AGLI

Recortes de Prensa     Lunes 16 Abril   2007
Conferencia del P. Jaime Larrínaga en Vigo
Xoán Xulio Alfaya Periodista Digital 16 Abril 2007

Les transmito la nota enviada por Vigueses por la Libertad. Lo de anteponer la "P" antes del nombre del conferenciante es cosa mía, no de Vigueses. Es que yo siento mucho respeto por los buenos sacerdotes y a la mayoría los trato de usted. Así como a los malos, cuando los veo, me hago el despistado para no saludarlos, a los buenos los aprecio sincera y profundamente. Aparte del contenido de la nota, magníficamente redactada -como todo lo que hace Cristina Losada, todavía más perfeccionista que yo-, les recomiendo personalmente la asistencia a la conferencia. Se lo van a pasar muy bien y van a aprender mucho. Hombres íntegros quedan pocos. Si viene uno a visitarnos, acojámoslo con los brazos abiertos. Galicia es y será siempre un país hospitalario y acogedor.

NOTA DE VIGUESES POR LA LIBERTAD
Estimados amigos:

El sacerdote Jaime Larrínaga, que tuvo que abandonar el País Vasco ante el acoso de los nacionalistas, es el próximo invitado del ciclo de conferencias de esta asociación, y estará el miércoles, 18 de abril, a las 20:00 horas, en la Sala de Conferencias del Círculo Mercantil, en la calle del Príncipe. La entrada será libre.

Larrínaga fundó el Foro El Salvador  junto con un pequeño grupo de sacerdotes y seglares que decidieron denunciar el terrorismo desde su condición de cristianos, ante la ambigüedad de la iglesia vasca frente a la banda terrorista ETA. En su conferencia tratará de dar respuesta a la pregunta: "¿Hay una solución para el País Vasco?".

Larrínaga fue el párroco de la localidad de Maruri hasta que su claro posicionamiento contra la ETA le valió la animadversión de los partidarios de la banda criminal y de los nacionalistas. Amenazado por ellos, fue el primer sacerdote que hubo de llevar escolta en España. Al cabo, tuvo que trasladarse a vivir fuera del País Vasco.

En esta charla-coloquio en Vigo, Jaime Larrínaga hará una reflexión sobre la situación española y la específica de la comunidad vasca, afectada por la incidencia de un terrorismo que además de causar casi 1.000 muertos, ha conducido al exilio forzoso de unas 300.000 personas. Ello permite hablar de la imposición allí, por parte de la ETA, de "una dictadura del terror" que es selectiva, dado que sólo afecta a los no nacionalistas. El menor número de atentados mortales en los últimos tiempos no ha cambiado esa situación y Larrínaga considera "inmoral" decir que en el País Vasco hay, en estos momentos, ausencia de violencia. Asimismo, afirma que el gobierno de la Nación, en su afán por negociar con los terroristas, ha pervertido la palabra "paz", vaciándola de su contenido.

Larrínaga, que es patrono de la Fundación para la Defensa de la Nación Española, considera que la defensa de una Constitución con reformas que impidan el chantaje nacionalista a los partidos mayoritarios, es el camino para solucionar el problema vasco y el de todas las demás regiones, y resolver positivamente la crisis que vive ahora España.

Como en otras ocasiones, nos gustaría contar con su presencia y con su colaboración para difundir esta convocatoria.

Un saludo cordial.
Cristina Losada, Presidenta de Vigueses por la Libertad


Del PSOE a ETA
El discurso real, pero encubierto
Pío Moa Libertad Digital 16 Abril 2007

"Señores de ETA:

La extrema derecha española insiste en que el diálogo, la negociación, entre ustedes y nosotros es imposible, y sin embargo nosotros creemos que compartimos puntos en común lo bastante importantes como para afirmar rotundamente lo contrario.

En primer lugar, tanto ustedes como nosotros nos proclamamos socialistas, y ese solo hecho permite concebir una amplia plataforma de entendimiento. Tanto ustedes como nosotros somos conscientes de la existencia de lo que hemos denominado "océanos de injusticia y de pobreza", y sabemos perfectamente a qué concretos intereses de tipo imperialista obedece tal situación. Conocemos también los remedios, que nuestra común conciencia socialista nos inspira: la solidaridad de los oprimidos frente a la explotación y la opresión de los débiles y los marginados. En ese sentido, ustedes y nosotros también podemos y debemos ser solidarios.

Otro punto, de vasto alcance, que nos separa de la extrema derecha y nos acerca a ustedes, es la cuestión de la unidad de España. Para los reaccionarios se trata de un tabú, pero nuestro espíritu abierto y progresista nos permite comprender las reivindicaciones de ustedes y la necesidad de corregir una serie de injusticias históricas. No hacemos de la unidad de España una vaca sagrada, lo cual no obsta para que propugnemos, por razones de estrategia política, mantener un barniz unitario que permita a nuestro partido participar en las elecciones y apoyarnos después mutuamente, ustedes y nosotros, en la obra de gobierno frente a la derecha españolista. Entendemos muy bien que ustedes deseen separarse de una España retrógrada, pero piensen que una fórmula como la que proponemos, un estatuto como el catalán, incluso profundizado, convertiría en residual el estado central, admitiría una serie de naciones y supondría a efectos prácticos la independencia de Euskadi, Cataluña etc.; y al mismo tiempo nos permitiría a todos, en Euskadi y en España, afrontar al enemigo común. Con una separación total, esa posibilidad se desvanece y todos saldríamos perjudicados.

Nuestra posición al respecto queda de relieve también en el tema secundario, pero no irrelevante, de los símbolos. Habrán apreciado ustedes que en nuestras manifestaciones nunca aparece la bandera española, sino la de la república asociada a la roja de los oprimidos y explotados. Como puede suponerse, esto no es casual, pues entra en una larga tradición. El PSOE nunca fue un partido españolista, sino internacionalista, y republicano, no monárquico, y por ello abierto a las justas reivindicaciones de ustedes.

Otro punto del máximo interés consiste en la oposición de ustedes a la Constitución. Tampoco nosotros convertimos la Constitución en una vaca sagrada, máxime cuando sabemos que no dejó de ser una imposición del franquismo que por entonces no estábamos en condiciones de impedir. Ustedes habrán sabido entender que nuestro esfuerzo por recuperar la memoria histórica, es decir, el sano espíritu republicano y progresista, va precisamente contra la línea de flotación de la Constitución actual. También se habrán percatado, esperamos, de nuestro esfuerzo por controlar los tribunales adecuados, el Constitucional, el Supremo y otros órganos judiciales –han tenido buena prueba de ello en el caso de su militante De Juana Chaos–, con vistas a frustrar las maniobras reaccionarias. En estos puntos creemos que también nuestros intereses coinciden en lo esencial.

Queda la espinosa cuestión de las acciones armadas. Tampoco compartimos en este punto la posición supuestamente de principios de la derecha, y nuestra activa, y creemos que bastante eficaz, lucha contra la AVT y otros grupos retrógrados dan buena fe de ello. Además, quizá ignoren ustedes que nuestro partido, desde su fundación, no ha dudado en apoyar y a menudo practicar ese género de acciones. Nuestro fundador, Pablo Iglesias, expuso claramente su respaldo a cualquier atentado contra el ultraconservador Maura y durante la huelga revolucionaria de 1917 el PSOE no vaciló en realizar acciones armadas. Una de ellas, un descarrilamiento de tren, precisamente en Bilbao, causó decenas de muertos y heridos, tributo doloroso, pero justificado en la lucha por un porvenir mejor para la Humanidad.

