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Recortes de Prensa     Viernes 5 Mayo   2007

Un inmenso error del Gobierno
Editorial ABC 5 Mayo 2007

LA decisión de la Sala Especial del Tribunal Supremo de cambiar el procedimiento para resolver las demandas de ilegalización de las candidaturas de Acción Nacionalista Vasca constituye un revés en toda regla a la errónea estrategia procesal elegida por el fiscal y el abogado del Estado. Estos órganos presentaron sendos recursos contencioso electorales contra parte de las listas de ANV, lo que suponía, por un lado, descartar la ilegalización de este partido y, por otro lado, enjuiciar separadamente sus candidaturas. Sin embargo, la Ley de Partidos Políticos no contempla la posibilidad de llevar a cabo un juicio en tales términos y no porque, como ha dicho la Fiscalía, exista una laguna en sus preceptos, sino porque no es admisible, ni a efectos teóricos, que pueda ser legal un partido político que presenta candidaturas tachadas de suceder fraudulentamente a otro partido disuelto. De la misma manera que la ley no contempla la posibilidad de discriminar entre candidaturas contaminadas y no contaminadas cuando todas ellas son elaboradas por la misma formación política. Tal valoración selectiva es posible cuando se trata de «agrupaciones de electores», porque cada una es jurídicamente independiente de las demás y no proceden de un partido concreto. El cambio de procedimiento decidido por la Sala del 61 -y aceptado previamente por la Fiscalía para evitar la inadmisión de plano de su demanda- es el resultado inevitable de una estrategia política del Gobierno: la de mutilar la descripción de ANV como una realidad ilícita en su integridad.

Al descartar el procedimiento electoral y reconducir las demandas de nulidad por el cauce de la ejecución de sentencia, la Sala del 61 sitúa correctamente, en términos procesales -ahora son otros los problemas legales-, la situación de las candidaturas impugnadas: éstas son pura prolongación o sucesión fraudulenta de Batasuna y constituyen una vulneración de la sentencia de 27 de marzo de 2003, que ilegalizó a los partidos proetarras. Sin embargo, la debilidad argumental y la incongruencia interna de los escritos del fiscal y de la Abogacía del Estado no se subsanan con este cambio de procedimiento, sino que se acentúan, porque se hace aún más difícil de aceptar la posibilidad de que unas candidaturas de ANV sean ilegales por estar al servicio de ETA/Batasuna y otras no. Tan inaceptable como que, a pesar de esa contaminación, ANV no esté siendo ya ilegalizada, a pesar de ser la «nave nodriza» de las listas contaminadas. La excusa de que un procedimiento de ilegalización de ANV consumiría demasiado tiempo y no impediría la presentación de sus listas electorales no tiene ningún fundamento. No lo tiene porque el fiscal y la Abogacía podían haber pedido desde el principio que se resolviera la ilegalidad de ANV como un incidente de ejecución de la sentencia de 27 de marzo de 2003, lo que se puede realizar en un corto espacio de tiempo. Además, siempre habrían podido solicitar la medida cautelar de suspensión de las actividades políticas de ANV, que supondría la automática desactivación de todas sus candidaturas, sin necesidad de entrar a impugnarlas de forma individualizada.

Por tanto, la Ley de Partidos Políticos no tiene ninguna laguna. Las carencias están en las demandas de la Abogacía del Estado y del fiscal, que han creado una tercera vía procesal -inexistente e inadmisible- para dar cobertura a la voluntad política del Gobierno de dejar a salvo a ANV y poder jugar a las dos bandas que lo ocupan: la de ETA, por un lado, que exigía la presencia de la izquierda abertzale -así llamada por los terroristas- en las elecciones del 27-M; y la de la opinión pública, por otro, que reclamaba una acción contundente para evitar la vuelta de ETA a las instituciones. El error de planteamiento jurídico ha quedado al descubierto por la decisión de la Sala del 61, pero también el error de apreciación política que subyace en esta sucesión de apariencias y mensajes equívocos que protagoniza el Gobierno. Zapatero parece no haber entendido aún que las concesiones parciales no calman a ETA lo más mínimo. Al contrario, ETA no encuentra ningún motivo para desistir del terrorismo porque sabe que el chantaje le resulta rentable: antes, con Otegi o con De Juana; y ahora, a pesar del atentado de la T-4 y de las tres víctimas mortales, con estas argucias leguleyas, con las que el fiscal y la Abogacía del Estado han pretendido revestir de legalidad lo que es una mera servidumbre a las necesidades urgentes de un Gobierno empantanado en un proceso de «paz» inviable.

Un regalo del Gobierno
POR NIKO GUTIÉRREZ ABC 5 Mayo 2007

La lista de Ugaoko Abertzale Sozialistak (USB) recurrida por el fiscal general tiene muchos menos indicios cualitativos y cuantitativos que la de Acción Nacionalista Vasca respecto a si es o no la continuidad de ETA-Batasuna, y les aseguro que nadie de la lista ANV en Miravalles ha condenado la violencia.

Por otro lado, les aseguro que entiendo que la responsabilidad penal es personal, pero que se junten en una plancha tan pequeña familiares directos de terroristas condenados y de concejales de HB es cuando menos una evidencia de que alguien o algo esta detrás.

El encargo a Batasuna ha sido siempre el de recoger información y trasmitirla y eso se puede hacer con menos del 20 por ciento de la lista, ya que el que te mata, el que aprieta el gatillo, no suele ser tu compañero de Corporación, suele ser un tío o tía que no te conoce, que ha sido mandado por el jefe de ETA y que va a realizar su «ekintza» con la información que le ha pasado el concejal-terrorista.

Pero es cierto que ante estas evidencias e indicios cabe preguntarse por qué no se ha impugnado esta lista. Si ha sido un olvido del fiscal general, me imagino que le harán dimitir. ¡Menudo despiste! Pero si se ha hecho conscientemente, ¿cuáles pueden ser las razones?

Es significativo que en pueblos como Llodio, Oyarzun, Hernani, Berriozar o Alsasua no se hayan impugnado las listas. No parece razonable que en pueblos donde el terrorismo esta más asentado se haya permitido que vuelva ETA a las instituciones. La geografía del terror ha salido ganado.

Pues bien, en mi pueblo HB no es razonable que gobierne. Nunca han llegado electoralmente, pero no es un municipio cualquiera para el mundo de ETA. Cuando ETA estaba a punto de ser derrotada, un chaval del pueblo, Irkus Badillo, cogió una furgoneta y se fue a volar medio Madrid en la caravana de la muerte. Lo hizo sin pistola y sin dinero; bien es cierto que gozaba de cierta tutela de Josu Ternera.

Arzak, el gran cocinero donostiarra, compró un piso a la sobrina de la mujer de la que está divorciado para que ella y su marido, el etarra Beotegi, vinieran a vivir a Miravalles sin razones aparentes. Otra etarra local, Maite Pedrosa, participó en el asesinato de Jiménez Becerril y su esposa, y su hermano, José Felix Pedrosa, va en la plancha electoral. Demasiadas casualidades. Parece que la no impugnación es un regalo del Gobierno, cargado de simbolismo, para Josu Ternera.
Hace unos días requerí públicamente al presidente del Gobierno para saber si estaría dispuesto a ponerse en frente de una manifestación que defendiera mi libertad. Hoy ya me ha demostrado que no, que esta más cómodo en una estrategia que sólo persigue perpetuarse en el poder a cualquier precio.

La peor decisión
Ignacio Cosidó Libertad Digital 5 Mayo 2007

La decisión del Gobierno socialista de impugnar tan sólo la mitad de las candidaturas presentadas por ETA a través de ANV ha sido la peor decisión que podía adoptar Zapatero de todas las alternativas posibles. Por un lado, la mitad de las candidaturas aceptadas van a permitir a los terroristas recuperar buena parte del poder local del que habían sido despojados hace cuatro años gracias a la Ley de Partidos. Pero al mismo tiempo, la otra mitad de las candidaturas impugnadas va a generar con toda seguridad la suficiente insatisfacción en los dirigentes de ETA como para autojustificar la continuidad de su ya larga carrera asesina. La posición del Gobierno es absurda desde todo punto de vista. Supone una humillación para la democracia al ceder parcialmente al chantaje de los terroristas y supone simultáneamente un grave error estratégico para la eficacia en la lucha contra el terrorismo.

