia. Una vez que han decidido plantar cara han de aguantar. Si no lo hacen, su base se lo echará en cara.

Lo único malo de todo esto es que no hubiera ningún accionista que preguntara a Polanco por el golpe mediático del 11 de marzo. Quizá de esa forma podíamos haber salido de dudas sobre lo que pasaron aquellos días y como se articuló la violación del día de reflexión. Otra vez será.

La vuelta de Savater: otro más en la legión de desencantados de ZP
Antonio Jiménez elsemanaldigital 25 Marzo 2007

El presidente intentó embridarlo cuando comenzaba su incipiente proceso de negociación. Al cabo de los meses, y visto lo visto, Savater ha vuelto al redil. No ha sido el único.

25 de marzo de 2007. Mientras aguarda el comunicado preelectoral de ETA que le redima en parte de sus excesos y despropósitos políticos ante los suyos, Zapatero se ha dado de bruces con el resurgir del movimiento cívico vasco que insufló el Espíritu de Ermua. El presidente del Gobierno se ha revelado como un contumaz especialista en ir dejando por el camino un reguero de desengañados y defraudados, y el filósofo Fernando Savater ha sido el último en quedar descolgado tras bajarse del caballo del proceso de paz al que Zapatero le aupó cuando empezaba a embridarlo. El regreso de Savater de su viaje al lado oscuro e incierto de la estrategia que sigue el presidente con ETA-Batasuna, simboliza el retorno de todos los españoles que como el filósofo donostiarra le otorgaron su confianza y una oportunidad.

Nadie que haya seguido, desde la equidistancia y la neutralidad mas exquisitas, el proceso abierto hace ahora un año cuando ETA declaró un alto el fuego indefinido, puede negar que los esfuerzos de Zapatero por contentar con gestos y decisiones a la banda terrorista y su brazo político hasta provocar la indignación y la tristeza de las victimas del terrorismo, hayan sido correspondidos con la decidida actitud de ETA y Batasuna de dejar las armas y hacer una declaración de rechazo a la violencia. Y esto sin contar con el terrible atentado que se llevó por delante la vida de dos infortunados ecuatorianos y la Terminal 4 de Barajas, además del aumento de la kale borroka que indirectamente causó una tercera victima mortal o de la campaña de extorsión a empresarios vascos y navarros.

Un año de tregua ha sido tiempo suficiente para comprobar que los terroristas siguen donde estaban, inflexibles, expectantes y con el arsenal preparado para utilizarlo en cualquier momento y que es el Estado el que da pasos en la dirección que pretenden y el que se ha plegado, de forma indirecta, como sugieren las cesiones del Gobierno al chantaje de De Juana y la bochornosa actuación de la Fiscalía con Otegi. El esperpéntico vodevil en que degeneró el frustrado juicio al portavoz de la ilegal Batasuna por culpa de la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha tenido al menos la virtud de recuperar la unidad del constitucionalismo vasco, representado por los tres movimientos civiles, Foro de Ermua, Covite y Basta Ya, para la causa de la dignidad que exige la disolución de ETA sin contrapartidas, la exclusión de Batasuna de las urnas y la vuelta a la firmeza del Estado de Derecho.

Para esto último, sin embargo, es imprescindible que la institución del Ministerio Publico recobre el decoro perdido con el cese de un fiscal general que definitivamente ha antepuesto los interese políticos del Gobierno a la acción de la justicia, tal y como ha acreditado el tribunal que no pudo condenar a Otegi a pesar de existir motivos jurídicos, directos, objetivos y suficientes.

Última hora: guerra en España
Pedro Fernández Barbadillo Periodista Digital 25 Marzo 2007

No os asustéis: no es la portada de El Faro del islam... todavía. Se trata de un libro excelente que os recomiendo. Su autor fue Edward Knoblaugh, corresponsal de la agencia AP en España entre 1933 y 1937, hasta que le avisaron de que los demócratas le estaban preparando un accidente.

Extracto esta magnífica reseña de Fernando Paz en los párrafos en que se centra en la, para mí, principal aportación del periodista norteamericano: el aparato de propaganda y censura que montó el Frente Popular con consejos y técnicos mandados por la Unión Soviética. Entonces la URSS estaba gobernada por el comunista Stalin, que ya había matado a varios millones de personas y deportado a otros muchos. ¿Y Stalin ib a ayudar a una democracia parlamentaria? ¡Venga ya!