Durante la república, nuestras juventudes suprimieron a numerosos elementos fascistas, y ustedes recordarán que el ajusticiamiento de Calvo Sotelo fue obra de nuestros hombres. Algún seudohistoriador, pagado por la caverna, insiste en acusarnos de haber organizado la guerra civil, porque así consta en nuestros documentos. Por razones de estrategia electoral nos interesa negarlo, pero ustedes y nosotros comprendemos fácilmente que se trató de una necesidad histórica, de la que nos sentimos íntimamente orgullosos. Hoy, sin embargo, quizá no sea preciso recurrir a aquellos métodos, siempre que las fuerzas progresistas del país sepamos marchar juntos y distinguir con claridad el enemigo principal.

Hace pocos años nuestro partido practicó nuevamente lo que ustedes mismos han llamado terrorismo de estado, en el caso GAL. Fue, desde luego, un error, porque abría innecesariamente una brecha entre ustedes y nosotros, pero no fue practicado con el fin de destruirles, sino de empujarles a negociar, cosa a la que ustedes se mostraban entonces sumamente reacios. No nos importa reconocer nuestro fallo, pero ustedes deben admitir que no siempre han acertado en su táctica. En todo caso aquellos trágicos accidentes no debieran ser obstáculo para nuestros acuerdos, ahora que las condiciones políticas han madurado tan notablemente, después del suceso del 11-M.

Nada importante, pues, se opone, si miramos la situación con espíritu abierto, a una colaboración entre ustedes y nosotros con vistas a una alianza estratégica que aleje para siempre el peligro de la reacción. Quisiéramos, por último, hacerles conscientes de que la extrema derecha, aunque básicamente derrotada, sigue siendo un enemigo temible, y podría darnos sorpresas desagradables si no sabemos distinguir todos cuáles son nuestros auténticos intereses, poniendo en segundo plano los motivos de discordia entre nosotros, secundarios a fin de cuentas.

Con un saludo cordial,
El Gobierno del Estado español."

¿Qué describe mejor la realidad, este discurso imaginario o las engañifas oficiales?

Al chantaje lo llaman paz
EDITORIAL Libertad Digital 16 Abril 2007

Dos concejales del Partido Popular, el matrimonio formado por Ramón Gómez y Vanessa Vélez, se han visto forzados a abandonar sus cargos como concejales de San Sebastián y Lasarte, respectivamente, porque se encontraban en una lista de la muerte de ETA. Irónicamente, su vida, que habían dedicado a luchar por la libertad de sus conciudadanos, estaba ligada a la de Ignacio de Juana Chaos, por la macabra decisión de la banda asesina. Tienen derecho a abandonar la política como lo tienen a ejercerla desde el único partido de la oposición al chantaje nacionalista. Pero el hecho de que la rama asesina del mismo haya logrado torcer la primera decisión de ambos muestra hasta qué punto ETA sigue ejerciendo el terror. La muerte de los ciudadanos que sólo quieren vivir en libertad como argumento para la negociación; la paz convertida en antítesis de la libertad como señuelo para la consecución de sus planes de secesión y terror; más terror.

En eso queda el proceso de paz de Zapatero. En que la libertad sigue siendo el valor más escaso en el País Vasco y que las amenazas de ETA tienen toda la credibilidad que le falta a Zapatero cuando introduce la palabra paz en sus cansinos discursos. La constatación de que el chantaje criminal sigue ejerciendo su poder hace aún más grandes las figuras de quienes continúan en la lucha después de haber visto morir a manos de ETA a sus amigos y compañeros.

Mientras el partido de oposición al nacionalsocialismo imperante pierde concejales por la eficaz amenaza de ETA, la representación de los etarras en los consistorios renovados desde el próximo 27 de mayo está virtualmente asegurada porque el Gobierno volverá a hacer lo que sea con tal de que el grupo criminal no cumpla de nuevo su chantaje. De este modo, mientras que el libre ejercicio de los derechos políticos no está asegurado para quienes quieren ejercerlo en defensa de su propia libertad y de la de sus conciudadanos, el Gobierno busca fórmulas para que quienes la conculcan no encuentren en la Ley un obstáculo a sus deseos. Hemos llegado al punto en que la amenaza terrorista sigue siendo eficaz, pero no tenemos al Gobierno como valedor de los derechos de los ciudadanos, sino en víctima voluntaria de dicho chantaje.

Resulta obvio que el objetivo de la banda asesina consiste en expulsar al Partido Popular del País Vasco, un partido que, como el sector de la población que representa, no tiene cabida en la nueva Albania en que quieren convertir este rincón de España. Pero estamos en un momento en que resulta necesario decir en alto, sin miedo a repetirse, las mayores obviedades, como hace Jaime Mayor Oreja, que contra sus más profundos deseos ha visto cómo acertaba una y otra vez en su análisis sobre el papel de ETA en esta transición desde la democracia que promueve Zapatero con el complemento táctico de la banda. En manos de la sociedad española está evitarlo.

El PNV se retrata
Editorial ABC 16 Abril 2007

LA entrevista con Ibarretxe que ayer publicaba el «Diario Vasco» es fiel reflejo del desconcierto del PNV ante el protagonismo creciente de ETA y su entorno, magnificados por Zapatero al poner en marcha el sedicente «proceso de paz». El PNV intenta como puede no perder su papel en el desarrollo de los acontecimientos. De ahí que el lendakari vuelva a la carga con la reclamación de una «consulta democrática» sólo entre los vascos, un eufemismo que encubre lisa y llanamente un referéndum de autodeterminación, o que Joseba Egibar apueste directamente por «plantar cara» a los Estados español y francés . Todo ello supone, en definitiva, reconocer al País Vasco un poder originario -se le llame o no «soberanía»- para decidir el futuro a su manera, sin contar con el resto de España. Se trata, por tanto, de resucitar el fallido plan soberanista que rechazó el Congreso de los Diputados por abrumadora mayoría después de una aprobación bajo mínimos en el Parlamento de Vitoria. Han cambiado mucho las cosas desde entonces, y lo peor que le puede pasar al PNV es verse relegado por la izquierda abertzale para hablar y actuar en nombre de «todos» los vascos, de acuerdo con esa inaceptable identificación que unos y otros practican entre el territorio, la población y los partidos que representan sólo a una parte de los ciudadanos. No hace falta repetir los argumentos ya conocidos para rechazar una propuesta ilegal e ilegítima. En todo caso, debería presentarse como lo que es, es decir, una superación del marco constitucional vigente que no reconoce otra soberanía que la atribuida al pueblo español.

