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Recortes de Prensa     Viernes 20 Abril   2007

Izquierda liberal
Los mártires de la lengua y Telemadrid
Antonio Robles Libertad Digital 20 Abril 2007

La mejor forma de desautorizar una calumnia es demostrarla falsa con datos y argumentos. Nada de esto se ha hecho con el reportaje "Ciudadanos de segunda" de Telemadrid, donde se denuncia la marginación de los derechos lingüísticos de los ciudadanos castellanohablantes en Cataluña.

Lo tenían fácil, lo siguen teniendo tirado con las reproducciones que se siguen haciendo por Internet, pero prefieren criminalizar a Telemadrid, a El Mundo TV y montar un muro de las lamentaciones para seguir ocultándose a sí mismos el Savoranola que llevan dentro. Un ejército de fieles lo ha hecho y lo sigue haciendo a través de las ondas de radio, las televisiones y los artículos en los periódicos. Pilar Rahola, en El Periódico de Catalunya (14/04/07), me inspira esta réplica.

Toda su teoría consiste en afirmar que durante los últimos catorce años se ha ido fraguando un lento estado de opinión contra el catalán y contra Cataluña desde los oscuros micrófonos clericales y la España negra del PP. El resto son insultos y el consabido victimismo expresado a través de ellos ("delirante reportaje", "aullando", "intolerancia", "soezmente", "miserias", "demagógico", "burda manipulación", "pedrojotas", "infamia", "difamación", "mentir", "mentira", "difamar"...), pero ni una sola referencia a las supuestas difamaciones ni, por supuesto, ninguna demostración de que nada de lo denunciado sea falso.

¿Acaso es falso que hoy en Cataluña no se puede estudiar en castellano en ninguna escuela primaria? ¿Es falso que las aulas de acogida existen para fijar el catalán como única lengua de relación en la escuela? ¿Es falso que en algunos colegios ni siquiera se dan las clases de castellano en castellano y en algún otro ni siquiera se da la asignatura?

¿Es falso que la administración autonómica, toda la administración autonómica (escuela, institutos, universidad, ayuntamientos, parlamento, museos, centros cívicos, etc. tienen como lengua única de trabajo el catalán? ¿Es falso que para optar a cualquier trabajo en ella se ha de pasar un examen de catalán sin oportunidad para los que acaban de llegar de haber tenido tiempo para aprenderlo?

¿Es falso que existen "oficinas de garantías lingüísticas" únicamente para defender los derechos del catalán y para multar a través de la oficinas de Consumo de la Generalitat a quienes utilicen sólo el castellano en sus establecimientos comerciales? ¿Son falsas las más de 300 multas que sus inspectores han impuesto a otros tantos establecimientos comerciales, recaudando 223.225 €?

¿Es falso que toda la toponimia en castellano ha sido eliminada de nuestro callejero para sustituirla sólo y únicamente en catalán? ¿Es falso que los medios públicos de comunicación de Cataluña utilizan únicamente el catalán, traduciendo incluso los SMS que envían los teleespectadores a TV3 cuando están en castellano? ¿Es falso que, en una comunidad que hay más del cincuenta por ciento de ciudadanos que tienen al castellano como lengua habitual, en el Parlamento sólo hablen castellano los tres diputados de Ciutadans?

Entiendo que a Pilar Rahola y a todos los demás nacionalistas les irrite que haya un "lento estado de opinión" que piense que todo eso que acabo de enunciar es inadmisible. Pero el que ellos consideren que la inmersión es buena para los niños castellanohablantes y mala para los catalanohablantes y que la única lengua propia de Cataluña es la suya no quiere decir que sea legal, ni siquiera decente. Confunden sus deseos de que Cataluña sea de tal o cual forma con que se tenga o no derecho a denunciar lo que otros opinan que supone una merma de sus derechos. El problema de Rahola y los demás nacionalistas es el de los aristócratas de todos los tiempos: se creen con derechos históricos para dominar la tierra, los bienes y el curso de la vida del resto de mortales.

Sus contradicciones son tan sistemáticas que ni siquiera tratan ya de enmascararlas. Un ejemplo entre mil: El vicepresidente del Gobierno de la Generalitat, Carod Rovira, a la vez que carga contra el reportaje por mentir, no se le caen los anillos para afirmar: "Ninguna (lengua) nos molesta, pero la nuestra, la primera."

Sí es verdad, sin embargo, que el reportaje de Telemadrid es parcial y pendenciero. Expone una realidad que es incontestable (menos para los nacionalistas), pero deja de exponer otra que falsifica el conjunto. La exclusión de los derechos de los ciudadanos castellanohablantes se circunscribe a los organismos oficiales de la administración de la Generalitat de Cataluña: Parlamento, Gobierno autónomo, Ayuntamientos, Escuelas, medios de comunicación públicos, sanidad, centros cívicos, la mayor parte de asociaciones culturales, etc., pero la sociedad civil en general no vive estos avatares con exclusión y mucho menos con angustia. Si bien es cierto que la atmósfera de acoso que crean desborda esos ámbitos administrativos y afecta a la sociedad civil.

Se echaba en falta una representación de los miles y miles de ciudadanos de las dos lenguas que no están de acuerdo con la política monolingüista de la Generalitat, ni participan del nacionalismo excluyente. Les aseguro que son la mayoría social, pero hoy aún no tienen poder.

Teniendo razón Telemadrid en el fondo, la pierde en el formato. Y mientras tanto, aquí ya han adoptado a la cadena autonómica como nuevo hombre del saco. ¡Hay que tener huevos! TV3 lleva haciendo eso y más hace dos décadas y ni siquiera se han dado cuenta. ¡Angelitos!

antoniorobles1789@hotmail.com

Desandar el camino
POR MANUEL ÁLVAREZ TARDÍO ABC 20 Abril 2007

HACE poco hemos asistido a una de esas historias que no calan demasiado en la opinión pública, la de ex dirigentes del Partido Comunista de España vanagloriándose de su papel en la Transición, mientras dirigentes actuales de ese mismo partido consideran aquel proceso como una claudicación inaceptable y declaran abiertamente que el respaldo de los comunistas a una Monarquía democrática se debió únicamente al miedo a un golpe de Estado y a la decisión personal de Santiago Carrillo. La historia, sin embargo, no carece de importancia, pues pone de relieve el viaje de ida y vuelta realizado por un sector minoritario, pero relevante, de la izquierda española. Apenas había pasado un lustro desde la celebración de las primeras elecciones democráticas, cuando los comunistas españoles decidieron desandar el camino y adoptaron como propia la interpretación, hasta entonces minoritaria, de la Transición como una traición que habría dado lugar a una democracia imperfecta. Iban a contracorriente, pero eso les ayudaba a tender puentes con otros sectores, como era el caso del nacionalismo vasco y el independentismo catalán.

Sin embargo, la línea mayoritaria en la interpretación académica de la Transición y en la memoria de la misma construida por sus principales protagonistas, no cuestionaba, sino todo lo contrario, la legitimidad fundacional del sistema inaugurado en 1978. En ese sentido, resulta razonable, por tanto, que el actual presidente del Gobierno, en un reciente encuentro con historiadores, se haya referido a la Transición en los términos más o menos esperados, esto es, como un hecho histórico positivo y del que los españoles pueden sentirse orgullosos. Lo contrario, además, no se hubiera correspondido muy bien con la historia de su propio partido en las dos últimas décadas.

