AGLI

Recortes de Prensa     Martes 12 Junio   2007

Tiempo al tiempo
EDITORIAL Libertad Digital  12 Junio 2007

El tiempo dirá si el líder de la oposición Mariano Rajoy ha cometido un acto de sensatez o de irresponsabilidad al considerar, tras su entrevista con Zapatero, que "no es hora de reproches ni de hablar de la credibilidad del presidente del Gobierno". El hecho, sin embargo, es que la credibilidad que ofrece un Gobierno a la hora de plantar cara a una organización criminal es, precisamente, el factor determinante tanto para que le apoye la oposición como para que el terror abandone toda esperanza.

Aunque la credibilidad del presidente del Gobierno ya la haya puesto en evidencia hasta El País, no vamos a negar que Rajoy tenga razón al afirmar que "tiempo habrá en su día para pedir responsabilidades a cada cual por las conductas de estos años". Ciertamente, tiempo siempre habrá para pedir las de todos. Lo que no podemos ahora dejar de matizar es la afirmación de Rajoy de que "ETA debe recordar, por si lo ha olvidado y se siente más fuerte, que gobierne quien gobierne nadie va a obtener nunca ninguna concesión política por matar o por dejar de matar".

Tal vez sea el propio Rajoy quien, en su apuesta por mirar al futuro, se sienta más fuerte y haya olvidado que ETA sí ha obtenido concesiones en ese terrorífico juego de matar y dejar de matar que lleva el nombre de "tregua". Son esos regalos del Gobierno los que han hecho a los terroristas sentirse más fuertes. Y lo recuerdan perfectamente. Concesiones políticas han sido que la Fiscalía General del Estado se alinee con la defensa de los acusados etarras, que se conceda a la banda en Estrasburgo el papel de interlocutor válido, que se condicione públicamente el futuro de unos presos –o del marco jurídico-político del País Vasco– a lo que hagan o dejen de hacer unos asesinos y que se conceda a los batasunos la posibilidad de volver disfrazados a las instituciones. Todas ellas responsabilidad de José Luis Rodríguez Zapatero, su Gobierno y su partido.

El PP debe apoyar la retirada de todas esas concesiones, sin olvidar nunca que se han concedido. Y teniendo Rajoy bien presente que el presidente del Gobierno al que ofrece su apoyo para derrotar a ETA ni siquiera le ha correspondido saliendo a la palestra para afirmar que comparte ese objetivo. No pasará mucho tiempo hasta ver si Zapatero responde a la confianza que el líder de la oposición, tan generosamente, le ha concedido.

Zapatero ante los Presupuestos
EDITORIAL Libertad Digital 12 Junio 2007

Desde que Zapatero llegó al poder todos los años suena la misma canción: su grupo parlamentario se las ve y se las desea para sacar adelante los presupuestos generales del Estado del año siguiente. En un país normal, cuando el Gobierno no cuenta en las cámaras con mayoría absoluta, busca acuerdos con la oposición que permitan mantener lo esencial de la política económica del Ejecutivo haciendo, eso sí, algunas concesiones puntuales. Con Zapatero, sin embargo, no es así. Tan enfeudado está a sus socios nacional-comunistas que una negativa de éstos tira por tierra los presupuestos y con ellos la estabilidad del gabinete y el buen gobierno de la economía. La negativa es más que presumible habida cuenta de la catadura política de semejantes compañeros de viaje.

Los comunistas de Llamazares piden gasto público a mansalva y más burocracia a todos los niveles. Los independentistas de ERC, por su parte, un paquete siempre creciente de concesiones y privilegios para Cataluña. Lo primero es poco menos que suicida en una coyuntura tan delicada como la que se encuentra ahora nuestra economía, recalentada al máximo y al borde de una recesión. Lo segundo no es ni del gusto del ministro ni demasiado vendible ante una opinión pública que empieza a estar bastante harta de las amenazas, las chulerías y los desplantes de la Esquerra.

Difícil papeleta para el Gobierno que, lo quiera o no, tiene que salir de esta lo mejor librado posible. La mejor opción sería convocar elecciones y dejar que sean los ciudadanos los que redibujen el mapa de poder nacional dejando con un palmo de narices a los diputados de la Esquerra catalana, que con 600.000 votos pretender gobernar un país de 44 millones de habitantes. Pero Zapatero es testarudo y desde su llegada a la Moncloa anda obsesionado con imitar a Aznar alargando la legislatura hasta su último día, y más ahora que la ETA se le ha revuelto rompiendo unilateralmente el proceso de rendición. Acceder a las exigencias de Esquerra parece poco factible, y prorrogar el presupuesto de 2007 no es una idea muy afortunada; sería algo así como condenar a España al desgobierno económico durante todo un año.

Haga lo que haga Zapatero lo tiene complicado, y es que quien siembra vientos termina siempre recogiendo tempestades. Lo peor es que el refrán no se lo va a aplicar Zapatero; la cruda realidad nos lo va a aplicar a todos.

La deriva populista de las autonomías (1)
Gasto y nada más que gasto

Alberto Recarte Libertad Digital 12 Junio 2007

Reproducimos a continuación la primera entrega de un artículo escrito por Alberto Recarte para Libertad Digital La deriva populista de las autonomías. El trabajo completo consta de los siguientes capítulos:

1. Gasto y nada más que gasto
2. Dependiendo de un Gobierno sectario
3. Los gobiernos regionales no aumentan el crecimiento

1. Introducción
Tenemos la desgracia de vivir en un Estado de las autonomías, que no es un Estado federal ni confederal, sino uno en el que las élites políticas autonómicas tienen el privilegio, y la obligación, de gastar. Sin responsabilidad, porque sus ingresos provienen, fundamentalmente, de los impuestos directos e indirectos que recauda la Administración central y que después distribuye en función de dónde se han recaudado los fondos, de la necesidad de garantizar un nivel de servicios mínimos a todos los españoles, sea cual sea la autonomía en la que residan, y de acuerdo con otra serie de variables, que influyen menos, como el número de habitantes, la densidad de población o la situación geográfica. En otra ocasión comentaremos esas otras variables, hoy por hoy en absoluta incertidumbre tras el acuerdo de Rodríguez Zapatero con Artur Mas, el líder de CiU, que se ha trasladado en gran parte al recurrido Estatuto de Cataluña.

Sin embargo, sería injusto no reconocer una de las virtudes de la organización autonómica, en concreto la de la cercanía a los habitantes de la región, mucho mayor que la del estado centralizado, y su consecuencia lógica, poder dirigir el gasto público, en principio, de una forma más eficiente. Desgraciadamente, las posibilidades de esa cercanía se truncan si al frente del Gobierno de la nación figuran personas sectarias, en lugar de hombres de estado. Y, por más que haya diferencias abismales entre la gestión, visión de futuro y patriotismo de unos líderes autonómicos y de otros, la pulsión del gasto, sin responsabilidad en la obtención de los ingresos, termina por afectar a la mayoría de los líderes autonómicos.

2. Las autonomías: centrales de gasto
Las autonomías son centrales de gasto. Una parte de sus ingresos los obtienen con lo que recaudan por los tributos cedidos totalmente por la Administración central: los impuestos sobre el patrimonio, sucesiones y donaciones, el de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, el del juego, algunas tasas y otros de menor importancia, como el céntimo sanitario. Pero lo fundamental son los porcentajes de impuestos estatales transferidos.