Merece también una seria reflexión otra afirmación que aparece en la entrevista. Dice Ibarretxe que las iniciativas políticas deben continuar, con independencia de que ETA siga o no amenazando a los políticos no nacionalistas. Es difícil asumir que en pleno siglo XXI y en el marco de la Unión Europea se considere normal -o, cuando menos, irrelevante- que un amplio sector de los ciudadanos, así como sus representantes, no puedan defender las propias ideas sin temor a la violencia y sin ser perseguidos y acosados hasta convertir en imposible la vida cotidiana. Da igual, al parecer, que haya gente amenazada, que muchos tengan que llevar escolta y que no puedan participar con naturalidad en debates o actos públicos. El lendakari, al que se debería suponer presidente de todos los vascos, tiene objetivos de largo alcance que no van a ser perturbados por unas cuantas amenazas de más o de menos. El más alto representante del Estado en la comunidad autónoma -por tanto, de un Estado social y democrático de derecho, como proclama la Constitución- se muestra insensible ante la falta de libertades públicas y deja bien a las claras cuál es el objetivo último del nacionalismo vasco.

ERC y terrorismo
Terra Lliure: punto y seguido
José García Domínguez Libertad Digital 16 Abril 2007

Como cada año los catalanistas radicales han celebrado su 14 de Abril. Una efeméride que para ellos nada tiene que ver con el recuerdo de la II República – algo castizamente español al cabo–, sino con la proclamación el mismo día de un tan efímero como fantasmal Estado catalán a cargo del coronel Francesc Macià. Así, el Excelentísimo Ayuntamiento de Santa Coloma de Cervelló (Barcelona) aprovechó la jornada para honrar con una placa y la dedicatoria del nombre de una calle a Jaume Martínez Vendrell. El consistorio quiso rendir de ese modo un sentido homenaje institucional al organizador de los asesinatos de Josep Maria Bultó y Joaquim Viola, crímenes ambos para los que Martínez Vendrell ideara la muy ingeniosa técnica de las bombas adosadas al pecho con esparadrapo.

Por su parte, la televisión pública de Cataluña prefirió festejar la jornada con un extenso reportaje hagiográfico a mayor gloria de Terra Lliure. Una ONG que, según las cámaras de Montilla, jamás practicó nada lejanamente parecido al terrorismo. Pues, a decir de TV3 y Euskal Telebista – coproductora del evento–, sus comandos estaban integrados por unos probos "activistas" que apenas se vieron envueltos en "doscientas acciones armadas". Gentes, por lo demás, cargadas de razón y buenos sentimientos. Como el "activista" Josep Serra, que, ante la mirada complaciente del director del programa, realizó el siguiente esfuerzo pedagógico con tal de explicar a los espectadores la "acción" sobre Federico Jiménez Losantos: "En un determinado momento las cosas se tienen que parar y, por tanto, hacía falta un cierto nivel de violencia respecto a esa gente, entre otras cosas porque nada más entienden ese lenguaje". Repare el lector en la cuidada elección de los tiempos verbales a cargo del "activista" Serra. Esa predilección por el uso del presente: "las cosas se tienen que parar", "sólo entienden ese lenguaje".

Por lo demás, la tesis de Serra avala en lo fundamental la de otro "activista" de Terra Lliure y de ERC, Jaume Fernández Calvet. Y es que sostiene Fernández, a su vez marido de Teresa Aragonés, también vieja "activista" y actual secretaria general de la Función Pública de Cataluña, que la "acción" sobre Losantos se redujo a una "detención" seguida del "posterior escarmiento". Según cuenta en su libro el patriota Fernández, aquella orden de detención vino de arriba. O sea, de la dirección de Terra Lliure, donde por entonces se entretenía diseñando escarmientos Jaume Oliveras, el ex presidiario y mano derecha de Puigcercós que acaba de ser nombrado número dos de la Consejería de Gobernación. Si bien ese Oliveras sólo ejerce como alter ego del jefe en la Administración. Porque el hombre de confianza de Puigcercós en el partido sigue siendo Xavier Vendrell, el célebre gárrulo alopécico que fuera antaño jefe de los aparatos militar y de explosivos de aquella entidad benéfica.

En fin, enternecedora a la postre la firme condena de Jordi Pujol a la "lucha armada" durante el homenaje. Especialmente, cuando las cámaras ofrecieron la imagen fugaz de Jordi Vera, otro "activista" de la dirección de Terra Lliure que él mismo fichó para que le organizase la sección de Convergencia Democrática de Cataluña en el sur de Francia. Lo dicho, todo muy enternecedor.

Ibarretxe, contra la ley
Germán Yanke Estrella Digital 16 Abril 2007

Juan José Ibarretxe, definitivamente, es un iluminado que ni repara ni respeta la ley. Cada vez que levanta la voz se muestra como un adversario de la democracia y del concepto de ciudadanía. Su partido no puede con él y, aunque sea el mejor agente para cargarse esa chusca estrategia de “seducir a España”, termina por aceptar sus planes —lleven o no su nombre—, paradigmáticos ejemplos de la amenaza totalitaria maquillada con palabras como “pueblo” y “derechos históricos”.

Ahora dice que convocará una consulta popular en el País Vasco esta misma legislatura. Es, añade, la consulta que prometió como final del mal llamado “proceso de paz”, que, como se ve, no consistía en el fin de la violencia sino más bien en la autodeterminación. A mí me duele ver al lehendakari del Gobierno vasco convertido en un botarate que se salta la ley y sus competencias para proporcionarle a ETA, vía instituciones vascas, el programa que no logra imponer por las armas.

Esa insistencia de Ibarretxe en “dar la palabra al pueblo” es, además, el modo más patente de mostrarse como un enemigo de la democracia, como si lo que bobamente se llama el “estatus actual” no fuera fruto de la voluntad democrática de los ciudadanos, una voluntad, además, manifestada, como debe ser, bajo el principio de legalidad. Todo ello propone saltárselo Ibarretxe con un descaro espeluznante.

Todo el Plan Ibarretxe, que el PNV quiere ahora reivindicar de nuevo, es una estratagema (ajena a la ley, no se olvide) para sustituir el programa de ETA por uno similar que tenga el marchamo de todos los nacionalistas. Lo mismo ocurrió en el Acuerdo de Estella. En vez de combatir el terrorismo y sus amenazas políticas, se propone dar por bueno su programa para que dejen de matar.

Ha sido siempre igual e igual de lamentable. Lo especialmente pernicioso hoy es que se quiera dotar de legitimidad a estas ocurrencias de Ibarretxe, que el Gobierno de España y el PSOE, en vez de combatirlo, le quieran convertir en parte fundamental de un “proceso” cuyo resultado nunca podrá ser ni la democracia ni la libertad.

Carod Rovira
Bailando con lobo... tomizados
Juan Carlos Girauta Libertad Digital 16 Abril 2007

Se levanta Carod un buen día, se asoma al balcón, respira hondo, se carga las pilas mesiánicas, recuerda el papel histórico que se ha asignado, se pone estupendo y exclama que el Tribunal Constitucional no es más que "una docena de magistrados que se reúne a seiscientos kilómetros" de Barcelona. El resto va de suyo: órgano tan tosco y tan ajeno no puede desvirtuar el Estatut.

Claro, claro. Los lobos y sus corderos se excitan: ¿cómo van a enmendarle la plana esos doce tipos a todo un pueblo? Pero el argumento definitivo es la distancia. Seiscientos kilómetros son... demasiados. Ya se sabe, a medida que uno se aleja, la legitimidad se va perdiendo. Si bien se mira, la distancia lo es todo para el nacionalismo. Especialmente para uno tan pequeño como el de Carod.

