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Recortes de Prensa     Sábado 6 Mayo   2007

Y Batasuna burla la ley
Editorial ABC 6 Mayo 2007

LA Sala Especial del Tribunal Supremo parece inclinarse por anular las candidaturas de Acción Nacionalista Vasca impugnadas por la Fiscalía y la Abogacía del Estado, y no precisamente por el planteamiento procesal y material empleado por ambas instituciones, sino a pesar del mismo. De confirmarse que una parte de las listas de ANV serán anuladas -y por ende, otra no, lo que permitirá a Batasuna acceder de nuevo a las instituciones- no podrá decirse que el resultado no era previsible. Pero si legalmente los magistrados del Supremo han hecho lo que debían, el Gobierno debía haber hecho mucho más. Dejando a un lado los impostados discursos del Ejecutivo sobre la firmeza democrática y el respeto a la Ley de Partidos Políticos, habrá una consecuencia dramática de la que será responsable el presidente del Gobierno: ETA podrá burlar la ley y volver a las instituciones. La Ley de Partidos no era problema para haber cerrado la puerta por completo a ETA; las Fuerzas de Seguridad del Estado tenían datos suficientes contra ANV; y los magistrados del Supremo estaban dispuestos, como en anteriores ocasiones, a asumir sin reserva alguna sus responsabilidades. Aquí vuelve a fallar el Gobierno y, en concreto, Zapatero. Ha sido su decisión política de no enfurecer a ETA la causa de que más de la mitad de las listas de ANV puedan llegar a pasar el corte judicial. Para los españoles, son horas tristes porque ETA parece a punto de ganar otra partida sin jugarla.

Zapatero puede añadir otra fractura a su exitoso «proceso», cuajado de quiebras y rupturas, pero no con los terroristas, sino con el PP y las víctimas. Ahora, Zapatero ha logrado rematar su colección de crisis políticas e institucionales con serias disensiones en el seno de la Sala del 61. Allí por donde Zapatero ha paseado su «proceso» sus «ansias infinitas de paz», sólo ha sembrado crispación. Y sin conseguir la paz, porque ETA ha matado, está armada hasta los dientes y puede matar cuando quiera.

El momento actual que vive la lucha contra el terrorismo es realmente grave. La Fiscalía ha consumado su penoso tránsito desde la posición propia de lo que es una institución constitucional a un mero gabinete de operaciones judiciales a las órdenes del presidente del Gobierno. La endeblez técnica de la demanda de la Fiscalía contra las listas de ANV es paralela al servicio político prestado al Ejecutivo, necesitado de que, como fuera, ETA estuviera presente en las elecciones. Para lograr este objetivo, contrario a las funciones constitucionales atribuidas al Ministerio Fiscal, Conde-Pumpido cursó una demanda estructuralmente defectuosa: proponía un procedimiento inadecuado, pedía una nulidad de candidaturas no prevista por la ley y ofrecía a los magistrados una prueba escasa. Aun así, será factible la ilegalización de las candidaturas impugnadas gracias al amplio margen de valoración que la Ley de Partidos Políticos concede a la Sala del 61, que más pronto que tarde deberá asumir la responsabilidad de actuar de oficio cuando tenga conocimiento de que existen partidos sucesores, en fraude de ley, de Batasuna. No obstante, en este momento sólo cabe decir que la democracia ha sido estafada por el Gobierno porque estaba en su mano ofrecer a los españoles otra victoria decisiva sobre ETA; porque no es cierto que el fiscal no pudiera pedir la ilegalización de ANV y de todas sus candidaturas; y porque no es cierto que hayan aplicado la Ley de Partidos «en su letra y en su espíritu». No han aplicado la ley a ANV, como no se la aplicaron a Otegi ni a De Juana.

El PSOE puede seguir empeñado en achacar al PP que sus críticas son mentiras contra el Gobierno. Pero la realidad se impone por sí sola, con o sin el PP, porque basta comparar cómo se encontró Zapatero a ETA en marzo de 2004 y cómo está ahora la banda. Es cierto, como dijo ayer Rajoy, que de los asesinatos sólo ETA tiene la culpa, pero Zapatero la tiene de que Batasuna esté en condiciones de volver a las instituciones. La democracia, como sistema de control político y de depuración de responsabilidades, debe conservar vivamente en su memoria estos días de infamia en los que el Gobierno dejó que ETA se burlara de la ley y de los españoles.

Qué duros con las espigas...
POR IGNACIO CAMACHO ABC 6 Mayo 2007

SI se doblase el mapa de España por un eje, no sólo geográfico, sino político y moral, la ruta nocturna de Isabel Pantoja hasta los sórdidos calabozos de Málaga coincidiría aproximadamente con el plácido itinerario de los paseos vespertinos de Iñaki De Juana Chaos por los alrededores del hospital donostiarra, y se obtendría una curiosa superposición de la profunda, aberrante dicotomía ética en que se bifurca estos días la andadura del zapaterismo. Todo el rigor de la justicia, con su contundente y aparatosa movilización del aparato policial, desencadenado con alevosa nocturnidad sobre una cantante sospechosa de irregularidades financieras, que perfectamente podía haber sido convocada al juzgado mediante la correspondiente citación ordinaria; mientras al otro lado del país, el asesino convicto de 25 ciudadanos, discretamente protegido por las fuerzas de seguridad, estira al atardecer sus músculos agarrotados por un selectivo ayuno voluntario que le ha bastado para doblegar al sistema legal del Estado. He ahí la fotografía precisa de un tiempo lúgubre de abatimiento y desconcierto, plasmado en el descarnado claroscuro de un retrato de época; de una sombría época de incuria en la que, como dejó escrito Bertolt Brecht, parece de nuevo necesario demostrar lo evidente.

Lo evidente es la sorda irritación que sacude la conciencia ciudadana ante este escandaloso doble rasero, ofensivo para cualquier sensibilidad adornada por un mínimo sentido del equilibrio y la decencia. Lo evidente es la afrentosa humillación que para el sufrimiento de las víctimas supone la privilegiada comodidad del carnicero triunfante en su chantaje a la justicia democrática. Lo evidente es el agravio de muchos luchadores por la libertad que han de vivir bajo el sobresalto de las escoltas para ver escoltada la tranquilidad del paseante De Juana. Lo evidente es el agravio a la razón y a la ley que representa el irritante exhibicionismo del criminal ante la inaceptable permisividad del Estado.

Lo evidente es cómo las temerosas autoridades de un país afligido se aloban ante la coacción del terror y se yerguen con orgullo arbitrario y abusivo frente a la asustadiza fragilidad de una tonadillera famosa. Lo evidente es el fingimiento moral de quienes organizan un espectáculo de demagógica disciplina y morbosa carnaza populista para desahogar su mala conciencia y distraer la atención de una bochornosa ignominia.

Lo evidente es esta clamorosa bipolaridad moral que el presidente Zapatero ampara con sofismas y casuismos. Lo evidente es que la palmaria coincidencia de los paseos apacibles de De Juana y la tumultuosa detención de la Pantoja retratan a un Gobierno sumido en un patético ejercicio de hipocresía, temblando de miedo e impotencia mientras enseña los dientes en una mueca desencajada que movería a risa si no fuese por su manifiesta doblez y la cobarde simulación de mostrarse duro con las espigas para encubrir su indecorosa blandura con las espuelas.

Zapatero responde de las listas de ETA
EDITORIAL Libertad Digital 6 Mayo 2007

La llamada Sala del 61 del Tribunal Supremo ha apurado hasta el límite del plazo legalmente establecido para dictar sentencia sobre las listas de las agrupaciones de electores de Batasuna-ETA, camuflada como Abertzale Sozialistak (AS) .

El alto Tribunal ha resuelto anular las 246 candidaturas de AS, pero ha autorizado otras siete presentadas como "independientes", pero en las que hasta la Fiscalía y el Gobierno, abiertamente dispuestos a satisfacer la exigencia de ETA de concurrir a las Elecciones, habían encontrado evidencias insoslayables de su "dependencia" de la banda terrorista.

A la hora de escribir esta nota editorial, además, los 16 magistrados aún continuaban deliberando sobre ANV (Acción Nacionalista Vasca), a la que, si por el Gobierno fuera, sólo se le impugnarían 133 listas, menos de la mitad de las que Batasuna-ETA ha presentado con esta segunda o tercera marca en el País Vasco y Navarra y, en todo caso, ninguna de las que presentará en los feudos electorales tradicionales de ETA.

Lo poco que ha trascendido de la intensiva deliberación –desde el jueves, fecha en la que la Fiscalía y la Abogacía del Estado presentaron sus impugnaciones, trabajando a destajo: dieciséis magistrados asesorados por setenta funcionarios– apunta tensas sesiones sobre ANV, donde radica el meollo de las expectativas de ETA y donde, por añadidura, se la juega el presidente del Gobierno en su inequívoca hoja de servicios a la banda terrorista.

El criterio selectivo de la Fiscalía, a la hora de impugnar las listas de ANV, ya es toda una declaración de intenciones.

José Luis Rodríguez Zapatero no puede permitirse dejar fuera al grueso de las candidaturas etarras, y el fiscal a sus órdenes ha interpretado con más pena que gloria –su credibilidad, a estas alturas, no da para más– el papel de celoso vigía de la limpieza de las listas, impugnando sólo unas pocas y dejando pasar las que de verdad importan, porque corresponden a los municipios del País Vasco y Navarra donde ETA se juega su acceso al poder y al presupuesto que se usará para financiar el terror.

Tiene razón el secretario general del PP, Ángel Acebes, al señalar al presidente del Gobierno como responsable directo de todas las actas que ETA consiga el próximo 27 de mayo, por no haber actuado a tiempo, y con la claridad moral y legal debida, contra la farsa de las siglas-pantalla de una organización criminal que, de manera inexorable, sigue pasando al cobro todas las letras pendientes a Zapatero.

Batasuna y ANV: mirar hacia atrás para entender
ROBERTO L. BLANCO VALDÉS La Voz 6 Mayo 2007

NO ES complicado contrarrestar la línea argumental de todos los que han venido sosteniendo en estos días la supuesta gran dificultad que existe para evitar que Batasuna vuelva a las instituciones de las que fue justamente expulsada en aplicación de una ley constitucional y democrática.