Knoblaugh estuvo allí. En Madrid, en Valencia, en los frentes. Su combate más duro, empero, lo libró contra la censura oficial, percibiendo cómo el veloz aprendizaje de los burócratas frentepopulistas transformaba la información en propaganda: las retiradas eran avances, las victorias se sucedían, los internacionales no existían allende los Pirineos, la unidad de las distintas fuerzas frentepopulistas era un hecho. Lo mismo daba que la población estuviese al cabo de la calle de lo que en realidad sucedía; no podía pronunciarse una sola palabra que desdijese la versión oficial, salvo que uno tuviese vocación de cadáver.

Lo más enjundioso del relato de Knoblaugh se centra, precisamente, en la parte que dedica a la propaganda, la burocracia y el terror de la zona frentepopulista. (...) Quienes operaban en zona frentepopulista veían sus cables sometidos a una cuidadosa supervisión de las autoridades, lo que obligaba a los corresponsales a enviar la información real por intrincados conductos a fin de que llegara a sus periódicos.

Las fotos de la Puerta de Alcalá engalanada con retratos de Stalin y otros asesinos comunistas y del fusilamiento del Sagrado Corazón del Cerro de los Ángeles se sacaron de la España roja de manera clandestina.

El autor también habla de las checas que afloraron en Madrid fundadas por el PSOE, la UGT, el PCE, la CNT y demás asesinos rojos, incluso da algunas direcciones; hubo más de 200. Creo que de estos crímenes los sucesores de los genocidas no han pedido perdón.

Y dedica unas páginas al caso de José Robles, el traductor de John Dos Passos desaparecido por los comunistas españoles y soviéticos.

En fin, la lectura de ¡Última hora: guerra en España! hace seguir cabreado con Rodríguez y su farsa de la memoria histórica. Es lo que suele producir la verdad desnuda cuando se coloca junto a la mentira pintada como una prostituta.
 

CARTA ABIERTA AL PRESIDENTE: ¡Basta Ya!
NIKO GUTIÉRREZ 25 Marzo 2007

Querido presidente:

Hoy quisiera trasladarte algunas ideas sobre la libertad. El pasado sábado 24 de febrero, sobre las 19.00 horas, me encontraba junto a mi pareja y mi hija de cuatro años y medio mirando escaparates por la Gran Vía de Bilbao, aprovechando los últimos días de las rebajas, cuando de pronto se comenzaron a escuchar unos gritos ensordecedores que decían: «De Juana etxera [a casa]», «PNV español».

La inmensa mayoría de la gente era joven, nada tenía que ver con la última gran manifestación celebrada en Bilbao de apoyo al lehendakari, cuya media de edad rondaba los 60 años, o la manifestación posterior, convocada por Gesto por la Paz y apoyada por los partidos democráticos, a la que no fue casi nadie.

Los cachorros de ETA llevaban paso firme, casi militar. En un momento dado, un grupo de jóvenes cruzó unas macetas muy grandes, tres en concreto, de las que tiene el Ayuntamiento colocadas para engalanar la Gran Vía. Detrás, un grupo de la Ertzaintza hacía su trabajo, intentaba restablecer el orden y la legalidad vigente. Se escuchó un gran número de pelotazos y el ruido de un helicóptero era ensordecedor. La situación era impresionante.

Mi familia, mis escoltas y yo entramos en una tienda que, inmediatamente, bajó la persiana metálica. No nos lo podíamos creer. Desde la primera mitad de los años 80, los etarras no habían tenido el coraje suficiente para extender la violencia callejera al corazón de Bilbao. Esta vez han utilizado hasta El Corte Inglés, del que entraban y salían como un grupo de asalto. Grupos de 10 borrokas, más o menos, iban de un lado para otro, para hacer frente a la Ertzaintza y ponerla en jaque, socializando la violencia, destrozaban todo lo que encontraban a su paso, aterrorizaban a todos los ciudadanos que nos encontrábamos por allí.

Mi hija, al ver que se bajaba la persiana metálica de la tienda y los estruendos que se escuchaban, comenzó a decir: «¿Por dónde salimos?», y término llorando como una magdalena.

Yo, querido presidente, quisiera que me respondieras sólo a tres preguntas: ¿Esta situación es lógica dentro de tu proceso de paz? ¿Consideras que esta situación hubiera podido suceder antes del inicio de tus conversaciones con ETA? Y, por último, ¿estás dispuesto a ponerte frente a una manifestación que defienda mi libertad?

