AGLI

Recortes de Prensa     Lunes 9 Julio   2007

Comunicado de AGLI  
Contencioso contra el decreto de imposición del gallego en la enseñanza

Asociación Gallega para la Libertad de Idioma La Coruña 9 Julio 2007

La Asociación Gallega para la Libertad de Idioma (AGLI) ha interpuesto recurso contencioso administrativo ante el TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE GALICIA, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, para tramitar por el procedimiento especial para la protección de los derechos fundamentales, contral el decreto 124/07 de la Junta de Galicia publicado en el Diario Oficial de Galicia del 29 de junio, por afectar directamente a la esfera de los derechos fundamentales de libertad de idioma, que incluye el de uso de cualquiera de las dos lenguas oficiales en el territorio, y cuya negación expone a las personas a las discriminaciones más absurdas, entre ellas, su proscripción generalizada de todo un sector de la administración pública, o su exclusión del sistema educativo por la imposición de un determinado uso en las materias troncales, como mínimo -y la consiguiente prohibición del uso alternativo- en contra, además, de la libertad constitucionalmente protegida.

Que la lengua es una de las circunstancias por las que no se debería poder discriminar a las personas en el ordenamiento español, lo demuestra la protección penal de ese derecho a la libertad y la igualdad en el Art. 314.[Discriminación laboral] establece: "Los que produzcan una grave discriminación en el empleo, público o privado, contra alguna persona por razón........ o por el uso de alguna de las lenguas oficiales dentro del Estado español....." 

El art. 2º del Decreto que se impugna, somete a los ciudadanos de lengua española, única u opcional, a un régimen de excepción lingüística en toda la administración educativa, en contra del prescrito uso “normal” de las dos lenguas -es decir, de igualdad de trato a los hablantes o usuarios de la una y/o de la otra- conculcando el principio de igualdad constitucionalmente protegido, pretendiendo derogar para todo el tráfico administrativo educativo el régimen de cooficialidad derivado del artº 3 de la Constitución, 5 del Estatuto y 3 y 4 de la Ley (G) 03/83, sin más salvoconducto que la fórmula de salvaguarda “con carácter general”, lo que constituye la prueba evidente de la discriminación. 

El decreto 247/95, derogado por el que ahora se impugna, fue dictado inicialmente por la Junta de Galicia sin la mencionada “salvaguarda”, e impugnado a su vez por AGLI, en el recurso de esta misma clase 01 /0001663 /1995 Sección primera, 29/02/96, 1068, en el que recayó la sentencia de 131/96 de 23 de febrero, anulatoria, como no podía ser de otro modo, de una norma que proscribía el uso del español de forma absoluta del tráfico jurídico de la administración educativa, interno y externo, en Galicia, en perjuicio no de la lengua, que no tiene derechos, sino de las personas que legítimamente optan por ella en un régimen de cooficialidad. La Junta de Galicia, pretendió acatar la sentencia –sin mencionarla- incrustando en el precepto anulado la fórmula “con carácter general” como supuesta salvaguarda de los derechos vulnerados.  

Es evidente, que dicho proceder constituyó un fraude a la sentencia citada, y que su falta de impugnación (la penuria de medios de AGLI impidió en su momento la impugnación del decreto 66/97 por el que se acataba supuestamente, sin mencionarla, la sentencia de ese Tribunal 131/96), y su presencia en el ordenamiento durante todos estos años, dando cobertura a miles de imposiciones y coacciones -como la ejercida durante el curso pasado sobre los docentes por la lengua de las programaciones didácticas- no ha sanado su nulidad radical, conforme a la naturaleza imprescriptible de los derechos afectados. 

También vulnera indudablemente el derecho de libertad de opción lingüística, y la igualdad por razón de lengua, al imponer a los niños para los que los poderes públicos impulsores de la política de normalización lingüística han creado la circunstancia personal y social  de carecer de “lengua propia”, es decir, a los niños que no tienen la lengua que tenían que tener sino la otra -cooficial, pero vitanda- una obligación positiva de uso de la lengua preferida o favorita de la administración.  

El Consejo consultivo en su dictamen 366/07 de 12 de junio, se refiere a este precepto en estos términos: "...la imposición de su uso (de la lengua gallega) a través de un mandato directo con reserva de excepción -no especificada por cierto en el texto del decreto- choca con la inexistencia de un deber estatutario o legal de uso del gallego, por lo que los alumnos pueden invocar su derecho al empleo de su lengua de preferencia entre aquellas que son oficiales."

El decreto vulnera el derecho de igualdad de trato de los ciudadanos ante la ley, ya que no establece recíprocamente que en las áreas, materias o módulos que residualmente pudieran impartirse en lengua española, el “alumnado” tenga que usar, con carácter general, el español en las manifestaciones oral o escrita -excepto en lengua y literatura española-. Por el mismo motivo, sólo se puede imponer a los alumnos el uso del gallego -o someterles a las consecuencias de evaluación docente de no usarlo- en clase de lengua y literatura gallega. Pero esta asimetría pone bien a las claras el carácter discriminatorio de este artículo 13, rebasando con mucho ese misterio del trato desigual, aunque no discriminatorio, supuestamente avalado por el Tribunal Constitucional en esta materia.  

Para más información: www.geocities.com/agli.geo, www.corunaliberal.es

El PSOE abandonó Ermua
EDITORIAL Libertad Digital
 9 Julio 2007

El asesinato, especialmente cruel, de Miguel Ángel Blanco, destapó los sentimientos que la sociedad albergaba sobre la banda terrorista, y la virtud cívica de oponerse moralmente a los medios utilizados por ETA y a la ideología que le animaba, pasó de ser estrictamente personal a ser compartida como nunca antes con el resto de la sociedad. "Basta ya" fue la expresión que recogió eficazmente el hartazgo de los españoles frente a ETA y la decisión de dejar el sentimiento de impotencia ante los asesinos en casa. Muchos quisieron que no se pudiera confundir la inacción con la indiferencia. Fue entonces cuando comenzó la rebelión cívica contra la banda terrorista que, como llamada de atención al actual Gobierno, se ha reactivado en los últimos tres años.

Cuando está próximo el décimo aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco, su hermana Mar está recordando el grito que dio España entonces, y que sigue estando vivo en el espíritu de la mayoría de los españoles: recuperemos el espíritu de Ermua. Un ánimo que buscaba un único objetivo posible, y que es irrenunciable para cualquier demócrata: la derrota final de ETA. Y que se fortalece con la unidad y el consenso y con la lucha personal contra el miedo e institucional contra la ideología que justificaba sus execrables atentados.

Qué lejos queda todo aquello de la agenda del Gobierno. José Luis Rodríguez Zapatero ha elegido exactamente el camino opuesto. La negociación, en lugar de la derrota. La demonización del PP frente al consenso. Y ha colocado a ETA como centro de la vida política nacional en lugar de aferrarse a su derrota como valor de consenso, despreciar sus objetivos políticos y tratarla como lo que es; pura y simplemente una organización criminal.

Por eso han saltado como un animal herido ante la digna campaña de Mar Blanco y del Foro de Ermua por recuperar los valores de entonces. La han interpretado como un ataque a la estrategia socialista y del Gobierno. Pero esa reacción no es más que el reconocimiento de una indignidad. En lugar de acoger como propio el mensaje del Foro de Ermua, le han hecho el favor a los populares de recordar que éstos siguen en los mismos valores, aunque sea acusando al movimiento cívico de ser un "brazo armado" del PP. No son ni el Foro ni los populares quienes han cambiado.

Pero sí lo han hecho los socialistas. Entonces se limitaron a seguir una reacción social que les superó, y en cuanto se han visto con fuerzas son ellos los que negocian con verdaderos brazos armados.

Aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco
Un Gobierno sin fin
Agapito Maestre Libertad Digital
 9 Julio 2007

La ceguera del presidente del Gobierno ante su principal fin, que no debería ser otro que la defensa de la Nación española, es pagada con creces por todos los ciudadanos de España. Pero, sobre todo, son las víctimas más directas del terrorismo las que sufren esa esclerosis intelectual de Zapatero a la hora de poner los fines de la nación por encima de los medios. Al dolor de sus almas mancilladas y sus cuerpos torturados, las víctimas directas de ETA han tenido que añadir la incomprensión, cuando no el desprecio, que los gobernantes exhiben ante su lucha ciudadana.

