AGLI

Recortes de Prensa     Domingo 17  Junio   2007

Prioridades
POR JON JUARISTI ABC 17 Junio 2007

NO echo de menos un himno nacional. Lo echaría de menos si llegara a darse el improbable caso de que entrásemos en guerra contra una nación extranjera. Para eso se componían los himnos nacionales, para el ejército nacional, que era, si mi memoria de artillero de segunda no me falla, «la nación en armas para la defensa de la patria». El más hermoso de los himnos nacionales del mundo lo escribió apresuradamente Rouget de Lisle, en una sola noche, con los prusianos a las puertas de Estrasburgo. Los mejores himnos son los que se improvisan cuando hacen falta. El bellísimo himno nacional mexicano —el gran himno nacional de la lengua española— es sólo una rezagada imitación neoclásica de la Marsellesa.

Recordará el lector aquel pasaje de El escuadrón del Brigante, de Baroja, cuando Aviraneta y sus muchachos se aprestan a lanzar la última carga contra los franceses copados cerca de Hontoria del Pinar, y el tenientito franchute, sable en mano, se envuelve en la tricolor y entona el himno del ejército del Rhin. Aviraneta y los suyos se miran espantados y sólo aciertan a decirse, en medio de su estupor, que, de haber tenido los españoles un himno como aquél, ya no quedaría un gabacho vivo entre Higuer y Gibraltar. Yo no echo de menos un himno nacional. Lo echa de menos el COE y los de la roja del furbito, que aguantan en Yakutia la vejación del bon colp de falç y todo eso de las cabezas castellanas rodando, y luego van y les ponen el God save the Queen, con merecido recochineo, porque hasta los rusos saben que el único himno que canta Rodríguez el Rojo es la Internacional y que donde medio país, presidente incluido, berrea la Internacional no hay nación que valga. En habiendo nación, yo estaría dispuesto a cantar lo que fuese, hasta el Himno de Falta de Riego. Echo de menos la nación indiscutible y me aflige oír a Mariano Rajoy y a Esperanza Aguirre repitiendo el latiguillo de que España es una gran nación.

No, una gran nación no tiene un presidente de Gobierno como el nuestro. Somos otra cosa: espuma, simulacro, parodia o esperpento de lo que pudo haber sido una gran nación. Tengo claro que muchos desean que España sea una gran nación. Yo me conformaría incluso con que llegásemos a ser de nuevo una nación, pero con Rodríguez al frente eso es imposible. Entonces, como diría Lenin, ¿qué hacer? Desde luego, ni concursos de letras para el himno ni mantras megalómanos. Hay que sacar a Rodríguez del Gobierno, hay que vencer a los socialistas. Limpia y democráticamente, por supuesto. Sin asaltos a las Casas del Pueblo, porque no somos abertzales ni socialistas. Esa es la tarea más urgente que tenemos por delante, no la de escribir himnos nacionales. ¿Más urgente que derrotar a ETA? Pues sí. Con Rodríguez en el Gobierno no se puede derrotar a ETA. Todo lo contrario, como ya se ha demostrado.

O sea, que ni pactos ni himnos. No estamos para bromas. ¿Colaboración para acorralar a la banda? La que sea precisa, aunque, como decían los socialistas en tiempos de Aznar, la responsabilidad de la lucha antiterrorista recaiga exclusivamente en el Gobierno. Suya será la gloria de los aciertos; suya y solamente suya la culpa de los fracasos.

Colaboración leal quiere decir apoyar al Gobierno cuando detenga y desmantele. Colaboración leal quiere decir no negociar en secreto con el enemigo, ni con Batasuna en el País Vasco ni con ETA en Perpignan, pero nada de suscribir la política antiterrorista de Rodríguez, ese pedazo de demócrata que, como es sabido, nunca se equivoca. Es más, la leal oposición debe comprometerse con los españoles a terminar con ETA en el caso de que las urnas le den la victoria, pero no puede esperar mucho de los demás partidos; no por lo menos hasta que la nación se recomponga. Por eso, el PP no tendría que llevar a las próximas elecciones un nuevo pacto antiterrorista, sino un proyecto de pacto constitucional.

ETA retorna a los ayuntamientos
Editorial ABC 17 Junio 2007

LA constitución de los más de 8.000 ayuntamientos se desarrolló ayer con normalidad en casi toda España. Mayorías y minorías, pactos no siempre acordes con la voluntad popular y concejales nuevos y veteranos configuran el panorama de una democracia que funciona a nivel local con las tensiones propias de una sociedad pluralista y dinámica. Una vez más, la excepción se sitúa en el País Vasco y en las localidades de Navarra donde tiene influencia el nacionalismo. Los secuaces de los terroristas han vuelto a las instituciones, y esa es la peor de las noticias para la gente honorable. ANV gobernará en 17 pueblos vascos con mayoría absoluta y en otros participa en posibles coaliciones. Incluso en Sartaguda (Navarra) el único concejal de ANV apoyó a los socialistas para arrebatar la alcaldía al candidato de UPN. Los extremistas habían promovido una jornada de coacciones y amenazas para enturbiar la constitución de las corporaciones, pero no parece que estos acontecimientos hagan mella en los propósitos de Rodríguez Zapatero con su insólita lectura de la Ley de Partidos, según la cual sigue siendo legal una formación que considera «maldito» condenar el terrorismo. Una vez rota la unidad de los partidos nacionales, los únicos beneficiados son ETA y los suyos, como bien se refleja en diversos hechos acaecidos ayer que no pueden interpretarse como simples anécdotas.

Así, en un municipio vasco dos concejales del PP se tuvieron que marchar ante la actuación ilegal del alcalde del PNV, que permitió hablar a los candidatos de ANV cuya lista fue declarada ilegal por los jueces en esa localidad. En otro caso, algunos electos de la nueva marca de Batasuna pretendieron hacer valer un documento fuera de la ley, como es el llamado «DNI vasco». Los concejales del PNV y Eusko Alkartasuna en otro ayuntamiento no se presentaron e hicieron imposible que se constituyera la corporación. Si alguien estima que son asuntos menores o que se exagera su importancia es porque en aquella parte de España los niveles de normalidad democrática se sitúan bajo mínimos. Igual que las agresiones y coacciones a los candidatos no nacionalistas en la campaña electoral o que la vigilancia sin disimulo a los votantes en algunos colegios rurales, estos hechos ponen de relieve que en pleno siglo XXI no existen libertades públicas en dicho territorio: ni libertad de expresión, ni ejercicio sin coacciones del sufragio activo y pasivo, ni condiciones básicas para la práctica del derecho a participar en los asuntos públicos. Así pues, la presencia de los terroristas en las instituciones rompe cualquier apariencia de firmeza gubernamental y reduce a la nada las declaraciones retóricas para ofrecer la falsa imagen de un presidente que se dice implacable.

Preguntas sin respuesta
Ignacio Cosidó Libertad Digital 17 Junio 2007

El presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, ha aparcado de momento la exigencia de responsabilidades políticas al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, por el fiasco de su negociación con los terroristas en aras a salvaguardar la unidad contra el terrorismo en un momento en que ETA ha anunciado que prepara una nueva ofensiva criminal. Pero la propia conciencia democrática de Rodríguez Zapatero debería obligarle a dar una explicación a los ciudadanos sobre el inicio y el evidente fracaso de su intento de apaciguar con el diálogo a los criminales.

Rodríguez Zapatero había heredado una política antiterrorista, enmarcada en el Pacto por las Libertades, que había demostrado una enorme eficacia en la lucha contra ETA, era depositaria de un enorme consenso político y, por primera vez en nuestra historia democrática, había hecho creer a la sociedad española que la derrota de esta banda asesina era posible. El líder socialista debería explicarnos por tanto qué razones, qué indicios, qué circunstancias le llevaron sustituir esta política que conducía inapelablemente a la derrota de los terroristas por unas dilatadas conversaciones políticas con la banda que pretendían convencerles de que dejaran el terrorismo mediante una negociación que ha fracasado.

El jefe del Ejecutivo debería explicar también qué ha negociado y con quién. Porque más allá del error de haber abierto una expectativa a ETA en el momento de su máxima debilidad, lo que sin duda ha conducido a una regeneración de la banda terrorista, una cosa es que haya habido un diálogo sobre medidas que favorecieran el abandono del terrorismo y otra muy distinta es que se haya negociado políticamente con los terroristas. Zapatero debería ahorrar a los españoles la desazón que provoca su silencio ante las versiones que van filtrando cada día los medios más afines a los socialistas y la propia organización terrorista sobre los distintos episodios de la negociación.

Zapatero debería explicar qué datos tenía para mostrar tan inusitado optimismo en diciembre pasado, tan sólo un día antes del atentado de la T-4 en Madrid, y porqué ese optimismo se ha convertido ahora en un pesimismo que prevé acciones terribles de la organización terrorista. La única explicación que el inquilino de La Moncloa ha ofrecido, en sus reuniones privadas con sus interlocutores parlamentarios, ha sido que el sector más descerebrado de ETA dio al traste con la negociación. ¿Significa eso que estamos ante un cisma interno dentro de la banda? ¿Significa eso que Zapatero tratará de reiniciar la negociación con el sector menos descerebrado de ETA en cuando se le presente la menor oportunidad?

El jefe del Gobierno debería explicar por último en qué se traducirá su nueva política de firmeza contra el terrorismo. ¿Significa esto que el PSOE volverá al Pacto por las Libertades o tratará de impulsar un nuevo pacto con todas las fuerzas políticas como ya anunció después del atentado de la T-4? ¿Cuál será el contenido de ese nuevo pacto? ¿Mantiene el Gobierno la voluntad de negociación con ETA, como se desprende de la resolución parlamentaria en vigor, si la organización da muestras de querer abandonar el terrorismo, o tiene, por fin, la valentía política de cercenar definitivamente ese inmenso error?

Son demasiadas preguntas sin respuesta, pero es evidente que, después de su fracaso, a Zapatero le es exigible algo más que palabras en su política antiterrorista. A pesar de su primera decisión de devolver a De Juana Chaos a la cárcel de la que nunca debió salir, los primeros síntomas tras el anuncio de ETA de poner fin a esa burla de alto el fuego no pueden ser más desalentadores. Los terroristas volverán a tener hoy a sus representantes en los municipios sin que el Gobierno haya movido un dedo para impedirlo, los socialistas navarros pactarán con los nacionalistas vascos para gobernar esta Comunidad Foral, la resolución parlamentaria que ampara la negociación con los asesinos sigue vigente y el Gobierno socialista sigue guardando un sospechoso silencio sobre su fracasada negociación con los terroristas.
Ignacio Cosidó es senador del Partido Popular por Palencia.

Proceso de rendición
La nostalgia como coartada
GEES Libertad Digital 17 Junio 2007

El espectáculo meloso de las celebraciones del aniversario de las primeras elecciones democráticas puede despertar los recuerdos de los nostálgicos. Pero en la situación actual de la política antiterrorista y nacional, suena a sarcasmo o a broma macabra la loa constante a la Constitución mientras su pasado y su presente es liquidado con entusiasmo por el Gobierno en sus apaños con la banda terrorista ETA.

La Constitución no es, ni más ni menos, que la encarnación legal del pluralismo y del Estado de Derecho. O sea, el pluralismo que Bermejo, Rubalcaba y Zapatero han finiquitado en pueblos y ciudades del País Vasco y Navarra de la mano de ANV y ETA. En su línea, Zapatero podrá dar gracias a los españoles por la transición democrática, pero los españoles del futuro no le darán las gracias a Zapatero por haber legalizado política y moralmente a los mayores enemigos de la libertad y el pluralismo que quedan en toda Europa.