Inútil recordarle al conseller de la Vicepresidència que lo que cuenta son las funciones del tribunal que él despacha tan a la ligera (y que, por supuesto, incluyen decidir sobre la constitucionalidad de la ley orgánica llamada Estatut). Inútil ilustrarle sobre el origen de la legitimidad, o sobre su alcance. "Doce magistrados reunidos a seiscientos kilómetros" es una buena frase para la propaganda. Tendrá éxito. Claro que también podría describirse al TC como un grupo de bípedos con bazo, para que suene más rara y más excéntrica la posibilidad de que los designios de ese peculiar colectivo se interpongan en el destino sagrado de la patria catalana.

No nos cansemos. Con el nacionalismo no hay nada que hacer. Nada absolutamente. Es muy posible que algún día se salgan con la suya. Conste que, si así sucede, será por insistencia, por pesadez, por aburrimiento y cansancio mortal del adversario. Constatemos la inutilidad absoluta de la argumentación jurídico-política, la incomodidad de discutir con quien se presenta constantemente como víctima, los efectos devastadores de la manipulación de la historia y el largo cultivo de la pedagogía del odio.

Si se rinde homenaje a terroristas como el que le pegó la bomba mortal en el pecho al empresario Bultó, si los componentes de Terra Lliure se enorgullecen de su pasado sin escándalo social, si hasta los chavalines futbolistas de ocho años le hacen ascos al himno de España es porque la enfermedad ha llegado demasiado lejos, y seguramente es incurable.

Pues nada, Carod, hombre, lo que usted diga. A doce magistrados que viven a seiscientos kilómetros no hay que hacerles ni caso. Espero que comprenda, por su parte, que uno no se sienta vinculado por las decisiones de media docena de terroristas sin arrepentir cuando se disponen a diseñar el futuro de todos. Aunque estén, por desgracia, a dos kilómetros de casa. Y que, como hace usted con esos "magistrados", uno no se deje impresionar por los cargos públicos que ahora ostentan varios zurupetos vestidos de Armand Basi.

Vindicación del Foro de Ermua
POR GERMÁN YANKE ABC 16 Abril 2007

COMO me propongo escribir hoy sobre algo con lo que me siento comprometido, quizá convenga aclarar desde el principio que no puedo ser objetivo, aséptico en el fondo y despegado en la forma. Tampoco quiero. Cuando un grupo de profesores e intelectuales vascos, muchos de ellos amigos míos, fundaron el Foro de Ermua y abrieron sus puertas a otros, no quise tomar parte en la iniciativa. Me pareció entonces que el periodismo se ejercía mejor alejado de militancias y de otros compromisos asociativos.

De entre los miembros del Foro, dos de ellos (Javier Elorrieta y José Luís López de Lacalle, a quienes yo mismo había presentado) me animaron repetidamente a sumarme al Foro y me resistí una y otra vez. Me resistí, la verdad, hasta que uno de ellos, José Luís López de Lacalle, amigo inolvidable y admirado, fue asesinado por ETA.

Me sentía -y me siento- muy especialmente unido a él y, tras aquellas jornadas dramáticas, creí estar de algún modo obligado a sustituirle, al menos en parte, sin duda con menos capacidad y méritos, en sus múltiples y valientes iniciativas en defensa de la libertad en el País Vasco. Si ETA había querido apartarle, otro debía ocupar su lugar. Pedí al poeta Vidal de Nicolás, que presidía el Foro de Ermua en lo que podemos llamar su segunda etapa, y desde entonces lo he sentido como algo propio. Con Vidal de Nicolás y más tarde con Mikel Buesa he formado parte hasta hoy de su Junta Directiva.

Quizá algunos de quienes llevan las riendas del Foro habrían deseado que mi colaboración fuera más activa pero, además de perezoso, debo ser refractario al intenso activismo que despliegan. No lo apunto para distanciarme, sino para mostrar mi admiración y para afirmar, ahora sí con una cierta objetividad, que los que ahora sostienen y empujan verdaderamente el Foro de Ermua lo hacen, paradójicamente, con más dificultades y sacrificio que cuando nació.

Ya no cuentan con el apoyo, aunque haya sido de distinta intensidad a lo largo de estos años, de los dos grandes partidos. Hay cosas que el Gobierno y el PSOE no quieren oír ahora, por mucho que hayan sido dichas en el pasado por ese mismo partido, y se ha puesto en marcha una poderosa maquinaria para convertir al Foro de Ermua y a muchas otras asociaciones cívicas y constitucionales en enemigos de un quimérico «proceso de paz».

El último episodio de este lamentable acoso es la pretensión socialista y nacionalista para que el Foro de Ermua deje de utilizar el nombre de la localidad que se hizo tristemente famosa por el asesinato de Miguel Ángel Blanco y afortunadamente memorable por simbolizar la rebelión ciudadana contra la violencia y el totalitarismo. Que el alcalde socialista de Ermua, Carlos Totorika, haya alentado ese absurdo (después de haber sido siempre apoyado por el Foro en su gestión política y por muchos de sus miembros en sus aspiraciones en el socialismo vasco) es todo un síntoma del ambiente hoy imperante, de cómo hay muchos que, por pusilanimidad o interés inmediato, se orientan hacia lo políticamente correcto, hacia lo que está bien visto por el poder, hacia lo que rinde personalmente. Quizá no haya otro modo de hacerlo que tapándose los oídos.
Albert Camus, que se empeñó en recordar a las víctimas del nazismo tras la Guerra Mundial como fundamento de la justicia que debía imperar, escribió que la soledad que sentía, y que más allá de él mismo presagiaba peligros, no era tanto que muchos no quisieran decir lo que él decía, sino que muchos más no quisieran escucharlo. El Foro de Ermua padece hoy esa saludable soledad, y es por ello más admirable.

Jamás se me ocurriría sugerir que las propuestas del Foro constituyen un dogma o el resultado de un indubitable proceso científico. Son opiniones. Pero opiniones que se encuadran en el marco de la defensa de la ley y de las libertades. Su discurso no se formula contra ninguna idea legítima y, contra las acciones que considera ilegales, acude a los tribunales. En la batalla que libra, no se opone a otras opiniones que estén en el mismo territorio, sino a ideas y acciones que responden a esquemas antidemocráticos y violentos.

Se puede, claro, no coincidir con el Foro de Ermua, pero no tiene justificación no querer escuchar sus puntos de vista o discutir serenamente con sus representantes, sin olvidar, además, que, en la confrontación con el nacionalismo y la violencia, son las víctimas. Menos aún considerarles obstáculos para la paz, sea lo que sea lo que se quiere señalar con esa palabra. La bajeza de ese «ambiente» al que me refería antes se constata muy bien en el color del cristal gubernamental con el que se contempla la realidad. A unos se les ve, porque parece necesitárselos para un «diálogo» esperpéntico e indigno, como «hombres de paz» o «partidarios del proceso». Son los que desprecian la vida y se oponen a la democracia. A otros, sin embargo, como agitadores y obstáculos para determinados planes. Son los que han defendido siempre la libertad y se han opuesto a las pretensiones de la barbarie nacionalista, los que precisan la protección de la Policía por la amenaza terrorista.