La pedagogía política desplegada por las víctimas del terrorismo, lejos de ser reconocida como una de las principales escuelas de ciudadanía y democracia de España, ha sido insultada permanentemente por el comportamiento torticero y negociador de Zapatero con los criminales de ETA. En el fondo, detrás de todo el "discurso" retórico del Gobierno sobre las víctimas, se trata de alimentar la ignominia de que la "víctima siempre es culpable". A la víctima, según el Gobierno socialista, hay que reducirla al silencio compasivo, o peor, a ser una mera mercancía sujeta a compra estatal. Cualquier cosa es posible para este Gobierno respecto a la víctima, excepto otorgarle un rol relevante en el proceso de creación de bienes públicos, es decir, en la recuperación de la Nación española.

Zapatero, Peces-Barba y Bono, y muchos otros entre los socialistas, podrían escribir manuales enteros sobre este tipo de cruel manipulación de las víctimas. Ejemplo de ese desprecio gubernamental es el trato que el gobierno de Zapatero le ha dado a la Fundación Miguel Ángel Blanco, el concejal de Ermua asesinado por ETA, poco tiempo después de que la Guardia Civil hubiera liberado de las garras de la banda criminal a otro español ejemplar, el ciudadano Ortega Lara. Triste es ver a la hermana de Miguel Ángel Blanco, el concejal del PP asesinado por ETA hace diez años, recorrer en un autobús España para recordarnos que su hermano fue asesinado sólo por ser español. Para esta mujer, para esta víctima del terrorismo, no existe otro fin más loable de su lucha ciudadana que recuperar, en cierto sentido, resucitar el "ser español" asesinado por ETA.

Este fin político, que debería ser el primero y principal del Gobierno, es, sin embargo, ocultado sigilosamente por Zapatero. En efecto, los crímenes de ETA son olvidados con rapidez merced al manejo hábil que los nacionalistas por un lado, y la izquierda española por otro, tienen de la opinión pública. Esa habilidad ha sido desarrollada con precisión geométrica por Zapatero en los tres últimos años, a pesar de las protestas de las víctimas contra su política de negociación con los criminales. Precisamente, el abuso de esa "habilidad" ha hecho del presidente del Gobierno un hombre casi al margen del Estado de Derecho, sí, fuera de cualquier posibilidad de mediar entre las técnicas más groseras del poder y la finalidad político-ética del poder. Zapatero, frente a lo que creen sus adversarios, no sacrifica los fines por los medios. Ojala. Eso sería maquiavelismo. Un arte político discutible, pero digno. El problema de Zapatero, en realidad, el problema de todos los españoles es la desaparición del fin, o peor, creer que sea el medio lo único que justifica el medio.

Aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco
El espejo de la traición
Isabel Durán Libertad Digital
 9 Julio 2007

En 1997 el Ejecutivo de José María Aznar se encontró una tregua hecha, atada y bien atada, resultado de un pacto entre los nacionalistas vascos y los etarras que tenía como objetivo expulsar a los constitucionalistas del poder local y autonómico. Un acuerdo sellado en secreto por el PNV con la banda terrorista tras la conmoción nacional producida por el secuestro y asesinato a cámara lenta de Miguel Ángel Blanco. Hoy, una década después, es Zapatero quien, en comunión con los nacionalistas, ha negociado y pactado con los terroristas a espaldas de todos, incluso de los miembros de su partido, y les ha aupado de nuevo a las instituciones. El PSOE llegó a firmar hasta por escrito su objetivo de expulsar al PP no sólo de Cataluña, sino del resto del territorio nacional. El legado de ZP habla por sí solo y cada día que avanza hacia el fin de su legislatura, a pesar de los golpes de maquillaje gubernamentales con cambios de ministros a última hora, se dibuja un panorama más desolador.

La nueva marca electoral de ETA, ANV, gobierna en 43 ayuntamientos y ha empezado ya a gestionar 230 millones de euros de los presupuestos. No ha pasado un mes desde la toma del poder de los proetarras, y la mayoría de estas localidades se han convertido en herriko feudos, como relata Javier Pagola en ABC. La financiación de ETA o la apología del terror campan abiertamente a sus anchas en las calles de los municipios de ANV sin que la Fiscalía General del Estado o la justicia actúen de oficio. A ello hay que sumar la renuncia cobarde y entreguista de casi un centenar de electos a tomar posesión de sus actas de concejal en más de una treintena de municipios en el País Vasco y Navarra.

Ermua cercó no sólo al terrorismo sino al nacionalismo cómplice y beneficiario de las bombas. Zapatero ha encumbrado a ambos y les ayuda en su labor totalitaria para echar al Partido Popular, su único objetivo cierto en esta legislatura. Zapatero ha "internacionalizado el conflicto", como ha exigido la ETA; ha utilizado la Justicia de manera partidista y como instrumento para su política de negociación con los pistoleros; ha cedido al chantaje etarra con el asesino de 25 personas y, cuando los etarras han roto el falso alto el fuego, ha reculado; los presos terroristas vuelven a sacarse títulos universitarios donde quieren. Ahora le toca el turno a Navarra.

El aniversario del joven concejal popular de Ermua asesinado a bocajarro símbolo viviente de la no cesión al chantaje etarra debería ser un revulsivo para las conciencias de todos los demócratas. Sin embargo nada indica que tal cosa vaya a ocurrir. Al contrario, el silencio del Gobierno de España ante los actos de conmemoración de Miguel Ángel Blanco resulta no sólo entristecedor sino brutal y hasta antidemocrático. ZP sólo llora a sus víctimas, da igual que se trate de las de la guerra civil que de las de ETA. El resto no son sus muertos. Sobre todo si éstos le ponen ante el espejo de su propia traición.

Lo que queda del espíritu de Ermua, diez años después, es lo mejor
Santiago Abascal elsemanaldigital
 9 Julio 2007

No ha muerto, no está maltrecho: Ermua vive entre la gente, en los españoles. El depositario del manoseado espíritu no es el poder, es el pueblo. No es el Estado, es la Nación.

9 de julio de 2007. El décimo aniversario del secuestro, tortura y asesinato de Miguel Ángel Blanco es un buen momento para echar la vista atrás, saber de dónde venimos, qué ha pasado en la España contemporánea y para sentenciar –sin balbuceos- que Ermua, el espíritu, la movilización histórica de los españoles, se tuvo que enfrentar a taimados y conjurados enemigos cuando no hacía sino ver la luz, cuando no era más que una prodigiosa criatura –pero criatura al fin- engendrada por una sociedad biempensante que solo detectó el mal entre los etarras.

Pero éstos eran enemigos evidentes, declarados. Otros, que ocupaban los asientos de las primeras filas en el funeral de Miguel Ángel Blanco, lloriqueando falsamente, viendo y temiendo la reacción implacable de la gente de bien, e interiormente asqueados por un espíritu colectivo que por primera vez no controlaban, se devanaban los sesos delante del cuerpo de Miguel Ángel para idear el modo de marchitar aquella esperanza de derrotar a ETA que floreció entre los vascos y el conjunto de los españoles por primera vez en muchas décadas.

Los sepulcros blanqueados, los responsables últimos de tantos años de terrorismo, los conjurados enemigos del espíritu de Ermua, lo vieron en el mismo funeral, temieron –con vértigo y con razón- que las movilizaciones ciudadanas trajeran una condena y una derrota para el nacionalismo vasco. E ipso facto se pusieron manos a la obra para derrotar a Ermua y evitar pagar su peaje por el desaguisado. Así, de acuerdo con ETA, nos trajeron Estella, más tarde –de acuerdo con ETA- nos regalaron Perpiñán y finalmente la providencia o la mala suerte nos trajo a Zapatero con sus recetas, con sus pactos, con sus rendiciones y con sus traiciones.

Podríamos pensar que no hay arreglo, que Ermua ha fenecido sin solución, pero no es así en modo alguno: Ermua no ha muerto, ni nos mataron a Miguel Ángel en vano. Un espíritu de Ermua con más fuerza, más auténtico, con menos dudas, con menos complejos ha revivido con fuerza de entre los rescoldos de julio de 1997. Y hoy la sociedad española, más que nunca, con más inteligencia, con más convicción, anhela la derrota total de ETA y de su proyecto secesionista.

Es cierto que la desesperanza podría hacernos creer que el espíritu de Ermua ha muerto, que está maltrecho, que ha sido malherido sin que haya solución. Es sólo una pesadilla inducida por la gran trifulca nacional cuyo padrino es Zapatero, porque Ermua vive entre la gente, en los españoles. El depositario del manoseado espíritu no es el poder, es el pueblo. No es el Estado, es la Nación.