Y del Estado de Derecho, para qué hablar. El espectáculo del Gobierno utilizándolo como instrumento propagandístico en sus tratos y apaños con ETA, con el escandaloso chivatazo de funcionarios policiales a terroristas etarras o con el mimo judicial hacia Otegi y De Juana y la venganza contra ellos después. En tiempos de celebración, la sonrisa vacía de ZP y el matonismo tabernario de Bermejo muestran a las claras que ni creen en el Estado de Derecho ni creen en el imperio de la ley.

¿Puede realmente sostenerse la ficción de un nuevo consenso antiterrorista? El pacto antiterrorista no era ni más ni menos que la encarnación del espíritu constitucional que ZP desprecia definitivamente. Difícil es hoy llamarse a engaño; el proceso de paz no es la causa del distanciamiento entre Zapatero y Rajoy, sino la consecuencia clara, evidente y notoria del desprecio del PSOE por el consenso constitucional. Zapatero no tiene la más mínima intención de llegar a un consenso con el Partido Popular, y sí con ERC, Nafarroa Bai y –ya está ocurriendo– con ANV y la propia ETA.

El "proceso de paz" de Zapatero sigue porque el secretario general del PSOE sigue despreciando el pluralismo y el imperio de la ley. Estos días, el Gobierno celebra solemne los aniversarios constitucionales al tiempo que llega a tratos anticonstitucionales con quienes ni creen en España ni en su legalidad. Así que hoy la precaria situación nacional exige responsabilidad y seriedad. Menos "libertad sin ira" y más defensa del pluralismo en todos los rincones de España. Menos lanzar flores sobre la figura de Suárez y más cumplir y hacer cumplir la ley a lo largo del país. Claro que el pluralismo y el Estado de Derecho tienen un enemigo a muerte, ETA, y un cáncer con triple metástasis; Bermejo, Rubalcaba y Zapatero. Las elecciones generales serán la ocasión para extirparlo.
GEES, Grupo de Estudios Estratégicos.

Derrotar a ETA
ROSA DÍEZ, ABC 17 Junio 2007

TRAS la ruptura oficial de la tregua de ETA, el presidente del Gobierno ha empezado a utilizar palabras más claras a la hora de referirse a la política antiterrorista. Es cierto que tardó unos pocos días en hacerlo pues en su primera comparecencia mantuvo su lenguaje evanescente y nos sorprendió a todos afirmando que «el futuro de los vascos depende y dependerá de lo ellos mismos decidan, en el marco de la ley y de la democracia» y que «la fuerza de la democracia y de la palabra siempre derrotará el delirio totalitario». Lo primero no es cierto -el futuro de los vascos afecta a todos lo españoles- y lo segundo no deja de ser un brindis al sol.

Pero yo quería hablar hoy de las consecuencias -en términos de acción política- del nuevo discurso. El presidente ha dicho tras la entrevista con Rajoy que será «implacable» contra ETA. Pero para demostrar que no estamos ante un nuevo discurso, sino ante un giro estratégico en la política antiterrorista, el Gobierno ha de hacer algo más que declaraciones de firmeza. Porque ser implacables con ETA no puede ser otra cosa que trabajar para la derrota de ETA, por mucho que esa palabra aún no se la hayamos escuchado ni al presidente del Gobierno ni a ningún dirigente homologado del PSOE. Necesitamos de una vez por todas que los discursos del Ejecutivo acompañen a la acción de gobierno; o viceversa.

Los primeros signos externos no son tranquilizadores, ¡qué quieren que les diga!. Ya ha aparecido en escena el ministro de Justicia para insultar al PP. Su actitud es una prueba palpable de que este ministro fue nombrado por Zapatero para la confrontación con el PP; fuera de esa tarea está anulado, no sabe qué hacer. Pero sus palabras serían sólo una desagradable anécdota si no vinieran de la mano de la reiterada actitud del Partido Socialista y del Gobierno de negarse a iniciar un procedimiento de ilegalización contra ANV, esa segunda marca de ETA que hoy está considerada como tal incluso por aquellos dirigentes del Gobierno -léase a la vicepresidenta Fernández de la Vega- que argumentaban que era un partido «completa y perfectamente legal» para dejarles presentarse a las elecciones. Esos mismos dirigentes previenen hoy contra pactos con ellos, dando la razón a quienes siempre hemos sabido que se les dejó presentarse no sólo conociendo quiénes eran, sino precisamente porque se sabía que formaban parte del entramado de ETA. Por eso digo que este primer signo externo desmiente la firmeza del gobierno y su voluntad de ser «implacables» con ETA; la permisividad que se sigue practicando con ANV es incompatible con el compromiso de ser «implacable».

Pero lo que resulta políticamente más grave es la creciente sensación de que el PSOE está dispuesto a arrebatarle el gobierno de Navarra a UPN pactando con Nafarroa Bai. La cuestión es clave, es la prueba del nueve sobre la sinceridad de Zapatero. Durante todos estos meses los socialistas, con el presidente del Gobierno a la cabeza, les han asegurado a los navarros que Navarra nunca sería otra cosa que lo que ellos quisieran ser; y ahora resulta que después de que han ido a las urnas -con una notable participación, por cierto- van a ser lo que quiera Zapatero. Porque se pongan como se pongan los compañeros del Partido Socialista de Navarra, los ciudadanos no han elegido que Puras sea presidente. Los navarros han votado pluralidad, sí; pero a Puras le han colocado en el tercer puesto en el escalafón de mando. O sea que con un sistema como el francés -¡qué envidia!- ni siquiera habría pasado a la segunda vuelta.

Pero la gravedad de la decisión de Zapatero de expulsar del gobierno a UPN no radica sólo en que se produzca una vulneración clara del deseo que los ciudadanos expresaron en las urnas. (Por cierto, que la vicepresidenta acaba de decir que los deseos de los electores los interpretan los cargos electos, con lo cual estoy esperando una llamada de Ferraz para disculparse conmigo por mi empeño en defender la voluntad de los ciudadanos por encima de las instrucciones del partido, máxime cuando en mi caso me limito a defender el programa electoral con el que les pedimos el voto). No. la gravedad de la decisión de Zapatero -que se escudaría en la autonomía de Puras para no enfrentarse directamente con su responsabilidad- estriba en que para arrebatarle la presidencia a UPN van a pactar con Nafarroa Bai. Me explico.

Nafarroa Bai es un conglomerado nacionalista liderado por Aralar. Patxi Zabaleta es el líder de Aralar. Patxi Zabaleta es un antiguo militante de ETA que condena la violencia y apuesta por métodos democráticos. Hasta ahí, todo bien. Pero como no estamos hablando de acogerles en las instituciones, sino de formar con ellos el gobierno de una comunidad autónoma sometida desde siempre al chantaje de los terroristas, conviene que pongamos las cosas en su sitio. Y que recordemos quién es quién. Y qué significa derrotar a ETA.

Aralar es un partido político que defiende la anexión de Navarra al País Vasco. Aralar es un partido político que acaba de decidir que cederá a ANV sus concejales en los lugares en que este grupo filoterrorista no ha podido presentar su candidatura. Zabaleta emplea en su despacho a uno de los asesinos de Ulayar, Vicente Nazábal; un criminal que nunca se ha arrepentido ni ha pedido perdón a la familia de Salvador Ulayar. Este es el partido con el que Zapatero quiere contar para hacer presidente a Puras. Un partido que deslegitima las decisiones de las instituciones democráticas «cediendo» sus concejales a ANV. Una fuerza política que coincide con ETA en sus objetivos, entre ellos la anexión de Navarra. Gobernar con ellos es incompatible con el discurso de firmeza frente a ETA. Porque derrotar a ETA es algo más que detener comandos; es deslegitimar toda su historia, todos sus objetivos; derrotar a ETA es hacer imposible que se cumpla ninguna de las reivindicaciones en nombre de las cuales instituyeron víctimas. Y Navarra es una de ellas. Mientras estén vivas sus víctimas, pactar gobiernos con quienes defienden los objetivos por los que ETA ha asesinado es una traición a los principios democráticos.

Hay gente interesada en diferenciar la formación del gobierno de Navarra de los compromisos en la política antiterrorista. Pero no se pueden separar ambas políticas, al menos en tanto que ese futuro gobierno dependa de la alianza del Partido Socialista con una fuerza política que está más de acuerdo con los objetivos de ETA -aunque deplore hoy sus métodos- que con el marco constitucional que nos hemos dado todos los españoles. No se puede derrotar a ETA si se apoya en Navarra a un partido que deslegitima las instituciones democráticas, que emplea a terroristas no arrepentidos, que cede sus concejales a otros terroristas. Las ansias de poder deberían tener un límite moral. En todo caso, la estrategia de derrotara ETA sí que está delimitada por la credibilidad y por la eficacia: la credibilidad del discurso y la coherencia de las políticas. Pactar el gobierno de Navarra con quienes comparten y defienden los objetivos de ETA supone enviar a los terroristas un mensaje de esperanza. Y nunca derrotaremos a ETA mientras le permitamos mantener la esperanza.

Tiempo muerto
IGNACIO CAMACHO ABC 17 Junio 2007

SE ha hecho de pronto un espeso vacío sobre la escena pública española, amputada provisionalmente de su principal debate por un armisticio patriótico y democrático en el que nadie parece creer demasiado. Y en ese marco ficticio de espera latente flota la política como una especie de balsa mecida por la deriva incierta de este pacto quebradizo cosido con el tenue hilo de la prudencia. La amenaza de ETA ha dejado caer un velo de cautelas en mitad de un escenario envenenado por el encono, y la clase dirigente se tapa con él las vergüenzas mientras se pregunta en voz baja hasta cuándo será posible sostener este apretado disimulo de conveniencias.

El terrorismo es la piedra angular de esta legislatura, la pieza sobre la que Zapatero ha pergeñado su frágil esquema de supervivencia política. El «Proceso» ha sostenido su agenda contaminando todos los movimientos tácticos, que a duras penas podrían llamarse proyectos, del presidente: la reordenación territorial en torno al Estatuto de Cataluña, la reforma camuflada de la Constitución, el aislamiento del Partido Popular, la superficial alianza con los nacionalistas, la sumisión del estamento fiscal y judicial a un concepto retráctil y relativista de las leyes, el regreso de los filoterroristas a las instituciones locales. Todo eso no han sido más que maniobras de cobertura de una improvisada estrategia destinada a crear y dar sentido a un marco para hacer posible la fatua quimera zapaterista de reconvertir a ETA-Batasuna en una fuerza democrática. Y al fracasar el objetivo único, al venirse abajo la clave de bóveda, carcomida de errores, pasos falsos, ocultaciones y engaños, el precario tinglado amenaza desplomarse sobre la cabeza de quien lo ha levantado con la inconsciente osadía de un aprendiz de brujo.

