AGLI

Recortes de Prensa     Jueves 19 Abril   2007

El error de Zapatero y la hora del gran cambio
POR FRANCISCO RODRÍGUEZ ADRADOS ABC 19 Abril 2007

NO hablo más que de error, no de otra cosa. Error, más bien errores. En relación con el «proceso» y sus fases: bomba, muertos, liberación de De Juana, reacción ciudadana en la manifestación del sábado 11 de marzo, debate parlamentario el 13, exculpación de Otegui, mirar a otro lado en relación con Batasuna y adláteres, etc. Momentos diversos de lo mismo: de un error. El error de nuestro presidente, Sr. Zapatero.

Cuando el debate parlamentario yo estaba en Vitoria, en el tribunal de una tesis sobre debates de ese mismo tipo en la antigua Atenas: en la Asamblea, en el teatro, en mil lugares. Luego oí el debate de Rubalcaba y Zaplana en el taxi. Era lo mismo. Palabras cuando hacían falta soluciones, hechos.

Y más cuando comparaba tanta desgracia con el aire vital de la capital vasca y de toda España, que recorrí, en aquellos días, de Norte a Sur, hasta el Mediterráneo, desde coches de línea, que ofrecen la mejor perspectiva, las mejores vistas. España crece, como cualquier ser vivo, cualquier sociedad. Y más si sucesivos gobiernos ayudan o, al menos, no estorban demasiado. Pero uno, al que le abruman con el tal «proceso» y con tantas cosas más, desespera al ver la belleza y la tristeza de España, al mismo tiempo.

En fin, regreso ahora de estar quince días fuera de España, en el Congreso de las Academias de la Lengua Española en Cartagena de Indias y visitando, luego, la Antigüedad en Bulgaria y Rumanía. ¡Qué alivio no saber nada esos días de la política española (y antiespañola)! Vuelvo y pregunto: igual, el mismo tira y afloja, los mismos chantajes, me dicen.
Yo pensaba, en Vitoria y en todas partes, luego, en el famoso «proceso» que engorda a ETA. Y en tantos errores, que proyectan un futuro sombrío para España. Errores, sin duda, cometidos creyendo que eran la verdadera solución. Y apoyados en argumentos humanos y en argumentos legalistas.

Pero el problema para los ciudadanos era y es: ¿en qué medida tantos argumentos retóricos son algo más o son solamente eso, retórica que arrastra al ya convencido, pero no modifica los hechos?

En aquel debate Zaplana justificaba las antiguas excarcelaciones: eran legales. Rubalcaba justificaba la de Otegui: era legal. ¡Y continuaba con aquello de que antes el PP había hecho lo mismo!

Estamos todos cansados de los argumentos legalistas y retóricos, ya se ve que eso es puro envoltorio, como el de los regalos, quizá envenenados. En la maraña legalista que nos envuelve, yo no soy quien para decidir si las excarcelaciones y las no encarcelaciones y muchas acciones e inacciones más son o no legales. Lo que es importante es esto: son un error. Son cebo para ETA, para que cada vez exija más. La experiencia nos dice que en vez de aplacar a ETA, esta las recibe como victorias y exige más y más. Esta es una simple lectura de los hechos.

Es decir: las concesiones a través de fiscales o jueces amigos o amedrentados sólo han servido para estimular el apetito de ETA. El Gobierno está en las garras de Batasuna, Batasuna en las de ETA. Aquello de Zapatero de que él tenía información ha terminado en esto: tenía desinformación, ETA no ha abandonado ningún objetivo. Zapatero ha cometido un error. Y el «proceso» lo gobierna ETA, no él.

Zapatero había dado un giro de 180 grados a una política que habían seguido todos los gobiernos españoles. Algo genial, creía, de buena fe sin duda: pero ha fracasado. En esas circunstancias sólo queda una solución: abandonar el error. Él, si sigue, o quien sea. Sea legal o no lo que ha hecho, se ha convertido en un prisionero de Batasuna, o sea, de ETA. Discutir precedentes legales o no, a nada lleva: lo que hay que hacer es tomar decisiones. Ya. Los hechos mandan.

O deberían mandar. Lo inteligente es rectificar cuando uno se equivoca. Los hechos son verdades duras, que dijo Lenin.
Zapatero tenía una esperanza, una esperanza honesta (que incluía un triunfo electoral, es humano). Y cuando regreso a España veo que sigue alimentándola, contra la realidad. Sigue apoyándose en los varios nacionalismos en sus sectores extremos, socialistas o no. Y en Batasuna y en los mantras mágicos (el diálogo y todo eso) y en la credulidad y el deseo de paz de la gente. De la honesta gente, que mantiene una normalidad en el trato humano, procura no hablar de los horrores, mantener la esperanza.

En resumen: el Gobierno hace halagos y silencios, los otros ponen bombas, amenazan -y él cede-. Ya se ha visto que esto no lleva a la paz. Somos el hazmerreír de Europa. Ha fracasado, Sr. Zapatero, ojalá hubiera tenido éxito: saque las consecuencias.

Pero, ¿qué me cuentan de los socialistas? Un partido de raíces humanistas (con intermedios irracionales, como en 1917, en 1934 y 1936, ahora) en el que, cuando suceden los horrores, varios de sus oráculos dicen lo que pensamos los demás, pero luego callan. O introducen legalismos vanos, excusas vanas.

Señores -habría que decirles- es ya la hora del gran cambio. Vds. tienen el deber moral de impulsarlo. De sacar las consecuencias, repito. Deshagan ese giro erróneo.

El pueblo español, tan sumiso, tan a la espera, tan drogado por las santas palabras, ha comenzado a reaccionar. Se vio en las manifestaciones. Y lo hace, salvo excepciones, con buen tono, buen temple humano. No viene a pelo recordar reales o supuestos errores pasados, derivados de humanas esperanzas: salvo a los fanáticos, a nadie importa eso. Seamos objetivos. Esto no es partidismo, son simples hechos. Lo que importa es el presente. Dejémonos de querellas por el pasado, por lo que se hizo o dejó de hacerse.

En fin: yo comprendo el intento del Sr. Zapatero, su esperanza. Le engañaron. Desengáñese ya, yo le diría. Todos nos equivocamos.

Pero no es su único error. Todo parte de su alianza con la izquierda radical y los nacionalistas y grupos radicales. Esos que eran cuatro y medio y a los que el cultivo del resentimiento, una Ley Electoral injusta y el poder con sus recursos han hecho casi mayoría.

Mayoría sin casi serían si esa alianza hubiera derrotado a ETA. Habría merecido, a lo mejor, la pena, pese a todo. Pues no, han fracasado. Están triturando a España para nada.

En fin, uno ve a España, cuando está lejos de ella, casi como un paraíso. Lo sería si no hubiera nacionalistas y separatistas y esos pactos o transigencias con ellos.

Ni ciertas políticas. Entre ellas, la educativa. ¡Qué pendiente decadente desde el 70! En Vitoria, vuelvo a Vitoria, mis colegas en activo lloraban por el descenso de todos los niveles, por la ruina de la ESO y el Bachillerato. Contaban cómo los profesores de Instituto sufrían, se jubilaban, se deprimían. Se escandalizaban ante el proyecto de pedir tan solo unos papeles para ser catedrático de Universidad. Y yo recordaba cómo los tímidos intentos del PP de reaccionar restaurando la sensatez y la exigencia, habían sido rápidamente desmontados.

