AGLI

Recortes de Prensa     Viernes 8 Junio   2007

LA NORMATIVA ESTABLECE QUE AL MENOS EL 50% DE LAS ASIGNATURAS SE IMPARTAN EN ESA LENGUA
Padres y profesores recogen 9.000 firmas contra el decreto del gallego
Un grupo de padres y profesores inicia una campaña, bajo el lema `Tan gallego como el gallego´, para exigir "la libertad de elegir el idioma en que se educa a los hijos".
Redacción. Santiago La Opinión 8 Junio 2007

Un grupo de padres y de profesores de enseñanza Primaria, Secundaria y universitaria, unidos bajo el lema Tan gallego como el gallego, han recogido más de 9.000 firmas en contra del decreto de la enseñanza del gallego y para exigir la "libertad de elegir el idioma en que se educa a sus hijos".

Fuentes de este colectivo explicaron que hasta el pasado sábado ya se habían recogido en centros educativos de Galicia, a través de un Apartado de Correos en Vigo y de internet (www.tangallegocomoelgallego.es) algo más de 9.000 firmas -900 en el portal del grupo, que hoy ya fija en más de 2.600 las firmas recogidas por esta vía-.

El decreto de galleguización de la enseñanza no universitaria establece que al menos un 50% de las asignaturas serán impartidas en lengua gallega, si bien los centros tienen capacidad para incrementar ese porcentaje. La nueva normativa, que entrará en vigor el próximo curso 2007-2008, contó con el consenso de los tres grupos parlamentarios -PP, PSdeG y BNG-, además de estar respaldada por todos los sindicatos mayoritarios y por el colectivo en defensa del idioma A Mesa pola Normalización Lingüística. Sin embargo, este grupo de padres y profesores, que se declara "ajeno a connotaciones políticas", expone en su web que está integrado por personas que se han reunido ante el Plan de normalización lingüística de la Xunta de Galicia y "conscientes del problema de aprendizaje que plantea para niños castellanohablantes" por la "pérdida de calidad" que supone dictar una clase en la que no es tu lengua
habitual.

Para "paralizar" el proceso de normalización que aparece en el citado plan y lo previsto en el decreto de enseñanza del gallego, pactado por los tres grupos parlamentarios con representación en Galicia, este grupo de padres y profesores ha escrito el manifiesto Tan gallego como el gallego -disponible en la web- y han iniciado la recogida de firmas.

Denuncian que el mínimo obligatorio del 50% puede convertirse en una enseñanza exclusiva en esa lengua.
Sandra Penelas VIGO Faro de Vigo 8 Junio 2007

Sí a la promoción, pero no a la imposición. El malestar generado por el decreto del gallego entre profesores y padres de alumnos se ha materializado en una iniciativa ciudadana que en apenas un mes ha recogido nueve mil firmas de rechazo. Su intención es entregárselas a principios de julio a la conselleira de Educación para que ésta reconsidere su plan de normalización lingüística. Y prometen que no pararán ahí.

El colectivo, que denuncia que la ley conculca el derecho a recibir una educación en el idioma deseado, teme que su contenido "real" pase inadvertido y que la Xunta aplique una política de hechos consumados: "Si no paramos esto la gente se lo va encontrar en septiembre".

El decreto fija un mínimo obligatorio del cincuenta por ciento de asignaturas a impartir en gallego, pero los afectados alertan de que las materias que quedan fuera de ese cupo no son troncales y tienen menor carga horaria. "En Secundaria, por ejemplo, esa cuota supondría como mínimo un sesenta por ciento", asegura José Manuel Pousada, profesor del Santo Tomé de Freixeiro y miembro de la iniciativa.

Los alumnos de Primaria y Secundaria estarán obligados a estudiar en gallego Matemáticas, Geografía e Historia o Ciencias Naturales, mientras que se deja a elección de los profesores materias como Educación Física, Dibujo o Tecnología. Si esos docentes deciden impartir sus clases en gallego es posible alcanzar una educación en gallego "al cien por cien y cumpliendo la ley".

Gloria Lago, otra representante del colectivo y docente en el mismo instituto vigués, teme que el decreto convierta a los castellano-hablantes en "rehenes lingüísticos" y critica que se obligue a promover la lectura y escritura en gallego entre los alumnos de Infantil para que éste llegue a ser su idioma base.

Derecho a elegir
"Defendemos el derecho de los padres a elegir. No tenemos nada en contra de la lengua gallega ni de sus hablantes. De hecho, creo que es un error pensar que ellos quieren ser educados exclusivamente en gallego", añade.

Lago asegura que la ley afectará al rendimiento de los estudiantes y se refiere a los alumnos que en la actualidad "ya traducen sus libros y apuntes al castellano para poder estudiar" y a los que se les añade otra dificultad. También apunta el "hándicap enorme" que supone para aquellos que quieran estudiar una carrera fuera de Galicia.

Recuerda además que la imposición, sobre todo en el periodo de la adolescencia, "puede conseguir efectos contrarios". "En Cataluña lo intentaron y tuvieron unos resultados garrafales. Ya se sabe que no funciona", concluye.

El colectivo ya ha enviado información a todas las ANPA de colegios públicos y privados de Vigo y está dispuestos a aclarar las dudas de los padres que lo deseen. En su página www. tangallegocomoelgallego.es puede leerse el manifiesto y suscribirlo, además de imprimir los folletos para recoger firmas.

"La Xunta se arroga nuestro derecho a decidir"
Los centros de educación están obligados a impartir un 33% de sus asignaturas en gallego, pero esta cuota tampoco le parece justa al colectivo puesto que "perjudica" a quienes quieren ser educados íntegramente en la lengua de la comunidad. "Nos negamos", dice José Manuel Pousada, "a que la Administración se arrogue el derecho de los padres a decidir en qué idioma debe ser educado su hijo".

El modelo ideal, explica, incluiría tres vías de enseñanza: en castellano, en gallego y mixta. Ésta última, aclara, debe suponer "un reparto proporcional y la rotación de materias para que los alumnos puedan hacerse con el diferente vocabulario". Los ajustes presupuestarios, dice, "son cosa de la Administración".

El decreto que propone la Xunta frenará, a su juicio, la llegada de profesionales foráneos. "Es una especie de arancel lingüístico destinado a defender determinados puestos", denuncia. Según él, ya hay profesionales que se están planteando marcharse de Galicia y comenta que algunos alumnos de O Barco, en Ourense, se han "matriculando en el Bierzo para tener una educación en castellano".

Autoridad moral
Aunque "la peor parte será para los niños", Pousada y Lago se preguntan por qué en las pruebas de acceso se puntúan más los cursos de gallego que una tesis doctoral y creen que la nueva norma les afectará en el día a día. "Parte de tu autoridad moral es que acredites un conocimiento del lenguaje. Si titubeas puedes estar dando una razón para que el alumno reclame una nota, por ejemplo", opina él.

Profesores y padres de alumnos no quieren una «imposición» del gallego
La iniciativa procede de un colectivo denominado Tan gallego como el gallego
El 16 de junio podrían manifestarse en Vigo contra el decreto de enseñanza de la Xunta
La Voz vigo  8 Junio 2007

La Plataforma Tan gallego como el gallego convocó ayer a las diferentes Asociaciones de Madres y Padres del municipio de Vigo para exponerles sus puntos de vista respecto al decreto de normalización lingüística para enseñanzas no universitarias que entrará en vigor el curso próximo.

La principal preocupación de este colectivo es la pérdida de los derechos de los castellano hablantes ante la puesta en marcha del mencionado decreto, el próximo mes de septiembre.

En la reunión de ayer, a la que asistieron los representantes de 15 asociaciones de madres y padres de alumnos, los asistentes acordaron presentar en la Consellería de Educación las 12.000 firmas en contra del decreto que han recogido hasta el momento.

Esta entrega actuará a modo de ultimatum antes de barajar otras iniciativas de fuerza, como es la realización de una manifestación el 16 de junio. El colectivo ya solicitó el permiso para esta manifestación en la Subdelegación del Gobierno.

«No estamos contra la cultura gallega, ni contra el gallego, sólo queremos decidir el idioma en el que queremos que se eduque a nuestros hijos, no veríamos con malos ojos que se fijara un baremo del 50% como máximo para el gallego», decía una de las personas convocantes de esta reunión.

Miembros de este colectivo han denunciado que las direcciones de algunos centros educativos de la ciudad les han impedido recoger firmas contra el decreto de la Xunta dentro de los recintos escolares.

Quiénes son
Cómo se define el colectivo Tan gallego como el gallego. «Un grupo de padres y de profesores de enseñanza primaria, secundaria y universitaria nos hemos reunido a causa del "Plan de normalización lingúistica" de la Xunta de Galicia.

Conscientes del problema de aprendizaje que plantea para niños castellanoparlantes, y seguros de la pérdida de calidad que supone dictar una clase en la que no es tu lengua habitual, hemos escrito un manifiesto para pedir la paralización de este proceso. También recogemos la preocupación de aquellos padres que, viviendo en un contexto de comunicación habitual en gallego, sólo reciben enseñanzas en este idioma. Por esto, queremos hacerles llegar esta corriente de preocupación a la vez que la posibilidad de adherirse a nuestra petición, amparada por principios fundamentales de la persona».

Ahora queda esperar que hace la Xunta ante esta cuestión contestada por este colectivo.
El decreto de normalización sigue las directrices del Plan Xeral de Normalización Lingüística del 2004
El curso próximo entrará en vigor un decreto de normalización lingüística en la enseñanza no universitaria que ha sido consensuado por los tres partidos con representación en la Cámara autonómica. Este decreto sigue el espíritu del Plan Xeral de Normalización Lingüística aprobado por la Xunta en tiempo de la presidencia de Fraga, pero que no tiene rango de ley.

En la etapa de educación infantil, dice el decreto, que el profesorado usará en clase la lengua materna predominante entre el alumnado, tendrá en cuenta la lengua del contorno y cuidará que el alumnado adquiera de forma oral y escrita el conocimiento de la otra lengua oficial de Galicia. En el caso de contornos castellanhablantes, la utilización en esta etapa de la lengua gallega como lengua de comunicación y enseñanza, será como mínimo igual a la de la lengua castellana y fomentará la adquisición progresiva de la lectura y de la escritura en gallego, con la perspectiva de que este se convierta en el idioma base de aprendizaje, de modo que el alumnado obtenga una competencia que le permita comunicarse normalmente en gallego con el alumnado y el profesorado.

Para el resto de los niveles educativos no universitarios, el decreto dice que debe asegurarse como mínimo que los alumnos reciban las clases en gallego en un 50%, incluyéndose la materia de matemáticas entre las asignaturas a impartir en gallego.

EDUCACIÓN
Nace un foro de padres contra de la imposición del gallego en la enseñanza
Critican que se utilice a los alumnos como arma política y vinculan el fracaso escolar a la imposición de la lengua.
Redacción digital La Voz 8 Junio 2007

Un grupo de padres de alumnos de Secundaria han puesto en marcha una plataforma en contra de la imposición del gallego en la enseñanza. Con la iniciativa pretenden denunciar que los políticos «utilicen a los niños para salvar una lengua» sacrificando, según cuentan, «sus preferencias o la excelencia de su formación».

