AGLI

Recortes de Prensa     Domingo 1 Julio   2007

Lizarza
POR JON JUARISTI ABC 1 Julio 2007

SALVANDO las distancias, quienes impugnan el derecho de Regina Otaola a tomar posesión del cargo de alcaldesa en Lizarza siguen la misma lógica que aplicó el ayuntamiento de Ermua al arrogarse en exclusiva el uso del nombre de su pueblo. Se trata en ambos casos de una concepción totalitaria de la democracia (o de democracia totalitaria a secas). La democracia se desliza al totalitarismo cuando se salta la ley apelando a la voluntad de la mayoría.

A Regina Otaola le asiste la ley. Otra cosa es que su posición no sea nada fácil -de hecho, es sencillamente infernal- y que Lizarza se convierta, tras la constitución del primer ayuntamiento guipuzcoano del PP, en algo bastante parecido a Tombstone, Arizona, en tiempos de Wyatt Earp. Pero no hay otra opción. Regina y su equipo monocolor tendrán que gobernar una población de mayoría filoterrorista y tendrán que hacerlo bajo una fuerte protección policial. Éste es el tipo de paradoja que encanta a los abertzales, porque les permite hablar de ocupación militar española y de otras sandeces por el estilo. Lo importante, sin embargo, es que los demás no nos engañemos. Sin Regina Otaola, Lizarza caería tras un teloncillo de acero. Lo de menos es que le haya votado una minoría de vecinos, porque esa minoría y sus siete concejales son, hoy por hoy, la única garantía posible de supervivencia de la libertad en Lizarza.

La democracia liberal española ganó en Ermua su primera batalla civil contra el terrorismo hace exactamente diez años. Afirmar que el destino de las libertades políticas se juega ahora en Lizarza no es una hipérbole. De Ermua sacamos una lección importante: al terrorismo se le puede derrotar si le plantamos cara unidos. A lo largo de esta última década muchos han ido olvidando esa lección. Primero, los nacionalistas vascos democráticos, que pactaron en secreto con ETA; después, los socialistas, con sus oscuras negociaciones emprendidas contra la mitad de la nación. En ambos casos, el pretexto fue la paz, que los socialistas reforzaron con la invocación a la voluntad de la mayoría. Lizarza nos recuerda que -como sabíamos muy bien todos en julio de 1997- nunca debe sacrificarse la libertad existente a una paz posible, pero añade otra enseñanza que deberíamos retener en adelante: si la democracia no sirve para preservar la libertad bajo la ley, se convierte en un instrumento para destruir la ley y la libertad, en pura tiranía del número, en dictadura arbitraria de la mayoría, como nos ha recordado la valerosa Regina Otaola. Un demócrata, afirma Rodríguez, nunca se equivoca frente a los terroristas. Falso: un demócrata se equivoca cuando, frente al terrorismo, busca atajos por encima o al margen de la ley, aunque tenga el aval de una mayoría parlamentaria.

Lizarza es, precisamente, la nueva oportunidad que se nos ofrece para enderezar el rumbo de la democracia, para evitar su deriva estúpida hacia el totalitarismo y orientarla hacia la defensa de las libertades. Hoy, diez años después de la gran insurrección democrática provocada por el asesinato de Miguel Ángel Blanco, el espíritu de Ermua es espíritu de Lizarza o no es nada. Las situaciones parecen muy diferentes: no lo son en el fondo. Entonces, en la Ermua de 1997, había una mayoría de vecinos clamando por la libertad contra una minoría de terroristas y asociados. Ahora, en Lizarza, es una mayoría de liberticidas la que invoca la voluntad general contra una minoría de luchadores por la libertad de todos. Pero, tanto entonces como en el presente, está claro quiénes representan la causa de los ciudadanos. En 1997, el alcalde de Ermua; hoy, en 2007, la inminente alcaldesa de Lizarza.

Ante Regina Otaola y sus concejales se abre una perspectiva ardua y desabrida, y es fundamental que sepan que no están solos, que ellos, como Germán López en Ondárroa o Nico Gutiérrez en Miravalles, son la vanguardia de una nación cívica que estará constantemente a su lado. En julio de 1997 toda España fue Ermua. Diez años después, la patria de los españoles libres se llama Lizarza.