¡Habíamos construido o reconstruido, penosamente, desde el 39, a España! Pero frente al crecimiento y la belleza de España, toda esta capitulación ante ETA, todo este fraccionalismo, toda esta incultura, entristecen. Haría falta un verdadero golpe de timón. Y los socialistas deberían ayudar a hacer girar ese timón. Seamos serios, España es pesea todo un país importante. No merece esas desgracias.

Creo que son cada vez más los que sienten esto. Detengámonos, reflexionemos, cortemos esa deriva peligrosa. El punto final y definitivo del «proceso» podría ser el primer paso. Rectificar es de sabios.

FRANCISCO RODRÍGUEZ ADRADOS
de las Reales Academias Española y de la Historia

Tarjeta roja para el castellano en Cataluña
Lorenzo Contreras Estrella Digital 19 Abril 2007

La “desespañolización” del Salón Internacional de Turismo en Barcelona, donde nuestro país pudo pasar por extranjero, así como la permanencia de los jugadores infantiles de fútbol de Cataluña, en una competición con futbolistas de otra “procedencia”, fuera del terreno de juego mientras se interpretaba el himno nacional español, es un síntoma más de la gradual erosión que viene sufriendo la “patria común e indivisible” que ordena o establece la Constitución. Esto ocurre en la misma línea antipatriótica o simplemente antiespañola que caracteriza la actitud del jugador del Barcelona Club de Fútbol llamado Oleguer. Y se corresponde con una actitud instigadora en el mismo sentido por parte del presidente del club, el señor Laporta.

Simultáneamente se ha sabido, por si hacía falta confirmarlo en alguna medida, que el castellano sigue siendo en Cataluña una lengua de segunda. Hay en torno a este asunto una cierta polémica sobre la exactitud de la apreciación que se hizo circular hace días sobre lo ya de sobra conocido.

Precisamente sobre la situación de la Lengua Española en la Educación Secundaria de Cataluña ha trascendido un informe de la Sociedad Convivencia Cívica Catalana. Un informe abiertamente crítico contra ese trato que se viene dispensando a la lengua de Cervantes frente a la de Verdaguer, por ejemplo. De tal informe me permito extraer algunas consideraciones. Para empezar, recordemos que la lengua oficial del Estado recibe en el sistema educativo catalán el mismo número de horas que una lengua extranjera.

Por otra parte, se acusa una incidencia especialmente negativa en el aprendizaje global de todas las materias para los alumnos castellano-hablantes. El catalán se ha impuesto en Cataluña como única lengua docente en las escuelas, pese a la cooficialidad, allí, de los dos idiomas, según preceptúa la Constitución vigente, que es la de todos los que integran la nación española y, por consiguiente, el Estado con todo su arsenal normativo. Esto significa que a niños de seis años, por ejemplo, se les explica las matemáticas en su lengua natal y a otros no, generándose así una evidente inferioridad de condiciones para los alumnos castellano-hablantes, lo cual se traduce en un menor rendimiento académico y una mayor tasa de fracaso escolar, como ha demostrado un estudio de la sociedad antes citada. Ese fracaso entre castellano-hablantes supera el doble entre hablantes de “la otra lengua”.

Es obvio, como señala el informe, que un alumno aprende más rápido y obtiene mayor rendimiento académico si es escolarizado en la lengua que más domina, la que habla con sus padres, o sea, su lengua habitual o materna. Es una constatación —dice el documento— basada en la lógica y está corroborada en materia de educación infantil por organismos internacionales como Unesco y Unicef.

El fracaso escolar en Cataluña (31 por ciento de promedio) no se distribuye en la misma proporción entre uno y otro grupo de alumnos (catalanes y castellanos), sino que se centra “de manera aplastante” en los segundos. Se está, en definitiva, ante un sistema educativo que impone —siempre según el informe de referencia— una escuela monolingüe en una sociedad bilingüe. Esto significa que “se trata a la lengua que habla la mitad de la población con el mismo número de horas que una lengua extranjera”. Tal marginación ha motivado que el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) de la ONU y la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI) hayan expresado su preocupación.

Por su parte, Convivencia Cívica Catalana propone la adopción de un nuevo modelo educativo para Cataluña, la supresión de la inmersión lingüística en catalán y la enseñanza en la lengua materna de cada alumno hasta los ocho años, sin perjuicio de la introducción posterior paulatina de la segunda lengua.

En resumidas cuentas, procede llegar a la conclusión de que todo lo español, en el orden cultural, lingüístico, deportivo, simbólico… se encuentra en retroceso. Lo cual, sin embargo, coexiste en el terreno de los intereses prácticos con la edición de los periódicos en castellano —salvo muy pocas publicaciones en catalán—, así como una abrumadora mayoría de ediciones de libros también en castellano. Aparte, ya se sabe, los anuncios publicitarios y los reclamos de comercios y tiendas tienen que expresarse en catalán, salvo multa o disgusto en contrario. Sólo hay un aspecto del castellano que se salva del naufragio total en función del “seny”. Hay que vender libros y periódicos. Euros son euros.

El germen del mal
POR ALFONSO ROJO ABC 19 Abril 2007

Con los grandes principios ocurre como con las bellas palabras. No matan, pero pueden conducir a la muerte. Piensen en algo tan venerado como el «derecho de autodeterminación». Hace ya unos días, en el programa que dirige Fermín Bocos en RNE, escuché un debate sobre el tema. Me llamó la atención, porque rara vez se discute la idea de que los «pueblos» tienen derecho a un estado, y en la tertulia lo hicieron con vehemencia y brillantez.

No comparto el entusiasmo colectivo hacia la España de las Autonomías. Atribuirle el progreso económico de los últimos treinta años, tiene el mismo fundamento que achacar la mejora de los tratamientos odontológicos a la organización autonómica del Estado. No sólo hacen los dentistas mucho menos daño que antes; también Francia, Corea e Irlanda -estados unitarios y centralistas- han crecido espectacularmente.

Volviendo a lo esencial y con el telón de fondo de las reivindicaciones formuladas por respetados líderes políticos de Cataluña, País Vasco e incluso Galicia, no deberíamos olvidar que el derecho de autodeterminación no aparece en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La razón es muy simple: los derechos humanos son individuales, no colectivos.

No se si han reparado en la desconfianza que suelen manifestar hacia las alegrías nacionalistas los periodistas de mi generación, que cubrieron de cerca y en vivo el desmembramiento de la antigua Yugoslavia. No me refiero sólo a Pérez Reverte, Terscht o Serbeto. Casi sin excepción, los reporteros españoles que fuimos testigos del matadero en que se convirtieron los Balcanes, cuando los croatas reclamaron su derecho a separarse de Serbia, los serbios que habitaban en las krajinas croatas exigieron el suyo a independizarse de Croacia, y los musulmanes, los serbobosnios y los serbocroatas demandaron sus trozos de Bosnia, sabemos donde está el germen del mal.

Aplicando la nefasta lógica de los nacionalistas, tan sagrado y letal es el derecho de los alaveses a secesionarse del País Vasco, como el de los vascos a autodeterminarse de España. La debacle está servida.

Otegui, bien mirado...
POR TERESA JIMÉNEZ-BECERRIL ABC 19 Abril 2007

TODO es según el cristal con que se mire. Y si nos ponemos las lentes rosas podemos acabar viendo a Otegui no como «un hombre de paz», que eso hay ya quien lo ve a simple vista, sino como aquél que tiene la llave de nuestra tranquilidad. Hace falta saber engañarse para soportar lo que cada día nos obligan a presenciar. La ultima ha sido la celebración de un acto de Batasuna, donde las fotos de los terroristas presos eran iluminadas por las velas del fervor popular de quienes han elegido ya a sus mártires, cuyo camino hacia la santidad viene avalado por las pistolas y las bombas. La muerte, que no la vida, dignifica a las gentes de ETA.

