AGLI

Recortes de Prensa     Sábado 14 Julio   2007

Final del terrorismo sin diálogo con ETA
POR ROGELIO ALONSO ABC 14 Julio 2007

A pesar del fracaso de la negociación con ETA, todavía se insiste en mantener abierta la vía del diálogo con la organización terrorista, si bien se matiza que sólo tendrá lugar en determinadas circunstancias y sobre aspectos concretos como la disolución de la banda y la situación de sus presos. Sin embargo, la reciente experiencia, y otras anteriores, revelan cómo esa opción facilita a ETA el engaño de dirigentes y ciudadanos predispuestos a aceptar las señales equívocas que sobre su hipotética desaparición los terroristas deseen transmitir. De esa forma el Estado pone a disposición de ETA un instrumento con el que, en momentos de debilidad, la banda genera una notable confusión dividiendo a quienes se encargan de combatirla. En esas condiciones, y tras haber sufrido el terrorismo etarra durante décadas, la ansiedad colectiva derivada del deseo de poner término a la violencia puede ser fácilmente manipulada. Así ha ocurrido en estos tres últimos años, enfatizándose la incompatibilidad de negociación e intimidación pese a la existencia de ambas en condiciones inadmisibles al infringirse la resolución parlamentaria que sólo autorizaba el diálogo si antes los terroristas demostraban una «clara voluntad de poner fin a la violencia». El gobierno ha insistido en que no traspasaría unos límites que, no obstante, ha rebasado, justificando dicha vulneración mediante la relativización de las reglas impuestas al inicio del proceso. Se oculta así que el establecimiento, aparentemente firme, de dichas demarcaiones obedecía a la necesidad de respetar un procedimiento sin el cual la iniciativa carecía de validez.

Consecuentemente, si la resolución del Congreso pretendía dar legitimidad a la negociación, el incumplimiento de dicho mandato evidencia la ausencia de cobertura para una política, por tanto, dañina. Se ha intentado encubrir el éxito que para ETA supone esa cesión gubernamental enmascarando el escenario de negociación bajo un imaginario y positivo «fin dialogado de la violencia» que no era tal. Con esos precedentes la oferta de diálogo para el futuro proporciona a ETA la posibilidad de volver a gestionar a su conveniencia su actividad terrorista, sabedora de que a pesar de sus crímenes dispondrá de otra oportunidad en la que nuevamente podrá debilitar al Estado mediante tácticas similares a las que ya se han revelado eficaces para los terroristas. Así lo avala la pertinaz posición del gobierno presentando como una obligación de todo gobernante el diálogo con terroristas a pesar de que, obviamente, ningún dirigente debe comprometerse con acciones que una y otra vez se demuestran contraproducentes. Por todo ello, parece razonable descartar categóricamente el diálogo y la negociación con la banda en supuestos como los que hoy siguen defendiéndose.

Es precisamente la disuasoria credibilidad que se desprende de tan firme negativa la que garantiza el abandono del terrorismo sin concesiones para el Estado, como ocurrió con el dirigente etarra Francisco Múgica Garmendia y otros presos que en 2004 reclamaron la finalización de la violencia tras concluir que la «estrategia político-militar» de ETA había sido «superada por la represión del enemigo» ante «la imposibilidad de acumular fuerzas que posibiliten la negociación en última instancia con el poder central». Este significativo episodio de desvinculación constata que el abandono del terrorismo es posible sin diálogo con los terroristas, siendo viable dicha salida precisamente como consecuencia de la ausencia de negociación. Por tanto la eliminación de esa expectativa de diálogo se convierte en una condición necesaria para la ansiada desaparición de la violencia. En cambio, la promesa de dialogar con la banda asume implícitamente la progresión hacia una negociación que excede los límites, en apariencia infranqueables, que se fijan con objeto de ensalzar las ventajas de un diálogo que en teoría nunca se realizaría bajo la amenaza de la violencia y que quedaría restringido a la situación de los presos y a la disolución de la banda. El motivo radica en que cuestiones tan concretas ya pueden, y deben, abordarse mediante mecanismos existentes en nuestro sistema democrático, sin que se requiera para ello crear instrumentos ad hoc. Al supeditarse el fin de la violencia al diálogo entre una organización criminal y el Estado, éste asume parte del argumentario terrorista que denuncia la imperfección de la democracia, argumento que resultaría cierto si realmente no fuera posible la salida del terrorismo sin una negociación que, sin embargo, no ha sido precisa para que otros terroristas renunciasen a su militancia.

El implícito reconocimiento de indulgencia penal que conlleva la admisión del diálogo en condiciones como las referidas coadyuva a superar esos límites fijados por el Estado, abocando a éste a una negociación política que pasa a ser justificada en aras de una aspiración tan loable como la erradicación del terrorismo. Bajo pretexto de que el fin último justifica los medios, el Estado alienta así la creencia en la eficacia de la coacción, premiando al terrorista con una favorable distinción cualitativa de la pena y de sus crímenes. En consecuencia, ETA da por descontado que la impunidad para sus presos es una concesión ya conquistada que le induce a plantear su disolución sólo a cambio de otros objetivos más ambiciosos. De ahí que el prometido diálogo sobre «paz por presos» deje de representar un factor de disuasión, incentivando el mantenimiento de la amenaza una vez el terrorista ve confirmado que el Estado relega la aplicación del sistema penal y de procedimientos ordinarios inalterables frente a otros criminales. Por el contrario, la negativa del Estado a establecer dicho diálogo, defendiendo las vías de salida del terrorismo que la democracia ya ofrece, aporta credibilidad a la posición estatal garantizando que la paz y la libertad se antepongan a la política. En esas circunstancias las redenciones serían resultado de la efectiva desaparición de la violencia, favoreciendo la presión sobre ETA desde su propio entorno de acuerdo con la lógica que en 2003 se apreciaba en Gara. En serios momentos de debilidad para ETA simpatizantes del entorno radical señalaban: «Hay algo importantísimo que de primeras ganaríamos sin ETA: no habría seiscientos detenidos al año. Habría treinta y, quizás, tras varios años, nadie». Otro articulista añadía: «La izquierda abertzale ha probado durante treinta años con ETA. Que pruebe ahora sin ella».

Estas críticas confirman que el abandono del terrorismo no exige que el Estado construya una narrativa legitimadora de dicha opción mediante la oferta de diálogo, siendo ese relato explicativo responsabilidad de ETA. Los hechos ratifican que sus dirigentes podrían articularlo si existiera una verdadera voluntad de renuncia. Ésta únicamente parece posible en un escenario de derrota incompatible con una coyuntura de final dialogado como el acometido, pues sólo así se fomenta el cuestionamiento táctico de una violencia que entonces sí resulta contraproducente para ETA. Debe subrayarse que nuestro ordenamiento contempla ya la reinserción de los terroristas, si bien condicionada a la renuncia a la violencia para evitar que el terrorismo extraiga «ventaja o rédito político alguno», tal y como demanda el Pacto por las Libertades, y en contra de lo que supone el fin dialogado propugnado. Las razones aquí expuestas demuestran que el ofrecimiento de diálogo estimula la continuidad de la amenaza al racionalizar los terroristas que su violencia siempre será recompensada, y no penalizada, con otra oportunidad. De ese modo los dirigentes políticos, seducidos por el objetivo último de terminar con el terrorismo, se ven impelidos a ceder a ETA la iniciativa en la política antiterrorista convirtiendo el diálogo en un arma contra el Estado.
ROGELIO ALONSO
Profesor de Ciencia Política. Universidad Rey Juan Carlos

Romance del Estatut
POR LAURA CAMPMANY ABC 14 Julio 2007

Siempre se ha dicho de España que es un país singular. Yo esa virtud tan señera no se la voy a negar, pues a ver en qué otra parte de nuestro mundo mundial una región que ya goza de absoluta libertad y tiene más que aceptado el hecho diferencial, te redacta un estatuto anticonstitucional, lo vota en su parlamento con toda tranquilidad, dice que aquello va a misa, sea o no sea legal, y «tutti quanti contenti», y aquí no ha pasado «na».