Incluso las decisiones de la Comunidad de Madrid, suprimiendo los impuestos sobre sucesiones y donaciones y rebajando un punto el IRPF, significan un sacrificio tributario menor frente a los ingresos y gastos totales de la autonomía madrileña. Concretamente, en Madrid, el sacrificio tributario de esas medidas supone, en frío, alrededor de 500 millones de euros anuales. En frío, porque el incremento de donaciones y las sucesiones, a precios de mercado, compensan, en una pequeña parte, ese sacrificio fiscal. La Comunidad de Madrid gasta al año en torno a los 18.000 millones de euros. En 2007, los ingresos totales de la autonomía madrileña aumentarán casi un 10% sobre los de 2006; en total, más de 1.650 millones de euros. Y el gasto aumentará en esa misma cuantía. Y Madrid es la más virtuosa de las autonomías, porque invierte en infraestructuras, educación y sanidad –por el crecimiento de la población inmigrante– mucho más que Cataluña, el País Vasco o Andalucía.

En Cataluña, por su parte, la nomenklatura gobernante quiere subir los impuestos para gastar más y se queja de la competencia fiscal de Madrid, que es, como hemos visto, mínima. Ridículo, si no fuera trágico. Trágico, porque políticamente todas las autonomías están contribuyendo a romper políticamente España. Trágico, porque el éxito de las políticas autonómicas ocurre en función de su capacidad de gestión, sí, pero medida no por la virtud de cómo y sobre qué se recaudan los impuestos, sino por su capacidad global de gastar, valorando escasamente que el gasto sea el mejor posible. Se juzga el efecto en el voto potencial de la población, no que sea la mejor alternativa económica posible. También valoran los ciudadanos, conscientes de la importancia del gasto autonómico, las relaciones con la Administración central, pues el Gobierno de la nación puede aprobar políticas "nacionales" que supongan gasto público que favorezca a los habitantes de ciertas autonomías frente a otras.

A quien dude de la deriva populista de las autonomías, le animo a leer los programas electorales de los diferentes partidos para las últimas elecciones. Se habla de gasto, de servicios, de inversiones, de compromisos. Pero no de cómo se van a financiar todos esos compromisos.

3. La importancia de no hacer
Las autonomías apenas influyen con sus políticas en el desarrollo de las propias regiones o en el del conjunto de España, pero pueden impedir el desarrollo económico con su intervencionismo. Pueden encarecer el suelo si no lo crean con suficiente agilidad. Pueden alejar a las industrias y limitar el derecho a urbanizar, con la consecuencia de subir el precio de las viviendas con disposiciones medioambientales excesivas o imponiendo un urbanismo de alto coste.

Pueden dificultar la creación de empleo si no permiten la libertad empresarial a la hora de establecerse o impiden la reducción de plantillas, si las empresas se ven obligadas a hacerla por falta de demanda para sus productos. Pueden alterar el funcionamiento normal de los mercados si se corrompen. Pueden encarecer la cesta de la compra si no permiten la libertad comercial, de horarios, y la instalación de grandes superficies por el temor a perder el voto de los pequeños comerciantes.

Pueden dificultar la competencia si obligan a utilizar un idioma diferente del español. Pueden maleducar si no imponen disciplina en las aulas y exigencia en los programas educativos en los colegios. Pueden impedir la excelencia y la inversión en I+D si ponen límites a la apertura de universidades privadas y condicionan sus políticas formativas.

4. La importancia de hacer
Las autonomías pueden, por el contrario, abaratar la mano de obra si invierten lo que deben en infraestructuras, pues las carencias aumentan el coste y el tiempo de transporte entre domicilios y puestos de trabajo y entre las propias empresas. Pueden, y es mucho, evitar errores intervencionistas, como forzar a las cajas de ahorro, que dependen de ellas, a invertir en proyectos en los que los políticos autonómicos tengan intereses políticos o económicos.

Pueden, por otra parte, rebajar impuestos; concretamente, podrían rebajar sustancialmente el tipo de IRPF y suprimir el impuesto sobre el patrimonio, además, por supuesto, del de donaciones y sucesiones, pero es tal el nivel de obligaciones sociales futuras en que están incurriendo ya todas las autonomías, por sus compromisos educativos y sanitarios, que esa vía está cegada para casi todas. En esto la Comunidad de Madrid ha dado un magnífico ejemplo a todas las autonomías, pues ha demostrado que con un sacrificio fiscal pequeño se pueden conseguir magníficos resultados, y es que los impuestos sobre donaciones y sucesiones son especialmente nocivos para el ahorro y la inversión. Como lo es el del patrimonio.

Reunión con Rajoy
Verificar a Zapatero
GEES Libertad Digital 12 Junio 2007

Mucho se ha hablado del publireportaje del diario El País del pasado domingo, aún a riesgo de olvidar lo más importante, aquello que ocultan tanto el periódico como el Gobierno: es falso que el proceso se rompiera cuando ETA exigió poner la política sobre la mesa, porque es totalmente falso que en algún momento (Declaración de Anoeta, comunicado de marzo de 2006) renunciara a ello. Pese a la plúmbea repetición de la izquierda, recordemos que no fue ETA quien rebajó sus pretensiones, sino que fue el Gobierno quien se embarcó en un proyecto que le acerca al de ETA, y del que tuvimos primera noticia con el Pacto del Tinell y el Pacto de Perpiñán.

No es que el Gobierno se negara a hablar de política. Es que se negó a hacerlo con el ritmo y la intensidad que ETA le exigía. de ello le advirtió el PP hace ya un año. Tras la entrevista, Rajoy puede perfectamente reivindicar algo evidente: él tenía razón y Zapatero se equivocaba; y eso en el mejor de los casos. Porque en el peor de ellos no hay nada de equivocación y sí mucho de traición a las víctimas y al consenso constitucional. El proceso de paz no fue el inicio del distanciamiento con el PP, sino que fue su consecuencia lógica.

El Acuerdo por las Libertades y contra el Terrorismo se rompió porque se rompió la lealtad del PSOE de Rodríguez Zapatero a la Constitución. Mientras Zapatero no demuestre su lealtad al pluralismo constitucional, ninguna apelación al pacto será sincera. Ninguna. Rajoy ha mostrado una infinita generosidad no reprochándole a Zapatero lo mucho que le podía haber reprochado. Acudió a una entrevista que de antemano se sabia tan publireportaje como el de El País del domingo, y salió enarbolando la bandera blanca.

Pues bien, ahora toca al Gobierno dar la cara y mostrar sus intenciones, más allá de la vacuidad de "volver al consenso". ¿A dónde exactamente vamos a volver? ¿A antes del atentado de la T-4? ¿A antes del comunicado de ETA? ¿A antes del triunfo de Zapatero el 14-M? ¿Del 11M? ¿De Irak? ¿Del Prestige? ¿A antes de cuándo? ¿Antes de qué? ¿Antes de que Zapatero traicionara el pacto antiterrorista? ¿Cuándo lo hizo? ¿Cuándo respetó el consenso constitucional? ¿Cuándo fue eso?
Tras el deshielo de la entrevista, lo que toca es verificar que Zapatero deja las agresiones contra las víctimas, contra la Constitución y contra la derecha democrática, apoyado en minorías de escasa convicción constitucional. Esa es la verificación que a partir de ahora debe llevar a cabo el partido de Rajoy.
GEES, Grupo de Estudios Estratégicos.