Si la voluntad de Zapatero era intentar salvar su proceso de negociación con los terroristas, como parece que es, lo decente hubiera sido modificar la Ley de Partidos para que Batasuna o su sucesora hubieran podido presentarse a las elecciones. Si no buscara engañar a todo el mundo todo el tiempo, Zapatero debería haber confesado a los españoles que el proceso de negociación en el que está embarcado con los terroristas le exige reincorporar a Batasuna al juego democrático. Debería haber tenido, al menos, el coraje de defender que él intenta alejar a buena parte de los miembros de ETA del terrorismo para acercarlos a la política. Muchos españoles le habríamos reprochado que creyera que puede cabalgar al tigre, porque Batasuna ha dado sobradas muestra de su incapacidad para emanciparse de ETA, pero al menos habría un poco de sinceridad en la política del Gobierno. No hay ni sinceridad porque Zapatero carece del valor, de la credibilidad y del liderazgo como para poder defender ante la sociedad la única política en la que cree.

Si, como anunció tras el atentado de la T-4 de Barajas y debería haber hecho, Zapatero hubiera dado realmente por finiquitado el proceso de negociación con los terroristas lo sensato, lo lógico, lo democrático y lo decente habría sido impugnar la totalidad de las candidaturas presentadas por ANV. Hay indicios más que suficientes para demostrar que este partido durmiente ha sido resucitado en estas elecciones por ETA como un instrumento sustitutivo de Batasuna. Prácticamente la totalidad de las candidaturas tienen miembros que pertenecen a su vez a Batasuna, en papeles incautados a ETA aparece este partido como el Plan C de la organización terrorista para burlar la Ley de Partidos y hay personas detenidas por pertenencia a ETA que han jugado un papel relevante en ANV. Con estos indicios, el Gobierno tenía argumentos sobrados para impugnar todas las candidaturas, si realmente hubiera tenido la voluntad real de impedir la presencia de ETA en las elecciones. Pero no la tiene.

Frente a estas dos alternativas, la impugnación de la mitad de las candidaturas es la peor de las decisiones posibles porque es una decisión cobarde y mentirosa. En primer lugar, adolece de una falta de solidez jurídica, como ha puesto de manifiesto el Tribunal Supremo al reclamar al Gobierno y a la Fiscalía una clarificación al respecto. Supone además una falta absoluta de coherencia política porque no opta claramente por una estrategia de derrota del terrorismo, como contenía el Pacto por las Libertades, pero previsiblemente tampoco permitirá sobrevivir al proceso de negociación en marcha. Y, sobre todo, supone intentar un permanente engaño a los ciudadanos, intentado ocultar la verdadera voluntad del Gobierno, manipulando los informes policiales y desmintiendo con los hechos lo que se dice y se promete.

La decisión de Zapatero de impugnar la mitad de las candidaturas de ANV es una buena muestra de que el Gobierno no ha superado aún el golpe del atentado de Barajas. El Gobierno parece atrapado entre su necesidad de mantener abierta la negociación con los terroristas, porque cree que con eso retrasa nuevos atentados, y su necesidad de no enfrentarse a una opinión pública que ha perdido completamente la esperanza en que la vía negociadora lleve a sitio distinto que los escombros de la T-4.

Los paseos de De Jauna por San Sebastián soliviantan y encrespan a una sociedad que ya ha sufrido demasiado como para consentir esta chulesca humillación. En estas circunstancias hemos pasado de una política equivocada a una política errónea e incongruente ante el problema que hoy más preocupa a los ciudadanos: el terrorismo. Su pretensión de equidistancia, su intento de simular que lucha contra ETA a la vez que cede ante la banda es la peor decisión. Es una burla demasiado evidente como para seguir engañando a los españoles y un truco demasiado cobarde como para que la bestia acepte seguir el juego sin pasarle pronto factura.

Ignacio Cosidó es senador del Partido Popular por Palencia.

ANV: se puede ilegalizar el partido pero no sus listas
EDUARDO VÍRGALA FORURIA /CATEDRÁTICO DERECHO CONSTITUCIONAL DE LA UPV-EHU El Correo 5 Mayo 2007

La habitual actitud de Batasuna de enredar lo máximo posible para intentar poner en aprietos al Estado de Derecho se ha materializado de cara a las próximas elecciones locales en la estrategia de actuar en tres frentes: ASB, agrupaciones de electores y ANV. Ante este desafío, se ha respondido desde el Ministerio de Interior y desde la Fiscalía General del Estado con un aparente activismo desbordante, ya que se ha solicitado la ilegalización de ASB y se han impugnado 375 candidaturas electorales. Sin embargo, esta hiperactividad puede encubrir una cierta cortina de humo. ¿Para qué? Pues probablemente para dar la impresión de firmeza a la vez que se termina permitiendo que Batasuna siga apareciendo materialmente en muchas papeletas electorales.

Confieso que he asistido perplejo al espectáculo de las últimas semanas en las que desde las instituciones estatales se voceaba continuamente la imposibilidad de llegar a tiempo para ilegalizar a ANV antes del 27 de mayo y, a la vez, se realizaba una frenética actividad dedicada a la presentación de recursos contra la proclamación de candidaturas aisladas de tal partido. Digo perplejidad pues en nuestro ordenamiento jurídico sólo se puede actuar contra un partido político suspendiéndolo o disolviéndolo judicialmente, pero siempre como un todo pues las partes no pueden ilegalizarse sin ilegalizar el todo. No hay ningún artículo legal que permita impugnar algunas candidaturas de ANV y no hacerlo contra otras. O se ilegaliza ANV o puede concurrir con las candidaturas que quiera.

La presentación de candidaturas por ANV a las elecciones locales y forales no puede anularse ni por la pertenencia de sus integrantes a Batasuna, EH, HB o a cualquiera de sus ramificaciones ni por la antigua situación de condenados por pertenencia a la banda terrorista ETA. Tanto de la Ley orgánica de Partidos como de la Ley orgánica de Régimen electoral se desprenden dos cosas que lo impiden.

La primera, que un partido político registrado puede presentar candidaturas libremente y que en ese supuesto únicamente tienen limitado el derecho a ir como candidatos los actualmente condenados por sentencia firme a pena privativa de libertad o los actualmente condenados por sentencia, aunque no sea firme, por delitos de terrorismo, entre otros, si expresamente se les pena además con la pérdida del derecho de sufragio pasivo. En tales circunstancias, la convicción a través de los medios indiciarios proporcionados por fuentes policiales de que un partido, como ANV, es utilizado por Batasuna sólo puede conducir al intento de su suspensión en un proceso penal o de su ilegalización en trámite de ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo de 27 de marzo de 2003. Pero no puede provocar la impugnación de candidaturas aisladas de ANV, al menos por ese motivo.

La segunda, que una candidatura aislada sólo puede ser impugnada ante el TS como continuadora de Batasuna si se trata de una 'agrupación de electores' pero no cuando forma parte de las presentadas por un partido político legal hasta ese momento. Las leyes son taxativas. Todas las especulaciones mediáticas, inducidas por la ambigüedad de ciertas informaciones provenientes del Ministerio del Interior o de la Fiscalía, y basadas en la jurisprudencia del Tribunal Supremo o del Tribunal Constitucional se construyen sobre lo previsto para las 'agrupaciones de electores' no existiendo sentencia alguna que afecte en este ámbito a partidos políticos registrados.

Lo anterior hace difícilmente comprensibles los recursos del Gobierno y de la Fiscalía General del Estado, salvo que precisamente sean esa cortina de humo de la que hablaba para ocultar su falta de presteza en la ilegalización directa de ANV. El primero intenta sin más forzar la ley para decir que encajan los partidos en lo previsto para las agrupaciones de electores, cuando son dos colectivos radicalmente diversos en su tratamiento legal. El segundo pretende mediante una rocambolesca argumentación que la anulación de algunas candidaturas sea un mero incidente de ejecución de la sentencia de ilegalización de Batasuna que, ante la ausencia de procedimiento legal apto, utiliza el previsto para las agrupaciones de electores.