Para apuntalarlo de cualquier manera, el presidente se ha refugiado en el consenso que antes despreciaba, y que la oposición no podía ahora rechazar sin caer en una grave irresponsabilidad moral y política, impropia de quien aspira a gobernar la nación. Zapatero se ha agarrado a la cintura de Rajoy como esos boxeadores noqueados por el castigo que buscan una pausa, un respiro de oxígeno para sostenerse sobre la lona. La maniobra es antirreglamentaria y ventajista, pero el jefe de la oposición no puede evitarla sin un golpe bajo, y además en este combate hay un tercer actor, la ETA, que puede derribarlos a los dos al mismo tiempo. La situación es absurda, aunque los ciudadanos no parecen descontentos: han pasado demasiado tiempo asistiendo a una pelea tan bronca que agradecen esta especie de parada técnica a la espera de acontecimientos que no van a ser agradables.

La solución lógica consistiría en detener el amaño y suspender la lid mediante la correspondiente convocatoria de elecciones. Pero el único que puede tomar esa decisión es el boxeador asfixiado y tambaleante que gana tiempo abrazado a su asombrado rival. Quizá confíe en evitar el K.O. impidiendo más golpes sobre su rostro ya tumefacto, pero aun en ese caso en las papeletas de los jueces de la pelea han quedado anotados los puntos que le sitúan en desventaja frente al aspirante.

Ejercicios de ventriloquía
POR ÁLVARO DELGADO-GAL ABC 17 Junio 2007

Se ha desencadenado una puja de palabras oficiosas entre ETA y el Gobierno. ETA habla por la boca de ganso de «Gara», y desde La Moncloa o medios afines se inspiran o toleran croquis retrospectivos del proceso con el propósito de suplir los silencios del presidente y neutralizar las noticias y especies que amenaza con difundir la banda. Este juego complicado está dando lugar a géneros nuevos dentro de la literatura periodística. El domingo pasado, Luis R. Aizpeolea publicó en «El País» un largo artículo -«Así fue el diálogo con ETA»- que cabe calificar de estilísticamente rompedor. Las comillas, los guiones, o el uso de los pronombres, permiten saber por lo común si una frase o un período completo deben ser atribuidos al autor del texto, o han de ser puestos en boca de un tercero. En la pieza de Aizpeolea, no resultaba siempre fácil establecer esta distinción elemental. Era como si en un cómic los rabos de los bocadillos se hubiesen rebelado e insistieran en apuntar hacia la persona que no es, o mejor, que no habla.

Un ejemplo: en el último párrafo, se dice que la aceptación de la mitad de las listas de ANV se realizó con el ánimo de «no ofrecer argumentos victimistas al entorno etarra». Se trata de una afirmación tremenda. Habría que añadir, incluso, que catastrófica. La fórmula elegida por la Fiscalía era un disparate, y la solución adoptada por el Supremo para enderezar el entuerto sin dejar en evidencia absoluta al Gobierno, no se entiende bien e introduce una oscuridad muy enojosa en la interpretación de la Ley de Partidos. Si lo que meramente se quiso, fue no ofrecer «argumentos victimistas», la ligereza fue imperdonable. Habría sido estupendo saber si Aizpeolea ha citado fuentes gubernamentales, o está ponderando la situación por su cuenta y riesgo. La cadencia de su escrito, y otros hechos notorios, inclinan a pensar lo primero. Pero tenemos que atar cabos, hacer conjeturas, resolver reglas de tres o recordar cuál es la fórmula del interés compuesto. Esto sirve para entretener a los periodistas, de ninguna manera, para orientar al público democrático.

El ciudadano no se merece que sean los exegetas del presidente los que hablen por él. El que no haya comprendido esto, no ha comprendido nada. La situación irá enredándose más cuanto más tiempo pase. Anteayer «Gara», surtiéndose de quien todos sabemos, sacó un papel en el que se asegura que se celebraron varias reuniones a mediados de mayo -o sea, a un tiro de piedra de las elecciones-, entre el Gobierno y ETA, y Batasuna y el PSOE. Invocando la metáfora excogitada por Otegi, el diario habla de los «dos raíles» -la mesa técnica, y la mesa de partidos-. El detalle no es baladí. Es más, es gravísimo. Una cosa es que alguien del PSE meta un dedo en aguas terroristas para comprobar la temperatura, y otra muy distinta que se perpetuara, enfilada ya la recta final de las elecciones, la estructura negociadora entre el Estado y la banda. En consecuencia, estamos autorizados a saber si nos enfrentamos a un hecho o a una intoxicación. La vicepresidenta ha negado que se produjeran contactos -durante la campaña, no en el mes de mayo-, pero Zapatero ha contestado, simplemente, que rehúsa hacer «comentarios hacia atrás». Esto nos deja, como quien dice, a dos velas. ¿Cobraremos constancia del hecho dentro de unos días, a través de un medio no oficial y en términos intencionadamente equívocos?

Vaya usted a saber. Conforme vayan los terroristas soltando lastre, menos propenso será el presidente a girar el cuello, y más dependeremos, para estar al tanto de las versiones alternativas de La Moncloa, de autoridades que carecen de un mandato público, y que, por lo mismo, no están obligadas a responder políticamente de lo que digan o dejen de decir.
La dinámica, sin duda alguna, favorece al PP. La locuacidad de ETA ocasiona al Gobierno más daño del que éste recibiría de una interpelación frontal de los populares. A la vez, los últimos pueden permitirse el lujo de guardar una circunspección prudente y acentuar su perfil moderado. Concedo de barato que esto llevará trigo a los trojes electorales de la derecha, y que se pondría a Rajoy como no digan dueñas, desde sus propias filas tanto como desde las ajenas, si en este instante levantara el gallo y diese en emular al Cicerón de las «Catilinarias». Pero tendrán que concederme, también, que existen coyunturas en que es imposible que la democracia salga ganando. La experiencia es una extintora implacable del optimismo. El joven sobrevalora sistemáticamente el poder de las ideas o de los hombres para transformar el mundo. Poco a poco, se descubre que nadie consigue lo que quiere sino lo que los demás le dejan conseguir, y que el progreso, y todo eso, no es producto de la voluntad sino el precipitado de acciones y reacciones cuya composición final es en gran medida fortuita. Por eso los antiguos hablaban de la Fortuna. Se pasaron con lo de la diosa, pero la idea, en conjunto, no está mal traída.

De la Vega, pitonisa
M. MARTÍN FERRAND ABC 17 Junio 2007

ASEGURA María Teresa Fernández de la Vega, el oráculo principal entre los que utiliza José Luis Rodríguez Zapatero para hacerse entender, que «ETA no ha logrado nunca uno solo de sus objetivos». Cada día cuesta más trabajo averiguar qué es lo que expresan con sus palabras los miembros del Gobierno y discernir entre las verdades y las mentiras con las que tratan de adoctrinarnos; pero lo de la sibila vicepresidencial, dada la gravedad del asunto al que se refiere, debe tratarse de un intencionado jeroglífico. Es tan evidente que ETA viene marcando los ritmos, y hasta los contenidos, de la política gubernamental que algún doble sentido ha de encerrar el lacónico eslogan que nos ocupa.

El gran drama de nuestra presente vida democrática se desarrolla según el argumento único que Zapatero ha trazado para la legislatura en curso. Su vicioso y recalcitrante «proceso de paz», avivado por mediadores profesionales y vividores multinacionales, ha puesto a una banda asesina en pie de igualdad aparente con el Estado. El primer efecto maligno de tan indeseable situación lo tenemos en la distancia, parece que insalvable, que media entre los dos grandes partidos nacionales. ¿No es esa una conquista para un grupúsculo terrorista que trata de dinamitar el Estado? Ignoro, si es que existe, el refrigerio que los representantes de Zapatero y los de ETA han compartido en sus encuentros; pero a los asesinos les bastó con el precio de un café con leche para alcanzar los efectos demoledores para los que, antes de la «tregua», necesitaban muchos kilos de dinamita. Incluso los pactos que, para alcanzar mayorías de gobierno, vienen cociéndose en el mercado postelectoral son, en Navarra y en muchos Ayuntamientos del País Vasco, una exhibición de las metas alcanzadas y que, con distintos disfraces, disimulan su avance en las instituciones democráticas.

¿Será posible que De la Vega, continuadora de las voces de Delfos y Dídimo, en las alturas de su observatorio y en contacto directo de Apolo Zapatero, no se entere de lo que ocurre en la realidad del país que vicepreside en gloria y paridad? Habrá que pensar, para pensar bien, que tan distinguida pitonisa nos engaña para que no nos asustemos con la presencia del monstruo al que, ella sabrá por qué, el Gobierno alimenta con los indigestos pastos de la «memoria histórica» y el uso acomodaticio e irresponsable de una Constitución que, en gran paradoja, las fuerzas secesionistas, pacíficas o criminales, utilizan para romperla, desvirtuarla e impedir su función de engarce entre las distintas piezas del Estado. Sólo con lo que se observa y palpa, que algo más habrá en los sótanos del «proceso», ETA ha conseguido más objetivos en el tiempo de Zapatero que en los cuarenta años que, de Francisco Franco a José María Aznar, vinieron por delante. La vicepresidenta debiera releer a Baltasar Gracián para abundar en el arte de la prudencia.

La voluntad de cambio
GERMÁN YANKE ABC 17 Junio 2007

Tanto los socialistas como los nacionalistas interpretan el resultado electoral en Navarra como la manifestación de una «voluntad de cambio». Se trata, naturalmente, de justificar el desplazamiento de UPN del Gobierno foral, como si fuese voluntad de los electores y no de los partidos votados, como si el elector -con su papeleta- apoyase de antemano a un partido, una determinada coalición entre las posibles y un programa determinado.

Pero la «voluntad de cambio» es relativa porque UPN, incluso con el desgaste de muchos años de poder, consiguió el pasado mes más votos y mayor porcentaje que en 2003 a pesar de haber perdido un escaño. No hubo, por tanto, fracaso de la derecha navarra ni el electorado advirtió la «situación insostenible» de la que hablaba en su día el manifiesto de Nafarroa Bai. Es cierto que también mejoraron sus posiciones relativas los socialistas, a pesar de pasar a ser la tercera fuerza en el Parlamento (para que se vea que todo tiene dos caras), pero esto no revela sino que las cosas han cambiado poco aunque hayan cambiado las posibilidades aritméticas a la hora de formar nuevo Gobierno.

Los nacionalistas han sido los mejor parados. Han mejorado globalmente y, además, ha resultado fructífero presentarse en coalición en vez de por separado. ¿Pero se puede decir, como si fuese un dogma o una conclusión científica, que el hecho de haber obtenido el 23,6% de los votos significa que «los navarros» los quieren en el Gobierno?

Más bien son el PSOE y los nacionalistas los que quieren el cambio. Pero no, en el fondo, el mismo cambio. Nafarroa Bai quiere estar en el Gobierno como un paso más para acercarse, tácticamente, al cumplimiento de su programa, que no sería inmediatamente el de la coalición gobernante. El proyecto de unificación con el País Vasco (con «el resto de los territorios de Euskal Herria» según la terminología de Nafarroa Bai) se acercará si el Gobierno de Navarra tiene influencia nacionalista en Educación y Cultura, si se va imponiendo la idea de un «ámbito de decisión» propio y se concibe el autogobierno como una realidad «frente a la España Uniforme que nos imponen».

Es un planteamiento minoritario, típicamente nacionalista, difícil de casar con el Estado liberal, pero legítimo, claro, salvo en la idea de que sólo a los navarros -y no a la soberanía de los españoles- correspondería modificar el actual estatus constitucional. En el caso de los socialistas el «cambio» es distinto. Es decir, se va extendiendo la idea de que no importa tanto ceder en estas cuestiones cuanto dejar fuera a UPN, a pesar de ser la lista más votada (20 puntos por encima de la suya). Ceder en cuestiones que suponen quebrar el trasunto ideológico del socialismo vasco de los últimos decenios. «No son ETA -dicen algunos para ponerse la venda de antemano- y, para demostrar nuestra posición, con ANV no queremos nada».

