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Recortes de Prensa     Viernes 6 Abril   2007

ERMUA
Por César Alonso de los Ríos ABC 6 Abril 2007

El golpe ha sido duro. Totorica está por las conversaciones con ETA. Es irrelevante discutir si tiene o no derecho a patrimonializar el nombre de su pueblo. Por supuesto, yo pienso que no, pero ese no es el problema. Lo terrible es que el Ayuntamiento de Ermua esté por las negociaciones con ETA. Además juega en este caso el simbolismo de Ermua. Cosa nada baladí desde el punto de vista propagandístico.

¿Cuál sería la razón por la que alguien podría deslegitimar al Foro de Ermua? Tan sólo porque éste utilizara de forma espuria el nombre de Miguel Ángel Blanco y el «espíritu de Ermua» o porque viniera a dar razón en todo o en parte a los asesinos de aquel o, incluso, porque llegara a preconizar métodos políticos que pudieran cubrir moral y políticamente a ETA.

Y la verdad es que la desautorización que ha hecho Totorica del Foro de Ermua no sólo tiene que ver con esos supuestos, sino, por el contrario, es él quien se sitúa en el terreno de la comprensión a los asesinos de Miguel Ángel Blanco al defender las «negociaciones» del PSOE-ETA. Así que más bien el Foro de Ermua, depositario del «espíritu de Ermua», estaría obligado a denunciar a los que tratan de conducirnos a un nuevo Pacto de Estella, pero esta vez entre ETA y el PSOE. Es el Foro el que debe poner en la picota a Totorica y sus compañeros municipales.

¿Por qué, entonces, digo que las declaraciones de Totorica son un golpe duro aun cuando esté equivocado? Porque la lucha contra el totalitarismo de ETA pasa por el entendimiento de todos los demócratas, que, en términos partidarios, significa un frente de socialistas y populares, y la actitud de Totorica, como la de Patxi López, como la del jefe Zapatero, no sólo no va por ahí sino por las fórmulas más descarriadas y peligrosas.

Las declaraciones de Totorica son una desgracia. Abunda en el pesimismo generalizado. Son un golpe al Estado... de ánimo colectivo. Para animarme a mí mismo pienso en aquel atardecer ominoso, oigo los gritos desesperados de los manifestantes, veo el bosque de manos enharinadas, las lágrimas de los que sabían que Miguel Ángel Blanco sería asesinado porque el Gobierno no podía hacer otra cosa sino defender el Estado de Derecho. De entonces a hoy hemos perdido a Totorica, y esa es una desgracia.

Salir de Ermua para volver a Estella
Por CARLOS HERRERA ABC 6 Abril 2007

AMBAS empiezan y acaban por la misma letra, pero tienen significados políticos muy diferentes. Ermua significó la rebelión contra la dictadura nacionalista, contra el miedo impuesto por los terroristas y sus amigos, y a Estella, pobre mía, le cargaron en su historia haber servido de marco para el pacto entre terroristas y nacionalistas con el fin de lograr la independencia del País Vasco y la anexión de Navarra. Curiosamente, el tiempo ha llevado a que el primer espíritu quede fuera de uso y el segundo recobre vigencia.

El consistorio vizcaíno ha exigido que el Foro Ermua deje de utilizar el nombre de la población por ser un grupo de individuos que «criminalizan el diálogo» y que defienden «intereses bastardos». El Foro, por supuesto, se ha negado. Quien representara en primera persona el dolor y la valentía durante aquellos terribles días de julio, el alcalde Carlos Totorica, es el primer firmante de la invectiva. ¿Tanto ha cambiado el Foro? ¿O, por el contrario, lo que se ha movido es el resto? Tengo la impresión de que un velo de miseria política y moral recubre la connivencia de socialistas y nacionalistas en el consistorio vasco -sí, y de un tonto del PP que pasaba por allí, ya lo sé-. Cuando dicen denunciar la criminalización del diálogo quieren decir, en realidad, que lo que no les gusta es que criminalicen a los criminales. Eso ya no va con los tiempos.

Los criminales se sientan a la mesa de la negociación y nadie debe -y mucho menos con el nombre del pueblo de Miguel Ángel- perturbar la atmósfera de acuerdos posibles. Ahora se trata de no molestar: unos, los nacionalistas, atisban la posibilidad de salirse finalmente con la suya y otros, los socialistas, la de perpetuarse del poder, aunque sea cediendo en los aspectos fundamentales que tanto decían defender años atrás. Ahora mismo, recordar a Miguel Ángel Blanco no es conveniente, ya que hoy que el criminal parece bizcochable. A la par que languidece ese espíritu inolvidable, esa fuerza social que arrinconó a los auténticos bastardos de la historia, reverdece el espíritu del Pacto de Estella, o mejor, de Lizarra. Aquél contubernio consistió, como deberíamos recordar cada día de nuestras vidas, en construir un aeropuerto ideal para que aterrizasen las aeronaves terroristas: establecemos un pacto en el que creamos las bases reivindicativas elementales y negociamos con el Estado mediante la presión de una tregua (trampa). El pacto se desdibujó en cuanto comprendieron unos y otros que el Gobierno de turno no iba a ceder ni un ápice.

Pero los tiempos han vuelto a girar. Muere Ermua, luego puede renacer Lizarra. Con una diferencia: ahora los socialistas gobiernan y no hacen ascos a sentarse a la mesa, como los hicieron cuando estaba Redondo Terreros. Afortunadamente, entre Rodríguez, «El País» y Cebrián se lo quitaron de en medio y dejó de estorbar en este nuevo amanecer. Ahora cabe un diálogo en el que no deben molestar los tocacojones de Buesa, Ezquerra, Aguirre y compañía. Hasta Totorica está en esa operación: la coyuntura es otra y para ella no valen las proclamas de higiene y dignidad que se manejaron en el año 97; es el momento de establecer pautas de beneficio común y olvidarnos de los muertos, que tanto pesan cuando uno se sienta en una mesa con ellos a la espalda.