Hace ya algunos meses que se venía especulando en medios periodísticos sobre la utilización de ANV por Batasuna. Si los medios de comunicación lo sabían hay que pensar que el Gobierno y la Fiscalía General del Estado también, a pesar del estupor que supone leer al titular de esta última institución decir que «no he tenido constancia de que existiera ANV hasta hace unas semanas» ('La Razón', 25 de abril de 2007). Ese fue el momento de actuar y acumular pruebas contra ANV y no tanto el de anunciar que se cumpliría la ley de partidos en su letra y en su espíritu analizando la composición de las candidaturas concretas de ANV. De los datos aparecidos en los recursos presentados el 3 de mayo y en el auto del juez Garzón de 28 de abril no se pueden extraer conclusiones definitivas, pero sí, al menos, indicios suficientes para instar al Tribunal Supremo en un incidente de ejecución de sentencia por utilización de un partido ya inscrito. Sobre esto se debía de haber trabajado más que en la presentación de unos recursos electorales que jurídicamente pueden ser rechazados por el Tribunal Supremo o, en su caso, por el Tribunal Constitucional. Si esto fuera finalmente así se habría permitido la vuelta de Batasuna a las instituciones y la ley de partidos quedaría en agua de borrajas. Ojalá me equivoque.

La estrategia de ZP: Quebrar el Estado de Derecho y destruir España
Enrique de Diego elsemanaldigital 5 Mayo 2007

La nación, en el sentido moderno, es un Estado de Derecho. Es decir, un ámbito de libertad, de imperio de la ley, con derechos personales protegidos por tribunales independientes.

5 de mayo de 2007. Puesto que se trata de destruir España lo que se está resquebrajando es el Estado de Derecho. Los controles del poder han ido desapareciendo, fagocitados por el Ejecutivo.

Más grave aún, la apuesta personal deZapatero por negociar con ETA está haciendo chirriar la herrumbrosa maquinaria de una justicia que lleva décadas sometida a un deteriorante proceso de politización.

Se mantiene la fachada, mientras se aplica la piqueta a demoler los pilares. Ni tan siquiera se respetan las formas. El Gobierno, por lo menos, debía haber propuesto la reforma de la Constitución en vez de trocear la soberanía nacional a través de los estatutos. Ahora tenemos al Tribunal Constitucional en la tesitura de tener que decidir sobre el Estatuto de Cataluña, cuya toda estructura es antinacional y que sitúa al conjunto de la nación bajo la tutela de la Generalitat y el Parlamento de Cataluña, mediante el subterfugio de lo que han dado en llamar bilateralidad.

El Gobierno, en coherencia con sus planes, debía haber llevado al Congreso la derogación de la Ley de Partidos, para que el brazo político se presentara a las elecciones, y luego pactar con él, que es a lo que aspiran los socialistas vascos. Lejos de ello, mediante un juez errático, ególatra, se niega la evidencia y, en fraude de ley, y delito moral de traición, se declara que unas siglas sí son ETA y otras no, tomando a los españoles por tontos de baba, cuando es clamoroso que se trata de simples estratagemas.

En la medida en que el Estado de Derecho deviene en mero ejercicio de cinismo pierde legitimidad y se cuartea, destruyendo a la nación. En eso están. Nos damos perfecta cuenta.

Porque siempre es la misma estrategia de propaganda. Frente a quienes denunciamos la evidencia del entreguismo y la rendición ante ETA, el Gobierno insiste en la retórica: se cumplirá la ley, se cumplirá la ley en el espíritu y en la letra, el Estado de Derecho funciona, la Fiscalía funciona, el Gobierno vela... Se insiste en que es mentira. y entonces los voceros del Gobierno se indignan: cómo se puede pensar tan mal del Gobierno de la nación, como osan decir cosas tan maliciosas contra el presidente del Gobierno.

Soltarán a De Juana Chaos. ¡No!, responden. Cumplirá su condena en otro hospital. Eso no es cumplir ninguna condena. Eso son vacaciones pagadas con cargo al contribuyente.

Hay compromisos con ETA, se les dice. Pero ¡cómo se atreven a levantar tales infundios y establecer tales sospechas!, se nos responde. Nada se hará contra Otegi. Pero, bueno, este Gobierno respeta la Ley. Pues a Otegi se le piden disculpas por haberle hecho viajar a la Audiencia Nacional.

El Gobierno va a dejar que ETA concurra a las elecciones. ¡A quién se le ocurre! El Gobierno trabaja a destajo, casi no tiene tiempo para impugnar candidaturas, pero hará otras extras. Mentira tras mentira, y mentira porque les toca y no saben decir otra cosa. Se impugna, eso sí, el señuelo de ASB. Menos del 50% de las de ANV y sólo 7 de las 300 plataformas independientes.

Todo deviene en farsa. El Gobierno tiene un pacto con ETA y ambos lo viven al milímetro. Lástima que dos ecuatorianos se quedarán dormidos en la T-4.

Despabilemos: mentira tras mentira, llevaron a los judíos a los campos de exterminio.

Otrosí: La Sala 61 del Supremo no tiene por qué aceptar lo que dice la Fiscalía. Puede pedir información adicional.

De Carod a Sabina, de Buenafuente a De la Vega: la "pantojización"
Eduardo Arroyo elsemanaldigital  5 Mayo 2007

La vida política, mediática, cultural... vive un "proceso de pantojización". Líderes de pacotilla, referentes de la chorrada, titiriteros del odio... pululan alzando sus voces.

5 de mayo de 2007. Si uno consulta webs y blogs del ámbito nacionalista periférico queda asombrado de lo ramplón que es todo su bagaje argumental. Si, en vez de la aproximación cibernética, elegimos una más directa, personajes como Jone Goiricelaya o Pernando Barrena aparecen parangonados a los pillos de El Buscón: gentes sin oficio ni beneficio, astutos pero de ninguna manera inteligentes, medran sobre una construcción ideológica sin el menor fundamento. Recuerdo haber escuchado una entrevista con José Luis Carod Rovira –un personaje que ha conseguido que nadie esté seguro ni de cómo se llama realmente- que blasonaba de que su amor por la lectura le había llevado a atesorar varios miles de libros. El pobre, tan bobo como su extasiada presentadora, creía que el atesorar libro sobre libro le distingue a uno con el conocimiento de la realidad. Poco le han aprovechado, o quizás debiera leerlos otra vez con más atención, si es que está capacitado para ello.

Personajes como Pepiño Blanco o María Antonia Iglesias –tan ridículos que si no les paga el PP lo parece- conducen a pensar que el eje de la política nacional está, antes que en el célebre "proceso de negociación" en un mucho más real "proceso de pantojización", en alusión al impacto mediático de una célebre folclórica, que nos tememos más honorable que la mayor parte de los absurdos andantes y parlantes que campan por ahí.

A estas alturas uno no puede dejar de reconsiderar el viejo argumento de las elites que ha castigado a la democracia, sin recibir respuesta, desde Edmund Burke, y que consiste en enunciar que las sociedades no gobernadas por los mejores están condenadas a perecer. Se respira por todas partes una insoportable bajeza y mediocridad, donde ya nadie sabe ni si es de los suyos, y donde las palabras solo son armas arrojadizas vinculadas al ego partidario de turno. Para el que consigue elevarse sobre la basura de la época, sobre tanta rareza de circo con aires de coche oficial, no resulta descabellado parangonar la mediocridad lerda y sanguinaria de Otegui con la personificación bufonesca de Buenafuente, el rencor del inferior que anida en cualquier película del "cine español" o de la fealdad íntima y anímica de Fernández de la Vega. En el fondo todos participan de una misma descomposición interior. Si se miran los últimos discursos vociferantes del 1 de Mayo o si se asiste a una entrevista con Joaquín Sabina o a las pretensiones intelectuales de Ana Botella, uno tiene la sensación de escuchar un mismo núcleo nihilista esencial.