Sin embargo, no son pocas las dudas que surgen a propósito de esta intervención. Si todo esto hubiera ocurrido a finales de los ochenta o incluso durante toda la primera parte de los noventa, las palabras del presidente no hubieran extrañado a nadie. Por aquel entonces, mientras la salida de Santiago Carrillo daba paso en la nueva Izquierda Unida a una revisión crítica de la Transición, los socialistas, protagonistas del consenso constituyente y responsables del Gobierno desde 1982, no estaban fuera, sino dentro, del amplio coro de alabanzas a la Transición. Pero hoy no resulta tan sencillo creer que todavía existe una diferencia abismal entre los discursos de Rodríguez Zapatero y Francisco Frutos a propósito de lo ocurrido en el bienio constituyente. Las palabras del presidente no se corresponden con algunas de las políticas que su gobierno ha impulsado o amparado. Hoy, además, a nadie se le oculta que en el Partido Socialista y en sus cercanías mediáticas existen motivos para no considerar oportuno un exceso de celo en la reivindicación de la etapa constituyente. Es harto significativo, además, ese afán por presentar algunas medidas, como la que pretende aprobarse a propósito de la «memoria histórica», sin apenas reconocimiento de lo legislado anteriormente, como si incluso durante la larga etapa de los gobiernos de Felipe González no se hubiera actuado con suficiente determinación, constreñidos por una consideración idílica del período fundacional de la democracia.

El resultado, como cabía esperar, es que la imagen de la Transición como un éxito en la historia contemporánea de España ha pasado a ser habitual solamente entre los dirigentes del Partido Popular, a los que resulta, además, complemento indispensable del pilar central de su oposición al Gobierno: la defensa del orden constitucional frente a lo que consideran una revisión encubierta del mismo.La situación, desde luego, da lugar a comportamientos un tanto esquizofrénicos, como el de algunos nuevos defensores acérrimos del orden autonómico de 1978 que en otras circunstancias hubieran dirigido duros ataques contra el Título VIII de la Constitución; o el de los que siguen sosteniendo que la Transición fue un éxito de la oposición antifranquista a la par que hacen numerosos guiños a quienes, desde los extremos del sistema, consideran a nuestra democracia como un producto imperfecto de una transición pactada con ex franquistas.

Si todo quedara en un debate entre especialistas a propósito de la historia política de la Transición, apenas habría de qué preocuparse. Pero en él están involucrados los dos pilares sobre los que ha funcionado la alternancia y se ha consolidado la democracia en España: los dos grandes partidos nacionales. Quizá pueda ser discutible parte de la actual estrategia conservadora, en la medida que no parece asumir del todo que la España autonómica definida en 1978 está necesitada, por el modo en que ha evolucionado, de una reforma profunda, de una especie de ley de punto y final que permita asegurar la supervivencia del Estado nacional, y por tanto de los mecanismos que garanticen la igualdad ante la ley y el ejercicio real del principio de solidaridad territorial.

Con todo, no es el mayor o menor acierto del PP ante esta situación, sino la estrategia de demolición de la legitimidad fundacional del sistema emprendida por el actual presidente del Gobierno y respaldada sin apenas fisuras por su partido, lo que nos ha colocado en una situación tan inesperada como embarazosa. Situación tanto más chocante si se piensa que ahora más que nunca la sociedad española ha alcanzado niveles de riqueza, bienestar y desarrollo tanto tiempo anhelados

El afán por rescatar para la vida política lo que ya sólo preocupaba a los historiadores; el empeño en querer pasar a la historia como el gran taumaturgo de la España del siglo XXI; la voluntad apenas disimulada de someter a la derecha a un cercamiento institucional que la impida, no ya ganar en unas elecciones —algo que no está, al menos por ahora, en su mano— sino gobernar con normalidad; y la decisión cada vez más evidente de que sean el sistema, y no los nacionalistas, el que se pliegue a las demandas de quienes siempre lo consideraron un medio y nunca un fin en sí mismo. Todo eso, aunque Rodríguez Zapatero parezca negarlo con su defensa formal de la Transición, supone un ataque absolutamente demoledor contra la legitimidad fundacional de nuestra democracia. Algunos se confunden al pensar que se trata de una apuesta valiente a favor de una revisión constitucional con la que lograr una España más plural. El problema es otro. La revisión, por supuesto, puede hacerse —y algunos la veríamos con agrado si de lo que se trata es de desarmar el victimismo nacionalista y reforzar la eficacia de la Administración central como garantía de los derechos y libertades fundamentales—.

Pero lo que el actual Gobierno ha puesto en marcha no es eso, sino la revisión de los valores compartidos sobre los que se edificó el consenso constituyente. Lo que se busca no es un cambio en las reglas del juego, sino una forma de interpretar esas reglas conforme a los elementos ideológicos compartidos por la izquierda y los nacionalistas, laminando de paso a la derecha. La idea es bien sencilla, y fue formulada por personajes situados en el extremo del sistema hace ya tiempo: para hacer posible la Constitución de partido que no se logró en 1978 ha de fracturarse primero el puente ideológico entre los dos grandes partidos nacionales que hizo posible la configuración de unas reglas comunes.

El presidente haría bien en meditar, pues rota la lealtad al bipartidismo —algo que con tanto ahínco han perseguido los comunistas y los independentistas—, podrá ser posible por un tiempo un monopolio temporal del poder asentado en una interpretación de la Constitución a gusto de los revisionistas, pero la democracia, entonces, habrá de afrontar una crisis de legitimidad que ya ha empezado a vislumbrarse y que será muy difícil reconducir.

Crispación y sectarismo
POR EDUARDO SAN MARTÍN ABC 20 Abril 2007

PASA por ser una de las «mejores cabezas» de la izquierda española y muchos de los devotos de esa feligresía aún lamentan su prematuro abandono de la política en favor de la academia. Pero, el miércoles, José María Maravall estuvo muy en político de partido y mucho menos en académico escrupuloso. Puso todo los huevos de la culpa por la crispación en el mismo cesto, el del PP naturalmente. Y es verdad que formuló algún reproche de tono menor a Gobierno y PSOE (Endesa, haber perdido la iniciativa) pero, en conclusión, su sentencia era inequívoca: existe una estrategia premeditada de crispación para asaltar el poder y en su diseño «nada tienen que ver» los errores que haya podido cometer el Gobierno en asuntos tan vidriosos como el debate territorial y las alianzas del PSOE con los nacionalismos, o el fracaso de la aventura equinoccial de Zapatero en busca de la paz perdida en el País Vasco. En ese sentido fue más allá que el informe de la Fundación Alternativas, cuya presentación daba pie a su reaparición política.

No acreditado para glosar su intervención en el lugar y fecha de autos, me permito expresar aquí algunas observaciones a un discurso que no es sólo suyo, sino de gran parte de la izquierda española:

1. Maravall exhibió como pieza de convicción del sectarismo de «nuestra» derecha política («ya nos gustaría tener otra», dijo) la lista de insultos dedicados a Zapatero, algunos de los cuales, como el de «cómplice de ETA», suponen, es cierto, un menosprecio injustificable en el debate político. Olvidó, sin embargo, mencionar los epítetos que la oposición de la época dedicó al predecesor de Zapatero en el cargo («asesino», «dictador», «lacayo», «mafioso»). Podemos consumir más energías en rastrear hemerotecas, pero no parece que la cantidad o calidad de los insultos que los políticos se dedican entre sí sea la medida más exacta para calibrar responsabilidades por la crispación. En el mejor de los casos, nos daría un resultado próximo al empate.

2. Nunca hasta el Pacto del Tinell, ningún grupo o partido había acordado por escrito la «muerte política» de otro. Eso sí es un comportamiento sectario. Y ocurrió cinco meses antes de que el PP perdiera el poder, es decir cuando aún no se vislumbraba «estrategia de la crispación» alguna. Escamotear del análisis de la polarización actual la pretensión de una cierta izquierda de mandar a «nuestra» derecha política extramuros del sistema revela un propósito escasamente riguroso.

3. ¿Zapatero, un moderado? Si por ello se entiende lo melifluo de sus maneras, se puede estar de acuerdo. Entiendo, en todo caso, que el profesor formula una opinión y no una constatación, difícil de defender en un campo minado por las afinidades y las posiciones relativas. Por lo que, con la misma certidumbre, se puede opinar exactamente lo contrario. Y eso es lo que hacen, creo yo, amplios sectores de la sociedad española, y no sólo en la derecha. Pero afirmar que el PP se comporta como un energúmeno «a pesar de que Zapatero es un moderado» me parece un argumento rayano en la ironía, que, todo hay que decirlo, Maravall maneja con soltura envidiable.