Las fotos de los asesinos de los nuestros, no sólo de los míos, sino de todos aquéllos que han visto durante años morir inocentes, cuya única culpa era ser españoles, formando un altar donde Otegui, Pernach y sus seguidores sacrificaban nuestra dignidad, me producen escalofríos. Pero aún me hiere más el ver que quienes pueden frenar esa pública humillación a las víctimas se limiten a defenderse detrás de un baile de letras. ¡Como si un cambio de nombre o un falso gesto de constricción pudiera esconder la celebración del sufrimiento ajeno! Harán falta muchas velas para redimir los pecados de quienes dispararon por la espalda y de frente a una joven pareja, o hicieron saltar por los aires a una chiquilla de seis años, o lograron que sudara sangre un muchacho mientras esperaba su muerte. Esas personas asesinadas tienen nombre y rostro. Son Ascen, Alberto, Silvia y Miguel Ángel, y tantos otros que no debemos olvidar, aunque para muchos, si lo hiciéramos, sería todo más fácil. Lo siento, yo no puedo inventarme un pasado más dulce para evitar la crispación, sobre todo cuando el presente y el futuro dependen del recuerdo.

Sé que soy incómoda; siempre lo fueron a lo largo de la Historia los que pidieron justicia y libertad, y yo estoy orgullosa de ser hoy en España una de ellos, aunque mi único mérito sea dar testimonio de los crímenes de ETA. Llámenles como quieran, cámbienles el nombre una y mil veces; yo les llamaré siempre asesinos. A los que dispararon y a los que decidieron quiénes y por qué debían morir. Para mí hay poca diferencia entre algunos de los que están de una parte o de la otra de las rejas. ¿Quiénes son los verdaderos culpables de tantas muertes? ¿Esos chalados que se ríen detrás de los cristales mientras les juzgan? No. Y ustedes lo saben, lo que pasa es que es difícil admitirlo y luego sentarse a conversar con ellos.

Bueno, toda esa chusma seguirá poniendo velas y rezando a su dios para que libere a los que les ha tocado estar dentro. Es posible que consigan verlos en la calle, valga el ejemplo de De Juana, pero nunca conseguirán que dejen de ser lo que son, unos matones con el valor justo para vivir allí, en el País Vasco, custodiados por gobernantes y gobernados que sin llegar a igualarlos en maldad sí los igualan en cobardía y egoísmo. Fuera de esos montes, esas piedras y esos ríos manchados de sangre no podrían vivir, y si lo hicieran tendrían que sellar sus bocas. ¿Se imaginan ustedes a un etarra presumiendo de sus hazañas en un bar de San Sebastián, pero de los Reyes? Prueben a pensar cuánto duraría uno de esos angelitos en una barra de Sevilla. Por eso, los que miran por ellos, los que preparan la tierra donde los terroristas habrán de vivir en paz, luchan sin descanso para alcanzar la independencia, para que cuando ellos salgan sean aclamados como héroes en medio del respeto y la admiración de los que les rodean. Para que algo así ocurra hace falta ir depurando la población, hasta que queden sólo los «buenos vascos»; los «medio buenos» basta que estén calladitos, comiendo bien y ganando dinerito. Y a quien le remuerda la conciencia, ya sabe: a Madrid, a Valencia o al sur, que el País Vasco es más bien pequeño y no hay lugar para los que dudan de la autenticidad de los derechos de este pueblo milenario.

Cuando escuché a Ibarretxe decir que para los vascos lo más importante era «la palabra dada» me eché a temblar. Y pensé ¿a quién le habrá dado este hombre la palabra? ¿A quién se la habrá dado Otegui? ¿A quién se la daría el que asesinó a mi hermano? A mí, esos compromisos ancestrales me preocupan. Existen casos en que sería mejor que no se mantuviera la palabra, sobre todo cuando el hacerlo tiene consecuencias tan trágicas. Qué valor puede tener la palabra de quienes desde Batasuna insisten en pasar página en torno a «estériles debates» sobre la violencia. Lo que Barrena considera «estéril» la mayoría de los españoles lo consideramos vital. Para nosotros esas mil muertes no han sido inútiles, y confío con toda mi alma en que al final su utilidad no beneficie a quienes no las condenan. Aunque por desgracia no lo descarto. ¿Cómo podría hacerlo viendo cómo Batasuna-ETA se prepara para acudir a las elecciones? El símbolo elegido, la estrella con cinco puntas, es el mismo que en Italia causó y sigue causando dolor. Era la marca de las Brigadas Rojas.

El terror es igual en todos sitios, da igual que redondeen las puntas de la estrella y que la adornen con flores. A los ojos de quienes distinguimos a los que no respetan la libertad y la vida, esos símbolos estarán siempre manchados de sangre, por que, que yo sepa, ETA nos sigue apuntando. ¡Ojalá cambiaran las balas por flores! Nosotros, los que hoy tanto denunciamos y tanto nos exponemos, seríamos los primeros en festejarlo, ¿o es que alguien cree que este papel que nos ha tocado es agradable? Pero mientras exista quien se empeñe en legitimar la ideología que tanto daño nos ha traído y que intenta paralizarnos de miedo, tenemos que seguir luchando y hablando para que la sociedad descubra la verdadera cara del nacionalismo y su responsabilidad en los trágicos años que estamos viviendo a causa del terrorismo. Que nadie nos engañe haciéndonos creer que hay una buena ETA.

Yo nunca les creí, y me gustaría que quien lo hizo me explicase por qué prefirió creer a unos indeseables, enmascarados y arrogantes y no a tantas víctimas y ciudadanos de bien que insistíamos en desconfiar de una banda terrorista que nunca, y repito, nunca, mostró el más mínimo arrepentimiento, ni renunció a ninguno de sus objetivos. Yo no me he olvidado de los tiros al aire que dieron los terroristas hace meses en una de sus celebraciones. Mientras eso ocurría, en Estrasburgo los parlamentarios socialistas aupaban a Batasuna y defendían a capa y espada el «proceso de paz», mientras nosotros, las víctimas que allí estábamos, intentábamos explicar por qué no creíamos en la negociación. Fue humillante no sólo no tener el apoyo de tus gobernantes en Europa, sino el tenerlos como adversarios. Desgraciadamente, el tiempo pone a todos en su sitio, y si hoy repitiéramos ese viaje nadie nos trataría como «los que no quieren la paz». Y quizás Otegui y los suyos no recibirían tantas palmadas en la espalda y tantos apretones de manos.

El ejemplo de María San Gil
Editorial ABC 19 Abril 2007

MARÍA San Gil anunció ayer su retirada temporal de la vida política para recuperarse de un cáncer de mama que cuenta con un «magnífico pronóstico de curación segura», tras haber sido intervenida quirúrgicamente en las últimas semanas. Su comparecencia en rueda de prensa -arropada por Carmelo Barrio, Leopoldo Barreda y María José Usandizaga- para contar «con absoluta normalidad» una situación que padecen «miles de mujeres» refleja el arrojo y la determinación que siempre han marcado la actividad política de la presidenta del PP vasco, inasequible en la defensa de la libertad y el constitucionalismo en las condiciones más difíciles y adversas.