No ha cambiado el Foro. Se aferran a la revolucionaria manía de seguir defendiendo lo que defendían. Han cambiado los demás, ésos que ahora quieren empadronarse en la Lizarra de nuevo cuño. Se reedita indisimuladamente ese pacto y están dispuestos a cambiarle al espíritu la camiseta. Nunca me fié de ellos, de los Pastores y los Totoricas vascos: estaban ahí forzados por la urgencia y la presión histórica, y algo nos decía que, antes o después, revelarían su incomodidad. Así ha sido. Ya que no pueden cambiarle el contenido al Foro, intentan al menos quitarle el nombre. Una pequeña vileza más.

Ermua y su Foro, la historia de una convicción
Por Jon Juaristi ABC 6 Abril 2007

Las plataformas cívicas vascas nacieron de la universidad pública. En 1996 coincidimos en el homenaje que la Universidad del País Vasco rindió a Francisco Tomás y Valiente, asesinado por ETA, algunos profesores de los tres campus -Bilbao, San Sebastián y Vitoria- que hasta ese momento no habíamos tenido relación entre nosotros (o sólo contactos ocasionales). Allí nos encontramos Fernando Savater, Mikel Azurmendi, Aurelio Arteta, Mikel Iriondo, Carlos Martínez Gorriarán, Juan Olabarría, Javier Corcuera, José María Portillo, Javier Fernández Sebastián y quien esto escribe.

No recuerdo que hubiera nadie más en el grupo inicial. Todos escribíamos con frecuencia en periódicos locales y nacionales; nos leíamos unos a otros y nos citábamos. Hablamos de la conveniencia de coordinarnos, pero no dimos todavía con la fórmula para hacerlo. El nombre del Foro Ermua surgió en septiembre del año siguiente, durante un almuerzo al que asistimos Portillo, Fernández Sebastián, Olabarría, Mari Cruz Mina y yo mismo, aunque eso es lo de menos, porque hasta el trece de febrero de 1998 el Foro no tuvo entidad alguna. Ese día lo presentamos en el Hotel Ercilla de Bilbao como una asociación cuyo fin primordial era mantener el «espíritu de Ermua», dar continuidad en lo posible al movimiento democrático contra ETA que había sacudido las conciencias de los vascos a raíz del secuestro y posterior asesinato de Miguel Ángel Blanco.

Entre los promotores de la asociación ya no había solamente profesores universitarios (aunque el número de éstos se había incrementado). Políticos socialistas y del Partido Popular -como Carlos Totorica, alcalde de Ermua, y Cristina Ruiz- y escritores como Iñaki Ezquerra y Javier Elorrieta se habían sumado a la iniciativa. Mención especial merecen los antiguos militantes comunistas que figuraban en el grupo fundacional: el pintor Agustín Ibarrola, el poeta Vidal de Nicolás, el también escritor y juez Antonio Giménez Pericás y José Luis López de Lacalle, que fue el primer miembro conspicuo de las nuevas plataformas cívicas asesinado por la banda. Viejos luchadores que habían conocido la cárcel mucho antes de que se comenzase a hablar de ETA y que representaban lo mejor del legado ético del antifranquismo vasco.

Pronto advertimos que la unidad iba a ser difícil de mantener. Convergían en el Foro ideologías muy distintas y esa diversidad, unida a la escasez de políticos profesionales, derivó en divisiones tempranas. La posición respecto al nacionalismo fue uno de los primeros factores de discordia, pero no el único. Los que pensábamos que la movilización contra ETA implicaba un rechazo de la política del PNV y EA, que intentaban obtener réditos de aquélla para el soberanismo -era la época del Plan Ardanza-, creíamos también en la necesidad de aproximar a los dos grandes partidos nacionales en el País Vasco y recelábamos, en consecuencia, de quienes trataban de imprimir al movimiento un sesgo de izquierda y se negaban a criticar al nacionalismo en el Gobierno, con la vana esperanza de conseguir incluirlo en un gran frente democrático contra los terroristas y su brazo político.

En este sentido, la tregua-trampa de ETA, entre septiembre de 1998 y noviembre de 1999, resultó catastrófica para el Foro Ermua, que no sólo interrumpió sus recién iniciadas campañas, sino que, además, perdió una gran parte de sus efectivos. El ilusorio alivio producido por la ausencia de atentados mortales -la violencia callejera, lejos de cesar, creció a lo largo del año de la tregua- desmovilizó a muchos de ellos, resignados a soportar las presiones secesionistas del frente de Estella a cambio del cese de los asesinatos, de modo que el retorno de la banda tuvo, en general, un efecto depresivo e inhibitorio.

El mérito de haber invertido esa tendencia a la desesperación impotente corresponde a los disidentes guipuzcoanos del Foro y a Fernando Savater. Éstos formaron en enero de 2000 una nueva plataforma, Basta ya, que se estrenó convocando una marcha contra ETA en San Sebastián. En honor a la verdad, hay que decir que varios miembros del Foro Ermua firmaron la convocatoria, que tuvo así un carácter unitario y un resultado verdaderamente esperanzador.

Bajo una lluvia torrencial, y hostigados sin cesar por la jauría abertzale, más de cien mil ciudadanos recorrieron las calles donostiarras tras una pancarta sostenida por los organizadores y representantes del PSE y del PP. Los partidos del gobierno autónomo declinaron la invitación a unirse a la manifestación, denunciándola como una maniobra antinacionalista, lo que no era el caso: únicamente quien esto escribe había expresado el deseo de que la marcha se convirtiera en un acto de repulsa de la política frentista de los partidos del pacto de Estella (actitud que le valió la reprobación del resto de los convocantes). Sin embargo, las diatribas de Eguíbar y de Imaz contra Basta ya obligarían a replantear la posición de la plataforma ante el nacionalismo en su conjunto.