4. Sostuvo el orador que, en el fondo del comportamiento del PP, late la convicción de que la izquierda es «usurpadora» de un poder que correspondería de «forma natural» a la derecha. Se asombraría el profesor de cuántos de sus colegas defienden exactamente lo contrario: que, en el imaginario de gran parte de nuestra izquierda, el pasado «franquista» de la derecha le inhabilita para detentar un poder que sólo pertenecería a quienes «lucharon por la democracia». No es una suposición: lo dio a entender él mismo cuando aseguró que la sociedad española simpatiza «dos o tres veces más» con la izquierda que con la derecha. ¿Cómo no ser considerado un intruso cuando se ocupa el poder en contra de afectos tan rotundos? Y de ahí, una inferencia sutil que contiene una tremenda carga de profundidad: la derecha tiene que recurrir a la crispación porque sólo puede ganar las elecciones de esa manera.

Una observación final: para Maravall, la equidistancia denota «pereza intelectual». Y cosas mucho peores, diría yo. Pero me temo que confunde equidistancia y ecuanimidad. En el mismo acto, José Antonio Zarzalejos, sin asumir ninguna equidistancia, trató de ser ecuánime. Maravall, ni lo intentó.

El asesino pasea por la ciudad
POR MIKEL AZURMENDI ABC 20 Abril 2007

EL asesino pasea por San Sebastián y dos ertzainas velan para que pueda efectuar sus compras sin sobresaltos. Llamarle asesino sería, por ejemplo, un sobresalto. Nada, pues, de sobresaltos. Además de alimentarse de noticias de asesinatos y celebrarlas con gambas y champán, cuando ya terminaba de cumplir su condena escribió desde la cárcel varios artículos en ese periódico de las declaraciones oficiales de ETA y de los avisos de bomba y de las designaciones de ciudadanos para ser abatidos por los terroristas. En los artículos de ese periódico clamaba él por proseguir el terrorismo que llama acción armada, y daba nombres de jueces y empleados de prisión. Nombres para ser borrados y no se nombren más. Así pues el asesino se disponía a salir de prisión tras haber anunciado nombres-esquela en esa prensa para hombres encapuchados. La libertad de expresarse, ya se sabe. Además de haber borrado 25 nombres, el asesino que hoy se pasea sin sobresaltos dejó en el camino a bastantes tullidos que no pueden salir de compras ni pasearse por su ciudad.

Era un lunes, el último de julio de 1985, agosto comenzaba al día siguiente. La gente se había echado ya a las carreteras en busca de descanso y felicidad. Paco había pasado el fin de semana retocando su carro-tienda y soñando con estrenarlo en breve para irse con su mujer de vacaciones. Siempre habían hecho camping, era ya hora de pasar a la modesta caravana. Paco había trabajado de asalariado en el taxi durante quince años y sacó unas oposiciones para chófer, en el Ministerio de Gobernación. Le habían asignado el coche del general de división Fausto Escrigas.

Y el asesino que hoy se pasea por nuestra ciudad paseaba también en ese último día de julio de 1985 por Madrid donde también solía efectuar compras con Belén Peñalva pero ahora tenían ambos una metralleta en la mano y aguardaban al Mirafiori verde, casi nuevo, del general Escrigas. Además de saber pasear, hacer compras y darle uso a la metralleta, la pareja de asesinos sabe también que se trata de tirar primero contra el chófer y luego contra el objetivo a abatir. Lo saben desde que el general Rosón, abatido por otros conmilitones de Euskalerria, fue llevado por su chófer al Clínico y así salvó la vida, y fracasó el plan. Desde entonces todos los paseantes de metralleta en mano con objetivo a abatir saben que hay que tirar primero contra el chófer. No vaya a ser que el chófer haga fracasar el plan. Y no es plan. Ellos no quieren mal al chófer, claro está, pero Euskalerria obliga a mirar hacia el objetivo y, si hay algo colateral que se vea, pues cae también. Y tiran contra Paco.

Paco Marañón García había prometido esa mañana a su mujer, mira que eres golosa, mujer, venir prontito a comer el pastel que haría ella para festejar el sexto aniversario de su nieto. Paco nunca probó de aquel pastel. Seis tiros, y los de la metralleta lo dieron por muerto. Escrigas yacía muerto detrás. Paco sobrevivió a las dos balas que le dañaron el cerebro tras muchos meses en la UCI, y los médicos pronosticaron que quedaría tonto y ciego. Paco ve pero no anda, lo levanta Betty de la cama una vez al día, salvo los domingos, que los pasa solo esperando la visita de su hermana y su cuñado. Betty acompaña a Paco por las mañanas. Paco aprendió a hablar pese a los intensos dolores en la cabeza que le produce la metralla que tiene en el cerebro.

La mujer de Paco murió de cáncer a los dos años de aquello. «Aquello» es la circunstancia vasca que produjo a este Paco de hoy, que te dice «estoy deseando salir con los pies para adelante... ¡Ojalá me hubieran matado!... Para estar así sufriendo... a los caballos de carreras cuando se parten una pata los matan, pues a nosotros igual, ¡a ver qué hago yo en esta vida! Sufrir. Si me pica muchas veces la espalda no puedo rascarme...»

Paco tiene 75 años y te contesta sin tardar a las dos últimas preguntas. No hay ya odio en lo que te dice, antes sí, antes lo corroyó el resentimiento pero ahora sólo quiere desaparecer. ¿Qué habría que hacer con estos asesinos, Paco? «Lo que ellos han hecho que se lo hagan a ellos. ¿Pero si los matas sabes lo que pasa?, que no sufren. Lo que hacen ellos, hay que dejarlos igual a ellos». ¿Qué te gustaría que se dijera de ti? «No sé, pues decid: ahí tenéis un trozo de carne con ojos, porque yo soy un trozo de carne con ojos». Esa carne está en una cama y cerca tiene una silla de ruedas, y sus ojos ya no quieren ver la televisión.

A Paco Marañón nadie le ha pedido perdón. Ibarretxe ¿a qué esperas? ¿Cuándo le vas a exigir al paseante donostiarra que lo pida, en lugar de comprometerte a cuidarle con cariño? Las víctimas no están todas muertas y, además de monumentos y actos, aguardan a que te vuelvas humano.

Este domingo, 22 de abril, el Gobierno vasco tratará de poner en acto de manera harto vergonzante la proposición no de ley parlamentaria del 25 de junio del 2003 respecto a las víctimas del terrorismo. Todavía nunca les ha hecho un reconocimiento público, incondicional e institucional pero lo que vaya a hacer este domingo tampoco es del calado que requiere la justicia para con las víctimas vascas del terrorismo vasco, porque es un amaño para pedir una paz sin reconocer la injusticia absoluta del verdugo. Y las víctimas han asegurado que no estarán en ese acto porque el gobierno de Ibarretxe sigue atacando el Pacto por las Libertades y contra el terrorismo, la ley de Partidos, las reformas legislativas del Código penal y cuantas medidas antiterroristas se han adoptado en Europa. Las víctimas no aceptan que se hagan concesiones al proyecto de sus asesinos y, menos aún, que el Gobierno vasco no reconozca que ninguna de las ideas del nacionalismo vasco justificó una sola muerte o un solo tullido o una sola extorsión de los derechos individuales. El proyecto autonómico se ha mostrado como absolutamente injusto y atenta a los derechos del hombre mientras no afirme desde su Gobierno que no existe correspondencia alguna entre los atentados terroristas y las reclamaciones nacionalistas. Mientras no obre así, sabremos que el Gobierno vasco saca partido de la violencia y que las elecciones no son justas.