María San Gil ha dado ejemplo de grandeza a la hora de plantar cara a la enfermedad con la misma dignidad y valentía con la que se enfrenta cada día a su responsabilidad como máxima dirigente de un partido obligado a trabajar -con frecuencia en una dramática soledad- sobre un terreno hostil y en medio de un clima a menudo insoportable. Proclamar las propias convicciones y principios resulta un ejercicio de alto riesgo que conoce bien María San Gil, quien, como miles de personas en el País Vasco, ha tenido que renunciar a parte de su vida privada por la defensa de unos valores que son los que alientan y dan sentido a su compromiso político.

Nunca lo tuvo fácil, pero siempre perseveró en su empeño, aun en las condiciones personales y profesionales más dolorosas y complicadas. Para frenar «rumores y especulaciones», la presidenta del PP vasco anunció ayer públicamente su enfermedad, una decisión que le honra y ratifica su firme voluntad de seguir luchando. Aunque no participará en la campaña electoral de los comicios de mayo, su ejemplo dará fuerzas añadidas a sus compañeros de partido en un momento crucial para el futuro político del País Vasco, ahora que el PNV y ETA compiten en su desafío soberanista al Estado, descarrilado ya el «proceso de paz» impulsado por Rodríguez Zapatero. Lo fundamental es que María San Gil se recupere plenamente, y para ello necesita tiempo y sosiego en compañía de los suyos, lejos de la primera línea del combate político, para así centrar sus energías en vencer definitivamente una dolencia que requiere un tratamiento sistemático y prolongado. Se impone un ne cesario alto en el camino para tomar aliento y volver, transcurridos unos meses, con el mismo afán y dedicación de siempre a abanderar la defensa de la libertad y la paz sin atajos, valores sobre los que la presidenta del PP vasco ha sustentado una ya dilatada carrera política que merece el reconocimiento y el elogio generales al margen de cuestiones partidistas.

Lo aguantamos todo
POR VALENTÍ PUIG ABC 19 Abril 2007

ES tanta la espesura del pasado y tan dinámica la reconversión del presente que a cualquiera que no padezca alguna patología política no puede dejar de sorprenderle en uno u otro sentido el escenario actual de la política española. La política de la «memoria histórica» ciega los recursos morales de la sociedad civil, pervierte la naturaleza de los cambios vividos y oscurece el futuro. En 1978 los redactores de la Constitución se reunieron en el parador de Gredos para consensuar aspectos primordiales de la Carta Magna. Repitieron el encuentro en octubre de 2003, en el mismo lugar, para reflexionar sobre el tiempo transcurrido y sobre el cuaderno de bitácora de la Constitución, que habían redactado con afán máximo de concordia. Aquella fue la Declaración de Gredos, en la que se pedía el respeto a los valores de la Constitución, a sus principios, a sus reglas de juego y procedimientos como garantía imprescindible de futuro.

Uno de sus puntos sustanciales insistía en que las eventuales reformas del texto constitucional que el futuro pudiera aconsejar debían acomodarse a las reglas del juego que la propia Constitución establece; y abordarse con idéntico o mayor consenso al que presidió su elaboración. No en vano, la muy noble y sabia Declaración de Gredos constataba la permanencia incólume del espíritu de reconciliación nacional, el deseo de cancelar las tragedias históricas de nuestro pasado, la voluntad de concordia, el propósito de transacción entre las posiciones encontradas y la búsqueda de espacios de encuentro.

Algo ha cambiado desde aquel 2003 a esta primavera de 2007. En no poca medida, lo que ha cambiado tiene por causa la llegada al poder de José Luis Rodríguez Zapatero después del 11-M, gracias a unos apoyos parlamentarios que han conllevado variaciones del modelo territorial y políticas sociales que, en rigor, un Gobierno no hubiese emprendido sin un mandato electoral mucho más definitivo o merced a una plataforma programática preelectoral patente y expresa. En iniciativas como el nuevo estatuto de autonomía para Cataluña o la apertura de un llamado proceso de paz con ETA, la magnitud de la Declaración de Gredos ha quedado lesionada o, por lo menos, obsoleta. Aparece desfondado el consenso antiterrorista, y las aproximaciones del Gobierno socialista a un entendimiento con la ilegal Herri Batasuna -con episodios como el trato penitenciario a De Juana Chaos o la exculpación de Otegui- incidieron a la vez en la estrategia de aislar el PP.

Quedaría por ver si esa estrategia de aislamiento es o no legítima cuando lo que está en cuestión son normas de juego básicas y áreas principales de la seguridad nacional. En principio, cada uno aísla a quien puede, pero hay que valorar también el cómo y el cuándo. En estas circunstancias, la colisión partidista va descarrilando convoyes y las locomotoras parecen estar bajo la conducción de los pilotos automáticos. Entraríamos en fase de pre-política quebradiza, bronca y semitribal.

En décadas recientes, vimos el impulso de una reinterpretación de la Restauración canovista en positivo. Vinieron las conmemoraciones del 98 y su revisión histórica. Quizás el 98 pecó de exceso pesimista, porque la vivencia de la realidad política y económica no fue tan desesperanzada y trágica. En «España 1700-1900: el mito del fracaso», el profesor David R. Ringrose indica que ahora el problema ya es no explicar el fracaso de España, sino más bien el éxito.

A principios del siglo XX, Azorín cruza la sierra de Gredos y ve un paisaje noble, silencioso y melancólico. Pasa por alguna ciudad, «apagada, sin vida, muerta». ¿Qué tiene que ver este Gredos de hoy con aquel Gredos que Azorín transitó con el mito del fracaso a cuestas? Lo que tiene que ver son los vínculos de la continuidad histórica y lo novedoso es todavía la Declaración de Gredos, la armazón ética de un consenso que viene de una voluntad general de hacer bien las cosas, de recuperar el tiempo perdido en la desavenencia, de articular prosperidad y cohesión. Cuentan que Fernando Abril Martorell, en los días más conflictivos de la transición, decía con emoción y asombro: «¡Este país lo aguanta todo! Y un país que lo aguanta todo, lo puede conseguir todo».
vpuig@abc.es

Terrorismo
La triple amenaza
GEES  Libertad Digital 19 Abril 2007

El Gobierno de Zapatero tiene que hacer frente a un triple desafío terrorista en estos momentos. En primer lugar, la amenaza cada vez más definida del terrorismo yihadista sobre nuestro país. En segundo lugar, la posibilidad de un nuevo atentado de ETA tras el fracaso del proceso de negociación con la banda. Por último, la posibilidad de un nuevo ataque con victimas mortales contra nuestras tropas en Afganistán o en el Líbano.

La posibilidad de un nuevo atentado del terrorismo yihadista en España es cada vez más alta. Los informes de los servicios de inteligencia alertan sobre esta creciente posibilidad. Las referencias específicas a Al Andalus en los últimos comunicados de Al Quaeda, los atentados en Marruecos y Argelia y nuestra incrementada presencia en Afganistán hacen de España un objetivo preferente para los terroristas. En España hay además más de un millón de inmigrantes musulmanes, de los que al menos 100.000 pueden definirse como radicales islámicos que simpatizan con el terrorismo de Al Qaeda. La creciente presión de la policía marroquí a sus redes locales está forzando un desplazamiento de algunos cabecillas a España a través de las redes de inmigración clandestina.

Por otro lado, lo más previsible es que el descarrilamiento del proceso de negociación con ETA signifique una cadena de atentados mortales, como ya ocurrió en las experiencias históricas pasadas. Es ya evidente que ETA ha utilizado su alto el fuego para recomponer sus estructuras criminales y aumentar su capacidad asesina, como previene Europol. Pero además, los asesinos no van a dejar que a Zapatero le salgan gratis los incumplimientos de los compromisos a los que, según han declarado reiteradamente los terroristas, llegó el Gobierno español.