En tanto que se pronuncia el egregio tribunal, el Estatut ya se aplica -¿a qué vamos a esperar?- en Barcelona, en Castefa y en Sant Boi de Llobregat, y es el Libro de Petete de la Generalitat. «Catalonia is not Spain». Bueno, pues va a ser verdad, porque si es una nación, es, como mínimo, igual a esa España que defiende la derecha radical. Toda nación que se precie tiene una lengua y no más, y en Cataluña, señores, lo que se habla es catalán. Los catalanes que tengan como lengua vehicular el japonés o el polaco, o el castellano quizás, siempre pueden aprenderla participando en un chat. ¿Que allí los hispanohablantes suman casi la mitad? Pues que hubieran emigrado a Quito o a Bogotá.

Pero una lengua, señores, no da la felicidad. Una nación necesita su selección nacional. Urgentemente precisa un gobierno de verdad, con Rovira de sochantre, de estratega, Maragall, y de notario del Reino el que designe Artur Mas, ministerio de Exteriores, de Interior y Sanidad, y, lo que es más importante, independencia fiscal. Con esto, cuatro embajadas, y mucho coche oficial, serán por fin un estado los Països Catalans, y ya habrá cuatro naciones con estatus similar: Catalonia, Libertonia, Sildavia y Chiquitistán.

El fracaso escolar, cuestión de Estado
Editorial ABC 14 Julio 2007

SEGÚN los últimos datos publicados por el periódico «Magisterio», el fracaso escolar afecta a cerca del 30 por ciento de los alumnos, el porcentaje más alto desde 2000 y con un incremento de tres puntos desde este año hasta 2005. El mapa del fracaso de los alumnos españoles se concentra en Baleares, Comunidad Valenciana, Canarias, Andalucía, Murcia y Extremadura, comunidades que superan el 29,6 por ciento alcanzado por la media nacional. Ceuta y Melilla son casos especiales que superan el 40 por ciento. En el reverso de la situación se encuentran Asturias, País Vasco, Navarra y Castilla y León, cuyos porcentajes oscilan entre el 14,9 por ciento de la primera y el 20,9 por ciento de la última.

Al aumento de los alumnos que fracasan se suma la distancia que separa a la comunidad con peor resultado de la que obtiene el mejor (con una diferencia de 23 puntos porcentuales), lo que quiere decir que se está abriendo una sima social en materia educativa con consecuencias muy negativas para la formación general de los jóvenes y su adecuación para el mercado de trabajo. Estos datos revelan que el sistema educativo acusa el golpe de varios errores de planteamiento que, a pesar de todo, se mantienen inalterados. El primero es que el modelo de educación se ha impregnado de una evidente falta de ambición formativa, en sintonía con una actitud social generalizada que no premia el esfuerzo, el sacrifico ni la dedicación al estudio.

Suele cuestionarse si los colegios e institutos son o no suficientemente exigentes con los alumnos. El problema, en cambio, y aunque haya algunos casos concretos de dejación por parte de los centros, es si la sociedad está dispuesta a ser exigente con la formación de los jóvenes y a aceptar que su enseñanza se base en criterios de disciplina, conocimiento y dedicación. En este sentido, la colaboración de los padres es imprescindible para dotar al sistema de mayor nivel de calidad y como ésta colaboración no se produce ni los poderes se sienten obligados a revisar sus normas educativas, ni el profesorado cuenta con el respaldo necesario para ejercer su labor con autoridad. La experiencia diaria de los maestros muestra cómo aumenta el proteccionismo paterno al alumno no sólo frente a cualquier decisión disciplinaria del centro, sino también a un simple suspenso. El incremento de agresiones a profesores por parte de familiares de alumnos es todo un síntoma de esta situación.

El segundo error es la fragmentación territorial del sistema educativo. Obviamente, no se puede aspirar a un mismo nivel de excelencia académica en todas las comunidades autónomas, porque cada una de ellas presenta factores propios, como la población escolar, los recursos asignados o el impacto inmigratorio en la conformación del alumnado. Esto último obliga, como debe ser, a la organización de planes específicos de refuerzo académico y lingüístico, con la consiguiente repercusión en el rendimiento general. Pero precisamente por estos factores territoriales es necesario que desde los poderes del Estado se creen los medios legales adecuados para cohesionar el sistema educativo español, sin lo cual no sólo seguirá instalado en la mediocridad académica y en la fragmentación social, sino que dificultará, como ya está sucediendo, cualquier proyecto político, cultural o económico que se base en una idea nacional y común de los españoles.

Si la discusión en Cataluña consiste en dejar la enseñanza del castellano en dos horas o tres a la semana; si el alumno de Bachillerato podrá pasar de curso aunque suspenda la mitad de las asignaturas; si cada vez que se habla de una examen general de conocimiento salen a la luz todos los prejuicios «progresistas» contra la cultura del esfuerzo y el estudio -como los que dedicaron a la Comunidad de Madrid por hacer a todos los alumnos madrileños una «Prueba de Conocimiento y Destrezas Indispensables»-, lo previsible es que en el futuro los porcentajes del fracaso escolar no disminuyan y que la formación de los alumnos sea cada vez más deficiente.

Objeción de conciencia
POR JUAN MANUEL DE PRADA ABC 14 Julio 2007

Aseguraba Manuel de Castro, secretario de la FERE, en una excelente entrevista concedida a Milagros Asenjo que la disciplina llamada Educación para la Ciudadanía será impartida en la escuela católica a la luz de los principios de la antropología cristiana. No creo que existan razones para dudar de su afirmación. Sin embargo, no creo que esta certeza baste para concluir que «la objeción de conciencia en los centros católicos carece de sentido». La objeción nace como un mecanismo de defensa frente a la intromisión del poder en el ámbito de la conciencia; pero, siendo un instrumento de defensa individual, posee una proyección social: a quien objeta no lo mueve tan sólo el interés personal; quien objeta anhela también que ese instrumento pueda servir a otros que se hallen en idéntica circunstancia. En cierto modo, puede afirmarse que el objetor se expone por otros, actúa como ariete frente a una imposición que considera injusta para que otros en el futuro puedan beneficiarse de su actitud pionera. Calificar de «innecesaria» la objeción de conciencia en los centros católicos podría malinterpretarse como un acto de egoísmo. Si algo define la postura del cristiano en la sociedad es el amor a la justicia, un amor generoso que anhela el bien ajeno, antes que el propio, aunque la búsqueda de ese bien ajeno le granjee animadversiones y aborrecimientos. Convendría que releyésemos la Epístola a Diogneto, para entender cuál es la misión dolorosa y sacrificada del cristiano en la sociedad.

En la mencionada entrevista Manuel de Castro alertaba también sobre el peligro de que la objeción de conciencia contra la asignatura llamada Educación para la Ciudadanía se volviese contra las escuelas católicas, de tal modo que algunos padres la ejercitasen contra la asignatura de Religión, o incluso contra el propio ideario del centro. No creo que sea lo mismo objetar contra una disciplina obligatoria que invade la libertad de conciencia que contra una disciplina optativa, fruto del derecho de los padres a elegir la educación moral y religiosa que desean para sus hijos. A nadie se le fuerza a matricularse en un centro de ideario cristiano; y no creo que sea posible «aceptar sólo en parte» el ideario de un centro cristiano, puesto que dicho ideario lo integra una sola idea indivisible: la idea de realizar el Evangelio de Jesús a través de la enseñanza. Ya existe al alcance de cualquier padre un modo de objetar contra el ideario de la escuela católica: consiste en matricular a sus hijos en un centro que no sustente su labor educativa sobre la esencialidad del Evangelio.

En otro pasaje de la mencionada entrevista Manuel de Castro augura «un porvenir bastante incierto» a la objeción contra la asignatura de Educación para la Ciudadanía y un «éxito jurídico muy limitado». Desde luego, si son cuatro gatos quienes objetan, puede anticiparse que tal instrumento se revelará inútil; no tengo tan claro que si son decenas o cientos de miles las personas que objetan pueda concluirse que la objeción sea un fiasco. La criminalización del objetor será mayor cuanto más solitaria sea su causa; y las llamadas al derrotismo contribuirán, sin duda, a esa criminalización. Quizá existan instrumentos jurídicos más eficaces que la objeción contra la imposición de una asignatura que invade el ámbito de la libertad de conciencia; en este caso, la mejor contribución que puede hacer la escuela católica a la sociedad consistiría en informar a los padres sobre tales instrumentos alternativos, no en formular proclamas disuasorias.

