AGLI

Recortes de Prensa     Martes 10 Julio   2007

Comunicado de AGLI
Xoán Xulio Alfaya Periodista Digital 10 Julio 2007

Contencioso contra el decreto de imposición del gallego en la enseñanza
Comunicado de AGLI Asociación Gallega para la Libertad de Idioma (AGLI)
La Coruña, 9 de Julio de 2007

La Asociación Gallega para la Libertad de Idioma (AGLI) ha interpuesto recurso contencioso administrativo ante el TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE GALICIA, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, para tramitar por el procedimiento especial para la protección de los derechos fundamentales, contra el decreto 124/07 de la Junta de Galicia publicado en el Diario Oficial de Galicia del 29 de junio, por afectar directamente a la esfera de los derechos fundamentales de libertad de idioma, que incluye el de uso de cualquiera de las dos lenguas oficiales en el territorio, y cuya negación expone a las personas a las discriminaciones más absurdas, entre ellas, su proscripción generalizada de todo un sector de la administración pública, o su exclusión del sistema educativo por la imposición de un determinado uso en las materias troncales, como mínimo -y la consiguiente prohibición del uso alternativo- en contra, además, de la libertad constitucionalmente protegida..........

El buzón de los errores
Germán Yanke Estrella Digital 10 Julio 2007

La escandalera, cada día que pasa, es mayor. Ahora nos encontramos con Cuba como “buzón de correos” entre ETA y el Gobierno, lo que el ministro del Interior llama, para evitar lo esperpéntico que resulta tanto lo del buzón como lo de Cuba, “colaboración de muchos países”. De todos modos, explicaría, en estas circunstancias de colaboración, las carantoñas de nuestro Gobierno a la dictadura castrista y el empeño por cambiar la posición de la Unión Europea hacia la misma.

La escandalera es de órdago porque las noticias que se van conociendo de lo que se cocía durante la vigencia del “proceso” revelan (y no parece que el Gobierno vaya a demostrar lo contrario) que las negociaciones se han llevado a cabo con una frivolidad escalofriante. No sólo se ha procedido con una confianza ciega en que iban a dar buen resultado —de ahí las imprudentes y optimistas declaraciones del presidente Rodríguez Zapatero—, sino que se ha obviado, voluntariamente o no, el dato más claro: que el Gobierno tenía enfrente una banda terrorista, totalitaria y violenta, que ni iba ni quería cambiar sus principios y sus objetivos, su entraña y sus métodos.

El Gobierno trata de ampararse, ante tanto desatino, en que la política antiterrorista no es materia de discusión pública. Quien se queja, quien protesta, quien reclama un cambio, es un enemigo del Estado y del buen proceder. No siempre, la verdad. Si los nacionalistas afirman que no se han dado los pasos necesarios para conseguir que el “proceso” avanzara, si la izquierda quiere modificar la política penitenciaria y acercar a los presos de ETA al País Vasco, si se propone la derogación de la Ley de Partidos, si se rechaza de plano la ilegalización de Batasuna, el Gobierno no parece sentirse incomodado. Desde luego no hace aspavientos, ni afirma con enfado que se está haciendo política con el terrorismo, ni alude a la deslealtad. Así que, para ser más precisos, lo que ha ocurrido en estos últimos meses (un desatino que algunos quieren seguir llamando política antiterrorista) exige solamente el silencio del PP. ¿No se puede aventurar, entonces, que se ha hecho precisamente contra el PP? ¿Que por ello exigía precisamente la ruptura del Pacto Antiterrorista? ¿Que necesitaba su exclusión?

No se me oculta que el PSOE cuenta con una baza en el debate político: ha colado, en un ambiente de pusilanimidad atrofiante, la especie de la “unidad” de los demócratas y la de la maldad de quienes no pueden aceptar, y lo dicen, esa estrategia apaciguadora a base de hacer concesiones formales que no llevan a ningún sitio. Pero el PP no puede ni debe callarse porque no puede ni debe hacerse corresponsable con su silencio de lo que vamos sabiendo. Quizá su reto esté en buscar el tono adecuado para no cansar sin callar, pero han ocurrido cosas de tal gravedad que el silencio sería una irresponsabilidad.

El síntoma que revela la necesidad de destapar lo que ocurrido es que, justo en el momento en el que el presidente Rodríguez Zapatero dice que no hay posibilidad de diálogo con ETA —como ha hecho en el debate sobre el estado de la nación—, aparece a su alrededor, a su calor más bien, la tesis de que el “final dialogado” es una cuestión que se impone cíclicamente y en periodos cada ves más cortos. Según esta teoría, si han pasado ocho años desde la tregua del 98 y la de 2006, el siguiente ciclo será más corto, el diálogo se impondrá de nuevo y en mejores circunstancias. Sirve este nuevo desatino intelectual para no reconocer “errores”, porque habrán de cometerse de nuevo.

En el reino de la confusión
Lorenzo Contreras Estrella Digital 10 Julio 2007

La confusión se ha instalado en el asunto de las negociaciones ETA–Gobierno y en la aparente ruptura posterior de aquéllas según anunciara la banda. Posteriormente, con motivo del debate sobre el estado de la nación (grave estado por lo que se ve), la gran cuestión que ha surgido consiste en el supuesto error de Mariano Rajoy cuando se ha empeñado en conocer el contenido de las actas donde se habría reflejado el tira y afloja de las negociaciones entre los emisarios de Zapatero, los de la banda y, por supuesto, esos extraños mediadores encargados de facilitar un resultado positivo en el sentido de la paz.

A Rajoy se le ha dado por derrotado a causa, sobre todo, de su empecinamiento en conocer y obtener la entrega de las actas. Derrotado, se entiende, ante la opinión de la sociedad, supuestamente decepcionada por la actitud del líder popular. Como si la pretensión de conocer los secretos de las negociaciones Gobierno–ETA fuese algo trivial o secundario. En esas actas están seguramente todas las claves de lo que se ventila sobre el futuro de España, su integridad territorial, su modelo político del mañana y, en consecuencia, el porvenir de los ciudadanos.

Se trata de algo tan fundamental como saber cuál ha sido y puede llegar a ser, en definitiva, la posición del Gobierno. Ahí reside la gran confusión. Zapatero sabe que todos sus tejemanejes pueden quedar al descubierto. Y entonces ha movilizado los abundantes medios de comunicación de que dispone y ha creado la imagen de su triunfo. Su última argucia ha sido desviar la atención de lo esencial mediante el procedimiento de modificar la composición del Gabinete en cuatro de los ministerios. Ahora el comentario puede girar hacia el significado de esos cambios, como si a través del examen de tal tema se pudiera llegar a penetrar en los enigmas de este psicodrama político.

El Congreso de los Diputados, en el famoso debate de la nación, ha llegado al acuerdo —contra la pretensión del PP— de echar a pique una resolución o proyecto de resolución popular que aspiraba a desautorizar la que en su día avaló la negociación con ETA bajo determinadas condiciones que la banda nunca tomó en serio. Pues bien, a la vista de la derrota de esa resolución popular lo que se busca es que la negociación, bajo cuerda o a las claras, se mantenga o se reemprenda, si es que de verdad fue rota.

En las entrañas de este embrollo está nada menos que el destino de Navarra, entre otras vitales componendas cuya naturaleza, tarde o temprano, vamos a conocer, seguramente cuando el problema que se plantee ya no tenga solución. Hay quienes creen que las actas van a ser transmitidas o hechas llegar a manos del PP por conducto de los mediadores o intermediarios de la famosa negociación fallida. Todo ello lo que en realidad va a provocar es una situación dirigida hacia la batalla preelectoral y su posterior desenlace. Ésa va a ser la gran escenificación que nos espera a los españoles. Es decir, a los españoles que se interesen por la política y sus actuales planteamientos o derivaciones. Porque hay demasiados ciudadanos predispuestos o ya resueltamente entregados al cultivo y práctica de la indiferencia. Eso que suele denominarse en la jerga popular con la expresión “que salga el sol por Antequera”.

La batalla política es a muerte o mucho nos equivocamos quienes así lo creemos. A muerte entre los partidos, se entiende. La sociedad mayoritariamente puede irse de fiesta. Allá los dirigentes con sus asuntos. Y, por supuesto, allá nosotros con lo que a España puede venírsele encima. Pero tampoco hay que ser pesimistas. Para lograr este positivo efecto sólo hace falta adoptar el talante de Zapatero, que en el debate de la nación ya dibujó el perfil de una España maravillosa y próspera ante un horizonte de amplitud indefinida.

Ermua, diez años
CARMELO BARRIO BAROJA El Correo 10 Julio 2007

La semana más trascendental de la reciente historia de España tuvo lugar hace diez años. La semana del dolor y de la muerte y a la vez de la libertad y de la dignidad transcurrió por las calles de Ermua y del País Vasco, y del conjunto de España, con una fuerza y un significado con el que ninguna otra semana transcurrirá.

El mes de julio de 1997 despertaba con la deseada noticia de la liberación del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara. Por la Guardia Civil, además, lo que hacía aún más heroico el final de una tragedia que había llevado a la calle día sí y día también durante más de un año a millones de españoles que no se cansaban de exigir a ETA su libertad. Fue una de las primeras señales que advertían la fortaleza del Estado de Derecho y la creencia de que la derrota de ETA era posible gracias a la aplicación de sus instrumentos más esenciales que deben ser la ley, la justicia y la unidad de los demócratas.

Y en eso estábamos cuando ETA no pudo soportar tan gran revés y decidió entonces vengarse en la persona de un joven concejal del Ayuntamiento de Ermua: Miguel Ángel Blanco. Fue un brutal y sádico mazazo para toda persona de bien. ETA retrataba con tamaña crueldad su propia debilidad, su miseria moral y su arrinconamiento social. ETA, en su obsesión criminal, no titubeó a la hora de ejecutar su amenaza. Y la sociedad española en su conjunto -con la vasca a la cabeza- no dudó en volver a echarse a la calle y hacer de la movilización social una de las maneras más eficaces de luchar contra ETA y ganarla.

No se cedió al chantaje y el conjunto de los españoles convirtió el clamor contra ETA y el dolor por el asesinato del concejal popular en el llamado 'espíritu de Ermua'. A partir de esas semanas de julio todos tomamos conciencia de la enorme fuerza de una sociedad como la española cuando camina en la misma dirección con valentía y decisión. ETA estaba acorralada, quedaba poco para derrotarla. Habíamos ganado a ETA al liberar a Ortega Lara y vuelto a vencer con la fortaleza moral de quien no cede a las pretensiones de una banda terrorista pese a haber asesinado a Miguel Ángel Blanco. La calle era toda una voz. Y los políticos tenían la obligación de canalizar esa fuerza ciudadana, ese espíritu de Ermua, esas millones y millones de voces que no se quedaron roncas de tanto gritar 'Libertad. ETA No.'

El Gobierno presidido por José María Aznar entendió el mensaje y se dedicó a actuar con firmeza. Supo aplicar la Ley para combatir el terrorismo. Desenmascaró a ETA al instar a la Justicia al cierre de 'Egin' o 'Egunkaria'; acabó con la burla de Batasuna a la democracia con la aprobación de la Ley de Partidos, que supuso la ilegalización de los amigos de los terroristas; y propició la unidad de los demócratas frente a los terroristas con la firma del Pacto por las Libertades.