Los promotores de la idea se han puesto en contacto con La Voz de Galicia a través de una carta al director en la que expresan su indignación con el aumento de la presencia del gallego en fases formativas importantes y de gran fracaso escolar. «La imposición del gallego como lengua vehicular a alumnos que en su mayor parte no lo tienen como lengua materna dificulta el proceso educativo», manifiestan.

A través del escrito se exige a la Administración que separe la política de la enseñanza. Para ganar apoyos, han puesto a disposición de los interesados la página web: http://www.tangallegocomoelgallego.es/.

SÓLO EN LOS CENTROS QUE LO SOLICITEN
El Gobierno cede ante ERC y no habrá tercera hora en castellano en Cataluña
El PSC se ha rendido a las presiones de ERC y finalmente ni siquiera la tercera hora de castellano en las escuelas catalanas será obligatoria y cada centro podrá decidir si la aplica a no. Para la Asociación por la Tolerancia esta medida tiene trampa porque con la presión actual, "con una normativa de curso que prohíbe emplear una lengua de comunicación que no sea el catalán", ninguna escuela se atreverá a pedirla.
Libertad Digital 8 Junio 2007

El Gobierno ha llegado a un acuerdo para que la tercera hora de castellano se imparta sólo en aquellos colegios que se molesten en solicitarlo. Finalmente, el PSC ha cedido a las presiones de ERC y se suprimirá la tercera hora de castellano impuesta por el Ministerio de Educación. Según han acordado los miembros del tripartito sólo aquellos colegios que lo soliciten podrán impartir una hora más de castellano.

La presidenta de Asociación por la Tolerancia, Marita Rodríguez, cree que con a la presión actual ninguna escuela se atreverá a pedirla: "Cuando hay un presión como la que hay, con una normativa de curso que prohíbe emplear una lengua de comunicación tanto interna como externa que no sea el catalán, decirle al centro: decidan ustedes. Con esta presión ¿qué van a decidir los centros?".

Rodríguez entiende que de esta forma "allanan el terreno para que todos los centros se pronuncien en el sentido que desean los políticos". Además, cree que esta actitud del ejecutivo de la Generalidad "es aberrante" porque parece que quieren olvidarse de que el castellano es la lengua oficial y "la lengua en la que se expresan muchos catalanes".

PSC, ERC e ICV-EUiA cerraron este miércoles un acuerdo que pasa por que cada centro, teniendo en cuenta su entorno sociolingüístico, aplique según su criterio el real decreto del Gobierno de mínimos para Primaria. Con este acuerdo el gobierno catalán se garantiza el apoyo de ERC al decreto del departamento de Educación, dirigido por el socialista Ernest Maragall, después de que en la última semana Esquerra haya amagado con acentuar su perfil propio en esta cuestión dentro del ejecutivo catalán.

Carod: "Fija la posición del Govern en relación al sistema educativo"
El consejero de educación, Ernest Maragall resaltó que los decretos de Educación Primaria y también de Secundaria son de una "legalidad impecable", y confió en que el dictamen de la comisión jurídica asesora lo confirme, por lo que ambas normativas "dan seguridad jurídica al sistema educativo catalán" y "ejercen al límite la defensa de nuestras competencias". "No estamos incurriendo en ningún tipo de riesgo", sentenció Maragall.

Por su parte, Carod Rovira señaló que el decreto de Primaria "fija la posición del Govern en relación al sistema educativo", y remarcó que se trata de una postura del Gobierno catalán y no de un sólo partido, aplaudiendo, al mismo tiempo, el trabajo de Maragall al frente de las negociaciones.

Carod reiteró, además, que el decreto no modifica el número de horas de catalán o castellano porque "el modelo que se ha seguido ha funcionado bien" y "no existe justificación para que se haya de incrementar la docencia de horas de castellano". "Queda claro que si hay una lengua que está en necesidad de atención es el catalán", indicó.

El consejero de Educación explicó en rueda de prensa que los centros educativos podrán impartir una tercera hora en castellano a través de asignaturas no lingüísticas –como matemáticas o ciencias sociales– o a partir de las 665 horas que todas las escuelas tienen durante toda la etapa de libre disposición.

La Generalitat cede ante ERC y no obliga a aplicar la tercera hora de castellano
IVA ANGUERA DE SOJO ABC 8 Junio 2007

BARCELONA. El Gobierno catalán ha optado por hacer caso omiso de los decretos de enseñanzas mínimas del Gobierno, que establecen la obligatoriedad de una tercera hora lectiva en castellano, y dejar en manos de los centros la aplicación o no de esa norma. Eso sí, aquellos centros que opten por dar una tercera hora lectiva en castellano lo harán con libros y material didáctico en catalán.

Así lo anunció ayer el consejero de Educación de la Generalitat, el socialista Ernest Maragall, acompañado -o escoltado- para la ocasión por el vicepresidente del ejecutivo catalán, el republicano Josep Lluís Carod-Rovira. Ambos dirigentes presentaron con toda solemnidad el «acuerdo» alcanzado por los tres partidos que dan apoyo al Gobierno catalán sobre el desarrollo en Cataluña de la Ley Orgánica de Educación (LOE).

Un texto del que ha desaparecido la tercera hora de castellano que sí incluía el borrador preparado por el Departamento de Maragall, que ya provocó las iras de sus socios de gobierno hace dos meses, cuando se filtró a la prensa sin haber pasado el filtro del consejo técnico, en el que están representados los tres partidos.

ERC saca pecho
La crisis abierta en Esquerra por los malos resultados electorales del 27-M ha obligado además a la dirección republicana a endurecer sus posturas, y la nueva política independentista tiene su primera traducción, con la aquiescencia del presidente Montilla, en el Decreto de Primaria.

En este contexto, Maragall aseguró ayer que el texto que el Consejo Ejecutivo de la Generalitat aprobará el próximo martes -si la Comisión Jurídica Asesora de la Generalitat le da su visto bueno- «ejercen hasta el límite la defensa de nuestras competencias» en materia educativa, ampliadas por el nuevo Estatuto de Autonomía, y se motró convencido de la «legalidad impecable» del texto porque se corresponde con la norma de máximo rango de la legislación aplicable, que no es otra que el Estatuto. «Incluso en el caso de que el Tribunal Constitucional nos diera la razón este decreto se podría mantener prácticamente intacto», afirmó Maragall, lo que da idea de la escasa relevancia dada a la legislación gubernamental del Gobierno.

«Los horarios mínimos de catalán y castellano quedan como estaban hasta ahora en primaria», señaló el consejero, ya que la aplicación de la tercera hora semanal de clase «en castellano» puede aplicarse dentro de las 655 horas de libre disposición para el centro o a través de asignaturas no lingüísticas. Eso sí, la asignatura de «estructuras comunes del lenguaje» deberá impartirse obligatoriamente en catalán, aunque se considera común a catalán y castellano.

El nuevo texto oficializa además la elección del catalán como lengua vehicular de la educación en esta comunidad y legisla por primera vez la adopción del modelo de inmersión lingüística, tal y como destacó Carod, además de extender esa inmersión lingüística a los cursos de secundaria -una medida que tiene como objetivo al alumnado de origen inmigrante que no conoce el catalán-. De hecho, la nueva realidad dibujada por la inmigración sirvió tanto a Carod como a Maragall para justificar esta nueva vuelta de tuerca en favor del catalán, que «sigue siendo la lengua en situación de riesgo», recordó el líder de ERC.

Falsas garantías por parte de la Generalitat
Cartas al director, Cataluña EL MUNDO 8 Junio 2007

Sr. Director:

El artículo 21.2 de la Ley de Política Lingüística de Cataluña establece que «los niños tienen derecho a recibir la primera enseñanza en su lengua habitual, ya sea ésta el catalán o el castellano».

Todos sabemos que en la práctica es imposible elegir el castellano. Sin embargo, el consejero autonómico Joaquim Nadal sorprendió durante la precampaña electoral asegurando que los padres tendrían «plenas garantías para escolarizar a sus hijos en la lengua que quieran» y el artículo 21 se iba a cumplir.

El caso es que estos días está teniendo lugar la matriculación para enseñanza infantil y primaria en Cataluña y los padres que solicitan la escolarización de sus hijos en castellano se encuentran una y otra vez con el no como rotunda respuesta. En todas partes.

Ahora habría que preguntar al conseller Nadal dónde están las «plenas garantías» de las que habló, y al president Montilla por qué se sigue sin cumplir la ley en Cataluña.

José Gutiérrez. Barcelona.

Domingo lamenta la «bajada de pantalones» de Maragall
Cataluña, El Mundo  8 Junio 2007

José Domingo, diputado de Ciutadans en el Parlament, se mostró ayer extremadamente crítico con el anuncio del decreto que evitará la tercera hora obligatoria de castellano en las escuelas catalanas. Lo calificó de «regresivo» y «escandaloso», y afirmó que «los condicionamientos de ERC están determinando la acción de gobierno».

Domingo aseguró que el decreto que ultima Educació supondrá «una mala noticia para Cataluña», porque «se traducirá en que los niños catalanes no podrán gozar del grado de conocimiento necesario en castellano».

El diputado de Ciutadans mostró su esperanza en que «el PSOE y Mercedes Cabrera presenten los correspondientes recursos», al tiempo que calificó la actitud de Ernest Maragall, que en principio no era contrario a la tercera hora de castellano, de «bajada de pantalones» ante Esquerra Republicana.

Ruptura de la tregua
Las entrañas de ZP
José María Marco Libertad Digital 8 Junio 2007

Como era de esperar, las declaraciones televisivas de Rodríguez Zapatero continúan las de la declaración previa, hecha el mismo día del comunicado por el que les etarras le comunicaban el fin del "alto el fuego". La misma vaciedad de contenidos, y la misma suposición: la de que los españoles somos imbéciles, que se nos puede mentir a mansalva, que estamos dispuestos a aceptar cualquier cosa que venga del poder. Pero eso no es lo más importante.

Lo es más aquello que Rodríguez Zapatero insinuó una y otra vez: que el principal responsable de la ruptura del "proceso" es, después de los etarras, el Partido Popular. Esa sugerencia, y la suposición de que el electorado español es estúpido, parecen justificar su continuidad en el Gobierno. En cualquier otro país un presidente que hubiera visto fracasar el eje fundamental de su política, como le ha ocurrido a Rodríguez Zapatero con su política de cesión a los terroristas, habría presentado su dimisión. Zapatero no lo va hacer.

Y es que no ha dado por cerrado su "proceso". Esto es lo fundamental de todo el episodio, y lo más grave. Rodríguez Zapatero y los etarras han estado dialogando estos días a través de los medios de comunicación, con la opinión pública española de espectadora. Por eso Rodríguez Zapatero no ha aceptado preguntas ni ruedas de prensa. Nada de interferencias.

Los etarras le han mandado un aviso después de haber reforzado su posición gracias a las últimas elecciones. Y una vez más, Rodríguez Zapatero ha respondido intentando congraciarse con ellos. En el diseño alucinado de la nueva España zapateril, es indispensable integrar al nacionalismo violento y expulsar al PP. La sugerencia de que el PP es uno de los responsables del fracaso –momentáneo– del "proceso" resulta siniestra, como si se hubiera puesto en marcha a cara descubierta el verdadero proceso, el auténtico, que no es otro que la liquidación del partido de la oposición.