Finalmente, los ataques a las bases militares españoles en suelo afgano se multiplican y previsiblemente aumentarán aún más con la llegada del buen tiempo. La seguridad en este país se va deteriorando y la zona de despliegue de nuestras tropas ya no está a salvo de las embestidas de los talibanes. Nuestros soldados en Líbano tampoco están exentos de esta amenaza terrorista.

Las consecuencias políticas de un nuevo atentado terrorista en España no son predecibles, pero en ningún caso resultarían positivas para el Gobierno. Ante el riesgo cada vez más alto, el Gobierno ha comenzado a negar las reiteradas acusaciones de imprevisión que venían realizando a los gobiernos de Aznar por el 11-M, no sea que se le vuelvan súbitamente en contra. Zapatero ha llamado además a La Moncloa a Mariano Rajoy para tratar de parapetarse políticamente en el líder de la oposición si hay una explosión. Las fuerzas de seguridad se encuentran en máxima alerta. Y en Moncloa sólo les queda cruzar los dedos y confiar en la buena estrella de su presidente. El problema Zapatero se parece cada vez más a una estrella fugaz.

Precio
KEPA AULESTIA El Correo 19 Abril 2007

El calendario electoral avanza, y el plazo para la presentación de candidaturas comienza a agotarse, mientras la izquierda abertzale trata de eludir los requisitos de la legalidad y la acción de la fiscalía general contra cualquier fraude que pudiera intentar respecto a la ley de partidos. Pero tras la apariencia de ese pulso que los dirigentes de Batasuna escenifican frente al Estado de derecho y, en especial, frente al gobierno de Rodríguez Zapatero- se esconde su absoluta indisposición a adueñarse de su propio destino respecto al mandato etarra. Los distintos portavoces de la Mesa Nacional llevan meses insistiendo en la consigna de que la izquierda abertzale estará presente en los comicios del 27 de mayo. Lo hacen además reivindicando para Batasuna la presentación de un sinnúmero de agrupaciones de electores en el País Vasco y Navarra. Es una manera de soslayar tanto el emplazamiento a la condena de la violencia como -y esto resulta igual de elocuente- toda reflexión y todo debate sobre si a la izquierda abertzale le interesa recuperar la legalidad y a qué precio respecto a sus propios postulados.

Esta decisión de no decidir, de optar por la inercia, de transferir al Gobierno y a los tribunales toda responsabilidad sobre su futuro es una muestra de la imposibilidad ontológica de diferenciar a ETA del resto de la izquierda abertzale. Pero también está introduciendo un factor nuevo en la política y en la sociedad vascas. Las críticas a la Ley de Partidos y a la ilegalización de Batasuna formuladas al margen de la izquierda abertzale han ido apagándose, siendo sustituidas por la indiferencia y sobre todo el hastío ante el empecinamiento etarra. De forma que el eco que Batasuna pudiera buscar con su resistencia a cumplir con las exigencias legales resuena sólo dentro de sus propias paredes. Ni siquiera provocan los fingidos desgarros que el nacionalismo jeltzale o Eusko Alkartasuna escenificaron hace cuatro años. Es ésta una situación de la que los dirigentes batasunos serán plenamente conscientes. Su falta de rectificación obedecerá, por tanto, a una de dos: a la improbable eventualidad de que sus candidatos superen los filtros judiciales incrustados en siglas como ANV o Auzolan Elkarlanean, o a la simple asunción de un destino ilegal porque a ETA le resulta eso menos costoso que permitir que su brazo político acabe pagando el precio fijado a la legalidad. Lo dijeron hace diez días dos encapuchados: «No nos sentimos ilegales, aunque una legalidad extranjera que no aceptamos nos quiera hacer creer eso». Un argumento tan delirante que ni siquiera sirve para que las bases de la izquierda abertzale entiendan el porqué de cuatro años más fuera de las instituciones.

k.aulestia@diario-elcorreo.com

¿Otro favor de Garzón a la paz sucia de ZP?
EDITORIAL  Libertad Digital 19 Abril 2007

El Consejo General del Poder Judicial ha abierto este miércoles una información previa para esclarecer si Batasuna-ETA ha recuperado 48 herriko tabernas ante un supuesto despiste en el que habría incurrido el juez Garzón al no haber prorrogado las órdenes preventivas de embargo en el Registro de la Propiedad, y que han empezado a caducar –tal y como establece la Ley Hipotecaria– a los cuatro años de su inscripción.

De confirmarse dichas informaciones, estaríamos ante una nueva y gravísima negligencia de un juez, que vendría a poner en peligro las actuaciones de la Justicia destinadas a liquidar el patrimonio de la ilegalizada formación proetarra. Muchos han comparado, con razón, esta gravísima inacción de Garzón con su incesante actividad extrajudicial, bien sea escribiendo artículos de opinión política, bien como complaciente entrevistador de González, Zapatero o Bermejo, bien como director aficionado de documentales sobre la represión argentina, por citar sólo unos ejemplos.

Ahora bien, al margen del tiempo y energías que Garzón dedica en su acreditada búsqueda de notoriedad pública dentro y fuera de su actividad como juez, cuesta creer que esa sea la razón de fondo de su inacción judicial, tanto en este caso como en el no menos grave asunto del chivatazo policial a ETA. Resulta bochornoso para nuestro Estado de Derecho que un caso tan grave como aquella filtración policial al aparato de extorsión de ETA, alertándole de que estaba siendo sometida a vigilancia por orden del juez Marlaska, siga meses y meses después esperando en el cajón del olvido de Garzón.

Que la falta de tiempo que este juez dedica a su labor profesional sea la razón por la que a estas alturas no sepamos los nombres de los agentes policiales que, bien por voluntad propia, bien siguiendo órdenes de sus superiores, perpetraron aquel delito de colaboración con banda armada, nos resulta tan inverosímil como que sea un despiste de este mismo juez la razón por la que aun no ha prorrogado las órdenes de embargo contra las herriko tabernas de Batasuna. Más aun, si tenemos en cuenta el tiempo y energía disponible que, como juez, ha mostrado Garzón cada vez que le ha interesado. Así se puso de manifiesto cuando quiso hacerse cargo, sin competencias para ello, del caso de las falsificaciones del informe del ácido bórico que salpicaba a ETA, o cuando demostró tener tiempo para dejar al margen del chivatazo a Telesforo Rubio y al jefe de seguridad del PSOE, o para excarcelar, por razones de salud, al cabecilla de la red de extorsión, Joseba Elosúa.

En cualquier caso, y al margen de las intencionalidades de Garzón en sus acciones y omisiones, su comportamiento está favoreciendo objetivamente a la paz sucia de ZP; una paz incompatible consustancialmente con la observancia del Estado de Derecho, pero que Garzón ha tenido tiempo para expresar su respaldo, sobre la base de que "hay que hablar hasta con el diablo".

Garzón y Conde Pumpido, fuera de la ley
Alejandro Campoy Periodista Digital 19 Abril 2007

El Centro Jurídico Tomás Moro ha conseguido, esta vez sí, que su última querella criminal contra Cándido Conde Pumpido sea admitida a trámite. Y digo esta vez sí porque no es la primera querella que esta entidad presenta contra el Fiscal General.