Como católico, me apena profundamente que los titulares de la escuela católica y la CONCAPA muestren descarnadamente sus disensiones, que no son sino la expresión tristísima de una traición a la encomienda evangélica: un solo rebaño, un solo pastor. Unos y otros deberían meditar aquellas palabras de San Pablo a los corintios: «Os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos habléis igualmente y no haya entre vosotros cisma, sino que seáis concordes en el mismo pensar y en el mismo sentir. He sabido que hay entre vosotros discordias, y que cada uno de vosotros dice: Yo soy de Pablo, yo de Apolo, yo de Cefas, yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo?».

Reglas de juego
IGNACIO CAMACHO ABC 14 Julio 2007

SI Zapatero y sus socios se lo hubiesen propuesto, una reforma electoral por mayoría simple para instaurar la circunscripción mayoritaria habría dejado al PP sin un solo diputado en Cataluña y el País Vasco, imposibilitándole para siempre de cualquier oportunidad de ganar las elecciones. Por eso Rajoy solía mostrarse cauto a la hora de hablar de un cambio de las reglas, temeroso de que el furor revisionista del Gobierno y su política de arrinconamiento del centro derecha desembocasen en un pacto del Tinell elevado a la máxima potencia que habría supuesto, de hecho, la ruptura del orden democrático vigente.

Ahora, por primera vez, el líder de la oposición ha abordado con claridad una propuesta programática de una nueva ley electoral que impida el habitual mercado negro de votos que subvierte en los despachos el resultado de las urnas. Esa reforma es imprescindible porque el sistema de la Transición ha originado toda clase de abusos que han malversado su bienintencionada propiedad de dar cauce a las minorías, pero sus consecuencias son tan decisivas en la escena política que Rajoy debe afinar cuanto antes el alcance concreto de su oferta, abriendo si es necesario el debate imprescindible sobre el «ballotage» o segunda vuelta, y precisando si lo que se pretende es modificar el sistema de municipios y autonomías o si, ya puestos, vamos a abordar los porcentajes de participación mínima en el Congreso de los Diputados y la consiguiente repercusión en la presencia de los grupos nacionalistas. Pero una cosa debe quedar clara antes de que la discusión se descontrole y pervierta en una reyerta de intereses: esa clase de iniciativas sólo pueden llevarse a efecto a partir de un consenso mayoritario lo más amplio posible, como mínimo de los dos grandes partidos que pueden gobernar en España. Por mayoría simple no se cambian las reglas con las que hemos de jugar todos.

Entretanto se dilucidan las condiciones objetivas que puedan hacer posible esa reforma, conviene que sepamos bajo qué pautas se va a disputar la partida decisiva de 2008. En ese sentido, y visto que de momento el presidente guarda silencio, Rajoy ha de emplazarlo para que defina en público si sigue vigente su compromiso de 2003, en el sentido de no intentar gobernar si no saca un voto más que el segundo, o si por el contrario aquella palabra de caballero se ha perdido en el fragor de la trifulca de truhanes en que se ha convertido esta legislatura. Los ciudadanos queremos saber, y merecemos saberlo, si el trile de los despachos municipales y autonómicos puede tener continuidad a la hora de decidir sobre el próximo presidente del Gobierno. Zapatero se creó a sí mismo un precedente, limpio y honorable, y ha quedado rehén de esa promesa que, a falta de un reglamento que la plasme, debería transformarse en irrevocable norma de uso consuetudinario. Pero debe renovarla de forma expresa para despejar dudas y clarificar el panorama antes de ir a las urnas. En política, la ambigüedad es la mejor aliada de los tramposos.

El abogado del PSOE
EDURNE URIARTE ABC 14 Julio 2007

El abogado del Estado está para defender al Estado, como su nombre indica. Y al Gobierno, que es parte del Estado. Pero no creo que le corresponda incorporar a sus argumentaciones las consignas de los mítines del PSOE. En este caso, el «Tú más», el único argumento exhibido por el PSOE en defensa de su reforma del Estatuto de Cataluña. Y el que se le ha ocurrido ahora a la Abogacía del Estado para defender al Gobierno de la impugnación presentada por el PP al Constitucional.

Seguramente, la estratagema de la Abogacía del Estado, la puesta de relieve de las contradicciones de quien ha impugnado, es jurídicamente sostenible. De hecho, su escrito ha sido admitido por el Constitucional. Pero es políticamente impresentable. Para la Abogacía del Estado, y, sobre todo, para el Gobierno. Porque no son las contradicciones políticas del PP lo que se dirime en el Constitucional, eso lo juzgarán los ciudadanos en las elecciones, sino la constitucionalidad del Estatuto catalán.

Pero la campaña del «Tú más» muestra un problema mucho más grave. Que el PSOE no cree realmente en la constitucionalidad del Estatuto catalán. Y que, ante la evidencia de su propia culpa, ha decidido que la única estrategia posible, la del mal menor, es intentar identificar la misma culpa en los demás. Es decir, que al acusado de este juicio lo tildan de ladrón, y el ladrón y su abogado, que no poseen ninguna prueba sólida para negar la imputación de los denunciantes, deciden que lo mejor es acusar de ladrón a quien ha puesto la denuncia.

Si esto quedara ahí, en la estratagema de un ladrón en apuros judiciales, incluso podríamos sonreír ante su descaro. Pero el «ladrón» de esta historia es un Gobierno que ha liderado al Estado para aprobar un Estatuto que cuestiona los mismos fundamentos constitucionales de ese Estado. Y ese Gobierno, que tantos chistes ha hecho con lo que llama la Apocalipsis de la oposición y el «España se rompe», les cuenta ahora a los españoles, en forma de escrito al Constitucional, que, en realidad, no saben muy bien si España se rompe. Pero que, si es así, que quizá, quieren repartir las culpas con el PP.

PSOE
Zapatero y el socialnihilismo
GEES Libertad Digital 14 Julio 2007

Sin duda es aún pronto para saber a qué lugar conducirá exactamente Zapatero al Partido Socialista. Aún desconocemos si es posible una reacción interna o una escisión socialdemócrata en la línea de la izquierda europea. Lo que sí sabemos es que el PSOE no sólo ha recuperado lo peor de su tradición histórica, nada ajena al derramamiento de sangre, sino que más aún que el radicalismo político, lo que caracteriza precisamente a Zapatero es haber desplazado al PSOE hacia el relativismo ideológico, hacia el rechazo explícito de principios y contenido político o ideológico de cualquier tipo.

La caída del Muro y el 11-S llevaron a la izquierda europea a replantearse algunas cosas, como no podía ser de otra forma. Sin embargo, lo que caracteriza al PSOE es precisamente lo contrario: el rechazo siquiera a dotarse de un corpus ideológico, aun izquierdista. Fuera de toda coherencia ideológica, este vacío explica que el PSOE pueda pactar al mismo tiempo con partidos revolucionarios y con partidos profundamente conservadores, nacionalistas y aún reaccionarios. O la defensa al mismo tiempo de la homosexualidad y del islamismo más homófobo. O la defensa de los privilegios entre españoles de primera, de segunda e incluso de tercera.

Zapatero está llevando a la izquierda española a desideologizarse salvajemente. Faltan principios y coherencia de cualquier tipo, incluso los más tradicionales del sindicalismo o del socialismo. Este vacío ideológico se sustituye con el uso masivo de la propaganda y la manipulación informativa. A corto plazo la cosa proporciona buenos réditos, pero a la larga será catastrófica para el PSOE, la izquierda y el propio país. El peligro viene del hecho de que la falta de proyecto es ya en sí misma un proyecto de futuro.