Uno se pregunta ¿de donde ha salido toda esta gente? ¿Por qué se ha materializado esta "parada de los monstruos" cuya maldad alcanza los límites de lo ridículo? ¿Cómo han devenido reales los que nunca debieron salir del cine fantástico? Pues porque las elites han abdicado de su función, una función que no consiste en existir. La naturaleza desigual del hombre es consustancial a su ser, sino en organizarse a través de las generaciones.

Por eso avanza la "pantojización". Y lo peor –o lo mejor, según se mire- es que no hemos tocado fondo. En el caos todo se parece y es más difícil de predecir. Por eso la receta "pepera" para salvar lo que aún pueda ser salvado –la deificación del mercado y la denigración de la persona hasta el "individuo" pleno de "derechos"- resulta tan ridícula como una rueda de prensa de Pernando Barrena. Todavía hemos de ver cosas que hoy nos parecen absurdas y sin duda el proceso deba aún de consumarse para preparar una época distinta.

De lo que sí hay que estar seguro es de que el renacimiento hacia un mundo diferente vendrá de la mano de los que hoy son considerados réprobos y que habitan en algún lugar insospechado. Su aparición en la historia será la negación de todos los sistemas políticos e ideológicos al uso, por lo que no sería de extrañar ver a sorprendentes compañeros de viaje conjurarse para salvar este lodo putrefacto en el que fermentan todos los vicios y que, pese a su aparente inestabilidad, es el modus vivendi de los que subsisten a base de problemas no resueltos.

En el horizonte algunos adivinan la aurora porque lo viejo se tambalea y lo decadente cae. Es deber de la vida renacer. Algunos saben, como el eremita de Sils-Maria, qué curva es la senda de la Eternidad.

Escocia, el vehículo nacionalista
IVAN BRISCOE /INVESTIGADOR EN TEMAS DE PAZ Y CONFLICTOS DE FRIDE El Correo 5 Mayo 2007

El largo y polémico recuento de votos de las elecciones en Escocia podría todavía dar como resultado la supervivencia del Gobierno laborista en aquella nación del norte de Gran Bretaña. Pero no debe quedar duda acerca de quiénes han sido las estrellas de la campaña. Ocho años después de la cesión por parte de Londres de un parlamento y una amplia colección de derechos autonómicos en impuestos, educación y salud, muchos escoceses parecen haberse fatigado con los límites residuales que constriñen el nuevo poder de su nación, y optado por una ruptura limpia con sus vecinos insufribles del sur. Según cuentan los medios ingleses, siempre hambrientos de nueva histerias, este voto sería el primer paso hacia el desmembramiento del Tratado de la Unión, firmado hace 300 años.

Pero la realidad es otra: la campaña y el resultado han demostrado hasta qué punto la causa independentista venía enraizada en la desilusión popular y no en la efervescencia nacionalista. Alex Salmond, veterano dirigente del Partido Nacionalista Escocés (SNP) y antiguo economista del petróleo, anhela la participación escocesa en un llamado 'arco de prosperidad', un bloque de países ricos, fríos y llenos de hidrocarburos compuesto por Irlanda, Noruega e Islandia, con profundos lazos culturales en la mitología nórdica y el vasto imperio vikingo. En realidad, sin embargo, el éxito relativo de su partido se basa en poner la añorada reivindicación celta en paréntesis, postergando un referendo sobre el tema hasta el 2010. Incluso, ha llegado a prometer que Escocia podría readherirse al Reino Unido si la separación es demasiado dolorosa.

De hecho, lo que ha ocurrido en Escocia parece el ejemplo más destacado de una curiosa dinámica política en Gran Bretaña, donde el nirvana laborista -crecimiento económico ininterrumpido de 59 trimestres y un flujo inédito de dinero a los servicios público- ha coincidido, y tal vez ha provocado extrañamente, una pérdida abrupta de confianza en la clase política. Materialmente satisfecho y enormemente endeudado, el público británico siente con especial agravio la indisciplina y amoralidad de sus conciudadanos (los jóvenes vándalos, los padres irresponsables, los obesos), y las supuestas manipulaciones de sus dirigentes.

En el caso de Escocia, el rechazo a la guerra de Irak y a la decisión aprobada en marzo de renovar los misiles nucleares Trident (ubicados en Gare Loch, cerca de Glasgow) por 30.000 millones de euros son los símbolos más claros de esta reacción electoral. No son meramente causas pacifistas, sino el reflejo de un cuestionamiento profundo del Gobierno en Londres, de la sinceridad de su primer ministro Tony Blair, y de la falta de control adecuado del parlamento o del público, inglés o escocés, sobre decisiones trascendentales.

En este contexto, el SNP representa un voto de castigo o, en palabras de la revista conservadora 'The Spectator', «el vehículo conveniente de una rebelión nacional contra los laboristas». Otras partes de las islas tuvieron formas alternativas de transmitir su cólera, notablemente por medio del Partido Conservador en el norte rural de Inglaterra, y del voto a éste y a los nacionalistas de Plaid Cymru en Gales. En Escocia, dominado electoralmente por los laboristas durante cinco décadas, e irreversiblemente adverso a los 'tories' después de las injerencias de Thatcher, el voto fue nacionalista. Por castigo, y por el afán de un poder más cercano y tangible. El paisaje político después de las elecciones locales y nacionales del jueves queda salpicado por pequeñas revueltas, canalizadas en el caso de Escocia hacia un independentismo tímido, casi oculto.

Buscar un 'viento de cambio' en otras regiones sería igualmente frustrante. El Partido Conservador consiguió más votos (41% del electorado), pero sigue extremadamente débil en las grandes ciudades, y todavía falta saber precisamente qué propondrá en su plan de gobierno después de deshacerse de casi todos sus dogmas de fe. Sobres los temas claves del momento -el terrorismo, la economía y la inmigración- hay poquísima diferencia ideológica.

Por cierto, habría algo irreal en el cambio de banda político en Escocia si no fuera por la debilidad de la oferta secesionista: los flujos económicos, sociales e intelectuales a través la 'frontera' son cada vez más fuertes; y vale añadir que Inglaterra debe a Escocia gran parte de su carácter nacional, incluyendo su teoría económica liberal (Adam Smith), su pragmatismo empirista (David Hume), muchos de los soldados que construyeron el imperio, cinco primeros ministros en el último siglo (y este número excluye a Blair, quien nació en Edimburgo), y la línea de sangre de la familia real. Escocia, por lo tanto, no es una nueva versión de Irlanda, que sufrió un colonialismo inglés salvaje e inquisidor. Ha sido partícipe y artífice del proyecto británico desde la Unión de 1707. En cierta forma, ha tenido una presencia política y cultural mucho más importante que el tamaño de su población justificó.

En realidad, son las nuevas complejidades de esta relación tan íntima las que sirven ahora para alimentar la utilidad política del nacionalismo. El resultado electoral que Salmond festejó en la madrugada del viernes se convertirá en un tema de máxima delicadeza para el hombre destinado a tomar el relevo de Blair en pocas semanas, el escocés protestante Gordon Brown. Si el SNP llega a plantear con fuerza la causa independentista, Brown no podría ni ceder a sus presiones por temor al rechazo inglés -los ingleses han desconfiado siempre de la retórica seductora de los celtas-, ni enfrentarse demasiado con su propia circunscripción electoral escocesa en Kirkcaldy y Cowdenbeath.

Para los conservadores, mientras tanto, existe una innegable tentación de estimular los rebrotes nacionalistas a los dos lados de la frontera. Sin los votantes izquierdistas del norte, los 'tories' tendrían una mayoría clara en el Parlamento de Westminster; y si quieren avivar el resentimiento y el izamiento de banderas, tienen solamente que subrayar la injusticia de permitir que los representantes escoceses en Londres puedan votar sobre legislación en Inglaterra, mientras que los ingleses no pueden hacer lo mismo en Escocia. «Una rayuela de confusión y resentimiento», según Salmond.