En los meses siguientes fue asentándose entre nosotros la convicción de que sólo un acuerdo entre los socialistas vascos y el PP sobre la base de la defensa de la Constitución podría frenar la ofensiva nacionalista. De ahí que tanto Basta ya como el Foro de Ermua decidieran apoyar, en las elecciones autonómicas de mayo de 2001, una alternativa constitucional que implicaría un gobierno de coalición entre el PSOE y el PP, de alcanzar ambos unidos la mayoría. Durante un acto conjunto de ambos partidos y de las dos plataformas cívicas en el Kursaal, Savater escenificó dicha alternativa uniendo las manos de los candidatos socialista y popular a la presidencia del gobierno autónomo, Nicolás Redondo Terreros y Jaime Mayor Oreja.

Quizá estas esperanzas pecaban de ingenuas. En plena campaña electoral, Felipe González exigió de Redondo que volviera a entenderse con el PNV, pero está claro que una victoria de los constitucionalistas sobre la coalición gubernamental (PNV, EA e IU) habría hecho posible la alternativa propuesta por las plataformas.

El desplazamiento táctico de los votos de Herri Batasuna dio el triunfo a los nacionalistas, por escaso margen. Redondo fue sustituido al frente del PSE por una dirección partidaria del acercamiento al PNV -en la línea de la nueva estrategia del PSOE para aislar al gobierno de Aznar- y las relaciones entre socialistas y plataformas cívicas fueron enfriándose.

La simbiosis, a partir del otoño de 2001, entre estas últimas y las asociaciones de víctimas del terrorismo proporcionó al PSOE y a los medios de comunicación comprometidos en el acoso a Aznar el pretexto para insinuar desviaciones derechistas en el conjunto del movimiento cívico vasco.

Las insinuaciones se convirtieron en acusaciones explícitas tras la victoria electoral de los socialistas en las legislativas de 2004. El «proceso de paz» exige el silenciamiento de quienes se oponen a la negociación con ETA, a la legalización de Batasuna y a las concesiones políticas, al secesionismo y, por tanto, no es de extrañar que el manifiesto de Basta ya, Foro Ermua y Covite haya suscitado reacciones tan grotescas como la propuesta de los ediles nacionalistas y socialistas de Ermua, exigiendo al Foro que renuncie a su denominación de origen.

La respuesta debería ser ortodoxamente marxista (de los hermanos Marx, quiero decir). Algo así como: «Señores concejales, cambien ustedes cuanto antes el nombre de su pueblo, porque están perjudicando gravemente la buena reputación del Foro Ermua».

Reforma constitucional
Gracián ABC 6 Abril 2007

ES natural que los estados descentralizados sufran, de cuando en cuando, tensiones de rebeldía o desintegración. Y ello hay que preverlo constitucionalmente, sin que tal previsión pueda interpretarse como falta de confianza. Y si el problema a solucionar puede venir de una comunidad autónoma, resulta obvio que el mecanismo corrector tiene que radicar en el poder central del Estado; sería tanto como negar la existencia del Estado, ubicarlo en orbitas internacionales o en plataformas de consenso interregional.

Conflictos de esa naturaleza se dan en diversos lugares y momentos. No hace mucho que el Reino Unido suspendió la autonomía de Irlanda del Norte por uno de ellos. En España, sin ir más atrás del siglo XX, entre 1931 y 1938, los tuvimos dos veces con Cataluña, pero entonces la Constitución de 1931 no contenía remedios singulares, y los gobiernos republicanos, para reconducir las estructuras políticas catalanas dentro de la legalidad, tuvieron que utilizar los resortes del estado de guerra, con soldados y cañonazos.

Y si bien el estado de guerra, como la indeseada cirugía, puede ser necesario en casos extremos, entre el funcionamiento regular de las instituciones corregido mediante recursos y demandas ante los tribunales, y los estados de alarma, excepción, sitio o guerra, que afectan a derechos de los ciudadanos, tiene que existir algún mecanismo especial que permita al Estado afrontar las rebeldías o riesgos para el interés general producidos por los órganos y autoridades de las comunidades autónomas.

Nuestra Constitución de 1978, con su artículo 155, buscó esa vía intermedia que evitara tener que usar los cañones. Pero como hemos vivido aceptando la tesis gratuita y falsa de que lo progresivo es el incremento sucesivo del poder regional y el debilitamiento correlativo de competencias estatales, el precepto quedó olvidado, se guardó silencio, no se desarrolló en treinta años y ni siquiera conocemos que gobierno alguno haya previsto modos de aplicarlo.

Hoy, cuando ya las moderadas autoridades de algunas comunidades hacen advertencias públicas de su disposición a enfrentarse con la legalidad, se hace trascendente darle al artículo 155 de nuestra Carta Magna una mayor claridad y concreción, para que pueda ser directamente aplicable, aunque no se dicten normas complementarias.

Las medidas de intervención pueden responder a situaciones diferentes: una, en que la gravedad o agudeza del problema suscitado por o en una comunidad autónoma haga preciso suspender su régimen estatutario; otra, cuando fuese tan sólo una rama o actividad de la correspondiente comunidad la que motivara -bien por lo que se haga o por lo que se omita- la exigencia de la intervención estatal.

La Constitución ha de otorgar directamente al poder central del Estado amplias facultades para conducir los comportamientos hacia vías de normalidad legal y de acomodo al interés general de la nación, y, entre ellas, de mayor a menor rigor, las de disolución de la cámara legislativa autonómica con decaimiento del Gobierno por ella investido, y las de suspensión del funcionamiento de dichas cámaras y gobiernos, en todo o en parte, según las circunstancias (la intervención no afectará a los tribunales de Justicia porque son y deben seguir siendo estatales).