La derecha española en general y el Partido Popular en particular deberán ir actuando en consecuencia. De aquí a las próximas elecciones se hará patente que el PP no tendrá enfrente un proyecto para España, sino más bien la negación explícita de cualquier proyecto. Una especie de socialnihilismo, de rechazo y odio a toda reflexión intelectual o política, de sustitución de las propuestas y el debate por las consignas y el griterío. Rajoy y el PP no pueden esperar mucho antagonismo puramente ideológico de un partido que está haciendo apología del irracionalismo, el emotivismo y la demagogia.

Ante eso al PP le caben dos opciones. La primera proviene de la tentación y los cantos de sirena del PSOE y de la izquierda mediática que le acompaña en su socialnihilismo; sumarse al juego del poder, de la disolución ideológica, del todo vale y nada es valioso. De aceptar los carnéts de moderación y correción política que otorga el socialnihilismo. La segunda es recoger y mantener contra viento y marea los principios políticos propios, que se han demostrado verdaderos, e incluso recoger aquellos principios que el PSOE de Zapatero desprecia en su ansia de poder y ha abandonado definitivamente: la seguridad, la defensa, la educación, la familia. Es decir, la ambición nacional. Así las cosas, en España, contra el socialnihilismo, el sarkozismo se demostrará andando.
GEES, Grupo de Estudios Estratégicos.

Más Francia, menos minorías
JUAN PEDRO QUIÑONERO ABC 14 Julio 2007

Sin prejuzgar el resultado final de las posibles reformas constitucionales sugeridas por Nicolas Sarkozy, todos los proyectos avanzados confirman el deseo de dar a la proyección internacional de la influencia y la fuerza un sólido fundamento nacional, reafirmando todos los pilares fundacionales de la V República.

Como preámbulo a su visita oficial a Ile-Longue, donde se encuentra la base nacional de submarinos nucleares, para reafirmar su determinación al uso del sable nuclear, en caso de «necesidad suprema», Sarkozy insistió en su visión personal del funcionamiento del Estado: un modelo electoral que permite formar mayorías gubernamentales sólidas, eliminando el chantaje de las minorías; y una apertura política más allá de las fronteras de su propio partido, para tomar decisiones que afectan a la seguridad e integridad nacional, libre de toda hipoteca minoritaria.

Desde la óptica presidencial francesa, los regímenes federalistas y los modelos electorales proporcionales tienen el inconveniente de fragmentar el tejido social, limitar la proyección internacional de la fuerza, y recortar las libertades, dando a las minorías un poder desorbitado contra las mayorías.

Cuando el presidente francés desea consumar una doble ruptura contra los inmovilismos y arcaísmos de izquierda (Mitterrand) y derecha (Chirac), la adaptación del Estado a las nuevas realidades nacionales e internacionales pasa, a su modo de ver, por la introducción de cambios significativos, respetando lo esencial: la apertura política está llamada a integrar a muchas familias políticas y culturales (izquierda reformista, minorías inmigrantes, negras y musulmanas) en una misma ambición nacional; el modelo electoral mayoritario, un nuevo estatuto oficial para la oposición parlamentaria, el diálogo directo entre el presidente, la opinión pública y la Asamblea Nacional, obedecen a la lógica de la doble responsabilidad: el presidente se compromete personalmente y, a cambio, pide confianza para proponer cambios de fondo, cuyo objetivo final es siempre el mismo, restaurar el puesto de Francia en Europa.

EL FORO ERMUA RESPONDE A AZKARATE:
Foro de Ermua 14 Julio 2007
“Nuestro proyecto es el ESPÍRITU DE ERMUA, es decir, todos por la libertad prescindiendo de las siglas partidistas”

Bilbao, 13 de marzo de 2006. La portavoz del Gobierno vasco retó, sorprendentemente, ayer al FORO ERMUA a que explique cuál es su proyecto para traer la paz. Los miembros del Foro Ermua aceptamos gustosos contestar esta elemental pregunta:

Se impone comenzar explicando a la Sra. Azkarate que en el País Vasco no necesitamos un proyecto para la paz, sino un proyecto para la libertad, para la convivencia en libertad. En Euskadi vivimos en paz aunque haya asesinatos, amenazas y chantaje; lo que nos falta desde hace casi setenta años, a pesar de que la Sra. Azkarate no quiera enterarse, es la libertad y su correlato de seguridad. Por eso nosotros tenemos no un proyecto para la paz, sino un proyecto para la libertad. Sintéticamente, las bases de este proyecto son las siguientes:

1º.- Deslegitimación social del entramado terrorista de ETA-BATASUNA y de los discursos identitarios de los que se sustenta, por ser antidemocráticos.

La movilización cívica y la denuncia del totalitarismo de ETA y de los discursos que pretenden fundamentar la soberanía en la identidad etnocultural o etnolingüística es requisito imprescindible para poner las bases de una sociedad de ciudadanos libres, iguales y solidarios que esté en condiciones de derrotar a la banda.

2º.- Delimitación del terrorismo como un fenómeno complejo que no se reduce a quienes aprietan el gatillo o colocan el amosal. Para hacer frente al terror hay que saber cómo funciona y cómo trata de extender sus redes sociales.

El terrorismo se despliega en diferentes frentes que incluyen los aparatos de movilización, las estructuras para hacer la pedagogía de la violencia, el frente institucional desde donde obtener financiación y amplificar el discurso terrorista, etc. Todos ellos son terrorismo y a todos se les debe hacer frente.

3º.- Presión legal, judicial, económica, policial y administrativa desde el Estado de Derecho al terrorismo en todos sus frentes, incluido el político institucional. Cumplimiento estricto de la Ley.

Para derrotar a ETA es necesario cortar su financiación pública, expulsar a los terroristas de los espacios institucionales desde donde extienden el terror, difunden su propaganda y obtienen información, desarrollar leyes más efectivas en la persecución y represión de todas las manifestaciones del terrorismo, continuar y aumentar la presión policial, etc. En definitiva, poner a todo el Estado de Derecho a funcionar contra ETA de manera decidida y constante y haciendo que se cumpla la Ley de manera estricta.

4º.- Aislamiento internacional del entramado ETA-BATASUNA.

En un mundo globalizado, donde los desplazamientos, las relaciones y los apoyos tienen carácter planetario, es necesario desarrollar un discurso democrático y de firmeza que sea correctamente explicado en el ámbito internacional. Hay que buscar las alianzas y los apoyos más allá de nuestras fronteras. Eso reducirá el ámbito de movimiento de los terroristas y nos permitirá contar con la colaboración efectiva del resto de los países.

5º.- Diseño de una política antiterrorista de Estado a largo plazo y basada en las anteriores premisas.

La unidad sobre bases inestables o mudables no es eficaz frente al terrorismo. La eficacia de la unidad democrática surge cuando se asienta en bases firmes y claras que perduran en el tiempo, haciendo perder la esperanza a los terroristas, quienes los amparan y quienes los disculpan.

Nada hay más eficaz que demostrar a ETA que jamás conseguirá ninguno de sus objetivos y, por el contrario, nada hay más negativo que hacer concebir a ETA esperanzas de que sus asesinatos pueden darle algún día frutos. Los intentos de diálogo con ETA antes de su rendición sólo alimentan la esperanza de la banda y su entorno.

Ésas son las líneas básicas de nuestro proyecto para recuperar la libertad en Euskadi. Es el proyecto de la democracia, de la Ley, de los principios y los valores. Su fundamentación ética está más allá de cualquier duda, su eficacia está acreditada, puesto que los escasos cuatro años en los que estuvo vigente, supusieron el mayor retroceso para la banda terrorista de su historia, llevándola a una situación de extrema debilidad. Si se hubiera continuado por esa senda, habríamos llegado en un plazo no muy dilatado a ver la definitiva desaparición de ETA, pasando a convertirse en un grupo residual en un proceso de “grapización” imparable.

El proyecto del Foro Ermua asfixia a ETA, frente a otros proyectos que dan esperanzas a los terroristas.

El proyecto del Foro Ermua profundiza en la democracia, frente a otros proyectos que pretenden el entendimiento con los asesinos, en detrimento del propio sistema democrático.