La primera fue por no haber actuado de oficio promoviendo la ilegalización del Partido Comunista de las Tierras Vascas, y terminó directamente en la papelera, pero en esta ocasión, al retirar directamente los cargos que obraban contra Arnaldo Otegui y dejar a éste en libertad, el Tribunal Supremo no tiene forma de justificar ya esta actuación "presuntamente" prevaricadora y ha admitido a trámite la nueva querella. Garzón no tardará en seguir el mismo camino de Conde Pumpido, por la sencilla razón de que no se puede dejar en suspenso el derecho sólo porque un chalado tenga una ocurrencia redentora y someta todos los resortes del Estado a la consecución de su chaladura.

Giorgio Agamben describe cómo el estado de excepción, que parece tener su origen en la institución romana del iustitium, "detención del derecho", es un "espacio vacío de derecho, una zona de anomia en que todas las determinaciones jurídicas son desactivadas". Tal parece ser la situación actual en España hoy día: ante la existencia de unos supuestos acuerdos entre el Gobierno y la banda criminal ETA, el primero se ve en la necesidad de desactivar una serie de determinaciones jurídicas que pesan de forma aplastante sobre todo el entramado criminal etarra, para lo cual corrompe una serie de instituciones fundamentales del Estado, como la Fiscalía General, y consigue la aquiescencia y colaboración de jueces como Garzón que terminan por situarse fuera de la ley al dejar en suspenso el derecho de obligada aplicación a casos en que se haya incursa la banda mafiosa.

Naturalmente, esto ha colocado ya tanto a Conde Pumpido como a Garzón en la posición de "presuntos" delincuentes, y es obligación de todas las instituciones de la sociedad civil poner a ambos sujetos a disposición judicial lo antes posible, al mismo tiempo que se les inhabilita cautelarmente para cualquier función pública que pudieran realizar: el Estado no puede permitirse el lujo de situarse en una posición de "vacio de derecho" por razón de avatar político alguno; será, por tanto, imprescindible pedir cuentas al poder ejecutivo en cuanto a la puesta en marcha de situaciones de anomia de las que sólo salen claramente beneficiados los criminales. Y ante esto sólo caben dos posibilidades.

La primera de ellas es la más benévola, y es la que presupone que el poder ejecutivo está en manos de una persona gravemente incapacitada para su desempeño desde un punto de vista clínico; presupone, por tanto, una incapacitación por razones patológicas que han generado unas disfunciones cognitivas tan radicales que impiden al titular del ejecutivo la más mínima percepción de las realidades sociales y políticas tal cual son. Si este es el caso, todo el conjunto de asesores personales y todos los círculos de poder que se sitúan en torno al enfermo son co-responsables y cómplices del estado de vacío jurídico creado por dicha patología, y lo mínimo que podría exigírseles es la inmediata cesación de la anomalía institucional que amenaza con quebrar el orden establecido.

La segunda es bastante más terrible, pues se desplaza del ámbito clínico al criminal, y es la posibilidad de que el actual poder ejecutivo esté en manos de la mafia asesina por razón de "algo" que se nos escapa por completo: compromisos adquiridos sellados de forma infame, acuerdos previos al acceso al poder de los actuales dirigentes, alianzas inconfesables de grupos de interés distintos y heterogéneos, en fin, una interminable serie de suposiciones que no pueden probarse y de las que posiblemente nunca se llegue a tener cumplida noticia.

Sea como fuere, lo que sí queda gravemente demostrado es que el Estado de derecho ha pasado a una forma restringida de "estado de excepción" y "vacío jurídico" aplicable sola y exclusivamente a todo lo que tenga relación con ciertos movimientos independentistas periféricos. Y esto por sí sólo es suficiente como para llevar a los tribunales no sólo a ciertos miembros del poder judicial, sino también a muchos miembros del poder ejecutivo. Si España ya no conserva las suficientes instituciones independientes como para hacerlo, será necesario recurrir a instancias supranacionales lo antes posible.

Y un último recadito para los cortos de entendimiento: el hecho de constatar una incapacidad grave en un mandatario no tiene nada que ver con la legitimidad de ningún resultado electoral ni con su cuestionamiento; se trata simplemente de que al enfermo hay que llevarle al médico. Es muy sencillito de comprender, y si no se llega a esto, ya ni siquiera la escuela actual podrá remediarlo. Ya no hace falta ni aprobar. Hablaremos de eso próximamente, sin duda.

Analizando el plan del Lehendakari (III)
Raúl González Zorrilla Periodista Digital 19 Abril 2007

Al romper unilateralmente con algunos de los valores absolutos sobre los que se ha asentado la modernidad europea a lo largo de los últimos siglos, el Lehendakari, a través del Plan que lleva su nombre y que ahora quiere someter al referendo de todos los ciudadanos vascos, ha inaugurado un inédito dibujo jurídico en el que cada presunta nación, cada grupo o cada individuo, respondiendo exclusivamente a sus propios intereses, se encuentran legitimados para establecer el marco legal, el tipo de país, las fronteras, las tradiciones, los intereses culturales o los valores éticos que consideren más oportunos. Es de esta forma como el “Plan Ibarretxe” o, lo que es lo mismo, el Nuevo Estatuto Político que el Gobierno Vasco quiere aplicar en Euskadi describe por sí mismo una nueva nación que se asentaría sobre territorios actualmente bajo la jurisdicción de España y Francia, que otorga una nacionalidad diferente (vasca) a los ciudadanos españoles o franceses que actualmente habitan en esos territorios y que se autoadjudica la potestad absoluta de quebrar ordenamientos jurídicos trascendentales como la Constitución de 1978 o el Estatuto de Guernica de 1979, que han garantizado la convivencia de los ciudadanos vascos y españoles a lo largo de las últimas décadas.

De hecho, el empeño deslegitimador es tal y tan poco sutil que en el nuevo modelo convivencial que el nacionalismo vasco desea para Euskadi se señala, textualmente, que “el Estado deberá agotar todos los instrumentos de cooperación y de prevención de conflictos que se establecen en el presente Estatuto. En consecuencia, no resultará de aplicación unilateral, por parte del Estado, la previsión del artículo 155 de la Constitución, no podrá dictar unilateralmente medidas coercitivas de cumplimiento obligatorio para la Comunidad de Euskadi”.

Además de desvirtuar drásticamente valores referenciales como los transmitidos por la tradición histórica (la auténtica historia de Euskadi comienza a contemplarse como tal a partir de la entrada en vigor de la nueva etapa política), la propia idea de nación (tal y como se entiende en el continente europeo desde el siglo XIX) o el marco constitucional español, el Plan Ibarretxe anula conceptos tractores que han sido fundamentales en la consolidación de las democracias occidentales. Así, al soslayar la necesidad de que en el País Vasco se haga justicia con las víctimas provocadas por más de tres décadas de terrorismo, al obviar la propia existencia de la actividad criminal y al no realizar ninguna mención al hecho de que, recién inaugurado el siglo XXI, la mitad de la población vascas que no es nacionalista aún sigue declarando su temor a ejercer en libertad sus derechos cívicos más elementales, el Gobierno vasco independentista se suma a una carrera iniciada por ETA y Herri Batasuna muchos años atrás y termina por reducir al absurdo principios fundamentales de coexistencia que desde sus orígenes han servido para mejorar las relaciones entre los individuos, y entre éstos y las instituciones que los representan.

De este modo, la defensa de los Derechos Humanos por parte de las instituciones, el establecimiento por parte de éstas de un marco convivencial ético en el que victimarios y damnificados no ocupen el mismo lugar en la sociedad, la protección de las libertades individuales, el reforzamiento constante del sistema democrático o la puesta en marcha de acciones eficaces para que la educación sea una herramienta básica de formación de ciudadanos son cuestiones que no tienen cabida en el “Plan Ibarretxe” y cuya ausencia deja al descubierto el desierto moral sobre el que se asienta el proyecto. Esta ignorancia premeditada, este máximo desprecio hacia los macroargumentos éticos, políticos y culturales que han servido de guía a los ciudadanos occidentales a lo largo de los últimos siglos, no resulta algo inocuo o inocente sino que, muy al contrario, abre la puerta a la más absoluta anomia social y a un proceso de banalización del mal que ya tiene su reflejo en la propia propuesta del Lehendari Juan José Ibarretxe.