En todos los casos citados y durante el período de intervención, el parlamento y el gobierno del Estado asumirán las funciones y competencias de los órganos y autoridades comunitarios que hayan resultado afectados. Los funcionarios, entes y empleados dependientes de las autoridades comunitarias con mandato extinguido o suspenso quedan jerárquicamente subordinados al órgano o autoridad del Estado que realice la función sustitutoria, y a sus delegados. Quienes de aquéllos se nieguen a cumplir o resistan a las órdenes de los sustitutos, además de incurrir en infracción muy grave, podrán ser administrativamente apartados de sus funciones, de modo cautelar e inmediato.

La decisión interventora se adoptará cuando los recursos jurídicos ordinarios no sean suficientes para garantizar el respeto efectivo al interés general de la nación. Su intensidad y duración, que se concretarán al aprobar el acuerdo, serán las que se reputen indispensables para conseguir la vuelta a la normalidad, atendiendo a criterios de proporcionalidad respecto de la gravedad de la posición que la reclame.

La iniciativa de la medida corresponderá al Gobierno que, salvo razones de urgencia, deberá haber solicitado dictámenes de los órganos consultivos de superior nivel que puedan pronunciarse sobre las causas de la propuesta; también a una cuarta parte de los miembros de la cámara competente para tomar la decisión, y, asimismo, al Gobierno de alguna otra comunidad autónoma que resulte directamente afectada por el comportamiento que motiva la propuesta interventora.

La decisión podría ser adoptada por el Senado si se garantiza que sus miembros responden al interés del Estado, no siendo así cuando entre senadores representantes de comunidades autónomas y de partidos «regionalistas» ocupen más de un 20 por ciento de sus escaños. En otro caso le corresponderá al Congreso, siempre por una mayoría reforzada, quizá entre la mayoría absoluta y los dos tercios. El acuerdo -como después el de levantamiento de las medidas- habrá de ser publicado en todos los diarios, periódicos y tablones de anuncios o equivalentes de los entes públicos radicantes en la comunidad afectada. No cabrá la suspensión cautelar de la ejecutividad en recursos contra la decisión interventora o contra actos sucesivos dictados por órganos del Estado en el ejercicio de la misma, si se impugna, directa o indirectamente, la adopción, alcance o mantenimiento de la intervención.

Si se hubiera disuelto la cámara legislativa autonómica, al finalizar la intervención, el Gobierno de la Nación convocará nuevas elecciones y continuará ejerciendo las funciones ejecutivas hasta que se constituya gobierno en la comunidad. En los demás casos, concluida la intervención, las instituciones autonómicas recuperarán plena vigencia, si bien las normas y actos que el Estado hubiera producido durante la intervención conservarán su valor como si hubieran procedido de los órganos autonómicos sustituidos.

Gracián. Colectivo que reúne a 60 intelectuales y profesores de reconocido prestigio

Envilecimiento gratuito e impunidad obligada
EDITORIAL Libertad Digital 6 Abril 2007

Si la nueva retirada de cargos contra Arnaldo Otegi llevada a cabo por la servil Fiscalía es una nueva humillación del Estado de Derecho que exige ETA y la "sucia paz" del frente anti PP, la bochornosa solicitud de socialistas y separatistas vascos para que el Foro de Ermua deje de llevar el nombre de la localidad de Miguel Ángel Blanco supone llevar el agravio a las víctimas del terrorismo hasta al terreno de lo simbólico. Vamos que, no contentos con matar el espíritu de resistencia cívica y de fortalecimiento de la ley contra el permanente chantaje de ETA, socialistas y separatistas vascos quieren borrar hasta el nombre de lo que ya es patrimonio de todos los españoles que aspiran a acabar con ETA a través de su derrota.

Ayer la vicepresidenta De La Vega –esa "pobre mujer" que no tiene más coraje moral que ese "pobre hombre" que ha resultado ser el alcalde socialista de Ermua, Carlos Totorika– trataba de compensar su obligado respaldo a esa bofetada simbólica a la memoria y a la familia del edil asesinado, asegurando que el gobierno iba a "examinar con lupa" las listas con la que los proetarras quieren comparecer de nuevo en las elecciones.

La desfachatez de la vicepresidenta es tanto más notoria cuando al tiempo respalda a una Fiscalía que, con lupa o sin lupa, no ve ahora el claro delito de enaltecimiento del terrorismo perpetrado por el "intocable" Otegi en el entierro del etarra Arkaitz Otazua, muerto en 2003 tras enfrentarse a unos agentes de la Ertzaintza a los que había tendido una emboscada en el Alto de Herrera.

Por si fuera esto poco, las lupas colaboracionistas de este gobierno siguen sin querer ver las nuevas pruebas que evidencian el vinculo entre el PCTV y ETA-Batasuna, tal y como demuestra el hecho de que uno de los terroristas detenidos en la operación contra la célula Donosti colaboró en la organización de mítines de ese "intocable" y proterrorista partido.

Y es que para seguir siendo compañero de viaje de los separatistas (incluidos los terroristas) hace falta tal traición a los principios, tal traición al espíritu de Ermua y a la letra de la Ley, que no hace falta lupa alguna para saber que el Gobierno del 14-M insiste en sostenerse en el poder "como sea y con quien sea".