ETA estaba acosada, aislada, estaba hundida en su propia hiel. Decidió entonces arrimarse al nacionalismo, que le había abierto los brazos al ver en su derrota la pérdida de peso de una ideología trasnochada y al asumir, en un acto más grave y anterior a la negociación con la banda, que el fin de ETA era un retroceso para las pretensiones abertzales en su conjunto. El Pacto de Estella borró la línea que separaba a los demócratas, fueran o no nacionalistas, de los terroristas, y se sutituyó por una ya vieja que distinguía a los nacionalistas, fueran o no terroristas, de los demócratas. ETA y el PNV tasaron el precio político a pagar porque la banda terrorista dejara de matar. Pero, como siempre, ETA puso fin a su tregua-trampa, volvió a matar, y todos los demócratas, los nacionalistas quizá de forma más tibia, aunque en una huida hacia adelante, otra vez contra ella.

Así fue hasta que en 2004 Zapatero asumió la presidencia del Gobierno, estableció como prioridad buscar el fin de ETA mediante la negociación y creyó que lo mejor para que la negociación con ETA tuviera un final feliz era arruinar el espíritu de Ermua. Zapatero no ha parado de negociar con ETA, de reconocer a los terroristas que tienen parte de razón. Y esa ha sido la actitud que ha promovido la desactivación de la movilización ciudadana contra ETA. Acabar con ETA, dice ahora el Gobierno, es cuestión de Zapatero, no de la sociedad.

Y sintiéndose 'ungido' comienza a hacer concesiones a ETA. Les deja presentarse a las elecciones municipales del pasado 27 de mayo. Duda de las cartas de extorsión a los empresarios, les disculpa el terrorismo callejero o de los 'accidentes' como el de la T-4. Incluso llama hombre de paz a Otegi o se rinde ante el 'sainete hipocalórico' de De Juana, y pone a trabajar al fiscal Conde a favor de la negociación. Es decir, se hace amigo de los que jamás condenaron el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco.

Ha sido el propio presidente del Gobierno quien ha soplado la penúltima vela que mantenía vivo el espíritu de Ermua. Un espíritu que debemos recuperar si queremos ver hecho realidad el aislamiento social de los terroristas, el respaldo del conjunto de la sociedad a la acción de la Justicia contra ETA, la derrota policial de la banda y la unidad de acción de los demócratas para despojar de cualquier reducto de poder a quien sigue, por acción u omisión, apoyando el terrorismo.

El espíritu de Ermua supuso el mayor respaldo social y consenso político que un gobierno democrático haya tenido jamás para combatir a ETA, el mayor activo, que Zapatero no ha dudado en despreciar, pero que tendrá que retomar si busca, de verdad, la derrota de ETA.

ZP y los nacionalistas
El PSOE acomplejado
Cristina Losada Libertad Digital 10 Julio 2007

Suele hablarse de los complejos del PP y es habitual, en cambio, que se tenga al PSOE por ejemplo de lo contrario. Pero ello es porque se confunde el descaro con el desacomplejamiento. El grueso de los dirigentes del PSOE, tanto los de ayer como los de hoy, se han distinguido por una actitud de prepotencia, que viene, en parte, de una sobrealimentación en un producto típico de la región izquierda: la ciega creencia en la superioridad moral e intelectual de cuanto esté rotulado como procedente de esa zona. Por ejemplo, ellos mismos. No importa que sea dudoso el origen, tanto de sus personas como de sus propuestas. Incluso si no se lo creen, hacen como que tal, y el efecto es casi idéntico.

Sin embargo, hasta en la coreografía de la euforia que representaron en el debate del estado de la Nación, con sus excesos de aplausos, dignos de un congreso a la búlgara y no de un congreso de los diputados, pudo percibirse la otra cara del socialismo gobernante. La débil, la acomplejada, la sumisa. La inclinación de Zapatero ante los nacionalistas no llegó más abajo porque se lo impedía el suelo. Su obsequiosidad para con ellos fue desmedida, y humillante a la vista de cómo se lo agradecían. Algunos, con desprecio insolente. ZP, tan gallito y matachín con el PP, se rebaja ante las minorías que impugnan la propia existencia de la Nación que gobierna. Todo un retrato final de su legislatura. Y también de lo que ha sido la relación del Gobierno con la ETA. Ha sido y es.

El flirteo del PSOE con los nacionalistas se atribuye, por lo general, a la necesidad de contar con sus votos. Si fuera así, habría hecho de la necesidad virtud, que ya le vale. Pero lo que hay es una aproximación ideológica de los socialistas a los nacionalistas, con casos de identificación total. Una absorción que ha venido determinada por el vaciamiento de la antigua identidad socialista, con su énfasis en la retórica de la lucha de clases. Obsoleta ésta, el PSOE se ha resistido a ser un partido socialdemócrata, moderado. Sólo ejerce de tal, y con altibajos, en la economía. Para cubrir el resto se ha ido a surtir al almacén del nacionalismo y de la extrema izquierda. Se ha inyectado todas las sustancias alucinatorias producidas en los sesenta y los setenta por la izquierda radical –y norteamericana–. Se ha entregado a los presupuestos nacionalistas. Y ha presentado ese pensamiento reaccionario como el colmo del "progresismo".

Pero nunca es suficiente. No lo es cuando se emprende la carrera del radicalismo. En ella siempre gana el más radical. El PSOE de Zapatero baja la cabeza ante los nacionalistas y extremistas varios, como si pidiera disculpas por no poder llegar al máximo. A declarar ya mismo a España una nación de naciones, a aceptar la autodeterminación, a proclamar la República o a realizar, treinta años después, la famosa ruptura. El PSOE de ZP está, como él mismo, lleno de complejos. Y ello por culpa de su enorme vacío. Se inclina ante los que están dispuestos a salirse con la suya como sea. Es lo que él también desea e intenta, pero no puede conseguir, aún no, del todo.

ESPAÑA
ETA ‘neutralizó’ a Otegi y Usabiaga, partidarios de dejar las armas, sólo 5 meses después de anunciar la tregua
Óscar López-Fonseca El Confidencial 10 Julio 2007

ETA sólo tardó cinco meses en reorientar su tregua. Entre finales de julio y comienzos de agosto de 2006, la organización terrorista celebró una asamblea clandestina en la que varios dirigentes pusieron ya sobre la mesa la necesidad de romper el “alto el fuego permanente” que la propia banda había hecho público el 22 de marzo anterior porque consideraban que el proceso se dirigía a lo que calificaban de “rendición”. La tregua no se rompió, pero la dirección etarra dio un brusco giro a las negociaciones que ya mantenía con el Gobierno -con quien se había reunido a finales de junio- y uno de sus primeros pasos fue neutralizar a aquellos dirigentes de la propia izquierda abertzale que hasta entonces se habían mostrado claramente partidarios de abandonar la lucha armada. Entre ellos estaban el líder de Batasuna, Arnaldo Otegi, el secretario general del sindicato LAB, Rafael Díez Usabiaga, y la abogada Jone Goirizelaia.

Así, tras esta asamblea de ETA, Otegi se vio obligado a dar marcha atrás al compromiso que había adquirido dos meses antes con sus interlocutores del PSE: inscribir ese mismo verano en el Registro de Partidos del Ministerio del Interior unas nuevas siglas que sustituyeran a la ilegalizada formación. En aquella reunión con los socialistas, celebrada en secreto el 29 de mayo de 2006, el dirigente de Batasuna asumió que la izquierda abertzale debía dar ese paso previo para allanar su participación en las elecciones municipales y forales del año siguiente y, posteriormente, para facilitar su incorporación a la hipotética mesa de partidos que entonces comenzaba a fraguarse, aseguran a El Confidencial fuentes conocedoras del contenido de dicho encuentro.

Entonces, Otegi incluso aseguró que un equipo de abogados, encabezado por el veterano Iñigo Iruín, se había puesto manos a la obra para redactar los estatutos de la nueva formación. Sin embargo, los dirigentes de Batasuna cambiaron repentinamente en agosto de discurso y empezaron a dar largas a su compromiso. Paralelamente, ETA hacía público un comunicado el 18 de ese mes en el que denunciaba que, en su opinión, las negociaciones habían entrado en crisis y acusaba de la situación de bloqueo a la “actitud mezquina” de los socialistas y al PNV. Más adelante, a finales de octubre, Otegi tuvo que rectificar de nuevo. La dirección de la banda armada le obligó a elevar el listón de su exigencias cuando ya había alcanzado un acuerdo con PSE y PNV para la Mesa de Partido en las reuniones de Loyola.

Un documento sindical en el cajón
El segundo neutralizado fue Rafael Díez Usabiaga, dirigente del sindicato LAB, y considerado uno de los muñidores en la sombra de la apuesta de la izquierda abertzale por el fin de la actividad etarra. Díez Usabiaga había comenzado a finales de 2005 un acercamiento a los dirigentes de UGT en Euskadi, aprovechando la renovación de cargos que había hecho el sindicato socialista. De aquel acercamiento, surgió un encuentro con luz y taquígrafos entre él y el nuevo secretario general ugetista en el País Vasco, Dámaso Casado, y el compromiso de ambos de promover un documento de las organizaciones de trabajadores en apoyo al proceso de paz que ya para entonces, comienzos de 2006, se vislumbraba cercano.

De hecho, se redactó un documento (desvelado en exclusiva por El Confidencial en su edición del 8 de febrero de 2006) y contactaron con CCOO y el sindicato nacionalista ELA, cercano al PNV, para se sumaran al mismo. Según informó entonces este diario, sólo la negativa de UGT de Navarra a firmarlo impidió que se hiciera público semanas después del “alto el fuego permanente” de ETA. Finalmente, en verano, la dirección de LAB, coincidiendo en el tiempo con la asamblea de la banda armada, decidía dejar definitivamente en el cajón la propuesta. Su argumento, como entonces señalaron a este diario fuentes de este sindicato, fue la imposibilidad de sumar al mismo a los ugetistas de la comunidad Foral. Sin embargo, las fuentes conocedoras de la intrahistoria de las negociaciones Gobierno-ETA consultadas por El Confidencial discrepan de esta versión: “Aquella fue la excusa para dejar a Díez Usabiaga en un segundo plano. Sólo tras el atentado de la T-4 pareció retomar tímidamente algo de protagonismo con algunas declaraciones, pero fue un espejismo”.

Temor a ‘Ahotsak’
Otra iniciativa propuesta por dirigentes abertzales partidarios del fin de violencia que fue torpedeada por la organización terrorista fue Ahotsak (voces, en euskera), un colectivo de mujeres de partidos políticos y organizaciones vascas y navarras nacido bajo el impulso de la diputada socialista Gemma Zabaleta y la abogada abertzale Jone Goirizelaia. La propuesta se incorporaba así a esa red de apoyo al proceso de paz formada por variopintos grupos, y que era bien vista tanto por el Gobierno como por el entorno de la banda armada. Sin embargo, ETA mostró pronto su desconfianza a la iniciativa e insistió desde un primer momento en que a la misma se sumaran destacadas integrantes de sector más ortodoxo de la izquierda abertzale como Joana Regeiro “para controlar, precisamente, a Goirizelaia”.