Lo que ocurra a partir de ahora irá a cuenta del accidentado camino transitado por Rodríguez Zapatero con la cruz de su ansia infinita de paz a cuestas. Hay que entenderlo. Él es una víctima, y no una cualquiera, sino la principal, la que asume como propio el dolor causado por quienes no entienden su objetivo. Por eso en su rostro la expresión de odio resulta indiscernible de la petición de compasión.

Y todo, como dice un amigo que conoce bien al PSOE, para llegar a las elecciones generales en marzo, una fecha que permitirá escenificar el recuerdo del 14-M con el PP, otra vez, de responsable de la violencia. Las entrañas de Rodríguez Zapatero, tan complicadas de descifrar, no le piden otra cosa.

Zapatero dinamita el encuentro con Rajoy
Pablo Sebastián Estrella Digital 8 Junio 2007

Convencido quizás de que no iba a conseguir nada a su favor, y menos aún la sumisión del PP a su fracasada política sobre el terrorismo, y a sabiendas de que la única manera de mantener unido a su partido en estas difíciles circunstancias —derrota en las municipales y final de la tregua de ETA— era la de satanizar al primer partido de la oposición, Zapatero lanzó anoche un duro ataque contra el PP, y contra Rajoy, en las vísperas del anunciado encuentro del próximo lunes en el palacio de la Moncloa. Un encuentro que, con toda intención, ha dinamitado previamente Zapatero y que ya veremos si se celebra, aunque sea a cara de perro.

El propio entrevistador del presidente, el presentador del informativo de la Cuatro, Iñaki Gabilondo —que al parecer había amenazado con suspender la entrevista si Zapatero ofrecía otra con anterioridad a TVE—, le preguntó en un momento de la conversación al presidente si el encuentro con Rajoy se iba a celebrar, a la vista de lo que estaba diciendo Zapatero del PP y del líder de la oposición.

Por lo que vimos anoche en televisión, Zapatero se ha quitado muy pronto el luto y la cara compungida que exhibió en el palacio de la Moncloa, a las pocas horas de que ETA anunciara la ruptura del alto el fuego. Y como si se hubiera inyectado una dosis doble de optimismo antropológico, apareció sonriente y agresivo, sin decir una sola verdad sobre su responsabilidad en el fracaso del proceso de negociación con ETA, y de su más que necesaria rectificación que ya ha empezado a poner en marcha, poco a poco, con el ingreso de De Juana en la cárcel, la acusación de la Fiscalía contra Otegi y sus dudas sobre lo que va a pasar en Navarra, dando en estos capítulos la razón al Partido Popular, de la misma manera que empezaba a reconocer el error de haber legalizado a ANV/Batasuna, porque ahora dice que los van a vigilar de cerca.

Es decir, que, consciente de su cúmulo de errores y del impacto electoral y social de su demencial política sobre el terrorismo, Zapatero empieza a rectificar pero sin querer reconocerlo públicamente. Y no sólo eso; con un descaro que da idea del desvarío que padece, dijo que el Partido Popular es el que debe estar arrepentido de su posición sobre la lucha antiterrorista, al tiempo que lanzaba una serie de improperios contra el PP, al que acusó, una y otra vez, de usar el terrorismo en su principal argumento opositor, declarando su convencimiento de que esto seguiría así hasta el final de la legislatura, que según Zapatero acabará en marzo del 2008, sin que medie un adelanto electoral, otro pronóstico que habría que poner en duda porque el presidente no suele decir la verdad.

Y la verdad es que nunca, desde el inicio de la transición, ningún presidente español, ni Suárez, ni González, ni Aznar, se lanzó a una negociación con ETA sin el apoyo del otro gran partido nacional y de las víctimas de ETA, como lo hizo Zapatero con gran temeridad y frivolidad, y poniendo sobre la mesa negociadora y otras mesas paralelas con los partidos nacionalistas numerosas concesiones políticas y, en cierta manera, también la oferta de una reforma confederal del Estado —ayer admitió que con ETA se habló de Navarra—, cuestiones éstas que no aparecieron en la entrevista. Aunque sí surgieron otras, como las elecciones del 2004, de las que dijo que Rajoy no había asumido su responsabilidad —por ejemplo, dimitiendo como líder del PP, como ha dimitido Simancas en Madrid—, al tiempo que acusaba a los populares de estar apoyando, políticamente, la llamada conspiración del 11M, que agitan a diario El Mundo y la COPE y en la que es cierto que han colaborado varios dirigentes como Acebes y Zaplana.

En suma, ¿para qué llama Zapatero a Rajoy, y por qué debería ir Rajoy a la Moncloa después de los ataques y descalificaciones recibidos ayer? Pues porque uno y otro querrán culpar al contrario de la ruptura definitiva entre el PSOE y el PP. Una fractura insoldable de la que Zapatero hizo gala en el día de ayer con una eufórica agresividad con la que pretendió aparentar entereza, mientras espera la macabra respuesta de ETA y puede que algún error de bulto del PP, a ver si con una u otra cosa consigue recuperar el fervor perdido de los ciudadanos y de su partido, a los que ayer quiso dar ánimos y esperanzas en un extraño ejercicio de exorcismo de sus errores, intentando, simultáneamente, satanizar el PP, cuando los hechos prueban que el problema está en él.

Sin confianza en Zapatero
Jorge Vilches Libertad Digital 8 Junio 2007

El Gobierno no transmite confianza, cuando la confianza es, sin duda alguna, el principal valor de cualquier Ejecutivo, máxime en democracia. Y esto lo prueba el que tras la derrota del 27-M, es decir, antes del comunicado de ETA rompiendo la "tregua", ya se estaba hablando de la posibilidad de adelanto electoral y de la muerte prematura de la legislatura.

¿Por qué no genera confianza? Principalmente porque no ha acertado en nada concerniente a la gran política, generando la sensación de que no puede resolver ningún problema importante.

El Gobierno se equivocó en una reordenación territorial fundada en satisfacer, a corto plazo, el ansia localista de poder. Esto se tradujo en una incomprensible carrera por conseguir nuevos Estatutos, que se han encontrado con la mayoritaria indiferencia de los ciudadanos, como atestigua la bajísima participación en los referéndum.

A esto, el zapaterismo le ha unido una barra libre de naciones, adheridas a peripatéticas razones étnico-lingüísticas, en el marco de un Estado plurinacional y multicultural que, francamente, marea a la hora de ubicarse en el mundo.

Las alianzas políticas del PSOE también fueron erróneas. Se empeñó en hacer del Pacto del Tinell el marco de referencia para la construcción del nuevo Estado, excluyendo al PP de la vida política. Para ello se alió con los antisistema, como ERC, BNG o IU, insistiendo en que ir de la mano de los que repudian la Monarquía parlamentaria, la democracia liberal y el libre mercado le daba el marchamo de hombre de Estado.

Y si la opinión pública no podía comprender esos pactos para "reordenar" el Estado sin contar con el partido de la oposición, menos aún la política exterior del Gobierno. ¿Qué decir de la ruptura con Estados Unidos? ¿Del innecesario apoyo a los derrotados Kerry, Schroeder y Ségolène? ¿Para qué insistir en la vacía e inútil "alianza de civilizaciones"? ¿O en la amistad con la dictadura cubana y el totalitario Chávez?

Pero aún hay más. El gran error ha sido el "proceso de paz". Porque el País Vasco no es Irlanda, ni Zapatero es Blair. Las cesiones en los casos de De Juana y Otegi, la actuación del Fiscal General con ANV o el tratamiento bondadoso de las actividades de ETA –con robo de armas y asesinatos incluidos– son incomprensibles para la mayoría de los españoles. Y lo peor ha sido el tiempo perdido para la derrota de la banda, cinco años, y que se ha permitido el fortalecimiento de ETA.

Los etarras no defraudan porque nada se espera de ellos y así lo hemos dicho siempre. Sí defrauda un Gobierno legítimo que, con todo el poder de la ley en la mano, podía haber fulminado a una banda agonizante. En este caso, no vale la excusa de las buenas intenciones, ni la referencia al derecho que, supuestamente, le asiste a todo Gobierno para intentar la negociación. ¿O es que la experiencia, la historia de otros que lo intentaron, no sirve para nada?

El Gobierno ha perdido la confianza de los españoles y el tiempo. Con ello, la sensación que deja es que antes había unos que agitaban el árbol y otros que recogían las nueves y que ahora, en este jardín plurinacional, sabemos que también hay un guindo del que se acaba de caer Zapatero.

Ruptura de la tregua
Falaces progres
Juan Carlos Girauta Libertad Digital 8 Junio 2007

La paz zapatera nunca ha existido, ni tampoco la tregua. Ahí están los muertos de Barajas. Fue sólo una idea (mala), una consigna, un mantra, un anzuelo para incautos. Desde la emisión del documento etarra, ya ni siquiera sirve como engaño.

A la nueva línea de actuación etarra había de seguir forzosamente la azorada reacción de los apaciguadores. Reacción que ya ha llegado, que ya nos persigue, que ya nos estomaga, que inunda los análisis paupérrimos de la prensa sectaria, que es casi toda.

Así, la disciplinada progresía ha arrancado a entonar en coro la más falaz y desesperada cantinela que recogen los nutridos anales de la propaganda liberticida en democracia. Su argumento único es este: la ruptura de la tregua desmiente a cuantos acusaban al presidente de haber cedido, de haber hecho concesiones la banda. (En su lógica, las treguas terroristas nunca se rompen si hay concesiones.)

Solemne majadería. Lo que confirma el comunicado de la ETA es todo lo contrario. Veamos por qué. En primer lugar, elucidar si ha habido o no concesiones es operación que no precisa inducirse de modo tan retorcido. Haga lo que haga la ETA, lance una bomba nuclear, proceda a un suicidio colectivo o se convierta en escuela budista, sus actos no son necesarios para juzgar los actos previos de un tercero, que es en este caso el Gobierno de España. Y el PSOE. Y sus aliados.

Las concesiones y renuncias están a la vista, no requieren juegos de espejos trucados: ¿Se ha podido presentar o no el entramado etarra a las elecciones municipales? ¿Ha recibido o no trato de favor el carnicero De Juana? ¿Ha podido o no actuar públicamente la organización terrorista Batasuna en ruedas de prensa, concentraciones y congresos? ¿Ha llegado a plantearse o no con normalidad el debate sobre la "territorialidad" y la "autodeterminación" (con esos u otros nombres)? ¿Adaptó o no la Fiscalía su actuación a las "nuevas condiciones"? ¿Habló o no habló Patxi López de comprender las razones del enemigo? ¿Dijo o no dijo el presidente de algunos terroristas que estaban por la paz? Por cierto, la respuesta afirmativa a las últimas preguntas indica una devastadora concesión moral: la legitimación del terrorismo como método para alcanzar objetivos políticos.

Las concesiones han existido pues. Y lo que demuestra el último comunicado etarra es lo contrario de lo que afirma el progrerío. Demuestra que el apaciguamiento, lejos de aplacar al terrorismo, lo refuerza. Demuestra que no cabe negociar nada con la ETA, porque es ilegal y porque sus mínimos "negociadores" no están en manos de ningún gobierno, ya que afectan a la unidad de España. Demuestra que los terroristas siempre interpretan las concesiones como signos de debilidad, como señales inequívocas de que hay que atacar con más fuerza. Que es justo lo que advertían el PP, la AVT y el pensamiento libre. ¿Vale, Marujita?