El PNV compite con ETA
ABC 6 Abril 2007

PARALIZADO durante los últimos meses por la dinámica de un «proceso de paz» que en la práctica lo había dejado sin margen de maniobra y que otorgaba a Batasuna la condición de portavoz preferente de las reividicaciones soberanistas, el PNV, en vísperas de la celebración del Aberri Eguna, trata de aprovechar el naufragio de las expectativas gubernamentales de acabar con la violencia para ocupar, a mes y medio de las elecciones muncipales, buena parte del espacio perdido. En un documento elaborado con motivo de la fiesta de la «Patria Vasca», el PNV viene a situar el umbral de sus aspiraciones soberanistas en el mismo plano que la izquierda abertzale, matizadas con el barniz de un engañoso moderantismo, meramente formal, que no consigue ocultar la coincidencia de objetivos con Batasuna. El nacionalismo vasco, consciente del fracaso del «proceso» de negociación impulsado por José Luis Rodríguez Zapatero , retorna a Lizarra y pide a ETA el «cese definitivo de la violencia», instando a la banda terrorista a prepararse para un «final dialogado» dentro de un nuevo marco de «política abierta de cooperación» en el que el autogobierno y Navarra se convierten en objetivos irrenunciables. El PNV recurre incluso a la épica nacionalista para escenificar sus exigencias territoriales y propugnar una «eurorregión vasca, desde el Adour al Ebro y desde las Encartaciones hasta Zuberoa», señala el documento. Naturalmente, el partido de Imaz -como ya hiciera en 1998 tras la ruptura de la anterior tregua- teje su estrategia a partir del acercamiento a la izquierda abertzale, pero controlando los tiempos de una nueva etapa en la que trata de recuperar el protagonismo perdido.

El texto redactado para conmemorar el Aberri Eguna no pasa de ser un compendio del Plan Ibarretxe, la versión abreviada de un proyecto soberanista que ahora se ofrece en edición reducida para subrayar lo esencial sobre lo accesorio, sin que quede duda alguna de dónde sitúa el listón de sus reivindicaciones. El PNV reclama, así, un «poder judicial propio», un «ámbito competencial pleno» y un «concierto ecónomico blindado», pilares sobre los que edificar su plan de autogobierno. El destinatario del documento elaborado por el nacionalismo vasco no es otro que ETA, a la que se dirige desde el convencimiento de que el fracaso del «proceso de paz» deja a la banda terrorista y a la izquierda abertzale en el trance de reorientar su estrategia, que de nuevo encontraría acomodo en el plan soberanista del PNV. Nada es nuevo en la oferta del nacionalismo vasco, que siempre ha demostrado una admirable capacidad de adaptación al modular su discurso en función del paisaje político. El partido que preside Josu Jon Imaz, pasada la etapa en la que le convenía bajar el diapasón del ruido y mostrar su lado más conciliador, vuelve sobre sus pasos para desandar nueve años y colocarse en el punto de partida, con Estella como referencia y guía para volver a intentar un nuevo pacto programático con ETA y su entorno político, en esta ocasión con una diferencia sustancial en relación con 1998: el nacionalismo vasco es consciente de que los límites marcados por Rodríguez Zapatero son infinitamente más franqueables que los que impuso en su día el Gobierno de José María Aznar. El actual jefe del Ejecutivo ha construido durante estos últimos meses un discurso que al nacionalismo vasco le ofrece serías garantías para alcanzar su objetivo. Por eso, el documento redactado con motivo del Aberri Eguna convierte el «cese de la violencia» en el comienzo del «final dialogado», que no dista mucho del eslogan acuñado por Rodríguez Zapatero: «Primero, la paz, y luego, la política». El nacionalismo vasco le toma así el palabra al presidente del Gobierno e impulsa el proyecto soberanista de Ibarretxe utilizando los cauces fijados por el propio Ejecutivo cuando todavía creía en la ensoñación de una paz negociada con ETA.

El PNV ha visto la ocasión propicia de recuperar su proyecto soberanista, y sus guiños a la banda terrorista resultan indiciarios del camino elegido para lanzar otro órdago a un Gobierno sobrepasado por su propia impericia. Con una ETA consciente de que el PNV trata de llevarla a su terreno, el nuevo escenario coloca en una nueva y compleja encrucijada a Zapatero, ahora también presionado por la respuesta de la banda terrorista al guante lanzado por el nacionalismo.

Caza de brujas
Por Miguel Torres ABC 6 Abril 2007

UTILIZAR la memoria histórica como revancha desemboca siempre en caza de brujas, como ratifica una vez más la crisis abierta en Polonia, cuyo último incidente por ahora es la nueva ley por la que se obliga a más de cuatrocientos mil polacos a confesar si colaboraron con los servicios secretos comunistas. La depuración ideológica emprendida por los hermanos gemelos Kaczynski (Lech, presidente de la república, y Jaroslaw, jefe del gobierno) ha llevado la crisis a la Iglesia, institución básica en Polonia, y amenaza con una desobediencia civil masiva por parte de cuantos profesionales han sido conminados a la confesión pública para depurar responsabilidades. Hombre tan poco sospechoso como Lech Walesa, artífice de la democratización polaca y paladín en la lucha contra el comunismo en los momentos más difíciles, ha dicho: «tenemos a un imbécil como presidente».

Este propósito de los hermanos Kaczynski de abrir las heridas del pasado hace recordar un caso absolutamente antagónico, el pulso y la generosidad con que se asumió de una forma mayoritaria el presente y el pasado durante la transición española, y el realismo con que las fuerzas de la oposición abordaron entonces la construcción de un nuevo régimen. Siempre recordaré una cena que tuvimos, apenas iniciada la transición, en un restaurante de Madrid, un grupo reducido de periodistas con Felipe González. Uno de nuestros colegas conminó al joven secretario del partido socialista a una política de total ruptura: «Felipe -le dijo con vehemencia- cuando llegues al poder tienes que hacer una purga de todo funcionario civil o militar que haya colaborado con el franquismo». A lo que serenamente repuso Felipe González : «Mira, sin duda no has tenido tiempo de meditar bien lo que acabas de decir. No se puede purgar a nadie. Hay que sacar esto adelante entre todos».