Creo que eres el único responsable de estos acontecimientos. De tu improvisación y de tu ceguera política ha nacido la esperanza de estas bestias. Yo, particularmente, si el principal rublo de la ideología de nuestro partido es la libertad, cada día soy más socialista, por lo que sólo me queda decirte que rectifiques o nos dejes en paz.

Niko Gutiérrez Saíz es concejal del PSE en Ugao-Miraballes (Vizcaya).

La violencia según Otegi
POR GERMÁN YANKE ABC 25 Marzo 2007

Arnaldo Otegi lleva diez años de máxima actualidad desde que, poco antes y en previsión de que fuera encarcelada en noviembre de 1997 la Mesa Nacional, pasó a formar parte junto a Joseba Permach de la nueva gestora de Herri Batasuna. Diez años. En aquel momento, los líderes de los principales partidos políticos se llamaban José María Aznar, Joaquín Almunia, Julio Anguita, Jordi Pujol, Xabier Arzalluz, Carlos Garaikoetxea… Todos ellos se han retirado ya de la política. Sólo Josep-Lluis Carod Rovira, de los aún activos, llevaba unos meses como secretario general de ERC, aunque no fue presidente de esa formación hasta 2004. La relación de nombres, que revela ya el pasado de los partidos con representación en el Congreso, da idea de la continuidad en el liderazgo de Batasuna en estos últimos diez años.

Veterano del mundo etarra
No era nuevo Otegi en el mundo etarra. Perteneció a ETA P-M y fue de los que no quisieron abandonar la violencia cuando esa rama de la banda decidió disolverse y pasar a la política. Pasó por la cárcel por el secuestro del empresario Luis Abaitua. Desde 1995 era parlamentario de HB al sustituir a Begoña Arrondo. Poco después pasaba al primer plano de la organización ilegalizada en 2002. En estos diez años, el portavoz de Batasuna ha dado muestras de una habilidad dialéctica indudable con la que ha conseguido que, en determinados sectores, el inamovible discurso político haya sido visto como un cambio.

Esta percepción ha alcanzado en los últimos meses un nivel distinto, en el marco del llamado «proceso de paz» impulsado por Zapatero, que incluso llegó a definirle como «hombre de paz». Algunas de sus declaraciones recientes han sido presentadas como muestras de que, por utilizar una expresión al uso, «algo se mueve» en la «izquierda abertzale». No es menor la importancia que se quiere dar a estas declaraciones, ya que hasta el mismo presidente concibe sus gestos políticos como un modo de «ganar voluntades» entre las personas del entorno etarra «que están a favor del fin de la violencia y de que se logre la paz».

Esta misma semana, Arnaldo Otegi ha sido de nuevo protagonista al ser absuelto, tras una rocambolesca detención y traslado a la Audiencia Nacional al no haberse personado voluntariamente en el juicio, ya que el fiscal retiró la acusación en la misma vista. El procesamiento respondía a las palabras del portavoz de Batasuna en el funeral de la etarra Olaia Kastresana en el cementerio de San Sebastián en 2001. No es este el lugar adecuado para relatar el debate jurídico —como el que se ha desarrollado entre los magistrados del tribunal y el fiscal— sobre la calificación penal de esa intervención, pero sí creo oportuno recordar su contenido y su significación política. Otegi, en su reconocimiento a la etarra, rinde homenaje —aun negando que sea apología de nada— a los terroristas que, según sus palabras, contribuyen a que se reconozca que «el derecho a la libre determinación», algo «fundamental» para dar paso a «un cambio político».

La consideración del terrorismo como un elemento para conseguir el reconocimiento de lo que se presenta como «un derecho» es una constante en la ideología totalitaria de Batasuna y en la doctrina reiterada por Otegi, como no podía ser de otro modo. Plantear la barbaridad moral de este modo permite, seguramente, la ficción de intentar justificarse éticamente: un fin que justifica y un medio al que ETA se vería obligada, porque no hay otro para conseguir ese objetivo. Y permite, asimismo, con una falacia en la que Otegi es maestro, añadir que se es consciente del dolor que el terrorismo produce, que lo ideal sería lograr esas aspiraciones por otros medios… que se trata, en definitiva, de una violencia «obligada», de «respuesta» a la del Estado, que es «estructural» y la causa de todos los males.