¿Qué planes pueden ser esos? ¿Qué «diálogo» es el que puede defenderse con esos presupuestos y esas consecuencias?
En los últimos días, y sólo pretendo llamar la atención sobre dos ejemplos entre cien, Antonio Aguirre es golpeado en los testículos por pretender que los tribunales apliquen la ley, y Nerea Alzola, por defender sus ideas, aparece en una diana amenazadora. Quien dude a estas alturas dónde están los fanáticos padece una espantosa ceguera moral.
«Distorsionan la realidad, exageran, crispan», oigo decir. Como si parte de la indignidad fuera presentar «otra» realidad. Vladimir Jankelevich rememoraba, en su cruzada contra el olvido, una mañana de domingo en el Bois-de-Boulogne en el París ya ocupado por los nazis.

Allí un matrimonio endomingado, un poco más allá unos niños jugando, voces, risas, una pareja de enamorados, paseantes con planes personales, el estreno de unos zapatos. Y él, abatido, sentado en un banco, temeroso de ser detenido por los invasores. ¿Qué París -se preguntaba- era el verdadero? El suyo, sin duda, porque si todos los demás supieran el contenido de la persecución que sufría, no pasearían así, ni reirían, ni podrían olvidarse de la realidad. Las propuestas del Foro no son dogmas, pero el mundo en el que vive es más real que el de los displicentes defensores del «diálogo».

Sólo pretendía hoy reivindicar a los perseguidos y sostener su batalla, que sepan que somos muchos los que podemos decirles aquello de Ortega a Unamuno cuando le echaron del rectorado de Salamanca: «cuente usted con mi pluma y mi mal genio».

Marruecos
A Zapatero le sobra España
Agapito Maestre Libertad Digital 16 Abril 2007

¿Por qué Zapatero reconoce que Marruecos tiene derechos de soberanía sobre las aguas marítimas del Sáhara? Por el mismo motivo que reconoce que el Sáhara es un territorio de Marruecos, la Provincia Sur, como es llamada por Marruecos. ¿Por qué tanta entrega a Marruecos? Porque es una manera de trocear España. En verdad, Zapatero cede y cede todos los derechos que le asisten a España en esa zona, porque Zapatero no quiere otra cosa que una España débil para llevar a cabo su principal proyecto político: una confederación de naciones ibéricas. Por eso ha entrado a saco en este asunto. Si antes dijo que Marruecos tenía la soberanía del Sáhara Occidental, no veo razón alguna para que ahora no reconozca que las aguas del Sáhara también son marroquíes.

El Derecho Marítimo Internacional dista mucho de ser una doctrina clara y distinta. Más bien, como demuestra la historia reciente, es un terreno propicio para que los políticos obscuros y ambiguos respecto a los objetivos "democráticos" cometan sus mayores tropelías. Los "gobernantes" marroquíes han hecho de él un campo particular para chantajear a la UE y, por supuesto, a EEUU a la hora de conceder licencias de prospección a empresas petroleras norteamericanas. Las declaraciones de Zapatero en Canarias atribuyéndole a Marruecos la soberanía de lo que son aguas marítimas del Sáhara Occidental se inscriben en este contexto de manipulación de un ámbito sensible del Derecho Internacional.

Porque Zapatero sabe perfectamente que el nomos del mar, por decirlo en términos schmittianos, está aún muy alejado de ser comparable en términos de racionalidad al nomos de la tierra, trata de utilizarlo pro domo sua, sí, más a favor de sus intereses particulares y privados que los de su nación. Imita Zapatero con tanto descaro la conducta autoritaria de Mohamed VI respecto a sus súbditos que, en opinión de muchos observadores imparciales, cuesta no preguntarse por los intereses particulares del presidente del Gobierno en esta opción a favor del monarca de Marruecos.

No obstante, sospecho que mientras la utilización torticera de los derechos de los saharauis por parte del régimen de Marruecos podría tener repercusiones "beneficiosas" para el pueblo de Marruecos, en el caso español podrían verse profundamente dañados los derechos de los ciudadanos españoles. Cuando Zapatero define las aguas del Sáhara Occidental como "caladeros marroquíes", no sólo está traicionando los derechos saharauis sino los españoles. Es cierto que las críticas a esas palabras no se han hecho esperar en el ámbito de los analistas de política internacional, entre otras razones históricas, porque Zapatero abandona, o mejor, no respeta el compromiso histórico de mediación que España había adquirido en este conflicto.

Así las cosas, no creo que sea aventurado preguntarse: ¿no será este reconocimiento a Marruecos una primer paso para ceder más tarde los derechos de soberanía sobre Ceuta y Melilla y, quizá, sobre Canarias? ¿Exagerado? No, sencillamente, realista en el plano de las ideas. ¿O acaso ese tipo de cesiones no favorece el único objetivo político de Zapatero que es la desaparición de España, sí, de la nación española como una nación libre y democrática en el seno de las naciones europeas y mundiales?

Sáhara
La almoneda de ZP
Isabel Durán Libertad Digital 16 Abril 2007

En Tenerife, Zapatero culminó la consumación de una traición histórica no sólo de su partido y de toda la izquierda española, sino de la propia política exterior del todavía reino de España respecto a la antigua provincia española del Sáhara Occidental. Ha calificado los caladeros de pesca saharauis como marroquíes, una definición que contraviene diversas resoluciones de Naciones Unidas, los acuerdos internacionales y la opinión de todos los técnicos en derecho internacional, que vienen repitiendo que las aguas internacionales del Sáhara no son propiedad de Marruecos y que, por lo tanto, no puede disponer de ellas al estar todavía en litigio legal. La ONU no ha decidido aún de quién son esas aguas, pero Zapatero, postrado de hinojos ante los intereses del rey moro, ya se las ha adjudicado al reino alauita.

No ha sido un lapsus. Es el modo en que Zapatero ha logrado que Mohamed VI autorice a nuestros pesqueros a faenar en esas demarcaciones. El hecho de que no le pertenezcan le importa un bledo al rey de Marruecos y, de paso, al inquilino monclovita. Nunca desde la muerte de Franco un gobernante español había reconocido la soberanía marroquí en esas aguas y, por ende, en aquel territorio.

Zapatero ha puesto España en almoneda y vende sus traiciones a granel. Los españoles, forzados a admitir la traición de Zapatero, abandonamos definitivamente a los saharauis y entregamos Gibraltar a cambio de pactos felones, indignos y perversos, de difícil vuelta atrás. Con el presidente de la España residual la oportunidad para los enemigos de la nación la pintan calva. Cuando ZP salga de La Moncloa, de España no van a quedar ni las raspas.

La nueva indignidad se ha consumado desde un partido, el PSOE, que siempre se ufanó de ser el mayor defensor del Frente Polisario. Eso sí, como siempre, será mejor que sigan todos callados, no sea que les ocurra lo que al representante de Asociación Amistad con el Pueblo Saharaui, que osó interrumpir al presidente en el mitin tinerfeño acusándole de haberles vendido y fue sacado a rastras del recinto. Un ejemplo más de la democracia deliberativa que rige dentro y fuera del partido de ZP.