Paco Marañón García no espera nada. Su desesperanza es el síntoma de que el asesino que se pasea por San Sebastián y va de compras protegido de cualquier sobresalto está siendo considerado un vencedor. La ciudadanía constitucionalista que hemos sido víctimas de sus conmilitones no aceptamos la fachada de respetabilidad que trata de darse Ibarretxe este próximo domingo.         MIKEL AZURMENDI. Profesor y escritor

Distracciones del Gobierno
¿Hay riesgo de guerra civil?
Jorge Vilches Libertad Digital 20 Abril 2007

La alusión frecuente de la izquierda zapateresca al riesgo de guerra civil, al peligro inminente al que la derecha liberal nos empuja, lleva a dos reflexiones. Por un lado, la adopción de ese discurso constituye una prueba más de que el zapaterismo se ha alineado internacionalmente con las tendencias antisistema. Y, por otro lado, es una muestra de su ciego empeño por la distorsión histórica y la confusión social, con el ánimo irresponsable de obtener un rédito político.

El discurso del zapaterismo casa perfectamente con el polo antiliberal mundial que forman islamistas, indigenistas y la progresía occidental. Un discurso victimista que fabrica anclajes históricos, ya sea Bolívar, el califato de Córdoba o la II República. Pero en el caso español, la referencia republicana no puede ser un modelo precisamente de democracia y paz, por lo que se adornan con un lenguaje alarmista y hueco.

El resultado es el uso de expresiones y palabras como "guerracivilismo", "derecha extrema", "memoria histórica", "ambiente de preguerra civil" y "golpistas callejeros", o confiesan sin pudor que fusilarían cada mañana a un par de voces de la derecha.

La izquierda zapateresca presenta una República de cuento de hadas, en la que el Frente Popular ganó las elecciones de febrero de 1936 para que España caminara por las baldosas amarillas de la modernidad. La derecha no lo soportó, y crispó y crispó hasta que dio un golpe de Estado. Ahora, sus herederos, los del PP, pretenden truncar de la misma forma la ilusión progresista.

Pero, ¿hay riesgo verdadero de guerra civil? El componente preciso que se ha dado en los países europeos para un conflicto de esta naturaleza es una crisis social marcada por el enfrentamiento violento civil continuo, la intolerancia contumaz y la existencia de sistemas de valores antagónicos, ya sean políticos o religiosos. La división social, en esta circunstancia, generaría la existencia de dos bandos caracterizados por una identidad particular y excluyente. A esta realidad social respondería una élite política irresponsable, incapaz para la conciliación, que cuestionara o violentara la legalidad.

Esta situación política y social no existe en España, por duras que sean las descalificaciones entre políticos, periodistas y escritores. Pero es que ni las críticas a la actuación del gobierno son por definición guerracivilistas, ni las manifestaciones callejeras son artificios de golpes de Estado. Cuestionar la eficacia o conveniencia de las medidas gubernamentales, y denunciarlo, no convierte a nadie en un franquista irredento.

Lo único cierto es que mientras el Gobierno distrae con esas alusiones abracadabrantes, propias del frente antiliberal mundial, pasan por debajo los dos ejes de su estrategia para impedir la alternancia: la consideración de los etarras-batasunos como viejos revolucionarios recuperables para la democracia, y la configuración de un orden autonómico nuevo basado en las alianzas antiPP. Pero ya nos conocemos.

De Juana, la realidad del proceso de Zapatero
EDITORIAL Libertad Digital 20 Abril 2007

Cuando se analiza la realidad política, es conveniente separar las palabras de los hechos, porque no es excesivamente frecuente que ambos coincidan. Muchos políticos consideran que pueden decir lo que quieran, que si lo hacen con suficiente convicción nadie pondrá la mirada en los hechos que desmienten sus palabras, especialmente si cuentan con artillería mediática suficiente como para ocultarlos entre el ruido. Zapatero es, sin duda, el más avezado experto en esa técnica.

Así pues, nos siguen contando que el proceso de rendición ante la banda terrorista ETA está roto. Sin embargo, los hechos dicen todo lo contrario. Parece que Batasuna volverá a estar en las elecciones con un truco similar al del PCTV, empleando una organización inscrita antes de la Ley de Partidos de 2003, y contando con la inacción de Fiscalía y Abogacía del Estado, en manos del Gobierno del PSOE. Por mucho que nos quieran vender, con palabras, que ETA no estará en las elecciones y que no se va a hacer ninguna concesión, los hechos apuntan, por el momento, hacia la dirección opuesta. Eso sí, nos lo intentarán vender con un hermoso lacito, como hicieron con los batasunos de las tierras vascas.

Del mismo modo se nos dijo que no se cedía al chantaje del sanguinario De Juana Chaos, pero ahora el etarra con más asesinatos a sus espaldas puede pasear con su novia por San Sebastián e ir de compras. Bajo la excusa de acudir a consultas médicas, excusa curiosa cuando está en un hospital. Bermejo nos asegura que el Gobierno no tiene nada que ver con esta situación. Pero fue el Gobierno quien cambió el régimen penitenciario del etarra mientras éste lo chantajeaba por medio de una huelga de hambre. Sin aquella decisión, hoy De Juana no podría burlarse del Estado de Derecho como lo hace. Las excusas proferidas por el Gobierno no pueden ni deben ocultar ese hecho objetivo.

Patxi López y Rodolfo Ares han dado otro ejemplo de ese intento de ocultar los hechos con palabras. Lo han hecho, esta vez, delante de un juez. La famosa foto en la que volvieron a dar rango de interlocutor político a Batasuna la pretenden ahora ocultar con la peregrina excusa de que ignoraban que Otegi, Etxeberria o Dañobeitia fueran dirigentes de esa organización porque, al ser ilegal, no podía existir. Y ETA es ilegal, y nadie duda de su existencia. O Al Qaeda, si nos ponemos. Aparte de la cobardía de negarse a aceptar las consecuencias de sus repugnantes actos, nuevamente destaca el intento de ocultar con palabras los hechos que indudablemente cometieron, aunque sea un intento, en este caso, particularmente torpe.

Desde que se inició el infame proceso de rendición, se nos han estado diciendo muchas cosas para convencernos de que lo blanco es negro y lo negro, blanco. Para evitar la confusión, no hay nada mejor que olvidarnos de las palabras pronunciadas por tantos mentirosos patológicos y centrarnos en lo que hacen para poder vislumbrar cuál es el verdadero estado del proceso de rendición. Sí, ese que dicen que está roto. Dicen

Indulto encubierto a De Juana
Editorial ABC 20 Abril 2007

AYER se conoció la noticia de que el etarra Juan Ignacio de Juana Chaos, condenado en firme por la Sala Segunda del Tribunal Supremo a tres años de prisión, se ha recuperado satisfactoriamente de las secuelas de su huelga de hambre y ya puede, incluso, salir a consultas médicas extrahospitalarias y, de paso, hacer alguna compra en compañía de su novia. La privilegiada situación penitenciaria que le concedió el Gobierno tenía como finalidad que recibiera un tratamiento médico que, al parecer, sólo se le podía dispensar en San Sebastián. A la vista está que el etarra ha respondido bien a su estancia en la capital donostiarra; tan bien que el Ministerio del Interior está obligado -en el sentido estricto- a clasificar nuevamente a De Juana Chaos en el segundo grado que le corresponde y ordenar su ingreso inmediato en prisión. Nunca ha habido un fundamento legal serio para la excarcelación de este etarra, pero ahora ya no le queda al Gobierno ni el refugio retórico de su estado de salud. Desde este momento, cada minuto que De Juana pasa en San Sebastián es una nueva vulneración flagrante de la legislación penitenciaria, que sólo regula el trato excepcional dado a De Juana para recibir un tratamiento médico «penoso», pero no este ingreso hospitalario a media pensión, que es una ofensa a las víctimas del terrorismo y al Estado de Derecho.