Los poderes públicos –es cierto- han arrojado la bandera de Ermua. Pero la sociedad civil organizada ha recogido esa bandera del suelo, le ha dado lustre, la ha cargado de razones, ha exigido justicia, ha gritado libertad, ha demandado memoria y ha resultado que la bandera de Ermua era la bandera de España.

Hoy, en una muestra más de la fortaleza de Ermua en la sociedad civil, la Fundación DENAES para la Defensa de la Nación Española, presenta el proyecto de escultura en memoria de las víctimas de De Juana –tan maltratadas por el poder y tan queridas por la Nación- que va a erigirse en el corazón de España, por suscripción popular. Lo dicho, Ermua, abandonada por las instituciones, vive con fuerza al abrigo del pueblo español.

El triunfo de la mentira y el silencio de la verdad
-¿Y qué es lo que viene regalando el diario «Gara», que tanto se comenta en La Moncloa?
PABLO SEBASTIÁN ABC
 9 Julio 2007

EL tiempo suele dar la razón al dicho español de que la «mentira tiene las patas muy cortas», aunque en los últimos días, y haciendo honor a su apellido, el presidente Zapatero se calzó las botas de las siete leguas y echó a correr en pos de las elecciones generales con una estrategia decidida que arrancó con su discurso triunfal del debate de la Nación, donde incluyó piropos y flores a España y la Transición, un ataque decidido al líder del PP, y un discreto «mea culpa» por el fiasco de la negociación con ETA; y que concluyó con el reajuste electoral del Gobierno. Y todo ello, acompasado con el concierto ensordecedor de la orquesta mediática monclovita, que interpretó el himno a la alegría por el presunto renacer, de entre sus cenizas, del arcángel caído en el fuego que él mismo atizó.

Habló Zapatero, tan españolista, y tan triunfal -«España está mucho más fuerte,... más fértil... más solidaria... más segura, se ha engrandecido, lo español es un signo de modernidad»-, que a punto estuvo de decir, como si fuera el mismísimo Sarkozy, que «España es una gran nación». Pero al presidente esta vez no se le escapó un lapsus linguae, como aquel del «accidente» de la bomba de Barajas, palabra que está en el vademécum de ETA, y se contuvo para declarar que «tenemos un gran país», lo que dicho por él ya tiene su mérito.

Como el tardío reconocimiento de que no hay margen para el diálogo con ETA, si no fuera porque eso lo ha decidido la banda, y la aceptación de su responsabilidad en el fallido proceso de paz, declarando el muy ladino que «rectificando se sirve a España» -le faltó añadir: «y es de sabios, como yo»-. Un gesto de falsa humildad de cara a la galería de unos ciudadanos que ya sienten la brisa del mar y a los que ofreció, como si de un sacrificio pagano se tratara, las cabezas cortadas de sus ministras de Cultura y Vivienda, Calvo y Trujillo (Pixi y Dixi), y la de Sevilla, titular de Administración.
La clase política que nos gobierna, vista en plena faena desde la tribuna de prensa del Congreso de los Diputados, estremece tanto como una corrida de los «vitorinos» toreada por noveles y observada desde el callejón. Porque la ausencia de figuras en el ruedo político español, en este tiempo de bonanza económica pero de fractura social e incertidumbre constitucional, produce escalofrío. Especialmente cuando Zapatero, después de hacer el salto de la rana en el estatuto catalán y de haber sido empitonado por ETA en la arena negra de Bilbao, brindó al respetable su estirada sonrisa de botox, mientras la banda mediática tocaba el «España Cañí» con aires de cachondeo sobre el líder de la oposición.

«Más cornás da el hambre», habrá pensado Rajoy mientras pedía, cansino, «las actas» de ETA, como si de las orejas del adversario se tratara, agitando el pañuelo para atraer la atención después de toda una legislatura haciendo de Don Tancredo. A buenas horas se despertó Rajoy a garrotazos y entre bostezos, y tras despreciar el relevo de tres ministros del Gobierno, y tras buscar -en el debate- el empate del Líbano con lo Irak, y «el catecismo socialista» de la Conferencia Episcopal, nos declaró que «los del PP son gente seria» y por eso no hacen nada para ganar las elecciones. Ni tan siquiera para sustituir Acebes y Zaplana por Rato y Gallardón. Los del PP son tan serios que Aguirre le dio ayer la puntilla a su patrón, al decir que el PP le debe regalar al PSN el gobierno de Navarra, y a Zapatero un jamón.

Pero a pesar de los pesares, que son muchos, nada impide decir que Rajoy, como Agamenón o su porquero, dijo la verdad. Tres frases suyas bastaban para resumir la legislatura: sobre ETA, «Zapatero nos mintió»; sobre la memoria y la transición, «la hicimos porque rechazábamos que nuestra memoria fuera el carburante de un nuevo rencor»; y sobre la reforma territorial, «Zapatero ha decidido reinventar la estructura del Estado, quebrar los consensos, discutir la nación, repartir soberanía y retorcer la Constitución». Ahí queda eso.

No hacía falta decir más, y quizás el resto del discurso del líder del PP debió dedicarlo a explicar a los españoles -y no a pelearse con Zapatero- lo que haría él frente a los grandes desafíos planteados si llega a la presidencia de la nación. No era fácil, es verdad. El modelo del debate no le ofrecía mucho tiempo pero lo debió intentar, como quizás tuvo que haber presentado, en su día, la moción de censura que ofrece al opositor -aunque la pierda- una buena oportunidad para denunciar al mal gobernante y presentar su propia alternativa de poder.

Rajoy dijo la verdad y Zapatero le llamó «faltón», mientras llenándose la boca con el nombre de España rectificaba a media voz. Y pensando que la mejor defensa es un ataque, tras elogiar a Otegi, excarcelar a De Juana, legalizar a ANV, hablar con ETA de Navarra y la autodeterminación, jugar con Nafarroa Bai y marginar a las víctimas, mandó decir, a su gente y con desmedida injuria, que Mariano Rajoy colabora con ETA, «haciendo de ¡altavoz!». Y se ríe, el angelito, con la taleguilla rota y el culo al aire, convencido de que es un genio, mientras da eufórico la vuelta al ruedo ibérico, medio vacío y a punto de cierre por vacación.
LA CRÓNICA DEL LUNES
Pablo Sebastián

Presunto inocente
POR EDURNE URIARTE ABC
 9 Julio 2007

No sé si la derecha es más cainita que la izquierda, como piensan algunos. Pero sí que parece más cándida, a juzgar por la asombrosa facilidad con la que una parte de la derecha mediática ha comprado esta semana el argumento socialista sobre las actas. Que Rajoy se excedió, que no se puede exigir al presidente que pruebe su inocencia y que hacerlo supone aceptar la palabra de ETA.

Preocupada aún esa derecha por la inocencia injustamente mancillada del presidente, el principal medio de a izquierda, El País, admitía ayer que sí, que las actas existen y que están en el Centro Henri Dunant de Suiza. Y que el Gobierno no puede enseñarlas puesto que quien las guarda es la Henri Dunant.

Es posible que, además de más cándida, la derecha también sea más desmemoriada. Porque la existencia de esas actas fue revelada por ABC, no por ETA, a principios de noviembre del año pasado. Y fue sistemáticamente negada desde entonces por el Gobierno y por todo el conjunto de la izquierda. En otras palabras, según el hoy presunto inocente, las actas no existían y eran un invento etarra que la derecha utilizaba. Y tanto le creyeron, que, cuando Rajoy mentaba las actas el martes pasado, una parte de la propia derecha aún dudaba de su misma existencia.

Es decir, mientras la derecha iba, la izquierda ya volvía, por lo que a esa derecha preocupada por la inocencia presidencial aún no le ha dado tiempo a preguntarse qué sentido tienen unas actas de negociación con un grupo terrorista depositadas bajo llave y compromiso de no ser reveladas en un centro extranjero de mediación internacional, cual acuerdo entre potencias en guerra.

Según las fuentes que informaron a ABC, esas actas contienen compromisos políticos. El problema es que, según ETA, también, por lo que preguntar al presunto inocente por un papel que ha firmado precisamente con los terroristas y que ahora resulta que sí existe, es, lo dice el PSOE, hacer el juego a ETA. Luego, nadie quiere molestar al presunto inocente con una sencilla pregunta: ¿qué dicen las actas? A Rajoy se le ocurrió hacerlo y lo han convertido en presunto culpable. Por desconfiado.