Comisión del 11-m, dos años perdidos
Editorial ABC 16 Abril 2007

LAS últimas declaraciones del secretario de Organización del PSOE, José Blanco, sobre la responsabilidad del PP por el 11-M demuestran que los socialistas siguen dispuestos a no renunciar a nada con tal de mantener viva la crispación generada tras el atentado terrorista. En respuesta a Mariano Rajoy, quien había pedido que el Gobierno se tomara en serio la amenaza integrista, Blanco le espetó ayer que «ojalá se hubiesen preocupado de ese asunto antes del 11-M», e insistió en que el PP metió «al país en una guerra que ha aumentado los riesgos». Se trata, como es obvio, de insistir en que el atentado fue culpa de la guerra en Irak y de la imprevisión del Gobierno. Teniendo en cuenta que, el día antes de que ETA volara la Terminal 4 de Barajas y asesinara a dos ciudadanos ecuatorianos, el presidente del Gobierno anunció un año mejor que nunca y unas navidades sin bombas, José Blanco y, en general, el PSOE deberían dejar de juzgar las imprevisiones y mentiras ajenas.

En relación con el terrorismo integrista, todo el mundo debió preocuparse antes. Estados Unidos, antes del 11-S. Gran Bretaña, antes del 7-J. Pero cuando el terrorismo islamista ya comenzaba a ser objeto de investigación judicial y preocupación política en España, no pocos acusaron al PP de estar inventando un fantasma como coartada para su apoyo a la política exterior de George Bush. Incluso el PSOE incorporó a la fraseología histórica su chiste sobre el «comando Dixán», el de aquellos islamistas que tenían materiales teóricamente útiles para fabricar explosivos caseros. Finalmente, cinco de ellos fueron condenados a trece años de prisión por integración en banda armada.

Además, el Gobierno socialista tiene pendiente la planificación de una verdadera política contra el terrorismo islamista. De hecho, dos años después de concluida la Comisión de Investigación sobre el 11-M, creada en el Congreso de los Diputados, el Ejecutivo no ha cumplido la mayoría de las resoluciones aprobadas por los parlamentarios. Izquierda Unida, socio preferente de Rodríguez Zapatero, va a promover diversas iniciativas para impulsar el cumplimiento de esas recomendaciones, ante la pasividad del Ejecutivo. Aunque siempre fue evidente que aquella Comisión fue un fraude parlamentario cometido por el PSOE para condenar políticamente al Partido Popular, habría sido posible obtener de ella algún beneficio si el Gobierno hubiera atendido las conclusiones que todos apoyaron, incluido el PP, si bien los populares votaron en contra por no estar de acuerdo con las acusaciones contra su gestión entre el 11 y el 13 de marzo.

La falta de reformas y decisiones concretas por parte del Ejecutivo han convertido en papel mojado las conclusiones de la Comisión. Sólo en relación con las víctimas y con el ámbito policial se han ejecutado algunas de sus recomendaciones; ninguna de carácter legal ni político. Y no lo ha hecho el PSOE porque la creación de una política específica contra el terrorismo islamista exige compromisos que son incompatibles con la demagogia y la superficialidad del discurso general del Gobierno sobre el islam y las relaciones internacionales.

El combate contra el terrorismo islamista tiene múltiples frentes, pero Rodríguez Zapatero ha quemado la imagen de España en muchos de ellos. Por ejemplo, es precisa una actitud de lealtad hacia los aliados occidentales, pero el PSOE optó por salir de Irak a la carrera y por escamotear apoyos en Afganistán. Es necesario reforzar la identidad política del Occidente democrático, pero Zapatero ha apostado por una mezcolanza irreconocible con pretensiones solemnes en la Alianza de Civilizaciones. Tampoco se ha avanzado en la implantación de recursos institucionales, como se pedía en las conclusiones de la Comisión, mediante la comparecencia bianual del presidente del Gobierno para definir la estrategia antiterrorista, la creación del Comité Estatal de Crisis, la elaboración de nuevos protocolos de actuación coordinada del Estado y las Comunidades autónomas o la reforma de la Comisión Delegada del Gobierno para situaciones de crisis. Mientras tanto, el PSOE persiste en mantener el 11-M como un arma arrojadiza contra el PP y no como la primera agresión terrorista en Europa, en el contexto de una campaña global de la yihad internacional contra las democracias occidentales.

Al Andalus es España, y lo demás tierra conquistada
Pascual Tamburri  elsemanaldigital 16 Abril 2007

Quién nos iba a decir, atrapados entre ETA y el 11-M, yendo de Herodes a Pilatos, que los protagonistas de la campaña electoral española no iban a ser Zapatero, Rajoy, Otegi y ni siquiera De Juana Chaos: el personaje político del momento es Osama bin Laden.

Existe una religión llamada Islam. Dentro del Islam hay comunidades que creen firmemente que su fe debe defenderse, o difundirse, por la fuerza. Es lo que el Islam hizo en sus primeros siglos de vida, y siempre que ha podido después. Hay musulmanes extremistas que creen que es una grave blasfemia contra la fe revelada que tierras y lugares que en un tiempo fueron de los musulmanes (es decir, se integraron en Dar-al-Islam) hoy estén en manos de los infieles. Esos musulmanes, que no son pocos, creen en la bondad de la guerra santa para rescatar las tierras de la Umma, la comunidad de los creyentes.

Desde el Cantábrico hasta Mindanao y desde Kazán al Golfo de Guinea: no es el producto de la imaginación febril de Bin Laden, sino un diseño político y religioso muy coherente. En el Islam no hay límites entre una cosa y otra, y el proyecto de deshacer la Reconquista y de devolver la frontera del Califato a los Pirineos –tal y como lo proclama Al Qaeda- es una realidad con la que nos tocará convivir. Hay miles de musulmanes dispuestos a morir para que las cosas sean así, y no dar respuesta a ese plan es tanto como aceptarlo.

Enemigos de Europa: el relativismo
No hay que dramatizar. En peores nos hemos visto, como país. España fue invadida hace trece siglos, enteramente conquistada e integrada en el mundo islámico y su identidad –romana, goda y cristiana- sólo sobrevivió en una rústica e improbable resistencia montaraz. Ocho siglos costó deshacerlo, y no sin cicatrices. La Europa unida alberga hoy a veinte millones de musulmanes, en constante crecimiento. Pero aún no son un poder político, ni una mayoría social.

Ahora bien, si el papa Benedicto XVI considera a este respecto que "desafortunadamente, uno debe saber que Europa está caminando por una carretera que le puede llevar a su desaparición" es porque desde un cierto punto de vista las cosas están peor que en 711. Europa está más poblada, más armada y es más rica y prestigiosa que en el primer siglo del Islam, es cierto; pero los europeos de hoy padecen una enfermedad colectiva llamada relativismo.