Zapatero nunca se equivoca
EDITORIAL Libertad Digital 8 Junio 2007

Tras la esperada entrevista de Gabilondo en la televisión de Polanco por la que Zapatero dio plantón a TVE, se acentúa la sensación de que el presidente del Gobierno está noqueado. Cuando a un gobernante que ha fracasado estrepitosamente en su apuesta más personal sólo se le ocurre salir de atolladero diciendo que se va a centrar durante el resto de la legislatura en luchar contra el cambio climático, es que ha perdido ya cualquier contacto con la realidad.

Zapatero empezó su proceso de rendición creando una crisis de la nada. El problema del terrorismo nacionalista vasco ocupaba uno de los escalones más bajos de las preocupaciones de los españoles, después de que la eficacia policial y la ilegalización del entorno etarra hubieran reducido su capacidad de actuar a las cotas más bajas de la historia de ETA. Sin embargo, acabar con la banda era de pronto tan importante que, pese a su debilidad, estaba justificado realizar concesiones.

Porque lo cierto es que, con comunicado o sin comunicado de ruptura de la tregua, no cabe duda de que el Gobierno ha cedido. La presencia de ANV en los ayuntamientos y del PCTV en el Parlamento vasco, la internacionalización del "conflicto" llevándolo a la Eurocámara, el planteamiento público del propio Zapatero sobre la posibilidad de la autodeterminación, las reuniones de Patxi Nadie con la formación ilegalizada, la libertad de Otegi, los paseos de De Juana o el desprecio a las víctimas del terrorismo son sólo algunos de los ejemplos. Argumentar, como hace el presidente, que el hecho de que ETA rompa el alto el fuego "permanente" prueba que no ha cedido es, por tanto, mentira.

De hecho, lo que prueba el comunicado es que ETA, como siempre habían argumentado tanto el PP como la AVT, es insaciable y nunca se conforma. Que interpreta la cesión como debilidad. El tiempo les ha dado la razón. Pero como buen progre que es, Zapatero no puede equivocarse, de modo que ha desechado esas explicaciones razonadas desde la historia y el sentido común y se ha enrocado, echándole incluso la culpa de su fracaso a quien no tiene poder alguno para hacer ni deshacer en todo este embrollo del proceso en que decidió embarcarse él solo, sin ninguna necesidad. A no ser, claro, que su objetivo no fuera la "paz" sino la rendición, y ETA la excusa perfecta para reducir a migajas tanto la unidad de la Nación española como el Estado de Derecho que en ella tiene su base.

Tiene razón Zapatero al reconocer que la reunión del lunes con Rajoy no va a servir de nada. No está dispuesto a dar marcha atrás en lo importante, por más que haya hecho a De Juana un pretendido símbolo del fin de la impunidad del terror. Y si el líder del PP ha aprendido algo durante esta legislatura es que jamás hay que confiar en nada de lo que diga el presidente del Gobierno. Sólo los actos importan, y Zapatero no ha destituido a Conde Pumpido ni ha instado a la ilegalización de PCTV y ANV. Algunas de las reuniones anteriores fueron todo un éxito para el presidente, especialmente aquella que le permitió maniatar al líder de la oposición en el debate sobre el estado de la Nación. Pero resulta difícil que vuelva a conseguirlo. Lo que sigue sin estar claro es para qué acude Rajoy a La Moncloa, cuando ya ante Gabilondo ha dejado claro el presidente que no va a cambiar de actitud.

Eso sí, que el mismo hombre que llamaba a los directores de los periódicos para convencerles de que el atentado del 11-M era islamista, que jamás ha condenado los asaltos a las sedes del PP en el día de reflexión, que firmó un pacto antiterrorista para compartir los éxitos de Aznar en la lucha contra ETA mientras lo traicionaba reuniéndose con la banda tenga la caradura de decir que "es incapaz" de ser desleal al Gobierno en la lucha antiterrorista sólo demuestra una cosa: que si la izquierda no tuviera una mayoría mediática tan abrumadora, Zapatero ya habría salido del poder humillado y aborrecido por la opinión pública. No merece menos un presidente que con su política ha resucitado a la banda terrorista ETA, tirando a la basura los años de trabajo que había costado reducirla a ese estado.

Regreso al punto cero
Lorenzo Contreras Estrella Digital 8 Junio 2007

Suele ocurrir. Cuando, por los motivos que fueren, la actividad policial se endurece, empiezan a producirse detenciones de etarras en Francia, y ahora quizá con la ayuda de Sarkozy en mayor medida. A su vez, en España, la Guardia Civil activa la desarticulación de los GRAPO que todavía existen más o menos organizados, siempre sobre la base de que el comando que cae como resultado de este nuevo celo en materia de seguridad es siempre “el último comando operativo” de aquella ya fantasmal banda, cuya última fechoría, el secuestro y posterior desaparición del empresario Publio Cordón, ha quedado sin resolver, tras el correspondiente e inútil pago de su rescate. Podrían decir las Fuerzas de Seguridad que ha caído el penúltimo comando; pero no, siempre es el último. Hasta la próxima vez.

A Zapatero le ha caído encima el peso de la lógica, y ha tenido que restituir a De Juana Chaos el verdadero y último destino que le correspondía: la cárcel y no su domicilio, ya repuesto de su ayuno chantajista y penitenciario.

Naturalmente, desde el mundo abertzale proetarra se habla de venganza contra el asesino en serie. Pero no es venganza: es respuesta oficial al incumplimiento por parte de ETA del acuerdo de tregua. No es probable que De Juana reincida en su táctica de ayuno. Y si reincide, peor para él. Sabe de sobra que el truco ya no le vale, ni a él ni a la banda.

De momento no se toman medidas de ilegalización contra la nueva marca electoral de ETA, la ANV, que de todos modos ya tiene a sus electos bien amarrados a los escaños que ganaron con votos perfectamente calculados y previstos, siempre con la colaboración y ayuda del poder. ¿Qué podría haber hecho ahora Garzón, que el pasado 28 de abril concedió en uno de sus singulares autos “plena legalidad” a la marca de museo que ETA rescató para sí misma? El juez-estrella argumentó en su auto que ANV “se engloba en aquellas organizaciones que no pertenecen a ETA-Batasuna, aunque coyunturalmente pretendan ser instrumentalizadas o finalmente lo sean”. Añadía Garzón que “ANV no ha sido creada ni dirigida por ETA antes del 2001, no ha estado ni está bajo la disciplina de ETA después del 2001 y al día de hoy no es un instrumento de ETA-Batasuna”.

A la vista de tan contundentes razonamientos, a ver quién arregla hoy el asunto de la intromisión de ANV en la legalidad institucional, o a ver qué clase de instancia judicial u oficial es capaz de modificar tan “certeras” conclusiones. El famoso magistrado ya seguramente se contagió de los principios de Conde-Pumpido, relativos a la inevitabilidad de que las togas se arrastren por el polvo del camino.

A la vista del empeoramiento de la situación con el final de la llamada tregua, Garzón ha cumplido órdenes de mayor severidad y ha prohibido que Otegi y Barrena salgan de España para asistir en Sudáfrica a una especie de seminario internacional sobre la paz. Y Pernando Barrena, antes de conocer esta decisión judicial, había advertido respecto a las posibilidades del llamado “proceso” pacificador en nuestro país: “Que nadie se engañe. No hay plan B, no hay alternativa al proceso. El Estado español no tiene otra opción viable. Ya ha ensayado otras vías y ha cosechado fracaso tras fracaso”.

Esto lo decía Barrena diez días antes del anuncio etarra de ruptura de la supuesta tregua. Todo estaba, por tanto, en marcha. Los mahaikides estaban advertidos y aleccionados. El único que parecía no haberse enterado de lo que se avecinaba era quien más obligación tenía de prevenirse, o sea, un tal Zapatero. Ahora pide comprensión y colaboración a todo el mundo, sin prestar las indispensables garantías, arrastrado a la fuerza y con su viejo ánimo claudicante más claudicante que nunca.

Naufraga el proyecto político nacido del 11-M: sólo cabe el recurso a las urnas
Federico Quevedo El Confidencial 8 Junio 2007

Puede decir Rodríguez lo que quiera, e incluso bromear en un momento tan grave como éste –lo cual delata mucho de su catadura moral- con si le ha anunciado o no al Vaticano sus intenciones, pero en el fondo él mismo sabe que la única salida que le queda al naufragio de su proyecto político, no del proyecto político del PSOE, sino del suyo propio nacido de las bombas de Atocha, es convocar a los ciudadanos a las urnas. Porque cuando todo el castillo de naipes que había construido Rodríguez como diseño de su política se ha venido abajo de la manera en que lo ha hecho, la única alternativa es enfrentar sus decisiones al veredicto de las urnas. Y es que en estos días, desde que la pandilla de canallas anunciara el final de lo que ya había terminado muchos meses antes, se habla mucho de si Rodríguez tiene responsabilidad o no en esta situación y, perdónenme que lo diga con esta crudeza, pero ¡vaya si la tiene! Y muy grave responsabilidad.

Afirmar lo contrario es lo mismo que otorgarle a un Gobierno un cheque en blanco o impunidad en su actuación, y no es así. Aznar tomó la decisión de respaldar la Guerra de Iraq, y es responsable de haberlo hecho y de las consecuencias que eso tuvo, como Felipe González fue responsable de poner a Luis Roldán al frente de la Guardia Civil o de permitir que su partido se liara la manta a la cabeza con la financiación ilegal. Eso, entre otras muchas cosas. Rodríguez tomó la decisión de negociar con ETA y de hacer concesiones a la banda terrorista: decidió excarcelar a De Juana, decidió que la Fiscalía no actuara contra el entorno etarra, decidió permitir que la izquierda abertzale volviera a las instituciones... Es responsable de esas decisiones, y de las consecuencias que esas decisiones tienen como, por ejemplo, que han servido para que ETA se fortalezca y ahora podamos afirmar que esta tregua-trampa solo ha valido para perder, no ya un año en la lucha contra el terrorismo, sino una década entera.

Y esa es, sin duda, la principal responsabilidad de Rodríguez. Volver a recomponer todo lo que este presidente accidental ha roto va a costar muchos esfuerzos, y por eso es necesario ponerse cuanto antes manos a la obra, por la vía del consenso, una vez que el Partido Socialista se haya desembarazado de este lastre. Rodríguez inició esta legislatura con un proyecto político, nacido de aquellos atentados de Atocha sin los que no hubiera nunca llegado al poder, fundamentado en cuatro pilares esenciales: el primero, una nueva configuración territorial del Estado que condujera hacia un modelo confederal, lo que le permitía afrontar el segundo pilar, es decir, la pacificación de Euskadi por la vía de la cesión territorial. Ambas cosas iban unidas y, de hecho, la inclusión del término nación en el Estatuto Catalán era, en parte, un mensaje a ETA, el de que también el País Vasco sería una nación, con Navarra formando parte de la misma.