En esa deleznable posición intelectual, que ningún demócrata aceptaría, es en la que encaja la afirmación —hecha el día anterior al juicio en la Audiencia Nacional—, de que ETA no pretende «imponer un Estado independiente mediante la lucha armada», que sería «un error» añade, sino que utiliza la violencia porque «no existen condiciones democráticas para un proyecto independentista». Si hay quienes quieren ver en este tipo de expresiones un avance hacia posiciones no violentas deberían acudir al psiquiatra. Si hay quienes ven un cambio —aunque sea en el planteamiento de dos opciones, la violenta y la política—, además de degradarse a sí mismos, se equivocan.

Yo mismo tuve la oportunidad de entrevistar a Otegi apenas unos meses después de que fuera nombrado portavoz de Batasuna, en 1998. Nada ha cambiado. En aquella ocasión ya dijo que «ETA es una organización que a nuestro entender está al servicio de un proyecto nacional que se llama Euskal Herria», que la violencia era de «respuesta» y que, independientemente de las distintas sensibilidades en HB, «nunca vamos a considerar a ETA una organización terrorista». El problema, como ahora, está siempre en el otro lado —que es el Estado y la democracia, no se olvide—, el que se niega a crear el escenario para la autodeterminación. Y, para los buscadores de novedades, esta frase de aquella conversación: «Si ETA tuviera la tentación de emplear la violencia para imponer un modelo político y social, seríamos los primeros en denunciarlo».

Coincidencia total con ETA
Diez años de coherencia y de coincidencia con la banda. Diez años en los que la palabrería —que responde a un concepto totalitario de la política— jamás ha condenado ni se ha apartado del terrorismo. «Optó por la política» en Anoeta, dicen los buscadores de perchas para dar carta de naturaleza a un cierto entendimiento con Batasuna. Pero la citada proclama es exactamente lo mismo: cambiar el «marco jurídico» para superar el «conflicto», evitar la exigencia de la ley y discutir con Batasuna la autodeterminación y con ETA «la desmilitarización del conflicto». Si esto es optar por la política… «Pero reconoció el dolor de las víctimas», insisten. Bueno, como si la alternativa fuese negarlo. Vuelvo al encuentro del 98: «La lucha armada convulsiona socialmente, genera convicciones políticas diferentes, pero no debería ser en ningún caso una dificultad añadida al proyecto real de construcción nacional». ¿Dónde está el cambio? ¿Dónde lo razonable? ¿Dónde, antes y ahora, el rechazo y la condena del terror?

El PP investigará la matriculación forzosa de una niña colombiana en una ikastola
M. LUISA G. FRANCO. BILBAO. ABC 25 Marzo 2007

El Departamento de Educación del Gobierno vasco informa cada año de un descenso de la petición de escolarización en castellano, lo que justifica el cierre paulatino de las aulas del denominado modelo A. Sin embargo, la denuncia de los padres de una niña colombiana de cuatro años ha sembrado la duda respecto a si es el propio Departamento de Educación el que obliga a los padres que quieren una enseñanza en castellano para sus hijos a matricularles en ikastolas.

El concejal de Educación y Juventud del Ayuntamiento de Portugalete, Juan Carlos Castaño, pedirá a su partido, el PP, que investigue si la matriculación forzosa en una ikastola concertada denunciada por unos padres de su municipio es un caso aislado. Considera que probablemente otros niños inmigrantes hayan sido desviados a ikastolas sin que sus padres, que tal vez ni siquiera conozcan su derecho a escolarizar a sus hijos en castellano, lo hayan denunciado.
En este caso, el padre de la niña colombiana es natural de Cantabria, lo cual posiblemente ha facilitado que tuviera la iniciativa de pedir explicaciones al Departamento de Educación -aunque se negaron a dárselas por escrito- y de denunciarlo públicamente.

Según la información publicada ayer por El Correo, hace poco más de dos meses la niña llegó de Colombia, donde se había criado con su abuela, para residir de forma definitiva con sus padres en Portugalete. Éstos acudieron al centro escolar más próximo a su vivienda y pidieron plaza para su hija. Les informaron de que tenían plazas disponibles y formalizaron la solicitud. El concejal de Educación del Ayuntamiento de Portugalete confirmó a ABC que efectivamente hay plazas libres para la niña colombiana en el centro próximo a su domicilio, que imparte enseñanza en castellano, y aseguró que el colegio no ha rechazado la escolarización de la niña, ni ha tenido nada que ver con su desvío a una ikastola, sino que había sido la Delegación de Educación la que había tomado la decisión de matricular a la niña en un modelo de enseñanza exclusivamente en euskera.