El proyecto del Foro Ermua es el proyecto de la libertad, frente a otros proyectos que buscan mantener el poder y sus prebendas gracias a la ventaja que les da la pervivencia de un supuesto “conflicto”, que ETA con su actividad terrorista pretende escenificar.

El proyecto del Foro Ermua es el proyecto de la justicia y del respeto a la ley porque sin ellas no hay paz, ni libertad, frente a los que pretenden imponer el perdón a las víctimas hacía unos asesinos que no muestran el menor indicio de arrepentimiento.

Esperamos que la Sra. Azcárate haya entendido finalmente cuál es el proyecto para la convivencia en libertad del Foro Ermua, aunque llevamos 10 años explicándolo. Por nuestra parte, le retamos a mantener un debate en televisión para confrontar nuestros proyectos.

Además, le remitimos gratuitamente nuestras publicaciones para que pueda estudiar nuestras propuestas, a pesar de la ausencia de subvenciones por parte del ejecutivo vasco a nuestra asociación

Pasión por la libertad (y II)*
Federico Quevedo El Confidencial  14 Julio 2007

El terrorismo ha hecho acto de presencia en la vida política española desde el primer momento en el que accedimos a la libertad. En el caso español confluyen en la manifestación de terror al menos dos de los mayores enemigos de la libertad: un trasnochado marxismo y un fundamentalismo excluyente y absolutamente nocivo para la idea de democracia liberal y de libertad. Adolfo Suárez afirmaba que “se pretende aniquilar nuestras esperanzas; se pretende sembrar la desconfianza, el odio, el recelo y el enfrentamiento entre todos y cada uno de los grupos políticos que representamos dignamente la soberanía popular; pero se pretende con la única y exclusiva finalidad de que nosotros, desencadenando esa reacción que produce el terrorismo, de desmoralización, suicidamente hagamos el trabajo que les falta por realizar”.

Sorprende escuchar ahora estas palabras, casi proféticas, anunciadoras del verdadero gran objetivo de los terroristas: que la sociedad, que el Estado, acabara asumiendo su chantaje y cediera a sus pretensiones, lo que de facto significaba tirar por la borda todo lo conseguido hasta este momento y poner la libertad de todos en manos de una ideología aniquiladora. Creo que si algo destacaría el ex presidente del Gobierno como la gran victoria de los terroristas sobre la democracia es la fractura social, la desunión de los demócratas frente a la amenaza de los violentos. Él nos pedía hace treinta años que “frente a la desmoralización que quieren provocar los ataques terroristas, la respuesta sea una respuesta colectiva de todo el pueblo español, una respuesta de solidaridad, una respuesta de responsabilidad”. Pues bien, hoy esto no es así. Lo fue en algún momento, cuando el asesinato vil y cobarde de Miguel Ángel Blanco llenó los corazones de todos los españoles de un grito atronador -¡basta ya!- que reclamaba libertad y esperanza.

No lo es hoy. Y estoy absolutamente convencido de que eso es lo que más podría doler en el alma de un político que amaba a su país por encima de todo, de ambiciones personales, de intereses de partido, de afectos familiares, de íntimas creencias... Quienes se declaran partidarios de la negociación y el entreguismo no han entendido nada del comportamiento nihilista de quienes empuñan las armas contra la libertad, su verdadera obsesión aunque escondan sus intenciones tras pretendidos conflictos políticos, religiosos o territoriales absolutamente inexistentes. Los enemigos de la libertad se multiplican dentro y fuera de nuestras fronteras y, como afirma Suárez, “lo que en última instancia está en juego es el ser humano, en su individualidad, en su libertad, en su dignidad moral, en sus condiciones de vida en suma”. Su defensa exige entrega, pasión por la libertad, fe en la democracia liberal y en las virtudes del pluralismo político y el respeto a las ideas de los demás, y ese es el cimiento de nuestra cultura democrática, pero no es el cimiento sobre el que se elevan otras culturas y otras civilizaciones.

Suárez concebía la libertad como una energía creadora, en permanente estado de evolución y cambio, contrapuesta al inmovilismo propio de las ideologías surgidas del marxismo y el fascismo, es decir, de los totalitarismos. El profesor Pedro Schwartz afirma que el liberalismo es la única ideología verdaderamente revolucionaria, la única que ha aportado progreso y desarrollo al ser humano en todos los ámbitos de su vida. Por eso sus enemigos no descansan y de nuevo, en nuestros días, vuelven a tener cierta preeminencia las críticas de los herederos del marxismo-leninismo al liberalismo, y las páginas de los periódicos, las estanterías de las librerías y, lo que es peor, las cátedras de las universidades se llenan de discípulos de Sartre que, como afirma Raymond Aron, “se esfuerzan por alcanzar a fuerza de sutilidad uno de los más groseros dogmatismos de la historia”, ese que supedita a la igualdad los avances logrados en la libertad del ser humano.

Los ‘demócratas dogmáticos’, los discípulos del populismo, nos presentan libertades formales no exentas de cierto atractivo, pero que en ningún caso son la esencia de la verdadera libertad, por eso es posible afirmar que hoy en día las libertades más amenazadas son las llamadas libertades liberales, aquellas vinculadas a la propia capacidad del individuo y las vinculadas al pluralismo social. Nuestra democracia refleja graves carencias que afectan directamente a nuestros espacios de libertad: la personificación del poder, la burocratización de la maquinaria estatal, la tendencia del parlamento a no ser más que ostentador simbólico de la mayoría, la renuncia a las reformas necesarias para avanzar en el desarrollo económico y la justa redistribución de los bienes, el empeño en manipular a los electores a través de los medios públicos de comunicación...

Son sólo algunos ejemplos. El estado, que fue concebido por Suárez en la transición como un ente garantista de las libertades, se ha convertido en un estado controlador del individuo y de la sociedad, como paso previo a una expresión máxima de autoritarismo. Suárez nos alertaba de los riesgos de la “prepotencia, la intolerancia o la soberbia política, porque siempre es la vuelta al pasado histórico, a la costumbre incivil de mirar al poder para anticiparse a sus deseos”. Y por eso el ex presidente, años después, cuando ya había perdido el poder, denunciaba “el abuso de la mayoría y la manera y la prepotencia con que esa mayoría no dialoga y cercena las iniciativas de control de las minorías, una mayoría que es incapaz del compromiso y que se cree en posesión de la verdad”. Creo, y lo digo sinceramente, que podemos vernos reflejados en estas palabras. Suárez afirmaba que la democracia no estará enraizada en España mientras no se fundamente en las virtudes que, según el, la sostienen, y que no son otras que la tolerancia, el respeto, el diálogo. Por el contrario, alertaba de una dimensión negativa de la propia democracia, la “pretensión de imponer desde el poder una ética determinada a toda la sociedad”, y añadía que “son los hombres los que tienen libertad en su búsqueda de la verdad y el bien, y el Estado debe proteger esa libertad”.

¿Es este Estado, tal y como lo conocemos hoy en día, garante de nuestra libertad, o es un Estado controlador con una visión paternalista de la sociedad civil? Pienso más bien que lo segundo, y esto ha impedido que la propia democracia haya sido incapaz de avanzar en la consolidación de los mecanismos de control del poder. “No usa adecuadamente el poder quien lo utiliza para evitar la crítica o hurtar el control, y quien es incapaz de negociar o pactar”. Esto, dicho hace décadas por Adolfo Suárez, es, sin embargo, el resumen, la definición exacta de los tiempos que vivimos. Dicho de otra manera, pero en palabras también del ex presidente del Gobierno, lo que debería ser un poder establecido para asegurar la libertad de los ciudadanos y sus derechos se caracteriza, sin embargo, por “paternalismo didáctico, falta de transparencia, autocomplacencia y obsesión por el control de la sociedad civil”. Treinta años después esta es una democracia joven, y sin embargo es una democracia enferma en la que los resortes del poder sufren de un cáncer de corrupción generalizada y agobiante.