Ya sabemos que no son ETA, aunque ahora va a resultar que, como disculpa de la estrategia navarra, ANV se acerca demasiado a serlo. Pero la paradoja no es que Nafarroa Bai no sea ETA, sino que se defienda un pacto con quienes tienen un programa político que es la antitesis de lo que creíamos que defendía el PSOE. Una discrepancia que parece diluida hasta en la entraña de la concepción política, a la vista de la decisión de Nafarroa Bai de no tomar posesión de los concejales que en tres poblaciones de la comarca de Sakana hubieran (sic) correspondido a ANV atendiendo a una exigencia de «respetar la voluntad popular». Así que la voluntad popular no está en las urnas ni, al parecer, el principio democrático debe estar acorde al principio de legalidad. Para interpretar la «voluntad de cambio» no está mal...

El drama del PSOE es que, en ese ejercicio de cesión al nacionalismo y de desplazamiento de UPN, está la prueba de fuego de una política que, si se confirma el entendimiento con los nacionalistas, no cambiará. Se trata de un ejercicio en el que la arquitectura constitucional puede estirarse, doblarse y debilitarse mientras se mantenga el hilo con el que el Gobierno de Rodríguez Zapatero quiere atraer a una hipotética «pista de aterrizaje» a ciertos sectores de la izquierda abertzale. Fracaso tras fracaso, este parece ser el «plan B» del destartalado «proceso». Dicen que en el PSOE son bastantes los que se oponen al acuerdo de los socialistas navarros con los nacionalistas. Es lógico. Pero el núcleo del debate es que darles la razón sí que supondría la «rectificación» de la estrategia apaciguadora del presidente.

Pujol descubre a Zapatero
Editorial ABC 17 Junio 2007

POCAS críticas a Rodríguez Zapatero han sido tan implacables e incisivas como las que realiza el ex presidente de la Generalitat catalana, Jordi Pujol, en la entrevista que hoy publica ABC. Desde su posición externa a la actividad política y desde la perspectiva de su experiencia en el Gobierno catalán, Pujol hace una radiografía de Zapatero en la que no hay concesiones ni en el plano político ni en la relación del jefe del Ejecutivo con Cataluña. Las palabras de Pujol son una impugnación global a la gestión de Zapatero, porque en el tramo final de su legislatura dice de él que «no inspira confianza».

La crítica de Pujol es tanto más cualificada por cuanto procede de una personalidad de la historia política de España que contribuyó a estabilizar gobiernos centrales cuando carecían de mayorías absolutas, y mantuvo el discurso del nacionalismo catalán en unos límites de pragmatismo a los que sus actuales dirigentes deberían volver cuanto antes. La figura de Zapatero no gusta a los políticos de larga trayectoria, sean de su partido o de otros, porque el actual presidente del Gobierno no se inserta en la actitud de sensatez y responsabilidad que hizo posible el desarrollo democrático de España, y de cuyo nacimiento se conmemora en estos días el trigésimo aniversario. Las consecuencias afloran en la falta de un auténtico acuerdo de Estado contra ETA y de la quiebra del modelo de Estado a partir de una política territorial que también es valorada por Pujol de forma crítica, tanto por la gestión de Zapatero, como por la inoportunidad del nuevo Estatuto catalán. Que Pujol acuse al presidente del Gobierno de engañar a Maragall, «a todos los catalanes» y al tripartito es un veredicto absolutamente negativo del proyecto de Zapatero para Cataluña y, en general, para desarmar el Estado autonómico y sustituirlo en la comunidad catalana por una relación confederal.

Pujol hace estas valoraciones críticas sobre Zapatero y su gestión, al mismo tiempo que reconoce que los pactos con el PP -«los pactos del Majestic», en 1996- «fueron buenos para Cataluña y para España». Este juicio de valor destaca por sí solo en un momento en que el Partido Popular se enfrenta a un final de legislatura en el que sus expectativas de ganar las próximas elecciones generales irán a la par de su capacidad para restaurar los cauces de diálogo y acuerdo con partidos regionalistas y nacionalistas. Por eso, la opinión de Pujol sobre Convergencia i Unió es también una admonición a sus compañeros de partido por los efectos del apoyo prestado al PSOE y a Zapatero. Si según Pujol, «no se daban las condiciones para la reforma del Estatuto catalán» y, además, CiU no tiene «capacidad para influir con peso», algo mal ha hecho la coalición nacionalista en estos años. En todo caso, a sus propios errores -como su radicalización soberanista- los convergentes han sumado los perjuicios evidentes derivados de su relación política con Zapatero. CiU prestó su apoyo al presidente del Gobierno en uno de los momentos más críticos de su mandato -cuando el proyecto de estatuto estaba encallado en el Parlamento catalán- y luego no fueron correspondidos cuando volvieron a ganar las elecciones autonómicas en 2006, con mayor claridad que en 2003. La reedición del tripartito bajo la presidencia de Montilla marcó el fracaso estratégico de CiU al confiar en Zapatero y permitió al socialismo catalán agravar la crisis de liderazgo del nacionalismo, rematada tras los malos resultados del 27-M, y liquidar la etapa de Pascual Maragall.

El análisis de Pujol puede ser interpretado como un reflejo del agotamiento de la legislatura de Rodríguez Zapatero. Al mismo tiempo, es una invitación a CiU para que recupere posiciones de mayor moderación, sin entrar en competiciones soberanistas con Esquerra Republicana de Cataluña ni mantenerse atrapado bajo un síndrome anti-PP. El proceso de desafección del PNV y de CiU, y otros nacionalismos como el canario, respecto de Rodríguez Zapatero va a ser un factor fundamental para marcar el rumbo de lo que resta de mandato y de lo que puede ser la política de pactos tras las próximas elecciones generales.

Para Zapatero tiro fallido es no disparado.
Antonio Javier Vicente Gil Periodista Digital 17 Junio 2007

Zapatero quiere rehacer la historia, ha comenzado por la del siglo XX, igual termina haciendo de Viriato un antecesor de la alianza de civilizaciones y de los Reyes Católicos dos simples presidentes de comunidades autónomas de la época. En lo que si trabaja a destajo es en rehacer la historia, su historia más reciente. La verdad histórica que figurará en los correspondientes libros de la ESO es que Zapatero no ha negociado nada con ETA, y las pruebas irrefutables de tal verdad son que absolutamente nada de lo que la extrema derecha del PP le había imputado haber hecho con ETA ha sucedido. No hay concesiones políticas, no hay entrega de Navarra, no hay independencia del País Vasco, no ha sacado presos a la calle, no ha permitido que Batasuna se presente a las elecciones.

Y eso es así y vale ya.

El hecho de que ya esté estableciendo puentes de nuevo con ETA para volver a las andadas no significa que esté de nuevo tendiendo puentes con ETA para volver a las andadas, solo significa que las ansias de paz de Zapatero son infinitas.

Zapatero, por medio de sus chicos, jamás ha tenido reuniones ni encuentros con ETA ya que es evidente que lo que ha habido han sido simples contactos con la banda para convencer a los terroristas de que dejen de matar porque matar es muy malo y antidemocrático.

Zapatero jamás ha forzado la mano de los fiscales para que Otegi no entrase en prisión y la prueba es que Otegi está en prisión.

Zapatero jamás ha sacado de la cárcel al asesino de 25 seres humanos porque de Juana Chaos está en prisión.

Zapatero jamás ha permitido que ETA entre de nuevo en los ayuntamientos porque Batasuna no se ha presentado a las elecciones debido a los valladares democráticos que les ha puesto delante, y el que el ANV esté en los ayuntamientos evidentemente significa que lo está porque es un partido democrático sin relación alguna con ETA.

Al final todo se resume en la teoría del disparo fallido. Si Zapatero un día dispara un arma de fuego contra una farola y falla, la verdad histórica dejará establecido que Zapatero jamás disparó contra una farola y la prueba irrefutable del hecho es que la farola sigue ahí intacta.

Zapatero en realidad es un leninista progre, si Lenin decía que la mentira era un arma política, para Zapatero la Historia rehecha a base de mentiras y adaptada a sus intereses es un arma política. Todo el que no esté de acuerdo no deja de ser un crispador extremoderechista revanchista e incapaz de aceptar las derrotas que Zapatero les infringe en las urnas.

Apuntes para una crisis (XI): El proceso
Luis del Pino Libertad Digital 17 Junio 2007

Cuando en agosto de 2002 el Gobierno de José María Aznar planteó la ilegalización de Batasuna, muchos agoreros anunciaron que la respuesta iba a ser terrible. Pero lo cierto es que no pasó nada: Batasuna fue expulsada de las instituciones municipales, perdiendo el acceso a la financiación y la capacidad de coacción sobre muchos ciudadanos vascos.

El atentado del 11-S en Nueva York ya había colocado, además, a la banda asesina en una mala posición, al situar a todas las organizaciones terroristas, ETA incluida, en el limbo de los proscritos. Poco a poco, el aislamiento de ese mundo etarra fue siendo cada vez más profundo. Además, ese acoso político se complementó con la intensificación del acoso policial, hasta llegar a un punto donde una ETA deslegitimada, infiltrada, privada de cobertura política y económicamente asfixiada fue incapaz de cometer ningún asesinato en el último año de la segunda legislatura Aznar. El terrorismo etarra se encaminaba a la extinción.

Ayer, los proetarras volvieron a las instituciones de la mano de José Luis Rodríguez Zapatero. Hemos retrocedido de golpe al menos cinco años en la lucha antiterrorista. Nada de lo que hemos hecho en este tiempo ha servido para nada.

Entre aquella situación, con una ETA en estado terminal, y esta nueva situación, con una ETA triunfante, el 11-M se alza como un punto de inflexión que marca el instante de inversión de posiciones.

Para entender por qué sucedió el 11-M y quién fue el que ordenó la masacre, hagámonos una pregunta: en caso de que una nueva legislatura del PP, con Mariano Rajoy en la presidencia del Gobierno y la sombra de Aznar en retaguardia, hubiera ratificado la política antiterrorista y logrado la rendición o desaparición definitiva de ETA, ¿quiénes se hubieran visto arrastrados por la muerte de la banda?

Lo pregunto de otro modo: ¿quiénes necesitaban que ETA reviviera para poder continuar adelante con sus proyectos, o simplemente para continuar subsistiendo? ¿A quién le hacía falta una ETA fuerte, una ETA rearmada, una ETA de nuevo presente en las instituciones?

Demostrada la falsificación y destrucción de pruebas en todo lo que respecta a la investigación de los atentados, demostrada por tanto la falsedad de la trama islámica con la que se quiso encubrir a los verdaderos autores de la matanza, las dos únicas hipótesis verosímiles que existen tienen mucho que ver con esa pregunta que hacemos.

¿Fue el 11-M obra de una ETA que conoce a la perfección las debilidades y contradicciones de la clase política española, de una ETA que habría puesto 200 muertos sobre la mesa para forzar al PSOE y a los partidos nacionalistas a fundirse con ella en un abrazo mortal, que sólo puede acabar con la salvación o la condena conjuntas?