Según la normativa vigente en la Comunidad autónoma vasca, cuando un niño extranjero solicita plaza escolar una vez comenzado el curso, una comisión de escolarización debe estudiar el caso para buscarle la escuela más adecuada. Por tanto, el centro de Portugalete envió la solicitud de la niña colombiana al Gobierno vasco y allí se decidió que la niña debía ir a una ikastola concertada.

Reclamación por escrito
El padre acudió entonces a entrevistarse con la responsable de la comisión territorial de escolarización, quien, según denuncia, no le dejó hablar y le dijo que tenía que presentar su reclamación por escrito. Tras consultar con un abogado, éste le aconsejó que entregara su escrito y que pidiera que le explicaran también por escrito las razones por las cuales negaban a su hija la enseñanza en castellano.

La responsable de la comisión de escolarización no quiso hablar con él, ni entregarle cualquier explicación por escrito y le atendió un «jefe de planta» al que le explicó que quería escolarizar a su hija en castellano, porque la niña no iba a entender nada en euskera y ya bastante difícil iba a ser para ella adaptarse a un nuevo país, cuando hasta ahora había sido criada por su abuela en Colombia.

Lo que más sorprendió al padre es que cuando dijo que quería poder ayudar a su hija con los deberes y participar en sus estudios, ese «jefe de planta» comentó que el gran error de los padres era «inmiscuirse en los estudios de sus hijos».

Los padres de esta niña colombiana han presentado un recurso en la Delegación de Educación contra la decisión de la comisión de escolarización de matricularla en una ikastola concertada, pero todo indica que otros muchos inmigrantes han tenido que asumir cualquier decisión de esa comisión de escolarización, por falta de medios para recurrirla.

El Correo informaba ayer de que más de 3.200 niños inmigrantes se han incorporado a las aulas del sistema educativo vasco durante el presente año escolar. Tienen derecho a hacerlo, sin tener que esperar al inicio del siguiente curso escolar, si bien cuando llegan fuera de plazo su derecho a elegir centro es sólo teórico.

Decae la población en el País Vasco
Editorial ABC 25 Marzo 2007

MERECEN una seria reflexión los datos sobre población en el País Vasco, procedentes del padrón de 2006 y años anteriores. Entre siete y ocho mil residentes españoles nacidos en otra comunidad autónoma abandonan cada año aquel territorio, de manera que la pérdida se sitúa en casi 72.000 personas en la última década. Si atendemos a la Encuesta de Población Activa (EPA) han abandonado el País Vasco en torno a 90.000 trabajadores en los diez años anteriores, siempre en referencia a trabajadores nacionales originarios de otras partes de España. No debemos cerrar los ojos a la evidencia: hay mucha gente que se siente algo más que incómoda ante la presión que el nacionalismo ejerce en su vida cotidiana. La pujanza tradicional de la sociedad y la economía vasca cede ante el debate permanente sobre cuestiones identitarias y ante la presión del nacionalismo, especializado en transformar el aire en una nebulosa irrespirable. La evidente dificultad para el ejercicio de los derechos democráticos y la violencia -real o potencial- sobre representantes y simpatizantes de partidos no nacionalistas crean un clima de intolerancia hacia quienes rechazan la ideología dominante. Es notorio también el ambiente de desconfianza, incluso entre vecinos o compañeros de trabajo, cuando se habla de política. Parece imposible que en el siglo XXI y en la UE exista una sociedad donde no es «prudente» pronunciarse sobre los asuntos públicos. En tiempos de globalización y de sociedades abiertas, el nacionalismo identitario asfixia la creatividad y amenaza el bienestar individual y colectivo. Por eso muchos prefieren marcharse. Unos, pese a su origen y arraigo en el País Vasco, por razones puramente políticas; otros, porque no encuentran allí las oportunidades vitales que buscan.