La nación y sus enemigos
Ignacio Cosidó Libertad Digital 1 Julio 2007

El debate sobre el estado de la Nación será la mejor oportunidad, quizá la última, para que Rodríguez Zapatero explique al Parlamento y al conjunto de los ciudadanos el fracaso de su negociación con ETA. Es una obligación democrática que el actual jefe del Ejecutivo no puede eludir y será responsabilidad de la oposición democrática exigir esa explicación en caso de que Zapatero trate de escapar una vez más de ese debate. Pero aún más importante que la información que el Gobierno debe ofrecer sobre su proceso de negociación es que Zapatero defina con precisión cuál será su política antiterrorista una vez fracasada su vía de la negociación.

El Gobierno ha evitado hasta ahora este necesario debate con dos excusas. La primera es que la lucha contra el terrorismo debe estar fuera del debate político. La segunda es que no podemos dar ninguna credibilidad a las informaciones provenientes del entorno de ETA porque eso sería hacer el caldo gordo a los terroristas. Sin embargo, ambos argumentos son falaces aplicados al proceso de negociación emprendido por Zapatero.

El principio, que el terrorismo debe estar fuera del debate político, tiene plena validez en la renuncia de los partidos democráticos a utilizar los atentados terroristas contra el Gobierno de turno, que es justo lo contrario de lo que hizo el PSOE tras los brutales atentados del 11-M. Pero lo que en ningún caso es asumible es exigir a la oposición democrática que apoye al Gobierno en una política de negociación que es contraria al Pacto antiterrorista firmado por ambos, que constituye a ojos del Partido Popular un inmenso error como ya se ha demostrado, y que atenta contra los principios morales sobre los que se asienta la propia lucha contra el terrorismo. Ya basta, por tanto, de la desvergüenza de esgrimir una cláusula del propio Pacto antiterrorista para legitimar su destrucción.

El segundo problema es que para poder creer al Gobierno, éste debe al menos decir que es lo que tenemos que creer. Es cierto que los terroristas han dado su propia versión de la negociación y que sin duda esa versión estará orientada a favorecer sus intereses criminales. Pero el problema es que los españoles carecemos de la más mínima información por parte del Gobierno que nos permita saber cuál es la verdad. Así, la proliferación de versiones en los medios de comunicación, y no sólo de los que son próximos a la banda terrorista, está generando una enorme confusión en los ciudadanos sin que el Gobierno les ofrezca una información veraz y completa de todo este proceso. Insisto en que eso es una obligación democrática del Gobierno y una necesidad imperiosa para serenar el agitado panorama político de la Nación.

Hay varias preguntas fundamentales que el jefe del Ejecutivo tiene que contestar. La primera es cuándo inició su dialogo con la banda terrorista o sus representantes políticos y cuándo lo finalizó. Zapatero debe explicar cómo es posible que mientras firmaba con una mano el Pacto por las Libertades estrechara la otra con los representantes de ETA o cómo es posible que se mantuviera el diálogo con los terroristas una vez que él decretó públicamente su suspensión tras el atentado de la T-4 en Barajas.

La segunda cuestión es cuál ha sido el contenido de la negociación y cuáles han sido los compromisos adquiridos. El Gobierno siempre ha negado una negociación política con ETA, pero hay demasiados indicios de que los terroristas han puesto sobre la mesa algunas cuestiones políticas relevantes, como el derecho de autodeterminación o el futuro de Navarra, sin que el Gobierno se haya levantado de la mesa. Sería bueno también que el jefe del Ejecutivo diera cuenta de sus compromisos con la banda en términos de tregua policial o inmunidad para los negociadores.

Por último, Zapatero debería informar sobre las causas del fracaso final de la negociación en contra del optimismo y las expectativas creadas por el Gobierno durante muchos meses. Son sólo algunas, pero tendríamos muchas más, como por ejemplo, qué le movió a abandonar una política antiterrorista que estaba conduciendo inexorablemente a ETA a su derrota por una política de negociación que sólo ha servido para fortalecer a la banda.