Polonia fue el primer país dentro del bloque soviético en el que la oposición, fieramente liderada por Solidaridad, logró un acuerdo con el gobierno para que aceptara unas elecciones en las que se produjo una aplastante victoria del partido inspirado por Lech Walesa. Aquel acuerdo, denominado Mesa Redonda, establecía una «raya gruesa», en virtud de la cual no se podía procesar todo el pasado ni descabalgar a todos de sus puestos. Los enemigos de este acuerdo, firmado en febrero de 1989, cuando aún no se había producido el hundimiento general del comunismo, sostienen que debió esperarse. Nueve meses después de la Mesa Redonda polaca, el 9 de noviembre de aquel mismo año, caía el muro de Berlín y arrastraba al imperio soviético. Pero cuando los polacos firmaron el comienzo de su libertad no se podía predecir el colapso comunista. Esos polacos críticos, entre los que se encuentran los hermanos Kaczynski, son los que ahora han comenzado su caza de brujas contra todo sospechoso de colaboración con el régimen anterior.

La víctima más espectacular, hasta ahora, de esta ofensiva ha sido Stalislaw Wielgus, al que hicieron renunciar al arzobispado de Varsovia para el que había sido nombrado por Benedicto XVI, acusándole de colaborador y espía durante veinte años con los servicios secretos. Wielgus había sido reclutado por los comunistas cuando estudiaba Filosofía en la Universidad católica de Lublin. Quería ampliar estudios en el extranjero y la policía le concedió el permiso de salida a cambio de un compromiso permanente como informador político que, al parecer, se extendió a toda su carrera eclesiástica. Su renuncia al arzobispado de Varsovia ha abierto una crisis en la iglesia polaca, la institución más importante de un país donde el noventa y cinco por ciento de sus habitantes son católicos, y en cuya iglesia ha habido míticos representantes de resistencia al comunismo como los cardenales Wyszynski, Woityla o Glemp.

Es lamentable que el esfuerzo de Polonia por un despegue económico que consolide la democracia política se vea distraído por una crisis como la desencadenada por los hermanos Kaczynski, que no lleva a ninguna parte.

El derecho a recibir clase en castellano
Asociación Tolerancia  6 Abril 2007

Si algún incauto creyó que el nuevo tripartito catalán iba a atenuar su criterios lingüísticos, se verá defraudado por la información que hoy publicamos. Un año más, los impresos de preinscripció n repartidos por la Consellería de Educación para el curso que viene no incluyen una casilla para aquellos padres que deseen que sus hijos reciban clase en castellano. Esta circunstancia ignora las peticiones de diversas asociaciones, incumple dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y vulnera la propia Ley de Normalización de 1998, que reconoce el derecho de los niños a ser educados en su lengua materna. Al negarse a incluir la casilla de la discordia, la Generalitat impide que se haga un cálculo aproximado de los padres que demandan clases en castellano y torpedea el ejercicio de un derecho constitucional. Y mientras, el Gobierno central mira para otro lado.

El 'Govern' incumple de nuevo las sentencias que le instan a preguntar por la lengua habitual
La hoja de preinscripció n para la educación primaria del curso 2007-2008 obvia las recomendaciones del TSJC y no incluye la casilla que facilitaría que los padres pudieran educar a sus hijos en castellano
DANIEL G. SASTRE El Mundo 6 Abril 2007

BARCELONA.- La Generalitat ha vuelto a desoír las recomendaciones del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y en las hojas de preinscripció n para la educación primaria del curso 2007-2008 no pregunta por la lengua habitual del alumno. Por culpa de esa omisión, que persigue evitar la segregación por idioma en las aulas catalanas, se hace casi imposible conocer la cantidad de niños cuya lengua materna es el castellano y, por tanto, poner medios para que, si todos decidieran -como es su derecho- exigir la primera enseñanza en ese idioma, pudiera llevarse a cabo.

La legislación de la propia Generalitat es clara. Según la Ley de Política Lingüística de 1998, publicada durante el mandato de Jordi Pujol, «los niños tienen derecho a recibir la primera enseñanza en su lengua habitual, ya sea ésta el catalán o el castellano». El texto también dice que «la Administració n ha de garantizar este derecho y poner los medios para hacerlo efectivo», y que «los padres o tutores lo pueden ejercer en nombre de sus hijos instando a que se aplique».

Todo ello no es obstáculo para que el catalán sea considerado lengua vehicular de toda la enseñanza en Cataluña. Sin embargo, el primer varapalo para el modelo de la Generalitat, llamado de inmersión lingüística, llegó ya en septiembre de 2004, cuando una sentencia del TSJC, que respondía a la interposición de un recurso contencioso- administrativo por parte de la asociación Convivencia Cívica Catalana, instaba al Departamento de Educación a añadir «un par de nuevas casillas en el impreso de preinscripció n».

El juez estimaba entonces que esa fórmula «coadyuvará a la mayor efectividad del derecho, [...] aumentando razonablemente los medios necesarios para hacerlo efectivo y facilitando su ejercicio por padres y tutores».

El Departamento de Educación, dirigido entonces por la consejera de Esquerra Republicana Marta Cid, presentó un recurso contra la decisión del TSJC. Posteriormente, sin embargo, el mismo tribunal ha fallado en contra de la política lingüística en las escuelas catalanas en dos ocasiones más.

En diciembre de 2005, otra sentencia advertía a la Generalitat de que sería «sumamente fácil cumplir con su obligación» de dar a los padres de los alumnos la opción de elegir el idioma en que quieren recibir la educación primaria hasta los ocho años. El TSJC recordaba entonces que «la técnica de las casillas en el impreso de solicitud la emplea [el Departamento de Educación] sin ningún reparo para facilitar el ejercicio de otro derecho, el relativo al tipo de enseñanza religiosa que desean los padres para sus hijos».

En febrero de 2006, y tras publicar EL MUNDO que una escuela de Badalona no daba clases de Lengua Española en los primeros cursos de Educación Primaria, el Alto Tribunal catalán obligó al centro a impartir cuatro horas de enseñanza de esa asignatura a los alumnos, además de a dar atención individualizada en castellano a un alumno de siete años -cuyo padre había impulsado la queja- para que superase las asignaturas impartidas en catalán.