Ahotsak -que teóricamente no ha sido disuelta, pero que ha dejado de tener presencia pública desde marzo- vivió una fuerte polémica el pasado mes febrero, cuando se filtró a la prensa un comunicado de condena al atentado de Barajas en cuya redacción habían participado la socialista Zabaleta y la abogada abertzale. El documento fue considerado muy importante por su abierta crítica a la acción de ETA –aunque no mencionaba expresamente a la organización terrorista- y por el hecho de que supuestamente tuviera el apoyo de las representantes de Batasuna. Sin embargo, horas después de hacerse público, Goirizelaia y otras integrantes del colectivo cercanas a la izquierda abertzale se apresuraron a negar su apoyo a la declaración. Aquello sumió al colectivo Ahotsak en una crisis que aún pervive… y Goirizelaia quedaba también neutralizada.

Las fuentes políticas vascas consultadas por este diario descartan que ninguno de estos dirigentes abertzales neutralizados se decante “ni a corto ni a medio plazo” por liderar una escisión en Batasuna como la que en su día protagonizó el hoy líder de Aralar Patxi Zabaleta. “Formarán, como otros muchos, una disidencia silenciosa que, o bien esperará mejores momentos para retornar a la primera línea política, o bien optarán por irse por la puerta de atrás sin hacer ruido”, añaden.

EL "CONFLICTO" DE LA ETA
RAMóN PI El Ideal Gallego 10 Julio 2007

Si lo que cuenta "El Mundo" sobre las comunicaciones entre la ETA y el Gobierno a través de las autoridades cubanas es cierto, no sólo se confirman las sospechas de millones de españoles sobre la continuidad de los contactos aun tras la bomba de la T-4, sino que se refuerza la ignominia de haber aceptado la tesis del "conflicto político", que está en la raíz de este disparate colosal en que nos ha metido Rodríguez Zapatero con su sonrisa congelada y su salmodia de la paz.

La presencia y la actividad de la ETA es un conflicto grave, desde luego, pero no político, sino de orden público. Aquí no hay dos bandos que se matan, sino unos asesinos y unas víctimas. Aquí no hay una reclamación territorial que tenga la menor base, sino la ensoñación de un orate racista llamado Sabino Arana. Aquí no se requiere más mediación que la de la policía deteniendo, los jueces juzgando y las instituciones penitenciarias funcionando para restablecer el orden.

Y si, a pesar de todo, alguien cree ver en el fondo de todo esto algo que tenga que ver con la política, entonces el conflicto político no lo causa la ETA, sino el PNV, Eusko Alkartasuna, Nafarroa Bai y demás organizaciones políticas que dan su cobertura, de una u otra forma, a los asesinos, y los usan para agudizar el chantaje al resto de españoles.

Por eso fue tan importante, y tan eficaz, el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo: porque apuntó donde debía, a la necesidad de neutralizar en lo posible todo apoyo, de uno u otro modo, por acción o por omisión, de políticos separatistas a los criminales terroristas. Y por eso mismo, las voces que reclaman suprimir el preámbulo del pacto para que se pueda ampliar su firma a los partidos nacionalistas, en realidad lo que están solicitando es desnaturalizar el pacto y dejarlo en papel mojado.

Todo esto lo sabe Rodríguez, los saben quienes lo aconsejan, lo sabe todo el mundo. Pero Rodríguez no ha tenido inconveniente en actuar como si hubiese un conflicto político con la ETA, necesitado de mediadores internacionales y de negociaciones de igual a igual entre el Estado legítimo y la banda de delincuentes.

Ternura nacionalista
Manuel Molares do Val Periodista Digital 10 Julio 2007

No todos los nacionalistas son broncos: pueden ser tiernos y sensibles, como el diputado autonómico gallego del BNG Bieito Lobeira, que pide el “reconocimiento y apoyo para el pueblo mapuche en el proceso de legalización de su idioma, el magazugún”.

Como el gallego, el magazugún está oprimido por el español, asegura. Pero, Lobeira, tenemos un problema: qué hacemos con el tolete, lengua avasallada por el magazugún, hablada ahora solamente por 17 personas. Peces chicos devorados por los grandes.

Hay que salvar el tolete, Lobeira. Habrá que crear un Bloque Nacionalista Tolete, ikastolas, galescolas, o sea, toletescolas en Argentina y Chile, obligar al estudio y a la universalización de este idioma.

Tenemos que preservar todas las lenguas del mundo mundial, y por eso admiramos las iniciativas emotivas del nacionalismo. Como esa Estadea que pide galleguizar los nombres y apellidos de los muertos en los cementerios.

A los fantasmas de esos difuntos, que penan por las noches como Santa Compaña, debe dolerles volver al amanecer y meterse en sus lápidas escritas en castellano. Pero el BNG ha escuchado sus cuitas y reducirá sus lamentos de ultratumba.

Lo de que las muñecas y los juguetes infantiles hablen gallego es también una demanda del BNG. Barbie y Kent recitándose poemas de Rosalía.

Pero, Lobeira, tenemos otro problema: la poeta se irritó un día con los nacionalistas y juró no volver a usar su idioma, lo que cumplió hasta su muerte.

No olvidemos al supersoldado Madelman galleguizado luchando contra Castilla y especialmente contra Israel, porque el BNG la ha jurado enemistad a ese país expulsando a sus militantes que que no lo condenan.

Fuera también el inglés, otro idioma imperialista, de las escuelas: que se estudie el portugués, como propuso el nacionalismo en el Parlamento compostelano.

El virus islamista
POR FLORENTINO PORTERO ABC 10 Julio 2007

Los recientes atentados islamistas en Londres y Glasgow nos sitúan de nuevo ante el reto de comprender la causa por la que un musulmán puede llegar voluntariamente a convertirse en un terrorista. En anteriores ocasiones he insistido en la importancia de restar credibilidad al argumento, tan del gusto de nuestra izquierda, de que la pobreza y la ignorancia abocan al fanatismo. La realidad es que la pobreza y la ignorancia nos acompañan desde el origen de la presencia del ser humano en este planeta y no siempre se ha producido esa conexión.

Lo que sí encontramos en países de mayoría musulmana es un sentimiento de frustración por la falta de desarrollo político, económico y social, que ha llevado a estos países al estancamiento. Como reacción se produce una vuelta a posiciones fundamentalistas, culpabilizando de la situación a las formaciones nacionalistas y a Occidente, que supuestamente controla a los gobiernos locales en beneficio propio.

Pero el origen de lo ocurrido recientemente en el Reino Unido está en relación con los anteriores atentados de Londres o con el 11-S. Me refiero a la reacción de musulmanes de clase media, en algunos casos con importantes carreras profesionales en ciernes, que han nacido o viven en países occidentales y que sufren un choque cultural. Sus valores musulmanes entran en colisión con los occidentales, o con la falta de ellos, con el relativismo que cada día caracteriza más nuestras sociedades. En esa situación establecen relación con islamistas que les trasmiten una doctrina radical, en la que el choque de civilizacio-nes resulta inevitable y los actos de los gobiernos occidentales sólo se explican por su sacrílega voluntad de destruir el Islam. De ahí a la acción terrorista no hay más que un paso.

Actuar sobre este proceso es en extremo difícil, pero ese es el reto que tenemos ante nosotros. No va a ser fácil, pero si no somos capaces de desmontar los mecanismos por los que los «maestros» islamistas atraen a jóvenes educados hacia sus filas, entonces tenemos un problema muy serio ante nosotros.

Educación para el adoctrinamiento ideológico
EDITORIAL Libertad Digital 10 Julio 2007

Durante el pasado debate sobre el estado de la Nación, Zapatero echó un órdago al líder de la oposición que éste no supo recoger ni rebatir. Se trataba de la nueva asignatura que pretende "educar en ciudadanía" a todos los niños y jóvenes del país. Y por ciudadanía ha de entenderse, forzosamente, ideología socialista, que es el caramelo político que esconde la asignatura en cuestión. Para el PP, sin embargo, no parece importante este asunto porque, pudiendo hacerlo en el debate, rechazó contestar al presidente. Según Zapatero esta asignatura carece de contenido político y se limita a dar un barniz de educación en valores sin adoctrinamiento alguno. Evidentemente, eso, como casi todo lo que dice Zapatero, es mentira.

Una materia de nueva creación –que llegó a ser colocada por la ministra de Educación al mismo nivel que la Historia o las Matemáticas– tiene muy poca inocencia y mucho gato encerrado. No es casualidad que tantos alumnos se hayan declarado objetores antes de que se empiece a impartir oficialmente. En un informe, Libertad Digital responde al presidente del Gobierno a través de diez puntos que demuestran que esta asignatura es cualquier cosa menos apolítica. La Educación para la ciudadanía, por ejemplo, consagra la figura del Estado como formador moral, hurtando esa labor a la familia. Y no sólo eso. En el libro de texto preparado por el filósofo socialista José Antonio Marina, se desgrana un programa político completo que no por casualidad coincide con los de los partidos de izquierda.

Ya lo dijimos cuando el Gobierno anunció la dichosa EpC y el tiempo no ha hecho más que darnos la razón. Zapatero quiere educar a una generación entera en el relativismo, la estatolatría, los sofismas y las medias verdades tan propias de una progresía de la que ZP es algo parecido a su santo patrón. Ahora pretende que, además, comulguemos con ello.

Objeción de conciencia y división
Editorial ABC 10 Julio 2007

EL debate sobre la Educación para la Ciudadanía sitúa en primer plano el problema de la objeción de conciencia, cuestión nuclear de la filosofía jurídica y política puesto que afecta decisivamente al problema de la obediencia al derecho. Ante todo, conviene recordar el contexto político en que se suscita ahora la cuestión. Rodríguez Zapatero pretende reforzar el giro izquierdista de su gestión de cara a las próximas elecciones, en busca del voto radical que le dio la victoria en 2004 y que se muestra ahora muy poco entusiasta. Para ello, debe llevar al PP hacia posiciones rígidas y no duda en plantear la confrontación en terrenos como la memoria histórica, la investigación con células madre o el dilema moral que deriva de la nueva asignatura. No es casual que Mercedes Cabrera, en lugar de buscar un diálogo razonable, mantenga posiciones dogmáticas para no dejar salida a los padres y profesores que rechazan no tanto la materia en sí como su contenido, sesgado y partidista. También aquí se trata de llevar a la oposición hacia posturas extremistas. Frente a ello, la única respuesta posible es la firmeza en los principios, combinada con la habilidad estratégica. Hay que seguir explicando a la opinión pública las razones de fondo que asisten a quienes no desean que se imponga a sus hijos una visión concreta del mundo, aunque se disfrace de falso «pluralismo». La clave está en reclamar un pacto de Estado en materia educativa que no suponga violencia moral contra nadie y deje a salvo el equilibrio de los derechos que proclama la Constitución. El Gobierno tiene la obligación política inexcusable de actuar con sentido institucional y no partidista en una materia tan delicada, lo mismo que la Iglesia católica, las asociaciones de padres y los partidos políticos deben comprometerse ante la sociedad española a abordar este conflictivo asunto desde un punto de vista constructivo y eficaz.