No es complicado porque, según sabe todo el mundo, aunque Batasuna ha intentado colar candidaturas de forma fraudulenta en todas y cada una de las elecciones celebradas desde que en marzo del 2003 fue ilegalizada, sólo lo ha logrado cuando ha contado para ello con la complicidad del poder ejecutivo.

Y así, mientras que gobernando el Partido Popular Batasuna vio desbaratados sus intentos de entrar por la puerta trasera en los comicios municipales -y autonómicos navarros- del 2003, en las generales del 2004 y en las europeas del mismo año, la victoria del PSOE fue la ocasión para que el brazo político de ETA culminara con éxito por vez primera sus frustradas tentativas de fraude electoral: el Partido Comunista de las Tierras Vascas, una marca de Batasuna para las elecciones vascas del año 2005, consiguió acceder al Parlamento de Vitoria, ante la inacción del Gobierno, que decidió no ilegalizarlo porque, según hoy sabemos, estaba entonces ya en tratos con ETA y Batasuna.

Es en ese contexto histórico, y no en otro, en el que debe situarse la decisión del Gobierno socialista en relación con ANV, decisión marcada por un doble objetivo. En primer lugar, el de presentar bajo un pulcro ropaje jurídico la decisión exclusivamente política, y pretendidamente salomónica, de apaciguar a Batasuna, con la esperanza de mantener abiertas las expectativas de eso que a Zapatero le gusta llamar paz. En segundo lugar, el de optar para sacar adelante tal operación a través de una vía legal confusa y arriesgada, que supone desaprovechar las posibilidades que abre la ley de partidos para evitar la utilización fraudulenta de un partido inscrito en el registro que, como con toda claridad sucede con ANV, «continúe o suceda la actividad de un partido declarado ilegal y disuelto».

Por eso, a la espera de conocer la resolución final del Tribunal Supremo sobre las listas de ANV, cabe ya adelantar, en todo caso, que sea ésta la que fuere, dejará al Ejecutivo en evidencia: si el Supremo ilegalizara todas las listas de ANV, quedará al descubierto la impostura del Gobierno; si decidiera anular sólo las impugnadas, Batasuna volverá con la anuencia del Gobierno a docenas de ayuntamientos; y si optara por no anular ninguna, nadie podrá despejar la convicción social de que el Gobierno ha hecho muy mal -quizá aposta- sus deberes.

La espalda de Otegui
Santi Lucas elsemanaldigital 6 Mayo 2007

Las hemerotecas han desvelado con reiteración y sin tapujos que la espalda de Arnaldo Otegui está eficazmente protegida por el paraguas de ETA. Nada que no supiéramos casi todos, salvo aquellos que lo consideraron imprudentemente un "hombre de paz", el eslabón substancial en un malhadado "proceso" que no se detiene ante nada. Con la precisión de la relojería suiza, ETA va logrando cumplir un macabro itinerario sin desinflar ni uno solo de los objetivos que mantiene desde siempre. La tregua permanente es sólo ficticia y la presión y extorsión de la violencia rebrota en todas sus manifestaciones habituales. Volver a las instituciones públicas, apestarlas con su ignominiosa presencia, es una meta estratégica del entorno de ETA que Otegui nos recuerda cada día. Sin embargo, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero no lo va a impedir en medio de una estupefacción general y provocadora.

Por un fundamental sentido del decoro colectivo no deberían dejarles concurrir a las elecciones ni a Otegui ni a sus guardaespaldas. Es evidente que se instalan allí para alcanzar los peores fines, es que con dinero público quieren subvencionar su espeluznante desafío, es que desde esa plataforma, nominada de una u otra forma, construyen e imparten el terror, es que no es justo, es que es indecente, es que no cabe en la cabeza de cualquier demócrata una cesión semejante, es que revuelve las tripas, es que volvemos amargamente atrás, es que se chotean del estado de Derecho, es que se burlan de las víctimas y de las leyes.

La sociedad española espera que en las últimas horas del calendario electoral se produzca una reacción sensata y decidida que impida a los violentos encaramarse a las instituciones democráticas. El terrorismo, por tercer mes consecutivo, si sitúa como la primera preocupación de los ciudadanos. Vivimos en un despropósito continuado en el que la banda de Otegui ocupa los telediarios y las calles en lugar de las celdas, en el que el asesino De Juan Chaos "deambula" a sus anchas, en el que la Fiscalía no actúa y la debilidad del Gobierno ante ETA alimenta los presagios más siniestros. Es imprescindible que la situación dé un giro completo antes de que Otegui y su espalda ocupen un escaño.

27-M: ETA-Batasuna, la línea Maginot judicial y la pasta
Alfonso Basallo elsemanaldigital 6 Mayo 2007

La carrera de Batasuna por el 27-M tiene premio: fondos para sus arcas vacías. El guión escrito con sangre se acabará cumpliendo, más allá del laberinto procesal.

6 de mayo de 2007. Escrito está.

Como en la cena del rey Baltasar, descrita en la Biblia por el profeta Daniel, el mensaje está escrito en la pared de la democracia española y se cumplirá de forma inexorable.

El camaleón batasuno estará en las elecciones. Pasará por el laberinto procesal de estos días y se colará, camuflado y burlón, por la linea Maginot judicial levantada con mala gana por la fiscalía y la abogacía del Estado.

Pero al final, que nadie lo dude: los eusko - gangsters estarán en la cita con las urnas, de acuerdo con un guión, escrito con sangre, que se está aplicando con precisión matemática.

Comenzó a esbozarse cuando Zapatero traicionó, desde la ¿leal? Oposición, el Pacto Antiterrorista firmado con el Gobierno del PP, y los socialistas comenzaron a negociar con ETA bajo cuerda.

Los siguientes capítulos se escribieron cuando, ya en el poder, Zapatero aisló a Rajoy, inició formalmente los contactos con el Lado Oscuro y buscó un encaje político a su mal llamado "proceso de paz" con el Estatut catalán.

Vinieron luego el "alto el fuego" con el que ETA nos perdonó la vida a los españoles y, a renglón seguido, comenzaron las concesiones del Gobierno para contentar a la Bestia.

Hubo, sí, un atentado y tres muertos, pero Zapatero continuó negociando bajo cuerda con ETA. Negociación-Guadiana, pero negociación. Este mismo fin de semana, mientras los peces abertzales tratan de escurrirse vivos por la malla judicial, Eguiguren, presidente de los socialistas vascos y su cuñado Josefa Basterra, concejal del PSE, tienen previsto reunirse con miembros de ETA en Ginebra, tal como adelantó el semanario Época.

Acorde con este plan, el dogal judicial en torno al cuello de los gángsters no sólo se ha aflojado, sino que –en palabras del ex ministro López Aguilar- se ha adaptado al contexto como si fuera un guante.

Sobran los ejemplos: desde la excarcelación de Iñaki de Juana cuando su dieta de adelgazamiento estaba a punto de dejar al presidente del Gobierno en evidencia… hasta la "absolución" de Otegi de enaltecimiento del terrorismo por parte de la Audiencia Nacional; pasando por episodios turbios como el chivatazo a Elosúa, jefe de la trama de extorsión de Capone, cuando corría peligro de caer en una redada del juez Grande-Marlaska. Y digo turbio con absoluta propiedad porque un año después sigue sin ser aclarado por el juez Garzón.

Paralelamente el sectarismo del fiscal general Conde-Pumpido fue reforzado con la llegada del nuevo ministro de Justicia, Fernández Bermejo, el hombre que se dejó en el tintero promover la ilegalización del Partido Comunista de las Tierras Vascas, cuando era fiscal de Sala. Bermejo fue también, por cierto, quien señaló que no se podía considerar terrorismo a la violencia callejera.

En el vodevil leguleyo al que estamos asistiendo, la Fiscalía y la abogacía del Estado han cumplido con su contrato en el casting al impugnar sólo parcialmente las listas de ANV, dejando así bien librado a ZP y su objetivo de poner una vela al Estado de Derecho y otra al Diablo.

Y la Policía se queja del "filtro político" que ha reducido a sólo nueve folios la información aportada por el alto staff de Interior al juez Garzón sobre el nexo Batasuna-ANV.

Con tanta manga ancha política, policial y judicial con esta carne de presidio que pretende cambiar el patio de Monipodio por el Parlamento de Vitoria, el pueblo llano no acaba de saber de qué lado están Interior, Justicia y el fiscal.

Los encargados de meter en la cárcel a asesinos, torturadores y extorsionadores parecen dispuestos a facilitarles el camino a la urnas. ¿Caricaturesco? Puede ser, pero refleja la percepción de muchos españoles, molestos ante unos servidores públicos que no sólo son incapaces de garantizar su seguridad sino que además, contribuyen a poner alfombra roja a los proetarras ante el 27-M.

Y más que política, su victoria electoral será económica, que es la que importa. Habrán conseguido su primer objetivo en el guión trenzado años atrás. Si recupera sus bastiones en el País Vasco y Navarra, Batasuna podría manejar una cifra superior a los mil millones de euros, como señala ABC en un interesante informe.

Porque la palabra The End que aparece al final del guión no es Independencia sino Dinero. El verdadero poder –para transformar una sociedad, para hacer limpieza étnica, para imponer el despotismo nacionalista, para hacer apología de ETA- no es otro que los papeles verdes.

Una pesadilla alemana
Luis del Pino Libertad Digital 6 Mayo 2007

El Tribunal Supremo alemán acaba de autorizar la presentación de varios cientos de candidaturas del Partido Neonazi a las elecciones locales y a los länder federales. En su sentencia, deja claro que no puede ir más allá en la ilegalización de esas candidaturas porque el Fiscal Federal, de acuerdo con el Gobierno Federal, no ha instado la ilegalización del Partido Neonazi como un todo, sino que sólo ha impugnado listas concretas a ciertos ayuntamientos.