ANV es la prueba del algodón y Zapatero no la pasa... es la hora de Rajoy
Federico Quevedo El Confidencial 12 Junio 2007

No esperaba, sinceramente, mucho de la entrevista que ayer mantuvieron el presidente del Gobierno y el líder de la oposición y, sin embargo, a tenor de las intervenciones del propio Rajoy y de la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega -¿por qué no salió Rodríguez?-, se pueden extraer interesantes conclusiones, al menos tres que me parecen relevantes y de mucho calado de cara al futuro próximo.

La primera es que la voluntad política del Gobierno de Rodríguez para acabar con ETA deja mucho que desear. Ayer, el presidente y la vicepresidenta tenían una oportunidad de oro para haber enviado un mensaje contundente a la ciudadanía, de haber trasladado que esa lucha implacable que Rodríguez dijo el sábado que llevaría a cabo contra ETA comenzaba con lo que todo el país le exige que haga: impedir que ANV esté en los ayuntamientos. Y no va a ser así. Ayer De la Vega lo dejó claro. Sé que los voceros mediáticos de Pepe Blanco dirán que es imposible, que instar a la ilegalización de ANV es un proceso muy largo y no da tiempo antes de que los electos de ANV tomen posesión de sus cargos, pero esto es falso. Desde el momento en que las evidencias contra ANV –la última el propio comunicado de ETA apropiándose de sus votos y de sus cargos electos- se acumulan de manera casi obscena, lo único que tiene que hacer el Gobierno es instar a la Sala 61 del Supremo a que ilegalice a ANV por ejecución de sentencia, es decir, de la sentencia que ilegalizaba a Batasuna y a todo lo que la suplantara a posteriori. Y eso son tres días.

Si se quiere, por tanto, se puede hacer. El Gobierno no demuestra ser implacable con ETA encarcelando a De Juana, porque la propia ETA lo había dado por amortizado, como ha dado por amortizado a Arnaldo Otegi, quemado en el ‘proceso’, y ahora busca sustituto -¿Permach?- para el líder de la izquierda abertzale. Pero es que tampoco parece que Rodríguez esté dispuesto a ceder en sus posiciones respecto a Navarra y Vitoria. Da la sensación de que Rodríguez, una vez que sabe que ninguno de sus gestos va a servir para doblegar a ETA, sigue adelante con sus planes por obstinación, por no hacer lo que el PP le pide que haga, por orgullo...

Y esto tiene mucho que ver con la segunda conclusión, extraída también de la constatación, ayer, de que el Pacto Antiterrorista ha muerto definitivamente. Si el Gobierno tenía alguna sana intención de recuperar el consenso y la unidad de los demócratas contra el terrorismo –ya quedó claro que no después de la entrevista en Cuatro-, ayer tenía la oportunidad de hacerlo recuperando el espíritu de ese pacto, y en lugar de eso lo ha enterrado definitivamente y sustituido por una especie de lugar de encuentro de todos, en plan melé futbolística, en la que supuestamente le dará un papel protagonista al PP, pero luego ya veremos, porque esto es lo que dice siempre –ya lo hizo Rodríguez tras el atentado de la T-4- y luego nunca lo cumple. Rodríguez sigue sin querer saber nada del PP –lo demostró no dando él la rueda de prensa-, pero ahora no puede tampoco prescindir del principal partido de la oposición porque se lo harían pagar los electores. Así las cosas, se encuentra en un callejón sin salida a la espera de que sean las urnas las que decidan por él.

Y en esa tesitura es donde encaja la tercera conclusión: hay Rajoy. Ayer, el líder de la oposición demostró que puede ser un hombre de Estado, generoso con su adversario a pesar de haber tenido que aguantar todo lo inaguantable en esta legislatura –el mismo domingo en una pavorosa entrevista a De la Vega en La Vanguardia- por parte del Ejecutivo, pero firme y decidido en su objetivo, en el objetivo de todos, de acabar con ETA y con la ausencia de libertad en el País Vasco. Una compañera de la radio me decía por la tarde que, sin duda, el de ayer ha sido uno de los días más importantes, sino el que más, de la carrera política de Rajoy hacia la Presidencia del Gobierno, y no le faltaba razón. Si hay alguien que tiene credibilidad para decir que puede acabar con ETA, ese es Rajoy, no Rodríguez Zapatero, que ha demostrado, precisamente, todo lo contrario. Y el líder del PP dijo algo que hay que tener muy en cuenta, que este no es el momento de hacer reproches ni hablar de las responsabilidades de Rodríguez, pero esa afirmación era un reconocimiento implícito de la existencia de esas responsabilidades, y algún día, más pronto que tarde, habrá que exigírselas.

La derrota de ETA
Antonio Pérez Henares Periodista Digital 12 Junio 2007

El cambio esencial en el discurso de Zapatero, su verdadera rectificación y lo que abre el camino del reencuentro es su conversión obligada a la “Derrota de ETA".

Cuando él llegó a la presidencia del Gobierno ese concepto era compartido por todos (bueno con la excepción de los Batasunos y los dengues de ERC y algunos más) . Era la argamasa que nos unía , sin distingos, sin ambages . Y existía la conciencia general de que se estaba en el buen camino, que cada vez los teníamos más acorralados, en Euskadi, en España y en el mundo, que cada vez estaban más asfixiados policial, social, y económicamente.

Todos sentíamos que el fin estaba cerca y todos entendiamos que una vez derrotado el terrorismo sería el momento de negociar su disolución: la entrega de las armas, los presos , la participación, abandonada la violencia, de sus gentes en la vida política democrática.

Y en esto llegó ZP. La idea de ETA como interlocutor que derrotado acude a la mesa fue sustituida por la del que negocia, en condiciones de fuerza, una salida pactada en la que el Estado, la legalidad y el conjunto de los españoles debíamos ceder. Y la idea de que era así porque no quedaba otro remedio, fue la gran excusa, el larvado cambio, el que ETA no podía derrotársela y que había que tragarnos los crimenes y los muertos porque "no hubiera más" se dejó correr, se alentó entre la población, tomo carta de naturaleza y se defendió en quienes defendían "El Proceso". Que , asumiendo hasta el lenguaje filoetarra, se llamó "de Paz", como si nuestra pacífica y libre sociedad hubiera hecho guerra alguna y hubiera sido otra cosa que victima del terror y de los asesinos.

En el fondo la división quedo establecida entre quienes solo veían como unico horizonte la DERROTA DE ETA y los que buscaban el ENTENDIMIENTO Y LA NEGOCIACION CON ETA

Curiosamente ha sido ETA quien ha despejado todas las dudas. A su estilo. Con la bomba asesina de la T-4 (a cuyo estruendo se siguió resistiendo Zapatero) y luego con la certificación por escrito de su voluntad de proseguir en el crimen.

Ha sido ETA quien ha despejado la duda y dicho, una vez más y bien claro, que para ellos solo existe esa posibilidad. O ellos o nosotros. Que ellos tan sólo buscan nuestra derrota, la de nuestra democracia nuestra constituición y nuestras libertades. Que no les vale nada más.