La objeción de conciencia es una institución muy debatida desde el punto de vista jurídico. Aparece de forma tangencial en la Constitución, en el artículo 30.2, a propósito de una materia concreta, el servicio militar, aunque carece ya de aplicación efectiva al haber sido suprimido éste con carácter obligatorio. La jurisprudencia constitucional ofrece bastante luz sobre el tema. En una primera etapa, marcada por la STC 15/1982, la libertad de conciencia se concedía como derecho del objetor a ser declarado exento de un deber en relación con la libertad ideológica que reconoce el artículo 16. Sin embargo, hay un giro decisivo a partir de la STC 160/1987, de manera que la objeción ya no se considera parte del contenido del derecho a la libertad religiosa y pierde la condición de derecho fundamental. Todo ello, conviene insistir, referido siempre al servicio militar. Otras veces se ha planteado en asuntos de alta intensidad moral, como la práctica del aborto por facultativos o la celebración de matrimonios entre personas del mismo sexo. No hay acuerdo teórico ni práctico al respecto, pero la opinión generalizada estima que la objeción es una última ratio, utilizable sólo en casos de extrema gravedad, y no una forma ordinaria de mostrar el rechazo a una norma.

A este respecto, debe tenerse presente que la puesta en práctica de la EpC no sólo depende de la voluntad ministerial, sino también del centro educativo, del ideario del mismo, de los libros de texto seleccionados y de los profesores que imparten la asignatura. Hay, por tanto, varios escalones intermedios a través de los cuales se pueden matizar los enfoques más inquietantes para la moral de muchos ciudadanos. Es también fundamental la distinción entre datos de hecho y opiniones razonadas. Así, a la hora de explicar cuál es el régimen vigente del aborto o el matrimonio, el profesor tendrá que hacer referencia -como es natural- a las normas positivas, sin perjuicio de que la libertad ideológica le permita manifestar con fundamento las críticas que le suscite dicha regulación o las alternativas que considere preferibles. Estas consideraciones deben pesar en el ánimo de los implicados. En concreto, el Ministerio está obligado a abrir negociaciones en busca de una solución aceptable porque, de lo contrario, quedará claro que su objetivo no es formar buenos ciudadanos, sino buscar ventajas partidistas y sacar rédito de la división de colectivos que, en teoría, piensan de manera semejante.

Sobre la asignatura Educación para la Ciudadanía
POR PEDRO GONZÁLEZ-TREVIJANO ABC 10 Julio 2007

ESTAMOS, erre que erre, decididos a seguir anclados en el ejercicio de la Política como la satisfacción de los intereses partidistas. No importa que hablemos del modelo de Estado, de la reforma de los Estatutos de Autonomía, de la política internacional, antiterrorista o educativa. No existe respaldo institucional, ni refrendo mayoritario, a las mentadas políticas, que debían ser de Estado, y no de fraccionada bandería, mientras la ciudadanía observa perpleja y disgustada la incapacidad de sus representantes para ponerse de acuerdo en los mínimos para convivir, ¡que en esto consiste vivir!, y seguir construyendo lo mejor para todos en esta hoy convulsa España constitucional. Hablamos de políticas de Estado, tanto por su relevancia, como porque han de ser respaldadas, si no quieren sucumbir enseguida, por el partido de la oposición que antes o después alcanzará en su momento también el poder.

No extraña así el Informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico sobre la educación, donde permanecemos, para nuestro escarnio, en el furgón de cola: escasa financiación, ausencia de contenidos comunes, desmotivación del profesorado, fracaso escolar, insuficiencia de becas, bajo rendimiento, ausencia de esfuerzo personal, relegación del mérito, etcétera. Hay pocos ámbitos menos edificantes que el acentuado enconamiento entre nuestras dos principales formaciones políticas -al que se ha sumado la Iglesia Católica en ocasiones- en lo relativo al desarrollo legislativo de la educación del artículo 27 de la Constitución. Un precepto que ya apuntó durante su debate constituyente una tramitación complicada, pero que fue capaz de encontrar un punto de equilibrio -como las dos cabezas de Jano- entre el derecho a la educación y la libertad de enseñanza. Y así se consagraba un derecho fundamental a la educación, cuya prestación habría de ser garantizada por el Estado, que se halla impelido a formar ciudadanos. Pero se acogía también una libertad de educación, que asignaba a los padres el derecho a escoger la educación mejor para sus hijos, así como la libertad de creación de centros docentes.

Pero si fue complejo entonces el acuerdo, las discrepancias volverían a reproducirse los años venideros. Quizás, porque como señalaba François Mitterrand, «hoy para cambiar la sociedad no es necesario tomar el cuartel de invierno, basta con tomar la escuela». Y si no me creen, paso a desgranarles el vergonzante elenco de una interminable hipertrofia legislativa: la Ley Orgánica de Estatuto de Centros Docentes (LOECE) de 1980, en tiempos de Unión de Centro Democrático; ya con el Partido Socialista Obrero Español, la Ley Orgánica del Derecho a la Educación (LODE) de 1985 y Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE) de 1990; después, bajo el Partido Popular, la Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE) de 2002; y, recientemente, la Ley Orgánica de Educación de 2006. Y no les hablo de la inflación de legislaciones sobre universidades: la Ley de Reforma de Universitaria de 1983, la Ley Orgánica de Universidades de 2001 y la Ley de Reforma Universitaria de 2007. ¡Estamos como una atareada Penélope, tejiendo y destejiendo tales despropósitos!

Es en este contexto de agrias divergencias, donde hay que situar, por enésima vez, la controversia de la bautizada «Educación para la Ciudadanía». Una asignatura que ha abierto la caja de Pandora, con sus consabidos truenos, si bien en esta ocasión la virulenta disputa se presenta, principalmente, entre el Gobierno y la Iglesia Católica. El primero, convencido de su legitimidad para delimitar los contenidos del derecho a la educación; y, la segunda, firme en su competencia, sobre la base de lo previsto en el artículo 27.1 (libertad de enseñanza) y también en el artículo 16 (libertad religiosa), para preservar su tradicional labor educativa. Así pues, las preguntas que se hace la ciudadanía son: ¿Quién tiene razón? ¿Es esgrimible la objeción de conciencia? ¿No es posible una solución de compromiso? Voy a tratar de dar respuesta a dichos interrogantes.

Primero. El Estado goza de legitimidad y competencia en la regulación de los contenidos que integran o hacen efectivo el derecho a la educación. Una educación que asuma los valores democráticos de libertad, justicia, igualdad y pluralismo que prescribe nuestra Carta Magna. Ya lo afirmaba Aristóteles en la Política, al decir «que los que cargan toda la mano al educar a sus hijos en los ejercicios del cuerpo y en la preparación para la lucha, dejándolos sin lo más principal y necesario en la educación, hacen de ellos en realidad hombres plebeyos y cerriles». Una labor que resaltarían en la modernidad los revolucionarios franceses de 1789, como el mismísimo Napoleón Bonaparte. Los primeros al afirmar que «la primera misión de un ciudadano es el estudio y la preservación de la «Res publica»». Y el segundo al exclamar que «mientras no se aprenda desde la infancia si hay que ser republicano o monárquico, el Estado no constituirá una Nación». Una línea discursiva seguida por los teóricos de la «pedagogía de la libertad» de que hablaban Maritain y Leon Gambetta. Y así hay que entenderlo hoy en España, pues como afirma el Tribunal Constitucional, «se exige del Estado la satisfacción de un servicio público concreto» (SSTC 86/1985 y 129/1989).

Segundo. Afirmado lo dicho, también es cierto que la competencia del Estado no puede traspasar determinados límites. No cabe el dirigismo cultural, ni la predeterminación moral de los alumnos, ni una ética ideologizada, ni el monopolio de un pormenorizado adoctrinamiento, ni una formación estatalizada de las conciencias, ni la exaltación de un relativismo axiológico. Y ello, porque el artículo 16.1 y 3 tutela tanto la libertad de conciencia, ideológica y religiosa, como la obligación de los poderes públicos de tener en cuenta las creencias religiosas de los ciudadanos, al tiempo que el artículo 27.1 y 3 ampara la libertad de enseñanza y el derecho de los padres a intervenir en la educación y formación moral de sus hijos. En consecuencia, la Educación para la Ciudadanía -habida cuenta de que su carácter obligatorio- debe centrarse en los principios constitucionales -ya lo disponía la Constitución de 1812 (artículos 366 y 368)- y en el respeto a los derechos fundamentales y libertades de las Declaraciones de Derechos (artículo 10 CE). Adelante, pues, con el estudio de los valores constitucionales (artículos 1.1 y 14 CE) y las normas democráticas de convivencia (artículo 27.2 CE), tal y como además postula la Recomendación (2002) 12 del Consejo de Ministros del Consejo de Europa; pero hay que ser cuidadosos con ir más allá, mientras esta asignatura no sea opcional. ¡No vayamos a resucitar la Formación del Espíritu Nacional! No se pone en duda la pertinencia, ¡claro que sí! del cometido, sino ciertos contenidos. Antes ya se había intentado, por lo demás, algo semejante con las Lecciones para la convivencia y la Educación en valores en tiempos de UCD y el PP.

Tercero. Por ello, hay que reclamar nuevamente, a ver si es posible, un Pacto Nacional por la Educación, una solución de consenso sin injustificadas premuras, ni rigideces, y lejos de empecinamientos, de suerte que el Estado desarrolle su competencia, pero que nadie se sienta violentado en su conciencia. Máxime cuando estamos ante una materia aún no aplicada, y que dependerá mucho del ideario de los centros, de su tratamiento en los libros de texto y de los profesores. Además, la invocación de la objeción de conciencia es una respuesta jurídica problemática en otros casos, como la negativa a formar parte de las mesas electorales, en materia sanitaria, en la celebración de matrimonios entre personas de igual sexo y en la asistencia al jurado. Los recursos de inconstitucionalidad y contencioso-administrativo no son, en suma, aun pudiendo haber fundamento, la mejor solución. Son el Gobierno, las Administraciones Públicas, los principales partidos políticos, las Asociaciones de Padres y la Iglesia Católica los que han de buscar la solución. Y ésta no es otra que el acuerdo sobre la materia. ¡Se lo deben a los padres y alumnos españoles!
PEDRO GONZÁLEZ-TREVIJANO
Rector de la Universidad Rey Juan Carlos

EL GOBIERNO SIGUE ACTUANDO COMO SI NEGOCIARA
La Fiscalía y Garzón se alían para congelar la investigación del salvoconducto a etarras
La Fiscalía quiere que la investigación del salvoconducto a los etarras Jon Iurrebaso y Kepa Suárez recaiga en Baltasar Garzón y no en Juan del Olmo o Fernando Grande-Marlaska. El País cuenta este martes la pugna sorda abierta en la Audiencia Nacional por el control de un documento que probaría que el Gobierno mantenía línea directa con ETA tres meses después del asesinato de Carlos Estacio y Diego Palate. Según L'Express, el Gobierno español ya utilizó una línea caliente con la Prefecturía francesa para interesarse por su liberación, ya que iban a reunirse al día siguiente con enviados de Rodríguez Zapatero en Suiza.
Libertad Digital 10 Julio 2007

El Ministerio Público ha emprendido diversos trámites para evitar que las diligencias por el supuesto salvoconducto a dos etarras detenidos en Francia el pasado 29 de marzo puedan ser practicadas por los jueces de la Audiencia Nacional Juan del Olmo o, sobre todo, por Fernando Grande-Marlaska.