El tercer pilar, necesariamente vinculado a los dos anteriores, era la exclusión de una parte importante de la sociedad y del partido político que la representa de ese proyecto, y de ahí la estrategia de crispación mediante leyes y decisiones políticas dirigidas a soliviantar los ánimos de al menos la mitad de la ciudadanía –leyes sociales como la de los matrimonios gays, la Ley de Memoria Histórica, enfrentamientos con la Iglesia, etcétera-. El cuarto pilar era inevitable en un proyecto que ambicionaba una cierta forma de absolutismo populista: el control de los principales actores económicos. Pues bien, este proyecto político hace aguas por sus cuatro costados. Las alianzas de Rodríguez con el nacionalismo radical, que tantas alegrías han dado a los barones más ‘españolistas’ de su partido, se han venido abajo una vez que es evidente que el marco legal del Estado de Derecho –ya veremos qué dice el TC- complica sobremanera la pretensión confederalista de Rodríguez, sobre todo cuando el Gobierno no cuenta con un respaldo numérico lo suficientemente contundente como para afrontar un proyecto de tal naturaleza, y porque, además, ha fracasado en el tercer pilar, es decir, en la pretensión de exclusión del Partido Popular, que no solo no ha desaparecido sino que, encima, ha ganado las elecciones municipales y autonómicas del pasado 27 de mayo.

Del cuarto pilar, mejor ni hablamos, a la vista de cómo ha acabado el principal elemento que Rodríguez había puesto al frente de la pretensión de ocupar los resortes económicos del poder. Sebastián es un cadáver político, el clan Intermoney está bajo sospecha, y todo ese entramado de intereses se deshace como un azucarillo en aguardiente. Quedaba el tercer pilar, la pacificación por la vía de la negociación y la cesión a la banda terrorista. En cierta ocasión escribí que ETA era como el escorpión que, subido a lomos de la rana, cruza el río y al final no puede evitar clavar el aguijón sobre su salvadora. Eso es, exactamente, lo que ha hecho ETA con Rodríguez. Muchos lo avisamos, y el siguió empeñado en mantener la expectativa al margen del sentido común y la cordura. Yo no sé a quién quería engañar Rodríguez, pero es evidente que ETA ha conseguido parte de lo que pretendía –fortaleza y financiación-, y que la banda sabía que sus ambiciones máximas no estaba en manos de Zapatero concedérselas, por lo que más bien parece que ha estado jugando con él hasta que ha decidido soltar lastre.

Y ahora ¿qué? Los voceros de este pelagatos, por todo argumento de defensa de lo indefendible, nos cuentan que su comunicado era el mismo que el de Aznar cuando acabó la tregua del 98. ¡Mentira! Empezando porque las circunstancias eran diametralmente distintas –aquella tregua fue el fruto de una negociación ETA-PNV, y ésta el fruto de una negociación Gobierno-ETA-, y terminando porque Aznar no dio ni un solo paso sin consultarlo y consensuarlo con el principal partido de la oposición, y así lo reconoció en su comunicado, y porque en ningún momento Aznar hizo algo tan despreciable como regalarle a ETA, cuando ya había decidido volver a matar, una referencia al ámbito de decisión vasco, como si ha hecho Rodríguez en su declaración. Es obvio que la miseria moral con la que Zapatero ha conducido este proceso va a seguir, al margen de que ahora recuperen parte de la firmeza perdida en la lucha contra el terrorismo, y lo va a hacer intentando demonizar al PP. Por eso, si de verdad queremos derrotar a ETA, es necesario que los españoles vuelvan a las urnas y elijan un Gobierno lo suficientemente fuerte como para volver a reconducir la lucha contra el terrorismo y recomponer los consensos que ha roto Rodríguez. Y, cuanto antes, mejor.

Rajoy debe ser inflexible
LÍNEA EDITORIAL minutodigital 8 Junio 2007

No han tardado en hacerse efectivas las consecuencias de ese “cambio de circunstancias” al que aludía el Ministro Rubalcaba. Cuando apenas habían transcurrido unas horas desde que ETA comunicara su decisión de poner, de manera unilateral, punto y final a al alto el fuego que emprendió en connivencia con el Gobierno, el terrorista Ignacio de Juana Chaos volvió a entrar en prisión. Se acabaron, por el momento, las vacaciones pagadas.

Aunque, como no podía ser de otra manera, celebramos el retorno a la cárcel de De Juana, cuanto menos, con el mismo entusiasmo con el que el sanguinario terrorista se regocijaba por la muerte de nuevos inocentes a manos de ETA, no nos es posible pasar por alto el hecho de que si durante meses De Juana ha disfrutado de privilegios penitenciarios inalcanzables para cualquier preso común, ello ha sido gracias a la oportuna intercesión del Gobierno.

Durante el tiempo que estuvo vigente el proceso de paz, y desde que el etarra se declarara en huelga de hambre, las diferentes instancias del Ejecutivo fueron cediendo, vergonzantemente, a cuantos chantajes les sometió De Juana. De nada sirvieron las múltiples y multitudinarias manifestaciones que se opusieron a su política antiterrorista. Sordo al clamor popular, Zapatero justificó las medidas de gracia concedidas al entorno etarra en general, y a De Juana en particular, en base a un escrupuloso cumplimiento de la Ley. La misma ley que, al parecer, ayer recomendaba el traslado a su casa y hoy determina el reingreso en prisión.

En este contexto, no es extraño que el ciudadano de a pie no alcance a comprender cómo los mismos dirigentes socialistas que durante meses se esforzaron en defender, todos a una, el trato privilegiado a Ignacio de Juana, acogiéndose a torticeros subterfugios legales, no duden ahora en defender la última resolución anticipada por Rubalcaba, prueba inequívoca de la naturaleza política de la decisión.

Ofende a la razón que el Gobierno, asumiendo un discurso diametralmente opuesto al que ha venido defendiendo en materia antiterrorista a lo largo de la legislatura, pretenda ahora darle la vuelta a la tortilla, arremetiendo contra el PP y culpabilizándole de lo que no es sino un estrepitoso fracaso personal. No menos chocante resulta el hecho de que el mismo presidente que no ha dudado en hacer uso y abuso del Estado de Derecho, contando para ello con la inestimable ayuda de su fiel vasallo, el Fiscal General Conde Pumpido, se atreva ahora a exigir la adhesión “sin condiciones del Partido Popular.

Del encuentro que el próximo lunes sostengan Zapatero y Rajoy, dependerá en buena medida el futuro de uno de los retos capitales a los que se enfrenta nuestra nación. El fracaso del proceso de paz no ha sido sino el fracaso de la política de Zapatero. Así parece haberlo reconocido implícitamente el Gobierno con su cambio de discurso. El presidente está aún a tiempo de rectificar su error, retomando de nuevo el pacto de las libertades que le ofrece el Partido Popular. Sólo la unión de los dos grandes partidos mayoritarios procurarán la derrota de ETA. No hay más opciones. O eso o nada. Por el bien de España Rajoy debe ser inflexible.

Las condiciones del pacto
JON JUARISTI ABC 8 Junio 2007

EL Partido Popular está moralmente obligado a proponer la restauración del pacto antiterrorista, pero no le conviene en absoluto hacerlo. Nada hay que permita prever un cambio en la política del Gobierno -o sea, en su carencia de política- frente a ETA, y no reportaría beneficio alguno al principal partido de la oposición secundar la previsible actividad errática de aquél en lo que quede hasta las elecciones generales, ni mucho menos comprometerse a renunciar a toda crítica de la misma. Rajoy está en una posición difícil que exige un colosal esfuerzo de imaginación. No debe dejarse arrastrar al abismo.

Su compromiso con la nación e incluso su compromiso con el electorado popular, que ha tragado demasiada bilis durante toda esta legislatura, es más importante que cualquier compromiso con Rodríguez, que ha demostrado con creces ser un personaje indigno de la mínima confianza, un inepto y un traidor compulsivo a todo acuerdo que haya podido suscribir con la derecha. Pactar, sí, pero sin pillarse los dedos. El nuevo acuerdo, si es que llega a haber alguno, tiene que dejar al PP la libertad de ejercer la crítica pública de los errores gubernamentales. Toda vez que esta desgracia de gabinete ministerial insiste en asumir la dirección de la lucha antiterrorista (lo que evidentemente le corresponde en el caso de no dimitir en bloque, que es lo que los políticos decentes habrían hecho a estas alturas), la oposición no debe corresponsabilizarse de su fracaso. Entre la situación óptima e imposible (dimisión del Gobierno y convocatoria inmediata de elecciones) y la pésima (reanudación de una trayectoria de dislates y claudicaciones con la oposición aherrojada por el pacto antiterrorista) existe un término medio, más o menos razonable, que el PP debe intentar definir. Una posición que permita apoyar las improbables medidas sensatas del ejecutivo -resignándose a que los eventuales éxitos de éstas, si se producen, sean rentabilizados en exclusiva por el PSOE- y censurar las iniciativas desatinadas. Se me dirá que para tal viaje no se necesitan alforjas, que no hace falta editar de nuevo el pacto antiterrorista. Y, efectivamente, es lo que pienso. Creo que le iría mucho mejor al PP si no modificase en lo más mínimo su actual relación con el partido del Gobierno, del que sólo cabe esperar más deslealtad. Con gente sin principios todo acuerdo es suicida.

Pero Rajoy ha alimentado la ficción de que se puede volver al pacto antiterrorista, una ficción que ha sido el fundamento de su crítica al repugnante «proceso de paz», a lo largo del cual se ha humillado a las víctimas, se ha cedido al chantaje de los pistoleros -hablo del inmundo caso De Juana, por supuesto-, se ha machacado a las plataformas cívicas, se ha perseguido al PP (incluso policialmente), se ha abandonado a su suerte a los constitucionalistas en el País Vasco y Navarra hasta el punto de provocar la defección electoral de los más tibios y se ha puesto a la sociedad española al borde del conflicto civil. La insistencia del PP en la necesidad de relanzar el pacto no ha sido torpe ni ingenua: no tenía otra salida, y tal actitud -que nadie sino un cretino o un sinvergüenza podría calificar ahora de irresponsable- lo compromete a mantener la oferta, aunque a algunos no nos guste. Ahora bien, la consecución de un nuevo acuerdo por las libertades y contra el terrorismo (que no sería estrictamente una mera restauración del anterior, ya que Rodríguez lo destruyó sin coste alguno) exigiría, por parte de Rajoy, la imposición al Gobierno de unas condiciones mínimas, todas igualmente necesarias, sin las cuales no merecería la pena entrar siquiera en los prolegómenos. A mi juicio, ninguna de las condiciones siguientes podría faltar del consenso previo:

En primer lugar, el carácter bilateral del compromiso, excluyendo cualquier concesión a ese multilateralismo tan caro a Rodríguez, que ha hecho de él la principal estrategia de exclusión del PP. A éste le asiste el derecho a prescindir, a efectos del posible pacto, de todos los acólitos nacionalistas e izquierdistas del ejecutivo. En principio, el pacto podría dejarse abierto a otras adhesiones, pero éstas no son esenciales ni Rajoy debe perder un minuto de su tiempo buscándolas. Sería un desperdicio de energía entablar cualquier discusión sobre el particular. Si algo ha dejado claro la presente legislatura es que los pequeños partidos representan lo más patológico de la democracia.