De nada ha valido la constatación de que varios antiguos mandos de las SS figuran como candidatos en varias de esas listas. De nada ha valido la constatación de que el Partido Neonazi tiene unos estatutos donde se aprecia claramente la coincidencia de objetivos con el ilegal Partido Nazi. De nada ha servido que la Constitución alemana prohiba los movimientos políticos de corte nazi. De nada ha valido que las víctimas de los campos de concentración exigieran que se impidiera el paso del Partido Neonazi a las instituciones.

Lejos de perseguir de oficio, y con todas las armas que la Ley concede, al Partido Neonazi, el Gobierno alemán ha buscado resquicios legales para no impugnar sus listas electorales, renunciando a solicitar la ilegalización del propio partido. Lejos de condenar con rotundidad a esa formación política cuya ideología todos sabemos que es nazi, el Gobierno ha insultado repetidas veces a las asociaciones de supervivientes de los campos de concentración, a quienes acusa de estar al servicio del partido de la oposición. Lejos de fortalecer al Estado de Derecho frente a la amenaza que constituyen esos grupos, el Gobierno ha hecho lo posible y lo imposible por depurar a los fiscales que más combativos se habían mostrado a la hora de perseguir la ideología nazi en Alemania.

Durante meses, hemos asistido a la publicación de noticias que hablaban de reuniones clandestinas entre el actual Gobierno y líderes del ilegal movimiento nazi, desde antes incluso de las últimas elecciones. Durante meses, hemos visto cómo el Gobierno iba concediendo una a una las reivindicaciones históricas de los líderes del movimiento nazi, incluyendo la presentación en el Parlamento Europeo de propuestas de diálogo con los partidos neonazis, incluyendo la celebración de reuniones a la luz pública con destacados dirigentes nazis e incluyendo la puesta en libertad, "por motivos humanitarios", de un conocido genocida que dirigió uno de los campos de concentración ubicados en territorio polaco y que asesinó con sus propias manos a 25 judíos. Incluso se ha llegado a deslizar, en declaraciones de una ambigüedad perfectamente meditada, la idea de que el Gobierno alemán podría respaldar, tal como vienen exigiendo los movimientos nazis desde hace décadas, un nuevo Anchlüss de Austria.

Y todo esto ha tenido lugar sin que el movimiento nazi haya hecho pública jamás una sola condena de sus actividades pasadas, sin que hayamos oído ni una sola petición de perdón, sin que haya renunciado a ninguno de sus objetivos históricos, todos los cuales está ahora a punto de conseguir.

Todo esto ha tenido lugar mientras continúan los ataques a centros judíos y a domicilios de personas de raza judía; mientras se siguen celebrando ilegales actos de homenaje a dirigentes nacionalsocialistas; mientras empresarios judíos reciben cartas de extorsión; mientras continúan marchando hacia el exilio miles de personas de origen judío, hartas de soportar el acoso constante de bandas neonazis que actúan de manera impune.

Todo esto se produce después de que el actual Gobierno accediera al poder en unas elecciones celebradas tres días después del Segundo Incendio del Reichstag, episodio que fue achacado a grupos islámicos incontrolados y que sirvió para echar del poder al partido entonces gobernante, que se empeñaba en culpar del incendio a esos grupos neonazis que hoy resurgen con una fuerza que hubiera sido impensable hace sólo tres años.

Un incidente, ese Segundo Incendio del Reichstag, donde cada vez está menos clara la autoría islámica (como está demostrando el juicio que se celebra en la ciudad de Berlín); donde afloran por doquier las evidencias de manipulación de pruebas por parte de la Policía y donde han quedado acreditados los esfuerzos que el actual Gobierno ha hecho por eliminar de la instrucción sumarial toda referencia a los grupos neonazis.

Desde aquí denunciamos que el Segundo Incendio del Reichstag no fue cometido por quienes nos dijeron.

Desde aquí denunciamos que sin ese Incendio no se habría producido el vuelco electoral que se produjo.

Desde aquí denunciamos que el Gobierno ha cometido delitos con el fin de que no se investigara la participación, en el Segundo Incendio del Reichstag, de ese movimiento nazi que parece compartir con el actual Gobierno, a la luz de los acontecimientos, el dudoso honor de ser el principal beneficiario del vuelco electoral.

Desde aquí denunciamos que el Gobierno alemán está al servicio de los movimientos nazis que hoy ven, de manera incomprensible, triunfar todas sus tesis al mismo tiempo que los judíos son, de nuevo, insultados y perseguidos en Alemania.

Desde aquí denunciamos al Gobierno alemán por complicidad objetiva con los asesinos de hoy y de siempre, que mañana volverán a estar, para escarnio de todos, presentes en las instituciones.

Instituciones que ya son hoy, gracias a este Gobierno cómplice, un poco menos democráticas.

(P.D.: Pido perdón expresamente a los alemanes por tomarles como ejemplo para esta parábola sobre la situación española. Ya sé que semejante cúmulo de indignidades no sería posible en la Alemania actual. Desgraciadamente, en España no sólo es posible, sino que es una realidad).

Rio Cabe
Elecciones
Serafín Fanjul Libertad Digital 6 Mayo 2007

Decía Borges que la democracia es un abuso de la estadística. Se refería el muy elitista y exquisito – y excelente– escritor argentino a la igualdad política y de capacidad de decisión que se otorga al voto de un analfabeto y al de... –pongamos por caso– un intelectual bonaerense de nombre Jorge Luis y apellido Borges. En términos muy generales, no carecía de alguna razón el tan apreciado autor de El Aleph, pero tratándose de un derecho básico, de igualdad entre todos los ciudadanos, mientras no se invente algo menos malo parece que este sistema nos va siendo útil, sin llegar al extremo de Agustín de Foxá –también por el Río de la Plata, en Uruguay– que, al ser interrogado por la falta de democracia en la España de su época, retrucó preguntando al preguntón cuántos habitantes y cuántas vacas había en la República Oriental y que resultaron ser dos millones los unos y cinco millones las otras. "Por consiguiente –concluyó triunfal don Agustín–, el presidente del Uruguay debe ser una vaca".

Ingeniosidades aparte, esta forma de sacar los pies del tiesto sirve para escurrir el bulto, pero no para resolver problema político ninguno. Un modo de razonar que afecta por igual a izquierdas y derechas, aunque los dos ejemplos narrados pertenezcan al segundo grupo. Por lo común, unos y otros se acuerdan de la pureza y lo meditado del voto cuando les toca, negativamente, claro. Y tal vez sí deba aquilatarse con medidas técnicas la igualación real del valor y el peso de los votos que, en España y merced a una ley electoral para salir del paso pergeñada por Suárez y tres más, está desvirtuando los resultados y empujando sistemáticamente a los gobiernos a un estrecho alero en el que sólo pueden transitar mediante el chantaje previo de separatistas, mangantes varios o izquierdos unidos cuyo único objetivo es mantener escaños y sueldos. Pero esas medidas técnicas correctoras que hicieran más eficaces y justos los resultados no entusiasman ni a PP ni a PSOE. En nuestro país lo provisional tiende a eternizarse y así estamos: con una ley electoral del 77, que ha demostrado su inoperancia y el riesgo que entraña para los fundamentos y la estructura misma del Estado. Pero todos contentos.

Tenemos a la vista unos comicios autonómicos en trece comunidades y municipales en la totalidad del territorio nacional. No son despreciables: recuérdese que por unas elecciones municipales salió corriendo Alfonso XIII, con el agravante de que, globalmente, las habían ganado los monárquicos con diferencia, lo cual da una idea sobre el carácter del monarca, pero ésa es agua ya pasada por el vetusto molino de nuestra historia. Sí nos interesa más en este instante ser conscientes de que no se dilucida sólo si el alcalde, atornillado al asiento, va a seguir o no erigiendo faraónicas horteradas, dando licencias de obras indebidas, recalificando terrenos o inventando empleíllos para los familiares de su señora. Y les juro que, por esta vez, no estaba pensando en Gallardón al enumerar este surtido de alcaldadas posibles, sino en el regidor de un pueblo del sureste español que encarna bien todos los usos y abusos de la España metida en política: ya hablaremos de él otro día.

Como ya se ha señalado, el PSOE y su caudillo tienen las cosas muy claras: si pierden pie y retroceden de manera palpable, dirán que éstas no son legislativas ni primarias, sino abocadas meramente a la construcción de atarjeas o al empleo alternativo de bocina o tamboril para los bandos, cantar el precio del género en la carnecería Eladio o informarnos de si llegó fresco en el coche de León. Si conservan, más o menos, asientos y trinques, dirán que es prueba irrefutable del apoyo ferviente de "los" españoles al Proceso de Paz, cuyo inspirador y artífice máximo es Rodríguez –ditirambos, aleluyas, panegíricos y amplias sonrisas de todos los iñakisde las teles–, ese presente que la Providencia (laica, desde luego) nos ha otorgado a los españoles.

Sin embargo, sea cual sea el resultado global, o parcial, ya conocemos la redacción de la primera noticia con que abrirá TVE el telediario: "El PSOE gana las elecciones municipales", aunque luego vengan los matices, la letra pequeña y los desmentidos, tácitos y expresos. Así pues, querido lector, antes de cerrar el sobre, piense bien lo que hace, porque nos están vendiendo en almoneda y –me temo, perdonen la suspicacia– de hecho, queda no poca gente intercambiable con las vacas de Foxá.

Nuevo cancionero de La Pantoja
POR ANTONIO BURGOS ABC 6 Mayo 2007

QUÉ bonita es mi niña. -«La otra noche dormitaba/Pantoja en comisaría,/ y los almendros lloraban,/ y los almendros lloraban,/ qué judicial tropelía./ Qué penita de mi niña, /qué penita porque duerme/ en un calabozo oscuro,/ porque un juez mandó prenderle./ Qué penita de mi niña,/ qué penita porque duér.../ en un calabozo oscuro,/ que así no piensa la gente,/ ayay, ayay, piensa la gente./ Jugaban al escondite/ Zeta Pé con los maderos,/ Y los almendros miraban,/ y los almendros miraban/ por ver este desafuero.../ Qué penita de mi niña,/ qué penita porque duerme/ en un calabozo oscuro,/ que hay un juez que quiere verle./ Qué penita de mi niña./ qué penita porque duer.../en un calabozo oscuro, / y al Otegui, ni toserle,/ ayay, ayay,/ y al Otegui, ni toserle.»