Es cuando ZP ha comprendido, al fin, y después de tres años, que o se pone en la senda de marchar contra ETA, de DERROTARLA, o es ETA quien lo derrota sin remedio a él y, de paso, a España.

Pero se han perdido en el camino de Damasco, hasta que se ha caido del caballo y ha visto la luz, tres años. Y en ellos, de contemporización, de cesiones, de mirar para otro lado ante bravatas, tiros en las campas, robo de pistolas y chantajes a empresarios se impone la evidencia y los hechos, ETA se ha fortalecido, la kale borroka, el chantaje, la amenaza , el miedo, sus comandos, sus aliados y esbirros, han vuelto a florecer en calles y plazas de Euskadi. Y de remate se les ha entregado la papeleta, se les ha devuelto, sin que hayan renunciado a la violencia, a las instituciones . Eso después de la bomba de la T.-4. Y eso es la culminación , la más evidente, la que más nos va a costar resolver, más que lo de De Juana u Otegui, del error de Zapatero.

Porque ¿alguien duda de que si ETA rompe el alto el fuego antes del 27-M, ANV no hubiera ido a las elecciones?.
Ahora, por fin, y esperemos que para siempre. Zapatero entiende que sólo queda el camino de derrotar a ETA . Menos mal. Más vale tarde que nunca. Pero ahora hay que recuperar el tiempo perdido y en el viaje hemos perdido todos algo más que tiempo. Costará mucho, pero no tenemos otro remedio. Quizás lo único positivo de todo es que en este nuevo camino el PNV vuelve a estar, o al menos Imaz y su mayoría, en la senda común y que ellos son también conscientes de que con ETA solo existe un camino, el único camino: SU DERROTA.

Unidad para derrotar a ETA, no para salvar a Zapatero
Editorial Elsemanaldigital  12 Junio 2007

En la reunión entre el presidente del Gobierno y el líder de la Oposición de este lunes los dos protagonistas han cumplido con sus obligaciones. José Luis Rodríguez Zapatero no puede acometer una gran política de Estado, como es la lucha antiterrorista, sin el consenso del centroderecha; y Mariano Rajoy, por su parte, no puede dejar solo a Zapatero, sean cuales sean los errores de éste y las diferencias entre ambos, si se le pide apoyo para derrotar a ETA.

Derrotar a los etarras: tal es la exigencia de nuestro Estado de Derecho, y tal es la voluntad abrumadoramente mayoritaria de los ciudadanos. Los españoles quieren un futuro de unidad en un país en paz y libertad, y eso implica que ETA deje de existir sin cobrar ningún precio. Ningún demócrata español podrá desoír esa llamada, pero por la misma razón ninguno puede permitirse rebajas en el objetivo.

Zapatero y Rajoy se han tendido la mano, como era imprescindible. Pero ese reencuentro no quiere decir que se olvide lo que ha sucedido en los últimos años, porque la unidad sólo tendrá sentido y será fecunda si se recupera para corregir las cosas que van mal. Rajoy ha renunciado, según sus propias palabras, a hacer "reproches", porque no es el momento; pero sí lo es de imponer un cambio de rumbo.

Durante más de tres años el Gobierno y el PSOE han preferido las conversaciones con Batasuna y con ETA al apoyo del PP. Durante ese mismo tiempo los socialistas han desmontado el modelo de lucha antiterrorista más exitoso de nuestra historia, que permitió al Estado acorralar a ETA y dejó a la banda terrorista al borde de la extinción. El Pacto por las Libertades y la Ley de Partidos, con el consenso de PP y PSOE, redujeron el terrorismo abertzale a su mínima expresión, sin cargos públicos, sin financiación y sin protecciones de ningún tipo. Nada de reproches, sea: basta que Zapatero vuelva al camino que abandonó, renuncie al fracasado "proceso de paz" y demuestre sentido de Estado además de talante.

La gran duda, en el centroderecha, es si Zapatero puede ser creído, y si la invitación a Mariano Rajoy es sincera o meramente interesada. No faltan los ejemplos de encuentros manipulados por La Moncloa. Hay que pensar que Rajoy sabe qué terreno pisa, y hay muchas maneras de comprobar la sinceridad de Zapatero: la ilegalización de ANV y la lucha policial implacable son dos modos de comprobar hacia dónde quiere ir el presidente del Gobierno. Y sobre todo, tanto en Álava como en Navarra, el PSOE tiene que elegir si pacta con los abertzales o con los constitucionalistas del PP y UPN. Por sus pactos los conoceréis: y allí se demostrará si la fotografía de este lunes era algo más que otra cortina de humo.

Los elevados costes de una ineficaz política
Por ROGELIO ALONSO, Profesor de Ciencia Política en la Universidad Rey Juan Carlos ABC 12 Junio 2007

«ESTABAN asfixiados y ahora tienen oxígeno para años». Este es el demoledor análisis sobre la situación de ETA que un responsable policial francés trasladaba al excelente periodista José Luis Barbería (El País 29/4/2006). El testimonio del experto en la lucha antiterrorista, compartido por otros competentes profesionales de las fuerzas y cuerpos de seguridad, tanto en Francia como en España, resume de manera inapelable los contraproducentes efectos de la política hacia ETA del actual Gobierno. Sin embargo, desde ese mismo diario y desde otros medios, continúa defendiéndose la negociación con ETA propugnada por el presidente, ignorándose los terribles costes de una política que, como ha corroborado un destacado órgano policial como Europol, ha servido para fortalecer a la organización terrorista. A pesar de tan inquietante fortalecimiento, la propaganda gubernamental, respaldada de forma irresponsable por numerosos formadores de opinión, insiste en reproducir trampas discursivas con las que se intenta justificar una política de muy negativas consecuencias para nuestro sistema democrático. Si el presidente del Gobierno tenía el derecho, y el deber, de «buscar la paz», estaba obligado a articular una política antiterrorista que debilitase y no reforzase, como ha ocurrido, a quienes niegan dicha paz; por tanto, no «merecía la pena» y no «había que intentar» un cambio de política que ha dado «oxígeno» a ETA.

Otra de esas trampas presenta el diálogo con ETA como absolutamente necesario frente a la insuficiencia de las respuestas policiales. Se construye así un falso dilema que identifica la respuesta policial como alternativa exclusiva a la negociación con terroristas, distorsión que se enfatiza insistiendo en las buenas intenciones del presidente al buscar la paz mediante un diálogo que, sin embargo, ha dañado seriamente al Estado. Estas variables alimentan una retórica que miente sobre los ámbitos en los que debe articularse una política antiterrorista que aspire a ser eficaz. Al presentarse la derrota de ETA como imposible mediante un recurso -la vía policial- que en absoluto representa el único mecanismo de acción antiterrorista, se obvian el resto de instrumentos que conjuntamente deben emplearse contra la banda. La política desarrollada desde 2000, a partir de la firma del Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo, alcanzó una notable eficacia precisamente porque concebía la lucha contra ETA de manera integral. En consecuencia la respuesta estatal se basó en la combinación de una eficiente presión política, policial, social y judicial que situó a la organización terrorista en una crítica situación, como reconoció la propia ETA al admitir que se había logrado «despertar el fantasma de la destrucción de la izquierda abertzale» (Zutabe 106). Ello demuestra que el repertorio antiterrorista no consta únicamente de dos ejes, el diálogo y la vía policial, sino de muchos otros instrumentos, interrelacionados entre sí. Es en todas esas dimensiones de la política antiterrorista en las que el gobierno ha rebajado la presión, fortaleciendo por ello a quienes tanto habían sufrido las consecuencias de su firme y combinada aplicación en el pasado.