Por otra parte, la calidad de vida ha mejorado de forma notable en el conjunto de España. Quedan atrás los tiempos de migraciones internas derivadas de razones socioeconómicas. De hecho, los mercados laborales son ahora más dinámicos y activos en las regiones que han sabido adaptarse a la nueva economía que en aquellas que arrastran ciertas secuelas del industrialismo clásico. Nadie puede dormirse en los laureles en un mundo competitivo, en el cual nadie regala nada. Crear problemas a las lenguas de alcance universal o hacer la vida imposible a quienes no aceptan una «comunidad» impuesta por la fuerza es un camino seguro hacia el fracaso. Si los nacionalismos eran ya rancios en su origen por su defensa de una sociedad agraria y tradicional en contra del despegue industrial, lo son ahora mucho más en plena era de la sociedad de la información. No hay que hacerse ilusiones sobre la capacidad de mirar hacia el futuro de una clase política anclada casi siempre en cuestiones ajenas al interés real de los ciudadanos. Sin embargo, las instancias más sensatas y razonables de la sociedad vasca deberían tomar buena nota de estos datos demográficos y buscar soluciones a corto plazo.

El País Vasco pierde cada año entre siete mil y ocho mil residentes nacidos en otras regiones
JUAN FERNÁNDEZ-CUESTA. MADRID. ABC 25 Marzo 2007

«Cualquier investigación estadística sólo pretende describir la realidad del modo más objetivo y riguroso posible». Y de eso se trata. De describir la realidad del País Vasco, de una región de España que ha sustituido en diez años a los residentes nacidos en otras comunidades -que emigran a otros lugares- por población extranjera. El País Vasco pierde cada año entre siete mil y ocho mil residentes que nacieron en otras partes de España, emigraron al País Vasco y optan ahora por desandar el camino. Son las cifras oficiales del Padrón de habitantes, facilitadas por el Instituto Nacional de Estadística. Es la realidad: ha perdido entre 1996 y 2006 a un 12,7 por ciento de la población no nacida allí.

Seis comunidades autónomas han visto decrecer su población española en los últimos diez años: Aragón, Asturias, Castilla y León, Extremadura, Galicia y País Vasco. Todas tienen un crecimiento vegetativo (nacimientos menos defunciones) negativo, pero sólo una de ellas ha perdido población procedente de otras comunidades. Es el País Vasco. De las seis, además de ésta, Castilla y León y Galicia se han encontrado con los principales problemas demográficos, pero en su caso se trata de una cuestión de envejecimiento, ilustrado por los números. Galicia soporta un crecimiento negativo de 92.809 personas, que no puede ser compensado por la inmigración; como en el caso de Castilla y León, con un saldo negativo de 79.692 personas.

Sin signos de fortaleza
En el País Vasco no existe un problema de envejecimiento, y tampoco la balanza negativa es insalvable: 7.630 personas en diez años. Sucede, entonces, que la población nacida en el País Vasco no muestra signos de fortaleza, pero no decae. En los últimos cinco años, ha aumentado la población de vascos que viven en su comunidad en cinco mil personas, a mil por año. Pero el ritmo de los que abandonan la comunidad es superior, y tampoco decrece: siete mil por año. Queda una variable por introducir, la población extranjera, que ha servido para que la balanza entre unos y otros quede casi equilibrada. Desde 1996, los extranjeros han aumentado en 84.428 personas, el número de residentes de otras comunidades ha decrecido en 71.394 y el crecimiento negativo es de 7.630.

Entre las seis autonomías que tienen un crecimiento negativo, la vasca es la única que ha visto menguar los residentes nacidos en otras comunidades. Y entre las tres que han perdido población nacida en otras regiones de España (Cataluña y Madrid son las otras dos), es la única que ha perdido población nacida en España (casi cincuenta mil). ¿Qué sucede entonces? «Sonríe y sé feliz, las cosas podrían ir peor. Yo sonreí, y fui feliz, y las cosas fueron peor». Así ocurre desde un punto de vista demográfico en el País Vasco. La población autóctona no basta (aumento de 22.596 personas en diez años), la española no nacida se va (disminución de 71.394 personas de 1996 a 2006) y la extranjera ha entrado -en comparación con otras regiones- de forma menor.

El Padrón es el mejor instrumento del Instituto Nacional de Estadística para medir las variaciones de población e intentar comprender sus causas. Y las cifras facilitadas a través de ese instrumento son livianas en comparación, por ejemplo, con la Encuesta de Población Activa, que eleva el daño demográfico que padece la comunidad hoy. Ocurre que este segundo instrumento no es tan fiable como el Padrón para medir la realidad de la población. Es fundamentalmente una herramienta económica, pero la visión es válida.