La ilegalización inmediata de ANV, con la anulación de sus listas de concejales, se ha convertido no ya en una condición política de cualquier acuerdo con el Gobierno, sino en un requisito indispensable de la lucha contra una banda que se ha declarado dispuesta a seguir matando. Urge la aplicación estricta de la Ley de Partidos cuando la propia ETA ha dado ya pruebas suficientes de que ANV es el movimiento de apoyo político a la red terrorista. La siguiente condición se deriva inmediatamente de ésta: cualquier acuerdo de gobierno entre los socialistas y Nafarroa Bai en Navarra es incompatible con el espíritu de un pacto antiterrorista, no porque los nacionalistas de esta última formación sean sospechosos de connivencia con ETA, sino por su apoyo a la legalización de ANV o de Batasuna, que viene a ser lo mismo. No puede admitirse ninguna alianza que menoscabe el arma jurídica fundamental de la lucha antiterrorista; es decir, la mencionada Ley de Partidos.

Aunque sea lo más difícil de obtener -y de garantizar-, el PP debe exigir del PSOE el compromiso público de no acudir a las elecciones con un nuevo proyecto de «proceso de paz». Las declaraciones de Rodríguez acerca de la «firmeza, unidad e inteligencia» que, según él, deben presidir este período final de la legislatura hacen temer lo peor. En particular, su personal glosa a la «inteligencia» refiriéndola a la imaginación para «luchar por la paz». Ya sabemos lo que entiende Rodríguez por ello, y lo malo no es que lo sepamos nosotros, sino que también lo sabe ETA, que por eso y no por otra cosa ha vuelto a las andadas ante la inminencia de unas elecciones generales. O se consigue del presidente del Gobierno la promesa firme y formal de que va a renunciar a proponer más atajos disparatados durante la campaña electoral o mejor sería que siguiésemos como estábamos hasta ahora. Conociendo el paño, me temo que es lo que Rajoy tiene más difícil. En cualquier caso, si se lograra, el PP debería reservarse el derecho de denunciar los incumplimientos del pacto, sin ponerse mordazas ni amedrentarse ante la demagogia del escándalo practicada por los portavoces del PSOE, Gobierno y grupo parlamentario socialista.

Zapatero, fuera
Enrique de Diego Periodista Digital 8 Junio 2007

Ningún interés tengo en debatir sobre lo que hizo Aznar. Aznar ilegalizó Batasuna y no permitió que los terroristas estuvieran en los ayuntamientos.

A mí, como a la inmensa mayoría de los españoles, me interesa el presente y el futuro. Por de pronto, felicitarnos a todos por la detención de tres etarras. Desde el programa A Fondo, mi pleno apoyo a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Me consta que han seguido trabajando a conciencia.

Me parecen patéticos los propagandistas del PSOE que a día de hoy se ven obligados a decir justo lo contrario de lo que decían ayer. Es imposible tener menos vergüenza.

No avalo, en ningún caso, la postura anunciada de Rajoy de acudir el lunes a la reunión de Zapatero sin condiciones.

La unidad de los demócratas pasa porque se vaya Zapatero cuanto antes.

La negociación con ETA no estaba en el programa electoral del PSOE y por eso aquí siempre han sido imprescindibles elecciones anticipadas que refrendaran o no esa arriesgada apuesta. Nadie le pidió a Zapatero que abriera la vía de la cesión. Esa ha sido una línea personal, sólo compartida por un grupo exiguo de socialistas, por Eguiguren, Patxi López y cuatro más.

No basta ni con que Zapatero reconozca su error, cosa que el okupa de La Moncloa ha estado bien lejos de asumir. Zapatero tiene indudables responsabilidades políticas.

Ha permitido rearmarse a ETA.

Ha permitido que ETA vuelva a las instituciones.

Ha permitido que ETA se refinancie, con el chantaje revolucionario y con fondos públicos.

Ha legitimado la violencia de ETA con un lenguaje ambiguo que recuerda en demasía a la autodeterminación.

Ha dejado impune el chivatazo policial a ETA en la operación contra el aparato financiero del bar Faisán.

Ha protegido, con la Fiscalía, a Otegi.

Ha impulsado campañas de descrédito contra quienes han criticado su política de cesión.

Zapatero es culpable y debe irse. Y Rajoy debe, por supuesto, poner condiciones. Entre otras, exigir la inmediata salida de la Fiscalía General del Estado de esa vergüenza nacional que responde al nombre de Cándido Conde-Pumpido.

No es que haya que utilizar la ruptura del alto el fuego de ETA para debilitar a zapatero, es que hay que echar democráticamente a Zapatero, cuanto antes, para que no debilite más al Estado de Derecho.

Muchos no hemos votado a Mariano Rajoy para que se pliegue a Zapatero.

No tengo problema alguno en apoyar una gran coalición PSOE-PP, pero sin Zapatero, porque no es la solución sino el problema.

El PSOE tiene hombres muy cabales, patriotas de honor, como Nicolás Redondo Terreros.

Zapatero fue incapaz ante Gabilondo de justificar el "proceso"
Editorial Elsemanaldigital 8 Junio 2007

El presidente del Gobierno concedió a Iñaki Gabilondo la primera entrevista tras la ruptura por ETA del "alto el fuego permanente". Durante su desarrollo se pudieron apreciar en un plató televisivo las mismas actitudes que Mariano Rajoy ha denunciado durante toda la legislatura en José Luis Rodríguez Zapatero.

Acosado por las preguntas claras, directas y comprometidas con las que Gabilondo arrancó la conversación, Zapatero fue incapaz de articular razones sólidas para empezar el proceso de paz y mantenerlo vivo hasta que ETA lo cerró. Resultaron poco convicentes sus reiteradas apelaciones a que era su obligación intentar acabar con la violencia, porque no aportó nunca datos que justificaran tan sostenido empeño.

Tampoco justificó por qué todos los indicios de que el empeño era vano (disparos al aire de los etarras encapuchados, robo de pistolas en Francia, atentado de Barajas) no le hicieron cambiar de opinión. Y pasó como sobre ascuas sobre los temas abordados en el proceso negociador, del cual afirmó que, en su duración real, fue muy breve.

Esto es, nada nuevo sobre lo que hemos visto en estos dos últimos años. Y tampoco fue nuevo que de las vacilaciones iniciales de la primera mitad de la entrevista, Zapatero pasase a sentirse cómodo cuando consagró la segunda mitad a criticar la actitud del PP durante el "alto el fuego". Incluso llegando hasta el sorprendente extremo de decir que los populares utilizarán el terrorismo como arma política hasta el final de la legislatura, torpedeando la entrevista del lunes con Mariano Rajoy, juzgada así perfectamente inútil.

Y, sin embargo, este jueves el PP ha brindado al presidente del Gobierno una ocasión oportuna y constructiva para alcanzar un consenso. Porque la buena fe de Zapatero, una vez que -ahora sí- da por concluida la tregua, puede demostrarse de un modo bien sencillo: instando de inmediato la ilegalización de los partidos abertzales, apoyados por la ya ilegal Batasuna, PCTV y ANV.

Así lo han propuesto el líder del Partido Popular, Mariano Rajoy, y el secretario de Libertades Públicas, Seguridad y Justicia del PP, Ignacio Astarloa. Según ellos, resulta legalmente posible llevar al Tribunal Supremo la demanda de ilegalización de ambas formaciones, como extensiones de ETA y de Batasuna según queda demostrado en los informes policiales que el Gobierno retuvo o hizo modificar hace unas semanas. Además, dado que los Ayuntamientos se constituyen el próximo sábado 16 de junio, si la ilegalización de Acción Nacionalista Vasca se produjese antes de esa fecha sus concejales electos no llegarían a tomar posesión, evitándose la paradoja –que se dio en la legislatura precedente- de que un partido fuese puesto fuera de la Ley pero sus miembros siguiesen ocupando cargos públicos.

La Ley de Partidos otorga la iniciativa en esta materia al Gobierno; y el actual Ejecutivo ya ha demostrado que es capaz de variar de criterio si varían las circunstancias, y de hacerlo en casos mucho menos discutibles como el chantaje de De Juana al Estado de Derecho. El mismo Gobierno que hace pocos días estaba dispuesto a mandar a su casa al asesino de veinticinco personas hoy lo encierra en una celda y dice estar dispuesto a alimentarlo de modo forzoso. Con el mismo criterio, las listas "no contaminadas" de ANV pueden ser revisadas, y no hará falta añadir nada a las conclusiones a las que las Fuerzas de Seguridad ya habían llegado.

Si Zapatero toma ahora esta decisión España ganará al menos dos cosas. Por una parte se evitará –según qué decida el Supremo- que los apoderados de ETA estén en Ayuntamientos y Diputaciones, tengan visibilidad mediática y accedan a financiación e información públicas. Por otra el presidente del Gobierno habrá demostrado la sinceridad de su "conversión", y de su voluntad de acabar con ETA desde el Estado de Derecho y en unión con el PP.

La ETA que no verificó el Gobierno
Editorial ABC 8 Junio 2007

LA detención de tres presuntos etarras en el sur de Francia merece ser celebrada porque confirma que, si hay voluntad política, es posible retomar el camino de la presión policial contra ETA, el único que realmente conduce a la paz, porque es el único que garantiza la derrota de los terroristas. La cooperación hispano-francesa ha dado fruto con esta operación conjunta y sólo cabe desear que sea una más de una larga serie que lleve a la erradicación de toda la infraestructura que ETA ha preparado minuciosamente durante estos últimos años de contactos y negociaciones, especialmente desde el falso alto el fuego anunciado el 22 de marzo de 2006.

Sólo un diagnóstico sincero y realista sobre la situación de ETA en la actualidad permitirá a los poderes públicos reemprender una estrategia antiterrorista eficaz. Por eso, la detención de los tres etarras en Francia tiene también una segunda lectura, compatible con la satisfacción por el éxito policial y el reconocimiento a las Fuerzas de Seguridad del Estado. Al Gobierno le consta que la reorganización de ETA ha alcanzado niveles muy altos, lo suficiente para mantener una campaña terrorista de forma continuada y en todo el territorio nacional. Así se lo han comunicado los servicios de información de la policía. La detención de los tres etarras -como la anterior del nuevo «comando Donosti»- y este reconocimiento policial de la situación de ETA plantea serios interrogantes sobre la información que el Ministerio del Interior facilitó a la opinión pública durante el alto el fuego. En concreto, hay que recordar que según el titular de este departamento, el alto el fuego de ETA era «completo y real» en mayo de 2006. Después no hubo más verificaciones. Tanto era así que el presidente del Gobierno se escudó en ese informe de verificación para dar por cumplida la resolución de mayo de 2005 y anunciar el inicio -más bien la continuación- del diálogo con ETA.

Igualmente, en aquellos meses iniciales de la tregua, se minimizaron todos los actos delictivos de ETA en el sur de Francia, tales como el robo de coches, matrículas y, sobre todo, de cientos de armas cortas, con la absurda argumentación de que eran gestos de «consumo interno», algo así como una parodia etarra para mantener entretenidas a sus bases. Incluso la destrucción del negocio de un concejal de UPN en Barañáin llegó a calificarse como un simple «ajuste de cuentas» y se puso en duda que los proetarras tuvieran algo que ver con el atentado. Se negó la existencia de cartas de extorsión a los empresarios y la violencia callejera quedó reducida en el discurso oficial a una cuestión de «incontrolados» que querían reventar el «proceso». Aún no se sabe si Ambrosio Fernández, anciano muerto en Vitoria tras inhalar el humo de un incendio provocado por los proetarras, es víctima del terrorismo o de la mala suerte. Toda aquella intensa actividad de propaganda e intoxicación se ha venido abajo como un castillo de naipes. Por ejemplo, en mayo de 2006 ETA estaba introduciendo en territorio español al nuevo «comando Donosti» y sembró el País Vasco con «zulos» llenos de armas y explosivos. El atentado de la T-4 sólo confirmó lo que siempre supo el Gobierno, aunque se negara a reconocerlo: que al rearme masivo de la organización terrorista fue simultáneo al diálogo con ETA y sin consecuencias en el mismo.