Solamente así puede explicarse que el nuevo Estatuto, después de tres décadas de actividad criminal de ETA, cuando la organización continúa reiterando un día tras otro su voluntad de asesinar y mientras en Euskadi existen 50.000 ciudadanos directamente amenazados por el terrorismo y un número indeterminado de personas que se sienten víctimas potenciales del horror, plantee medidas tan rotundas contra la barbarie como las siguientes: “De acuerdo con la valores del autogobierno vasco, y atendiendo al carácter prioritario de la defensa y protección de los Derechos Humanos y Libertades de todas las personas, el Parlamento vasco desarrollará por Ley una Carta de Derechos y Deberes Civiles y Políticos de la ciudadanía vasca”.

Más información sobre este tema, en mi libro "Terrorismo y posmodernidad".
Blog personal del periodista vasco Raúl González Zorrilla

Un programa para el PP
El cheque escolar en cinco sencillos pasos
Álvaro Vermoet Hidalgo  Libertad Digital 19 Abril 2007

Una de las consignas de la izquierda para justificar su monopolio sobre la educación es que es algo tan importante que no puede dejarse en manos del "neoliberalismo salvaje". Ese "neoliberalismo" pasaría sin duda por el cheque escolar, que consiste en pagar a los padres para que escolaricen a sus hijos en cualquier colegio en vez de subvencionar los públicos y privados concertados. Si el PP no defiende el cheque escolar, no sólo está impidiendo que las preferencias de los padres influyan en la oferta educativa, sino que está renunciando a dar y ganar la batalla de las ideas en la educación, dando la razón a quienes pretenden "protegerla" de la economía de mercado que defiende el PP.

El PP suele alegar que es difícil implantar el cheque escolar, ya que habría que laboralizar a los funcionarios de la escuela pública, para que ésta pueda depender de la demanda, y dejar de financiar los centros privados concertados, lo que generaría conflictividad en ambos sectores. Ciertamente, un cheque escolar que merezca tal nombre tiene que ser para todos los alumnos, sea cual sea su centro en la actualidad, pero dar el cheque a todos no implica cambiar de la noche a la mañana el sistema de financiación de los colegios públicos y concertados. Veamos cómo podría implantarse a nivel autonómico. Las medidas a corto plazo serían:

1. Dejar de crear puestos de funcionario en la escuela pública, dando autonomía a los centros públicos para elegir a sus propios docentes en el futuro.
2. Calcular el coste medio del puesto escolar en centros públicos y concertados.
3. Dar a los padres un "cheque escolar" canjeable o bien por un puesto escolar en un centro público o concertado, o bien por el equivalente en dinero al coste medio del puesto escolar de estos centros en un centro educativo no subvencionado.

La diferencia entre esto y una mera desgravación fiscal de la enseñanza no subvencionada es que así se potencia la idea de movilidad, ya que los alumnos pueden retirar su cheque de un centro y llevarlo a otro. Además, se estimula que la iniciativa privada se instale en las zonas desfavorecidas ofreciendo puestos escolares a precio de cheque escolar, ya que los padres no tienen que pagar primero y desgravar después, sino que pueden ir al nuevo centro con el dinero del cheque. También, se incentiva a los centros concertados a renunciar al concierto y cobrar directamente a las familias el valor del cheque, recuperando así su autonomía. Y, finalmente, se debilita la dictadura lingüística (http://www.youtube.com/watch?v=UB9DehZYEAw) y la pedagogía del odio que rigen la educación sometida al control del nacionalismo.

Pero la economía de mercado requiere información y transparencia, y si uno de los objetivos del cheque es mejorar la calidad de la enseñanza, los padres no deberían tener sólo la información sobre el horario, la educación moral o religiosa o el número de ordenadores que ofrezca el centro, sino también un dato externo sobre los resultados académicos. Para ello, un paso opcional sería realizar una prueba de evaluación a todos los alumnos al final de cada etapa y hacer públicos los resultados por centro. Y, finalmente, dos pasos a largo plazo que sí requerirían reformar la legislación:

4. Modificar gradualmente el sistema de financiación de los centros públicos y concertados para que aquellos con demanda suficiente para poder financiarse por el cheque escolar dejen de recibir fondos públicos y cobren directamente el importe del cheque a los alumnos.
5. Aplicar sobre el resto de centros un programa de recuperación que trate de mejorar sus resultados o de especializar su oferta educativa para hacerlos más atractivos y, si esto no funciona, privatizar o cerrar estos pocos centros.

Álvaro Vermoet Hidalgo es presidente de la Unión Democrática de Estudiantes (http://www.estudiantesliberales.es/) y consejero del Consejo Escolar del Estado y del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid.

Carta a María San Gil
Xoán Xulio Alfaya Periodista Digital 19 Abril 2007

Estimada amiga:

Aunque no nos conocemos personalmente, me tomo la libertad de llamarte amiga porque ambos compartimos amistad con una misma causa, la Libertad, y ya sabes que los amigos de mis amigos son mis amigos. Yo no pertenezco a ningún partido político y soy, con respecto a la política, un escéptico incurable. A estas alturas de mi vida ya no trato de luchar contra mi escepticismo pues a él le debo una buena dosis de soledad, es cierto, pero también de libertad y de buenos y entrañables amigos. Si la soledad a veces se me hace cuesta arriba y me duele, la libertad me consuela y me refresca como un baño en las frescas aguas de mi playita de este hermoso mar de Vigo. Digo "mi" no porque sea mía, que no me da para tanto el presupuesto, sino porque siempre voy a la misma y, después de tantos años, nos hemos cogido cariño.

María, yo no te veo como presidenta del Partido Popular del País Vasco, sino como una mujer valiente y luchadora que le ha devuelto la confianza y la dignidad a muchos vascos aplastados por la bota de hierro del nacionalismo étnico-lingüístico.

Acabo de enterarme de tu cáncer de mama. Si has tenido fuerza para luchar contra el nacionalismo totalitario con una valentía digna de mi mayor respeto y admiración, estoy seguro que también la tendrás para luchar contra el cáncer. Si has sabido navegar entre las malolientes aguas del odio y la intolerancia, estoy seguro que también te las apañarás para sobrevivir al dolor de ese cáncer que ahora te pone a prueba.

Desde esta Galicia agarimosa, ahora también acosada por el cáncer nacionalista, te mando mi más cordial saludo y mis mejores deseos de pronta recuperación y, si todavía te quedan fuerzas para ello, de vuelta a la arena política.

Un fuerte abrazo.

Xoán Xulio Alfaya
VIGO

No estaremos en el Euskalduna
CRISTINA CUESTA GOROSTIDI /MIEMBRO PORTAVOZ DE COVITE COLECTIVO DE VÍCTIMAS DEL TERRORISMO El Correo 19 Abril 2007

El lehendakari de todos los vascos y vascas empezaría a tener alguna credibilidad si en el Euskalduna pidiera perdón en nombre del militante de su partido que hirió con villanía a Antonio Aguirre, militante del Foro Ermua. Lejos de esta mínima acción de desagravio, su partido ha intentado culpabilizar a la víctima, justificar la agresión e inventarse una realidad que quedó grabada en vídeo y que cualquier observador mínimamente cabal describiría como el ataque de una mayoría fanatizada que insultaba, amenazaba y humillaba a una minoría que gritaba libertad en defensa de sus derechos constitucionales básicos. Esta escena, una más, del mundo al revés sintetiza a la perfección uno de los dramas de fondo del País Vasco: la arrogancia y la falta de escrúpulos de los que se creen amos del terruño y la indefensión de los que no se callan y dedican su tiempo a luchar por sus derechos de ciudadanía.