ESPAÑA
Los empresarios ‘hacen cola’ para pagar el impuesto revolucionario tras la ruptura del alto el fuego de ETA
Óscar López-Fonseca El Confidencial
 9 Julio 2007

El miedo es libre... y más cuando ETA anunció el pasado 5 de junio el fin de su tregua. Los servicios de información de la Policía y la Guardia Civil han detectado en las últimas semanas un aumento considerable del número de empresarios vascos y navarros que vuelven a pagar el llamado impuesto revolucionario. El incremento ha coincidido con la última remesa de cartas enviada por la banda armada, en las cuales, además de aumentar el importe que solicita a sus destinatarios, recoge un cambio en el lenguaje utilizado. Las nuevas misivas han abandonado el tono amable utilizado en las enviadas durante el “alto el fuego”, en las que se pedía dinero para colaborar en la resolución del “conflicto en Euskal Herría”, y han vuelto a amenazar con daños personales o a los bienes de los destinatarios, sobre todo si no es la primera que reciben según han informado a El Confidencial fuentes de la lucha antiterrorista.

Estas mismas fuentes están convencidas que ETA ha buscado esta coincidencia en el tiempo entre el comunicado etarra y el envío de las misivas, y que ha terminado por traducirse en un verdadero desasosiego en algunos de los destinatarios, a quienes los agentes de los servicios de información han visto en los últimos días acudiendo a lugares frecuentados por miembros de la izquierda abertzale, como las herriko tabernas, en busca de información sobre cómo y dónde pagar las cantidades exigidas por la banda armada. Siempre según las fuentes de la lucha antiterrorista consultadas por este diario, la mayoría de ellos, ante la falta de información en estos locales, ha terminado recurriendo a despachos de abogados con contactos en el entorno de ETA.

Fuentes de la lucha antiterrorista consultadas aseguran que las cartas, además del endurecimiento del lenguaje, incluyen un grado más de amenaza ya que algunas han sido enviadas a familiares de los empresarios, algo que ETA ya había comenzado a hacer antes del anuncio del “alto el fuego permanente”. Todo ello, acompañado además de un aumento de las cantidades exigidas. Ahora, la banda armada solicita entre 40.000 y 180.000 euros a sus destinatarios, según sean profesionales liberales o grandes empresarios. Además, a algunos de los extorsionados se les recuerda que, si se retrasan en los pagos, se les aplicarán intereses que en ocasiones ascienden hasta un 5% mensual sobre la primera cantidad de dinero solicitada.

Tercera oleada
La nueva oleada de cartas exigiendo el pago del impuesto revolucionario no es la primera que se produce desde el anuncio de la tregua del 22 de marzo de 2006. De hecho, y a pesar de que en sus negociaciones con el Gobierno, la dirección de la banda había renunciado a continuar con la extorsión, ya en julio de 2006 la patronal navarra había denunciado que estaban llegando este tipo de misivas. Un mes antes, en junio, la Policía, en colaboración con la Justicia francesa, había desmantelado una de las redes que la organización terrorista utilizaba desde hacía años para recaudar el impuesto revolucionario y que estaba centralizada en el bar El Faisán, de Irún.

En octubre del año pasado, con la banda aún en tregua, ETA volvió a enviar una remesa de mensajes de extorsión a empresarios vascos y navarros. La patronal vasca, Confebask, negó en un primer momento la existencia de las mismas, pero en diciembre, su presidente, Miguel Lazpiur, reconocía finalmente su existencia.

La Policía fue la menos sorprendida de que ETA mantuviera su actividad de extorsión durante la tregua, pese a sus compromisos con el Gobierno en sentido contrario. De hecho, fuentes de la lucha antiterrorista están convencidos de que la banda ya inició el alto el fuego con su cuenta en número rojos. La culpa la tenía, en gran parte, el hecho de que los ingresos procedentes de la extorsión a empresas se hundieron espectacularmente durante el año 2004. Hasta entonces, la organización terrorista había estado recaudando gracias al impuesto revolucionario alrededor de 130.000 euros al mes de media, según documentos internos de la propia banda. Sin embargo, a partir de ese año -que coincidió con una disminución significativa de los atentados dirigidos a amedrentar a los empresarios- el dinero conseguido por el impuesto revolucionario se redujo a la mitad.

Para reponerse económicamente, la banda armada inició al año siguiente una nueva campaña de atentados contra empresas, que continuó hasta el anuncio del “alto el fuego permanente”. De este modo, la organización terrorista intentó hacerse lo que un alto responsable de Interior definió entonces a El Confidencial como “un fondo de pensiones” para mantener su estructura durante el alto el fuego que preparaba. Sin embargo, los cálculos de los etarras fallaron, ya que numerosos empresarios dejaron de pagar ante los rumores cada vez más insistentes entonces de que la banda preparaba el fin de su actividad. La debilidad económica de la organización llevó a algunos mandos policiales a barajar la hipótesis de que el robo de pistolas cometido por un comando en Francia en octubre del año pasado tenía como objetivo final vender las armas en el mercado negro para sanear las arcas de ETA. Esta posibilidad, sin embargo, ha quedado descartada después de comprobar que los terroristas detenidos en España y en el país vecino en los últimos meses portaban algunas de estas armas.

‘Secuestros exprés’
La Policía también se muestra convencida de que ETA no tiene en estos momentos una estructura suficiente para realizar un secuestro con fines económicos de larga duración -el último fue el de Cosme Delclaux, liberado el 1 de julio de 1997, el mismo día que Ortega Lara-. Sin embargo, no descarta que recupere los llamados secuestros exprés, consistente en retener durante unas horas a un empresario en el monte o en un lugar despoblado. En este tiempo, la víctima se ve forzada a firmar un reconocimiento de deuda con ETA y es informada de las modalidades de saldarla, así como de las represalias en caso de impago. Ya en 2002, la organización terrorista obtuvo un total de 700.000 euros por este sistema tras retener durante una horas a tres empresarios navarros, según la documentación que la Policía francesa se incautó en manos del dirigente etarra Ibón Fernández Iradi, Susper.

¿Pero realmente quiere el Partido Popular ganar las próximas elecciones generales?
Jesús Cacho El Confidencial
 9 Julio 2007

EL DISCURSO. Si fuera un esforzado charlatán de feria que se gana la vida vendiendo productos milagrosos para el crecimiento del cabello, Rodríguez Zapatero sería un tipo realmente gracioso, consumado caradura, sí, pero muy gracioso, porque dedicar la parte del león de su discurso sobre el estado de la Nación a los logros económicos, que es precisamente la única materia heredada del Partido Popular que no ha tocado, a Dios gracias, en tres años y pico de legislatura, es ocurrencia propia de pillo consumado, truco de Lazarillo, sobre todo si reparamos en que todo lo que ha tocado en ese terreno lo ha manchado con el intervencionismo más grosero desde la Oficina Económica de Moncloa. De donde se infiere que cualquier sociedad en libertad es capaz de progresar por muy intonso que sea el Gobierno que padezca.

Este mal vendedor de palabras que no sabe nada de Economía -ni falta que le hace, a lo que parece-, habla en la tribuna del Congreso de “la excelente marcha de la Economía” (...) “el horizonte económico español está hoy despejado” (...) “las previsiones de nuestra economía están siendo continuamente revisadas al alza” (...) “somos un país a imitar”, y frases del mismo tenor cuya reproducción resultaría tediosa. Como dijo Goethe refiriéndose a Byron: “cuando raciocina es un niño; sólo es grande cuando fabula...” Ni una referencia a los riesgos de un modelo de crecimiento cuyo principal motor, la construcción, está gripado. Tampoco a la pérdida de poder adquisitivo de los salarios frente a las rentas del capital. Uno de esos discursos, en suma, que ofenden la inteligencia del ciudadano medio no sectario.

El de Mariano Rajoy, por el contrario, fue el discurso de un líder preocupado por la deriva de la Nación, un discurso trabajado, bien elaborado, con aportaciones de gran altura conceptual en asuntos que atañen al porvenir de una sociedad como la española que parece no tener una idea clara de su pasado, ni siquiera de su presente y mucho menos de su futuro colectivo en el mundo globalizado en que nos ha tocado vivir. Discurso pegado al suelo, pero con capacidad para remontar el vuelo de los grandes interrogantes que hoy enfrenta España, leído con firmeza, con convicción; discurso con el que se puede estar o no de acuerdo, pero alejado, en cualquier caso, de la arenga de polideportivo o de la charleta de mercado de abastos.

EL POSTDISCURSO. A la hora de réplicas y contrarréplicas llegó la sorpresa, porque, sin que se sepa muy bien por qué, aconsejado por quién, Mariano Rajoy se encastilló en el monotema ETA despreciando la paleta de asuntos que, además del problema del terrorismo, hoy preocupan a ese electorado culto que no milita en PSOE ni en PP, asuntos que van desde la regeneración democrática hasta el cambio de la ley electoral, pasando por la lucha contra la corrupción y un largo etcétera.