Según se desprende de una información con la que El País abunda este martes en la turbia historia de los papeles incautados a Jon Iurrebaso y Kepa Suárez al ser detenidos en Périgueux, la Fiscalía está especialmente interesada en que los papeles vayan a parar al juzgado de Baltasar Garzón, un juez que se ha significado por congelar otros escándalos del Gobierno, como el llamado chivatazo a ETA.

Garzón y la Fiscalía están practicando todos los trámites que la organización interna de la Audiencia Nacional prevé para los conflictos de competencias entre juzgados.

El diario gubernamental daba a conocer el lunes que los etarras detenidos el pasado 29 de marzo en Francia, tras intentar huir de un control de carreteras en Perigueux, llevaban anotados tres números de teléfonos. Uno de ellos se comprobó que corresponde a un alto cargo del Ministerio del Interior francés. Y de los otros dos, se sabe que corresponden a tarjetas pre-pago españolas.

En su declaración ante la juez Laurence Le Vert, Iurrebaso aseguró que pertenecen a altos cargos del Ministerio del Interior de España. La veracidad de esta declaración es lo que deben comprobar ahora los jueces españoles, a partir de una Comisión Rogatoria enviada por la juez anti-terrorista francesa.

El País también contaba, de pasada, que L'Express ya había revelado en abril que el Gobierno de España utilizó una línea telefónica caliente con el Ministerio del Interior de Francia, habilitada en el verano de 2006 y nunca utilizada hasta entonces, para interesarse por la puesta en libertad de los dos etarras detenidos, que iban a reunirse al día siguiente en Suiza con enviados del presidente José Luis Rodríguez Zapatero.

La respuesta del Gobierno francés fue encogerse de hombros y transmitir a sus corresponsales españoles que nada podían hacer por Iurrebaso y Suárez, al estar ambos a disposición de la Justicia francesa por delitos cometidos en ese país –intentaron saltarse un control policial, la matrícula del Peugeot en el que viajaban era falsa e iban armados–.

Lo que se desprende, ahora, de la nueva entrega informativa de El País es que hay una pugna abierta en la Audiencia Nacional por investigar los números de teléfono incautados a los etarras, y también que la Fiscalía y Garzón están muy interesados en que las diligencias no se asignen a Del Olmo ni a Marlaska, que las reclaman por distintas razones.

En el caso de Grande-Marlaska, el caso llegó a sus manos debido a que, cuando la juez Le Vert emitió la Comisión Rogatoria, era el magistrado que estaba de guardia en la Audiencia Nacional.

Según El País, la Fiscalía instó a Marlaska a remitir a Garzón la documentación, aduciendo que este juez "tenía procesado y en busca y captura a Suárez, acusado de integrar el aparato de captación de ETA".

La respuesta de Grande-Marlaska –siempre según el diario oficioso del Gobierno– fue enviar el caso al juez decano de la Audiencia, Ismael Moreno, para que lo sometiese a las normas de reparto.

Fue así como llegó a manos del juez Juan del Olmo, que ahora también quiere quedárselo.

Nuevamente, la Fiscalía hizo de secretario al juez Garzón, siguiéndole la pista al expediente e interesándose por todos los medios en que llegue a manos del magistrado afín al Gobierno.

Según El País, la Fiscalía "informó a Del Olmo de que Garzón ya investigaba el caso, pero éste lo ignoró. Grazón, a su vez, también a instancias de la Fiscalía, pidió a Del Olmo que se inhibiera en su favor. Pero lejos de hacerlo, Del Olmo rechazó la petición de Garzón y de forma insólita llegó a preguntar a la juez francesa si tenía algún inconveniente en que fuera él quien tramitase la causa".

Con este segundo capítulo el caso del salvoconducto etarra, El País termina de enseñar sus cartas y apuesta claramente por que la investigación de los dos números de teléfono a los que llamaban los etarras para pedir paso franco por España y por Francia caiga en manos de un juez que se ha significado abiertamente por su apoyo al llamado "proceso de paz".

LIBERTAD DIGITAL RECOGE EL GUANTE
Respuesta a Zapatero: diez razones por las que EpC sí adoctrina a los escolares (09-07-2007 16:26)
En el último Debate sobre el estado de la Nación, el presidente del Gobierno ha retado al jefe de la Oposición a que "coja un libro de texto de Educación para la Ciudadanía –por ejemplo, el de SM– y diga en qué está Usted en contra o qué hay de adoctrinamiento" en la nueva asignatura. LIBERTAD DIGITAL recoge el guante e identifica diez ideas concretas del libro de José Antonio Marina que conculcan la libertad educativa y de conciencia reconocidas por la Constitución española.
"Es inaceptable, una mentira intolerable", espetó exactamente Zapatero. "Y si Usted no sube aquí, se habrá demostrado claramente que todos son infundios, insidias y visiones apocalípticas", desafió a Rajoy. LD recoge el guante lanzado por el presidente.
Víctor Gago Libertad Digital 10 Julio 2007

El pasado 3 de julio, desde la Tribuna del Congreso, el presidente enarboló un ejemplar del libro de texto de Educación para la Ciudadanía (EpC) de SM, escrito por José Antonio Marina. La asignatura empezará a impartirse en septiembre en segundo o tercero de la ESO –según comunidades autónomas–, y desde ahí, se extenderá a Primaria y a Bachillerato, impregnando ocho años de la formación de niños y adolescentes, entre los 10 y los 18. José Luis Rodríguez Zapatero prometió entregar su exclusivo ejemplar del libro de Marina –aún no está a la venta, según ha podido comprobar LIBERTAD DIGITAL, consultando en tres establecimientos especializados de Madrid– al final del Debate sobre el estado de la Nación a Mariano Rajoy, al que retó a leerlo e indicar en qué adoctrina o recorta la libertad de las familias.

"Es inaceptable, una mentira intolerable", espetó exactamente Zapatero. "Y si Usted no sube aquí, se habrá demostrado claramente que todos son infundios, insidias y visiones apocalípticas", desafió a su oponente.

LD recoge el guante lanzado por el presidente –casi una semana después, el PP no lo ha hecho aún– e identifica diez ideas del libro de José Antonio Marina, moldeadas por el decreto de contenidos y objetivos de la asignatura aprobado en diciembre de 2006 por el Gobierno, que chocan frontalmente con la libertad educativa y de conciencia consagradas por la Constitución Española.

Los excesos de la obra de Marina pueden servir de referencia a las familias del contenido y el enfoque ideológico concreto de la nueva materia, ya que se trata –según la promoción que del libro hacen SM, su autor y hasta el Ministerio de Educación–, de la versión más moderada de los manuales que se aplicarán en las aulas, frente a las aproximaciones más doctrinarias de editores como Octaedro, Akal, Laberinto o Santillana.

1) Programando el "Gran Proyecto Ético"
José Antonio Marina no oculta lo ambicioso de su experimento con las mentes de los escolares. Su libro pretende inculcarles el "Gran Proyecto Ético", basado en "las características y necesidades de los seres humanos".

"La idea matriz" del manual es que "estamos intentando realizar el Gran Proyecto Humano –que permita a todos los seres humanos alcanzar cinco bienes: los bienes materiales imprescindibles, la libertad, la igualdad, la seguridad y la paz–", apunta el autor de EpC para SM.

Marina da por hecho que es posible determinar las "características y necesidades" o "los bienes materiales imprescindibles" de una persona y construir, a partir de estas necesidades previamente determinadas por el pedagogo –por delegación del Estado–, un sistema universal de valores que siempre tendrá la última palabra en los "conflictos" entre valores subalternos, como los transmitidos por la familia.

Una de las "necesidades" de los niños –aunque ellos no lo sepan, ni sus padres– es "determinar su personalidad", avisa Marina a las familias que recibirán el nuevo programa de formación en valores desde el próximo curso.

Marina anuncia que su libro de texto forjará un nuevo molde de "identidades múltiples" o "concéntricas", en el que se enseñará al niño que "tiene que elaborar varias identidades: la identidad de género, la identidad religiosa o ideológica, la identidad nacional, la identidad humana, es decir, el sentimiento de pertenencia a la humanidad".

No hay nada nuevo en esta visión, que ya fue formulada por Marx en el núcleo de su programa político colectivista: "A cada uno según su necesidad, de cada uno según su capacidad".

En otro momento de la exposición de intenciones de su manual, Marina admite que "me dan de vez en cuando ataques de megalomanía educativa que debo controlar", aunque no cree "exagerar" cuando atribuye a la nueva asignatura –en línea con lo manifestado este domingo por la ministra de Educación– el poder de mejorar "no sólo nuestra convivencia, sino el sistema educativo entero".

2) Un individuo al servicio del "Gran Proyecto Humano"
Que EpC es un experimento pedagógico que sobrepasa la simple instrucción en preceptos constitucionales lo demuestra la declaración de Marina sobre el impacto que se persigue en la mente de los niños:

"Del individuo al Gran Proyecto Humano" y "Del Gran Proyecto Humano al individuo" resumen los dos recorridos del programa doctrinario, según los define el propio autor del manual de SM.

"Se estudia como ese Gran Proyecto abre el campo de juego de las expectativas privadas de felicidad. Indica los modos de identidad nacional, religiosa, o de género que son compatibles con el Gran Proyecto Ético. En ese sentido no puede negar ninguna de ellas –ni religión, ni patriotismos, ni modelos de género–, sino solamente indicar los que resultan imposibles o difíciles de compaginar con el mundo de la dignidad y de los derechos que queremos construir".

De nuevo, el pedagogo habla por boca de ganso del Estado, que se reserva el derecho a decidir que valores y que "identidades" son compatibles con el "Gran Proyecto" que se está programando cuidadosamente en la mente de los jóvenes.

¿El aborto? ¿La eutanasia? ¿El diálogo con terroristas? ¿La poligamia? ¿La familia abierta? ¿La libertad de consumir? ¿La propiedad privada? Todo encaja, o no, en el "Gran Proyecto" según lo que dictamine el Estado en cada momento.

El "Gran Proyecto" determina las necesidades del individuo y éste se pone al servicio del "Gran Proyecto", que no es otro que lo que indica el Estado.

3) El Estado como formador moral
Marina insiste en que el Estado, a través del currículo educativo, debe suplantar a las familias cuando éstas no transmiten de manera "eficaz" valores a los hijos.

"¿Tienen razón los padres que reclaman su derecho a educar moralmente a sus hijos? Sin duda. Y si todos los hicieran con una maravillosa eficacia, la escuela podría dedicarse a otra cosa", afirma Marina en la exposición de los principios que le han guiado en la escritura del manual de texto de SM.