ETA, con más astucia que el Gobierno, ha exigido de éste el debilitamiento de todos esos frentes seduciéndole con señales equívocas mediante una negociación para la cual el presidente nunca obtuvo el respaldo del Parlamento. Se debe recordar a aquellos que todavía intentan engañar a la opinión pública que el Congreso autorizó el diálogo con «quienes decidiesen abandonar la violencia», una vez ETA demostrase, a través de «actitudes inequívocas», «una clara voluntad para poner fin a la violencia». Aunque jamás concurrieron esas condiciones, el diálogo se mantuvo, por lo que es obvio que el presidente ha incumplido el mandato del Parlamento, dañando la legitimidad de tan importante institución. Se concedía así un indudable éxito a la organización terrorista, que racionaliza, lógicamente, que ha forzado al gobierno a modificar su política. A esta conclusión puede llegar ETA al apreciar que el Gobierno ha relajado las iniciativas antiterroristas en distintos frentes para buscar la complacencia de sus interlocutores.

El sólido consenso político del periodo 2000-2004 ha dado paso a una polarización sin precedentes como resultado de un error fundamental que justifica la negativa de la oposición y de otros ciudadanos a respaldar decisiones gubernamentales erróneas: mientras el Gobierno presentaba la tregua como un paso hacia la paz, la realidad y la rigurosa opinión de los profesionales de la lucha antiterrorista desmentían ese análisis, confirmando que la banda entendía su «alto el fuego» como un recurso más de su repertorio de acciones terroristas, convenientemente adaptadas a las circunstancias. Al supeditarse el criterio de los verdaderos profesionales a desacertadas decisiones políticas partidistas, se ha generado una frustrante desmotivación entre los responsables del debilitamiento de ETA, que tan directamente han sufrido su violencia. No debe despreciarse la relevancia que el factor humano posee en la aplicación de la política antiterrorista, como tampoco puede ignorarse que su eficacia se ve negativamente afectada por la incertidumbre que genera la tolerancia hacia una organización terrorista con la que se decide negociar pese a continuar ésta con sus actividades criminales. Asimismo, devastadoras consecuencias tiene para el Estado y para extraordinarios profesionales de las fuerzas y cuerpos de seguridad que colaboradores de ETA fueran advertidos previamente de una operación policial con el fin de evitar detenciones, como ocurrió en junio de 2006.

Idéntico descrédito de las instituciones se deriva de arbitrarias y sorprendentes medidas judiciales que han favorecido a ETA y a su entorno, anteponiéndose de nuevo el criterio político de «no dañar el proceso de paz» al estricto cumplimiento de la ley que tan fundamental resultó para el asfixiamiento de la banda. También representó un crucial pilar en la lucha antiterrorista la respuesta de una sociedad civil en la que las recientes iniciativas gubernamentales han alentado una preocupante desmotivación y desmovilización. El Gobierno ha optado por reemplazar la concienciación social que había consolidado la ruptura del mito sobre la imbatibilidad de ETA por un discurso que injustamente impone a la sociedad amenazada una negociación con quien la coacciona. La privación de derechos y libertades de los ciudadanos intimidados por ETA ha sido infravalorada por un Gobierno más preocupado por la demonización de quienes exponían razonables dudas sobre las supuestas intenciones de paz de criminales que no han cesado de amenazar. De ese modo el sentimiento de vulnerabilidad y desprotección se ha afianzado en una sociedad que ha sido víctima de los mismos mecanismos de transferencia de culpa y difusión de responsabilidad habitualmente empleados por ETA, si bien ahora utilizados por los representantes del Estado. Así lo expone la descalificación y tergiversación de la Ley de Partidos por parte del fiscal general, neutralizando una eficaz medida antiterrorista destinada a privar de recursos a ETA y a garantizar la seguridad de ciudadanos extorsionados por quienes de manera nada democrática se sirven de la democracia para extender su coacción impunemente.

Es por ello inevitable que expertos antiterroristas juzguen que ETA se ha fortalecido como consecuencia de la política gubernamental. La gravedad de semejante diagnóstico obliga a contundentes rectificaciones que permitan recomponer una auténtica política antiterrorista. Debe insistirse en que la detención de activistas etarras, tan necesaria como es, resulta insuficiente en ausencia de acciones eficaces en otros ámbitos como el político, el judicial, el social y el ideológico. Así lo evidencia nuestra prolongada experiencia contra el terror, pues a pesar de que el gobierno, algún juez y ciertos fiscales, han optado por subestimarlo, ETA es una organización terrorista que actúa en múltiples frentes que deben ser contrarrestados con firmeza desde las distintas instituciones del Estado en las que descansa la política antiterrorista. El alcance del desafío generado por tan contraproducente política lo revela la constatación de que las decisiones gubernamentales han contribuido a legitimar la narrativa y la propaganda de ETA y su entorno, favoreciendo que la ruptura de la tregua en Barajas no haya tenido un coste electoral para la banda. Así ha sucedido porque el Gobierno ha transmitido a la sociedad que se debe negociar con terroristas pese a incumplirse las exigencias fijadas por el presidente y el Congreso. ETA y su entorno han sido legitimados como «interlocutores necesarios», aceptándose incluso su vuelta a las instituciones, e ignorándose el imprescindible cumplimiento de la legalidad al que todos los ciudadanos están obligados sin que el uso de la violencia les confiera beneficios sino sanciones.

Puntos de lucha
Xoán Xulio Alfaya Periodista Digital 12 Junio 2007

[Libertad] 1º Libertad de idioma: El concepto de libertad de idioma debe pasar a ser de uso común entre los ciudadanos, así como su defensa en todos los ámbitos. Sería muy importante conseguir que este derecho tuviese su expresión concreta en la legislación europea, de momento insensible ante el problema de los ciudadanos discriminados por razones lingüísticas. De igual modo que los nacionalistas y los nacional-galleguistas esgrimen impropiamente el concepto de "lengua propia", nosotros debemos defender con firmeza el de libertad de idioma.

2º El concepto de lengua propia: Tenemos que rechazar abiertamente el uso politizado del concepto de "lengua propia" de Galicia aplicado solamente al gallego, pues tanto el gallego como el castellano han sido, son y seguirán siendo "lenguas propias" de los gallegos, hecho que se refleja de forma evidente tanto en la vida cotidiana como en la literatura. Los mejores escritores gallegos han sido bilingües o hispanoescribientes.

3º Jerarquía normativa y legalidad: El ordenamiento jurídico es el conjunto de normas que rigen en una determinada época y en un lugar determinado. En el caso de los estados democráticos, el ordenamiento jurídico está formado por la Constitución del Estado, que se edifica como la norma suprema, por los códigos de derecho público y privado, las leyes (en sus diversos tipos y clases), los reglamentos y otras regulaciones menores en cantidad, tales como los tratados, convenciones, normas unilaterales, contratos privados y disposiciones de particulares.