No gana razón el Gobierno por el hecho de que De Juana haya salido a consultas médicas externas, con autorización de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias y acompañado por la Policía vasca, que más que vigilarlo, al parecer, se dedica a protegerlo. Son medidas que remarcan la arbitrariedad cometida por el Gobierno al mandar a De Juana a San Sebastián, pues donde tiene que estar este etarra es en la cárcel, cumpliendo el año que aún le queda para agotar los tres de prisión a que fue condenado por el Tribunal Supremo. Son cientos los reclusos que diariamente reciben atención médica sin que sea necesario variar su situación penitenciaria, menos aún si se trata de actuaciones tan poco sofisticadas como graduarse la vista o recibir un tratamiento homeópata.

El Gobierno se enfrenta a la verdadera naturaleza de su decisión sobre De Juana Chaos, injusta para las víctimas, arbitraria para el Estado democrático y contraria al Estado de Derecho. Fue producto de un chantaje desvelado con total claridad, primero, cuando se supo que el «comando Donosti» dirigido por el etarra Lerín tenía previsto asesinar a dos concejales del PP como represalia en el improbable caso de que De Juana Chaos muriera por la huelga de hambre; y luego, cuando dos terroristas encapuchados declararon en la entrevista publicada por el diario «Gara» que el traslado de De Juana había sido un logro de «la lucha popular».

Rodríguez Zapatero debe asumir que todo su discurso de firmeza frente a ETA queda desautorizado con la insultante excarcelación de hecho y de derecho con la que se ha beneficiado al etarra De Juana Chaos, pues choca con el más elemental sentido de la justicia y vulnera las condiciones de reinserción establecidas en el Código Penal para los terroristas. De Juana no está en prisión atenuada, que es una forma de cumplir la prisión provisional; ni está cumpliendo condena como requiere su clasificación en segundo grado, que implica la estancia en la cárcel; ni le corresponden los beneficios del tercer grado ni de la libertad condicional, porque es un terrorista que no se ha arrepentido ni ha pedido perdón a sus víctimas. Por el contrario, el indulto encubierto que se ha dado a De Juana hace que muchos ciudadanos tengan la convicción de que el verdadero rostro del «proceso de paz» es esta situación de impunidad, en la que las penas no se cumplen como ordena la ley, los chantajes funcionan y los concejales del PP siguen debatiendo su vida entre el exilio forzoso y el riesgo permanente de ser asesinados.

De nuevo de Juana, de nuevo el Gobierno
LÍNEA EDITORIAL minutodigital 20 Abril 2007

El asesino de ETA, Ignacio de Juana Chaos sigue mofándose de España y de los españoles. Tras la vergüenza nacional que supuso comprobar cómo el presidente del Gobierno trasladaba al hospital de San Sebastián, por supuestas razones de salud, a quien, sin embargo, no pestañeó en el momento de segar la vida de veinticinco inocentes, ayer nos enterábamos, -vía El País- de que el etarra lejos de permanecer a disposición judicial, aprovecha también las supuestas razones médicas para irse de compras, como un ciudadano libre cualquiera.

Lo más indignante no es evidenciar que el terrorista sigue gozando de prebendas y privilegios que se le negarían al más común de los presos. Ni siquiera que lo haga ostentosamente, acompañado de su novia y viajando en coche particular, cuando en estricta justicia –y siendo bondadosos- debiera permanecer sepultado entre rejas de por vida. Nada puede sorprender, a estas alturas, de quien carecía de reparos a la hora de fornicar en el hospital a la vista de los policías que lo custodiaban. Lo verdaderamente insultante es que todos estos hechos se hayan desarrollado no ya ante pasividad del Ejecutivo, sino con su anuencia rayana en complicidad. Basta con escuchar a Fernández Bermejo.

La infamia, la indignidad del Gobierno, que dice serlo de España, que, contra toda evidencia, asegura representar a todos los españoles, no parece conocer límites. Lejos de asumir su vergonzante protagonismo, en el que, sin duda, es ya uno de los más ignominiosos capítulos de la democracia, el Gobierno, contumaz en su abyección, de la que nos da cumplida muestra cada día, se defiende, como siempre, arremetiendo contra el Partido Popular, al que acusa de torticero.

La España libre no debe olvidar permanecer ajena a este nuevo escándalo. Debe hacer oír su voz para que el asesino, aparentemente recuperado de su “dolencia”, vuelva a una prisión de la que nunca debió salir. La España decente debe responder con contundencia democrática, castigando en las urnas, a un sátrapa que, no sólo ha renunciado a representarle, sino que le desprecia y le humilla cada vez que se presenta la ocasión.

La difícil memoria
JOSEBA ARREGI El Correo 20 Abril 2007

No sé, querido, pero para mí no existe un mundo pasado, ninguno liquidado como hoja de calendario arrancada de la historia; estoy, más bien, convencido de que todo lo pasado dura, porque no se puede curar (...). Eso es, lo pasado nos atraviesa como dolor o como posibilidad». (Siegfried Lenz, 'Heimatmuseum/Museo de la patria', p. 56).

El 22 de abril, la fecha del Acto Institucional en Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo, será un día difícil, y probablemente fracasado. Son cosas de la memoria. Si algo caracteriza a la memoria es su fragilidad, su selectividad, su instrumentación para la autojustificación, para la construcción de una biografía que nos permita soportarnos a nosotros mismos. Y para ello alejamos lo que daña a nuestra imagen y engrandecemos lo que la favorece. Y lo mismo vale para la memoria colectiva, si algo parecido existe.

Bien es cierto que la por ahora fallida Ley de Memoria Histórica ha abierto un interesante debate acerca de la posibilidad de que exista o no memoria histórica colectiva. Algunos han afirmado que la memoria siempre es personal, y que junto a ella existe la historia, que no es memoria, sino el esfuerzo por objetivar el conocimiento de lo acontecido.

También es cierto que el acto al que invita el lehendakari Ibarretxe no incluye la palabra memoria, sino que habla de solidaridad con las víctimas. Pero no puede haber solidaridad alguna si no se reconoce que fueron víctimas. Y si fueron víctimas, hubo algún suceso que las instituyó como tales: el asesinato de algún familiar directo. Y si hubo asesinados, hubo asesinos. Por lo tanto la solidaridad, si quiere ser real, debe empezar por la memoria, por recordar lo sucedido.

Y lo sucedido no es sólo que las víctimas, los familiares de quienes sufrieron atentado, han estado olvidadas, ocultadas, marginadas, negadas en y por la sociedad vasca y, por supuesto, por las instituciones que representan a la sociedad vasca. Lo sucedido es incomprensible, el olvido y la ocultación son incomprensibles si no se recuerdan en todo su significado los asesinatos llevados a cabo desde su explicación y legitimación política. Nunca podrá haber solidaridad efectiva con las víctimas si no existe memoria efectiva del acto político que supuso cada asesinato, cada atentado de ETA.

Dicho con más claridad aún: la solidaridad con las víctimas con quienes se ha sido insolidario exige ser solidarios con las víctimas que sufrieron atentado mortal. ¿Cómo se es solidario con estas víctimas primarias, con los asesinados o con los que sobrevivieron a un atentado, mortal en su intención?

En el intento de responder a esta pregunta empezará a romperse la memoria. Habrá quienes piensen que es suficiente con condenar de forma explícita la violencia de ETA como un medio inaceptable en el debate político, en la lucha política democrática. Habrá quienes, rechazando taxativamente la violencia y el terror como medios legítimos de la lucha política democrática, darán el paso de reconocer que la sociedad vasca y sus instituciones representativas han olvidado y ocultado a las víctimas de esos medios ilegítimos de la lucha política.