Mucho depende del joven dirigente conservador, David Cameron, que tiene una impecable imagen pública, y que sería, por tanto, profundamente reacio a ensuciarla con provocaciones identitarias en Gran Bretaña, donde sus ciudades multiétnicas contienen tensiones culturales y sectarias muchísimo más serias y siniestras que la vieja disputa transfronteriza.

Bilingüismo en Cataluña
Todos invitados
Maite Nolla Libertad Digital 5 Mayo 2007

El sábado 5 de mayo, Ciutadans ha convocado en la plaza Universidad de Barcelona, a eso de las 11 de la mañana, un acto público en el que se leerá un manifiesto a favor del bilingüismo en las instituciones públicas. Como pueden comprender, la cosa pública en Cataluña no puede vivir de espaldas a las personas. Lo mejor que tiene Cataluña es que el bilingüismo no está en la sociedad sino en las personas, y lo que es normal en las personas debe ser normal en la administración, en el parlamento, en los ayuntamientos y hasta en TV3.

Nos gustaría mucho contar con la presencia del señor Fiscal General del Estado, don Cándido Conde-Pumpido. Seguro que acepta, sobre todo si tenemos en cuenta que ahora va a disfrutar de unas mini-vacaciones, ya que hasta después de las elecciones no va a perseguir a los corrutos, siguiendo la teoría de la estigmatización de los testigos que cocinó el Tribunal Supremo para Felipe González. Discúlpeme si me meto donde no me llaman, pero no estaría de más que nos coordináramos un poquito. El miércoles, en Marbella, nuestro presidente, don José Luís Rodríguez Zapatero, dijo que iba a perseguir "a los que actúan con corrupción urbanística" (sic). En cambio, don Cándido dijo en La Razón que a él hasta el 28 no le busquen y que no quiere saber nada de recalificaciones, planes y comisionistas pitiusos.

Bueno, don Cándido, si no tiene otra cosa que hacer el sábado, que parece que no, le esperamos con los brazos abiertos.

También nos gustaría contar con la presencia del candidato del PSOE en las Islas Canarias, Juan Fernando López Aguilar, para agradecerle personalmente que se haya pasado dos meses explicando nuestro programa de cabildo en cabildo. Ahora que domina el tema, hable usted con Montilla, a ver si se le pega algo.

Alguien que no puede faltar es el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, porque sin él esta convocatoria no sería posible. Lo digo porque nunca le agradeceremos suficientemente que en la nueva Ley del Estatuto del Empleado Público, la ley de los funcionarios, de aplicación en toda España, se haya incluido, en el artículo 54.11, que "los funcionarios garantizarán la atención al ciudadano en la lengua que lo solicite siempre que sea oficial en el territorio". Este artículo está pensado para que los funcionarios del Estado tengan la obligación de atender a los ciudadanos en la lengua autonómica correspondiente. Eso puede conllevar que, con el tiempo, únicamente los que sepan hablar catalán, vasco o gallego puedan acceder a plazas en esas comunidades, aunque se trate de funcionarios del Estado. Pero el artículo, tiene su cara B, y garantiza la atención en castellano en cualquier parte de España, por cualquier funcionario, pertenezca a la Administración que pertenezca, precisamente porque es una ley básica, aplicable a todas la administraciones. ¡Vaya fallo!

También queremos que venga doña María Teresa Fernández de la Vega con alguno de sus modelos, para que compruebe, como ella muy bien dijo, que en Cataluña no existen problemas lingüísticos. Tiene un lugar reservado al lado de un abogado al que le han impuesto una multita de 900 euros por rotular "abogado".

Para finalizar, queremos agradecer su interés al circuito catalán de TVE, ya que nos ha prometido la cobertura del acto como desagravio a que no nos dejaran participar en el debate de los candidatos a la alcaldía de Barcelona. ¿O no nos lo han prometido?

Rosa Díez, la conciencia de un PSOE dormido
Luis Miguez Macho elsemanaldigital 5 Mayo 2007

Hay muchos españoles que se preguntan desde hace algún tiempo cómo es posible que en el PSOE no haya surgido ya una corriente crítica con la política del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero de cesiones permanentes a los nacionalistas en general, y a la banda terrorista ETA y su entorno en particular. Y se lo preguntan porque el PSOE es uno de los dos grandes partidos nacionales de nuestro país y nadie duda, ni siquiera en las actuales circunstancias, de su sincero carácter democrático ni de su decidida oposición a la violencia terrorista.

Los socialistas han sufrido en sus propias carnes los embates del terrorismo nacionalista y la presión social que en muchos pueblos del País Vasco y de Navarra ejercen sus partidarios. Aunque hayan gobernado durante un largo periodo en el Ejecutivo de Vitoria y en otras instituciones vascas con los nacionalistas, en la época en que Nicolás Redondo Terreros dirigía el PSE y bajo el espíritu de rebelión contra el terror simbolizado por Ermua han estado codo con codo con el PP en la defensa del orden constitucional.

Ha tenido que ser, una vez más, Rosa Díez, la histórica dirigente de los socialistas vascos, ahora diputada en el Parlamento Europeo, quien se haya erigido en la conciencia de un PSOE dormido a través de una carta abierta dirigida a sus compañeros. Una carta en la que, desde la absoluta lealtad al partido al que pertenece, plantea a todos aquellos socialistas que en privado dicen sentirse incómodos con la política del Gobierno en relación con los nacionalistas y con ETA un reto perentorio, si no creen que ya ha llegado la hora de hablar, y les emplaza a hacer frente a su "responsabilidad en lo que está pasando".

Probablemente lo que haya movido a Rosa Díez a hacer pública la carta en este momento es la inexorable vuelta de los pro-etarras a las instituciones locales vascas y navarras. Porque, como de manera repetida hemos señalado desde estas páginas, con ser grave y humillante el trato de favor otorgado por el Gobierno al asesino múltiple Ignacio de Juana Chaos, o al dirigente batasuno Arnaldo Otegi cuando ha sido llamado a responder ante la Justicia, objetivamente el golpe más duro para la lucha antiterrorista será el retorno de los pro-etarras a las instituciones.

No se puede decir más claro de la forma en que lo expone Rosa Díez en su carta: "si el Gobierno permite que las candidaturas de ANV, trufadas de Batasuna, continuadoras de Batasuna, sustitutas de ETA, se cuelen en los ayuntamientos y diputaciones vascos y navarros, el gobierno estará consintiendo que ETA obtenga subvención, infraestructura y logística para preparar con mayor comodidad sus crímenes". Y la eurodiputada recuerda a continuación que "desde los ayuntamientos vascos, con dinero público, organizaron la persecución y el asesinato de algunos de nuestros compañeros".

Pero la carta es notable por más motivos y merece una lectura detenida: reivindica la Transición a la Democracia, rechaza los intentos de mirar hacia atrás, defiende "que el Partido Socialista ha de seguir siendo un partido que vertebra España, un partido nacional, que no renuncie a serlo", y denuncia el vaciamiento de competencias del Estado y la desigualdad de derechos entre españoles a que conduce. Alguna respuesta merece por parte de los interpelados.

El TS desautoriza al fiscal y abre la vía para debatir si ANV es «sucesora» de Batasuna
NIEVES COLLI. MADRID. ABC 5 Mayo 2007

La Sala Especial («Sala del 61») del Tribunal Supremo acordó ayer por unanimidad admitir a trámite las demandas que la Fiscalía y la Abogacía del Estado presentaron, respectivamente, contra 110 y 122 candidaturas de ANV (este partido formó un total de 256). Esta decisión supone que el Tribunal estudiará el fondo de las dos demandas, aunque incluye un importante correctivo a las tesis de ambos demandantes. De hecho, no tendrá que limitarse a analizar la presencia de Batasuna en las listas que han sido objeto de impugnación , como se planteaba en los escritos del fiscal y el abogado del Estado, sino que podrá debatir sobre la utilización de ANV para suceder a Batasuna y entrar en su eventual ilegalización. Las deliberaciones sobre este asunto continuarán hoy.