El pedagogo asigna al Estado un papel típicamente despótico: decidir cuándo son, o no eficaces las familias al transmitir valores y sustituirlas para impartir su propia moral de Estado.

En segundo lugar, atribuye a la escuela un papel de formador moral de la juventud, una filosofía pedagógica que choca con la tradición liberal en la que la escuela instruye en conocimientos y respeta el libre albedrío de las familias para formar en valores a sus hijos.

Al respecto, escribe Jean-François Revel en La traición de los profes, uno de los capítulos de El conocimiento inútil:

"El profesor puede enseñar o adoctrinar. Cuando la enseñanza prima sobre el adoctrinamiento, la educación cumple su función principal, en el interés de los que la reciben y en el interés de la democracia bien entendida. En cambio, cuando es el adoctrinamiento el que se impone, se convierte en nefasta, abusa de la infancia y sustituye la cultura por impostura"

4) "Un test de inteligencia del consumidor"
Uno de los capítulos del libro de José Antonio Marina está dedicado a la idea de "consumo responsable". De nuevo, el pedagogo –al servicio del Estado– va más allá de la descripción de conceptos y entra en elección de valores: "Consumo responsable".

Al definirlo, Marina sostiene que "es posible hacer un test de inteligencia del consumidor. Es inteligente el que compra sólo lo que necesita y no algo innecesario porque está rebajado".

Este simple enunciado contiene todo un programa ideológico. En primer lugar, ¿quién dice cuándo un consumidor compra por necesidad y cuándo lo hace por "vicio" –siguiendo la lógica de esta pedagogía, en la que todo lo que no sea necesidad en las decisiones de la gente es una desviación inmoral–? Por otra parte, ¿quién decide lo que cada persona necesita y aquello de lo que puede prescindir?

De nuevo, EpC tiene una respuesta infalible como la de un catecismo: el Estado.

5) La globalización genera "profundas desigualdades"
¿Una asignatura neutral? El Gobierno insiste en que EpC se dedicará sólo a enseñar valores constitucionales y Derechos Humanos.

El presidente Rodríguez Zapatero, el pasado 3 de julio, durante el Debate sobre el estado de la Nación, dijo:

"No adoctrina, no obliga a asumir ningún criterio, no impone ninguna ortodoxia. Ya tuvimos bastantes décadas de ortodoxia".

Sin embargo, basta un vistazo superficial a algunos de los capítulos del libro de José Antonio Marina citado por Rodríguez Zapatero como ejemplo de asepsia pedagógica, para darse cuenta de que contienen ideología concentrada.

Al hablar de la Globalización, por ejemplo, el manual de Marina –como el resto de libros de texto: se trata de un enfoque claramente prescrito en el decreto de contenidos mínimos aprobado por el Ministerio– hace suyo el consenso progresista sobre la injusta distribución de la riqueza causada por la globalización, en contra de todas las evidencias que indican su impacto en una significativa reducción de la pobreza.

Así define Marina la integración del mundo en el capitalismo:

"Es el proceso, fundamentalmente económico, que consiste en la creciente integración de las economías nacionales en un mercado mundial. Genera riqueza, pero también da lugar a profundas desigualdades".

6) Una religión de Estado
"Sin duda alguna", apunta José Antonio Marina al exponer los principios de su manual, "las familias pueden educar a sus hijos en su religión y en su moral; pero el Estado debe encargarse de facilitar a todos nuestros jóvenes aquella educación que la sociedad considera necesaria para el desarrollo de los proyectos personales, la buena convivencia, la justa resolución de los problemas y el progreso económico".

De nuevo, el Estado como prescriptor coactivo de lo que necesitan las personas. Basta con que el Estado diga lo que está bien y lo que está mal, para que las familias depongan su resistencia moral. Se trata de una obsesión del autor a lo largo de toda su obra y la base filosófica de su enfoque de la asignatura, "modélico" para Rodríguez Zapatero.

7) El salario del alumno
Al definir el concepto de "escuela", Marina indica en su manual del buen ciudadano:

"Los adultos van a trabajar, y los niños y los jóvenes también. La escuela es el lugar de trabajo de la gente joven. Estos últimos podrían replicar que no se les paga un sueldo, pero esto no es verdad. Todos los ciudadanos se comprometen a pagar a cada estudiante de enseñanza secundaria 4.000 euros al año. Lo que ocurre es que no se lo pagan en dinero sino en clases, profesores, libros".

De nuevo, la idea de un Estado providencial capaz de dar "a cada uno su necesidad" y de esperar, a cambio, "de cada uno su capacidad".

En este ideal de la escuela va implícita la legitimación del adoctrinamiento, esfuerzo este –el de la justificación– al que Marina dedica su mayor energía a lo largo de las páginas que dedica a explicar su pedagogía de la asignatura a profesores y padres. Quien paga, manda. Si el Estado paga, el estado decide qué valores se enseñan.

Por lo demás, la descripción de Marina es sutilmente manipuladora, lo que lo desacredita como el pedagogo neutral que promete ser y al que elogia Zapatero:

"Todos los ciudadanos se comprometen a pagar a cada estudiante..." ¿Seguro? ¿Se trata de un compromiso, es decir, de un contrato voluntariamente contraído, o de una vulgar coacción del Estado para recaudar impuestos? ¿Se les ha preguntado a los padres si preferiría disponer de sus recursos para educar libremente a sus hijos, en el colegio que eligieran, en vez de ese compromiso forzoso por el que el Estado, además de recaudar, se otorga a sí mismo el derecho de adoctrinar en valores?

No hay una sola línea neutral en el proyecto educativo del Gobierno socialista y, en consecuencia, tampoco puede neutralidad en los manuales que resultan de sus decretos, como el de José Antonio Marina.

8) Un mundo feliz
Para que el individuo sea feliz, la sociedad debe serlo antes que él, dicta Marina.

Concretamente, dice el autor del manual de EpC para la editorial católica SM:

"Todo lo que hacemos, lo hacemos para ser felices. La felicidad personal es un estado de satisfacción personal y de plenitud en el que podemos desarrollar nuestro proyecto de vida".

"Para conseguirla" –continúa– "necesitamos vivir en un ambiente que no lo impida y, a ser posible, que la facilite. Necesitamos que la sociedad sea feliz".

La primacía de la sociedad sobre el individuo y del Estado sobre la familia es una constante a lo largo de toda la obra. El programa educativo socialista no concibe la plenitud de la persona sin la aquiescencia de la sociedad y sin el marco ético –ese "Gran Proyecto" del que habla Marina– impuesto por el Estado.

Siguiendo la lógica del pensamiento de Marina, ¿Cómo se mide el estado de felicidad de una sociedad? ¿Debe ser feliz, por ejemplo, un disidente viviendo en la feliz sociedad nacionalista vasca? ¿Puede aspirar a la felicidad un padre que no puede escolarizar a su hija en castellano en una pletórica sociedad catalanista?

9) El "buen ciudadano"
José Antonio Marina sostiene en su libro la idea de que "el buen ciudadano es el que piensa bien, tiene los sentimientos adecuados y obra rectamente".

Obsérvese la intromisión del pedagogo en la esfera del pensamiento. Al "buen ciudadano" no sólo hay que juzgarle por lo que haga –jurisdicción del Derecho y, por lo tanto, sobrante en un programa educativo–, sino por cómo piense y por lo que sienta –jurisdicción del Estado, para el pedagogo citado por Zapatero en el Congreso–.

10) ¿Alguna objeción?
"La Constitución española –que es una constitución laica–", indica Marina, "incluye un sistema de valores éticos fundamentales que son, fundamentalmente (sic), los derechos humanos. Y estos son el criterio básicos para determinar los contenidos de la EpC. ¿Hay algún padre que tenga inconveniente en que sus hijos reciban esta enseñanza?"

Un inconveniente no menor a lo que ofrece Marina puede ser la mentira.

Porque ni el decreto de contenidos de EpC ni el manual del pedagogo predilecto de Zapatero son lo que el autor de SM y el Gobierno dicen que son.

Ni la asignatura se limita a transmitir preceptos constitucionales, ni es un simple recitativo de la Declaración de los Derechos Humanos, tareas para las que no se necesitaría crear una asignatura específica.

Como se ha demostrado –recogiendo el guante del reto lanzado por Rodríguez Zapatero a Mariano Rajoy durante el reciente debate sobre el estado de la Nación–, EpC encierra un calculado proyecto para adoctrinar a toda una generación en la ideología socialista.

Se comprende que la ministra haya dado a la asignatura la misma importancia que a las Matemáticas o las Humanidades.

¿Alguna objeción?

Interior
La jueza antiterrorista gala pregunta si la negociación con ETA siguió tras la T-4
La magistrada Laurence Le Vert envía a España una comisión rogatoria en la que inquiere si ha habido una «mesa» de contactos entre el Gobierno y la banda - Pide que se interrogue a los que dieron los teléfonos al terrorista Yurrebaso
J. M. Zuloaga / R. L. Vargas La Razón 10 Julio 2007

MADRID- La jueza francesa Laurence Le Vert, especializada en asuntos antiterroristas, quiere saber si ha habido una «mesa de negociación» entre el Gobierno y ETA y, lo que es más importante, si las conversaciones continuaron después del atentado que un «comando» de la banda cometió el pasado 30 de diciembre en el aeropuerto de Barajas. La magistrada quiere determinar si las declaraciones que hizo el presunto etarra Juan Carlos Yurrebaso cuando fue detenido el pasado 29 de marzo, que se presentó como miembro del «aparato negociador» de la banda, son ciertas y a quién pertenecen los teléfonos españoles que llevaba. Este asunto, del que informó en primicia LA RAZÓN en su edición del 31 de mayo pasado, lleva camino de convertirse en un quebradero de cabeza para el Gobierno español. Ya no es la oposición la que pregunta sino la Justicia francesa. Las consecuencias son, de momento, imprevisibles.

Datos relevantes
Laurence Le Vert, conocida por su tenacidad en la persecución de los delitos terroristas, no se ha conformado con dirigir a España una comisión rogatoria cualquiera, con la petición de cuatro datos para echar tierra sobre el asunto, sino que pretende entrar en detalles de la negociación, sobre la que el Gobierno de Zapatero se obstina en mantener el más absoluto secreto hasta el punto de negar a la oposición las actas de las reuniones habidas con ETA.

El texto de la comisión rogatoria, según han informado a LA RAZÓN fuentes francesas conocedoras del asunto, está recogido en siete folios en los que la magistrada comienza relatando la detención de Yurrebaso y de su «camarada» Kepa Suárez Ugarte, el pasado 29 de marzo.

Tras su arresto, Yurrebaso pidió a los funcionarios de Policía que le dejaran coger de su ropa una ficha de cartón en la que llevaba anotados los teléfonos (se dan los números) con una anotación que decía «España» y que él dijo estaban relacionados con su pertenencia a un grupo encargado de las negociaciones entre ETA y el Estado español.