Dicen que fue cosa de Arriola, el eterno y carísimo asesor de Génova en la sombra, quien se empeñó en el reclamo de las actas de la negociación entre Gobierno y ETA, porque él ya negoció en la era Aznar y conoce el percal, sabe que los terroristas levantan acta de todo. ¿Y bien...? Esas actas, de existir, pertenecerán a ETA y su credibilidad será cero o próxima a cero, porque habíamos quedado en que ETA no tiene credibilidad, ¿o sí? Ya hemos visto lo ocurrido con las escandalosas revelaciones aportadas por el diario Gara: Flor de un día. Ocurre lo mismo con la exigencia de pedir al Congreso que revoque la autorización al Gobierno para hablar con ETA. Pero, ¿es que no entra en la nómina de las obligaciones de todo Gobierno buscar una salida al problema de ETA? Cosa bien distinta es qué se habla o negocia y, sobre todo, a cambio de qué.

Da la impresión de que Rajoy y el PP hicieron un debate para convencer a los convencidos, para mantener prietas las filas de la militancia, despreciando a ese espectro de votantes de centro que, escandalizados con ZP y lo que ZP representa, desean percibir algún signo, algún síntoma de que vale la pena votar a Rajoy, aunque sea con la nariz tapada. El caso es que, en la cuestión etarra, el líder popular sigue el guión que con tanta convicción predicó Mayor Oreja en el País Vasco, con resultados de sobra conocidos. ¿Hay alguien ahí dentro con algo de talento?

EL MARKETING. Como era de prever, el eficaz aparato de agit-prop socialista se ha encargado de vender el resultado del debate–tenso, agrio hasta rozar el odio personal, porque los contendientes se desprecian profundamente- como una victoria sin paliativos de Zapatero. El desequilibrio mediático entre unos y otros –particularmente en el caso de las televisiones- es tan evidente, que no otra cosa podía esperarse. Nuestro Zapatero remendón, que estaba con el agua al cuello, ha recibido los parabienes como un salvavidas que le permite llegar hasta el final de la legislatura, empresa obligada por mor de las adversas encuestas. Metidos en el mundo de la imaginería virtual que caracteriza a este Gobierno, ZP abordó una remodelación de su Gabinete que es mera operación cosmética, cuestión de titulares para un par de días. Es como si el entrenador de la Sociedad Deportiva Ponferradina decidiera cambiar al final del partido a cuatro jugadores de campo por otros tantos suplentes. Nada con sifón.

EL PROBLEMA DE RAJOY. Pero el cambio de cromos que acaba de efectuar ZP en su Gobierno tiene, a mi modo de ver, la virtud de reflejar el inmovilismo de Mariano Rajoy y su incapacidad para formular un discurso nuevo e ilusionante, más allá del radical “no” con todo lo relacionado con ETA, discurso propagado por nombres nuevos, caras nuevas, gente no quemada por la nefasta segunda legislatura Aznar. Pero ahí sigue el gallego, cual prisionero de Zenda, incapaz del menor cambio, con la cara de Ángel Acebes –el hombre que demostró el 11-M no tener ni idea de lo que se traía entre manos como ministro del Interior- apareciendo todos los días en TV para regocijo de Moncloa, lo mismo que los Astarloa, los Oreja, los Zaplana y tantos otros personajes cuyo tiempo pasó. ¿Realmente quiere el PP ganar las próximas generales?

EL FUTURO. Porque eso es lo que importa, el futuro, ergo la capacidad de esta gran nación llamada España para, con un Estado democrático por herramienta, defender la libertad y prosperidad de los españoles, en el convencimiento de que todos juntos podremos hacer frente, mejor que separados, a los retos de un mundo globalizado cada vez más inseguro. La forma de enfrentarnos a ese futuro es lo que nos vamos a jugar en menos de ocho meses.

Citemos dos párrafos de la conferencia pronunciada por Víctor Pérez-Díaz en el Círculo de Empresarios el pasado 21 de junio: “Hasta ahora, socialistas y populares habían jugado el juego de mantener el acuerdo constitucional y el modelo territorial original; el Gobierno actual ha entrado en la senda de una estrategia revisionista que rompe esta tradición. La opción estratégica a favor de un proyecto hegemónico socialista ligado a un cambio del modelo territorial supone un incremento sustancial de dos riesgos importantes”.

“Primero, el riesgo de una separación gradual, por sus pasos contados, de, al menos, dos comunidades autónomas, las de Cataluña y el País Vasco, en un plazo entre medio y largo, junto con el de un aumento de las tensiones y los conflictos redistributivos de poder político de todas las comunidades autónomas entre sí y con el poder central. Segundo, el riesgo de la absorción de las energías cívicas del país en este problema (con descuido de otros), la reducción del nivel de confianza y solidaridad nacional, el desdibujamiento de la idea de una nación o comunidad política española, y el descenso sustancial del nivel de civilidad en la vida política”. Más claro, agua.

Entusiasmo en torno al mago
POR HERMANN TERTSCH ABC
 9 Julio 2007

Los socialistas dicen estar de nuevo eufóricos con su jefe, José Luis Rodríguez Zapatero. Tras el debate sobre el estado de la Nación -en el que consideran fue más ágil con la faca que su adversario Mariano Rajoy-, y tras el recambio en cuatro ministerios, aquellos que empezaban a no tenerlas todas consigo, pero también aquellos que creían probable un desastre, han recuperado la fe en la «baraka» del presidente. Es lo que tiene la magia. Ahora en la nueva España, en la que ha de combatirse seriamente las supersticiones de todo tipo, especialmente las religiosas, el mago ha inventado nuevas pócimas y la tribu se nos lanza con fe renovada a los bailes rituales. El entusiasmo es desbordante o al menos como tal se presenta y nadie parece de repente dudar en que hasta marzo hay tiempo para hacer olvidar o reinventar directamente el pasado de la legislatura que para marzo concluye.

Hace probablemente bien Zapatero en agotar la legislatura para poner tiempo entre la consulta y sus fechas más vergonzantes. Con esa soltura suya, el optimismo antropológico y la osadía que le caracterizan está claro que él ya apenas se acuerda pero que tiene razones para pensar que una mayoría de los españoles también haya olvidado para entonces. Los anunciados atentados de ETA para este verano tendrán un mayor efecto revelador de su fracaso y su temeridad en el otoño. Para primavera podrán ser ya parte general del paisaje nacional -como siempre, se dirá- y se echará a los perros a quien recuerde que la situación nada tiene que ver con la heredada del Gobierno anterior. Y además siempre podrán buscarse fórmulas de hallar nuevos contactos discretos al menos para preparar la nueva ofensiva de paz si los cálculos electorales funcionan.

El proceso iniciado en Navarra seguirá su curso por titubeantes que sean de momento sus inicios. Y lo hará porque forma parte de una estrategia mucho más amplia cuyas consecuencias son imprevisibles pero tampoco importa demasiado si, al margen de amagos y fintas coyunturales, se logra ampliar los territorios donde las alianzas de socialistas con fuerzas más o menos radicales, dispuestas a la coerción, intimidación y al clientelismo, hacen cada vez menos probables allí votos de castigo al Gobierno y por tanto posible una alternancia en Madrid. Al fin y al cabo es de esto de lo que todo trata, desde las ganas infinitas de paz, las fotos del pasado y del futuro y la dinamitación ya prácticamente consumada, del consenso de la Transición. Salvo improbable arrebato de sentido común por parte de las fuerzas políticas moderadas después de las próximas elecciones, Zapatero seguirá con su juego que es magia en sus métodos, pero que tiene una motivación muy alejada de la buena fe que tantos se empeñan aun en suponerle.

La presión política y social hará que la resistencia a este proceso general se convierta en heroicidad e insensatez con consecuencias tan claramente negativas para los ciudadanos que muchos de los aun discrepantes acabarán declarándose «apolíticos» u optando por el silencio y la resignación. Así los regímenes periféricos, bajo los caciques de nuevo cuño, se convierten en seguros interesados garantes del sueño de Alicia y como bien se ha visto durante esta legislatura, ni siquiera los barones de los territorios siempre dominados han podido hacer frente a este proceso que a medio plazo resultará inviable por imposible de financiar. Pero eso tampoco importa demasiado ante la magnitud de los proyectos que le surgen al presidente mago de las entrañas. Nada puede hacer ya este presidente por ganarse la confianza de quienes consideran toda su legislatura como una perfecta estafa. Al menos nos ha hecho el favor de nombrar a un ministro de Cultura que no genera vergüenza ajena como su antecesora. Aunque está claro que sus nuevos ministros llegan ya única y exclusivamente para la agitación electoral desde cargos en principio destinados a la administración política del Estado, muchos le agradecemos el cese de una profesional del ridículo. Aunque le queden muchos.