¿O fue el 11-M, por el contrario, obra de quienes necesitan a una ETA fuerte para mantener el status quo, para manejar el presupuesto público o para conseguir sus objetivos últimos en el terreno político? ¿Era necesario, por ejemplo, revivir a ETA para tener un arma de negociación (la entrega de las armas) con la que poder imponer a la sociedad española el desbordamiento de la Constitución y la centrifugación definitiva del Estado?

He dicho muchas veces que ojalá que el 11-M lo hubiera cometido ETA, porque ésa sería la solución menos mala. Desgraciadamente, cada vez veo menos posibilidades de que sea así. Las campañas de agitación previas al 11-M, las operaciones de intoxicación a medios de comunicación puestas en marcha antes del 11-M desde nuestros propios servicios del Estado, el asesinato de los agentes del CNI en Irak meses antes del 11-M (que probablemente se usó para garantizarse la "neutralidad" del sector del CNI más próximo a las tesis del gobierno del PP) y las negociaciones previas al 11-M entre ETA/Batasuna y diversos grupos políticos apuntan a una operación largamente meditada, bien planificada y que, desde luego, no podía ser llevada a cabo por esa ETA que se encontraba en estado terminal.

¿Era necesaria una ETA capaz de negociar la entrega de las armas para poder abordar la segunda transición y dotarla de legitimidad? ¿Fue ésa la razón por la que sucedió el 11-M?

La pactada ruptura de la tregua de ETA no sería, desde este punto de vista, más que la constatación, por parte de quienes controlan el ritmo del proceso, de que la resistencia cívica es lo suficientemente fuerte como para no poder abordar todavía el paso final de la escenificación de entrega de las armas a cambio de la independencia de facto (aunque no de iure) del País Vasco, en la línea de lo que ha sucedido en Cataluña. Independencia de facto que llevaría aparejada, por supuesto, la anexión directa o encubierta de Navarra.

Hace falta incrementar la presión sobre la sociedad. Hace falta desactivar los movimientos cívicos. Hace falta acabar con la oposición de ciertos sectores del PP a esa segunda transición. Hace falta, en definitiva, que la sociedad perciba como inevitable ese paso último de disgregación del Estado y acallar las voces que pudieran oponerse a él. De ahí la ruptura de la tregua.

Nos encaminamos, por tanto, a una situación enormemente peligrosa, donde cualquier variante es posible, dependiendo de cuál sea la tecla que el organista decida pulsar. Resulta preocupante analizar las distintas alternativas, porque se comprende a la perfección cómo quiénes manejan el terror tienen casi todos los triunfos en la mano cuando la sociedad no está dispuesta, unánimemente, a plantarles cara. Si lo que se considera más urgente, por ejemplo, es criminalizar y neutralizar a los movimientos cívicos y al PP, ETA asesinará a un concejal socialista o nacionalista; por supuesto, la responsabilidad de esa sangre se haría recaer sobre quienes se han opuesto a la rendición ante los asesinos. Suceda lo que suceda, el control de una mayoría de medios de comunicación permite intentar modular la respuesta social de acuerdo con los intereses del "proceso". Y, de la misma manera, la presión ejercida por ETA se irá adaptando de acuerdo con la reacción de los distintos actores.

El problema, a estas alturas, es que esa labor de ingeniería social por el terror comienza a ser percibida de forma consciente por una parte cada vez mayor de ciudadanos. Y en el momento en que se hace visible esa labor, deja de ser efectiva. Los americanos tienen una frase (suspension of disbelief, suspensión de la incredulidad) para designar ese estado de ánimo que permite a los espectadores de cine sentir como verosímil una película, aún cuando en ella salgan marcianos de piel verde. El buen cine es aquél que logra esa suspensión de la incredulidad en los espectadores. Mal cine es, por el contrario, aquél que no logra que olvidemos que estamos asistiendo a una película.

Con la ingeniería social del terror pasa lo mismo. En el caso del 11-M, los golpistas perdieron la partida en el momento en que nuestra incredulidad dejó de estar suspendida. Y, en el caso de ETA, el problema fundamental es que cada vez surge más a menudo una pregunta en la mente de muchas personas: ¿es ETA la que necesita el "proceso" o es el "proceso" el que necesita a ETA?

La deriva populista de las autonomías (3)
El crecimiento no depende de los gobiernos regionales

Alberto Recarte Libertad Digital 17 Junio 2007

Reproducimos a continuación la tercer y última entrega de un artículo escrito por Alberto Recarte para Libertad Digital La deriva populista de las autonomías. El trabajo completo consta de los siguientes capítulos:

1. Gasto y nada más que gasto
2. Dependiendo de un Gobierno sectario
3. Los gobiernos regionales no aumentan el crecimiento

6. ¿Políticas económicas autonómicas?

Nos encontramos, pues, con un Estado con autonomías con competencias cada vez mayores, que ingresan y gastan más que la Administración central, pero que no son responsables sobre gran parte de sus ingresos y que tienen incentivos enormes para gastar. Y que, en la medida en la que se comprometen a prestar, por intereses electorales, servicios públicos cada vez más extensos y más costosos, se hacen más dependientes del Gobierno de la nación, pues según los criterios de reparto de fondos que se utilicen se beneficiarán unas u otras autonomías.

Sin embargo, esa política de gasto continuo, en aumento exponencial, que explica en gran parte la continuidad en su cargo por tiempos inauditamente largos de los dirigentes políticos autonómicos, no debe engañarnos respecto a que las autonomías, precisamente por su sistema de financiación, se han convertido en departamentos administrativos de gasto, capaces de impedir el desarrollo de sus respectivas autonomías, pero sin auténtica independencia para proponer o impulsar políticas económicas propias que puedan afectar el crecimiento de la propia autonomía de forma significativa.

Es posible que a muchos dirigentes autonómicos les resulte incomprensible esa afirmación porque, sin duda, consideran que son muchas las decisiones económicas que pueden tomar; y toman. Por ejemplo, la libertad para acometer cambios tributarios a que se ha hecho referencia, la no puesta en práctica de políticas negativas para el crecimiento económico –a pesar de la presión de los sindicatos y las presiones intervencionistas de muchos políticos autonómicos– y los esfuerzos para el desarrollo de infraestructuras. Pero estas decisiones no significan que las autonomías puedan tener, y tengan de hecho, políticas económicas dignas de este nombre, y que el crecimiento de las autonomías y del empleo dependa de unas políticas que en realidad tienen muy poco peso en el mismo. Las autonomías pueden hacer políticas que impidan el crecimiento económico, pero tienen muy poca capacidad para aumentarlo en sus respectivos territorios.

El crecimiento económico dispar entre autonomías en España depende mucho más de otros factores. En primer lugar, del crecimiento mundial, del europeo, y, sobre todo del español en su conjunto. En segundo lugar, de políticas económicas nacionales. En tercer lugar, de tendencias generales que existen desde los años 70 y 80 del siglo XX y que ya preveían el estancamiento de la cornisa cantábrica y un mayor desarrollo de Levante, el eje del Ebro y Madrid. En cuarto lugar, de la presencia secular, o no, de empresas públicas subvencionadas y de la existencia, o no, de un tejido industrial viejo, heredado de la época del proteccionismo. En quinto lugar, del nivel de formación de la población. Y, en sexto lugar, de un conjunto de factores de la más diversa índole, como la existencia de una buena red de comunicaciones e infraestructuras, del clima, de la historia, de la existencia o no de activos culturales, como museos. En fin, de un innumerable conjunto de datos históricos con relevancia económica, de políticas internacionales y nacionales y un poco de políticas activas propias. Lo que sí pueden hacer, repito, es dificultar el crecimiento, tomando decisiones arbitrarias, populistas, limitadoras de los derechos individuales y corromper el mercado de bienes y servicios, desde el del suelo hasta el del trabajo, desde el de la vivienda hasta el de los que componen la cesta de la compra.

7. Conclusión
Si finalmente el PP tuviera el coraje para proponer, junto con el imprescindible apoyo del PSOE (que no podría ser el de Rodríguez Zapatero) o de un número significativo de otros partidos, la reforma de nuestra maltrecha Constitución, en concreto del título VIII, y transformar definitivamente a España en un Estado federal, separando las competencias entre la Administración central y las autonomías, creo que se pondría freno a la tendencia centrifugadora de lo nacional del Estado de las autonomías. Ello incluiría modificar radicalmente el sistema de financiación autonómica. Cada autonomía debería ser libre para determinar qué impuestos establece y con qué tipo y sólo podría recibir transferencias de la Administración central para asegurar mínimos vitales y la financiación de algunos servicios, como la salud, pues la educación debería ser libre, aunque financiada a través de cheques escolares y universitarios por el Estado central. Y manteniendo férreamente centralizada la Seguridad Social y el Instituto Nacional de Empleo.

Un cambio de este tipo permitiría resolver, o al menos ayudar a hacerlo, los problemas históricos de algunas autonomías y convertir a las clases políticas autonómicas en responsables de sus ingresos y sus gastos. Dejarían así de ser agentes impulsores del gasto público, que ganan cuando otras autonomías pierden, y tendrían que renunciar a esas políticas que, una y otra vez, sin tener en cuenta los intereses nacionales, intentan lograr apoyos populares con políticas populistas o victimistas que en estos años ha sido posible financiar, pero que entrarán en una tremenda crisis financiera cuando descienda significativamente el crecimiento, las transacciones inmobiliarias y la creación de empleo.

Intimidaciones
FLORENCIO DOMÍNGUEZ El Correo 17 Junio 2007

Maite Pagazaurtundua, en su libro de cuentos 'El viudo sensible y otros secretos' (2005), incluye la historia de una mujer que es detenida por la Ertzaintza al ser sorprendida forzando los buzones en un portal de San Sebastián. La mujer confiesa en comisaría que sólo pretendía conseguir papeletas de partidos constitucionalistas para poder votarles en la pequeña localidad del Goierri en la que vive y en la que lleva con el máximo disimulo y secreto su condición de no nacionalista. El juez al que le toca el caso comprueba que, en efecto, en las elecciones hay un único voto no nacionalista en esa localidad.

Las pasadas elecciones han puesto de manifiesto la existencia de ese tipo de votantes secretos reflejados en el cuento de Pagazaurtundua, votantes que viven con miedo sus afinidades políticas y por eso las ocultan: Elduain, con un único voto a la lista del PP, o Lizartza, con 23 sufragios en favor de los populares, podrían haber inspirado el relato de la presidenta de la FVT.

El miedo, sin embargo, ya no es patrimonio exclusivo de los constitucionalistas emboscados en territorio dominado por el 'enemigo'. Ahora lo comparten incluso los cargos públicos nacionalistas y de EB que tienen que gobernar localidades en las que la presión de la izquierda abertzale es agobiante, localidades como Ondarroa, donde la mayoría de los electos renunciaron ayer a tomar posesión de sus concejalías después de pasar una legislatura celebrando los plenos y comisiones «en la clandestinidad», en palabras del edil de Ezker Batua.

Las actuaciones de la izquierda abertzale constituyen un completo catálogo de actos de presión contra los partidos democráticos que empezó el día mismo de las votaciones con el acoso a los líderes políticos dentro de los colegios electorales. Un acoso que, por cierto, se contempla con indiferencia y sin consecuencias para sus autores, como si no fuera una amenaza a la libertad de los electores. Desde entonces y hasta ayer mismo, Batasuna y los suyos han recurrido a toda clase de métodos de intimidación contra los ediles democráticos.