Más allá de las explicaciones sobre el proceso, sería importante que Zapatero indicara en el próximo debate cuál será su política antiterrorista tras el estrepitoso fracaso de su proceso. Así, sería estupendo que anunciara la vuelta del PSOE al Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo que nunca debió abandonar, que se cercenara cualquier posibilidad de negociación futura con los terroristas en una resolución consensuada y que se garantizara a través de un pacto entre socialistas y UPN un marco de estabilidad política para Navarra que haga abandonar a los terroristas cualquier ensoñación de poder alcanzar sus objetivos en esta comunidad. Tras la merma de credibilidad que este proceso ha supuesto para Zapatero, son exigibles, además de algunas explicaciones imprescindibles, algunos hechos que demuestren un cambio radical en su política frente al terror.
Ignacio Cosidó es senador del Partido Popular por Palencia.

La amenaza terrorista mantiene en vilo a la sociedad
Editorial Elsemanaldigital 1 Julio 2007

Lo ocurrido ayer en el aeropuerto de Ibiza, en plena Operación Salida de las vacaciones de julio, muestra claramente lo vulnerables que son las sociedades desarrolladas como la nuestra ante la amenaza terrorista. Unas simples llamadas telefónicas al diario proetarra Gara y a la asociación de ayuda en carretera DYA fueron suficientes para conseguir el desalojo de un punto clave de las comunicaciones de una de las zonas más turísticas de España.

Más grave, desde luego, fue el suceso registrado en Gran Bretaña en la propia jornada de ayer, cuando dos hombres lanzaron un coche en llamas contra el aeropuerto de Glasgow, porque en este caso la amenaza estuvo más cerca de hacerse realidad. Sin embargo, de nuevo nuestro país contrasta negativamente con otros igualmente situados en el punto mira de los terroristas por la manera de reaccionar ante este tipo de situaciones.

Alguna agencia informativa y algún medio de comunicación difundieron ayer la noticia inexacta de que una bomba habría llegado a explotar en el aeropuerto de Ibiza. Algo no va bien cuando en un terreno tan delicado, en el que los profesionales de la información deberían extremar la prudencia y el buen sentido, se producen errores de este calibre.

No se trata de apelar la censura, ni a la auto-censura siquiera. Pero no se puede olvidar que la eficacia de toda táctica terrorista no se basa tanto en el daño objetivo que causa a la estructura del Estado, como en el desconcierto y el miedo que siembra entre la población. En este contexto, ejercer las tareas informativas de manera irresponsable supone ayudar objetivamente a los terroristas a alcanzar sus fines.

Después de haber vivido un periodo de falsa seguridad durante la última "tregua-trampa" de ETA, pues ya se vio que el supuesto "alto el fuego permanente" no impidió a los terroristas provocar enormes destrozos en la T-4 del aeropuerto de Barajas, sepultando a dos personas entre lo escombros, ahora todas las alertas están activadas. Ello aumenta la sensación de que nos hallamos a merced de la voluntad de unos criminales que pueden golpear prácticamente cuándo y dónde quieren.

Es responsabilidad primaria del Gobierno, de cualquier Gobierno, devolver la tranquilidad a los ciudadanos utilizando todos los medios legales a su alcance para protegerles. El problema es que en España en estos momentos el equívoco comportamiento que ha mantenido el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero respecto de ETA difícilmente puede aportar confianza a nadie en la lucha antiterrorista.

Por consiguiente, es más necesario que nunca que desde la propia sociedad se refuercen los mecanismos de autodefensa frente al terrorismo. Y el primero es no contribuir a aumentar el miedo con actuaciones erráticas o desenfocadas ante el enemigo común.