Frente al totalitarismo de los terroristas
POR CARLOS ECHEVARRÍA JESÚS ABC
 9 Julio 2007

UN año más el campus estival de la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES), en Navacerrada, ha elegido un abanico de temas de actualidad para ser analizados en el ambiente distendido propio de los cursos de verano, pero al que no le falta ni el rigor ni la erudición que el estudio de tales temas requieren. El que lleva por título «La Democracia frente al terrorismo» está dirigido por Javier Zarzalejos y, aunque lamentablemente el objeto de estudio está llamado a ser siempre actual, lo es aún más ahora por el efecto combinado de diversas realidades que, además, afectan directamente a España. De entre ellas destacaremos tres: en primer lugar, los dos atentados terroristas que con pocos días de intervalo han costado la vida de trece compatriotas, asesinados en los lejanos escenarios de Líbano y Yemen; en segundo lugar, el fracaso de la iniciativa gubernamental de acercamiento a los terroristas de ETA; y en tercer lugar, el fin de la fase oral del juicio por los atentados del 11 de marzo de 2004 que queda ya visto para sentencia, estando prevista esta para fines de septiembre o principios de octubre.

A lo largo de tres días, tres bloques temáticos se tratan en profundidad. El primero, necesidad obliga, se dedicará a nuestro terrorismo autóctono representado por la perduración de ETA, que sigue desafiando al Estado como ha hecho siempre y que se aprovecha para ello de las debilidades que los terroristas perciben en su enemigo. Su clara intención de matar ha sido puesta en evidencia en los últimos días gracias a diversos éxitos policiales en España, pero con implicaciones para Portugal y Francia en un terrorismo que también es internacional, aunque algunos se empeñan en calificar sólo con tal epíteto al terrorismo islamista y, dentro de él, al terrorismo yihadista salafista con la imagen de marca que le aporta la red Al Qaida. Los participantes en el curso podrán indagar en las muchas preguntas que los ciudadanos tienen respecto a ETA, y se explorarán, cómo no, las mejores formas de derrotarla desde la firmeza democrática.

El segundo bloque temático combina dos dimensiones del activismo terrorista, siempre internacional, que están alejadas entre sí pero que son importantes ambas para hacer la muy necesaria pedagogía en el estudio de ese muy determinado enemigo de la democracia que es el terrorismo. En la primera se estudiará el terrorismo y las políticas antiterroristas en Iberoamérica, una buena ocasión para estudiar ese fenómeno de narcoterrorismo representado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Aunque a algunos desorientados, involuntarios algunos y voluntarios los más, tales siglas les llevan a evocar a románticos guerrilleros, la realidad cotidiana de secuestrados, de asesinados, de tráfico de cocaína y de desafío permanente al Estado y a la sociedad colombianas ilustra sobre la verdadera naturaleza de la amenaza.

Para quien aún dude, que acuda a la Lista de Personas y de Grupos Terroristas que periódicamente actualiza la Unión Europea (UE), y donde las FARC pero también el Ejército de Liberación Nacional (ELN) figuran por méritos propios, y que publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea nos obliga como ciudadanos comunitarios que somos a tener una actitud responsable. Siempre en el mismo panel se podrá abordar la intensificación del terrorismo yihadista salafista que afecta a la Comunidad Internacional en su conjunto, y con especial virulencia y crueldad a las comunidades musulmanas, aunque a veces nos golpee también con saña a otros, como acaba de ocurrirnos a los españoles. Con una presencia letal en el mundo árabo-musulmán en escenarios como Irak y Afganistán, pero también en otros próximos como Argelia o Marruecos, y con una fijación por Occidente al que se intenta golpear en su suelo -como ya ha ocurrido en fechas nefastas como el 11-S, el 11-M o el 7-J-, el terrorismo yihadista salafista constituye una de las principales amenazas a la seguridad de nuestro mundo.
Aunque el estudio del fenómeno terrorista deja poco espacio para el optimismo, bueno es reconocer que con el éxito cosechado por el ya ex-primer ministro británico, Tony Blair, pero también por otros implicados en unas difíciles negociaciones que han durado una década, el proceso que se está viviendo en Irlanda del Norte merece ser estudiado en detalle.

Este tercer bloque del Curso ofrece quizás el espacio más esperanzador, aunque servirá también para hacer pedagogía insistiendo en la necesidad de no comparar situaciones, una tentación en la que algunos han caído irresponsablemente a la hora de establecer arriesgados paralelismos entre Irlanda del Norte y nuestro País Vasco. Si ya la famosa Comunidad de San Egidio fracasó estrepitosamente a mediados de los noventa cuando, basándose en éxitos alcanzados con anterioridad en escenarios como Mozambique, quiso mostrarse eficaz ayudando a terminar con lo que calificaba de «guerra civil» en Argelia, ahora algunos han gastado tiempo y dinero en los últimos meses para tratar de alcanzar en el País Vasco una paz en un proceso en el que ni la historia, ni las partes, ni los mecanismos, ni la grandeza de algunos actores podían ser extrapolables desde Irlanda del Norte hasta el País Vasco.

Un Curso pues muy recomendable para dotarse de herramientas para definir una amenaza global. El verano es una fase del año en la que el descanso es obligado, pero no para el cerebro: en los duros tiempos actuales éste debe estar siempre a punto, y más cuando de lo que se trata es de utilizarlo para la defensa de la vida y de la libertad frente al totalitarismo de los terroristas.
Profesor de Relaciones Internacionales de la UNED

LENGUA | AGRESIONES AL ESPAÑOL
Crean el Consejo y la Oficina de las Lenguas Oficiales para fomentar las lenguas autonómicas
Ninguna medida garantiza a los españoles residentes en comunidades autonómicas con lengua cooficial a ejercer de manera plena su derecho a relacionarse en español con las administraciones autonómicas gallega, vasca y catalana
minutodigital
 9 Julio 2007

El gobierno del PSOE ha aprobado un real decreto por el que se crean el Consejo de las Lenguas Oficiales en la Administración General del Estado y la Oficina para las Lenguas Oficiales. El objetivo de esta iniciativa es asegurar que los ciudadanos de las comunidades autónomas con lengua oficial propia puedan ejercer de manera plena su derecho a dirigirse a la Administración General del Estado en dicha lengua, en los términos que establecen las leyes.

El consejo está integrado por representantes de todos los departamentos ministeriales, pero al mismo tiempo se concibe como un instrumento abierto a la participación de las comunidades autónomas y de expertos, como representantes del Instituto Cervantes. Además, tendrá la responsabilidad de impulsar y coordinar la actuación de todos los ministerios y organismos de la Administración General del Estado en relación con la utilización de las lenguas oficiales de las comunidades autónomas, y de proponer planes de actuación al Gobierno a través del Ministerio de Administraciones Públicas, que además promoverá las fórmulas más apropiadas de colaboración con las comunidades autónomas.

Por el contrario, ninguna medida garantiza a los españoles residentes en comunidades autonómicas con lengua cooficial a ejercer de manera plena su derecho a relacionarse en español con las administraciones autonómicas gallega, vasca y catalana, de manera que puedan dirigirse y ser contestados en español, sin necesidad de acudir al engorroso procedimiento de petición expresa de traducción que regula el art. 36 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

EL CASTELLANO DESAPARECE DEL ESPACIO ESCOLAR CATALÁN
Minuto Digital
 9 Julio 2007

CONVIVENCIA CÍVICA CATALANA llama a la ciudadanía en Cataluña a unirse a la defensa de la libertad lingüística y a sumarse al recurso que interpondrá ante los Tribunales de justicia para hacer frente a este nuevo atentado contra los derechos y libertades recogidos en la Constitución española de 1978.

Por resolución de 23 de junio del actual la Consejería de Educación de la Generalidad de Cataluña aprobó las instrucciones para la organización y el funcionamiento de los centros docentes públicos de educación infantil y primaria. Dichas instrucciones confirman la naturaleza antidemocrática de la política educativa del gobierno tripartito, incompatible con los más elementales derechos de los escolares , agravando aún más, en una nueva vuelta de tuerca, la falta de libertad en las escuelas catalanas.