La decisión adoptada ayer por el Supremo -que se plasmará en la sentencia y se notificará a las partes, como máximo, a las doce de esta noche- supone corregir el planteamiento hecho por el fiscal y por el abogado del Estado en cuanto al procedimiento a través del cual deben tramitarse ambas demandas.

Se rechaza un trámite «híbrido»
Los dos demandantes defienden un trámite híbrido fruto de «integrar» dos procedimientos con finalidades diferentes: de un lado, lo que la Ley de Partidos Políticos establece cuando un partido político nuevo o ya inscrito en el registro del Ministerio del Interior (ANV en este caso) pretende suceder a otro previamente ilegalizado (Batasuna). Es un trámite que se abre como incidente de ejecución de una sentencia de ilegalización (en este caso la de Batasuna); de otro lado, lo establecido en la Ley Electoral (LRGE) para aquellos casos en los que la sucesión pretende consumarse a través de la proclamación de agrupaciones de electores en fechas ya muy próximas al comienzo de la campaña electoral. Es el procedimiento contencioso-electoral.

Esta mezcla permite, según el fiscal y el representante legal del Gobierno, anular sólo aquellas candidaturas que se entiendan contaminadas por ETA/Batasuna sin necesidad de dar el paso hacia la ilegalización de ANV. Es decir, dar a las listas de un partido político el tratamiento previsto para las agrupaciones de electores, pese a que partidos y agrupaciones son entes con naturalezas jurídicas completamente diferentes. Y, de esta forma, presumir que sólo una parte de ellas están contaminadas. Este criterio provocó desde un principio serias dudas de viabilidad en un amplio sector de juristas, dudas que se han visto reproducidas dentro de la «Sala del 61».

Fuentes judiciales aseguran que el erróneo planteamiento de las demandas ha colocado al Supremo en una delicada situación -«entre la espada y la pared», describen- y que un sector del tribunal entendía ayer que hay razones suficientes como para rechazar las pretensiones del fiscal y el abogado del Estado. También hubo varios magistrados que compartían las tesis de las demandas. Finalmente, se optó por una solución intermedia que obtuvo el apoyo de los dieciséis miembros de la Sala.

Abanico de opciones
Sin embargo, algunas fuentes advierten que admitir a trámite las demandas y elegir el incidente de ejecución de sentencia como el procedimiento adecuado para tramitarlas plantea otro problema: la prueba. De hecho, el termómetro que el fiscal y el abogado del Estado utilizan para medir la «contaminación» de las listas es la mayor o menor presencia en las mismas de miembros o ex cargos electos de Batasuna, circunstancia personal que de por sí no debería cercenar el derecho de estos candidatos al sufragio pasivo. Según la ley Electoral, las causas de «inelegibilidad» son otras.

Las fuentes citadas explican que otra consecuencia de la «reconducción del procedimiento» afecta al objeto de la deliberación: ya no será, como planteaban los demandantes, la presencia de Batasuna en las listas, sino la utilización de ANV para suceder al partido ilegalizado y determinar hasta qué punto se ha producido esa instrumentalización. El debate, pues, se centrará en el partido.

Así las cosas, los medios consultados aseguran que son varias las decisiones por las que puede optar el Tribunal en su sentencia:

1. Plantear la necesidad de acudir a un procedimiento independiente para decidir si existen motivos para ilegalizar ANV. Esto supondría abrir una causa distinta que podría tardar varios meses en resolverse. En ese caso, cabría la posibilidad (pues así lo prevé la Ley de Partidos) de decretar la suspensión de actividades de ANV para evitar de forma cautelar su participación en las elecciones del 27 de mayo. Esta opción apenas cuenta con apoyos dentro de la Sala y es muy poco probable.

2. Ilegalizar ANV, pero dentro del trámite de ejecución de la sentencia de Batasuna. Es decir, determinar si ha sido instrumentalizado para suceder a la formación ilegal. Esta opción (así como las dos siguientes) dependen básicamente del material probatorio del que se disponga. Tanto el fiscal como el abogado del Estado señalan en sus demandas que no hay pruebas para proceder contra ANV, aunque el Ministerio Público admite que este partido «colaboró» con Batasuna al cederle «voluntariamente» parte de sus listas. Es decir, habría participado en el «fraude» que supone la presencia de un partido ilegal en los comicios.

3. Anular todas las listas de ANV.

4. Anular sólo las impugnadas o, en su caso, sólo aquellas sobre las que los demandantes hayan aportado pruebas suficientes. Esta decisión podría implicar que la ejecución de la sentencia de Batasuna se ha quedado a medias.

Las agrupaciones de AS
Tras la sesión de la mañana, dedicada al problema de procedimiento, la «Sala del 61» reanudó las deliberaciones por la tarde (pasadas las nueves y media de la noche seguían reunidos), pero para dejar resueltas las demandas contra las agrupaciones de electores que se han presentado bajo la marca común Sozialistak Abertzale (SA) y contra algunas de las que figuran como independientes.

Fuentes judiciales señalan que en este caso las demandas se han planteado correctamente y que la deliberación se centró en el análisis de las pruebas y en la determinación de si en todos los casos son suficientes para anular cada una de las agrupaciones impugnadas. El fiscal dirigió su demanda contra 244 agrupaciones de AS y seis independientes, mientras que el abogado del Estado lo hizo contra 246 de AS y siete independientes.

Batasuna podría gestionar la próxima legislatura más de mil millones de euros
P. CERVILLA / J. PAGOLA ABC 5 Mayo 2007

MADRID. Batasuna podría gestionar una cifra sensiblemente superior a los mil millones de euros durante la próxima legislatura si, a través de las candidaturas de ANV, recupera sus tradicionales feudos del País Vasco y Navarra. Con dinero público, las corporaciones batasunas han financiado actividades apologéticas de ETA y «limpiezas étnicas».

Los ayuntamientos de los cinco feudo» tradicionales que los proetarras podrían recuperar ahora en Vizcaya gestionaron en 2005 un presupuesto total de 11.895.266 euros. Llodio, el único bastión al que Batasuna aspira en Álava, manejó aquel mismo año 20.992.252 euros. Los ayuntamientos de la veintena de municipios guipuzcoanos candidatos a volver ahora a la tiranía de la coalición sumaron entonces 173.566.414 euros. Finalmente, los pueblos navarros en los que se presenta la denominada «izquierda abertzale», con posibilidades de acceder a la alcaldía, alcanzaron la cifra total de 27.484.934 euros.
La suma del País Vasco y Navarra sumarían un presupuesto de 233.938.866 euros. Esta cifra, multiplicada por los cuatro años de una legislatura, alcanzaría los 935.755.464 euros. Sería, sin embargo, una estimación a la baja, ya que las cuentas públicas, por lo general, se incrementan cada año. Esa aplicación a la baja sería más acentuada si se aplicara a la legislatura 2007-2011. No es desproporcionado afirmar que de recuperar todos estos ayuntamientos, Batasuna podría gestionar en los próximos años más de mil millones de euros. Demasiado para una organización ilegal en España, y que, hoy por hoy, sigue en la lista de grupos terroristas de la UE.

Implantación en Guipúzcoa
Superada, en la práctica, la política de la ilegalización, como se ufana ETA en sus «zutabe», la denominada «izquierda abertzale» está en disposición de recuperar, en lo que se refiere a Guipúzcoa, alcaldías de la importancia de Mondragón, Hernani, Lezo, Pasajes, Vergara y Oyarzun. En 2005, estos consistorios gestionaron unas partidas de 35.286.484 euros; 21.507.353 euros; 14.187.906; 22.796.409 euros; 18.991.990 euros y 13.357.711 euros, respectivamente.

En 1997 por ejemplo, con ese dinero público, el ayuntamiento de Oyarzun, controlado por HB, apoyó una acampada organizada por Jarrai para intercambiar manuales de guerrilla urbana con filoterroristas procedentes de otras regiones españolas y del extranjero. Durante un fin de semana, los «jarraitxus» exigieron impunemente el «impuesto» a los comerciantes y visitantes que se atrevieron a adentrasre en la «ciudad sin ley».