Población activa
Se puede comparar, gracias al INE, la población activa (16 años y más) en la región vasca en el cuarto trimestre de 2006 y en el mismo periodo diez años atrás. La conclusión es evidente: hace diez años estaban dados de alta 535.200 trabajadores procedentes de otra comunidad, cifra que ha quedado reducida a 445.700, casi 90.000 menos. Otra consecuencia de ello es que en toda una década el incremento de población trabajadora residente en el País Vasco se ha limitado a 62.800 personas, un aumento del 3,5% entre 1996 y 2006.

En esta encuesta, como en el Padrón, prácticamente coinciden las principales comunidades de procedencia de residentes. Todas ellas han perdido representación. Por ejemplo, más de treinta mil castellano-leoneses han abandonado el País Vasco. Y no es sólo una cuestión de regiones limítrofes que se intercambian personas cada cierto tiempo. Hay diez mil extremeños menos, siete mil andaluces, siete mil gallegos... Más de mil jienenses y otros tantos cordobeses y sorianos, lucenses...

Movimientos residenciales
Un tercer instrumento es la encuesta de movimientos residenciales, aunque «los datos se refieren a movimientos, no a personas, y podría ser que una persona hiciese varios movimientos», recuerda el Instituto Nacional de Estadística. Teniendo en cuenta tal circunstancia, han existido cerca de doscientos mil movimientos de salida del País Vasco con destino a otras regiones de España o al extranjero en los últimos años.

También hemos acudido a las cifras regionales para ahondar en la situación actual, y han llegado las sorpresas. La estadística de movimientos migratorios realizada por el Instituto Vasco de Estadística (Eustat) choca por completo con el Padrón municipal, la Encuesta de Población Activa y la estadística de variaciones residenciales. Eustat declara un saldo migratorio positivo de entradas y salidas de migrantes procedentes exclusivamente de otras comunidades autónomas, pues entraron 7.404 en el año 2005 y salieron 6.641. Es decir, que el Instituto Nacional de Estadística y el Instituto Vasco de estadística tienen estudios absolutamente opuestos sobre el mismo tema.

Tampoco coinciden en la evolución de los nacidos en la misma comunidad autónoma. El Padrón informa de un incremento de 2.161 personas entre 2004 y 2005 de inscritos nacidos en la zona. Por su parte, Eustat considera que en ese periodo han regresado a la región 5.858 personas que habían nacido allí, mientras que lo han abandonado 10.123. Es decir, que el Gobierno vasco reconoce un saldo migratorio negativo -en lo que se refiere a nacidos en esa comunidad- de más de cuatro mil personas en 2005.

Hace poco más de una década «era una comunidad receptora de población», recuerda José Aranda, asesor del INE y que publicó hace algunos años un estudio clave sobre la demografía del País Vasco. Hoy, aún es una comunidad receptora de población, pero sólo de población extranjera. La realidad se impone. La tozudez de los números. Más de una cuarta parte de los que vivían allí en 1996 habían nacido en otras regiones de España. Ya, no.

Un centenar de jóvenes se ofrecen a UPN para completar las listas más «peligrosas»
BEGOÑA LÓPEZ ABC 25 Marzo 2007

PAMPLONA. Juventudes Navarras ha puesto a disposición de Unión del Pueblo Navarro el nombre de cien jóvenes dispuestos a completar las listas del partido en los municipios en los que las amenazas o el miedo hagan difícil poder completar las candidaturas. El presidente de Juventudes Navarras, Sergio Sayas, mostró en rueda de prensa su esperanza en que esta sea la última vezque se vean obligados a lanzar esta iniciativa, que tuvo su antecedente en los comicios de 2003 «Querrá decir que hemos conseguido una democracia plena», manifestó. Sergio Sayas es uno de los nombres que se incluyeron en los últimos comicios en la lista de UPN en el Ayuntamiento de Berriozar. Sayas lamentó que, tras casi 30 años de democracia, existan «ciudadanos que no se sienten libres para expresar sus ideas y padecen amenazas para integrarse en una candidatura».

En los comicios de 2003 las juventudes ya se ofrecieron para completar candidaturas en localidades donde los vecinos se comprometieran a integrar esas listas. Ese paso adelante lo dieron, entre otros, el propio presidente de Juventudes de UPN en aquellos momentos, Ramón Casado, que salió elegido concejal en el Ayuntamiento de Alsasua, o Sergio Sayas, entonces secretario de Juventudes Navarras, que se integró en la candidatura regionalista en Berriozar y también fue elegido edil de la corporación.