Marinero de luces. -«El blanco patrullero con luces azules de la Policía/ que llegó hasta La Pera en la noche oscura/ a por mí venía./ Y brillaban sus luces con siete maderos y salí pá fuera,/ y quedó allí mi Agus y quedó Doña Ana,/ llorando en La Pera./ Olvidaste que yo, que no paso ni una,/ lo estaba esperando,/ lo anunció Zapatero en un mitin lo dijo,/ largando, largando,/ que así llega la muerte/ por esa boca al pez./ Y el blanco patrullero entre mil paparazis cruzó la autovía,/ me dejó a mí tirada en esta cuneta/ mi amigo Zarrías./ Arrieros que somos yo ya te lo aviso y es largo el camino,/ porque un día de estos, preparadse todos,/ de la manta tiro.»

Hoy quiero confesar. -«Hoy quiero confesar que ya he sido imputada/ por lavar los dineros con detergente,/ total, por ser muy limpia y aseada,/ y por dejarlo todo reluciente.../ Hoy quiero confesar que estoy hasta la peina/ de servir a estos tíos de un humo de cortina,/ pá que hablando de mí nadie diga que España/ se ha rendido cobarde a la ETA asesina,..»

Trece de Mayo. -«Ay, tres, ay, día tres de mayo/cuando me encontré contigo, / calabozo malagueño,/ ni que fuera un asesino. / Y las horas que allí estuve,/ que yo sé bien lo que digo,/ esperando que el juez Torres/ se dignara hablar conmigo./ Maldita sean las leyes/ que mi perdición han sío,/ qué solita estaba yo/ en aquel calabocito,/ mientras que hay tantos etarras/ más libres que mis suspiros.../ ¿Quieres que vaya descalza? / Los Manolos yo me quito./ ¿Quieres que me abra las venas?/ Toma mi grupo sanguíneo. / Haré lo que se te antoje,/ pero ruedas de molino/ no me des en comunión,/ que eres agnóstico, tío. / Que pá ti yo he sío un clínex,/ mira qué bien te he servío,/ en el día tres de mayo,/ cuando me encontré contigo,/ calabozo malagueño,/ lo quiso Conde Pumpido».

Embrujá por tu querer. -«Ando medio loca imputá por ZP/ noventa mil euros yo he pagado del tirón/ libertad con cargos he podido yo obtener,/ y así me he librao/ de ingresar en la prisión./ Total, por ese dinero,/ no sé por qué dejaría/mi un bolso en ese ropero,/que lo abrió, que lo abrió la Policía./ Y a ti se te ve el plumero,/ y a ti señor Zapatero,/ lo que quieres es ya lograr/ que ETA-Batasuna se la pueda allí votar,/ que ETA-Batasuna se la pueda allí votar».

Cárcel de oro. -«Cuando tú me detuviste no era más que una gitana,/ con un traje de volantes pá tapar tu indignidad,/ y me vi por Zapatero de la noche a la mañana/ durmiendo en comisaría lo mismo que un criminal./ Pero a mi desde el principio me agobiaba la estrechura,/ me agobiaba aquel encierro que salió en televisión,/ y la noche de mis ducas le sirvió a algún caradura/ pá que tapara mi trena su cobarde rendición./ Lo que dijo Zapatero, yo espero/ que nadie vaya a olvidar, / porque dijo el embustero, no quiero/ sus palabras recordar.../ Abre puertas y cerrojos que me dé la luz del sol,/ yo en la trena, y está libre/ el que mató a veintidós./ A mi mare yo le imploro,/ y la lloro,/ cómo me tienen a mí,/y Juana Chao está allí/ ganando su Concha de Oro.»

El drama y la farsa
JAVIER ZARZALEJOS El Correo 6 Mayo 2007

Mientras el Gobierno insiste en proclamar el cumplimiento de la ley, ETA entra de nuevo en las instituciones democráticas. Y las dos cosas no pueden darse a la vez, salvo que se participe de la irresponsabilidad que el Gobierno ha elevado a principio definitorio de su gestión. Irresponsabilidad en el sentido más genuino y literal del término, el de no sentirse concernido, ni interpelado ni obligado a dar a explicaciones porque siempre hay otra instancia a la que atribuirle la decisión cuya autoría el Gobierno no quiere asumir. Si De Juana pasea es porque los médicos así lo han prescrito; si su novia le acompaña, es porque las normas del hospital lo permiten; siempre hay un juez, un médico, una organización o, simplemente, el pasado tras el que escudarse para que todo resbale. Por supuesto que también hay coartada para el regreso de los siervos políticos de ETA a las instituciones. Los jueces que lo deciden, la policía que encuentra o no encuentra pruebas, la guardia civil que contradice a la policía, el fiscal general que se enseñorea de la acción penal subordinándola a las consideraciones de oportunidad más cómodas para el Gobierno.

Antes de que empezaran a correr los plazos para la presentación de candidaturas a la elecciones municipales, ya se podía prever que ETA-Batasuna consideraría todas las posibilidades para burlar una ley como la ley de Partidos bastante bien equipada precisamente para evitar el fraude. Podía crear un nuevo partido, optar por agrupaciones electorales o parasitar un partido ya existente como el caso de Acción Nacionalista Vasca y su precedente el Partido Comunista de las Tierras Vascas. Al final, los terroristas han optado por desplegar su batería fraudulenta mediante los tres mecanismos de comparecencia electoral utilizándolos conjuntamente. Han demostrado así una capacidad de movilización que poco tiene que ver con la desbandada que sufrieron tras su -auténtica- ilegalización y el desmantelamiento de sus instrumentos de coacción civil y política. Pero también, al graduar el nivel de contaminación terrorista en sus diferentes candidaturas (ASB, agrupaciones electorales, ANV), han facilitado las cosas a un Gobierno cuya debilidad le acucia a buscar la recomposición del falso proceso de paz que, diga lo que diga, se niega a dar por roto. Como ETA se ha encargado de dejar claro aludiendo a su capacidad de matar, el precio de este precario tinglado es hacer posible que 'ese mundo' recupere masa crítica en las instituciones, lo que significa subvenciones, información, cargos, reactivación de las plataformas para el matonismo y la amenaza. En efecto, con semejante avalancha de candidaturas, el Gobierno se asegura una buena pesca de modo que puede exhibir cifras muy presentables de candidaturas impugnadas aunque lo relevante, al final, sean las que han pasado. Como un juego de prestidigitación, se desvía la atención del público moviendo una mano mientras el truco lo hace la otra en la que nadie repara.

El Gobierno puede jugar a su propio victimismo con ese tono ofendido al que recurre a falta de defensa más creíble. Como era de esperar, se vuelve a hablar de malintencionados procesos de intención fabricados por el Partido Popular. Lo cierto es que para dedicarse a los procesos de intención gratuitos contra el Gobierno, el Partido Popular acierta con demasiada frecuencia y lo peor es que la falta de credibilidad gubernamental se percibe mucho más allá de las fronteras electorales e ideológicas del PP, a no ser que se comparta la opinión de algún destacado dirigente socialista vasco que, por ejemplo, considera a Fernando Savater un personaje de la extrema derecha.

Pues no. Ni Savater es de extrema derecha ni medio país se ha vuelto paranoico. Lo que ocurre es que cada paso que se ha dado en este llamado proceso ha aumentado las sombras, ha hecho mas inquietantes los silencios de quienes podía esperarse claridad y ha ido fundando nuevas sospechas. ¿Acaso no es preocupante que la responsabilidad política de impulsar la obtención de pruebas que deberían impedir la presencia etarra en las elecciones se encuentre en manos de quienes 'verificaron' una y otra vez que el alto el fuego de ETA era sólido, general y no se sabe cuántas cosas más? ¿Es que resulta disparatado ver en el discurso y en las actitudes gubernamentales un reflejo como de Pavlov cada vez que la banda exhibe las pistolas? ¿Es que no es cuestionable que, sistemáticamente, todos sean responsables de lo que ocurre menos el Gobierno?

El Gobierno y específicamente su presidente y los dirigentes del Partido Socialista que ven su suerte electoral determinada por ETA están llevando al límite la prueba de resistencia del sistema democrático. Por un lado, se trata de elevar el umbral de la tolerancia de la sociedad provocando una creciente insensibilización ante lo que objetivamente resultaría escandaloso. Días atrás, en informaciones facilitadas por EL CORREO y luego seguidas por otros medios, se daba a conocer el estupor de los responsables de la lucha antiterrorista de Francia ante la incomprensible estrategia seguida por el Gobierno español al emprender el proceso cuando ETA se encontraba en su situación más vulnerable. El desencuentro, la visión francesa enfrentada al optimismo del Gobierno, los análisis carentes de base de real que los responsables antiterroristas vecinos se vieron obligados a desmentir formalmente en sede judicial constituyen una gravísima imputación política al Gobierno español, salpicada de reproches fundados como el chivatazo no explicado que frustró una operación contra la extorsión etarra, el escamoteo de la autoría del robo de las pistolas en octubre del año pasado o el disparatado episodio de los números de teléfono de contactos policiales franceses en manos de terroristas armados.

Lo anterior, con ser grave, no lo es tanto como el descrédito de la ley en cuanto instrumento democrático para garantizar la prevalencia de las libertades amparada por el Estado de Derecho. El relato gubernamental hace responsable a la ley de que un asesino en serie recupere masa muscular paseando con su novia. La ley y su imposible pretensión de poner límite al fraude etarra, sería también la culpable de que ETA-Batasuna, metamorfoseada como se quiera, eluda las exigencias democráticas. El mensaje que se pretende consolidar es claro: nos guste o no, la ley es impotente contra el terrorismo y lo que hemos presenciado en los últimos años no es más que un espejismo, un destello de eficacia ya amortizado. El descrédito de la ley, la denuncia de su presunta impotencia es la condición para que el Gobierno pueda legitimar una política de negociación con ETA. Por eso, se quiere volver a esa vieja imagen de la ley como un coladero inútil. Sabemos que no es verdad y que desactivar el potencial de la legalidad contra el terrorismo no sólo no acerca la paz sino que, además, destruye la libertad de los ciudadanos y alienta el desafío de los pistoleros. La farsa no acaba con el drama. Bien al contrario, al decir de Marx, la farsa es la forma en que el drama se repite.