El Gobierno reclama adhesión, aunque realmente exige silencio a la opinión pública y a la oposición sobre sus decisiones políticas. Pero se equivoca si piensa que, a estas alturas, los ciudadanos no están en condiciones de discernir entre la lealtad al Gobierno en la lucha antiterrorista y el derecho democrático a exigir del Ejecutivo que diga la verdad y asuma sus responsabilidades. En cuanto el Gobierno de Rodríguez Zapatero ha necesitado un tratamiento urgente de buena imagen, De Juana ha ingresado en prisión y tres etarras han sido detenidos. Ambos resultados son, sin ninguna duda, óptimos para la lucha contra ETA, pero aparentan también resultar de una táctica de administración con cuenta gotas y a conveniencia política de los fuertes recursos del Estado de Derecho. Lo importante es que se trate de actos coherentes con la implantación de una verdadera estrategia antiterrorista y no de dosis de placebo para disimular momentáneamente la crisis política del presidente del Gobierno.

Cuando cambian las circunstancias
CARLOS HERRERA Libertad Digital 8 Junio 2007

LAS piruetas circenses con las que el Gobierno quiso justificar la excarcelación de hecho de De Juana Chaos se vuelven hoy, como un boomerang envenenado, contra los que han tomado la decisión de devolver al asesino a su sitio natural, la prisión. Han cambiado las circunstancias. Los tres etarras detenidos junto a la frontera francoespañola a las pocas horas del comunicado de la banda dando por suspendido el teórico «alto el fuego» sugieren una acción decidida de las autoridades españolas contra unos criminales que parecían perfectamente localizados. Han cambiado las circunstancias. La prohibición a Otegui para salir al extranjero a un congreso de no sé qué chorrada y la previsible suspensión de neutralidad de la Fiscalía en el proceso que tiene pendiente en el Supremo contrastan con las reuniones políticas mantenidas por los socialistas en mesa paralela y con la afirmación de estar ante un hombre de paz. Han cambiado las circunstancias. La especulación de que el Gobierno excite a la misma Fiscalía para que inicie acciones judiciales contra ANV no resiste la comparación con la argumentación indecente del fiscal general acerca del consentimiento para estar presente en las municipales a la mitad de las candidaturas de esa formación. Las circunstancias, otra vez.

Las circunstancias se resumen en el reconocimiento formal de la banda de haber vuelto a la «lucha armada», cosa que, en realidad, ya hicieron en el atentado de Barajas, pero que ahora visten de formalidad expresiva. Ese simple comunicado -del que el Gobierno tenía conocimiento aproximadamente unos tres días antes- ha hecho que se desmorone un edificio de engañifas y disimulos con los que Rodríguez Zapatero justificaba sus rodeos a la aplicación de las leyes al efecto de obtener resultados positivos en su proceso negociador con la banda.

Si De Juana vuelve a la cárcel y, de nuevo, orquesta un chantaje en forma de huelga de hambre, es altamente improbable que obtenga la misma comprensión que consiguió esta última vez. El noble propósito de «preservar la vida humana» difícilmente va a ser esgrimido de nuevo por el silente ministro Rubalcaba. Si ahora le echa valor y está dispuesto a morirse, el terrorista podrá hacerlo ante las narices de unas instituciones penitenciarias que, como mucho, le meterán una aguja por la vena y le insuflarán jamón de york debidamente licuado. Es lo que tienen las treguas, que se acaban o se rompen y te dejan en la camilla de la enfermería de la prisión con el estómago curvado y el pómulo saliente. Qué ganas tengo de leer y escuchar a todos los comprensivos comentaristas que defendían su excarcelación en virtud de inequívocas «razones humanitarias». Qué ganas de escuchar a Conde Pumpido justificar con argumentos jurídicos lo que parecen posturas antagónicas después de salir de la tintorería con las togas en la mano. Qué ganas, por otra parte, de asistir a un acto sincero de contrición por parte del Ejecutivo -sin necesidad de penitencia inmediata- y de las diferentes fuerzas políticas que le han asistido en esta ceremonia de confusión a la que algunos han querido bautizar como «proceso de paz». Qué ganas.

Las circunstancias han cambiado hasta tal punto que, ahora, quienes sólo han mostrado papanatismo ante la banda terrorista pretenden que nos creamos una puesta en escena caracterizada por la firmeza y la dignidad ofendida. No siendo momento, evidentemente, de que la única oposición desmonte las navajas del ajuste de cuentas, sí lo es de que se exija a un Gobierno de torpes que vuelva a los conciliábulos de la razón. Más allá de echarle la culpa al PP hasta de la muerte del general Prim, hay una elemental emergencia nacional que exige entendimiento con los únicos que, de verdad, les pueden ayudar en componer este disparate permanente.

El hecho de que la ETA haya decidido reanudar su campaña para disolver España -y a algunos españoles- no debe impedir que la gente de sentido común se entienda y ponga pie en pared ante tamaño desafío. Acabemos con ellos más allá de lo que cambien las puñeteras circunstancias.

La niebla
IGNACIO CAMACHO ABC 8 Junio 2007

AL fallecido profesor Fuentes Quintana, como a Adolfo Suárez, la bruma neuronal del alzheimer le había corroído la memoria de aquellos años de hierro en que ambos forjaron las bases de la nueva democracia española a partir de un compromiso histórico que se conoce como los Pactos de la Moncloa. La mirada intensa y azul de Suárez aún aletea borrosa en su casa de Madrid cuando reconoce a algún ser querido, pero su dueño ya no se acuerda de que fue el presidente del Gobierno que sacó al país de la dictadura a través de los escarpados desfiladeros de una quebradiza libertad. Como en una triste metáfora de estos tiempos de encono y ruptura, la memoria personal de los protagonistas de la Transición se va apagando en una niebla cenicienta y gris mientras la sociedad que construyeron trata de agarrarse a las efemérides para salvar siquiera las amenazadas ascuas de aquel brillante fuego de esperanza colectiva.

Hace treinta años, cuando cada amanecer era en España una aventura, Suárez, Fuentes y otros convocaron a los demonios de una Historia de fracasos para sentarse a negociar sobre una única premisa de partida: había que llegar a un acuerdo para salvar el futuro. Izquierdas, derechas y nacionalismos se agruparon en torno a un pacto de generosidad y renuncia del que salió el primer gran consenso nacional, que poco después cerraría a través de la Constitución del 78 las grandes heridas de un siglo desgarrado. La única receta fue unirse para hablar y ceder cada cual lo necesario. ETA mataba cien personas al año, la economía era una ruina y la democracia zozobraba entre bombas y ruidos de sables, pero aquellos tipos tenían el culo di ferro y la mente flexible y abierta; se sabían situados ante un desafío crucial y conocían el significado de la palabra diálogo. El compromiso que sacaron adelante no fue fácil ni perfecto, y a muchos de sus componedores los acabó devorando el vértigo de la política, pero todo aquel esfuerzo sirvió para demostrar que los españoles no estábamos condenados a la derrota histórica y podíamos sobreponernos al estigma de Caín.

Ahora unos iluminados posmodernos han decidido que aquello fue una suerte de vergonzante claudicación y con suicida determinación de aprendices de brujo se han puesto a desatornillar las tuercas del mecano de la convivencia. En tres años han desmontado el consenso nacional, el equilibrio territorial y la unidad antiterrorista, han abierto la caja de Pandora de una memoria de sangre y han expandido la cizaña tóxica del rencor ideológico. Presos de un adanismo irresponsable, tratan de liquidar la Transición para reinventar un orden cuyos detalles no han proyectado. Error tras error, fracaso tras fracaso, continúan empeñados en reconstruir la herencia de unos mayores que no sólo eran más generosos, sino que respaldaban su audacia con un talento mucho más fecundo.

Envueltos en el velo nebuloso de la desmemoria, los titanes de aquel tiempo indeciso pero victorioso se van marchando poco a poco hacia una posteridad que no sólo les convierte en inmortales, sino que piadosamente les impide contemplar este sórdido desguace de su decisivo legado.

Justicia, víctimas, propaganda y circunstancias
MAITE PAGAZAURTUNDÚA RUIZ El Correo 8 Junio 2007

Es más probable que quienes han perdido a un ser querido, asesinado por los terroristas, encaren su condición humana despojándose de las circunstancias -políticas tácticas hay que entender- y de la propaganda ambiental. Es más probable que sientan y se comporten como seres humanos, según la máxima de Albert Camus demandando justicia. Es probable que se resistan a componendas chapuceras que aspiren a disfrazar algún tipo de impunidad judicial o social. Ahora bien, un medio ambiente cegado para la verdad, bajo toneladas de propaganda partidista, puede provocarles un dolor moral inmenso que convierta su duelo cotidiano en una tortura.

La tragedia humana del 11-M no derivó en grandeza moral por parte de las fuerzas políticas en aquella comisión parlamentaria en la que sus señorías -con algunas honrosas excepciones- se tiraban los trastos a la cabeza, concernidos en sus cosas, y olvidando el terrible duelo que habían iniciado pocas semanas antes tantos familiares de asesinados, tantos heridos con secuelas gravísimas, con mutilaciones

Los nacionalistas vascos que durante muchos años confiaron en el diálogo -con los terroristas y sus representantes políticos- como la fórmula mágica para el fin del terrorismo consideraban con paternalismo a las víctimas. Ante su palabra pública, estimaban que no era necesario contestarles porque eran víctimas y el dolor les habría cegado el entendimiento, como si la condición de víctima anulase la posibilidad de tener atisbos siquiera de lucidez intelectual. Paradójicamente, ese falso argumento escondía la imposibilidad de los nacionalistas -y después de algunos dirigentes socialistas vascos- de despojarse de las circunstancias políticas tácticas, del pragmatismo ramplón más primario, y de encarar la necesidad de justicia que se alberga en el fondo de la condición humana. La necesidad de justicia que nos aleja de la venganza y de la respuesta violenta ante el poder de los terroristas. La necesidad de justicia que da orden y principios a una sociedad, incluyendo la reinserción y la generosidad hacia los penados bajo la condición del arrepentimiento, en primerísimo lugar.

Lo cierto es que hace menos de una semana muchas personas se comportaban de forma insensible ante quienes sentíamos horror por el previsible envío a su domicilio de un asesino múltiple con una nueva condena por amenazas que se negaba a cumplir. Incluso ahora que ETA ha comunicado lo que todos sabíamos, muchas personas pueden seguir contemplando a las víctimas como gentes llenas de odio, cuando dos generaciones de huérfanos no han sido educadas en la venganza, sino en el deseo de justicia, paz y libertad. Durante los últimos tiempos, las víctimas del terrorismo etarra han querido ser vistas por una parte de la opinión pública como un pequeño colectivo cuyas reivindicaciones serían privativas, en lugar de verlas como la realidad de una sociedad amenazada en su libertad política, en sus reglas de juego y en la dignidad y derechos más básicos, los de la vida y la libertad.