El viernes, el secretario general de UPN, Alberto Catalán subrayó que UPN está recibiendo más solicitudes de afiliación y más gente participa en las actuaciones que promueven. Si bien recalcó que en localidades con alcaldes nacionalistas o de la izquierda abertzale, UPN recibe «tanto o superior» apoyo en los comicios, pero no puede presentarse en la localidad.

«Diccionario esencial»: con menos arcaísmos y localismos
M. C. La Razón 25 Marzo 2007

Medellín- En el Orquideorama del Jardín Botánico de Medellín se presentó el «Diccionario esencial de la lengua española», una versión reducida de la última edición del Diccionario de la Real Academia Española (DRAE). Se han suprimido arcaísmos, localismos y coloquialismos no compartidos por España y América y que sólo tienen un uso verificado en ambos continentes. De los 90.000 términos del diccionario de la RAE se han seleccionado 54.000, los basados en el Corpus de referencia del español actual. A la presentación, además de las ministras de Educación de Colombia y España, Celia María Vélez y Mercedes Cabrera, respectivamente, asistieron el director de la RAE, Víctor García de la Concha, y el presidente del Grupo Planeta, José Manuel Lara.

Una «criatura verbal»
Antonio Muñoz Molina presentó la obra con un discurso en el que recordó cuáles habían sido sus vínculos con este «libro de arena» borgiano. «Como criatura verbal, el diccionario es incomparable», dijo. Un libro «democrático» porque en él pueden estar todas las palabras: «A veces, los tiranos y los ideólogos quieren controlar el idioma porque quieren controlar la vida». Reconoció que ha sido un diccionario inglés-español, que le trajo su padre de un viaje a Madrid, el libro que más le ha influido, porque «me abrió a palabras desconocidas y a nuevos mundos». «Siempre me preguntan -añadió- qué hacemos en la Academia. Nos dedicamos a escribir el diccionario, que es un libro que no tiene un punto final, que es el momento más sagrado del autor porque nos libera durante un tiempo del trabajo. El diccionario es un libro eterno».

Después de la presentación del «Diccionario esencial de la lengua española» -editado, como el de la RAE, por Espasa-, se entregaron los primeros premios de la Asociación de Academias de la Lengua a estudiantes de secundaria, universitarios, a instituciones promotoras de la lectura, bibliotecas o profesores. Uno de los galardones fue entregado por José Manuel Lara.
Al acto asistieron el vicepresidente del Grupo Planeta, José Creuheras, el director general de Espasa, Eduardo Bofill, y numerosos escritores, como Carmen Posadas, Antonio Soler, Andrés Trapiello, Javier Moro o los autores hispanoamericanos que han participado en Medellín en unos debates organizados por Planeta, Federico Andahazi, Martín Caparrós, Federico Jeanmarie, Santiago Kovadloff, Felipe Pigna, Ángela Becerra y Juan Tafur, entre otros.

Siglas como «ABS», acrónimos como «NIF» (en España, Número de Identificación Fiscal) y términos como «abducir», «abrefácil», «amniocentesis», «chat», «cuentarrevoluciones», «internet», «pósit», «rap», «salvapantalla» y «zódiac» figuran entre las novedades del «diccionario esencial». El «mulá» o intérprete de la religión y la ley islámicas se incorpora también.
Los destinatarios de esta obra encontrarán en ella expresiones como «acoso moral» y «acoso psicológico», «droga de diseño», «gol de oro», «malos tiempos para la lírica», «matar al mensajero», «lanzarse, o tirarse, a la piscina», «reproducción asistida», «tarifa plana», «terapia ocupacional» y «vaca sagrada».

Extranjerismos
En cuanto a los extranjerismos, el «Esencial» recomienda no utilizar aquellos que tienen términos equivalentes en español, como sucede con «best seller», «spot» o «top model», que pueden ser sustituidos por «superventas», «anuncio» o «supermodelo».

Son también extranjerismos innecesarios «disc-jockey» (pinchadiscos), «copyright» (derecho de autor), «déshabillé» (salto de cama), «hall» (vestíbulo), «holding» (grupo o sociedad financiera), «lifting» (estiramiento), «leitmotiv» (tema), «lunch» (almuerzo), «mass media» (medio de comunicación) o «speech», sustituible sin problemas por «discurso».
 

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