Realidad política y verdad judicial
J. M. RUIZ SOROA El Correo 6 Mayo 2007

Parece que es imposible poner en sintonía eso que política y socialmente no ofrece duda a ningún ciudadano (que Acción Nacionalista Vasca hoy, como el Partido Comunista de las Tierras Vascas en las anteriores elecciones, son una bandera de conveniencia de Batasuna) con aquello que los fiscales y tribunales consideran jurídicamente cierto. Una imposibilidad que se está convirtiendo en un problema crónico para nuestra democracia. Porque cuando un sistema jurídico no es ni siquiera capaz de recoger la realidad social en su red de conceptos y utillaje instrumental, cuando aquélla se escapa de sus previsiones legales y del control de sus tribunales, es que el sistema está básicamente mal diseñado. No cabe otra explicación para una tan espectacular disonancia entre la realidad política y la verdad judicial, a no ser que nos introduzcamos en el pantanoso terreno de la sospecha.

Es cierto que tal dificultad de adecuación deriva del acusado garantismo que impregna nuestro sistema constitucional y que, en ese sentido, la decisión judicial que establece que ANV no puede ser considerada instrumento de Batasuna puede ser entendida como una prueba más de la grandeza del Estado de Derecho, que se impone sobre unas opiniones o sospechas que, por mucho que socialmente generalizadas, no están suficientemente probadas. Es una reflexión razonable, sin lugar a dudas, pero que no llega a tranquilizar al intérprete desapasionado, menos aún al habitante medio de nuestra democracia. Igualmente pudo decirse a los ciudadanos norteamericanos que el hecho de que Al Capone no pudiera jamás ser condenado judicialmente era un triunfo del 'rule of law'. Como a los alemanes que vieron a Hitler llegar al poder, también se les pudo decir que ello no era sino demostración de que su Rechtstaat admitía sin discriminar todas las opciones políticas. Puede ser cierto, pero no menos razonable es juzgar que, desde el punto de vista de la capacidad del Estado de Derecho para imponer sus propios valores, se trató de grandes fracasos. Y es que un sistema jurídico que no es capaz de alcanzar efectivamente sus objetivos, por muy perfecto y garantista que resulte ser, no pasa de ser hojarasca prescindible.

Algo cercano al sentimiento de fracaso impregna hoy al ciudadano que contempla atónito cómo una y otra vez, antes en el caso del PCTV, ahora de ANV, las argucias y triquiñuelas se imponen a la voluntad mayoritaria plasmada en la ley. Realidad social y verdad judicial no pueden diferir tan continuada y empecinadamente sin terminar por provocar un sentimiento de humillación en la ciudadanía. ¿Tan lerdos son nuestros legisladores y nuestros juristas como para no conseguir casarlas? ¿O es que alguien nos hace trampa? Ambas posibilidades son frustrantes.

Sucede, a mayor abundamiento, que lo que se afirma como falso en sede judicial se admite como verdad inconcusa en la vida política cotidiana con toda naturalidad. Por poner un ejemplo, resulta asombroso contemplar cómo el partido político que reúne todo el voto de la izquierda abertzale desde las últimas elecciones autonómicas (el PCTV), es decir, el partido que legalmente representa a esos ciudadanos, es dejado de lado con su plena aquiescencia en los contactos, tratos y negociaciones políticas habidas desde 2005 para diseñar un nuevo marco político vasco. Como todos los actores saben que se trata sólo un depositario fiduciario del voto de Batasuna, y como él mismo lo admite así sin ambages, es con ésta última con quien se reúnen y discuten ese futuro. Lo hacen así tanto el lehendakari, como los socialistas y los legados del Gobierno desde hace años. Se trata de un hecho que, si se reflexiona, resulta verdaderamente admirable: nuestros gobiernos asumen cotidianamente como verdad política obligada algo que judicialmente constituiría una ilegalidad clamorosa: que el PCTV no es nada más que un mandado de Batasuna. A pesar de la confesión retrospectiva y de parte que el mismo PCTV realiza con su conducta, la política se niega a intentar siquiera su ilegalización. ¿Es una incoherencia menor disculpable en aras del pragmatismo? ¿O es un peligroso divorcio de la política y del Derecho que no sólo desprestigia al Estado de Derecho, sino también provoca desánimo y desafección en el ánimo ciudadano?

Escuchamos ahora a fiscales y letrados del Gobierno que una parte de las listas electorales de ANV han sido 'fagocitadas' por Batasuna, han sido 'utilizadas para infiltrar' a los candidatos de esta formación, y que por eso se impugnan. En otras no se comprueba esa infiltración y se permiten. Resulta difícil comprender, si ello es así, cómo no se actúa jurídicamente contra la dirección del partido político que lo ha permitido. Porque es práctica y reglamentariamente imposible 'fagocitar' una lista sin la aquiescencia de su titular político. Y precisamente la aquiescencia a dejarse utilizar es lo que está proclamando una previa connivencia de los responsables de ambas formaciones. Esta es lógica de sentido común y el Derecho, por muy sutilmente técnico y matizado que sea, por complejo y garantista que se desee a sí mismo, no puede desconocer el sentido común, so pena de que los ciudadanos comunes dejen de respetar al Derecho.

Uno de los peligros que ha acechado desde su inicio a este proceso de fin dialogado de la violencia, que con tanta osadía asumió en solitario el Gobierno, es el de que una parte importante de la ciudadanía lo interpretase como una derrota propia, lo interiorizara como un sarcasmo de la Historia. Que no supiera vivirlo como una victoria. La oposición se ha refocilado en esa interpretación (ése era el riesgo que se asumía al no contar con ella) y ha colaborado a difundirla más aún. Precisamente para evitar ese tipo de riesgo, se debía haber cuidado especialmente el flanco del imaginario colectivo, se debía haber escrito y asentado el relato público del proceso como un triunfo democrático. En lugar de ello, está siendo vivido como la crónica de un desgarro social: Pues bien, la actual impotencia del sistema legal para evitar su enésima burla abona y ahonda esa visión negativa.

¿Importa la sensación de un público desinformado o cuentan los resultados, dirán los pragmáticos? Creo que importa bastante más de lo que piensan: conviene no olvidar que en la esfera social no existen hechos objetivos neutros, sino sólo interpretaciones. Son éstas los ladrillos que construyen el mundo político y, por ello, lo que se vive como una derrota terminará por ser una derrota real. Y producirá los efectos de tal.

Legalización de Batasuna
Las medias verdades de Conde Pumpido
Ramón Villota Coullaut Libertad Digital 6 Mayo 2007

Cuando Conde Pumpido ha hablado de los tiempos procesales para no impedir que partidos políticos como Acción Nacionalista Vasca o Abertzale Sozialistak, las nuevas listas del complejo Batasuna-ETA, está diciendo una verdad a medias. Es cierto que el procedimiento regulado en la Ley Orgánica de Partidos Políticos para ilegalizar un partido político es más largo que el establecido en la Ley Orgánica de Régimen Electoral General para impedir la presentación de determinadas listas electorales a las elecciones. Pero lo que no se puede dejar de lado es que el artículo 11 de la ley de partidos, en su párrafo final, dice: "La Sala podrá acordar la suspensión cautelar de las actividades del partido hasta que se dicte sentencia, con el alcance y los efectos que estime oportunos para salvaguardar el interés general. En tal caso, la Sala ordenará la correspondiente anotación preventiva en el Registro de Partidos Políticos". Es decir, aunque no hubiera tiempo para completar la ilegalización, cautelarmente se podría dejar fuera de las elecciones municipales a estas tapaderas de ETA.

Además, sería perfectamente posible instar la ilegalización tanto de ANV como de AS ante la Sala del 61 del Tribunal Supremo utilizando al mismo tiempo la vía de la impugnación de las candidaturas ante la misma Sala. No son procedimientos antagónicos, sino que, al contrario, pueden complementarse. Lo cierto es que no tiene mucho sentido impedir que se presenten a las elecciones del 27 de mayo y no instar su ilegalización. De hecho, procurar que tanto ANV como AS sean ilegalizados por vulnerar los principios democráticos o perseguir deteriorar o destruir el régimen de libertades o imposibilitar o eliminar el sistema democrático, como dice la citada ley, es algo que favorece la impugnación de sus listas electorales.

Tampoco debemos olvidar que el procedimiento regulado en la Ley Orgánica de Régimen Electoral General tiene su justificación en la posibilidad de que un partido político, una vez ilegalizado, pueda intentar presentarse a las elecciones mediante agrupaciones de electores, burlando así la efectividad de la Ley Orgánica de Partidos Políticos. Lo que era de origen un procedimiento derivado de la ilegalización de un partido político, el Fiscal General del Estado lo ha convertido en el principal, se supone que para poder iniciar en un futuro el proceso de ilegalización tanto de ANV como de AS, los dos partidos políticos derivados de la extinta Batasuna. Se supone. Y eso sin contar con que los problemas de plazo se los ha creado el propio Conde-Pumpido.

Ramón de Villota Coullaut es abogado, rdevillota@telefonica.net

El Supremo no soluciona el problema de ANV, creado por el Gobierno
Editorial Elsemanaldigital 6 Mayo 2007

La Sala especial del artículo 61 en el Tribunal Supremo ha apurado todos los plazos para cumplir su cometido. Los magistrados tomaron, pasada la medianoche del domingo, la decisión de anular las 246 candidaturas de Abertzale Sozialistak impugnadas, así como una de las ocho candidaturas independientes presentadas por los proetarras. Y a primera hora de la mañana de este domingo decidieron anular asimismo la totalidad de las 133 candidaturas de ANV que impugnaron, bajo la dirección del Gobierno, la Fiscalía y la Abogacía del Estado.