Interrogado el 2 de mayo, Yurrebaso explicó que estaba en marcha un proceso de negociación entre su organización, ETA, y el Gobierno español, y que para ello se había creado una «mesa de negociación» de la que él formaba parte en calidad de miembro en representación de la banda terrorista (este extremo fue confirmado por la propia organización criminal en las revelaciones que publicó en el diario «Gara»). Según Yurrebaso, este asunto debía ser tratado a nivel de ministros de Interior y de Justicia en la medida que suponía una apuesta política importante. El Gobierno español habría dado a la mesa de negociación la garantía de que si era detenido fortuitamente en territorio francés o en el territorio español, los números de teléfono que figuraban en el documento, números que le habían sido entregado en calidad de miembro de la delegación de ETA, le permitirían que tanto él como el camarada que le acompañaba, fueran puestos en libertad.

Seguir su camino
Los números de teléfono que llevaba se le habían entregado con este fin por la delegación española en la mesa de negociación y, por esta razón, los había mostrado tras su arresto, pensando que así podría seguir su camino conforme a las garantías que había recibido.

Interrogado sobre si estas garantías continuaban vigentes pese al atentado con coche bomba contra el aeropuerto de Barajas del pasado 30 de diciembre, contestó que sí.

También dijo que el «Gobierno español sabe que nosotros vamos armados y utilizamos coches robados, pegatinas (seguros, itv, etc) falsas y placas de matrícula falsificadas. El Gobierno español sabe que todo militante (de ETA) circula normalmente armado y a borde de vehículos robados».

En la parte expositiva, la jueza Le Vert solicita que se realicen todos los interrogatorios y requerimientos precisos con el fin de:
- Identificar a los titulares y a los usuarios de las líneas telefónicas de los números (se citan).
- Obtener sobre estas líneas toda la información relativa a los datos de suscripción, la fecha de puesta en servicio y la de su baja ocasional, sus marcaciones, así como su facturación detallada sobre todo su periodo de existencia.
- Identificar a los interlocutores si las llamadas han sido registradas en estas líneas.

- Proceder a la toma de declaración de los titulares de estas líneas sobre sus eventuales relaciones con Juan Carlos Yurrebaso, sobre las circunstancias en las cuales estos números han sido utilizados, las razones por las cuales estaban en su poder y el uso que hizo de ellas, así como la naturaleza de sus propias intervenciones en caso de haberlas utilizado el propio Yurrebaso. Y de manera general, para verificar la veracidad de sus declaraciones sobre este punto, así como a la toma de declaración de todos los interlocutores identificados de estas dos líneas que sean susceptibles de tener cualquier relación con Yurrebaso.

La jueza también pide que se procedan a realizar todas las investigaciones necesarias, tomas de declaración, requerimientos, registros o obtención de datos, para verificar las declaraciones de Yurrebaso sobre:
- La existencia de una «mesa de negociación» entre una delegación del Gobierno español y una delegación de la organización ETA, tal y como ha sido descrito por Yurrebaso.

- Su participación en dicha mesa de negociación y en calidad de miembro de la delegación de la organización ETA.
- La entrega que el Gobierno español le habría hecho de los dos números de teléfono que tenía Yurrebaso en su poder.
- La garantía absoluta, tal como lo ha descrito, que habría sido ofrecida a los miembros de la delegación de ETA y a sus acompañantes de beneficiarse tanto en España como en Francia de una puesta en libertad en caso de ser eran arrestados.
- La continuidad de las negociaciones y la permanencia de estas garantías tras la ruptura del alto del fuego perpetrado el 30 de diciembre de 2006 en la terminal 4 del aeropuerto de Barajas de Madrid.

- Proceder, si las declaraciones de Yurrebaso sobre los puntos precedentes se revelasen exactas, a todas las investigaciones jurídicas necesarias para determinar si su arresto puede estar relacionado de alguna manera con una intervención en el marco de su participación en la «mesa de negociación» para la que el Gobierno español le habría concedido la garantía alegada. Y si la presencia de su puesto en las estructuras de la organización ETA en Francia fueron establecidas en una fecha anterior a más de un año a la declaración del alto el fuego.

lucha antiterrorista
Detenidos en Álava varios de los cabecillas de los actos de kale borroka de los últimos meses
Los arrestados son Gorka Velasco, Koldo Moreno, Xabier Fernández de Gamarra y Urko Arroyo
AGENCIAS VITORIA El Correo 10 Julio 2007

Entre las cuatro personas detenidas esta madrugada en Álava podrían encontrarse los cabecillas de los principales actos de violencia callejera registrados en este Territorio Histórico a lo largo de los últimos meses, según fuentes de la lucha antiterrorista.

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han detenido entre las 00,15 y las 3,15 horas de esta madrugada a cuatro personas por su supuesta relación con actos de kale borroka. Los arrestados son Gorka Velasco, Koldo Moreno, Urko Arroyo y Xabier Fernández de Gamarra. Fuentes del Movimiento Pro-amnistía precisaron que los tres primeros fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional en sus domicilios de la capital alavesa mientras el arresto de Fernández de Gamarra se produjo en Salvatierra. La operación sigue abierta y no se descarta que puedan producirse nuevas detenciones.

Los agentes que desarrollan esta operación contra la violencia callejera, iniciada esta madrugada, registraron las viviendas de los cuatro arrestados así como las de otras dos personas más. Las fuentes consultadas indicaron que durante los registros domiciliarios llevados a cabo se ha intervenido un ejemplar del "Zutabe", el boletín editado por ETA, un listado de empresas sometidas a extorsión y dos bombonas de camping gas. Con esta operación ascienden a nueve el número de arrestados en una semana y a 20 los detenidos desde que ETA rompió la tregua hace poco más de un mes.

Uno de los detenidos ha sido identificado como Urko Arroyo López de Erentzun, de 24 años, que cuenta con antecedentes por violencia callejera. El 28 de abril de 2001 fue detenido por la Guardia Civil acusado de colocar un artefacto incendiario en el coche de un ertzaina, hecho cometido cuando tenía 17 años. Por esta razón ingresó en un centro de menores del que salió en junio de 2002.

El 23 de enero de 2003, sin embargo, volvió a ingresar en el centro de menores para cumplir tres meses que tenía pendientes. Además, el juez le impuso una pena de tres años de libertad vigilada durante los cuales debía acudir a firmar todos los días en dependencias policiales. Un año más tarde, en febrero de 2004, ingresó en prisión para cumplir otra pena de dos años y medio de cárcel.

Los otros tres detenidos han sido identificados como Xabier Fernández de Gamarra, de 21 años, Gorka Velasco Lareki, de 20, y Koldo Moreno Fernández, de 21.

Precisamente ayer el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, alertó de la posibilidad de que ETA trate en breve cometer un atentado "con muertos" y recordó que la banda ha intentado atentar "hasta tres veces" en las últimas semanas, tras las ruptura del alto el fuego. "Hay que estar preparados", advirtió el ministro, quien se mostró seguro de que, a pesar de que las fuerzas de seguridad "han frustrado" los planes de ETA con los golpes en Ayamonte y en la frontera franco-navarra, los terroristas "lo van a seguir intentado".

Londres decide hoy la extraditación de tres etarras
Los tres presuntos miembros de la banda terrorista ETA detenidos el pasado 27 de abril en Sheffield (Inglaterra) comparecen hoy ante un tribunal de Londres que puede decidir si son extraditados a España. Iñigo María Albisu Hernández, de 23 años; Zigor Ruiz Jaso, alias "Lukas", de 28, y Ana Isabel López Monge, de 36, deben presentarse sobre las 10.00 (09.00 GMT) ante el tribunal de Westminster.

Los tres presuntos integrantes de la banda terrorista están acusados de constituir en el Reino Unido un comando "de reserva" a la espera de recibir órdenes para perpetrar atentados en España. En caso de un dictamen favorable a la entrega de los supuestos etarras, éstos podrían presentar un recurso de apelación ante una instancia superior.

Albisu Hernández y Ruiz Jaso se hallan recluidos en la prisión de máxima seguridad de Belmarsh (sureste de Londres), mientras que López Monge se encuentra en la cárcel de mujeres de Holloway, en el norte de la capital

La Generalitat se gastará 2,3 millones de euros en «catalanizar» a los inmigrantes
IVA ANGUERA DE SOJO. BARCELONA. ABC 10 Julio 2007

El Gobierno catalán invertirá en los próximos tres años 2.358.000 euros en un plan para la actualización de la inmersión lingüística que busca, en definitiva, garantizar que la llegada de inmigrantes a las escuelas catalanas no debilite el conocimiento del catalán en esta comunidad. El consejero de Educación, Ernest Maragall, presentó ayer el programa, que se pondrá en marcha en septiembre y que debe servir para formar a 3.000 profesores de las escuelas e institutos con mayor porcentaje de población inmigrante.

Maragall no quiso especificar zonas, puesto que la primera parte del programa consiste, precisamente, en que la inspección del Departamento de Educación de la Generalitat detecte los 500 centros con más alumnos de origen foráneo, aunque señaló como obvias las poblaciones del área metropolitana de Barcelona y de las otras tres capitales catalanas, así como barrios de casi todas las ciudades medianas.

El consejero destacó que en los últimos ocho años el porcentaje de alumnos inmigrantes ha pasado del 2,3 por ciento al 13,8 en Primaria y Secundaria. Unas estadísticas que, como recordó Maragall, «implican que hay centros con un 40, 50 o incluso porcentajes mayores de alumnos inmigrantes». El plan, aseguró Maragall, «nos garantiza que el 100 por cien de los alumnos» concluye su escolarización obligatoria dominando catalán y castellano.

El catalán, debilitado
Maragall aseguró, en este contexto, que el catalán ha sufrido un retroceso, especialmente en la educación Secundaria, en los últimos años, lo que a su juicio justifica las últimas medidas de su departamento, como la inclusión de la inmersión lingüística en este ciclo educativo.

Sin embargo, rechazó las medidas propuestas ayer mismo por la Ejecutiva de ERC -partido que forma parte del Gobierno catalán-, entre las que se encuentra el impulso del uso del catalán «como lengua vehicular dentro de los centros», medida que incluye «dar instrucciones claras al profesorado» para que use el catalán y evite que «sean los alumnos quienes den la pauta respecto a la lengua que hay que hablar».

El consejero socialista señaló que esta propuesta «es un doble error», en primer lugar porque «va en la línea de imponer la lengua, no de convencer» -Maragall aseguró que su plan buscará la complicidad de las familias en la inmersión lingüística de los alumnos- y segundo, porque la escuela ya es el ámbito en el que la lengua catalana recibe más atención. «El catalán donde es más fuerte es en la escuela; los problemas empiezan en la puerta de los colegios», advirtió.

La portavoz de ERC, Marina Llansana, negó que su formación quiera imponer el catalán «en los bares o los pasillos», pero sí que el catalán se utilice «en todas las actividades que se desarrollen en el centro escolar, sean escolares o extraescolares».

ERC, que defenderá esta propuesta en el seno del Gobierno catalán, quiere además recuperar el Decreto de usos lingüísticos en centros no universitarios -donde todavía no hay regulación al respecto- preparado en la anterior legislatura, cuando ERC ocupó esta consejería.