Saben que los concejales son el eslabón más débil de los partidos, en especial si pertenecen a localidades pequeñas, y los radicales se ceban con ellos con la esperanza de conseguir su renuncia, por un lado, y de someter a la máxima tensión a las formaciones políticas a las que pertenecen esos ediles. Cada renuncia de un concejal a asumir su cargo constituye un éxito para quienes recurren a las amenazas como método y un fracaso para los partidos democráticos, que se muestran incapaces de ofrecer seguridad a su propia gente.

f.dominguez@diario-elcorreo.com

La garrapata nacionalista pincha el globo de la Transición
Alfonso Basallo elsemanaldigital 17 Junio 2007

"España no necesita admirar a otros países, como en siglos pasados" ha sentenciado Zapatero.

¿Ah no? Una España que es el hazmerreír de Europa, cuyo proyecto más notorio es la Alianza de Civilizaciones, una democracia donde los servicios secretos espían a empresarios privados, donde una banda terrorista dicta la agenda y somete a chantaje al Estado de derecho, una economia cuya seguridad jurídica ponen en cuestión bochornosos affaires como el de Enel-Endesa o el de la Comisión del Mercado de Valores…

Zapatero ha querido marcarse el farol a cuenta de la Transición. Ha querido posar en la galería de presidentes… sin darse cuenta de que quizá haya uno que sobre. Porque con su gestión desleal, frívola e irresponsable se ha cargado el más preciado legado de aquella aventura –el consenso-.

Lo tremendo del caso es que la culpa no es enteramente suya. Lo tremendo del caso es que el guión estaba si no escrito, sí al menos esbozado en la Transición.

El pueblo español y los políticos (por este orden) dieron un ejemplo de madurez al pasar página y construir un escenario de concordia y prosperidad. El gran salto a la democracia era obligado, tras la extinción del dictador y su régimen.

Superar la pulsión cainita, incubada desde 1808, y alimentada durante las guerras carlistas y la civil de 1936, fue sin duda uno de los mayores logros. Una especie de milagro cívico, gracias a la generosidad de muchos y, en parte también, a un sanísimo temor.

En este esfuerzo por no imitar a la mujer de Lot se inscribe el audaz gesto de legalizar al Partido Comunista. Conciliadora para unos, temeraria para otros… la iniciativa salió bien, aunque había cierto colchón (Washington estaba detrás tutelando el proceso).

El tiempo (y el viento de la Historia) ha demostrado que no se equivocaban. En cambio, donde sí erraron lamentablemente fue en ceder a las presiones de los nacionalismos. Aquello fue pan para hoy y hambre para mañana, como ha demostrado la legislatura Zapatero.

Una elevada factura que los españoles estamos pagando treinta años después. Unida al IVA de una ley electoral que da el poder a las minorías y unas listas cerradas y bloqueadas que se han traducido en la profesionalización de los políticos y en la conversión de los partidos en oficinas del INEM.

Mientras que en los primeros años de la Transición era frecuente ver a cátedros, ingenieros, abogados y hasta filósofos tener escaño de diputado… lo común ahora son los Marcelinopanyvinos, es decir huerfanitos abandonados a la puerta del partido, recogidos por los frailes-aparatchik, y convertidos en políticos que hacen lo imposible por no soltar la teta del escaño. ¡Los pobres! No tienen donde caerse muertos fuera de la burbuja… es decir en la vida real.

Tres casos reales: Pepino Blanco, Ibarretxe que aterrizó en el Congreso con sólo 26 años o un tal Rodríguez Zapatero, ayuno de currículo brillante, al que no se le conoce trabajo de envergadura al margen de la política, más allá de su etapa de penene semienchufado en la Universidad de León.

Y las listas cerradas han abierto una brecha abismal entre los políticos y sus representados, engordando así a las oligarquías partidarias, cuya capacidad de confeccionar las listas evita discrepancias.

Treinta años después tenemos a una España invertebrada, un equipo de fútbol mal entrenado (como ha dicho Rajoy), sometida al órdago de los nacionalistas y con la desgracia añadida de un gobernante que cede al chantaje centrífugo al tiempo que practica la negociación-interruptus con ETA.

Nos quejamos de la irresponsable hoja de ruta zapateril, de la frivolidad (o la codicia) de los revanchistas del puño y la rosa y de los insolidarios del lauburu y la barretina. Pero, en el fondo, no hacen otra cosa que seguir el esquema trazado en la Transición.

No es fácil juzgar a quienes diseñaron España entre 1976 y 1978: aquello fue un encaje de bolillos político y jurídico. Pero no tuvieron la visión, el coraje o la falta de complejos de librarse del lastre nacionalista –esa antigualla del romanticismo-

No nos engañemos. El modelo de la deconstrucción se escribió hace 30 años, dictado por la debilidad frente a los insaciables nacionalismos vasco y catalán. Lo único que han hecho, ahora, ZP y los autores de esa joya del constitucionalismo llamado Estatut ha sido tirar del hilo y deshacer en cinco minutos un vestido trenzado durante tres décadas.

Los habíamos echado, pero les han dejado regresar
ROBERTO L. BLANCO VALDÉS La Voz 17 Junio 2007

AYER se constituyeron con toda normalidad miles ayuntamientos en España. Lo hicieron por octava vez desde que, en 1979, elegimos los primeros consistorios democráticos. Y lo hicieron en una fecha señalada: al día siguiente del 30 aniversario de la primera consulta electoral tras el franquismo, que abrió el período más largo de libertad y prosperidad de nuestra historia.

La alegría de la jornada se vio empañada, sin embargo, por una noticia tan mala como completamente previsible. Y es que ayer tomaron también posesión de sus escaños más de 400 concejales de ANV, una cuarentena de los cuales fueron elegidos alcaldes en otros tantos municipios del País Vasco y de Navarra.

Que esos concejales y esos alcaldes lo son, en realidad, de Batasuna, es algo que ya no pone en duda ni siquiera la dirección del Partido Socialista, que, en un acto supremo de cinismo, ha decidido expedientar a un concejal de un pueblo de Navarra (Sartaguda) por aceptar salir alcalde con los votos de ANV. De esa ANV, ¿lo recuerdan?, que, hace tan sólo un mes era, según la vicepresidenta De la Vega, una más de las candidaturas «pacíficas y legales», que concurrían a las elecciones municipales y autonómicas.

¿Legal? ¡Qué duda cabe! Legal porque así lo decidió el Gobierno, que impulsó un bochornoso proceso de anulación de la mitad tan sólo de las listas de ANV. La decisión del Gobierno, movida por su interés en retardar lo inevitable -el comunicado de ETA poniendo fin a una tregua inexistente-, obligó primero al Tribunal Supremo y luego al Constitucional a hacer una pirueta jurídica literalmente increíble para poder elegir lo malo (la anulación parcial de las candidaturas de ANV) en lugar de lo peor: la aceptación de todas ellas.

¿Pacífica? Bueno, depende de lo que entendamos por pacífico. Muchos candidatos de ANV se cansaron de intimidar durante la campaña electoral a sus competidores, pero ninguno ha condenado ni el final de la tregua, ni los atentados que se han producido desde entonces. Según ANV, esa palabra, condenar , está «maldita» y no sirve para «buscar soluciones al conflicto». ¿A qué les suena? Su violencia de ayer, urnas por las ventanas incluidas, ¡como cualquier grupo fascista que se precie!, los mostró de nuevo sin careta.

Sí, Batasuna ha vuelto a los ayuntamientos, pese a que millones de personas sabíamos que así sucedería si se daba a ANV vía libre. De que sus miembros amparen el terrorismo sólo son responsables ellos mismos. De que puedan hacerlo otra vez desde las instituciones, habrán de responder el fiscal general del Estado, el ministro de Justicia y el presidente del Gobierno.

Presión contra normalidad
EDITORIAL El Correo 17 Junio 2007

La constitución de los ayuntamientos en el País Vasco no pudo desarrollarse ayer en el ambiente de normalidad que es exigible en una democracia. Las presiones y las coacciones de la izquierda abertzale, que venían ya anunciándose desde la celebración de las elecciones del pasado 27 de mayo, se dejaron sentir con especial virulencia en distintos municipios, donde la formación de sus corporaciones ha debido llevarse a cabo de forma semi clandestina y bajo excepcionales medidas de seguridad. Los simpatizantes de las candidaturas anuladas de ANV han querido hacer valer su supuesta legitimidad por encima y en contra del imperativo de la Ley, no dudando, para ello, en emplear abiertas amenazas frente al resto de los ciudadanos. Con este comportamiento, la formación que ha recogido los votos de la izquierda abertzale da una prueba más de que no es sino la continuación fraudulenta de la ilegalizada Batasuna. El Gobierno, de un lado, y la Fiscalía del Estado, de otro, deberán considerar si este modo de proceder no constituye ya indicio suficiente para promover su ilegalización ante los tribunales.

Por su parte, el nacionalismo democrático, al que han de sumarse en este caso Ezker Batua y Aralar, no ha estado a la altura de las circunstancias. Bien sea siguiendo instrucciones de sus respectivos partidos, bien actuando por cuenta propia, un buen número de sus electos ha sido incapaz de resistir la presión ambiental y se ha negado a cumplir con su obligación de hacer efectiva la representación popular que ellos mismos habían reclamado para sí y que los ciudadanos les habían otorgado. Algunos de esos partidos no han tenido siquiera escrúpulos en intercambiar apoyos con ANV para acceder a exiguas cuotas de poder municipal. El hecho de que tres ayuntamientos no hayan podido constituirse por la renuncia de los concejales a asistir al pleno es una muestra de debilidad en unas circunstancias que exigen normalidad institucional. Estos y otros comportamientos parecidos resultan muy poco edificantes para una ciudadanía que, en momentos tan difíciles como el presente, querría recibir de sus líderes políticos criterios claros que le ayuden a distinguir con nitidez la línea que separa a los demócratas de los totalitarios. En esta ocasión, ni el nacionalismo ni los mencionados partidos de la izquierda autodeterminista o independentista han sabido dárselos.

Mientras en Euskadi y Navarra se hicieron notar los efectos de la excepcionalidad impuesta por la presión terrorista y por los ardides coactivos de la izquierda abertzale, en el resto de España las votaciones habidas en los plenos municipales vinieron a corroborar que, en términos generales, allá donde nadie obtiene mayoría absoluta la composición del arco político acaba favoreciendo a los socialistas. El ejemplo más significativo está en Galicia, donde el primer partido de la comunidad tanto en elecciones autonómicas como en locales, el PP, ni gobierna la Xunta ni regirá ninguna de las seis principales ciudades. Es indudable que el partido de Rodríguez Zapatero no sólo se quiso quitar ayer la espina del revés sufrido en votos hace tres semanas, sino que -con la posible salvedad de Canarias y las dificultades surgidas con ERC- decidió demostrar que cuenta con una ventaja respecto al PP: su versatilidad a la hora de pactar coaliciones de gobierno, bien sea con su izquierda, bien con las formaciones nacionalistas o, en su caso, con los grupos regionalistas. Las alcaldías obtenidas así por el PSOE en detrimento del PP, más que por el poder real que representan, adquieren importancia porque sitúan al partido de Rajoy ante el difícil reto de compaginar el mantenimiento de su fiel electorado con gestos que pudieran quitarle a Rodríguez Zapatero el monopolio del entendimiento con el resto del arco parlamentario.