La democracia liberal se estructura sobre la diversidad y sobre el acuerdo en las cuestiones fundamentales, y eso es lo que llamamos democracia-disenso, es decir, el modelo que permite tanto el acuerdo como el desacuerdo y que, sobre todo, delimita los cauces por los que van a discurrir ambos. Digo esto porque creo que los próximos años van a ser trascendentales para la consolidación de nuestro sistema de libertades o para su destrucción. Cuando se llevó a cabo la Transición, los enemigos de la libertad estaban dentro y eran perfectamente reconocibles. Hoy, treinta años más tarde, los enemigos son más numerosos y provienen tanto del interior como del exterior. Creo que la democracia sólo puede consolidarse con mayores mecanismos que garanticen espacios más amplios de libertad individual, por un lado, y mayores controles a la acción del ejecutivo, por otro. No es necesario inventar muchas cosas nuevas. Algunas, como una auténtica separación de poderes, ya están inventadas, simplemente es necesario confiar en su efectividad y tener fe en su grandeza.

*Extracto de la conferencia que el autor pronunció en la presentación en Bilbao, en el marco de la Fundación para la Libertad, del libro Pasión por la Libertad. El pensamiento político de Adolfo Suárez, el pasado 4 de julio, conjuntamente con el presidente de la citada Fundación, Nicolás Redondo Terreros. La misma sirvió de base a la pronunciada el pasado día 10 en Barcelona, en la presentación de la misma obra, de la mano del líder del PP de Catalunya, Josep Piqué. Para ver el texto completo pinche aquí. http://www.elconfidencial.com/fotos/Pasionporlalibertad_13072006.doc

Caffarel y Cervantes
Santi Lucas elsemanaldigital 14 Julio 2007

¡Si es que te provocan, hombre! Que hagan lo que quieran, de acuerdo, pero nombrar a Carmen Caffarel directora del Instituto Cervantes por su "vinculación al estudio y enseñanza del idioma español" ¡es muy fuerte, señores! Luego dirán que si les tenemos tirria, que si esto, que si lo otro. De verdad que no, que no hay nada personal contra esta señora, que basta darle un repaso a su gestión en RTVE para salir corriendo. Que le den un premio si quieren con cargo a los fondos reservados, una canonjía en Bruselas, que la hagan ministra de algún ramo, pero el Instituto Cervantes es un invento muy serio para destrozarlo en un rato.

Es que no tienen medida. Con tal de remunerar los favores políticos se hacen cosas disparatadas como esta. No es broma. Con Caffarel velando por el idioma español acabamos todos entendiéndonos por señas en poco tiempo, ya lo verán ustedes. Si está sobradamente contrastada su aptitud, ¿para qué hacer más experimentos? Si ya fulminó el servicio público de radiotelevisión y sembró la manipulación más corrosiva ¿cómo se puede repetir el desastre?

Desde luego, la capacidad de ZP para sorprendernos es infinita. Caffarel y Cervantes es un combinado explosivo, una asociación imposible, un tándem extravagante y fatal. Al lado de este nombramiento, el de Rosa Regás en la Biblioteca Nacional es un acierto pleno, una decisión prudente. ¿Cómo no va estar uno enfadado? Es que te pinchan y no sangras del disgusto. No es esto, no es esto. Ya dice la gente, y con razón, que "hoy puede ser un gran día, verás como viene ZP y lo estropea". Hay que movilizarse a la carrera para salvar el idioma español antes de que sea demasiado tarde.

TERCERA REMESA DESDE QUE ETA HIZO OFICIAL EL FIN DE LA TREGUA
ETA amenaza a los empresarios con extender la extorsión a sus familias si no pagan
La banda terrorista ETA ha pisado el acelerador en sus intentos de cobrar la extorsión a los empresarios y, para ello, ha remitido ya una tercera remesa de cartas extendiendo sus amenazas al advertir a los empresarios que si no pagan, remitirá las cartas de extorsión a sus familiares, según informaron a Europa Press fuentes de la lucha antiterrorista. Esta táctica no es nueva, ya que los terroristas la utilizan para que sean los familiares, debido al miedo, los que presionen al empresario para que pague la extorsión.
Agencias Libertad Digital 14 Julio 2007

Desde que se rompió la tregua el pasado 5 de junio, en poco más de un mes la banda ha remitido ya tres remesas de cartas amenazantes a los empresarios vascos en las que ha ido aumentando el tono de las amenazas. El tono de estas últimas remesa es muy distinto al que los etarras empleaban durante los meses del "alto el fuego permanente".

En las cartas que los terroristas enviaron durante los meses de tregua, se empleaba un lenguaje menos amenazante, que en algunos casos de ha calificado de "amable", ya que los etarras hacían referencia al "momento de cambio político que vive Euskal Herria" y llegaban a dar las gracias "de antemano", despidiéndose con un "respetuoso y cálido saludo revolucionario".

En la primera remesa tras el alto el fuego, ese tono comenzó a cambiar y pasó de petición a exigencia. En la segunda remesa, los terroristas amenazan directamente a los empresarios con ir contra ellos y sus bienes si no pagan la "ayuda económica" que les reclaman. En esta tercera remesa, han elevado el tono y, además de amenazarles con dañar su integridad física, avisan de que si no pagan, la próxima carta la enviarán a los familiares del empresario. Esta técnica ha sido utilizada por ETA en numerosas ocasiones antes de que se produjera el "alto el fuego" de la banda.

Muchas veces los empresarios evitan contarles la amenaza a sus familiares para no preocuparles, pero la banda buscar incrementar la presión contra el extorsionado enviándo estas cartas a la esposa o los hijos. Las fuentes consultadas explicaron que la preocupación entre los empresarios ha crecido notablemente con esta última remesa de misivas de extorsión por parte de ETA.

En la segunda remesa, los terroristas ya estaban exigiendo a los empresarios cantidades que van de los 100.000 a los 180.000 euros, en función de los que ellos estiman que puede pagar el extorsionado. Además, tras reclamar la cantidad, en el texto explican cómo abonarla. Así, piden al empresario que se dirija a los "habituales círculos de la izquierda abertzale". Le reclaman que mantenga una "discreción extrema" y que se abstenga de dirigirse a las fuerzas de Seguridad para denunciar la petición de este dinero.

También señalan que el afectado debe realizar el pago con billetes de 20, 50 y 100 euros y advierten de que: "el no responder positivamente a esta petición le haría acreedor de las medidas que ETA decida aplicar contra usted y sus bienes".

Además, se permiten clasificar a los empresarios, en la misma carta que les remiten para pedirles dinero. Así, afirman que hay tres clases. Por un lado, dicen que están los que son conscientes de la situación y que "a pesar de conseguir su capital explotando a los trabajadores, contribuyen económicamente a la construcción de Euskal Herría". En segundo lugar, dicen que hay empresarios que creen que "negar los derechos democráticos" de "Euskal Herría" no es problema suyo y en tercer lugar, incluyen a los que contribuyen a propósito para mantener la situación actual de "opresión".

Desiguales en su literalidad
POR SEGUNDO SANZ, MADRID. ABC 14 Julio 2007

«Nadie puede ir contra sus propios actos». Es la máxima con la que el abogado del Estado acusa al PP de recurrir el Estatuto catalán y, al mismo tiempo, dar el visto bueno al «homogéneo» texto estatutario andaluz. Sin embargo, hay otra máxima que dice «excusatio non petita, acusatio manifiesta» -el que da excusas no solicitadas, su implicación manifiesta- sobre la que también se puede reflexionar. La implicación de la Abogacía del Estado a la hora de elaborar un informe comparativo entre los dos Estatutos y remitirlo al Tribunal Constitucional no supone sino una nueva ofensiva -manifiesta- para que el partido de la oposición ceda en su firme oposición al texto catalán. Así al menos se considera en el PP y en círculos jurídicos.

Parece ser que en ese escrito el abogado del Estado se ocupa de ignorar la evidencia: dos textos similares en numerosos pasajes, pero de desigual literalidad y espíritu en los artículos más importantes. La «miopía», según fuentes consultadas, de los autores del informe, de 74 páginas y dos anexos, se observa desde el primer capítulo. El documento señala que el Estatuto de Andalucía «copia» del catalán un fragmento del preámbulo en el que se reconoce a la comunidad autónoma como una «nacionalidad». Sin embargo, el texto andaluz añade aquí una precisión muy significativa que en absoluto aparece en el caso catalán: «Nacionalidad, en el marco indisoluble de la nación española».