Me puedo equivocar y mucho, pero la sociedad vasca puede hacer las cosas más importantes para frenar la impunidad ambiental que existe en el País Vasco. La gente normal, la que nunca se mete en nada, es la única que tiene el poder de hacer ver a los miembros de Batasuna que viven en una burbuja conceptual, que su Euskal Herria no es la sociedad en la que quieren vivir los vascos y navarros. Y esa gente que no se mete en política, que intenta sacar a su familia adelante, es más poderosa que los gobiernos y los políticos porque, ante la multitud, como hace diez años cuando asesinaron a Miguel Ángel Blanco, los de ETA no podrán evitar sentir la realidad que se ocultan a sí mismos con una férrea disciplina mental y organizativa.

La gente puede hacer mucho negándose a dar como normal la amenaza de muerte expresa de algunos de sus vecinos y la amenaza aleatoria -aunque no lo piensen, es así- de sus seres más queridos, por el azar de un atentado cualquiera. El compromiso social pacífico y democrático, especialmente en los jóvenes, y la demanda neta y humana de justicia en el sentido que expresaba Camus podrían frenar el poder de los iluminados que confunden su noción de Euskal Herria con la realidad social, plural y moderna del País Vasco y Navarra. La petición de justicia, lo humano con mayúsculas, es nuestra gran fuerza a medio plazo, si la mayoría social, y sobre todo la juventud, se atreve a dar la cara. Algunos estamos muy heridos y no podemos hacerlo solos.

Ruptura de la tregua
Zapatero es el problema
Agapito Maestre Libertad Digital 8 Junio 2007

No hay solución alguna con este presidente del Gobierno que ha perdido la capacidad de liderazgo democrático y toda su credibilidad institucional. La crisis creada por el Gobierno socialista por su negociación con ETA es trágica. Reconstruir lo destruido es casi imposible con este presidente, que quiere minimizar sus daños. Las cesiones hechas por Zapatero a ETA son de tal envergadura, de tales efectos para el desarrollo de la democracia, que ni siquiera la convocatoria inmediata de unas elecciones anticipadas resolvería las profundas quiebras del Estado de Derecho.

No me importa, por el momento, que el comportamiento de este político con los criminales de ETA por un lado, y el nacionalismo por otro, sea tildado como "alta traición" contra la nación española o como una "ingenuidad bondadosa" de un hombre de paz. Nada de eso sirve para hacernos cargo de la tragedia que se cierne sobre los españoles. Lo determinante es que cualquier análisis de la situación comience reconociendo que el presidente de Gobierno se ha equivocado y, sobre todo, que no quiere rectificar. Es falso, como comenta su prensa, que cambia de política. No. Hará acciones determinadas y hechos concretos que parezcan "cambios"; pero no habrá transformaciones sustanciales del discurso, que es la cuestión determinante de la política democrática. Para Zapatero todo se reduce a populismo y propaganda. Engaños para ocultar su terrible fracaso y llegar con cierto respaldo popular a las próximas elecciones.

Sí, sí, todo indica que este hombre no quiere rectificar su política de negociación con el Terror. Por lo tanto, mientras no se reconozca esta cruda verdad, todos los comentarios y análisis son poco más que conceptos vacíos, o peor, propaganda a favor del culpable, e intuiciones ciegas, o sea, una manera sutil de aplaudir al Gobierno que nos ha llevado a un despeñadero institucional. Zapatero no sólo es incapaz de liderar su partido, gobernar España y reconstruir las instituciones que él ha dinamitado en este proceso de negociación con ETA, sino que no tiene voluntad de cambiar su política antiterrorista. Seguirá buscando acuerdos con ETA, según se desprende del primer comunicado y de las siguientes declaraciones en el Senado, porque él sólo quiere "ver la paz", o sea, seguir negociando con quienes nos matan.

He ahí el núcleo de la tragedia. El proceso de negociación con ETA está roto definitivamente, porque a ésta le ha convenido, pero ahora entramos en una nueva fase de esa ruptura que, si ya había sido larga desde el 30 de diciembre pasado por voluntad del Gobierno, ahora será la principal baza de Zapatero para manipular a la opinión pública y excluir definitivamente la alternancia democrática. Zapatero, a pesar de que "ETA ha decidido actuar en todos los frentes", hará como si fuera posible seguir negociando con una banda de criminales que ya no le concede ningún crédito. Aunque Zapatero no soporta que ETA le diga que su talante se ha convertido en "fascismo", y aunque ETA siga matando, el Gobierno seguirá, de acuerdo con la doctrina escrita por Eguiguren, intentando negociar con ETA. Esta es la otra parte de la tragedia que vive hoy España: una búsqueda ansiosa y desesperada de algún tipo de "legitimidad" de un presidente de Gobierno ante ETA. Zapatero busca que ETA no lo compare con cualquier otro gobernante de España. Por eso, gesticula con tono "prepotente" que está dispuesto a abrir un nuevo proceso que nos conduzca a la paz.

Entramos, sí, en una etapa terrible para la democracia española. Por un lado, el Gobierno hará gestos inmediatos de cara a la galería, por ejemplo, vuelta a la cárcel de quien el Gobierno ya ha convertido, como quería ETA, en un "prisionero político", o peor, de "guerra", detenciones de etarras, persecución con toda la retórica judicial posible de gentes como Otegi, manipulación de la información, juegos sucios con la oposición, búsqueda de "unanimismos" de boquilla para enfrentarnos al terrorismo, etcétera... Pero, por otro lado, nos encontraremos con los tonos tabernarios y chulescos de quien está sólo ante el peligro de ETA, él lo ha intentado y lo sigue intentando pero dirá con enfado fingido que nadie le ayuda. Zapatero no ha dejado ni dejará de culpabilizar del fracaso del pacto con ETA al PP, a las víctimas del terrorismo y a la sociedad civil, que siempre se opusieron a ese "proceso de paz" que ETA llama de negociación para alcanzar la autodeterminación del País Vasco y Navarra.

Zapatero lo intentará todo, excepto reconocer su equivocación. Precisamente, por eso, porque cualquier cosa será buena para el presidente del Gobierno para minimizar su responsabilidad, pido su dimisión. Sí, pido la dimisión de Zapatero no tanto porque sea un ser depravado o un traidor a su patria, algo que mis capacidades morales no me permiten juzgar, sino porque no quiere rectificar. Alguien que se cree siempre en posesión de la razón está en las antípodas del político responsable. Zapatero está demostrando sobradamente que carece de capacidad, en verdad de educación, para mirar de frente, como diría Weber, las realidades de la vida, soportarlas y estar a la altura.

AUMENTA ENTRE ALUMNOS, TRAS LA DE BLANCA DÍEZ
El número de objeciones a EpC se dispara: más de 3.500 sólo en junio
Víctor Gago Libertad Digital 8 Junio 2007

El número de objetores de conciencia a Educación para la Ciudadanía ha aumentado intensamente desde principios de junio, según coinciden en indicar el Foro Español de la Familia y la asociación Profesionales por la Ética, consultadas por LIBERTAD DIGITAL.

Estimaciones de este movimiento cívico por la libertad educativa señalan que hay más de 3.500 declaraciones de objeción formalizadas en todo el país.

"Hasta ahora, objetaban padres y madres, pero el ejemplo de Blanca María Díez Ponce ha producido un rápido aumento de las objeciones entre alumnos, sobre todo de Bachillerato", ha revelado este viernes a LD un portavoz de la asociación Educa Personas, integrada en la plataforma Profesionales por la Ética.

Este mismo viernes, el Foro Español de la Familia ha informado de un caso de objeción con marcado simbolismo.

Un matrimonio de Madrid, Antonio Jiménez y Trinidad Fernández, padres de doce hijos –nueve de ellos, en edad escolar– han presentado declaraciones de objeción por cada uno de sus hijos, en los diferentes colegios públicos y concertados a los que asisten.

Además –informa el Foro de la Familia– "los dos hijos mayores, Marta y Alejandro, de 19 y 17 años, respectivamente, objetaron por sí mismos en el Instituto Público La Estrella".

Trinidad y Antonio manifestaron su rechazo a la asignatura, por considerarla "una intromisión en el derecho a enseñar y educar a nuestros hijos en los principios en los que nosotros creemos. El sistema educativo no es el que debe hacerlo, y mucho menos, el Gobierno".

La reacción del Gobierno y las Comunidades Autónomas al aumento del número de objeciones de conciencia empieza a manifestarse en todo tipo de obstáculos al ejercicio de este derecho constitucional.

Pegas en Castilla-La Mancha
El Foro de la Familia ha informado este viernes de que se querellará contra el delegado en Toledo de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y La Mancha, por un posible "delito contra el ejercicio de los derechos cívicos reconocidos en la Constitución y en las leyes".

El mismo alto cargo del Gobierno castellano-manchego ha enviado una circular a todos los centros escolares de Toledo en la que "amenaza a quienes planteen objeción de conciencia frente a Educación para la Ciudadanía con que el alumno no promocionará de curso y no titulará", según ha denunciado el Foro, por medio de un comunicado al que ha tenido acceso este diario.

Sin salvaguardas para la libertad educativa
Mientras tanto, se van perfilando los contenidos concretos que se enseñarán en los distintos niveles educativos en los que se impartirá Educación para la Ciudadanía (Primer Ciclo de la ESO) y Educación Ético-Cívica (4º de la ESO).

A las guías didácticas para padres y profesores recomendadas por el Ministerio de Educación en sus portales educativos en Internet, como la que incluye la promoción de la homosexualidad mediante la lectura del cómic Alí Baba y los 40 maricones, o una guía sobre derechos humanos en la que se afirma que en España se ha torturado a miembros del "grupo armado vasco" ETA hasta 1997, ya hay regulaciones autonómicas del currículo de la asignatura, bien en fase de borrador, bien como decretos aprobados y en vigor.

El Ministerio de Educación decretó en diciembre de 2006 el currículo de contenidos mínimos (65 por ciento de la asignatura, o 55 por ciento, en el caso de las comunidades con lenguas propias) y las Comunidades deben ir especificando el 35 o el 45 por ciento restante (según los casos) a través de decretos autonómicos.

La asociación Profesionales por la Ética ha presentado esta semana un exhaustivo estudio comparativo del estado de definición de los contenidos de Educación para la Ciudadanía en la ESO, en las distintas Comunidades Autónomas.

De este análisis comparado, se desprende, en general, que ni el Ministerio ni las Comunidades Autónomas gobernadas por el PSOE y las fuerzas nacionalistas han previsto ninguna salvaguarda de la libertad de las familias para decidir sobre la formación moral de sus hijos.

Sólo las Comunidades Autónomas gobernadas por el PP han unificado una fórmula de salvaguarda en sus respectivos decretos de contenidos de la asignatura. En ella, las comunidades con gobiernos populares aclaran que "las Leyes sólo pueden imponer como mínimos" los valores de la Constitución Española de 1978.

También destacan, del currículo de EpC diseñado por las distintas Comunidades Autónomas gobernadas por el PSOE y los nacionalistas, el énfasis en un relativismo moral, según el cual todas las culturas, todas las prácticas individuales y colectivas y todas las opiniones son igualmente válidas, se adoctrina sobre una intensiva ideología de género o se enseña que los conflictos armados son siempre el resultado de desigualdades e injusticias económicas y sociales.
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