La demoledora singularidad de Euskadi hace que su principal reto municipal sea lograr imponerse a la presión violenta y hacer de los ayuntamientos unos espacios de gestión ciudadana y de pluralidad democrática. Pero, más allá de ello, el conjunto de los consistorios constituidos ayer en España, y el País Vasco no debería ser ajeno, habrá de afrontar sin dilación la cuestión de su posición institucional en el futuro de un Estado tan descentralizado como el español. El horizonte de las próximas generales y la coincidencia con los comicios autonómicos han contribuido a sustraer del debate público el tema. Silenciada la promesa popular de una segunda descentralización a favor de los ayuntamientos, los casos de corrupción han propiciado que buena parte de la opinión publicada viese con recelo las atribuciones con las que cuentan los consistorios. Pero es indudable que, al margen de la materia urbanística o del problema de su dependencia de las economías del suelo, los ayuntamientos pueden y deben jugar un papel más activo en el desarrollo de las políticas públicas. El problema estriba en saber si los alcaldes y concejales cuentan en la toma de decisión de los partidos, o si tienden a estar cada día más supeditados a los objetivos generales que persiguen sus cúpulas. Hay indicios para pensar que es esto último lo que ocurre. De manera que el debate sobre la organización territorial del Estado tiende a circunscribirse, al dictado de la partitocracia, a la dialéctica entre los órganos comunes y las autonomías.

Unidad, ¿para qué?
FERNANDO SAVATER EL Correo 17 Junio 2007

Que la unidad básica de los principales partidos constitucionalistas (es decir, los que representan a la inmensa mayoría de la ciudadanía española) resulta fundamental para llevar a buen término la derrota del terrorismo es algo de lo que bastantes hemos estado convencidos desde hace mucho. O sea, que no necesitamos ahora que nos lo griten al oído como si fuésemos sordos quienes hasta hace poco predicaban contra el indeseable 'seguidismo' que uncía al PSOE con el PP en el siempre fastidioso camino de la sensatez. Pero claro, una cosa es la unidad democrática y otra que los ciudadanos de este país debamos imitar en sus hábitos suicidarios a los lemmings, esos unánimes roedores que por mor de la armonía social se tiran todos a una desde un acantilado al mar. Vayamos todos juntos, y yo el primero, por la senda constitucional pero siempre que no se utilice esa conjunción de voluntades para ocultar los errores políticos cometidos en el pasado -de cuya responsabilidad política no disculpa la buena intención, que sólo tiene efectos morales- y sobre todo para enredar a todo el mundo en nuevas equivocaciones que confirmen, prolonguen y agraven las cometidas en el pasado que aún no se han reconocido. No se trata de pedirle a Zapatero que se haga el harakiri, como pretenden los extremistas (en caso de apuro, con la dimisión basta), sólo sencillamente que admita la necesidad de rectificar si no el pasado -eso lo dejaremos para la próxima Ley de Memoria Histórica-, al menos los pasos futuros en la lucha antiterrorista. Porque ése debe ser el objetivo y no ningún otro: acabar con el terrorismo liquidando a ETA. En cuanto ésto se logre vendrá la paz, no la de los cementerios ni la de la rendición a ideas inconstitucionales, sino la de la polémica política, incómoda y a veces agria pero incruenta. Afortunadamente, parece que ahora todo el mundo se apunta ya a la idea de que debe haber vencedores y vencidos, siendo ETA la que ha de perder para que todos ganemos la libertad. Algo vamos progresando.

Los hinchas mediáticos progubernamentales tratan de convencernos de que la ruptura por ETA de la tregua que nunca existió demuestra que el Gobierno no hizo concesiones políticas a la banda. Hombre, es cierto que las truculentas acusaciones de 'alta traición', 'rendición' y otras semejantes resultan exageradas, hasta el punto de que a veces -sobre todo cuando se hicieron de modo anticipado a los acontecimientos- terminaron minando bastante la credibilidad de los críticos. Pero que hubo concesiones, imprudentes concesiones, indebidas concesiones, resulta evidente: lo único que demuestra la ruptura de la tregua es que no fueron suficientes para lo que deseaba el equipo terrorista. ETA es como otras fieras de mejor índole: se la puede rendir por hambre, pero si se la alimenta a poquitos se le despierta a cada bocado un apetito más voraz. La fundamental concesión política fue admitir (al principio, en cuanto acabase la violencia y después, ya aunque no acabase del todo) que habría una segunda mesa para reinventar junto a los demás partidos, pero fuera del Parlamento, la nueva hegemonía nacionalista en el País Vasco. En esa mesa es obvio que debía hablarse de política, es decir, de la política que conviene al nacionalismo radical porque de la otra, de la que nos conviene al resto de los ciudadanos, ya se habla en el Parlamento. Y a lo largo del verano de 2006 se mantuvieron contactos con los portavoces etarras (uno de ellos público, la célebre entrevista de los líderes socialistas con Otegi y sus comisarios de armas tomar: ¿Acaso ese reconocimiento como interlocutores 'normalizados' no es una concesión política?). Por lo que ahora se ha sabido y publicado (pero ¿desde cuando se sabía todo esto? y ¿por qué si se sabía no se publicaba?), estos encuentros culminaron en una reunión en Loyola, durante el mes de septiembre, en la que se acordó un borrador de trabajo político entre los socialistas, Batasuna y un reticente Josu Jon Imaz llegado a última hora. Después ETA subió la apuesta -ya se sabe, el apetito de la fiera- y todo se fue al traste. Pues bien: ¿Por qué no se publica ese borrador? Si no se hicieron ni se pensaban hacer concesiones políticas, ese documento es la mejor forma de demostrarlo. A ver, que aparezca el borrador y que sepamos de una vez de qué iba a ir la mesa de partidos Por cierto, en ese mismo mes de septiembre tuvo lugar el akelarre encapuchado de Oiartzun, con cientos de convocados vitoreando a ETA, cuyo vídeo educativo hemos podido conocer hace poco. Y a pocos kilómetros, San Sebastián en pleno festival de cine lleno de periodistas que por lo visto acababan su período de vacaciones.

Sacar ahora a relucir estos trapos sucios no es afán de enturbiar las felices aguas de concordia entre Gobierno y oposición. Pero la necesaria unidad no consiste en que la oposición renuncie solemnemente a 'obstruir' la política del Gobierno (como parecen creer la Ser e Iñaki Gabilondo), sino en que el Ejecutivo se replantee los errores de una trayectoria que ha fracasado en sus objetivos y ha tenido por efecto indeseado revigorizar a ETA. Y a tal fin es imprescindible replantearse el escenario político de la lucha antiterrorista, como hacía el Pacto por las Libertades. Todavía se siguen repitiendo tranquilamente sobre este documento fundamental dos mentiras: que en su redacción original estaba cerrado a la adhesión de los otros partidos y que en él hay aspectos que obligan a renuncias ideológicas a los nacionalistas democráticos. Ni lo uno ni lo otro: y si no, que nos señalen el párrafo rechazable (recientemente, un necio citaba la mención a no utilizar la lucha antiterrorista como arma política -en la que más o menos todo el mundo está de acuerdo- como argumento en contra del pacto, con el pretexto de que no se ha cumplido ¿viva la lógica!). Porque no sólo hay que derrotar a ETA, sino también a las falsas hegemonías y al nacionalismo obligatorio impuesto a su resguardo. El final de ETA debe significar una oportunidad igualitaria para todas las opciones políticas, no un blindaje compensatorio del nacionalismo reinante. El cual ya vuelve a torcer el gesto ante el acercamiento PSOE-PP, como siempre ha hecho, y a protestar por que se retorne a 'fórmulas del pasado', es decir, a la insumisión ante lo para ellos inevitable de su eterno predominio. Lo de siempre: repudio de la violencia pero miramientos y resguardo interesado a los violentos. ¿Hasta cuándo seguiremos así? Menos mal que los prebostes insisten en decirnos que 'la sociedad vasca' luchará a pecho descubierto contra ETA, como luchó contra otras tiranías del pasado, por ejemplo la dictadura de Franco. Pues vaya, sin duda bastantes vascos se han enfrentado a la opresión, pero la sociedad, lo que se dice la sociedad , si la sociedad vasca muestra la misma fiereza contra ETA que mostró contra Franco, tenemos terrorismo para el próximo siglo y medio.

De modo que está muy requetebién que Zapatero y Rajoy cierren filas cuando amenaza tormenta contra el crimen organizado y sus legitimadores políticos. Repito: contra los criminales y sus legitimadores, porque con luchar sólo contra los primeros y tratar de complacer políticamente a los segundos no se consigue nada. En cuanto a los demás, que no tenemos responsabilidades directas con los asuntos públicos, nos costará un poco volver a hacer manitas con quienes tantos cuentos y tantas falsas razones han repartido durante la no menos falsa tregua: en las radios, en las columnas de los periódicos, en las televisiones. Pero de eso hablaremos despacio y sin tapujos otro día.

La renuncia de ediles de PNV y EA por las amenazas bloquea tres ayuntamientos
Los electos nacionalistas de Ondarroa, Nabarniz y Mendexa, donde los votos nulos fueron mayoría, no tomaron posesión de sus cargos
OLATZ BARRIUSO o.barriuso@diario-elcorreo.com/BILBAO EL Correo 17 Junio 2007

«Hay que entenderlo, la presión en esos lugares es brutal». Así se explicaba ayer, 'sotto voce', desde el PNV y EA la decisión de varios de sus electos de no tomar posesión de sus cargos. Esta opción impidió en la práctica que se constituyeran tres ayuntamientos vizcaínos de la comarca de Lea-Artibai: el de Ondarroa -con casi 10.000 habitantes- y las corporaciones de los cercanos y pequeños municipios de Nabarniz y Mendexa. La sostenida campaña de coacciones orquestada por la izquierda radical especialmente en esas plazas -donde los votos nulos, que se arroga como propios, superaron a la lista que ganó las elecciones- acabó por hacer mella en los ediles nacionalistas, que no acudieron a recoger su acta y dejaron así los consistorios en una incierta situación de excepcionalidad.

Tampoco quedaron conformados los ayuntamientos guipuzcoanos de Lizartza, Elduain, Zaldibia y Leaburu. Los dos primeros -dónde sólo concurría el PP- por problemas legales con los plazos, al ser sustituida la lista original por cargos vascos. El tercero porque todos los electos son de Aralar, la única fuerza que ha aceptado dejar vacantes las concejalías que reclama ANV. El partido de Patxi Zabaleta empató a votos con los nulos y aún no hay acuerdo. En Leaburu sucedió algo similar, y los representantes de la plataforma independiente vencedora no lograron alcanzar un pacto con los radicales. En Irura continúa en funciones Marimi Ugalde -que encabezaba la lista anulada de ANV y fue de EH- porque ni PP ni PSE obtuvieron el porcentaje mínimo de votos para obtener escaño.

Lo sucedido en los tres municipios de Vizcaya reflejó de la manera más cruda la inquietud y el miedo que empiezan a calar en los cargos públicos nacionalistas, que por primera vez se ven en el punto de mira de ETA y se enfrentan, en el caso del PNV, a la posibilidad sin precedentes de verse obligados a llevar escolta permanente. Esta hipótesis -barajada públicamente por el consejero de Interior, Javier Balza, tras la decisión de la banda de romper la tregua- y las invectivas contra el partido jeltzale en sus comunicados han agravado todavía más el clima creado por el acoso radical pueblo a pueblo, con el 'señalamiento' público, con nombres y apellidos, de los ediles a los que acusan de «robar» los asientos municipales que creen suyos. En Ondarroa, por ejemplo, fuentes nacionalistas hablan de una legislatura -la que acaba de concluir-marcada por el acoso del entorno de la izquierda abertzale a los corporativos, muchos de los cuales salieron reelegidos.