Consejo de Justicia Los Estatutos catalán y andaluz coinciden en que sus correspondientes Tribunales Superiores de Justicia son el órgano jurisdiccional en que culmina la organización judicial en ambas comunidades, así como la última instancia jurisdiccional de todos los procesos judiciales iniciados en ellas. Pero tal similitud se evapora en el artículo relativo al Consejo de Justicia. El Consejo de Justicia de Cataluña figura como «un órgano desconcertado del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), sin perjuicio de este último», mientras que el Estatuto andaluz concreta que «es el órgano de gobierno de la Administración de Justicia» en la región. Estructura competencial Cada uno de los textos estatutarios contempla una clasificación de competencias -exclusivas, compartidas y ejecutivas-, pero la lealtad a la Carta Magna brilla por su ausencia en el Estatuto de Cataluña cuando se refiere a las mismas. En cambio, el de Andalucía especifica que esta comunidad ejercerá tales competencias «respetando lo dispuesto en la Constitución y en el presente Estatuto».

Actividad económica La ausencia de mención a la Constitución se repite igualmente en el apartado que hace referencia a la planificación, ordenación y promoción de la actividad económica. Mientras el texto catalán se limita a decir que «corresponde a la Generalitat la competencia compartida» de la actividad económica en Cataluña, el otro texto indica que la comunidad autónoma andaluza asume dicha competencia «de acuerdo con las bases y ordenación de la actuación económica general», y en los términos de lo dispuesto en diversos artículos constitucionales.

Investigación La escasa remisión al Estado impregna el Estatuto de Cataluña, aunque ello escapa al abogado del Estado, en cuyo informe tacha de idénticos dos preceptos relacionados con la política exterior, cuando en realidad no lo son. Concretamente, el texto andaluz, a diferencia del catalán, apunta que la comunidad «participará en la fijación de la voluntad del Estado» respecto de las políticas que afecten a esta materia en el ámbito de la UE y otros organismos internacionales.
Empleo y relaciones laborales Otro ejemplo de la constante referencia del Estatuto de Andalucía a las leyes estatales se halla en el artículo 63. Aunque el abogado de Estado hable de «matices secundarios diferenciales» entre uno y otro, el andaluz, frente al silencio del catalán, menciona: «Corresponde a la Comunidad Autónoma, en el marco de la legislación del Estado, las competencias ejecutivas en materia de empleo y relaciones laborales».

Inversiones Tras criticar los razonamientos presentes en demanda del PP sobre este asunto, la Abogacía reconoce que el criterio para determinar la inversión en infraestructuras en una y otra Comunidad no es el mismo. El texto catalán dice que esa inversión en infraestructuras «se equiparará a la participación del producto interior bruto de Cataluña con relación al producto interior bruto del Estado para un periodo de siete años». Por su parte, el andaluz opta por la variable del peso demográfico para semejante espacio de tiempo.

Comisión bilateral Los dos Estatutos incluyen una comisión Estado-comunidad, pero ambos difieren en los principios en que se fundamenta dicha relación. Mientras el texto catalán afirma que ésta se rige «por el principio de autonomía, por el de bilateralidad y también por el multilateralidad», el Estatuto andaluz basa tal relación «en el marco del principio de solidaridad». Agencia tributaria En materia fiscal, ambos Estatutos recogen la creación de una agencia tributaria. Sin embargo -y esta comparación no figura en el informe del abogado del Estado, que prefiere cotejar otros apartados del mismos artículo-, el texto andaluz explica que la organización de la Administración de Andalucía en materia tributaria «adoptará la forma que mejor responda a los principios previstos con carácter general en la Constitución y en el presente Estatuto». Sin embargo, y así lo aprobó el pasado miércoles el Parlamento catalán, el consorcio entre la Agencia estatal y la catalana que contempla el Estatuto podría transformarse, en el plazo de dos años, en la «administración tributaria única» existente en esta región. Es decir, en la liquidación de la presencia tributaria del Estado en Cataluña.

El informe presentado por la Abogacía del Estado, donde equipara el Estatuto catalán con el andaluz, ignora las continuas referencias al Estado y la Constitución de este último texto, frente al carácter de bilateralidad que impregna el otro

El juez decano denuncia a un miembro de A Mesa por llamarlo mentiroso
Un socio de A Mesa pola Normalización Lingüística, Eduardo Álvarez, ha sido acusado por el juez decano de A Coruña, Antonio Fraga Mandián, de injurias a raíz de denunciar que un juzgado se negaba a notificarle una sentencia en gallego. El próximo 18 de julio, a las 11.45 horas, se celebrará en el juzgado de Instrucción número 4 la vista oral contra Álvarez.
REDACCIóN > A CORUÑA El Ideal Gallego 14 Julio 2007

A Mesa ha querido convocar para ese mismo día, a las 11.30 horas, ante la entrada del edificio de los juzgados coruñeses, un acto público de apoyo a su socio.

Los hechos se remontan a hace meses, cuando el juzgado correspondiente se negó a mandar una notificación en gallego a Álvarez a pesar de ser un derecho recogido en el artículo 7.2 de la Ley 3/1983 de normalización lingüística. El socio da Mesa denunció públicamente su indefensión al Consejo General del Poder Judicial, lo que le valió una denuncia del juez decano por llamarle mentiroso.

Un juez constitucionalista.
Nota del Editor 14 Julio 2007

Constitución Española, Artículo 3º.1. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. Este artículo es también de obligado cumplimiento para los inquisidores de la mesa por la erradicación del castellano, por tanto no tienen derecho a reclamar,  ni el sistema judicial español tiene obligación de traducir sentencia o proceso a lengua regional.

En defensa del castellano
El Mundo 14 Julio 2007

El portavoz adjunto del PP en el 'Parlament' denuncia la estrategia del tripartito para sacar el castellano de los colegios y su obsesión por multar a los comerciantes que no rotulan en catalán, y propone recuperar para el Estado las competencias lingüísticas

El Gobierno tripartito parece dispuesto a acabar con la lengua castellana en los colegios de Cataluña. Plegándose a los delirios independentistas de sus socios de Gobierno, Montilla ha decidido dar luz verde al plan que prevé invertir 2,3 millones de euros para formar a 3.000 profesores cuya labor será potenciar la inmersión lingüística en catalán.

Además, durante el pasado mes de junio el Ejecutivo catalán gastó más de 25 millones euros en subvencionar actuaciones relacionadas con la promoción de la lengua catalana, entre las que destacan las subvenciones a los medios de comunicación en catalán y a diversas entidades de la Comunidad Valenciana y Baleares para que promocionen el catalán en esas regiones y, de paso, tal y como ha pasado en Baleares, acabar con los gobiernos del PP.El Govern se dedica a enviar circulares a los colegios para que los niños hablen en catalán incluso en la hora del patio. Los socialistas catalanes han rechazado que pueda introducirse una tercera hora del castellano a la semana. Muy claro lo ha expresado el consejero de la Vicepresidencia al afirmar que «no se precisa más castellano en la escuela, sino más atención al catalán».

Hace unos meses se desató una gran polémica porque Mariano Rajoy dijo que en Cataluña se estaba produciendo una situación de persecución del castellano similar al que sufrió el catalán durante la dictadura. Los partidos políticos catalanes y buena parte de los medios de comunicación aprovecharon la ocasión para cargar contra Rajoy por equiparar un Gobierno legítimo y democrático como el de Cataluña con una dictadura como la del general Franco. Pero nadie quiso valorar el fondo de la denuncia del líder del Partido Popular. Los socialistas catalanes justifican la política lingüística de la Generalitat con sus multas, sus sanciones y sus cuotas, en el hecho que el catalán es una lengua que se encuentra, dicen, en inferioridad de condiciones. Es la lengua oprimida frente a la lengua opresora.