Otros irán más lejos y se preguntarán si es tan fácil y tan legítimo separar en los actos de asesinato llevados a cabo en nombre de un proyecto político medio y fin, instrumento y meta a conseguir. Éstos se preguntarán si en cada asesinado no ha quedado escrita a sangre y fuego, literalmente, la naturaleza del proyecto político que lo ha convertido en tal, en asesinado. Se preguntarán si se puede pasar con perfecta naturalidad de la condena tajante de la violencia y el terror como instrumentos de la política democrática a afirmar que todos los proyectos políticos son igual de legítimos si se defienden por medios pacíficos. Como si no hubiera pasado nada, como si ETA no hubiera existido, como si no hubiera matado en nombre de un proyecto político, como si el proyecto político quedara impoluto a pesar de la historia terrorífica, en sentido literal, de ETA.

Y es esta diferencia de posibles memorias lo que está quedando de manifiesto en el debate que ha habido en torno al Acto Institucional en Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo. Y se trata de un problema serio. Porque si la memoria no termina siendo compartida, el acto será institucional, pero no representará al conjunto de la sociedad vasca, ni siquiera a quienes siempre han estado del lado que separa la democracia del terror y de la violencia.

Una frase de la directora de la Oficina de Atención a las Víctimas lo pone claramente de manifiesto: respondiendo al peligro de que el acto terminara siendo, como muchos otros, de provecho para el lehendakari, peligro visualizado en que éste mismo leyera el comunicado final, afirmó que institucionalmente representa a toda la sociedad vasca. Afirmación formalmente correcta. Pero que en toda su formalidad contiene todo el problema.

Porque quien formalmente representa a toda la sociedad vasca se ha negado, porque se siente sólo identificado con la nación vasca, a hacer ondear la bandera de España en su sede. Porque quien formalmente representa a toda la sociedad vasca sigue propugnando un plan político para la institucionalización jurídico-politica de la sociedad vasca que excluye a una parte de la ciudadanía vasca del derecho a participar en esa definición. Porque quien formalmente representa a toda la sociedad vasca sigue abogando por que no se aplique la Ley de Partidos Políticos en referencia a Batasuna, sin poner ningun tipo de condición a la participación de lo que su propio partido reconoce que no es otra cosa que la correa de transmisión de ETA en la politica democrática vasca.

Y es que el lehendakari Ibarretxe puede recurrir a todas las posibilidades que le ofrece el esperanto ibérico, como llama su correligionario Egibar a la lengua española, para inundar a las víctimas con pruebas lingüísticas de su solidaridad y de su arrepentimiento por no haber estado cerca de ellas. Pero seguirá creyendo que le asiste todo el derecho del mundo para reclamar un proyecto político que se parece demasiado al que sirvió a ETA para motivar sus asesinatos. Y entonces parecerá que los asesinatos sirvieron para algo. Porque de materializarse el proyecto político de Ibarretxe, esa materialización no se realizará en el vacío histórico y social, sino en una realidad social e histórica marcada por la existencia de ETA y por la amenaza, la violencia y el terror ejercidos por ella durante tantos años especialmente contra quienes se atrevían a no ser solamente vascos.

Unos lo dirán con una palabras, otros con otras. Pero en el fondo aquí radica el problema del acto institucional en solidaridad con las víctimas. Radica en el contenido de la memoria. Radica en si de esa memoria se extraen los principios que deberán inspirar el futuro político de la sociedad vasca, su forma institucional y política. O si, por el contrario, será un acto para limpiar las conciencias, para recuperar la buena conciencia que realmente nunca se perdió, y para desde esa buena conciencia no sólo hacer política como si ETA no existiera, sino como si ETA no hubiera existido. Con lo que no sólo se entierra a ETA, sino que con ella se destierra de la memoria a todas las víctimas, a todos los asesinados, porque se borra de la memoria la existencia real y efectiva de los verdugos.

Es probable que, como dicen los entendidos, entre la memoria personal y la historia no haya lugar para la memoria colectiva. A pesar de todo pienso que sí es posible que exista memoria colectiva. Creo que la historia constitucional de Europa a partir de 1789 es un monumento de recuerdo a todos los que fueron víctimas de la monarquía absoluta, de un soberanismo ilimitado, de un poder arbitrario. Creo que la Constitucion española es el mejor monumento y la mejor cristalización de la memoria colectiva española, el mejor homenaje a las víctimas de la guerra y de la violencia franquistas, en la medida en que establece que España o será democrática o no será, será social o no será, será Estado de Derecho o no será, será plural y autonómica o no será.

Y de la misma forma, la mejor muestra de memoria colectiva vasca no se podrá obtener hasta que vea la luz el nuevo Estatuto vasco, o mejor dicho, la reforma del actual Estatuto de Gernika cuya deslegitimacion radical ha sido el motivo de tanto asesinato. Ésa será la prueba del nueve, el lugar en el que se verá si realmente hay solidaridad con las víctimas o sólo limpieza de conciencia.

Analizando el plan del Lehendakari (y IV)
Raúl González Zorrilla Periodista Digital 20 Abril 2007

Las indefiniciones entre lo que está bien y lo que está mal, y las indeterminaciones interesadas sobre lo que es lícito y lo que no lo es, se han prodigado mucho en el País Vasco a lo largo de los últimos años y llegan ahora a su grado máximo de expresión con el desarrollo del Plan Ibarretxe, una propuesta política que, de una forma absolutamente unilateral, se reclama con derecho a sustituir al Estatuto de Guernica y que, además, en su disposición transitoria, explicita la imposibilidad de cualquier medida que sirva para frenarla: “En el plazo máximo de seis meses desde la entrada en vigor del presente Estatuto, la Comunidad de Euskadi asumirá materialmente y comenzará a ejercer en plenitud todas la potestades, funciones y servicios sin excepción que le corresponden conforme a su régimen de autogobierno, todo ello sin perjuicio de la continuidad en el ejercicio y de la subrogación plena en las que ya tiene asumidas la comunidad Autónoma de Euskadi”.

La posmodernidad es, en parte, transgresión normativa, cuestionamiento permanente de la autoridad, hipermultiplicación referencial, atracción por el espectáculo, futilidad ideológica y desconstrucción de los paradigmas clásicos, pero, principalmente, es un tiempo sin solución de continuidad con épocas pasadas en el que sobrevive, por encima de cualquier otra característica, un importante nivel de anomia social y un proceso catastrófico de banalización del mal.

Desaparecido cualquier modelo ético, inutilizados los arquetipos de organización política de la sociedad y cuestionados los marcos normativos por el mero hecho de serlo, se libera el terreno para la conformación de sociedades en las que las leyes apenas existen o poseen un grado mínimo de cumplimiento y, consecuentemente, se desbroza el camino para el surgimiento en los individuos que forman parte de estas comunidades de comportamientos indolentes con respecto al sufrimiento y al dolor de los demás.

Las indefiniciones entre lo que está bien y lo que está mal, y las indeterminaciones interesadas sobre lo que es lícito y lo que no lo es, se han prodigado mucho en el País Vasco a lo largo de los últimos años y llegan ahora a su grado máximo de expresión con el desarrollo del Plan Ibarretxe, una propuesta política que, de una forma absolutamente unilateral, se reclama con derecho a sustituir al Estatuto de Guernica y que, además, en su disposición transitoria, explicita la imposibilidad de cualquier medida que sirva para frenarla: “En el plazo máximo de seis meses desde la entrada en vigor del presente Estatuto, la Comunidad de Euskadi asumirá materialmente y comenzará a ejercer en plenitud todas la potestades, funciones y servicios sin excepción que le corresponden conforme a su régimen de autogobierno, todo ello sin perjuicio de la continuidad en el ejercicio y de la subrogación plena en las que ya tiene asumidas la comunidad Autónoma de Euskadi”.

La sensación de volatilidad de las leyes y de provisionalidad de los códigos más elementales de organización del comportamiento colectivo libera extensos espacios morales para que entre los ciudadanos se instaure un proceso de trivialización del terror que, en su estado más avanzado, no solamente termina por despreciar a la víctima por el simple hecho de serlo, sino que, además, otorga a los artífices del horror un grado mayor de visibilidad por la capacidad de éstos para espectacularizar, representar o teatralizar todas sus acciones criminales.