Pero la Generalitat ha vuelto a reincidir este año, en el que, al igual que en el anterior, en el impreso sólo se pregunta por las «lenguas que entiende» el alumno, y no por la habitual. Las asociaciones que buscan aumentar la presencia del castellano en las aulas ya se preparan para una nueva batalla legal.

EN CONTRA DE VARIOS FALLOS JUDICIALES
El Gobierno catalán vuelve a omitir la casilla sobre el idioma de escolarización en los impresos para el curso 2007-2008
El Gobierno catalán insiste en incumplir las sentencias que le instan a garantizar el derecho de los escolares a recibir la Enseñanza Primaria en su lengua habitual. La Generalidad ha vuelto a omitir en los impresos de pre-inscripción del curso escolar 2007-2008 la pregunta sobre la lengua habitual del alumno, según informa El Mundo este viernes. Desde 2004, distintas resoluciones judiciales vienen exhortando al Govern a que incluya en los impresos una casilla en la que los padres puedan indicar el idioma en el que quieren escolarizar a sus hijos. "Por culpa de esa omisión", señala el mismo diario, "se hace casi imposible conocer la cantidad de niños cuya lengua materna es el castellano y, por tanto, poner medios" para escolarizarles en ese idioma.
Libertad Digital 6 Abril 2007

La Ley catalana de Política Lingüística de 1998 establece que "los niños tienen derecho a recibir la primera enseñanza en su lengua habitual, ya sea ésta el catalán o el castellano". La misma norma obliga a la Administración a "garantizar este derecho y poner los medios para hacerlo efectivo".

En 2004, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña –recuerda el diario El Mundo, en su información de este viernes–, instó al Departamento de Educación a añadir "un par de nuevas casillas en el impreso de preinscripción" escolar.

Esta medida, se decía entonces en la resolución judicial, "coadyuvará a la mayor efectividad del derecho" de elección del idioma de escolarización, "aumentando razonablemente los medios necesarios para hacerlo efectivo y facilitando su ejercicio por padres y tutores".

Un recurso de la Generalidad ha dado lugar a dos nuevos fallos judiciales contra la política lingüística en las escuelas catalanas. Así, en diciembre de 2005 –recuerda El Mundo– "otra sentencia advertía a la Generalidad de que sería sumamente fácil cumplir con su obligación de dar a los padres de los alumnos la opción de elegir el idioma en que quieren recibir la educación primaria hasta los ocho años".

El TSJC reparaba en el hecho de que "la técnica de las casillas en el impreso de solicitud la emplea el Departamento de Educación sin ningún reparo para facilitar el ejercicio de otro derecho, el relativo al tipo de enseñanza religiosa que desean los padres para sus hijos".

A pesar de éstos y otros antecedentes de incumplimiento de fallos judiciales, El Mundo informa que la Generalidad "ha vuelto a reincidir este año, en el que, al igual que en el anterior, en el impreso sólo se pregunta por las lenguas que entiende el alumno, y no por la habitual. Las asociaciones que buscan aumentar la presencia del castellano en las aulas ya se preparan para una nueva batalla legal".

El PNV aspira a una región vasca «desde el Adour hasta el Ebro»
J.F.C. ABC 6 Abril 2007

El Partido Nacionalista Vasco, en vísperas del Aberri Eguna (Día de la patria vasca), ha asumido como propias las reivindicaciones de ETA en su negociación con el Gobierno, desde la apetencias anexionistas de Navarra al autogobierno pleno, incluido un poder judicial propio. En un documento dado a conocer ayer por la mañana, exige «un autogobierno como el definido en la propuesta de nuevo estatuto político aprobado por el Parlamento vasco en diciembre de 2004», el llamado Plan Ibarretxe. En este documento elaborado para el día de la patria vasca, que se celebra el próximo domingo, el PNV propugna una política que vaya conformando «Euskal Herria como una eurorregión vasca, desde el Adour al Ebro y desde las Encartaciones hasta Zuberoa», en lo que serían los cuatro puntos cardinales de su propuesta de país.

La secretaria de la Ejecutiva del PNV, Josune Ariztondo, fue quien difundió las exigencias expresadas en el manifiesto: un acuerdo político con el Estado sobre la base de una bilateralidad efectiva, un poder judicial propio, un concierto económico blindado y su propio país porque «sociedad vasca es la comunidad autónoma, es Nafarroa y es Iparralde». De hecho, los nacionalistas reconocen «el objetivo de la construcción nacional como una tarea constante, sin pausa y con determinación».

Referencias a Blair
En ese texto, el PNV asume sus afanes. «Somos una nación que no está dispuesta a someterse a nadie, en la misma medida y por las mismas convicciones por las que tampoco pretende imponerse contra nadie». Resume su pensamiento con palabras ajenas: «Como decían los foralistas: «ni tú sobre mí, ni yo sobre ti»». Y se acoge a otras palabras, «manuscritas por Tony Blair en un ejemplar del Scotland Act, en la sede del Parlamento de Edimburgo: «Scotland and England together on equal terms»».

Sus ideas se desarrollan en las siguientes líneas: «Propugnamos una política abierta de cooperación que vaya conformando Euskal Herria como una eurorregión vasca, desde el Adour al Ebro y desde las Encartaciones hasta Zuberoa, que desarrolle un tejido urbano con calidad de vida y un sistema de transporte que unirá el tejido urbano Donostia-Vitoria-Bilbao-Pamplona-Baiona, gracias a la Y Vasca. Este es nuestro modelo de autogobierno para los próximos años: capacidad de decisión, compromiso en el pacto y corresponsabilidad, participación en todos los niveles de decisión y apertura al exterior».