Consenso y complicidad
POR IGNACIO CAMACHO ABC 1 Julio 2007

A todo jefe de Gobierno le encantaría disfrutar de una oposición condescendiente, benévola, obsequiosa y complaciente, que convalidara estructuralmente sus políticas y limitase su discrepancia a unos decimales presupuestarios y alguna elegante esgrima ideológica. Tal cosa no es del todo imposible en algunas (escasas) naciones muy equilibradas con sólidas democracias vertebrales, pero incluso en esos infrecuentes supuestos es requisito previo que el primer ministro mime los consensos básicos del ecosistema político y respete su palabra. Si, por el contrario, el Ejecutivo revisa y destroza las pautas vigentes de acuerdos institucionales, se alía con minorías radicalizadas para aislar y destruir a la oposición mayoritaria, desarma el modelo de Estado y abre una negociación con terroristas engañando reiteradamente al líder del partido rival, no sólo no puede esperar de éste un trato caballeroso, sino que de obtenerlo habría que jubilar de inmediato a quien fuese tan panoli de no apercibirse de la estafa.

Es curioso, sin embargo, cómo en una parte de la sociedad española cala la queja socialista sobre el airado y supuestamente desleal comportamiento del PP en materia de antiterrorismo, como si la ignominiosa agitación de ciertos tres días de marzo perteneciese a un vago limbo de amnesia colectiva. Jamás se había manipulado tanto y con tan demoledora eficacia un atentado, utilizado como arma de destrucción masiva contra el Gobierno que, zarandeado por la catástrofe, manejaba sus consecuencias con manifiesta torpeza. Fue tal la convulsión que merecía que al menos sus beneficiarios hubiesen aplicado su posterior esfuerzo, una vez instalados en el poder, a restañar heridas, pero en vez de ello desdeñaron cualquier voluntad balsámica para tratar de aniquilar a los herederos del desastre. En este clima de cainismo mal disfrazado su estrategia más vistosa consiste en culpar a la oposición de ceñudo negativismo y egoísta voluntad destructora, gritando «pupa» con exagerado victimismo cada vez que el adversario se resiste a atragantarse con ruedas de molino.

Todo parece indicar que ése va a ser de nuevo el hilo conductor del inminente debate sobre el Estado de la Nación, en el que el Gobierno pretende que su rival se suicide olvidando las repetidas traiciones y engaños de que ha sido objeto junto con el resto de los ciudadanos. El único proyecto de esta legislatura ha sido el mal llamado y mal construido Proceso de Paz, un obsceno tejemaneje en el que Zapatero ha tratado de comprar el aquietamiento de los asesinos con vergonzosas negociaciones en las que, por engañar, se ha engañado hasta a sí mismo. Si Rajoy obviase, que no lo hará, ese conjunto de embustes y argucias no sólo se anularía como alternativa, sino que estaría cometiendo fraude político, porque no se puede debatir sobre otro asunto, dado que ésa ha sido la única bitácora del mandato. Una cosa es el consenso frente la amenaza, que ya existía antes de que el PSOE lo triturase, y otra el mamoneo y la complicidad con un timo palmario; los españoles no sólo merecemos un Gobierno que no nos mienta, sino una oposición que sepa hacerle frente y dejarlo en evidencia.

Sin novedad en el frente
POR M. MARTÍN FERRAND ABC 1 Julio 2007

DADAS las muchas limitaciones, desde el rencor a la falta de imaginación, que envuelven a José Luis Rodríguez Zapatero y empequeñecen su dimensión política y vistas las fronteras, de la pereza a las ataduras, que acotan las posibilidades de acción y decisión de Mariano Rajoy podremos decir, con rigor, pena y permiso de Erich María Remarque lo que reza en el rótulo de esta columnilla. Parecía que, tras años de tempestad y «proceso de paz», habíamos alcanzado la calma, ya que no el entendimiento mínimo, de un consentimiento mutuo entre los dos rectores de los dos únicos partidos de ámbito nacional. Pura apariencia.

La inmediatez del Debate que viene y la proximidad de unas elecciones legislativas, en las que tanto el PSOE como el PP se juegan la continuidad de sus estructuras y cuadros vigentes, redobla el ruido al que se creen obligados ambos contendientes. A los dos, en el supuesto de que fueran capaces de elegir, les conviene más la propaganda vocinglera que el sereno raciocinio.