El relativismo se palpa por doquier, en la cola del pan, en la tienda de periódicos, en las oficinas y en los talleres: colectivamente hemos dejado de creer en la idea misma de verdad. El respeto al otro –una conquista europea- se confunde ahora con la negación de que las cosas sean como objetivamente son. Cada día escuchamos nuevas ocurrencias relativistas, desde los ilustrados que creen que Al Andalus –lo que Bin Laden reclama- es sólo Andalucía (como si no hubiese expertos en la materia: para el buen relativista todas las opiniones son igualmente válidas) hasta los nacionalistas que fingen que la amenaza integrista no va con ellos (como si Bin Laden supiese distinguir el Rh de sus víctimas). Si una comunidad de creyentes se enfrenta a una civilización de descreídos –musulmanes contra relativistas- el resultado puede ser muy diferente del de la primera invasión musulmana, donde a una fe se opuso la firme creencia en otra. Gracias a lo cual estamos aquí, y podemos permitirnos el lujo de ser relativistas, cosa que ciertamente es menos habitual en Afganistán, en Irán o en el Sudán.

Si alguien quiere saber –objetivamente, sin relativismo alguno- qué futuro nos espera si vence Bin Laden, acaba de reeditarse un librito de don Claudio Sánchez Albornoz, De la Andalucía islámica a la de hoy (Rialp, Madrid, 2007). Leerlo nos ahorrará muchas explicaciones y dudas. Y quien no quiera creérselo puede seguir pensando que "su verdad" es más válida que el resultado de estas investigaciones; es un lujo que terminaría en caso de victoria islamista.

Fraude masivo del «proceso»
POR EDURNE URIARTE ABC 16 Abril 2007

Que el Gobierno afirme que ANV cumple los requisitos para ir a las elecciones puesto que habría condenado explícitamente la violencia sólo puede significar que el Gobierno ha decidido hacer la vista gorda ante esta nueva marca trampa de ETA. O que el fraude masivo de ETA en las elecciones va a ser amparado dentro del fraude masivo del Gobierno en la negociación. El dato esencial para entender las declaraciones de la vicepresidenta del viernes no es la letra ni mucho menos el espíritu de la ley de Partidos sino el proceso de negociación, el que Zapatero aún no ha cerrado.

Sólo esa negociación puede explicar que la vicepresidenta haya interpretado como desvinculación de ETA una declaración genérica de condena a la violencia, no de condena a ETA, de los estatutos de ANV... de hace 30 años. Muchos líderes de Batasuna han condenado la violencia en esos términos en más de una ocasión. Los terroristas acostumbran a decir que la violencia no les gusta, que «sienten el sufrimiento» de todos y que no tienen más remedio que recurrir a la «lucha armada» como un «derecho a la legítima defensa».

Como la vicepresidenta se conoce muy bien esa clase de primero de Terrorismo, si ha amparado a ANV sabiéndolo y sabiendo que toda la actividad de este partido ha estado vinculada a Batasuna, que Joseba Permach les pidió permiso para utilizar sus siglas, que su presidente, Kepa Bereciartua, participó recientemente en un homenaje a presos etarras que probablemente entra dentro de los supuestos de enaltecimiento del terrorismo, que su secretario general fue concejal por EH, y, sobre todo, que ANV en ningún momento se ha desvinculado de la estrategia de ETA, es que el Gobierno ya ha decidido sobre ANV. A pesar de que el artículo 12 de la ley de Partidos debería ser suficiente para cerrarle el paso.

Permitir la presentación de Batasuna a las elecciones fue la exigencia principal del último comunicado-entrevista de ETA, la clave de la continuación del proceso. O eso o atentados, dijo ETA. Y no olvidemos que Zapatero aún no ha comunicado a los ciudadanos españoles que ha cerrado el «proceso de paz». Sencillamente, porque sigue abierto.

REFLEXIONES SOBRE LA POLÍTICA LINGÚÍSTICA (Y III)
¿Y entonces cómo puede ser?
J. M. RUIZ SOROA El Correo 16 Abril 2007

Ésta es la pregunta del millón. ¿Cómo ha podido suceder que una política lingüística con serios déficits de legitimación (como creemos haber demostrado) no sólo se aplique sin restricciones entre nosotros sino que incluso merezca la aquiescencia del Tribunal Constitucional? Porque a lo primero puede responderse diciendo que al fin y al cabo estamos gobernados por nacionalistas, pero lo segundo parece más difícil de explicar. Y, sin embargo, es patente que así sucede: el más alto intérprete de la Constitución ha avalado la política asimilacionista que se practica en Euskadi o Cataluña e, incluso, emplea para ello los mismos argumentos que hemos criticado en anteriores artículos. Es decir, afirma el Tribunal Constitucional que el plurilingüismo es una riqueza a conservar, que la igualdad entre las lenguas es un objetivo a perseguir para superar así situaciones de injusticia histórica, por lo que es plenamente legítimo que se exija a los escolares el conocimiento de la lengua propia al término de sus estudios, utilizando para ello drásticos procedimientos de educación monolingüe (sentencias 6/82, 82/86, 195/89, 19/90 y 337/94). ¿Cómo puede suceder esto, se preguntará el lector?

La respuesta no es fácil de digerir, aunque resulta bastante evidente para quien analiza el fenómeno del nacionalismo sin anteojeras interesadas: la razón última está en que la Constitución española de 1978 es una constitución impregnada de nacionalismo cultural en varios aspectos, y señaladamente en el tratamiento del tema lingüístico (art. 3). Sucede que a quienes gozan de una nacionalidad «satisfecha de estatalidad», como es el caso de los españoles, les gusta creer que ellos no son nacionalistas, que su Constitución es un dechado de patriotismo cívico republicano sin mácula de nacionalismo cultural. Pero es una ilusión. Las constituciones españolas, desde la de Cádiz de 1812, han incorporado una concreta concepción histórica y cultural de la nación española, una concepción preexistente al texto constitucional al cual se imponía con toda su carga particularista. Los historiadores lo saben perfectamente (Portillo Valdés analizó como nadie la «revolución de nación» de 1812), por mucho que últimamente se lleve más la afirmación de que en nuestro pasado constitucional no hay sino liberalismo político del bueno, sin mancha de etnicismo ni historicismo.

Pues bien, la vigente Constitución no escapa a esta tradición y, señaladamente en lo que se refiere al tratamiento del fenómeno lingüístico, es fuertemente nacionalista. Así, su art. 3º declara al castellano como «lengua oficial» y establece las consecuencias de ese adjetivo: el deber de todos los españoles de conocerlo, junto con el derecho de usarlo. La oficialidad arrastra un deber personal de conocimiento y, por mucho que se afirme a veces que éste es un «deber impropio» (piadosa fórmula para disimular lo evidente), ello significa que el Estado se arroga el derecho a exigir que sus ciudadanos hablen (o por lo menos que «sepan hablar») como se considera «natural» que hablen. Si se hubiera tratado simplemente de fijar una lengua para las relaciones gubernamentales, el texto constitucional podría haberse limitado a decir, al regular el funcionamiento de la Administración, en un precepto marginal, que ésta utilizaría el castellano como lengua interna y de relación con los particulares. Pero no lo hizo así, sino que llevó el tema de la lengua al Título Preliminar del texto (su lugar de honor) y lo reguló con toda ampulosidad como un verdadero deber político. Convirtió a aquélla en un símbolo de unidad con el que «marcar» a los ciudadanos: y eso es nacionalismo, nos guste o no reconocerlo.