También con fondos públicos, el ayuntamiento proetarra de Lezo financió una campaña de linchamiento contra dos vecinas, a las que un «herriko tribunal» acusó, sin pruebas, de traficar con drogas. Ocurrió que ambas habían sido vecinas de los integrantes de un «comando» que acabó desarticulado. Los terroristas, en su «autokrítica», transmitieron a los cabecillas que la caída había sido motivada por el «txibatazo» de estas dos mujeres, lo que motivó que se les aplicara «la limpieza étnica». Las manifestaciones en las que se pedían sus cabezas iban precedidas por la Policía Municipal. La Hernani de HB dedicó una de sus plazas a los «gudaris» de ETA, ha acogido en la casa consistorial las capillas ardientes de los terroristas del municipio muertos como consecuencia de sus propias fechorías y canceló de un «herri decretazo» la fiesta de la Hispanidad. Vergara, en tiempos de régimen proetarra, subvencionó las visitas a los presos de la localidad, no de sus familiares, sino de la propia Corporación para darles ánimos coincidiendo con las fiestas patronales.

«Hijo predilecto»
Batasuna podría recuperar también Usúrbil. La corporación batasuna declaró «hijo predilecto» y pagó el entierro y funeral del etarra Aranzacistroque, muerto al estallarle la bomba que quería colocar en un hipermercado de Oyarzun. Este ayuntamiento manejó en 2005 más de 10.697.519 euros.

Arechabaleta, Escoriaza o Villabona son otras localidades de Guipúzcoa que en 2005 gestionaron presupuestarias que oscilaban en torno a los 7.000.000 euros. Así las cosas, ETA-Batasuna estaría en disposición de recuperar una veintena de municipios de Guipúzcoa. Con todo, tiene remotas posibilidades de volver a controlar Andoain. Afortunadamente, porque en 2001 la corporación desvió fondos para comprar un ordenador al cabecilla Asier Oyarzábal.

Los cuatro municipios de Vizcaya que ahora podría recuperar Batasuna sumaban hace dos años un presupuesto de 11.895.266 euros. Llodio, el único bastión con posibilidades de ser recuperado en Álava, manejó en el mismo año de referencia unas cuentas de 20.992.252 euros.

En Navarra, la «izquierda abertzale» podría volver a controlar municipios como los de Alsasua, Leiza o Berriozar, que manejaron 9.701.593, 3.294.457 y 7.534.672 euros.

Las juventudes de Batasuna diseñan un plan para desestabilizar la campaña electoral
Se proponen «marcar» a los candidatos «sin ningún tipo de miramientos», con toda clase de insultos y agresiones
J. M. Zuloaga La Razón 5 Mayo 2007

Madrid- «Tumbar las campañas» de los partidos políticos. Éste es el lema central de la estrategia que la organización Segi, las juventudes del brazo político de ETA, han diseñado hasta las elecciones del 27 de mayo, y que tiene su punto de arranque la semana que viene con la celebración de una «borroka eguna» (jornada de lucha).

«Se os acabó el chollo» es una de las consignas que los jóvenes proetarras pretenden utilizar contra las candidaturas de los partidos políticos, excepción hecha de las que apoye Batasuna, claro está. «Debemos marcar a todos los electos, sin ningún tipo de miramiento. Tenemos que tumbar sus campañas mediante el boicot y las intervenciones directas», dicen las instrucciones repartidas por Segi entre sus militantes, que son conocidas por la lucha antiterrorista, en la que se subraya la gravedad de los planes de estos individuos.

La campaña de Navarra es uno de los objetivos preferentes de Segi. Por ejemplo, a Nafarroa Bai van a «interpelarla» como «poltroneros» y tienen previsto denunciar que se trata de una formación que se dice de izquierdas pero que tiene a gente de derechas en sus filas.

«Poltroneros»
Carteles con las fotografías de los dirigentes de esta coalición y el lema «poltroneros» serán colocados por los proetarras al tiempo que se dedican a «ensuciar» su propaganda. El apoyo al pantano de Itoiz y al tren de alta velocidad y, por el contrario, la negativa a fomentar los locales ocupados y autogestionados (los llamados gaztetxes) serán objetivos de esta particular campaña contra Nafarroa Bai, que puede llevarse muchos votos de la izquierda abertzale.

Para Unión del Pueblo Navarro (UPN) el calificativo a utilizar es el de «fascistas», ya que, según los proetarras, tratan de imponer las decisiones del poder central a Navarra y porque su política «mata» a los trabajadores. Asimismo, se les acusará de destruir los recursos naturales y económicos, de ser unos ladrones, corruptos, franquistas y de utilizar la represión contra el pueblo. Todo ello con la particular y violenta forma de actuar que tiene Segi.

El Partido Socialista de Navarra (PSN), pese a la condescendencia del Gobierno con las listas de ANV, entre ellas en la importante población de Alsásua, no se escapa de los planes proetarras. «Habéis vendido Navarra, el euskera desaparece, sois unos especuladores y no habéis traído el cambio que necesitamos sino la opresión de la juventud».

Por lo que respecta al PNV, le van a decir que «ya vale, que se ha acabado el chollo y que tengan cuidado», que, en boca de estos individuos, según destacan las fuentes consultadas por LA RAZÓN, se sabe lo que quiere decir. La inquina que el mundo de ETA siente hacia los nacionalistas se pone de manifiesto en las instrucciones de Segi: «no estáis cualificados para acabar con el conflicto, lleváis a este pueblo a la miseria, lo único que os importa son vuestros negocios y oprimir a los jóvenes, y mientras disfrutáis de cinco viviendas otros tienen cinco hipotecas para disponer de una sóla casa».

Segi planea editar carteles con la fotografía del candidato a alcalde de Bilbao, Iñaki Azkuna, el lema «ya vale» y unas pegatinas en las que se le verá comiendo un bocadillo y diciendo: «No deis el voto a la izquierda abertzale que se me acaba el negocio».

Curiosamente, por lo que respecta al Partido Socialista de Euskadi, indican que las instrucciones de la campaña que, en su caso, se haría contra esta formación las debe marcar Batasuna que, de momento, ha celebrado concentraciones ante las sedes socialistas para protestar por la impugnación de candidaturas.

Ni que decir tiene, porque es el objetivo estratégico de ETA y de toda la izquierda abertzale, que Segi condiciona todas sus actuaciones a la obtención de la independencia del País Vasco, incluida Navarra.

El Supremo utilizará la ilegalización de HB para anular las candidaturas de ANV
Admite a trámite las demandas de la Abogacía que defienden la aplicación de la Ley Electoral
F. Velasco La Razón 5 Mayo 2007

Madrid- La Sala del 61 del Tribunal Supremo acordó anoche admitir a trámite los recursos contenciosos electorales presentados por Fiscalía y Abogacía del Estado para impugnar más de 130 candidaturas de Acción Nacionalista Vasca (ANV), al darse por satisfecha con las explicaciones ofrecidas ayer por ambas instituciones. Fuentes del alto tribunal indicaron que la Sala acepta, al menos en su mayoría, los argumentos ofrecidos por Abogacía y Fiscalía en defensa de los recursos presentados el jueves para impugnar las candidaturas concretas de ANV que consideraban instrumentalizadas por Batasuna sin instar la ilegalización del partido.

No sólo la Ley de Partidos
La Abogacía del Estado y la Fiscalía habían defendido ante la Sala que la impugnación de las candidaturas de Acción Nacionalista Vasca (ANV) no es posible aplicando exclusivamente la vigente Ley de Partidos, y que, por ello, lo procedente es seguir lo dispuesto en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG). Así consta en la contestación a la petición de la Sala de que argumentaran los motivos por los que entienden que el recurso contencioso-electoral ante el Supremo es el procedimiento correcto.

Como ya informó este periódico, hay quienes sostienen que los Servicios Jurídicos del Estado y del Ministerio podrían incurrir en fraude de ley, ya que al solicitar la anulación de un número relevante de listas de ANV por «fagocitación» de Batasuna, lo procedente hubiese sido reclamar que ese partido no pudiese presentarse a estas elecciones, previsto en la Ley de Partidos Políticos.