El ejemplo puede extrapolarse a cientos de situaciones que Covite registra cotidianamente, algunas públicas, otras no. Actuaciones, declaraciones, acciones y omisiones de las instituciones vascas y de la acción o inacción de las distintas consejerías y ayuntamientos liderados por el régimen nacionalista o las entidades por ellos tuteladas. Hechos objetivos que objetivamente humillan a las víctimas y que tienen que ver con la permisividad y la impunidad con las que el mundo que engendra y cobija el terrorismo en Euskadi se reproduce y se asienta.

Covite ha declinado asistir al acto dedicado a las víctimas del terrorismo que se celebrará en el Palacio Euskalduna el próximo día 22 y que presidirá el lehendakari Ibarretxe. Es cierto que es la primera vez en treinta años que el Gobierno vasco organiza un acto anunciado como de homenaje a las víctimas. Es igualmente verdad que la realización de dicha iniciativa emana de la proposición no de ley aprobada por unanimidad en el Parlamento vasco el 25 de junio de 2003, entre otras.

El papel de las víctimas ha evolucionado. Éste ya no es ignorado ni marginado, cuando no eliminado del debate y la acción política. Hemos ganado en reconocimiento y en protagonismo a pesar de las campañas de desprestigio, a base de mucho esfuerzo, siendo pioneras en el trabajo por la memoria y la justicia, y también, y especialmente desde Euskadi, en la verdad de la defensa de un relato deslegitimador del terrorismo, reto aún pendiente por el que poco o nada hacen quienes nos gobiernan desde hace tantos años.

El Gobierno vasco se ha declarado claramente en contra del Pacto Antiterrorista y por las Libertades, de la Ley de Partidos, de las reformas legislativas del Código Penal, de la Audiencia Nacional, de las medidas europeas más importante para derrotar al terrorismo. El Gobierno vasco está nítidamente a favor del diálogo-negociación política, de la mesa extraparlamentaria de partidos para la reforma estatutaria, de los beneficios penitenciarios a terroristas incluida la excarcelación. Una definición del problema, una acción política e institucional y una estrategia absolutamente contraria a los intereses de Covite.

Es imposible contentar a las víctimas y a los verdugos a la vez. No es aceptable reunirse a la mañana con ETA, con Otegi, o anunciar que se seguirá haciendo, y homenajear a las víctimas por la tarde. Es inaceptable el perdón social que nos ofrece el lehendakari porque nosotros, las víctimas de Covite, somos ciudadanos vascos, ¿nos tendremos que pedir perdón a nosotros mismos?

El homenaje es un acto de maquillaje, con tintes de oportunismo electoral, mal planeado porque no ha concitado apoyos suficientes, superficial por puntual y sin contenido. ¿Qué pasará el 23 de abril? Desgraciadamente seguiremos con esta política de confusionismo y ambigüedad interesada.

La proposición no de ley aprobada por unanimidad en el Parlamento vasco el 25 de junio de 2003 ha quedado en papel mojado. Las medidas de mayor calado que obedecen a una regeneración pedagógica, a que las reivindicaciones y el testimonio de las víctimas y su experiencia se integren en los centros educativos ha sido ignorada por 'abrupta'. Las medidas que se propuso tomar para que los medios públicos acogieran y dieran protagonismo a las víctimas y en su defensa neutralizaran los mensajes de apología del terrorismo han caído en saco roto. ¿Qué decir del punto 7?: «El Parlamento vasco insta a todas la administraciones públicas a la eliminación de pintadas, carteles y a la prohibición de cualquier acto público que atente contra la memoria de las víctimas o que hiera la dignidad de las personas o atente contra sus derechos cívicos».

A fecha de hoy, casi cuatro años después, no se ha instalado la escultura prometida en el Parlamento vasco en recuerdo de las víctimas, no se ha apoyado a las asociaciones en el acompañamiento a juicios en la Audiencia Nacional, no se ha promovido la reserva porcentual en las ofertas públicas de empleo, no ha salido adelante la prometida Ley de Solidaridad, no se ha regulado ninguna medida de apoyo a los miles de vascos que se han desplazado por amenazas terroristas.

Covite piensa que la jornada de homenaje debería ser una consecuencia de un cambio auténtico de rumbo por parte del Gobierno vasco en sus políticas en contra del terrorismo, en la búsqueda de una justicia integral y por lo tanto a favor de las víctimas. Esperamos que llegue el día en que un lehendakari asuma la responsabilidad institucional de pedir perdón por tantas dejaciones y cesiones respecto al terrorismo y tantas humillaciones para las víctimas.

LA SITUACIÓN ES "INACEPTABLE" Y "ABSOLUTAMENTE INJUSTA"
La AVT exige al Gobierno que envíe a De Juana a la cárcel "de forma inmediata"
La revelación de El País sobre las salidas de De Juana Chaos del hospital de San Sebastián ha empujado a la AVT a exigir que el etarra "vuelva a la cárcel inmediatamente". Para el colectivo de víctimas, es "inaceptable y absolutamente injusto" que "el asesino de 25 personas haya logrado esta situación", en alusión a que De Juana "sale a la calle con su novia, en un coche particular" y aprovecha para "hacer compras". La AVT también se pregunta por qué el etarra tiene que consultar a otros especialistas si está ingresado en un hospital, un hecho por el que piden explicaciones a Zapatero y Rubalcaba.
Libertad Digital 19 Abril 2007

En un comunicado al que ha tenido acceso Libertad Digital, la AVT lamenta que tanto "el asesino De Juana Chaos" como el Gobierno de Zapatero continúan "despreciando a las víctimas del terrorismo" y "riéndose de la sociedad española". "Como era previsible, dentro del proceso de rendición iniciado por el Ejecutivo ante ETA, el terrorista goza ya de una libertad inaceptable en cualquier Estado de Derecho", denuncia el colectivo en la nota de prensa.

Basándose en la información publicada por el diario El País, la AVT recuerda que el terrorista "sale a la calle con la novia, en un coche particular", para realizar "compras u otro tipo de actos no relacionados con el tratamiento médico", citando al propio diario. Califica además de "llamativo" que el etarra, "estando en un hospital, tenga que ser atendido fuera de este por un oftalmólogo y un homeópata".

Para el colectivo "es inaceptable y absolutamente injusto" que "el asesino de 25 personas, y que ha provocado decenas de heridos, haya logrado esta situación". Por esta causa, desde la asociación exigen que "el etarra vuelva a la cárcel inmediatamente". La AVT pide también explicaciones a Zapatero y a Rubalcaba y les exigen "alguna decisión al respecto".

"Parece mentira que el atentado de Barajas, el último comunicado amenazante de ETA, y el rearme de la banda terrorista, entre otras cosas, sigan amedrentando al Ejecutivo", indica el colectivo, que anuncia también el inicio de "una campaña para que el proceso de rendición ante ETA finalice definitivamente". "Es lógico que, tanto las víctimas como los ciudadanos de bien, continúen defendiendo el Estado de Derecho que está debilitando el actual Gobierno", concluye.
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