El principio de Jerarquía Normativa establece que la norma superior prevalece sobre la inferior. Una norma de rango inferior no puede contradecir a otra de rango superior. Este principio está recogido en el artículo 9.3 de la constitución y también en la disposición derogatoria apartado tercero. La mayoría de las normas y reglamentos de la administración gallega no respetan el principio de Jerarquía Normativa y, por lo tanto, son ilegales y recurribles.

4º Derechos de padres y profesores: Los padres y los profesores tenemos derechos. Los padres tenemos derecho a elegir la lengua en la que queremos se eduquen nuestros hijos y los profesores tienen derecho a no ser sancionados por utilizar una lengua que es oficial en su comunidad.

5º Barreras lingüísticas: Las barreras lingüísticas prolongarán todavía más el secular aislamiento de Galicia. Los padres con dinero enviarán a sus hijos a estudiar fuera de nuestra comunidad y los estudiantes de otras comunidades se desanimarán a hacerlo en Galicia para no añadir una dificultad absurda e inútil a sus estudios. Las relaciones con el resto de las comunidades del Estado y las internacionales empeorarán si se emplea el gallego por un simple principio ideológico rígido y carente de realismo.

6º Mercado laboral: Los jóvenes educados en las galescolas, con gallego al 100%, tendrán mucho más limitado su acceso al mercado laboral tanto dentro como fuera de Galicia. La dificultad para aprender bien un idioma de adultos es mayor y la imposición coactiva del gallego les afectará negativamente para el resto de sus vidas.

7º Igualdad de oportunidades: La Xunta de Galicia subvenciona todo aquello que esté en gallego, dejando en segundo plano proyectos e iniciativas que pueden ser mejores y más rentables por una simple cuestión de idioma. Los concursos literarios y de otro tipo promovidos por entidades bancarias, ayuntamientos y otros colectivos o asociaciones discriminan a quienes tienen el castellano como su lengua materna y de uso habitual. Éstos van a tener menos oportunidades para desarrollar su talento y para salir adelante como escritores, artistas o profesionales cualificados.

© Xoán Xulio Alfaya, 2007

Imposición lingüística
Cómo vivir de la lengua
Cristina Losada Libertad Digital 12 Junio 2007

El truco es bien sencillo. Alguien funda, pongamos por caso, una asociación para el estudio del murciélago. Un minuto después de la gran idea se pregunta cómo va a financiarla. Viva ese alguien en Sanabria, en Chinchón o en Tarifa, es probable que la primera opción que se le ocurra sea acudir a la administración estatal, y no la penosa y lenta alternativa de lograr socios que aporten dinero. Sin embargo, en ninguno de esos tres lugares mencionados ni en muchos otros podrá dar por seguro que consejeros y concejales vayan a dejarse exprimir fácilmente para costearle su hobby personal. Ahora bien, si el tal alguien reside en Galicia, bastará con que se comprometa a escribir los folletos de su club en gallego y a organizar, por ejemplo, A semana do morcego (murciélago) para que el Gobierno autonómico le extienda un cheque, siempre que la competencia con otros vampiros del erario no le deje fuera. Éste es el secreto de la existencia de miles de asociaciones y de publicaciones que de otra manera tendrían que buscarse la vida, como cualquier adulto. Y el secreto también de que, en Galicia y en cuantas regiones se ha sacralizado la impropiamente llamada lengua propia, ésta tenga un predominio absoluto en el ámbito público.

Casi seiscientas asociaciones y grupos de Galicia acaban de recibir subvenciones por valor de 850.000 euros gracias a un programa para entidades privadas sin ánimo de lucro que se propongan incrementar el uso del gallego en la familia, la infancia y la juventud. Figuran entre las beneficiadas desde clubs de voleibol, surf o gimnasia tradicional china hasta asociaciones de vecinos, consumidores y comerciantes, sin que falten alcohólicos rehabilitados o fabricantes de hormigón, amén de comunidades de propietarios, grupos ecologistas, sindicatos, juventudes de partido y ONGs que son OGs. Con tanta gente a ordeñar, toca a poco, desde luego, y la cantidad total que se les destina es una menudencia comparada con las que maneja el Gobierno autonómico, aunque cabe reseñar que es mayor de la que dedicará a subvencionar a ayuntamientos y empresas para extender el servicio del autobús nocturno.

Pero esos ochocientos mil del ala hay que sumarlos a otros que se destinan al mismo fin. Sólo unos días atrás, se anunciaba que ya hay dispuestos 15.000 kits para entregar a mujeres embarazadas a fin de que críen a sus bebés en gallego. Un CD con nanas en dicho idioma ha de ayudarles a que en el futuro lean y, si es posible, rindan culto, a Sempre en Galiza. ¡Aún se cantan nanas! O quieren que se canten, las propias, claro. Mas del coste, ni palabra. Ha sido la última gran iniciativa del bigobierno, después de la galleguización de los nombres y de las lápidas, aprobada en el parlamento por todos los partidos sin excepción.

La suma de estas y otras generosidades de la administración con nuestro dinero, que incluyen dádivas a la edición y a publicaciones varias, subvenciones a empresas y eventos y un largo etcétera, si se ha hecho, no se conoce. Y no hay que esperar de la oposición, o sea, del PP, que saque la calculadora para decirnos cuanto se va en intentar modificar los hábitos lingüísticos de la gente. Pues fue con el PP en el Gobierno que empezó este trasvase de los bolsillos del contribuyente al de los espabilados que viven del gallego. Toda una casta que vería enormemente reducido su poder, el adquisitivo y el otro, de extenderse el principio de la libertad al terreno del idioma. A su lado, qué inofensivos son los murciélagos.

LOS MIEMBROS DEL GOBIERNO LOCAL CORUÑÉS DEBERÁN EXPRESARSE EN ESTA LENGUA EN LOS ACTOS OFICIALES
El pacto PSOE-BNG obligará al Concello a usar preferentemente el idioma gallego
Javier Losada retoma hoy con el nacionalista Henrique Tello las negociaciones para conseguir un acuerdo de gobernabilidad, que continuarán mañana con una entrevista con Carlos Negreira.
JOSÉ MANUEL GUTIÉRREZ La Opinión 12 Junio 2007

El pacto para la gobernabilidad de los municipios suscrito a nivel gallego entre el PSdeG-PSOE y el BNG obligará a cambiar de forma radical la política lingüística del Ayuntamiento coruñés, que deberá emplear la lengua gallega en todas sus comunicaciones y en todos los servicios y dependencias, en los que hasta el momento el castellano ocupa una posición de claro predominio.

La aplicación en la ciudad del acuerdo marco entre los dos partidos se traducirá también en la retirada de los recursos jurídicos presentados por el anterior Gobierno local contra las sentencias que le obligan a aceptar el topónimo A Coruña como el único oficial del municipio. Con esta iniciativa se pondrá fin a una de las polémicas de mayor duración temporal en la historia municipal y que ha generado algunos de los más duros enfrentamientos entre socialistas y nacionalistas en los últimos años.

El portavoz del BNG, que podría convertirse en teniente de alcalde si finalmente cristaliza un pacto con los socialistas, ha sido uno de los más firmes defensores del cumplimiento de la legalidad en relación con el topónimo. Henrique Tello llegó incluso a ser condenado a un arresto domiciliario por arrancar la letra L del adorno floral situado en la avenida de Alfonso Molina, en el que figura el texto "La Coruña".