Esta guerra incruenta, pero total, que se traen los dos grandes gallos presentes en el corral español tiene inmovilizada la Nación. Aquí no pasa nada de cuanto debiera ocurrir y una rara función subsidiaria de la inercia oculta la gravedad y el riesgo de un Gobierno al que definirle como «inútil» es tratarle con conmiseración. Mejor sería, para ponerle fin a la contienda hueca y entrar de lleno en lo macizo y fundamental que, como sugiere uno de los personajes de Sin novedad en el frente, nuestros dos grandes generales partitocráticos, en calzón de baño y provistos de una recia estaca, saltaran a la arena y se castigaran mutuamente el lomo hasta la extenuación de uno de ellos. El otro, ya sin la carga del enfrentamiento continuo, y muchas veces gratuito, podría dedicarse a las enjundiosas cuestiones que nos propone su -¿olvidado?- programa electoral.
Nuestra guerra, la que se traen sin tregua Zapatero y Rajoy, cursa con engaños continuados y entrecruzados. En eso, si nos atenemos a lo ya visto, el socialista lleva todas las de ganar. Tanto él como sus títeres docentes de mayor confianza -De la Vega, Blanco y López Garrido- no cesan en el embuste y sospecho que tan acostumbrados están a él que si les preguntáramos la hora nos responderían con diez minutos de más o de menos para no perder forma ni entrenamiento.

El Debate del martes, la última gran batalla previa a las vacaciones en esta guerra sin novedades, tendrá, como viene siendo con aceptación de las partes, más ruido que nueces y, ya con aromas de propaganda electoral, cerrará un curso estéril en un ambiente en el que empiezan a flotar inquietudes y temores sobre la marcha de la economía nacional. Ni el Estado ni la Nación españoles gozan de buena salud y la Patria reposa entre los cascotes de la memoria histórica. Verdaderamente, no hay novedad.

¡Preparados para inmersión!
ROBERTO L. BLANCO VALDÉS La Voz 1 Julio 2007

Al fin lo han conseguido: la filosofía que, mal que bien, había sostenido la armonía lingüística en Galicia ha saltado por los aires.

Sólo hay que leer con atención el decreto por el que se regula el uso y la promoción del gallego en el sistema educativo para constatar que el BNG y su flotilla submarina para la normalización lingüística pueden dar la orden que llevaban escrita desde hace mucho en su cuaderno de bitácora: ¡comienza la inmersión!

Porque -¡no lo duden!- la inmersión lingüística he empezado y ya nadie tendrá la sensatez o la valentía de pararla. El Consello Consultivo lo ha intentado, señalando las ilegalidades del decreto, pero no están en la Xunta para ese tipo de monsergas. ¡Ni siquiera quienes han empezado a hablar gallego (o lo que sea) al llegar a conselleiros!

La norma viola con toda claridad el principio constitucional de la cooficialidad lingüística, al sentar dos pilares destinados a favorecer al gallego en detrimento del castellano, que es lo que hablan, en realidad, la mayoría de los estudiantes destinatarios del decreto.

El primer pilar se resume en que el gallego será desde ahora la lengua obligatoria, como mínimo, del 50% de las enseñanzas a impartir. Pero no de cualquiera de ellas, sino de las fundamentales. Así, en la secundaria obligatoria, mientras se explicarán en gallego las ciencias naturales, la física, la geología, la biología, la química, las matemáticas, las ciencias sociales, la geografía e historia y la educación para la ciudadanía, se darán (eventualmente) en castellano la educación física, la plástica, la música, la religión o su alternativa, la tecnología y la cultura clásica. ¿Se imaginan los alaridos de los normalizadores si el reparto fuera del revés?

Un segundo pilar completa la filosofía del primero: el 50% de enseñanzas en gallego es el mínimo legal, que los centros podrán ampliar hasta el total de las enseñanzas a impartir (con la excepción de las lingüísticas). Ahí comenzará de inmediato la próxima batalla, cuyos términos resultan previsibles: todo el que se oponga a la extensión del gallego será un enemigo del país.