Algunos magistrados de la Sala del 61, incluso, tenían dudas de que la competencia correspondiese al Supremo tras conocer la argumentación de Fiscalía y Abogacía del Estado. Para conseguir la unanimidad, la Sala decidió tramitar las demandas como un incidente de ejecución de la sentencia que ilegalizó a Batasuna hace ahora cuatro años por orden, precisamente, del Supremo.

La Abogacía del Estado destaca que su recurso se acoge a lo dispuesto en el artículo 49 de la LOREG, que permite impugnar candidaturas y agrupaciones de electores, donde se cubre «un vacío legal al no ser de aplicación a las mismas» la Ley de Partidos Políticos. Esta, señala, prevé la posibilidad de solicitar que se extienda los efectos de la disolución judicial firme de un partido -Batasuna- a formación política que continúa su actividad -ANV-, «pero hace falta que existan medios de prueba que demuestren que todo el partido y no algunas candidaturas del mismo son instrumento al servicio del fraude de ley», lo que, en su opinión, no ocurre con ANV.

Defiende que la «interpretación integradora» de la Ley de Partidos y de la LOREG lleva a la conclusión de que ésta permite «combatir las candidaturas presentadas por partidos políticos legales que, sin embargo, sean instrumentalizadas por un partido político ilegal para eludir los efectos de una sentencia firme de ilegalización por virtud de su relación con el artículo 12.1.b de la Ley Orgánica de Partidos Políticos», siendo el recurso contencioso-electoral el cauce procesal adecuado.
Por su parte, la Fiscalía esgrime que este procedimiento tiene como finalidad «combatir el fraude» para que «a través de determinadas candidaturas de ANV, se infiltren personas pertenecientes» a Batasuna. Para lograrlo, afirma, resulta más adecuado seguir lo dispuesto en el artículo 49 de la LOREG, «ya que se trata de un proceso electoral y se impugnan acuerdos de proclamación de determinadas candidaturas».

Por otro lado, la procuradora de ANV presentó en el Supremo sus alegaciones a la impugnación de sus candidaturas diez minutos antes de que venciera el plazo.

La AVT convoca otra marcha en el segundo día de campaña
La movilización,el próximo día 12 de mayo, es en respuesta a la situación del etarra De Juana
Redacción La Razón 5 Mayo 2007

MADRID- La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) convocó ayer una gran movilización a nivel nacional para el próximo sábado, 12 de mayo -segundo día de la campaña de las autonómicas y municipales-, en rechazo a la situación procesal que disfruta el etarra José Ignacio de Juana Chaos, según adelantaron a Ep fuentes de la asociación que dirige Francisco José Alcaraz.

El anuncio de este nuevo acto de «rebelión cívica» responde a las imágenes emitidas ayer a mediodía por Antena 3 TV en las que se veía al etarra paseando tranquilamente por los alrededores del Hospital Donosti. Según la AVT, es «la gota que ha desbordado el vaso de la vergüenza, del insulto, de la injusticia y del menosprecio».

Las víctimas del terrorismo «no pueden permitir» que De Juana, cuya salud es «envidiable», sea el «reflejo claro» de la «rendición» del Ejecutivo ante ETA, «siga riéndose de ellas y manteniendo contra las cuerdas al Gobierno de Zapatero». «Después del atentado mortal de Barajas, de las concesiones realizadas durante el último año a ETA y su entorno y de la inminente presencia de Batasuna-ETA en las instituciones vascas, el Gobierno no sólo no actúa contra el terrorismo, sino que lo ampara», denunció la AVT, quien asegura que el objetivo de esta «gran movilización» es «que el interno vuelva a la cárcel».

El caso de De Juana ya llevó a la calle a miles de personas que se manifestaron contra la decisión de concederle la prisión atenuada convocadas por el PP y bajo el lema «España por la libertad. No más cesiones a ETA». Aquella fue la novena manifestación contra la política antiterrorista del Gobierno de esta legislatura y el presidente del PP, Mariano Rajoy, que estuvo arropado por todos sus dirigentes, la aprovechó para denunciar que la excarcelación del terrorista era «el peaje que paga el Gobierno para poder negociar con ETA». Con sus salidas del hospital, De Juana Chaos consiguió volver al primer plano de la actualidad hace un par de semanas cuando se conocieron sus visitas a un oftalmólogo y a un homeópata. El juez central de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional José Luis Castro solicitó incluso explicaciones a Prisiones.

LENGUA
Dos mil personas se manifiestan en Oviedo para pedir la oficialidad del bable
(Lugar: efe | oviedo) La Voz 5 Mayo 2007

Unas dos mil personas, según fuentes de la policía, se manifestaron ayer en Oviedo como vienen haciendo desde hace dos décadas al concluir la 28.ª Selmana de les Lletres Asturianes para exigir la declaración del bable como lengua oficial. A la cabeza de la marcha, convocada por la Xunta pola Defensa de la Llingua, se situó una pancarta con la leyenda L' asturianu llingua oficial yá. Entre los asistentes se encontraba el consejero de Justicia, Francisco Javier García Valledor.

Aznar: "¿Por qué y en nombre de qué se revitaliza a ETA?"
EFE / Periodista Digital 5 Mayo 2007

- La política antiterrorista de Zapatero ha motivado que el ex presidente del Gobierno se haya preguntado "por qué y en nombre de qué" se revitaliza a una banda que estaba "debajo de la mesa e incapacitada".
 


José María Aznar ha criticado este viernes desde Canarias la impugnación de la mitad de las listas de ANV, ya que se está "subvencionando a la gente que luego señala a quién hay que matar". Además, ha denunciado la "chulería" con que "algunos –en referencia a De Juana– salen a pasear cuando les da la gana". Por todo, ha pedido a Zapatero que "no juegue con la ley ni con la vida de los demás".

José María Aznar consideró inaceptable que se impugne sólo la mitad de las listas de ANV y aseguró que la vuelta de ETA a las instituciones, "que es lo que va a pasar", es un paso atrás de "proporciones extraordinarias" y "una tragedia".

Aznar, que intervino en un mitin en Las Palmas de Gran Canaria, aseguró que "nadie" podrá decir que el PP no dio la cara y plantó batalla al terrorismo y preguntó por el motivo de la ruptura "de los consensos históricos que forjaron nuestra estabilidad y progreso".

A su juicio, lo más importante que hizo su gobierno en materia terrorista fue ilegalizar a Batasuna, "es decir, a ETA", así como expulsarla de las instituciones, lo que hizo que las siguientes elecciones fueran las más "importantes, bonitas y democráticas", pues fueron las primeras sin esta formación.

"Que ETA vuelva a las instituciones, que es lo que va a pasar si no se impide que se presenten a las elecciones -que es lo que va a pasar, apostilló-, es un salto atrás de proporciones extraordinarias", aseveró. Asimismo, tachó de inaceptable que "con los impuestos de los españoles se paguen las subvenciones de la gente que luego señala a la gente que hay que matar".

Por ello criticó que se anuncie la impugnación de la mitad de las listas de Acción Nacionalista Vasca (ANV) y "de la otra mitad no", pues "aquí de lo que se trata es de la vida, la democracia, la libertad y los derechos humanos de los millones de españoles que nos tenemos que defender de los terroristas".

Aznar exclamó que no quiere ver a ninguno de sus representantes "sentados en ninguna institución". "Y no los quiero ver -prosiguió-, con la chulería que les llevo viendo varios años paseando por las calles, haciendo mítines, perdonando la vida a los demás, no lo tenemos por que aguantar porque la ley, la razón y el estado democrático está con nosotros", afirmó.

Aznar, que también cuestionó por qué su gobierno creó normas para que los terroristas cumplieran íntegras sus normas y ahora "algunos salen a pasear cuando les da la gana", pidió al Gobierno de Jose Luis Rodríguez Zapatero que no juegue con la ley "ni con la vida de los demás", pues "con el terrorismo no hay nada que negociar".

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