Con la puesta en marcha de este acuerdo, A Coruña se homologará con el resto de ciudades de la comunidad, en las que el gallego es la lengua en la que se efectúan todas las comunicaciones y en la que se expresan todos sus responsables políticos.

El texto firmado ayer en Santiago por Emilio Pérez Touriño y Anxo Quintana convierte a los ayuntamientos en "agentes activos en la promoción de la cohesión social, la identidad cultural y la extensión de usos de nuestro idioma". El documento señala que los gobiernos municipales afectados por este pacto "cumplirán y harán cumplir la legislación en materia lingüística", aspecto que será determinante en el caso del topónimo coruñés, puesto que la denominación de las localidades gallegas está regulada por la normativa autonómica sobre el idioma.

También hace referencia el acuerdo a la forma en la que las administraciones municipales llevarán a cabo su labor informativa, puesto que se especifica que los ayuntamientos emplearán el gallego "de forma sistemática en todas sus comunicaciones orales y escritas y promoviendo su uso normal en los servicios y dependencias de la Administración local".

El cumplimiento de este punto del acuerdo hará necesaria una modificación sustancial del funcionamiento del aparato administrativo del Ayuntamiento, en el que la práctica totalidad de la documentación se elabora únicamente en castellano. Las órdenes del día de las juntas de gobierno y de los plenos son algunos de los escasos textos que se redactan de forma bilingüe tras las peticiones formuladas por el BNG, mientras que la identificación corporativa municipal -con la que se señalizan las instalaciones municipales en toda la ciudad- aparece en su totalidad en lengua castellana.

El alcalde y los miembros del Gobierno local deberán asimismo expresarse en gallego en todas sus intervenciones públicas, tanto en los actos administrativos como en sus participaciones en los actos en los que comparezcan como representantes del Ayuntamiento, en los que hasta ahora el español es el idioma empleado casi en exclusiva, puesto que el gallego se reserva para ocasiones muy limitadas, generalmente relacionadas con la promoción de esta lengua.

Conversaciones
Henrique Tello abrirá esta mañana en el Palacio Municipal la segunda ronda de conversaciones que llevará a cabo el candidato socialista a la Alcaldía, Javier Losada, con el fin de lograr una mayoría estable en la futura Corporación coruñesa.El encuentro se produce al día siguiente de que

PSdeG-PSOE y BNG suscribiesen en Santiago un pacto para los ayuntamientos en los que pueden hacerse con el gobierno.

El cabeza de lista del Partido Popular, Carlos Negreira, también ha concertado ya su entrevista con Losada, con quien conversará mañana por la tarde para reiterarle su propuesta de que gobierne en solitario, para lo que le ofrecería acuerdos esporádicos sobre asuntos concretos. Losada insiste en que el acuerdo alcanzado en Santiago no implica necesariamente que el próximo Gobierno local de A Coruña tenga que estar conformado por los mismos partidos, para lo que se acoge a la libertad que deja el documento a los representantes municipales de esta ciudad y de Lugo para que acomoden los términos del pacto a las características de ambas corporaciones.

Pese al ofrecimiento del Partido Popular para respaldar un gobierno socialista en minoría y la búsqueda del consenso sobre los principales proyectos municipales, será el representante del BNG quien primero se reúna con Javier Losada.

La explicación oficial sobre el orden de las entrevistas menciona las necesidades de encajarlas en las respectivas agendas de los líderes políticos, pero no deja de ser significativo que en esta ocasión se invierte el orden con respecto al primer encuentro, en el que Negreira fue recibido un día antes que Tello por tratarse del portavoz de la segunda fuerza más votada en las pasadas elecciones.

Mientras que Henrique Tello proclama su convicción en que el BNG formará parte del nuevo Gobierno local y que el Ayuntamiento coruñés no se desmarcará de los acuerdos adoptados en Santiago, el candidato socialista se afana en hacer ver que no existe ningún compromiso con los nacionalistas y que todas las posibilidades están supeditadas a la negociación que hoy comenzará en el palacio de la plaza de María Pita.

Losada insiste en que la estabilidad del próximo Ejecutivo es el único argumento con el que buscará un pacto de gobernabilidad, puesto que el Ayuntamiento se enfrentará en los próximos años a asuntos de tanta trascendencia como la modificación del Plan General de Ordenación Municipal y al desarrollo del denominado Plan Busquets para la transformación de los terrenos portuarios.

El enfrentamiento que ha caracterizado las relaciones entre BNG y PSOE en A Coruña durante los últimos 24 años no deja el camino abierto a la propuesta planteada por el PP. El candidato socialista acusó ayer de inconcreción al ofrecimiento de Carlos Negreira, al que incluso calificó de "palabras grandilocuentes".

El nuevo portavoz municipal de los conservadores se negó ayer a juzgar los comentarios del alcalde en funciones hasta después de la reunión programada para mañana. Negreira explicó que la única conversación que mantuvo con Losada fue la llevada a cabo tres días después de las elecciones, en la que le expresó su disposición a permitir que gobierne sin la necesidad de recurrir a una coalición con el BNG.

"No ha habido ninguna otra reunión, por lo que no se puede particularizar, esperaré a la próxima reunión para poner las cosas claras", señaló el candidato del PP, quien cree injustificadas las afirmaciones de Losada sobre la falta de concreción de su propuesta, puesto que se trató de una simple aproximación. "No creo que haya motivos para afirmar o negar, en una primera reunión no hay cosas concretas", detalló Negreira acerca del encuentro mantenido el pasado 30 de mayo.

Los populares mantienen su intención de conseguir un entendimiento con los socialistas pese al acuerdo marco suscrito por PSOE y BNG en el conjunto de Galicia. El cabeza de lista del PP asegura tener "una opinión formada" acerca del pacto firmado por sus rivales políticos, pero asegura que no la expresará hasta conocer el resultado de su nueva reunión con Javier Losada.

AZNAR Y RAJOY PRESENTAN SU LIBRO ESTA GRAN NACIÓN
Jaime Mayor: "Nuestro drama es que el PSOE ha renunciado al proyecto de España"
Devolver a España al "puente de mando de Europa" es posible. "Hemos sido, somos y seremos una gran nación", intenta demostrar Jaime Mayor Oreja en su libro-conversación con César Alonso de los Ríos. "Si de algo hemos pecado durante la democracia es de no defender esa idea con convicción", opina el ex ministro del Interior, en declaraciones a LIBERTAD DIGITAL.
Víctor Gago Libertad Digital 12 Junio 2007

El libro se inicia con una admonición que Javier Arzalluz le dedicó en abril de 1996, momentos antes de una manifestación contra ETA: "Nunca podrá ser España una gran nación como Francia o como Alemania. No te equivoques".

La biografía de Jaime Mayor Oreja describe la voluntad infatigable de refutar el augurio nacionalista. El libro reúne memorias personales, desde su infancia en San Sebastián, hasta un epílogo de esperanza sobre el proyecto común de los españoles: la libertad.

"España y la libertad son las dos caras de una misma moneda. La esperanza para que los vascos seamos plenamente libres se llama España", sostiene el hoy presidente del Partido Popular Europeo al final de su diálogo con Cesar Alonso de los Ríos.

El libro Esta gran nación [Libros Libres, 2007] se da a conocer este martes, a las 19:30 horas, en el Auditorio de la Mutua Madrileña –Paseo de la Castellana, 33, Madrid–.