Modelo de convivencia
Desde el punto de vista de relaciones con España, reivindican «un acuerdo político que defina un modelo de convivencia, y un marco de relaciones con el Estado sobre la base de una bilateralidad efectiva, garantías y condiciones de lealtad. El pacto y la no-imposición es el procedimiento por el que se constituyen las reglas de juego en las sociedades avanzadas». En definitiva, «un acuerdo que desde el respeto a los marcos institucionales actuales, siente las bases del autogobierno para la nueva Europa que ya se va conformando».

Lo que supone volver al conocido como Plan Ibarretxe, tal y como especifica el PNV en este documento: «Un autogobierno como el definido en la propuesta de Nuevo Estatuto político que aprobó en diciembre de 2004 el Parlamento Vasco. Un acuerdo que determine un poder judicial propio y el ámbito competencial pleno necesario para desarrollar la identidad en el mundo abierto que se va conformado, en los ámbitos de educación, lengua y cultura».

Desde el punto de vista económico, el PNV pretende «un concierto económico blindado cuyas decisiones normativas tengan carácter de ámbito fiscal propio y, por tanto, los recursos a las mismas en cualquier ámbito (sea judicial o europeo) sólo puedan ser cuestionados en los mismos términos que los de otro sistema general. Un sistema social y de seguridad social, complementado con una política fiscal solidaria, necesarios para mantener los ámbitos de solidaridad en un entorno amplio de competencia global. Y, en definitiva, un Concierto Político que asegure garantías jurídicas plenas y sistemas de arbitraje bilaterales sobre el cumplimiento de este pacto».

Tiempos de ETA
El manifiesto recuerda tiempos pasados, ya tres meses «desde que ETA golpeó el proceso de paz, un proceso que se había comenzado a construir sobre bases sólidas» y anuncia el fin del «ciclo vital de ETA». Los nacionalistas consideran nuevos deberes «en esta hora de Euskadi». Deben, desde su punto de vista, «atender a los cambios en el entorno político y sociológico que ha apoyado a ETA durante demasiados años y que ahora espera el anuncio del cese definitivo de la violencia. Percibe, cada día con mayor claridad, el error de la violencia política y es cada vez más consciente del riesgo de que tal obstáculo entierre definitivamente su referencialidad política y anule su valor añadido en la vida sociopolítica de Euskadi». A partir de ese momento, el PNV defiende un futuro político de Euskadi, en exclusiva «acordado entre las formaciones políticas vascas y ratificado por la ciudadanía» mediante el cual obtengan como resultado «una Euskadi con voz y presencia propias en las instituciones europeas».

Nadie se sorprende ya. El PNV recupera el Plan Ibarretxe y se suma a las aspiraciones de Batasuna y ETA en su negociación con el Gobierno. La función ya está escrita y el domingo será representada.

Nuevos ataques contra una sede del PSE-EE en Barakaldo y un cajero en Pamplona
EFE | BILBAO ABC 6 Abril 2007

La violencia callejera ha vuelto a hacer acto de presencia esta noche en el País Vasco y Navarra. Un grupo de desconocidos lanzó tres artefactos incendiarios contra la sede que el PSE-EE tiene en el polígono La Paz del barrio de Cruces, en Barakaldo (Vizcaya) mientras que otras tres botellas inflamables dañaron un cajero exterior de una sucursal del Banco de Vasconia en Pamplona.

El suceso de Barakaldo, explicó la policía, se produjo a las 23:52 horas y de los tres artefactos lanzados solamente dos llegaron a explosionar. La deflagración causó daños en la persiana de la sede socialista y también en una ventana de la vivienda situada justo encima, en la se quemó la persiana y se rompió el cristal.

El ataque en Pamplona se produjo hacia las 6,00 horas de hoy en el cajero exterior de la sucursal de Banco de Vasconia en la calle Esquíroz. La Policía Nacional ha analizado los restos de las botellas incendiarias y ha recabado testimonios de los vecinos de la zona para tratar de identificar a los autores de los hechos.

La Delegación del Gobierno de Navarra manifestó su condena de este ataque y señaló que, según los indicios con los que trabaja la Policía Nacional, se trata al parecer de un acto de violencia callejera.

El paragüero de Otegi, en prisión
D.M. P.M. ABC 6 Abril 2007

Este individuo, que fue detenido a la una y media de la tarde del pasado sábado en Rentería (Guipúzoca) era responsable de propaganda de Batasuna y como tal era el encargado de organizar algunos de los actos de la coalición ilegalizada. En uno de ellos, celebrado en diciembre último en Oyárzun, su imagen saltó a las páginas de los periódicos al ser el individuo que protegía a Arnaldo Otegi de la lluvia con un paraguas.

Ahora, cuando los agentes del Servicio de Información de la Guardia Civil le identificaron como miembro del «comando Donosti», no pudieron evitar una sonrisa al comprobar que el etarra era el paragüero del dirigente batasuno. Lezcano está en prisión incondicional por orden del juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, que le acusa de un delito de pertenencia a banda armada.

En el momento de su detención a este individuo se le intervino abundante material de propaganda de la formación ASB, con la que Batasuna pretende comparecer a las elecciones municipales del mes de mayo. Pero además Lezcano colaboró en el montaje del acto del BEC en Baracaldo y aportó las banderas con el logotipo de la nueva marca de los proetarras.

El juez Moreno, en su auto de prisión explicaba que Lezcano había trabajado también para el Partido Comunista de las Tierras Vascas. Para esta formación el ahora detenido realizó labores similares a las que había hecho durante todo este tiempo para Batasuna.

Por otra parte, ayer se supo que el jefe del «comando Donosti», José Ángel Lerín, y el también «liberado» Alejandro Zorbaran «Txarlas» cruzaron la frontera de Behovia el mes de mayo del año pasado en bicicleta para evitar ser detectados por las Fuerzas de Seguridad. Estos individios tenían la orden expresa del jefe militar de ETA, Garikoitz Aspiazu Rubina «Txeroki» de montar la infraestructura de un nuevo comando y buscar objetivos.

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