¿Y el país? Pues el país, ahora con Touriño, como antes con Fraga: dispuesto a aguantar lo que le echen. Desde el próximo curso habrá en Galicia cientos de miles de niños obligados a estudiar ¡y hablar en clase! en una lengua extraña. Quizá acaben conociéndola. Cosa distinta es si la utilizarán de un modo voluntario, como lo hacemos todos los que la sentimos como propia. Pues ¿puede el cariño a una lengua nacer de la imposición? Ese es el asunto al que ni este ni ningún decreto dará nunca solución.

Zapatero deja de fingir
Editorial ABC 1 Julio 2007

LA reacción del Gobierno y del PSOE por la sentencia dictada por el Tribunal Supremo, que anula las condenas dictadas en el «caso Bono», ha alcanzado un nivel bochornoso de manipulación partidista y oportunismo político. La razón de esta desmesura no es otra que la falta de iniciativas propias, lo que obliga al Ejecutivo y a los socialistas a vivir a expensas de acontecimientos externos, para bien o para mal. Sin conocer el texto de la resolución, los portavoces del Gobierno y del PSOE se lanzaron, con una coordinación y una presencia pública omitidas en ocasiones más justificadas, a exigir del PP toda suerte de responsabilidades y disculpas por las condenas que fueron impuestas a los policías responsables de la detención de dos militantes del PP, acusados sin prueba alguna de agredir al ex ministro de Defensa José Bono. Como es lógico, en un Estado de Derecho la última palabra es la infalible y, por tanto, la verdad judicial es la que ha manifestado el Supremo y serán los magistrados que han revocado las condenas -porque sin duda habrá algún voto particular- los que tengan que argumentar cómo es posible que el sistema de garantías constitucionales que amparan al ciudadano no se vea dañado por una detención policial arbitraria, infundada y exclusivamente política, en la que, para llevarla a cabo, se produjo la represalia a un funcionario que se negó a practicar una actuación que consideraba ilegal y el falseamiento de un atestado. Estos hechos fueron así y que no sean constitutivos de delito no significa que no sucedieran de esa forma. Por otro lado, ninguna excusa debe pedir el PP a nadie, pues su denuncia fue respaldada por la investigación de un juez instructor y la sentencia de tres magistrados de la Audiencia Provincial de Madrid, así como por el criterio de un magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Y si algún honor debe ser restituido, el primer emplazado a hacerlo es el Gobierno, que destituyó al delegado del Gobierno en Madrid como consecuencia de aquella detención irregular.

Cabe también recordar que la supuesta agresión a Bono no pasó del trámite de diligencias previas, porque no se pudo aportar una sola prueba o indicio, por mínimos que fueran, que avalara la versión del ex ministro, ni siquiera un parte de lesiones. Sólo se adujo -por Conde-Pumpido, como no podía ser de otra forma- que los detenidos mantenían «una actitud vociferante». Hasta tal extremo fue un abuso de poder orientado a incriminar al PP que después del escándalo de la detención, la policía dejó de investigar a los posibles autores de la imaginaria agresión a Bono.

El Gobierno exhibe su debilidad política al aferrarse a la sentencia del Supremo como un balón de oxígeno y utilizarlo como excusa para romper un mínimo escenario de sosiego y de entendimiento con el PP. Zapatero parece no poder fingir talante con Rajoy por más tiempo, probablemente porque ha demostrado que la razón de su Gobierno es la discordia permanente con la oposición, tal y como se vio el pasado viernes, jornada en la que los socialistas se movilizaron para, en definitiva, confirmar que desde el próximo debate sobre el estado de la Nación, no va a haber tregua con el PP. El PSOE no quiere reglas de juego que limiten su acoso a los populares y por más criticables que puedan ser los excesos de palabra o de gestos que sus dirigentes hayan podido cometer en esta legislatura, a Rajoy no se le puede reprochar ni falta de disposición al diálogo ni que ejerza su obligación de liderar la oposición al Gobierno, preguntando y controlando políticamente a Zapatero en todo aquello que éste ha convertido en eje de su mandato. Porque si para Zapatero la tregua bilateral que pactó con ETA era su gran apuesta, también para el PP debe ser un argumento de oposición. Y lo mismo sucede con la quiebra del Estado autonómico a través del Estatuto catalán, el previsible pacto socialista con el nacionalismo en Navarra, la ineficacia de la ley integral contra la violencia de género, la demagogia con la inmigración y la frivolidad pacifista e iluminada en la política exterior. El PSOE sólo teme la desmovilización de su electorado más radical y por eso prefiere extender cortinas de humo antes que plantear nuevas iniciativas que beneficien al interés nacional.