La 'desbandada' fue general en Nabarniz -que, de constituirse, habría contado con una corporación monocolor de cinco ediles peneuvistas- y parcial en Mendexa, donde sólo hicieron acto de presencia tres de los siete electos, todos del PNV. La constitución del ayuntamiento no fue posible por falta de 'quorum', igual que en Ondarroa, donde sólo asistió al Pleno, entre fortísimas medidas de seguridad, el único representante del PP.

Esos fueron los resultados de un clima de amenaza recurrente en las últimas semanas, coronado ayer por las concentraciones convocadas en todos los municipios por ANV. «Es un paso atrás», reconocieron fuentes de PNV y EA, ante la evidencia del deterioro del clima político en determinados municipios. Hace cuatro años, las exigencias de la izquierda abertzale provocaron incidentes en los plenos, pero sólo tres ayuntamientos quedaron en el aire por motivos de recuento electoral. Además, PNV y EA renunciaron a presentar candidaturas en lugares donde sí lo hicieron en 2003, lo que les costó tragos amargos como el acoso a Joseba Egibar al ir a recoger la makila de Lizartza.

Nuevo Pleno
Mañana habrá una nueva oportunidad para constituir los ayuntamientos, con la convocatoria de un segundo pleno que, en caso de resultar nuevamente frustrada, obligaría a nombrar comisiones gestoras que garanticen la gobernabilidad de esos municipios durante los próximos cuatro años. Aunque tanto el Bizkai buru batzar como la ejecutiva vizcaína de EA «harán todo lo posible» para que sus ediles cambien de opinión y acaten así las directrices oficiales, lo cierto es que nadie alberga esperanzas de que estos ayuntamientos puedan constituirse, lo que les abocaría a estar capitaneados por una gestora salvo que se decidiera mantener en funciones la última corporación. Incluso, el PNV de Ondarroa hizo pública ayer una nota en la que aboga por buscar «soluciones» entre «todos los partidos», lo que incluiría a la izquierda abertzale.

No obstante, fuentes del BBB garantizaron ayer que, dado que corresponde a las formaciones que han obtenido representación proponer a los integrantes de la gestora, el PNV cubrirá «todas» sus posibles vacantes con afiliados del partido que sean a la vez personas «capacitadas» para la gestión y que aseguren «el bienestar» de los 10.000 vizcaínos sin ayuntamiento.

Distinto es el caso de los consistorios que sí se constituyeron, pero en cuyos plenos hubo ausencias de concejales nacionalistas que habían obtenido escaños demandados por los radicales. En ese supuesto, los ediles tienen un mes para recoger su acta -los partidos intentarán que así lo hagan- y, si no, su puesto sería para el siguiente en la lista. Así ocurrió con tres de los seis representantes del PNV y dos de los cuatro de EA en Lekeitio, tres de los siete electos jeltzales en Arrankudiaga y Forua y varios más en Bolibar. También hubo ausencias de EA en Lezama y Alonsotegi y de Nafarroa Bai en tres feudos radicales de la comarca de Sakana: Etxarri Aranaz, Bakaiku y Ziordia.

Vergüenza en el País Vasco y 'baile' en favor del PSOE en el resto
EL MUNDO 17 Junio 2007

La de ayer fue otra jornada negra para la democracia en el País Vasco, donde la constitución de los ayuntamientos estuvo marcada por importantes incidentes. Ello contrasta con lo que sucedió en el resto de España, donde hubo absoluta normalidad en la toma de posesión de los concejales y la posterior elección de alcaldes.

Comenzando por lo sucedido en el País Vasco, los concejales de ANV accedieron sus cargos en un centenar de municipios sin problema ninguno, y mucho menos en aquellos lugares en los que van a gobernar como Arrasate, Hernani y Pasajes.

En los municipios donde sus listas fueron ilegalizadas por el Tribunal Supremo, los simpatizantes de ANV exhibieron pancartas, insultaron y amenazaron a los concejales de las otras formaciones y, en algunos casos, intentaron impedir los actos de constitución. La Ertzaintza tuvo que intervenir en numerosas poblaciones para desalojar o dispersar a los manifestantes de ANV.

Su comportamiento fue muy parecido al de la jornada electoral, donde penetraron en los colegios para intimidar a los votantes y a los candidatos, aunque esta vez la Ertzaintza sí intervino para frenar a quienes pretendían boicotear esos actos. Como subraya hoy Nicolás Redondo en una entrevista en EL MUNDO, ello demuestra que el entorno de ETA «está muy crecido».

Lo lamentable es que ni el Gobierno ni la Fiscalía han agotado los recursos legales para impedir la proclamación de los concejales de ANV, que desde ayer es un hecho inamovible pese a que los dirigentes de Batasuna y la propia ETA han afirmado públicamente que esos votos son suyos.

Lo que queda ahora es solicitar la ilegalización de ANV como partido, pero ello no serviría para quitarle su representación municipal, lo cual no es posible según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

En el resto de España, no hubo incidente alguno y todos los partidos aceptaron democráticamente las votaciones de las que salieron elegidos los nuevos alcaldes. A pesar de la victoria en número de votos del PP en el total de los 8.000 ayuntamientos, el PSOE recuperó ayer el gobierno en ocho capitales de provincias. Los socialistas obtuvieron la Alcaldía en 23 capitales y el PP, en solamente 22. Desde las elecciones municipales de 1991, el PSOE no aventajaba al PP en número de capitales. El partido de Zapatero ha salido bien librado en términos de poder porque ha arrebatado Las Palmas, Orense, Vitoria, Toledo, Logroño, Tarragona, Soria y Palma de Mallorca, entre otras.

Este baile ha sido debido, en buena parte, a una política heterogénea de pactos, en los que el PSOE se ha valido de IU, los partidos nacionalistas y las pequeñas fuerzas locales para privar al PP del gobierno de cientos de municipios. Por ejemplo, los socialistas han pactado en Navarrra con Nafarroa Bai en seis localidades, mientras que en Palma una coalicion liderada por el PSOE ha logrado recuperar la Alcaldía. Por cierto, la nueva alcaldesa ya ha anunciado que se suprimirá el uso del castellano en unos premios que antes eran bilingües. La anécdota refleja lo que puede suceder en otras ciudades donde el PSOE se ha aliado con partidos de marcado corte nacionalista, que tarde o temprano acabarán por poner precio a su respaldo.

Educación
Rebeldes con causa
Más de 4.000 padres, profesores y estudiantes se declaran objetores de conciencia contra Educación para la Ciudadanía - Aseguran que la asignatura, que se impartirá desde septiembre, sirve para adoctrinar a los alumnos
La Razón 17 Junio 2007

«Claro que queremos que nuestros hijos aprendan los Derechos Humanos, pero nos oponemos a otros contenidos que atentan contra nuestras convicciones», explican los objetores

Madrid- El pasado mes de marzo una familia de Toledo solicitó por escrito que sus hijos no estudiaran una asignatura recogida en la nueva Ley Orgánica de Educación (LOE). Fue sólo la primera. Las peticiones de padres, estudiantes y profesores que no aceptan dicha materia suman ahora más de 4.000. Son los llamados objetores de conciencia contra Educación para la Ciudadanía, voces anónimas de las que el Ministerio de Educación dice «no tener constancia».

Pero existen. Aunque sus caras sólo aparecen en la presa cuando son padres de 12 hijos, día a día, personas de toda España engrosan una lista que se ha convertido para algunos en molesta. La postura que defienden desde hace más de un año es la siguiente: consideran que la nueva asignatura intenta hacer un adoctrinamiento ideológico de los alumnos, de acuerdo con el Gobierno de turno.

«Claro que queremos que nuestros hijos aprendan los Derechos Humanos o la Constitución española, pero nos oponemos a otros contenidos que atentan directamente con nuestras convicciones», explica Juan, padre de un niño. «No se puede dejar a la libre elección cuestiones como lo bueno, lo malo o la orientación sexual de un adolescente», argumenta otra madre.

«Conciencia moral»
Cansados de que el Ministerio de Educación niegue que exista tal posibilidad, este fin de semana se han reunido con LA RAZÓN para mostrar los párrafos concretos que avalan su postura. «¿Quieren ejemplos? -pregunta uno de ellos- pues aquí los tienen». Comienza a leer el Real Decreto por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la ESO: «...Es imprescindible hacer de los centros y de las aulas espacios que ayuden a los alumnos y alumnas a construirse un conciencia moral y cívica acorde con las sociedades democráticas, plurales, complejas y cambiantes en las que vivimos».
«Y como estos, otros, pero lo peor es que algunas comunidades autónomas lo han radicalizado», especifica otra madre. Con las mismas, pone sobre la mesa el borrador de Andalucía, con algunas expresiones subrayadas. Las enumera ante la atenta mirada de sus compañeros: «Proceso de socialización de género» (asignatura de 3º, Bloque 1); «Distintas realidades familiares» (asignatura de 3º, Bloque 2).

«¿Suficiente? -pregunta- No hay una, hay varias razones para oponerse a esta asignatura tal y como está diseñada ahora mismo, la pena es que no todo el mundo se ha informado».

La única salida
Ante tal panorama, este grupo de padres y profesores afirma que objetar es su «única salida», ya que la asignatura es obligatoria, computable y evaluable.

Sin embargo, el Ministerio de Educación tiene su propia visión del asunto. El secretario general, Alejandro Tiana, acusó esta semana a las organizaciones defensoras de la objeción de promover «una campaña de desobediencia civil, a las leyes» con argumentos «que no son ciertos» y «en base a muchas falsedades». La ministra, Mercedes Cabrera, fue a más y amenazó a los alumnos que no cursen la materia con dejarles sin la titulación de Educación Secundaria Obligatoria o Bachillerato.

Dudas legales
La pregunta es: ¿Es legal y es lícito objetar? Tiana considera que hay sentencias del Tribunal Constitucional que dicen que no es un derecho subjetivo, porque supondría evadir el cumplimiento de las leyes por la vía indirecta. Resulta curioso, por otra parte, que esté el propio currículo de Educación para la Ciudadanía lo incluya entre los contenidos.

Para Jaime Urcelay, presidente de Profesionales por la Ética (asociación promotora de la oposición a la asignatura), la objeción es «el mejor mecanismo legal para la defensa de los ciudadanos» contra la materia. «Es verdad, como le gusta repetir a Tiana, que también existe la posibilidad de presentar un recurso judicial en vía contencioso-administrativa, pero cualquiera sabe que se trata de un proceso muy lento y con muchas limitaciones en relación con el problema de fondo que los padres plantean», especifica.

En los últimos meses, Urcelay ha recorrido España para explicar los contenidos de la materia. Asegura que, hasta ahora los miles de padres que han objetado sólo han encontrado una respuesta del Ministerio, la amenaza y el miedo. «¿Dónde quedan para estos políticos el diálogo como forma de solución de los conflictos, la tolerancia, el pluralismo, la diversidad y todos esos valores con los que adornan la asignatura?», se pregunta.

Recortes de Prensa   Página Inicial