AUTONOMIAS
El gallinero autonómico convierte a España en el único país de Europa con 17 normas reguladoras de la herencia
El estado federal que padecemos de facto ha otorgado tal cantidad de competencias, sin ton ni son, a las autonomías, que ha conseguido convertir en un autentico galimatías el derecho hereditario español, ya que cada comunidad cuenta con su propia norma y en cada región se paga una cantidad diferente por un hecho tan igual para todos como es la muerte de un pariente.
minutodigital  10 Julio 2007

Junto con Francia y el Reino Unido, España es el país que mantiene un tipo máximo más alto para el impuesto que grava las herencias. Además, la transferencia de la gestión del tributo a las autonomías desde el año 2001 establece hasta 17 marcos normativos distintos para esta fiscalidad, un caso sin parangón en otros países, y que consagra descaradamente el principio de desigualdad, sin que un servil Tribunal Constitucional se haya atrevido a poner coto a una situación que provoca que los descendientes paguen una u otra cantidad o no paguen nada según en la comunidad autónoma en que residían sus padres o ascendientes.

Navarra y País Vasco estaban exentos del impuesto de sucesiones, Cantabria concedía una exención del 95 %, ahora Castilla-León y Madrid se suman a las regiones que no cobran por la sucesión de padres a hijos, pero en el resto de España se siguen gravando los derechos hereditarios, y los proyectos en marcha de las comunidades para regular la fiscalidad de las herencias no siguen ningún criterio unitario que garantice la igualdad de trato. Toda una sinrazón producto del estado de las autonomías.

Ahora la Unión Europea trabaja en la elaboración de un proyecto legal que unifique el impuesto de sucesiones en los distintos Estados miembros. La medida fue incluida por el comisario de Justicia, Franco Frattini, en el libro verde editado en el 2005, y ha sido sometida a consulta hasta finales del pasado año. En noviembre se debatió en Estrasburgo y se acordó elaborar este año una propuesta legislativa que podría ser remitida antes del 2008 a todos los Gobiernos de la UE.

La meta final de la UE es llegar a establecer un certificado europeo de herencia y clarificar la legislación aplicable cuando los bienes de la persona fallecida se hallen en varios países. También se plantean normas para determinar la jurisdicción exacta de los abogados, jueces o notarios. En España además deberán clarificar cual de las 17 normas autonómicas se ajusta al fallecimiento concreto.

POLITICA LINGÜISTICA / Ernest Maragall afirma que la medida busca «la adhesión voluntaria, sensible e inteligente del alumnado» al catalán / La Generalitat gastará 2,3 millones de euros en los próximos cinco años
Educació formará a 3.000 profesores para potenciar la inmersión en escuelas con muchos inmigrantes
El Mundo  10 Julio 2007

BARCELONA.- La intención de Ernest Maragall de remodelar la inmersión lingüística en las escuelas catalanas tomó cuerpo ayer en un ambicioso plan que la Generalitat llevará a cabo los seis próximos años. El conseller d'Educació presentó el proyecto, que busca «conseguir la adhesión voluntaria, sensible e inteligente del alumnado a nuestra lengua», asegurando que «no se trata de una imposición» y diferenciándolo, por ese motivo, de la propuesta que ERC estaba presentando en ese momento en otro lugar de Barcelona.

El nuevo plan, que costará 2,3 millones de euros a las arcas catalanas, pretende huir de las generalizaciones y tiene como gran objetivo, según explicó Maragall, «paliar los déficits a la hora de incorporar a los nuevos ciudadanos al dominio de las lenguas del país». El conseller se apoya en la nueva realidad de las escuelas catalanas, que han pasado en siete años de albergar un 2,18% de inmigrantes a un 12,65%, para hacer cambios en el sistema. Sin embargo, no fue demasiado concreto en cuanto al alcance de los mismos.

Maragall anunció que la Generalitat formará en técnicas de enseñanza de catalán a 3.000 profesores de «unos 500 centros» hasta 2010, como parte de la actualización del plan de inmersión lingüística.

El conseller d'Educació retrocedió en el tiempo hasta el curso 1983-1984, cuando se aplicó por primera vez ese método educativo que sitúa al catalán como única lengua vehicular de la enseñanza, para diferenciar la nueva etapa: «Ni la metodología ni la aplicación serán igual, porque ahora tenemos un mapa mucho más diverso y el propio concepto de inmersión lingüística se deberá adaptar al nuevo escenario». El plan se centrará en las zonas de Cataluña que han recibido en los últimos años un mayor número de inmigrantes. «El área metropolitana de Barcelona, como en los 80, sigue siendo un objetivo, y ahora además incluiremos a la mayoría de capitales comarcales, los alredores de las ciudades de Lleida, Girona y Tarragona y la Cataluña central», dijo, a grandes rasgos, Maragall.

El próximo mes de septiembre se iniciarán los cursos para los docentes. El proyecto contempla que seis profesores de los centros escogidos asistan a estas clases. Sin embargo, el conseller no quiso aclarar si para los que se impliquen habrá algún tipo de recompensa económica: «El incentivo para ellos es profesional y es obvio».

La previsión de la Generalitat es que en 2013, cuando está previsto que finalice el plan, la nueva inmersión -porque Maragall opina que, desde los últimos años de CiU, el sistema se ha ido debilitando- llegue a todos los centros de primaria que lo necesiten.

Las nuevas particularidades demográficas catalanas también han animado al conseller a incluir a algunos centros de secundaria entre los afectados. «En esas edades, las medidas estarán dirigidas a chicos y chicas que se han incorporado a la escuela catalana en los últimos años de primaria, o que se incorporan directamente en los primeros de secundaria.

Para elaborar el mapa de aplicación de las nuevas normas, cada cuatrimestre se iniciarán 20 seminarios en distintos puntos de Cataluña, con el objetivo de llegar a un centenar ya cursados en 2010. Precisamente, la identificación de esos puntos es una de las primeras misiones del plan que ha elaborado la Generalitat.

El conseller d'Educació explicó que el objetivo del proyecto es implantar «la igualdad de condiciones» y fomentar «el aprecio y la estima por la lengua catalana» con una «adhesión voluntaria y consciente» por parte de los alumnos. «Actualizamos el plan para que ni un solo chico o chica quede fuera de lo que significa el dominio lingüístico», dijo Maragall, que se refirió a la necesidad de dominar tres idiomas: castellano, catalán e inglés.

Sin embargo, cuando se le preguntó qué hará para que los recién llegados dominen también el castellano, la otra lengua oficial, señaló: «Esas medidas ya están tomadas, ha quedado claro con las notas en los últimos exámenes de Selectividad». El plan, que consta de tres fases, se completará con la autoevaluación de un año de inmersión lingüística en un colegio -segunda fase- y con el establecimiento de un grupo de trabajo entre los distintos centros para intercambiar experiencias, lo que constituirá la tercera fase del proyecto.

Asimismo, Maragall aclaró que este proyecto no sustituirá a las aulas de acogida -una especie de curso intensivo de catalán para los recién llegados- y añadió que a este plan también hay que sumar los decretos de ordenación de primaria y secundaria, además del plan de impulso de lenguas extranjeras, entre otros. «El plan debe servir a los intereses globales de la educación», especificó.

POLITICA LINGÜISTICA / Las propuestas de los independentistas
Esquerra quiere que los maestros evalúen el uso del catalán también fuera de las aulas
Los republicanos presentan un paquete de medidas para «garantizar que en el contexto escolar y en las actividades extraescolares, deportivas y de ocio el catalán sea la lengua vehicular y de relación»
El Mundo  10 Julio 2007

BARCELONA.- En Esquerra han detectado que «el uso del catalán está estancado» entre los escolares y se han propuesto «actuar con determinación» para aumentar la presencia de esta lengua «tanto en la escuela como en el tiempo extraescolar».

Con este objetivo, los republicanos presentaron ayer un documento que contiene una batería de medidas para asegurar que el catalán se convierta en un idioma «usado con naturalidad» y, en definitiva, en «lengua necesaria, que tenga una continuidad en el entorno escolar». Estas ideas han nacido para ser aplicadas principalmente en la educación Secundaria, aunque Esquerra también ha notado que «en los últimos cursos de Primaria existen unos comportamientos lingüísticos nada favorables al uso de la lengua [catalana]».

Así y con el objetivo de garantizar el derecho de los alumnos de hoy, ciudadanos de mañana, «a vivir en catalán en Cataluña», los independentistas sugieren que los profesores «evalúen» los usos idiomáticos de los escolares «durante todo el tiempo en el espacio educativo».

También proponen evitar que «el alumnado sea quien dé la pauta respecto a la lengua que se ha de hablar» y quieren que se tomen «las medidas necesarias» para que cuando el profesorado hable en catalán, los estudiantes utilicen también este idioma, a fin de evitar que los maestros acaben pasándose al castellano.

La idea que subyace en la propuesta de Esquerra es que los jóvenes aprenden catalán en el colegio, saben leerlo y escribirlo, pero luego no lo utilizan en la vida cotidiana. Por eso, los republicanos abogan por hacer «evaluaciones orales» y también por organizar concursos musicales en lengua catalana.

La propuesta presta especial atención a las llamadas aulas de acogida, donde se escolariza a los alumnos inmigrantes recién llegados, y pide que se revisen los criterios de selección del profesorado de estas aulas, porque son muchos los maestros «que no tienen claros los criterios lingüísticos y creen que hay que enseñar al mismo tiempo catalán y castellano».

ERC plantea también la posibilidad de «premiar con recursos económicos» a los colegios que mejor apliquen la inmersión lingüística. Este objetivo podría conseguirse con «evaluaciones periódicas» a todos los centros escolares situados en Cataluña.

En la misma línea, los republicanos consideran necesario subvencionar a los fabricantes de material didáctico para que «no sean simples traducciones, sino materiales centrados en el ámbito cultural catalán, con una visión desde Cataluña».

El documento, que es fruto de una tormenta de ideas en la que han participado casi todos los dirigentes del partido independentista, pide también que se garantice que la literatura universal «se haga usando materiales en catalán, tanto por lo que se refiere a los libros de texto, como a las ediciones de las obras analizadas y a las traducciones del griego y del latín».

Para que el profesorado se anime a participar en este proyecto, ERC recomienda poner en marcha un postgrado interuniversitario y facilitar el consumo cultural de los maestros poniendo a su disposición descuentos para teatros, museos y conciertos.

Por lo que se refiere al personal no docente, «debe conocer y dominar las dos lenguas oficiales, y debe estar en condiciones de hacer un uso adecuado del catalán como lengua propia de la enseñanza».

La propuesta de Esquerra, que se llevará a las instituciones con presencia de los republicanos para que pueda convertirse en ley o decreto, contempla también la realización de estudios y sondeos «fiables» sobre los usos lingüísticos de los jóvenes tanto dentro como fuera de las escuelas. Y también prevé que los adolescentes hagan cursos de catalán durante las vacaciones de verano.

La portavoz de Esquerra, Marina Llansana, se mostró ayer encantada de que el conseller Ernest Maragall se haya «fijado» en el documento de Esquerra para poner en marcha su plan para reforzar la inmersión lingüística en Secundaria.
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