Precisamente esta última decisión del Tribunal Supremo muestra que el Gobierno podía haber hecho mucho más para impedir la presencia de Batasuna en las elecciones, dado que el resto de las candidaturas de ANV, hasta 123, sí podrán competir el próximo 27-M para volver a los Ayuntamientos vascos y navarros: Acción Nacionalista Vasca seguirá siendo un partido legal, y casi la mitad de sus candidaturas concurrirá libremente a las elecciones.

La responsabilidad por esta situación, que no satisface la voluntad de una gran parte de la ciudadanía pero que sí responde en parte a las exigencias de ETA y Batasuna, corresponde al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. La Fiscalía General de Cándido Conde-Pumpido, que es un órgano dependiente del poder Ejecutivo, y la Abogacía del Estado, optaron desde el principio por recurrir algunas de las listas de ANV, pero respetando la legalidad de este partido como tal, pese a que se pueda haber convertido en un instrumento más de los proetarras.

Con esa posición de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado, achacable al Gobierno, el Supremo sólo podía decidir la ilegalización de algunas candidaturas escogidas por el equipo de Conde-Pumpido, y es lo que ha hecho, pero la verdadera cuestión ha quedado sin abordar. La Ley de Partidos permanece sin aplicarse a ANV. El hecho es que en mayo el entorno político de ETA podrá reconocerse en 123 listas electorales y en miles de candidatos, y volverá a tener una voz propia en las instituciones, con todo lo que esto supone de legitimación política y financiación económica con cargo a los dineros públicos.

En ese sentido, el presidente del PP Mariano Rajoy declaró ayer sábado que "de los crímenes de ETA sólo es responsable la banda terrorista, pero de que Batasuna se presente a las elecciones el único responsable es el Gobierno de España". Aunque la afirmación parezca atrevida, los hechos la respaldan. ETA pidió, en el curso de su "proceso de paz" con Zapatero, que su brazo político volviese a los Ayuntamientos, Diputaciones y Comunidades. Con todos los ropajes jurídicos y las cortapisas que se quieran, la decisión ha sido del Gobierno y ha sido así.

Alea jacta est! Se ha cruzado el Rubicón
Vicente A.C.M. Periodista Digital 6 Mayo 2007

¡Enhorabuena Presidente!. Con su particular modo de entender el diálogo con la banda terrorista ETA y con el apoyo de sus fieles servidores en la Fiscalía y la Abogacía del Estado, el Tribunal Supremo ha hecho lo que usted ha querido y le ha obligado a hacer. Se ha obtenido una anulación parcial de un partido dependiente de ETA. Se ha anulado la mitad de unas candidaturas, dejando la otra mitad como si fueran inocentes listas de personas en ningún modo ligadas o sometidas al mandato de esa organización terrorista.

El Tribunal Supremo, no ha podido hacer otra cosa ante lo presentado. y así se lo ha hecho constar en su sentencia. Le ha descubierto ante la opinión pública. Le ha desnudado ante los ciudadanos. Así que a usted señor Presidente le deberemos el que ETA vuelva a disponer de foros donde practicar su coacción impunemente. De poder para amedrentar a los ciudadanos del País Vasco que demuestren su oposición. De información confidencial para acceder a datos con los que poder apuntar objetivos a sus pistoleros.

No sé si usted se habrá quedado satisfecho y aliviado, pero yo me siento profundamente decepcionado con un Gobierno que debería defender a los ciudadanos y sin embargo, facilita la legalización de los causantes del terrorismo en España.Hoy quizás cuando se mire en el espejo, no le guste la imagen que le devuelve, porque reflejará la vergüenza que debería sentir por haber promovido y permitido esta burla de la Ley y esta indefensión a tantos ciudadanos españoles.

Espero que las urnas le devuelvan pronto a la oposición y que allí le dé tiempo a pensar en el mal que ha hecho a este País.

Recordando lo más simple
Pío Moa Libertad Digital 6 Mayo 2007

"Demos la palabra al pueblo. demos una oportunidad a la paz". Así terminaba su discurso al Parlamento (¿?) vasco el asesino Ternera, siguiendo la famosa canción pop. Insisto en que es imprescindible entender el lenguaje, el sentido en que usan las palabras estos enemigos de la libertad y de España, pues de otro modo caeríamos, como tantas veces ha ocurrido, en su laberinto de justificaciones. Así pues, de creer a Ternera, él y los suyos no tienen otra meta que la paz, el derecho democrático de autodeterminación y "dar la palabra" a los vascos. Si matan, mutilan roban y extorsionan es por tan nobles objetivos y contra un poder español fascista y opuesto a la paz, que impide la autodeterminación, impide a los vascos expresarse libremente y los somete a un permanente estado de excepción. Qué más natural en las personas dignas y con ansias de libertad que rebelarse contra opresión tan infame.

Salta a la vista que la lógica no es el fuerte de los fanáticos. Pues Ternera empieza admitiendo que él fue diputado por los votos, por "la voluntad del pueblo". Si es así, solo puede deberse a la ausencia de lo que llama "un salvaje estado de excepción" o de unas leyes fascistas. O, al revés, las leyes "fascistas" españolas permiten, al parecer de Ternera, las elecciones libres, la expresión de la voluntad del pueblo, las libertades utilizadas por Batasuna, aparato político de la ETA, para hacer campaña electoral y ganar diputados.

Este econocimiento implícito, pero indiscutible, de Ternera, nos permite captar la falsedad que desliza y que vuelve demente el resto de su discurso: en realidad él no fue elegido por la voluntad del pueblo, sino de una pequeña fracción de él, pues el partido del terrorismo, Batasuna o Sozialista Abertzaleak, ha oscilado en ese largo período entre el 10 y el 20 por ciento de los votos, bastante menos si se cuenta el cuerpo electoral y no solo los votantes de hecho. Una parte pequeña, pues, aunque suficiente, según la ley española, para llevarle a él al Parlamento vasco. Y para degradarlo. Sin embargo su embuste tiene lógica. En el lenguaje de Ternera y de los demás separatistas, quienes no piensan como ellos no son vascos auténticos, no pertenecen al pueblo vasco, tal como para los terroristas islámicos no son verdaderos o buenos musulmanes quienes no les siguen, o para los nazis no eran auténticos o buenos alemanes los demócratas.

Ternera representa, por tanto, a una pequeña parte de la sociedad vasca, lo cual no le impide hablar, con desenfado totalitario y desprecio de fondo, en nombre de "los vascos", sin más, como hacían los comunistas y otros en nombre de "los obreros". Además representa a una parte fanatizada como él mismo, resuelta a imponer sus ideas o ausencia de ellas a los demás vascos, por las buenas o por las malas. Preferentemente por las malas, pues esa vía les ha dado buenos resultados. Gracias a ell han logrado "agotar el actual marco político", o sea, la Constitución y el estatuto, lo cual supone "el triunfo de la larga lucha de la izquierda patriótica-socialista". Durante su "larga marcha", esa izquierda ha utilizado por sistema la bomba y el tiro en la nuca, y ahora, en la conclusión de Ternera, esa técnica del asesinato, del gangsterismo político, está a un paso del triunfo. El terrorismo rinde frutos en "Euskadi". Por su mera presencia en el Parlamento, Ternera certifica que el terrorismo queda admitido como una forma de acción política. Y esa forma significa la ruina de la democracia"

("Contra la balcanización de España")

La teoría de la casualidad, con ZP, da para una tesis doctoral
Antonio Jiménez Periodista Digital 6 Mayo 2007

Nunca antes en España, con ningún gobierno como el de Zapatero, se habían prodigado tanto y con tanta generosidad las casualidades, de la Pantoja a la CNMV.

6 de mayo de 2007. Desde que ZP se instaló en La Moncloa no hay hecho relevante o noticiable que afecte negativamente al Gobierno que no se vea oscurecido por otro, también interesante pero menos importante, que por albur o chiripa termine solapándole. La teoría de la casualidad en la España de Zapatero, el día en que se escriba, dará para una tesis. La detención de Isabel Pantoja, horas después de que Zapatero pasara por Marbella y dejara claro que no iba a tolerar la mas mínima corrupción y justo el día en que el fiscal general del Estado se retrataba dejando media puerta abierta a Batasuna-ETA para que se cuele en los Ayuntamientos vascos y navarros, ha sido la última aportación a la referida teoría.

Casualidad es, y elevada a la enésima potencia, que la guardia de corps económica de Zapatero y del Gobierno proceda de la misma agencia de valores, Intermoney, que curiosamente fundó el vicepresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores – CNMV-, Carlos Arenillas, y a la sazón marido de la ministra de Educación. Por la citada gestora de fondos pasó el anterior jefe de la Oficina Económica de Moncloa y actual candidato socialista al Ayuntamiento de Madrid, Miguel Sebastián y el secretario de Estado de Economía, David Vegara. Abundando en casualidades y coincidencias nos encontramos que, entre todas las agencias de valores de España, sea la que fundó Carlos Arenillas, Intermoney, la que gestiona el patrimonio del cuestionado nuevo presidente de la CNMV, Julio Segura.

Cabe preguntarse también, al hilo de este dato, si es casual el hecho de que el sustituto de Manuel Conthe, considere el comportamiento de Arenillas como "impecable". A Julio Segura le parece impecable que el vicepresidente de la CNMV acepte invitaciones de opulentas cenas de 1400 euros, regadas con vinos franceses de 700 euros, del presidente de una agencia de valores, Vega Fund Holding, que semanas después contrataba casualmente a su hermano Jaime Arenillas y a renglón seguido, otra casualidad más, conseguía de la CNMV, a pesar de que acababa de pasar por una grave crisis que afectó a sus inversiones y clientes, la autorización para comercializar un hedge fund, un fondo que invierte en fondos de alto riesgo y que por ello necesita de una autorización especial del organismo supervisor.

Este panorama de hechos casuales recoge asimismo la febril actividad de una oficina de Moncloa, que en teoría se ocupa de asesorar en materia económica al presidente del Gobierno, pero que en la practica ejerce de muñidor de operaciones y tejemanejes financieras a la vera del presidente del Gobierno: lo mismo impulsa la operación Sacyr para descabalgar a Francisco González de la Presidencia del BBVA, que presiona e influye, ¿verdad Taguas?, a la CNMV para que sea Gas Natural, primero, y después Enel y Acciona, las que se hagan con Endesa.