Cuando después de mucho tiempo de tratar de confundir los crímenes terroristas con sus presuntas causas se consigue destruir los pilares más complejos de la cotidianeidad de los individuos y del devenir histórico de las sociedades (aquellos que hacen referencia a la necesidad de permanecer prestos en la protección de las libertades públicas, los que apelan a las personas a vivir su vida en base a un inventario ético de larga tradición y los que requieren la existencia de un compromiso colectivo de los ciudadanos para defender sus sistema de vida), la posibilidad de recrear un universo ficticio se tiene más al alcance de la mano que nunca.

Lo que el “Plan Ibarretxe” ofrece de un modo estentóreo, pero también patético en su impotencia de ser, es dar carta de naturaleza jurídica a este País Vasco imaginado, virtual y profundamente teatral en el que, como en las mejores producciones cinematográficas, los asesinatos, las amenazas, las agresiones y las extorsiones son solamente producto de las más elaboradas ficciones, quimeras fantásticas en las que la sangre siempre es simulación, en las que el miedo es simplemente una atractiva emoción y donde, al final, las muertes solamente son una sencilla interpretación.

Las propuestas del nacionalismo vasco para la Euskadi del futuro se basan en esta visión irreal del país, pero, a su vez, se asientan también sobre la hiperconformidad desarrollada por muchos hombres y mujeres que prefieren soñar con una nación idílica antes que aceptar la tarea ingente de humanizar, democratizar, defender o mejorar la sociedad real que sobrevive a su alrededor. Ciertamente, éste no es un problema exclusivo del País Vasco y la aparición en la Unión Europea, a partir de los atentados del 11 de marzo en Madrid, de un terrorismo islamista fanatizado y brutal, ha puesto rápidamente de manifiesto que el ocaso del deber y la renuncia a perseverar en el resguardo de los mejores valores de la civilidad moderna se han extendido preocupantemente entre los ciudadanos del viejo continente.

El escritor italiano Pietro Citati, autor de “Luz de la Noche”, ha descrito perfectamente esta situación: “El mundo europeo del siglo XXI es irreal, teatral, fantasioso, televisivo, espectacular. Ningún occidental sabe ya usar la fuerza. Y cuando recurre a ella, la usa de forma inexperta, torpe, excesiva, o acompañada de tanta cautela, tanto miramiento, tanta excusa y tanta precaución que se vuelve totalmente ineficaz y perjudicial. (...) Para una democracia, defenderse del terrorismo elevado a sistema es muy difícil, casi imposible. (...)

Tendremos que renunciar a numerosos placeres: pequeñas libertades, garantías jurídicas, riquezas, ayudas. Durante muchos años, todo estará en peligro. A veces existe la impresión de que muchos no están dispuestos a hacer esos sacrificios y que, para ello, la civilización occidental puede hundirse sin nostalgias. (...) Parece que la paciencia, el valor y la capacidad de aguante se han desvanecido. Mejor conservar la vida, al precio que sea”.
Blog personal del periodista vasco Raúl González Zorrilla

María de la Pau Janer
Qué hacer
Juan Carlos Girauta Libertad Digital 20 Abril 2007

Imaginemos que la línea Matas nos convence y nos descubrimos diciéndonos: "Tenía razón este hombre. Lo suyo era la normalización lingüística, y quien tiene mérito y debe obtener cargos y homenajes es esa gente que tanto nos irritaba en TV3 con su pancatalanismo, como Maria de la Pau Janer. Suyos sean el escaño y la conselleria de Cultura. El PP ha hecho mucho daño en Cataluña y en Valencia; Rajoy, Acebes y Zaplana son tan indeseables que molesta fotografiarse con ellos; en Cataluña hay que apoyar a Artur Mas." (Éste es, resumido, el mensaje de la candidata balear.)

Bien, ¿qué habría logrado el señor Matas? Que los disidentes de ese ámbito que teníamos por ficticio y que ahora aparece como una realidad indiscutible, els Països Catalans, nos arrepintamos de nuestra vieja cerrazón, pidamos perdón por nuestro error y, con toda lógica, neguemos nuestro voto al PP. ¿Es eso lo que quiere Matas? En todo caso, es lo que conlleva su lógica.

También pudiera ser que Matas no nos convenza y sigamos pensando que Cataluña, Baleares y la Comunidad Valenciana, al ser bilingües social y legalmente, deben seguir siéndolo en todos los ámbitos. Que nos resistamos a tomar por insulto el calificativo de "españolista". Que continuemos sosteniendo que es el nacionalismo y no el PP el que hace daño con su pedagogía del odio. Que mantengamos el apoyo a Rajoy por haber recurrido el estatut. Que no tengamos por vergonzoso el fotografiarse con la plana mayor de Génova sino el subirse a un escenario con Artur Mas. Y, sobre todo, combinar ambas cosas.

Mientras esperamos la luz que nos ilumine, disponemos de una valiosa brújula: la actitud de los principales responsables del PP. ¿Cómo encajan Rajoy, Acebes y Zaplana (pero sobre todo el primero) las declaraciones de Maria de la Pau Janer, fichaje estrella de Matas? Estoy tan desorientado que me abro a todas las posibilidades, incluyendo la pública contrición por mi extemporáneo españolismo. Escruto el rostro de don Mariano. Espero una señal. Aguardo, en un sinvivir, el pronunciamiento de la esfinge. Haré lo que él indique.

Si se desmarca de las opiniones y de los chascos diarios de la candidata estrella, es decir, si le indica a Matas que se ha equivocado y salta de la lista la escritora que tanto nos detesta, me reafirmaré en mis convicciones: el PP es lo que parecía y sigue mereciendo el voto.

Si calla, si la única voz que podemos oír en este asunto es la de la propia implicada poniéndonos a caldo en Catalunya Ràdio y en TV3, inferiré que el PP nacional se reconoce en las críticas de su nuevo fichaje, que las avala y que votar al PP allí donde no gobierna Matas es un desatino o una canallada. Y como lo último que querría es hacer daño a Cataluña, veré si voto a la atinada CiU o si me abstengo. Espero el pronunciamiento del líder de la España liberal-conservadora: ¿nos quedamos o nos vamos?

AUTONOMÍAS
Las reformas estatutarias destrozan el régimen político nacido de la Constitución de 1978
No solo el estatuto de Cataluña, sino el de Valencia, Andalucía o ahora el de Aragón y Castilla-León están consiguiendo desmontar el estado nacido de la constitución de 1978.
Minuto Digital 20 Abril 2007

No solo el estatuto de Cataluña, sino el de Valencia, Andalucía o ahora el de Aragón y Castilla-León están consiguiendo desmontar el estado nacido de la constitución de 1978. Así de claro se pronunció ex presidente del Tribunal Constitucional (TC), Manuel Jiménez De Parga durante la conferencia que ofreció sobre 'La unidad del estado de las Autonomías' en la Fundación Sagardoy de Madrid.

Jiménez De Parga en su intervención coincidió con las tesis que desde MD hemos venido sosteniendo, en el sentido de que todas estas reformas estatutarias implican un cambio de forma de estado, que se realiza engañando al pueblo antidemocráticamente, al no consultarle si desea un estado federal. Para Jiménez De Parga es importante ver a España "como una realidad histórica compleja y no compuesta", ya que tal y como matizó, "la diferencia es importante". "Con la realidad histórica compuesta se abre la puerta al federalismo, pero en España hay una unidad básica, España es plural pero dentro de la unidad", agregó. Asimismo, sobre el federalismo y la posibilidad de implantación del mismo en España, el ex ministro de Trabajo señaló "que no tiene cabida en la forma de convivencia", y subrayó que "es una palabra peligrosa".

El ex presidente del Tribunal Constitucional aseguró categóricamente que los distintos estatutos de autonomía en proceso son "anticonstitucionales" porque "atacan los cimientos del edificio, se destroza la Constitución", y tachó de "tibios" a la "clase dirigente" del país. Puso por ejemplo el valenciano que tacho de inconstitucional porque no se puede poner una tabla de derechos propios de los ciudadanos de esa región". Además, señaló que de esa forma "se abrió un camino que todos siguieron".