La obra y sus autores serán introducidos por José María Aznar y Mariano Rajoy, dos líderes que han acompañado y compartido el liderazgo de Mayor Oreja desde la refundación del PP, hace 17 años, como símbolo de la resistencia a ETA y al nacionalismo hegemónico en el País Vasco, pero también como máximo exponente de la democracia cristiana dentro del PP.

"La idea del libro", explica Jaime Mayor a LIBERTAD DIGITAL, "surgió del autor. Me pareció un momento oportuno para aportar mi experiencia, lo poco o mucho que haya podido aprender de estos años de compromiso con España y con la libertad, que vienen a ser lo mismo, primero como diputado autonómico de UCD, después como parlamentario nacional, ministro del Interior, otra vez diputado en el País Vasco y presidente de mi partido en esta Comunidad, y ahora como diputado en el Parlamento Europeo".

Devolver a España al "puente de mando"
Se rebela contra cierta imagen que le expone como una conciencia pesimista sobre el porvenir de la Nación.

"Uno nunca puede ser pesimista, estando en la política para defender la libertad y la verdad, como he estado siempre. Creo, eso sí, que debemos afrontar con valor y determinación un presente difícil, para devolver a España a la buena dirección y al puente de mando de Europa, que es el sitio que nos corresponde como una de las naciones más antiguas del mundo", comenta en la breve conversación con este diario que le permite su apretada agenda de entrevistas con motivo del lanzamiento del libro.

César Alonso de los Ríos, coautor del libro, conoce a fondo la Transición española, que ha vivido en primera línea del periodismo y el análisis político, disciplinas en las que ha llegado a forjarse una voz propia fiel a una tradición de columnismo claro, conciso e ideológicamente bien pertrechado en los ideales de la democracia liberal y la nación española que nacieron o se refundaron en las Cortes de Cádiz. En la actualidad, es comentarista diario de ABC y colabora en distintas tertulias de radio.

Para Jaime Mayor Oreja, "el reto ya no es denunciar los abusos del nacionalismo, o desmontar su mitología, sino pensar en una alternativa capaz de derrotarlo. Para ello, sería bueno que los demócratas pudiésemos contar con una izquierda que no fuera tan inconstante, que tuviera un proyecto claro y único para España, pero, desgraciadamente, lo dramático es que la actual referencia de la izquierda, que es el PSOE, haya renunciado al proyecto de España".

En los más de treinta años que abarca su biografía política, Jaime Mayor reconoce haberse enfrentado a momentos muy duros, "a principios de los 80, cuando murieron tantos amigos por la barbarie asesina de ETA, el atentado contra Gregorio Ordóñez, o, ya como ministro, el secuestro, tortura y asesinato de Miguel Ángel Blanco". Nunca, incluso en los peores momentos, le ha faltado "la fe en que la libertad se acabará imponiendo al terrorismo. España es una gran nación desde hace siglos, y no van a acabar con ella, por más que siembren el dolor y la muerte".

También ha habido momentos de alivio o de felicidad, como cuando le tocó pilotar desde el Ministerio la operación que liberó a José Antonio Ortega Lara. "Fue todo un símbolo, el mejor resumen de la profunda alegría que produce ver el triunfo de la libertad y de la dignidad humana sobre el Mal absoluto que es el terrorismo", evoca, en declaraciones a este diario.

Gobierno y Generalitat pactan el traspaso de los cuerpos de notarios y registradores
IVA ANGUERA DE SOJO ABC 12 Junio 2007

BARCELONA. El Ministerio de Justicia y el Departamento de Justicia de la Generalitat han cerrado un calendario para el traspaso de las competencias en materia de notarías y registros que fija el próximo 30 de julio como fecha límite para que el Gobierno apruebe las modificaciones legislativas necesarias para dejar esa competencia en manos del Ejecutivo autonómico. El acuerdo, que implica la cesión a la Generalitat del control sobre los cuerpos de notarios y registradores públicos, coincide en el tiempo con la batalla entre la Generalitat y el Defensor del Pueblo por las competencias de esta institución sobre la Administración autonómica, competencias que la Generalitat niega en base al nuevo Estatuto.

Unas competencias que, según el documento al que ha tenido acceso ABC, incluyen la convocatoria de oposiciones libres, restringidas y concursos de notarios y registradores de la propiedad, mercantiles y de bienes inmuebles; supone además habilitar al Gobierno catalán para participar en la elaboración de los programas de acceso a los cuerpos de notarios y registradores, con el fin de «acreditar el conocimiento del derecho catalán»; deja en manos de la Generalitat establecer las demarcaciones notariales y registrales y el nombramiento de los notarios archiveros de protocolos.

Comisión paritaria
Este documento desarrolla, de hecho, la competencia ejecutiva en materia de notarías y registros públicos que le otorga el nuevo Estatuto, pese a que la Constitución establece la competencia exclusiva del Estado en esta materia. Para adaptar la legislación vigente al nuevo marco competencial el Gobierno se dio tres meses, que concluyen el 30 de julio, para presentar las propuestas de nueva regulación legislativa. Durante este periodo, una comisión paritaria integrada por seis miembros estudia esas reformas normativas. Mientras las reformas no se hagan efectivas, el Ministerio se compromete a colaborar con la Generalitat en la convocatoria de vacantes de notarías y registros para salvaguardar las nuevas competencias autonómicas.
El acuerdo entre la consejera Montserrat Tura y el secretario de Estado de Justicia, Julio Pérez, se produjo paralelamente a la ofensiva del consejero de Interior y Relaciones Institucionales, Joan Saura, contra la potestad del Defensor del Pueblo en materia de quejas sobre la Administración autonómica.

Defensor sin competencias
La Generalitat reclama que, en cumplimiento del artículo 78 del nuevo Estatuto, que el Defensor del Pueblo se inhiba de aquellas quejas referidas a la Administración autonómica en favor del Síndic de Greuges. Sin embargo, para Enrique Múgica, que recurrió el Estatuto precisamente por la atribución de competencias exclusivas al Síndic en ese artículo 78, eso supondría dejar en inferioridad de condiciones a los ciudadanos residentes en Cataluña. Significaría, en la práctica, que el funcionamiento de la Generalitat en cuestiones tan sensibles como la lengua quedarían vedadas al Defensor del Pueblo.
La batalla, abierta por Saura el pasado mayo, cuando dio orden a los departamentos de la Generalitat de no responder a las consultas del Defensor, sino trasladárselas al Síndic, ha provocado además un agrio debate entre los responsables de ambas instituciones.

Un intercambio en el que Múgica insiste en mantener el actual «statu quo» mientras el Tribunal Constitucional no falle sobre el nuevo Estatuto, mientras el defensor catalán advierte, por contra, que «es diáfana la existencia de un nuevo marco legislativo de obligado cumplimiento para todas las instituciones constitucionales y estatutarias».

El Defensor del Pueblo teme así perder toda competencia sobre la Generalitat, mientras el Síndic propone, además, cooperar con el Defensor en las quejas ciudadanas por actuaciones de la administración periférica del Estado. El litigio sigue abierto entre ambos responsables, mientras una y otra institución esperan el fallo del Tribunal Constitucional que arroje luz sobre la disputa competencial.
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