¿Intervencionismo del Gobierno de Zapatero? ¡Noooo!.., simple casualidad o, si se prefiere, una combinación de circunstancias imprevisibles e inevitables. Si ZP no fuera tan laico diría: "Lo manda Dios".

El problema vasco en la década de 1930
El historiador José Luis de la Granja analiza en 'El oasis vasco' el proceso de nacimiento de Euskadi en la República y su breve vida en la guerra civil
BILBAO. Indalecio Prieto, en el Ayuntamiento. / EL CORREO 6 Mayo 2007

El denominado problema vasco es una de las principales manifestaciones de la cuestión nacional en la España contemporánea. Si en los tres últimos decenios se ha convertido en el problema territorial más grave, no lo fue así históricamente pues durante la Monarquía de Alfonso XIII y la II República la cuestión catalana fue mucho más importante que la vasca, que marchaba a remolque de aquélla. Así lo prueba el hecho de que el primer Estatuto de autonomía de Cataluña fuese aprobado en 1932, cuatro años antes que el de Euskadi, el cual no entró en vigor hasta la guerra civil.

El problema vasco no es un problema metafísico sino histórico y no tiene su origen en la noche de los tiempos, como pretendió Sabino Arana y en la actualidad sostiene el nacionalismo radical, sino en el siglo XIX. Entonces se llamó la cuestión vascongada, que consistió en la dificultad de compaginar los Fueros con la Constitución, de acoplar el viejo régimen foral vasco al nuevo régimen liberal español, tal como requería la ley de 1839 tras el final de la primera guerra carlista. Esta integración se produjo en Navarra con la mal llamada ley paccionada de 1841, que suprimió el Viejo Reino y dio lugar a una nueva foralidad; de ahí que no hubiese un problema navarro en el siglo XIX. En cambio, las Provincias Vascongadas no llegaron a un acuerdo definitivo con la Monarquía liberal y esto se agravó por la interferencia de la causa foral con la última guerra carlista de 1872-1876. Ésta trajo como consecuencia la ley de Cánovas del Castillo que puso fin a los Fueros en 1876-1877. Pero al año siguiente Cánovas compensó al País Vasco con la aprobación del Concierto económico, que suponía una generosa autonomía fiscal y administrativa y contribuyó a su inserción en la Restauración (1875-1923).

Durante este régimen monárquico, en la última década del siglo XIX, como reacción a las consecuencias de la abolición foral y de la intensa revolución industrial vizcaína, surgió el nacionalismo vasco por obra de Sabino Arana (1865-1903). Su ideología radical e independentista le enfrentaba a España por considerarla el Estado que había conquistado Euskadi en el siglo XIX. Aunque el fundador del PNV (1895) moderó sus planteamientos políticos al final de su vida y desde principios del siglo XX el PNV optó por seguir una vía autonómica, el nacionalismo vasco nunca asumió ésta como su meta ni renunció expresamente a la independencia de Euskadi, si bien la solía camuflar bajo la ambigua fórmula de la restauración foral, su meta oficial desde su manifiesto tradicional de 1906, que estuvo vigente hasta la Transición. Por ello, a lo largo del siglo XX el problema vasco consistió en la dificultad de integrar a su movimiento nacionalista en el Estado español, incluso en períodos democráticos como la II República y la Monarquía actual, al no conformarse con los Estatutos de autonomía y aspirar a la soberanía plena de Euskadi.

Conflicto y pluralismo
Ahora bien, el problema vasco tiene no sólo esta vertiente externa, que afecta a las relaciones entre Euskadi y el conjunto de España, sino también una vertiente interna, que se concreta en la falta de convivencia pacífica entre los propios vascos, cuya máxima expresión han sido las guerras civiles de los siglos XIX y XX y el terrorismo de ETA. Ambas facetas de dicho problema se perciben durante la II República, que intentó solucionarlo por medio de la autonomía, truncada por el resultado de la guerra civil.

La II República española nació en el País Vasco, no sólo porque fue proclamada en Eibar (Guipúzcoa) en la mañana del 14 de abril de 1931, horas antes que en Barcelona y Madrid, sino sobre todo porque se gestó en el famoso Pacto de San Sebastián el 17 de agosto de 1930. Sin embargo, aun siendo recibida entre manifestaciones de júbilo en las ciudades vascas, Euskadi fue un importante foco de conflicto para el nuevo régimen, en especial hasta la revolución de octubre de 1934, debido a que la mayoría de la sociedad vasca no era republicana. Así se demostró en las elecciones a Cortes Constituyentes de 1931, en las cuales la coalición de derechas (PNV, carlistas y católicos independientes) venció al Bloque republicano-socialista, siendo la única región de España donde fueron derrotadas las fuerzas que habían traído la República.

Un PNV antisistema
A su advenimiento habían contribuido los catalanistas, pero no los nacionalistas vascos, que estuvieron ausentes del Pacto de San Sebastián. Y, aunque el mismo 14 de abril el PNV manifestó su acatamiento a la República, queriendo que fuese federal o mejor confederal, en seguida se enfrentó a ella por la cuestión religiosa y se alió con su mayor enemigo, el carlismo, en defensa de un Estatuto clerical y antirrepublicano como fue el aprobado en la asamblea de Estella (Navarra) en junio de 1931. Durante este año el PNV actuó como un partido antisistema, según prueban sus continuos choques con el Gobierno provisional, su retirada de las Cortes con otros diputados católicos en protesta por el texto constitucional en materia religiosa y su rechazo de la Constitución republicana.

La gran conflictividad existente en Euskadi en los primeros años de la República se debió a la confluencia de diversas causas políticas, religiosas y socioeconómicas, que incidían en las principales líneas de ruptura que dividían a las fuerzas políticas vascas. Dichos 'cleavages' fueron cuatro: la forma de gobierno (Monarquía o República), la cuestión social (reacción, reforma o revolución), el problema religioso (clericalismo o laicismo) y la cuestión regional (centralismo o autonomía).

En todos ellos divergían absolutamente las derechas católicas de las izquierdas republicanas, mientras que el PNV evolucionó desde su alianza con las derechas por la religión en 1931 hasta su aproximación a las izquierdas por el Estatuto en 1936, ubicándose en el centro del espectro político vasco desde las elecciones de 1933. Las dos cuestiones claves de Euskadi en la República fueron la religiosa y la autonómica, unidas estrechamente en 1931 y separadas después. La primera fue decisiva en la bipolarización que se dio en 1931; la segunda fue el factor fundamental del posicionamiento pro republicano del PNV en la Guerra Civil, cuando pactó con el Frente Popular para lograr el Estatuto.

Así pues, la conflictividad vasca fue mucho más de índole político-religiosa que socioeconómica. Ésta última estuvo motivada por la depresión económica mundial, que afectó sobre todo a la industria vizcaína (la siderometalurgia y la minería) y provocó un considerable aumento del paro obrero. Pese a ello, durante el primer bienio republicano, con el PSOE en el Gobierno y siendo ministro Indalecio Prieto, el líder del socialismo vasco, la conflictividad obrera fue decreciente en Vizcaya por el predominio de los sindicatos reformistas, la socialista UGT y la nacionalista Solidaridad de Trabajadores Vascos (STV), que se disputaban la hegemonía, y por la debilidad de los sindicatos revolucionarios, la anarquista CNT y la central comunista, cuyas huelgas no tuvieron éxito.

Si la conflictividad aumentó en 1934, no fue por factores económicos (la crisis y el paro disminuyeron), sino por motivos políticos: la radicalización del socialismo español por su salida del Gobierno y su derrota electoral (19 de noviembre de 1933), que culminó en la revolución de octubre de 1934. Ésta tuvo su tercer foco en importancia, tras Asturias y Cataluña, en Vizcaya y Guipúzcoa, donde hubo cuarenta y dos muertos y más de mil quinientos presos. En cambio, apenas afectó a Álava y Navarra, donde tuvo más repercusión la conflictividad agraria: así, la huelga general de campesinos de junio de 1934 fue secundada en el campo navarro, sobre todo en muchos pueblos de la Ribera del Ebro, de implantación ugetista.

Partidos católicos
La especificidad vasco-navarra tenía que ver sobre todo con la trascendencia de las cuestiones autonómica y religiosa. Ésta última obedecía al carácter católico de los dos principales partidos de masas, cuya implantación territorial era complementaria: el PNV se convirtió en la primera fuerza política de Vizcaya y Guipúzcoa, mientras que la Comunión Tradicionalista era mayoritaria en Álava y hegemónica en Navarra. Su alianza en la coalición pro Estatuto de Estella constituía un poderoso bloque católico y antirrepublicano, que aspiraba a un Concordato con la Santa Sede para impedir la aplicación de la legislación anticlerical de la República y convertir así a Euskadi y Navarra en una especie de oasis católico dentro de una España laica. Fue el intento de crear un Gibraltar vaticanista, en expresión atribuida a Prieto, su mayor enemigo y el que más contribuyó al fracaso del Estatuto de Estella, que naufragó en las Cortes Constituyentes a finales de 1931. (...)

El factor religioso fue el que más acercó al PNV a las derechas y el que más le alejó de las izquierdas en los dos primeros años del régimen republicano, que resultó desacreditado por sus medidas anticlericales ante la mayoría católica vasca. El propio Manuel Azaña, presidente del Gobierno, reconoció la fuerte incidencia de dicho factor en la debacle de las izquierdas en las elecciones de noviembre de 1933. Esta debacle fue aún mayor en Euskadi y Navarra, donde perdieron siete escaños y sólo consiguieron dos diputados: el mismo Azaña y Prieto, elegidos por las minorías en la circunscripción de Bilbao.

La pérdida del poder llevó a las izquierdas a mitigar su anticlericalismo, lo cual facilitó la aproximación del PNV a ellas a partir de 1934 por la cuestión autonómica. Ésta fue la causa principal de la ruptura del PNV con las derechas, que bloquearon ese año el Estatuto vasco en las Cortes. Ambas fuerzas católicas rivalizaban entre sí por atraerse al numeroso electorado católico independiente, que en Vizcaya y Guipúzcoa era proclive al PNV, mientras que en Álava y Navarra se decantaba más por el Bloque derechista encabezado por el carlismo.