El problema son los nacionalismos disgregadores y grandes partidos nacionales que no se atreven a poner fin a su chantaje

Jiménez De Parga indicó que el Gobierno debe afrontar cuanto antes la reforma de la Ley Electoral "para eliminar del Congreso de los Diputados a los partidos que no tengan un determinado porcentaje de votos" repartidos por toda la geografía española, en referencia a los partidos nacionalistas. Tal y como dijo, "esto facilitaría el trabajo, y los partidos nacionalistas quedarían en el Senado". "Así se evita el contagio y el chantaje que producen esos partidos que no están en toda España; pero ni el PP ni el PSOE afrontan esa reforma", reseñó.

LA IZQUIERDA NO CESA EN SU INTENCIÓN DE REESCRIBIR LA HISTORIA
La izquierda pretende la rehabilitación retroactiva para los responsables de miles de asesinatos durante la Guerra Civil
Semejante aberración equivale a predicar que los juicios de Nuremberg fueron también ilegítimos porque se juzgo criminal la pertenencia a organizaciones nazis por parte de los vencedores
Minuto Digital 20 Abril 2007

El PSOE e IU-ICV llegaron a un acuerdo para desbloquear la tramitación del proyecto de ley de memoria Histórica al incorporar una nueva referencia que establece la "ilegitimidad" de los tribunales franquistas y de las condenas dictadas por motivos ideológicos o políticos durante la dictadura. Por supuesto a las víctimas de los Tribunales Populares, la supuesta justicia republicana durante la contienda, no se hace referencia de manera alguna.

Con esta ley en la mano los juicios que condenaron a los bandidos y terroristas del maquis, o a los chequistas, o a cualquier individuo perteneciente al bando republicano que participase materialmente o fuera responsable intelectual en crímenes de guerra o contra la humanidad, será declarado ilegitimo. Por mucho que algunas, incluso demasiadas, condenas del bando vencedor tuvieran el carácter de represalia y no el de justicia, semejante aberración equivale a predicar que los juicios de Nuremberg fueron también ilegítimos porque se juzgo criminal la pertenencia a organizaciones nazis por parte de los vencedores.

La izquierda pretende la rehabilitación retroactiva para los responsables de miles de asesinatos

La justicia franquista juzgo y condenó a cientos de milicianos y chequistas responsables y participes en atroces crímenes, como el asesinato de más de 8.000 religiosos.

Un ejemplo de uno de estos juicios, que ahora se quieren declarar ilegítimos, fue el seguido contra García Atadell en Canarias.

Agapito García Atadell, tipógrafo socialista, amigo de Prieto, que dirigió la checa conocida por la Brigada del Amanecer en Madrid, era temido porque no reparaba en torturar a sus víctimas para robar todas las riquezas que pudieran ocultar o elegir algunos de sus objetivos por la belleza de alguna de las mujeres de la familia, que eran objeto de brutales violaciones en masa por parte de los milicianos socialistas.

En el año 36 se forma la Milicia Popular de Investigación al mando de Agapito, la checa que montó se nutría de información proveniente de las agrupaciones sindicales socialistas de, entre otros, porteros y porteras de Madrid; basándose en criterios económicos y religiosos para las detenciones y torturas, aunque también políticos. La conocida como Brigada Atadell o del Amanecer, asesinó, entre otros, a la periodista francesa Carmen de Bati en nombre de la República. La checa de Atadell trabajaba de forma itinerante y con el beneplácito de la República accedía a la información de lo que hoy llamamos ministerio del Interior, pero también fue aprovechada por los dirigentes del PSOE para el asesinato de enemigos políticos del mismo bando republicano de, entre otros, Largo Caballero.

La prensa republicana incluso exaltaba el celo con que actuaba el chequista juzgado por los tribunales “ilegítimos” franquistas: El Heraldo del 20-8-36 nos cuenta: “La brigada de García Atadell ha adquirido gran fama por sus magníficos hallazgos de tesoros escondidos por el clero y la gente de derechas”. “Una sola requisa realizada en la casa número 5, de la calle conde de Xiquena les ha proporcionado 4 millones de pesetas en metálico, joyas y objetos de arte”.

Pero hete aquí que a Atadell se le ocurre huir con el botín a Francia, donde en compañía de otros correligionarios vende las joyas y objetos de valor robados embarcando para América desde Marsella y granjeándose el calificativo de traidor de sus hasta entonces compañeros. Pero el buque en el que iba hizo escala el 24 de Noviembre de 1936 en la isla de la Palma, territorio español bajo control del bando nacional. Fue detenido, puesto a disposición judicial y finalmente ejecutado.

Solo en Madrid había más de 200 chekas, y Barcelona o Valencia tampoco se quedaron atrás, cuyos miembros no se comportaron de manera muy diferente a la de que Atadell, con la diferencia que no desertaron, privando de su botín a la república. Tras la guerra muchos de ellos fueron apresados y desde luego justamente ejecutados, a otros, responsables o dirigentes de los partidos que controlaban las chekas o a las milicias que cometieron las atrocidades que causaron la tortura y muerte a más de 70.000 personas, se les conmutó las penas de muerte por cadenas perpetuas, que con el tiempo se quedaron en penas de 6 u 8 años de cárcel, de una forma muy parecida a lo que sucedió con los criminales de guerra nazis en Alemania. Y estos son los juicios que ahora se quieren declarar ilegítimos. Más valdría que el PSOE, los comunistas o ERC pidiesen de una vez perdón a la sociedad española por sus comportamientos pasados.

“PLATAFORMA LIBERTAD. No al chantaje de ETA”
Nota de prensa 20 Abril 2007

Madrid. 20 de abril de 2007. El lunes día 23 de abril, a las 18:30 horas, en el Hotel Eurobuilding (calle Padre Damián) de Madrid, tendrá lugar la presentación del Manifiesto “ETA fuera de las instituciones” por parte de la PLATAFORMA LIBERTAD, cuya constitución tuvo lugar en Madrid el pasado día 8 de marzo. El manifiesto define los principios que, en la opinión de las asociaciones y partidos políticos que formamos esta Plataforma, deben guiar en estas semanas la actuación del Gobierno y de la Fiscalía General frente al propósito de ETA de acceder a las instituciones municipales y forales del País Vasco y Navarra en las elecciones del 27 de mayo.

A continuación se reproduce la relación de asociaciones y partidos políticos que, a día de hoy, están integradas en la Plataforma Libertad. Considerando la escasa antelación con que se ha debido convocar esta rueda de prensa, varias otras asociaciones no han dispuesto de tiempo suficiente para adoptar aun una decisión sobre la pertenencia a la Plataforma Libertad.

Miembros de la Plataforma Libertad (20 de abril 2007)
Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M
Ciudadanos con la Constitución Española
Ciudadanos para la Libertad (Barcelona)
CEP (Confederación Española de Policía)
Convivencia Cívica Catalana
Cordobeses por la Libertad
Coruña Liberal
Extremeños por el Cambio
Federación de Africanos (Madrid)
Foro Aragón Liberal
Foro Cívico Asturiano
Foro Ermua
Foro España Hoy (Barcelona)
Foro Liberal (La Coruña)
Foro Norte (sierra de Madrid)
Fundación DENAES (para la Defensa de la Nación Española)
HazteOir
Juventudes Unificadas del Foro Ermua
La Rosa Blanca
Plataforma España y Libertad
Plataforma de Empresarios Constitucionalistas de Ermua
Plataforma Ciudadana Peones Negros
PADE (Partido Democrático Español)
Partido Independiente de Hoyo de Manzanares (Madrid)
Partido Popular
Sindicato de Funcionarios Manos Limpias
Vecinos de Paz de Berriozar (Navarra)
Vigueses por la Libertad

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