El ejemplo de un héroe
Editorial ABC 1 Julio 2007

SE cumplen diez años desde que el funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara pudo ser rescatado por la Guardia Civil del agujero en el que ETA le mantuvo secuestrado durante 532 días. Una laboriosa investigación, angustiosa por momentos y de la que ABC desvela hoy detalles hasta ahora desconocidos, puso fin al más largo cautiverio al que los etarras han sometido a un ser humano en vida, si asociamos el concepto de «vida» al lamentable y sobrecogedor estado en el que fue hallado Ortega Lara, dada la inhumana crueldad con la que fue tratado. Nadie es capaz de medir el grado máximo de resistencia humana en situaciones límite, pero él debió alcanzarlo. Cuando hubo calculado que llevaba 500 días enjaulado como un animal y perdió casi toda esperanza de volver a ver a los suyos a la luz del día, pensó en quitarse la vida. Incluso, ideó de manera detallada cómo hacerlo, no sin antes introducirse en las fosas nasales unas pequeñas notas con las que ofrecer pistas fiables a las Fuerzas de Seguridad cuando le fuera practicada la autopsia. Hasta en su total desesperación, Ortega Lara supo mantener la suficiente sangre fría como para que su sacrificio no fuese en vano. Para que ETA no ganara. Siempre fue consciente de que la democracia jamás claudicaría ante los terroristas. Por eso es digno reconocerle, hoy y siempre, como un heroico ejemplo de tesón y de firme compromiso con el Estado de derecho.

DÉCIMO ANIVERSARIO DE LA LIBERACIÓN DE ORTEGA LARA
Múgica lamenta la política "débil" y "oportunista" del PSOE en la negociación con ETA
Cuando se cumplen diez años de la liberación de Ortega Lara, el socialista Fernando Múgica, hijo del histórico socialista vasco Fernando Múgica Herzog asesinado por ETA en febrero de 1996, ha lamentado en la COPE que la "política débil" del PSOE de "pactar como sea y donde sea para obtener el poder" haya permitido que ETA esté de nuevo en las instituciones y amenazando con atentar de forma inminente.
Libertad Digital 1 Julio 2007

Con motivo de la conmemoración del décimo aniversario de la liberación de José Antonio Ortega Lara, La Mañana del Fin de Semana de COPE ha entrevistado al hijo del histórico socialista vasco asesinado por ETA Fernando Múgica Herzog, que fue hermano del que fuera ministro de Justicia Enrique Múgica Herzog, hoy defensor del pueblo. También socialista y víctima del terrorismo, su hijo, Fernando Múgica, ha lamentado en los micrófonos de la COPE que la política "débil del PSOE" que aplica Zapatero y que está basada en "un pragmatismo" que se traduce en "pactar como sea y donde sea para obtener el poder" haya conducido al partido a un proceso de negociación con los terroristas.

En este sentido, y en relación con los temores suscitados este sábado con los falsos avisos de bomba en el aeropuerto de Ibiza, Múgica ha destacado que "lo que viene ahora es que ETA va a intentar y va a lograr tener un protagonismo sobre la sociedad española. Esto es algo que empieza por los cócteles molotov" y continúa "con casos como el de Ibiza".

En su opinión, ETA "no tiene claramente ninguna voluntad de arrepentimiento" y mantiene su discurso "chulesco y jactancioso" algo en lo que ha colaborado el PSOE al conceder "el último precio político por la negociación", con "la vuelta de ANV a las instituciones". También se ha mostrado convencido de que el Ejecutivo de Zapatero actuó "con mucha ligereza y con demasiada oportunidad" en su negociación con los terroristas, algo que ha provocado que la unidad política que existía "saltara por los aires".