Sin embargo, ocurrió a renglón seguido una curiosa dualidad: el legislador reconoció con toda generosidad que existían otras lenguas en España y, lo que es más importante, les concedió dentro de su territorio el mismo trato preferente de inspiración nacionalista que había garantizado al castellano en el conjunto. Se estableció así una inusual «coexistencia pacífica» de varios nacionalismos lingüísticos (lo más frecuente es su enfrentamiento), en la que la Constitución vino a decir a las comunidades autónomas: pueden ustedes hacer intervencionismo e imposición con sus lenguas propias siempre que respeten que yo lo haga con la mía: es decir, el castellano seguirá siempre siendo lengua oficial y obligatoria en toda España. Si ustedes aceptan que el legislador español sea nacionalista con su lengua, les permitimos hacer nacionalismo con la suya. ¿Y quién paga la factura de esta componenda? Pues es claro que el ciudadano, tratado como una especie de súbdito/rehén de la lengua o lenguas que le toquen en suerte según el territorio donde habite. En definitiva, que nuestra Constitución «garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos» (art. 16), pero no desde luego la «libertad cultural y de lengua». Esta última libertad está ausente precisamente porque se parte de la idea de que el poder público posee el derecho de definir autoritariamente la lengua de sus ciudadanos. Y de ahí arrancan nuestros problemas, no de otra parte.

La continuación es conocida; el Tribunal Constitucional ha desarrollado este punto de partida con una doctrina que adopta los presupuestos básicos nacionalistas sin dudar y que, por ello, establece que: a) una lengua es oficial si así la declara la autoridad territorial correspondiente, «independientemente de su realidad y peso como fenómeno social»; b) la declaración de oficialidad conlleva que los poderes territoriales puedan adoptar las medidas correspondientes para garantizar su conocimiento efectivo por los ciudadanos, les guste o no; c) se trata con ello de «corregir situaciones de desequilibrio heredados históricamente», para lograr «la plena igualdad de las lenguas»; d) el idioma de la enseñanza lo determinan los poderes públicos, no los ciudadanos, pues «el derecho a la libertad de enseñanza carece de contenido lingüístico»; e) el único límite a los poderes territoriales es el de respetar que el castellano es también lengua oficial y por ello puede ser usada válidamente en todo el ámbito del Estado.

Este mismo nacionalismo es el que asoma también en tantos y tantos de nuestros compatriotas cuando critican los excesos de la política lingüística vasca o catalana diciendo indignados que «van a conseguir que el castellano desaparezca en Cataluña o Vasconia». Porque el argumento (además de ridículo), no defiende tanto la libertad del ciudadano, como la lengua que se considera «natural». Defienden el castellano porque lo consideran seña de identidad, porque ven en él un valor nacional, lo mismo que hacen los nacionalistas vascos con el vascuence. Y no es así, el castellano no vale más que ninguna otra lengua, ni siquiera es un valor en sí. Es una herramienta de comunicación intercambiable con cualquier otra. Lo único que vale es el derecho de los hablantes a su libertad y autonomía personal. Unos hablantes que, a la larga y en ausencia de constricciones exógenas, siempre elegirán como segunda lengua el instrumento que les garantice un mayor potencial comunicativo, nunca el que les proporcione uno menor al que ya poseen.

Tomar conciencia de que el origen de las políticas intervencionistas y asimilacionistas que hoy padecemos se encuentra en nuestra propia Constitución nos ayuda a ver el camino que debería seguirse para superarlas o, por lo menos, para crear la conciencia crítica necesaria para empezar a andarlo. El camino pasa inexcusablemente por una nueva definición del concepto de autonomía cultural como un derecho propio del ciudadano, un derecho del que no puede disponer nunca el poder constituido para realizar políticas culturales supuestamente «perfeccionistas». El Gobierno está para garantizar que se atiendan y satisfagan efectivamente los iguales derechos lingüísticos de los ciudadanos, no para hacernos más felices inculcándonos la lengua que considera natural a nuestra identidad. Ni para practicar una especie de «conservacionismo cultural» a costa de nuestras bocas. Y para lograrlo hay que empezar por reformular la Constitución española, la madre de este concreto vicio.

Menores corrompidos por adultos para que odien todo lo español
Santiago Abascal  elsemanaldigital 16 Abril 2007

Tenía que haber habido reacción. Si esos niños utilizados como cobayas nacionalistas por entrenadores desaprensivos se hubieran quedado sin contrincante otro gallo nos cantaría.

16 de abril de 2007. El mundo del deporte no se sustrae de la obsesión separatista de algunos españoles que, con las competencias autonómicas en educación ya amortizadas, se han lanzado a una carrera desenfrenada para ver quién es el que más o el que mejor vitupera y pisotea cualquier signo de españolidad. Ya llevamos unos años con la cantinela de las selecciones deportivas autonómicas que quieren ser lo que no son: selecciones nacionales. Incluso hemos visto hace pocas semanas como en la madrileña sede de la Federación Española de Fútbol había todo tipo de banderas –incluida la del municipio de Las Rozas- excepto la nacional.

En esa orgía estúpida contra lo español han vuelto a aparecer los menores a los que los nacionalistas gustan mucho de corromper. Después del dichoso anuncio separatista catalán en el que un niño vestido de la selección española no dejaba jugar a un niño vestido de la selección catalana, ahora nos encontramos con que un corruptor de menores ha incitado a los infantes del Barcelona a no salir al campo hasta que dejara de sonar el himno nacional de España.

El asunto es grave por varios motivos; se ha utilizado a menores españoles para menospreciar el himno nacional de España; se ha incitado a esos alevines al odio contra lo español; y además se ha hecho en público y fuera de España ante miles de aficionados portugueses que no habrán comprendido casi nada, o quizá demasiado.

Pero lo más grave de todo es que los niños catalanes usados como cobayas separatistas por sus entrenadores y por sus padres han podido jugar a pesar de su gesto de enemistad contra su propio pueblo y contra otros niños españoles, valencianos en el caso que nos ocupa.

Quizás si los niños cobaya se hubieran quedado sin contrincante; si los niños valencianos hubieran sido invitados por sus padres y entrenadores a abandonar el campo y plantar a los niños corrompidos por nacionalistas, otro gallo nos cantaría.

¿Y la Federación Española de Fútbol? ¿Qué hace ante gesto tan antideportivo y tan antiespañol? Probablemente esté muy ocupada pensando si colocar la bandera de España en su sede oficial. En fin...

La AVT logra que se embargue a cuatro etarras para pagar sus indemnizaciones
Redacción  La Razón 16 Abril 2007

madrid- La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) ha conseguido durante los últimos doce meses que la Justicia inicie los trámites para embargar los bienes de cuatro etarras, algo con lo que se pretende que estos terroristas afronten las indemnizaciones que se les condenó a pagar en concepto de responsabilidad civil. Este dato se extrae de la Memoria de la AVT correspondiente a los doce últimos meses, documento en el que, entre otras cosas, se hace repaso de las acciones legales impulsadas por esta asociación en defensa de las víctimas y en contra de los terroristas.

En esta Memoria, a la que ha tenido acceso Servimedia, se explica que la entidad que preside Francisco José Alcaraz ha presentado en el último año un total de «once escritos, entre querellas y solicitudes de ejecuciones de sentencia, con el fin de que se embargue a miembros de la organización criminal».

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