Las mencionadas “instrucciones” son la aplicación del aberrante “Plan para la lengua y la cohesión social” que aprobó anteriormente el gobierno tripartito que supondrá un coste económico de 35.300.263, 15 € (más de 5.000 millones de pesetas), cuyo primer objetivo es asegurar “el uso de la lengua catalana como lengua de aprendizaje y de comunicación en las actuaciones docentes y administrativas del centro”, haciendo del aprendizaje y uso exclusivo de lengua catalana ( y del aranés , sic) el “eje vertebrador” de la integración escolar y social del escolar y, finalmente, “lengua común de cohesión social” de Cataluña. Tras veinticinco años de gobierno nacionalista los ciudadanos no nacionalistas ya sabemos lo que eso significa: o renuncias a la libertad de lengua o te excluimos socialmente. La vieja consigna “una sola lengua, un solo pueblo, una sola nación” vuelve a envenenar la vida política catalana y a generar exclusión social.

La práctica desaparición del castellano del espacio escolar catalán se confirma así haciendo del catalán la única “lengua vehicular y de aprendizaje en todas las actividades internas y externas de la comunidad educativa: las actividades orales y escritas, las exposiciones del profesorado, el material didáctico, los libros de texto y las actividades de aprendizaje y de evaluación.” El castellano, por el contrario -la lengua habitual de más de la mitad de los escolares en Cataluña-, se configura de este modo y obtiene el mismo tratamiento que el de una lengua extranjera.

El encuadramiento de los escolares se asegura adicionalmente con la creación de un sistema de “comisarios político-lingüísticos” que culmina en el denominado “Coordinador lingüístico de interculturalidad y de cohesión social del centro”, denominación que movería a risa si no fuera por su cometido: “potenciar la cohesión social mediante el uso de la lengua catalana”, lo que en realidad significa: controlar que nadie hable sino catalán en los centros escolares. Expresiones como “Consolidar la lengua catalana y el aranés, si procede, como eje vertebrador de un proyecto plurilingüe”, auto-contradictoria en sus términos, que informan con profusión las referidas “instrucciones”, dan clara idea del engaño y la voluntad torcida de sus autores.

Que la imposición coactiva del monolingüismo en una sociedad bilingüe como la catalana se encubra además con apelaciones retóricas a la multiculturalidad y la igualdad y diversidad sociales no es sino expresión cínica de una ideología de naturaleza etnicista que no puede concebir la educación sino en términos de adoctrinamiento y encuadramiento, que hace depender la cohesión social de la uniformidad de la conciencia de los ciudadanos y que, consecuentemente, prohíbe la libertad lingüística, concibiendo el bilingüismo o la diversidad lingüística de una sociedad como amenaza para la “convivencia”.

La consecuencia de todos ello es la grave discriminación que sufren los escolares cuya lengua habitual es el castellano, a los que se les niega, de facto, el derecho de recibir la primera enseñanza en su lengua habitual. ¿Qué padres se atreverán a reclamar el derecho de sus hijos a recibir la primera enseñanza en castellano cuando el precio es la amenaza de su marginación en los centros escolares, la consideración de excluidos sociales y la acusación de estar atentando contra la convivencia social? Reclamar ese derecho, elemental en una sociedad democrática, hoy en Cataluña supone el estar dispuesto a enfrentarse al poder político y descubrir su naturaleza antidemocrática, con las consecuencias que uno puede imaginar.

Un gobierno que rechaza y elimina como lengua escolar la lengua habitual de más de la mitad de escolares, el castellano, vulnerando y lesionando el derecho de padres y alumnos, es un gobierno que sólo atiende a sus mitos nacionalistas excluyentes, que no vela por los intereses del conjunto de los ciudadanos, y no puede ser legítimamente considerado como un gobierno democrático.

EL PAÍS ASEGURA QUE LAS AUTORIDADES FRANCESAS SE NEGARON
El Gobierno pidió a Francia que liberase a dos etarras con los que iba a negociar en marzo
El Gobierno de Rodríguez Zapatero recurrió en marzo a una línea telefónica caliente con el Ministerio francés del Interior para que liberase a dos etarras detenidos el 29 de ese mes y que iban a entrevistarse un día después con enviados del presidente español, en Suiza. Según publica este lunes El País, Jon Iurrebaso y Kepa Suárez declararon que ellos también tenían línea directa con "altos cargos" del Ministerio del Interior español, para lo que aportaron como prueba dos números de teléfono que están siendo investigados ahora por el juez Juan del Olmo. Sólo tres meses antes, ETA había matado a Diego Estacio y Carlos Alonso Palate en el atentado contra la T-4.
Libertad Digital
 9 Julio 2007

El diario gubernamental El País deja malparada este lunes una de las diversas versiones que el Gobierno ha dado sobre la ruptura de la negociación con ETA.

Según el presidente José Luis Rodríguez Zapatero, el llamado "proceso de paz" se rompió el pasado 30 de diciembre, con el atentado de ETA contra la terminal T-4 del Aeropuerto de Madrid-Barajas. Sin embargo, El País confirma lo que ETA –por medio de Gara– y el PNV –por medio de Jon Josu Imaz– vienen revelando desde hace meses: que la negociación continuó hasta en vísperas de las recientes Elecciones autonómicas y locales.

El País recurre este lunes al lenguaje gubernamental para justificar estos contactos y califica los encuentros como "toma de temperatura". Sin embargo, en el mismo informe firmado por Ernesto Ekaizer y J.M. Romero, se hacen eco de una confidencia –inédita en España– de "autoridades francesas" al semanario L'Express: en el verano de 2006, en plena fiebre negociadora de ETA y el Gobierno, "un alto responsable del Ministerio del Interior español" solicitó a sus corresponsales del Gobierno francés un número de teléfono "de urgencia" para ser utilizado como salvoconducto de emisarios terroristas en Francia.

El Gobierno español hizo uso por primera vez de esa "línea caliente" inmediatamente después de la detención de Jon Iurrebaso y Kepa Suárez el 29 de marzo de 2007, en la localidad francesa de Périgueux.

Según El País, Iurrebaso llevaba encima una nota con tres números de teléfono; uno de ellos, corresponde a un alto cargo del Ministerio del Interior francés, el prefecto Christian Lambert, "en la práctica el número dos" de este departamento, según el diario gubernamental español.

El etarra declaró ante la juez Laurence Le Vert que los otros dos números anotados corresponden a teléfonos móviles de altos cargos del Ministerio del Interior español. Se trata de números de tarjetas pre-pago españolas que el juez de la Audiencia Nacional, Juan del Olmo, está ahora investigando, después de haber recibido una Comisión Rogatoria de su homóloga francesa. Del Olmo ha declarado secretas las actuaciones, según indica El País.

En este contexto, el Gobierno español activó por primera vez la "línea caliente" con el Ministerio del Interior francés, para pedir la liberación de Iurrebaso y Suárez, que un día después, el 30 de marzo, iba a reunirse con emisarios de Rodríguez Zapatero en Suiza, en uno de los varios encuentros que el Gobierno y ETA mantuvieron después del asesinato de Palate y Estacio en Barajas.

La respuesta del Gobierno francés fue negativa. "El problema", dice El País, "es que, en el momento de su detención, los dos etarras circulaban a borde de un coche con matrículas falsas y, además, uno de ellos iba armado. Ningún mecanismo de emergencia o salvoconducto podría nunca servir de protección para personas sorprendidas en delito flagrante en territorio francés".

El PP ha insistido en que, ante este cúmulo de evidencias de negociaciones secretas y trato de favor a los terroristas por parte del Gobierno español, el presidente debe hacer públicas las actas de la negociación secreta con ETA.

Interior
El Gobierno mantiene la tolerancia hacia Batasuna pese al fin de la tregua
Las organizaciones del entramado etarra han celebrado quince actos tras la ruptura del alto el fuego

J. M. Zuloaga La Razón
 9 Julio 2007

Madrid- Las organizaciones del entramado de ETA, como Batasuna o Askatasuna, funcionan sin ningún tipo de problema pese a estar ilegalizadas y, desde que ETA anunció el fin del alto el fuego y declaró abiertos «todos los frentes», han celebrado, según han informado a LA RAZÓN fuentes de la lucha antiterrorista, unos quince actos en el País Vasco y Navarra.

El Gobierno, el propio presidente lo dijo en el Debate sobre el Estado de la Nación, va a luchar contra la banda y, de hecho, se han realizado con éxito operaciones en España y Francia. Sin embargo, su brazo político goza de las mismas facilidades de que disponía durante la tregua, una de las exigencias que, según la versión de ETA (la del Ejecutivo no se conoce aún) se planteó en las conversaciones que dieron lugar al anuncio del alto el fuego.