Así pues, la unión de los católicos vasco-navarros sólo se dio en 1931 y fue imposible en los comicios de 1933 y 1936 a pesar de las presiones de la Iglesia vasca y del Vaticano. A finales de la República el enfrentamiento entre el PNV y las derechas era general. Éstas le acusaban de ser cómplice de la revolución de octubre y hasta de concomitancias con la Masonería, pero lo que más enconaba el españolismo de las derechas era el separatismo del PNV; de ahí su oposición frontal al Estatuto, tal y como manifestaron en las Cortes del bienio radical-cedista (1933-1935) los diputados de Renovación Española Ramiro de Maeztu y José Calvo Sotelo, quien declaró dirigiéndose a los diputados del PNV: «Entregaros el Estatuto (...) sería un verdadero crimen de lesa patria». En noviembre de 1935, dicho líder monárquico había pronunciado en un mitin en San Sebastián su famosa frase: «Antes una España roja que una España rota». Y su última actuación parlamentaria, poco antes de su asesinato en Madrid en julio de 1936, fue obstruir la aprobación del Estatuto contraponiéndole el Concierto económico como si fuesen incompatibles.

El proceso autonómico
Precisamente, la cuestión autonómica incidió sobremanera en la intensa conflictividad política existente en Euskadi, pues fue el eje central de la vida política vasca durante la República al no entrar en vigor el Estatuto hasta la Guerra Civil. Pero las vicisitudes por las que atravesó el lento y complejo proceso autonómico hizo que los protagonistas de los conflictos fuesen cambiando a lo largo del quinquenio republicano.

Así, en 1931 la línea divisoria principal enfrentó a derechas (incluido el PNV) e izquierdas según fuesen partidarias o enemigas del Estatuto de Estella. Tras su naufragio parlamentario, la elaboración de un Estatuto ajustado a la Constitución distanció al PNV del carlismo, rompiéndose su coalición por haber contribuido éste a su fracaso en Navarra en 1932. Pero ello no trajo aparejada una aproximación del PNV a las izquierdas, continuando su duro enfrentamiento en 1933 no sólo por los motivos religiosos citados, sino también por el retraso del proceso autonómico.

Esta situación cambió en 1934 cuando el PNV giró a la izquierda al constatar en las Cortes la imposibilidad de sacar adelante el Estatuto con una mayoría derechista, que, además, atacaba la autonomía catalana al impugnar su ley de contratos de cultivos, declarada inconstitucional. En el tenso verano de 1934, el PNV se retiró de las Cortes en solidaridad con la Generalitat, gobernada por la Esquerra Republicana, y se unió a las izquierdas vascas en defensa del Concierto económico y en contra del Gobierno de Samper (Partido Radical).

En ese momento, la división en dos bloques enfrentados militarmente en la guerra civil ya existía políticamente en el País Vasco. Pero el acercamiento del PNV a las izquierdas quedó truncado por el inmediato estallido revolucionario en octubre de 1934, ante el cual el PNV optó por permanecer neutral, pues en Euskadi no tuvo ningún componente de reivindicación nacional, a diferencia de Cataluña, donde el presidente Companys proclamó «el Estado Catalán de la República Federal Española». A lo largo de 1935 el PNV permaneció aislado políticamente, distanciado de las izquierdas revolucionarias y atacado por las derechas antinacionalistas. De dicho aislamiento salió en la primavera de 1936, tras el triunfo electoral del Frente Popular, cuando llegó a un acuerdo con éste para aprobar el Estatuto vasco en las Cortes superando el obstruccionismo de las derechas.

Violencia política
Por tanto, la cuestión autonómica coadyuvó también a alimentar la fractura derechas/izquierdas tanto al inicio como al final de la República, pero con una diferencia sustancial: en 1931 el PNV se hallaba situado en el campo de las derechas católicas, mientras que en 1936 se encontraba más próximo de las izquierdas republicanas gracias a la evolución democrática protagonizada por la generación de José Antonio Aguirre y Manuel Irujo.

La suma de estos factores de conflicto y otros de menor entidad (caso de la rivalidad entre los ayuntamientos elegidos por el pueblo y las diputaciones designadas gubernativamente) provocó una notable violencia política en Euskadi, ejercida por los diversos grupos paramilitares que tenían bastantes fuerzas políticas: así, los requetés carlistas, los mendigoizales (montañeros) nacionalistas, las milicias socialistas y comunistas. Los frecuentes choques armados entre ellos dejaron un reguero de muertos y heridos a lo largo de la República, sobre todo en la circunscripción de Bilbao, donde la lucha política era más exacerbada, y en los fines de semana, cuando los partidos celebraban sus mítines y concentraciones.

Los momentos de mayor violencia política fueron: el verano de 1931, cuando se hablaba de la existencia de un clima de guerra civil en el País Vasco; la primavera de 1933, con ocasión de una visita del presidente de la República, Niceto Alcalá-Zamora, a Bilbao, que fue muy protestada por los nacionalistas; y el verano de 1934, con la rebelión de la mayoría de los ayuntamientos vascos contra las medidas fiscales del Gobierno de Samper que afectaban al Concierto: el llamado Estatuto del vino. Dicha violencia llegó al máximo con la cruenta revolución socialista de octubre de 1934 y la dura represión gubernamental. A partir de entonces descendió de forma considerable hasta el estallido bélico de julio de 1936.

En los meses previos a la guerra civil y a diferencia de otras partes de España, la situación política fue bastante tranquila en Vizcaya y Guipúzcoa, donde la clara mayoría nacionalista y de izquierdas buscaba el entendimiento necesario para la aprobación del Estatuto. En cambio, la conflictividad se había trasladado a Álava y, sobre todo, Navarra, la única provincia española controlada por completo por las derechas contrarrevolucionarias. Allí el carlismo del conde de Rodezno preparaba activamente el golpe militar con un sector del ejército al mando del general Mola, jefe de la Comandancia de Pamplona y el director de la conspiración en marcha contra la República. El fracaso de su pronunciamiento provocó la guerra civil.

La gran conflictividad y la violencia política existente en el País Vasco durante los años republicanos eran manifestaciones del pluralismo polarizado que caracterizó su sistema de partidos. El pluralismo vasco, seña de identidad de la Euskadi contemporánea, surgió en el Bilbao de la revolución industrial a finales del siglo XIX con el triángulo político formado por la Unión Liberal de Víctor Chávarri, el PNV de Sabino Arana y el PSOE de Facundo Perezagua, y se propagó a toda Vizcaya en la crisis de la Restauración (1917-1923) cambiando sus protagonistas: el liberal Gregorio Balparda, el nacionalista Ramón de la Sota y el socialista Indalecio Prieto.

Dicho triángulo se extendió al conjunto de Euskadi en la II República, cuando fue encarnado por el carlista José Luis Oriol, diputado por Álava, el nacionalista José Antonio Aguirre, diputado por Vizcaya-provincia, y de nuevo el socialista Prieto, diputado por Bilbao. Oriol y Aguirre fueron aliados en 1931 y enemigos en la guerra; todo lo contrario que Aguirre y Prieto, que murieron en el exilio durante la dictadura de Franco.

Esta triangulación de la vida política vasca se consolidó en las elecciones de 1936 por la concurrencia de tres candidaturas: el Bloque contrarrevolucionario (ocho diputados), el Frente Popular (siete) y, entre ambos, ocupando el centro político, el PNV (nueve). Tuvo un precedente en los comicios de 1933 en Vizcaya, la única provincia en la que el PSOE de Prieto mantuvo su alianza con los republicanos de izquierda de Azaña. En cambio, las elecciones constituyentes de 1931 no fueron triangulares sino bipolares debido a la candente cuestión religiosa, que dividió a las fuerzas vascas en dos grandes coaliciones antagónicas: el Bloque católico de Estella (quince diputados) versus el Bloque republicano-socialista (nueve). Así pues, la evolución política de Euskadi fue divergente de la predominante en el resto de España durante la República, al pasar de la bipolarización de 1931 a la triangulación de 1936 gracias a la ocupación del centro por el PNV, mientras que la debacle electoral del Partido Radical de Lerroux supuso la práctica desaparición del centro en las Cortes de 1936.

El carácter extremo del pluralismo vasco se constata también en la falta de consenso interno sobre las cosas más elementales que reflejan la existencia de un país: el nombre, la bandera, el himno, las festividades y el territorio. ( )

Pero el problema más grave en la definición de Euskadi a efectos del proceso autonómico fue la territorialidad. A diferencia de Cataluña y de Galicia, no había unanimidad a la hora de fijar el territorio de la futura región autónoma vasca, por lo que hubo que decidir entre Estatutos provinciales (se elaboraron proyectos de Navarra, Álava, Guipúzcoa y la comarca vizcaína de las Encartaciones), Estatuto de las Vascongadas o Estatuto Vasco-Navarro.

En 1931-1932 se optó por este último, pero la defección de la derecha carlista y navarrista, desinteresada de la autonomía tras la desaparición del Estatuto de Estella, hizo fracasar el proyecto de las Comisiones Gestoras en Navarra. Y el nuevo proyecto de 1933, reducido a las tres provincias vascas, fue rechazado por el carlismo alavés de Oriol y paralizado por las derechas en las Cortes del segundo bienio republicano esgrimiendo la cuestión de Álava: su elevada abstención en el referéndum autonómico de 1933. Resuelta esta cuestión en 1936, el Estatuto sólo tuvo vigencia nueve meses en Vizcaya pues, cuando por fin se aprobó en plena guerra, casi toda Álava y Guipúzcoa se encontraban ya en poder de los militares sublevados. (Navarra tampoco entró en el Estatuto de Guernica de 1979).

Todos estos factores de división demuestran que el problema vasco en la II República era en gran medida un problema interno debido al desacuerdo existente entre sus fuerzas políticas sobre temas fundamentales. De ahí que se trate de un país invertebrado y quepa hablar, parafraseando a José Ortega y Gasset, de la Euskadi invertebrada de los años treinta.

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