Para Múgica, el problema del terrorismo merece "una política de estado con una línea clara a seguir por todos" pero "lo duro" es que "se va a negociar o hacer lo que sea" porque la política que sigue el Gobierno está basada "en función de la oportunidad política".

La memoria de las víctimas
La posición del Gobierno hacia las víctimas del terrorismo es muy clara para Múgica. Asegura que "una parte esencial del proceso ha sido echar tierra sobre el asunto" y que no se hablase de lo que estaba haciendo en cada momento. Por este motivo, dice Múgica, "a la AVT se le ha intentado silenciar".

Preguntado por el recuerdo que guarda del día en que la Guardia Civil liberaba a José Antonio Ortega Lara, Fernando Múgica ha dicho que, en aquellos días estaba en Burgos y al enterarse de la noticia pensó que "al menos" Ortega Lara "había salido con vida" de ese infierno, pero que "otros", desafortunadamente "acaban muertos".

El modelo de Estado, en manos de la Justicia
J. L. L. ABC 1 Julio 2007

MADRID. El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, sacará pecho durante el debate sobre el estado de la Nación por el proceso de reformas estatutarias que su Gabinete ha propiciado en esta legislatura. Precisamente, en el guión que el Ejecutivo envió al Congreso de los Diputados a principios de esta semana para pedir la convocatoria de la sesión de la próxima semana, los socialistas presumen del alto grado de consenso que ha dado lugar a los nuevos Estatutos de Autonomía.

La Cámara Baja va a tramitar esta legislatura un total de ocho reformas. El último texto, el de Castilla y León, entró en el Parlamento a finales de año pasado y se une a los enviados por la Comunidad Valenciana, Cataluña, Andalucía, Baleares, Aragón y Canarias. En todas ellas, salvo en la catalana, la reforma englobó un amplio consenso por parte del PSOE y el Partido Popular. La vasca fue una excepción, ya que el denominado «Plan Ibarretxe» fue devuelto al Parlamento de aquella Comunidad autónoma.

Máximo techo competencial
Pese a todo, las reformas estatutarias han levantado una amplia polvareda en estos últimos cuatro años. El pacto alcanzado por Zapatero y el líder de CiU, Artur Mas, sobre el texto catalán fue el pistoletazo de salida para una alocada carrera de buena parte de las Autonomías españolas por lograr el máximo techo competencial.

No se trata sólo de los numerosos recursos presentados por unas Comunidades contra otras ante el Tribunal Constitucional, sino del debilitamiento de un Estado que, en este proceso, se va dejando por el camino un alto número de competencias. En este punto, el PP llevará, como elemento principal del programa con el que concurrirá a los próximo comicios generales, una reforma constitucional en la que se fijen con «claridad meridiana» las competencias del Estado y cuáles deben ser las materias que no admiten transferencias.

El nuevo Estatuto catalán -aprobado por algo más del 50 por ciento de los votos en el Congreso- abrió una importante brecha en las relaciones entre el PSOE y el PP y, ahora, tensa al máximo la colaboración parlamentaria que mantienen los socialistas con las fuerzas políticas catalanas de corte nacionalista e independentista. CiU, ERC e IC se quejan de que el Ejecutivo de Zapatero no tiene interés en desarrollar el nuevo texto estatutario y denuncian que, al año de su aprobación, no se ha concretado ni un sólo traspaso.

A la espera del pronunciamiento del Tribunal Constitucional, la reforma catalana marca el tramo final de estos cuatro años de Zapatero en la Moncloa, ya que el apoyo parlamentario con el que cuenta el Gobierno minoritario del PSOE puede verse afectado por la postura que adopten los nacionalistas e independentistas en este -para ellos- eje central de la legislatura. En este contexto, los Presupuestos Generales del Estado corren el riesgo de no ser aprobados por falta de apoyo y la prórroga de los actuales es ya una posibilidad factible.

Recortes de Prensa   Página Inicial