Con el encarcelamiento de Arnaldo Otegi, decidido por la Justicia, el Gobierno debe creer que ha cubierto esa parcela de la lucha contra la banda terrorista y su entramado. Desde el final del alto el fuego, no se ha promovido, que se sepa, ninguna acción para evitar que la situación de ilegalidad se cumpla a todos los efectos.

La permisividad de que han gozado estos grupos, como contribución gubernamental al llamado «proceso de paz», no se entiende en las actuales circunstancias sobre todo después de que, como anunció el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ETA haya decidido cometer asesinatos. Sólo la efectividad de las Fuerzas de Seguridad lo ha evitado.

Según la versión que ETA ha dado de las negociaciones (la del Gobierno no se conoce aún), en una de las últimas reuniones, celebradas este mismo año, se acordó dejar abiertos los canales de contactos, se supone que para futuras negociaciones. La inacción de la Justicia contra el entramado de la banda, que debe promover, fundamentalmente, la Fiscalía, y, por lo tanto, de las Fuerzas de Seguridad, se podría entender como una contribución a que la posibilidad de un nuevo «proceso», sobre todo después de las elecciones generales, esté abierta.

La banda terrorista ha logrado contrapartidas en las dos últimas negociaciones «oficiales». En la celebrada mientras José María Aznar era presidente del Gobierno, dos centenares de presos obtuvieron la libertad. Algunos de ellos huyeron y en la actualidad ocupan puestos de dirigentes en el organigrama de la banda. Con José Luis Rodríguez Zapatero, el brazo político ha conseguido casi medio centenar de alcaldías y medio millar de concejales. Ha recuperado, a través de Acción Nacionalista Vasca (ANV), una parte significativa de su «frente institucional», que, junto al «militar» y el de «masas», configuran el bloque de actuación para lograr sus objetivos de «independencia y socialismo».

El Gobierno ha dejado claro que no tiene intención, al menos de momento, de actuar contra Acción Nacionalista Vasca (salvo, se supone, que se dieran determinadas circunstancias, una ofensiva de la banda terrorista especialmente sangrienta, por ejemplo).

De esta manera, existe el peligro, según las fuentes consultadas, de que se consolide, por la vía de mirar hacia otro lado e ignorar lo que esta pasando, una situación que beneficie objetivamente a ETA. Ante la opinión pública se blasonan las operaciones contra la banda, pero se deja actuar, con la mayor impunidad, a las organizaciones ilegalizadas, su brazo político.

Combate total
Si se quiere derrotar a ETA, y eso es algo que hay que hacer para lograr una auténtica paz en España, no basta con combatir policialmente a su «frente militar». Los propios terroristas, como fanáticos que son, interpretan lo que puede ser una dejación como una victoria propia, y mientras vean que sus portavoces «políticos» actúan sin ningún problema, no van a interiorizar que el Gobierno se ha propuesto luchar contra ellos.

Educación para la Ciudadanía
«¿Qué tiene esto que ver con la Constitución?»
Los manuales de la nueva asignatura abordan las cuestiones que dieron lugar a la objeción de conciencia: familia y sexualidad - Los objetores se niegan a que sus hijos aprendan estos conceptos según el enfoque del Gobierno
Celia Maza La Razón
 9 Julio 2007

Madrid- «Aquí tengo el libro de Educación para la Ciudadanía, se lo voy a dar ahora y le invito a que haga una aportación, no hoy, sino cuando sea necesario o menester, porque no es un debate menor». En el último Debate sobre el Estado de la Nación, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, retó al líder de la oposición, Mariano Rajoy, a señalar los aspectos que rechaza de esta materia.

Pues bien, ejemplos no faltan. Preguntas como «¿Qué principios deben guiar la vida sexual de las personas?», «¿Cómo se sabe si alguien está enamorado?»; debates sobre «Me enamoré del chico de mi amiga» y definiciones como «la identidad de género se trata de condiciones no naturales, sino artificiales, creadas histórica y culturalmente por los mismos seres humanos» son las que aparecen en algunos de los libros que ya han salido a la luz para el próximo curso. Las casi 8.000 personas que ya han objetado a la asignatura se preguntan «¿qué tiene que ver esto con la Constitución?». Para Jaime Urcelay, presidente de Profesionales por la Ética (entidad promotora de la objeción de conciencia), «la estrategia comercial de las principales editoriales ha sido evitar polémica y, por eso, como regla general, no entran en las cuestiones más conflictivas de los contenidos obligatorios que sí están publicados en el BOE y son los que nos preocupan. Pero faltan algunos libros con contenidos verdaderamente alarmantes».

Urcelay explica que el hecho de que no estén de acuerdo en tratar determinados temas no quiere decir que se nieguen a hablar de ellos. «No somos mojigatos. Creemos que el amor y la sexualidad son asuntos importantes para la educación de nuestros hijos, pero se deben abordar en la familia y también en la escuela, siempre con arreglo al enfoque que decidan los padres, no el Gobierno», apunta. Aparte de definiciones sobre la homosexualidad, los manuales también tratan la familia.

Son frecuentes palabras como «grupo de personas que comparten afectos, vivencias, recuerdos...», «proyecto libremente elegido» o «progenitores», pero en ningún momento se especifica que el modelo mayoritario consiste en la unión de un hombre y una mujer. «Hay muchas personas que sostienen que está constituida por un hombre y una mujer abiertos a la vida y somos conscientes de que existen otras formas de convivencia, totalmente respetables, pero para nosotros no son modelos, sino realidades. Son dos cosas distintas», afirma. Aparte de temas concretos, uno de los aspectos que más preocupa a los padres es el «relativismo». «No se puede educar a los niños negándoles que se puede llegar al conocimiento de una verdad objetiva sin necesidad de que exista un consenso», explica. Uno de los ejemplos, tal y como demanda Zapatero, que ratifican este planteamiento es el hecho de que al explicarse los Derechos Humanos se omite la referencia al derecho a la vida.

«Existe una polémica sobre cuál es el contenido de este derecho y hay quien ha optado por no mencionarlo; ¿si no hay consenso no existe?». Los estatutos de autonomía también han sido tema de debate. La editorial Laberinto, con la intención de ser «neutral», según fuentes consultadas, ha publicado versiones diferentes para Andalucía y Extremadura.«La dispersión ideológica en los libros y en los currículos autonómicos puede resultar perturbadora, especialmente para la enseñanza pública», advierte Urcelay.

SEGÚN EL ÚLTIMO INFORME DEL TRIBUNAL DE CUENTAS
El PSOE acumula el triple de deuda que los demás partidos
En el último informe que el Tribunal de Cuentas ha remitido al Congreso ha señalado que el PSOE acumula el triple de deuda con los bancos que los demás partidos. Revela que los socialistas y el PSC, además de PNV, EA y Convergencia Democrática de Cataluña, mantienen participaciones en el capital de diversas constructoras e inmobiliarias, según ha informado La Razón. Por ello, dice que es necesario establecer "mecanismos de control". Sin embargo, los partidos se negaron a que la Ley de Financiación de Partidos prohibiese donaciones de promotores y constructores.
Libertad Digital
 9 Julio 2007

El Tribunal de Cuentas ha remitido al Congreso su último informe el pasado 27 de junio en el que advierte que el PSOE, PSC, PNV, EA y Convergencia Democrática de Cataluña mantienen participaciones en el capital de diversas sociedades mercantiles cuyo objeto social es la tenencia y administración de bienes inmobiliarios y actividades promotoras de construcción de sedes y locales para uso del partido.

Por ello, el tribunal de Cuentas aconseja establecer "mecanismos de control sobre la incidencia que las relaciones de las formaciones políticas con las sociedades mercantiles pudieran presentar en su financiación y actividad".

Sin embargo, y a pesar de que el PP planteó que la Ley de Financiación prohibiera las donaciones de las empresas promotoras o constructoras a los partidos, los partidos lo rechazaron. Y es que, según el informe al que ha tenido acceso La Razón, en el primer año de gobierno de Zapatero, los socialistas acumulaban la mayor deuda, que sumada a la del PSC representaba casi el triple que la del PP. En concreto, 62.717.137 euros la del PSOE y 11.909.449 euros la del PSC frente a los 28.451.376 euros de los populares.

Además, el Tribunal confirma que el PSC y ERC recibieron una condonación de deudas por parte de entidades financieras por importe de 7.153.820 y 2.720.333 euros, respectivamente, en concepto de intereses.

 

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