Justifican sus acciones diciendo que el castellano se habla con normalidad en la calle. Con eso ya vale, aseguran. Y mientras, no existe un solo colegio público en Cataluña en el que se pueda escolarizar a un niño en castellano.¿De verdad alguien cree que con dos horas de clase a la semana -si es que de verdad son dos- nuestros hijos dominarán la lengua castellana? Son muchos los catalanes que hoy tienen 50 o 60 años y que hablan catalán, pero no saben leerlo ni escribirlo. En cambio, lo hablaban con normalidad en la calle durante el franquismo. ¿De verdad es eso lo que queremos para nuestros hijos? Hay quien dice que el PSC ha claudicado a las presiones de ERC. No comparto ese diagnóstico. El PSOE ha dejado de existir en Cataluña y el PSC se ha convertido en la principal fuerza nacionalista del tripartito.

Con la llegada de los socialistas a la Presidencia de la Generalitat, las inspecciones lingüísticas se incrementaron en un 400%. El Gobierno tripartito ha abierto un total de 1.278 expedientes sancionadores a pequeños y medianos comercios, empresas de servicios y grandes superficies por no disponer de rótulos en catalán.

Por utilizar la lengua castellana en Cataluña, de momento aún oficial en esta Comunidad, la Generalitat ha recaudado cerca de 168.000 euros en concepto de sanciones. El Gobierno catalán impone multas de 900 euros si en un comercio se señala en castellano la salida de emergencia y 600 euros si una tintorería te da un ticket de caja en castellano. A pesar de ello, el presidente del Gobierno de España repite que «no existe un problema lingüístico en Cataluña». El tripartito ha convertido a la Generalitat en un gran hermano lingüístico. Estudia, inspecciona y sanciona a quienes no utilizan el catalán. Nomina a quienes ejercen su libertad para utilizar la lengua común de todos los españoles y expulsa de la tribu, previo pago de la multa, a quienes no ceden al chantaje.

Los socialistas catalanes han gastado en los últimos años más de 3,5 millones de euros en estudios e informes sobre la utilización del catalán en diferentes ámbitos; más de 20.000 euros en conocer las costumbres idiomáticas de los andorranos y 24.593 euros pagados a un miembro de la Ejecutiva de ERC en las islas Baleares para conocer el nivel de uso del catalán en el archipiélago.

Los clubes deportivos y las pequeñas y medianas empresas tampoco se salvan del control del Ejecutivo y de sus comisarios lingüísticos. También los supermercados y restaurantes han sufrido la visita de los inspectores del tripartito, que ha gastado, por poner un ejemplo, 58.000 euros en un estudio sobre las costumbres lingüísticas de estos establecimientos.

Los nacionalistas, incluidos los socialistas, llaman radical al PP cuando dice, en relación a la lengua, que en Cataluña pasa hoy lo mismo que pasaba con el franquismo pero al revés, y callan ante la aparición de informes que demuestran su obsesión por conocer las preferencias lingüísticas de los ciudadanos o aplauden que se sancione a quién decide poner en castellano el nombre de su tienda.

Corren malos tiempos para la libertad en Cataluña y no podemos seguir cruzados de brazos. Ha llegado la hora de modificar el marco legal sobre lenguas.

Si las comunidades autónomas pueden establecer qué lengua es propia y cuál no lo es, quizá la solución para evitar que el castellano acabe siendo residual en Cataluña pasa por dejar que el Parlament se ocupe de lo que le es propio y deje lo que le es «impropio» en manos del Estado.

No resulta descabellado que el Estado recupere las competencias en materia de política lingüística que jamás debería haber perdido.

Los nacionalistas no pararán nunca hasta arrinconar del todo al castellano. Superadas por obsoletas otras señas de identidad, como la religión o el RH de la sangre, la lengua ha terminado por convertirse en su único estandarte..

Daniel Sirera Bellés, portavoz adjunto del Partido Popular en el Parlamento de Cataluña

Cómo borrar a España del mapa
Bitácora Criterio  14 Julio 2007

David Millán , ayer, en su blog :

El sectarismo de los medios catalanes alta (o totalmente) subvencionados por la Generalitat no conoce límites, pues de otro modo dejarían de recibir subvenciones y se verían abocados a la extinción. Siguiendo las directrices ideológicas del Departament de la Presidència -que es quien reparte los óbolos con mayor o menor generosidad conforme a la afinidad ideológica de sus destinatarios-, nuestros más dilectos medios de comunicación públicos y semipúblicos, en su afán por borrar a España de nuestros esquemas mentales son capaces de incurrir en el más flagrante e hilarante de los ridículos, algo que para ellos es una rutina cotidiana. Fieles a los postulados del Gran Hermano de 1984 han llegado a desarrollar toda una neolengua -consignada fielmente en los libros de estilo de cada medio- destinada a hacer desaparecer a España de nuestros mapas conceptuales, algo que ni los magos Harry Potter o David Copperfield hubieran conseguido hacer en sus momentos de máxima inspiración paranormal. España -pido perdón por repetir tantas veces el infame palabro en el artículo; prometo autoflagelarme para redimir mi pecado- pasa por arte de birlibirloque a ser l'estat , o en el mejor de los casos l'estat espanyol . Es como cuando el hombre del tiempo de TV3 se empeña en convencernos -o en autoconvencerse- de que va a diluviar en el sud de l'estat , que viene a ser como decir que ha llovido en el despacho del notario de la calle Sierpes. Las provincias centralistas, opresoras y fascistas no existen en Cataluña, pues son sustituidas por unas imaginativas áreas, demarcaciones , circunscripciones, circunvalaciones o por cualquier otro eufemismo orwelliano que se les ponga a tiro, facilitando que no se entienda de que estamos hablando. La guerra civil española pasa a ser la guerra del 1936-39 , así hasta que cada alusión directa a España o a lo español sea completamente abducida del imaginario colectivo a base de dosis masivas de adoctrinamiento freak ...

¿A qué viene todo esto? La semana pasada asistí perplejo a un fenónemo curioso, que se repite año tras año. Todos nosotros conocemos el famoso Debate sobre el estado de la Nación, que se celebra regularmente por estas fechas en el Congreso de los Diputados. Lo que me llamó la atención de la cosa no es que ganara Zapatero , Rajoy o Labordeta , sino que los medios dependientes de la Generalitat dieran sistemáticamente a tal evento el esotérico nombre de Debat de Política General , extirpando así a la nación (española) como si se trata de un forúnculo maligno. Vale que el nombre empleado en este caso no es incorrecto, pero casi nadie lo entiende y prácticamente ser humano alguno lo utiliza, salvo contadas excepciones tales como los medios a sueldo de la Generalitat, que con tal de predicar urbe et orbe los postulados de su religión nacionalista son capaces de inventarse cuantas realidades paralelas sean necesarias, rebuscando para ello penosos eufemismos hasta de debajo de las piedras...

Montilla defiende la «discriminación positiva» del catalán
Ciutadans acusa al Govern de «perseguir» a los escolares que utilizan el castellano
“El catalán sigue estando en desventaja con el castellano”, aseguró el presidente catalán
“EL PSC se desenmascara y marca una linea de inmersión mas dura que CiU”, dice Rivera
El Mundo  14 Julio 2007

BARCELONA.- El conseller d'Educació, Ernest Maragall, dio el lunes, con la presentación de su plan para la reactivación de la inmersión lingüística en las escuelas catalanas, la excusa perfecta a Ciutadans para volver a interesarse por su tema preferido.

El presidente de la formación, Albert Rivera, no desaprovechó la ocasión y ayer, durante la sesión de control en el Parlament, preguntó al president José Montilla qué opina del asunto.

Como cada vez que ocurre lo anterior, el presidente de la Generalitat vio el cielo abierto. El lingüístico es el único debate en el que CiU y el tripartito forman un bloque monolítico. Montilla ni siquiera necesitó mirar los papeles que siempre consulta cuando le preguntan cualquier cosa para decirle a Rivera que «mientras el catalán continúe siendo una lengua en desventaja con respecto al castellano, y todavía lo es», el Gobierno catalán «pondrá en marcha medidas de discriminación positiva hacia nuestra lengua, que es el catalán».

Una ovación atronó en la Cámara, y algunos diputados y consellers -entre ellos los líderes de ERC, Josep Lluís Carod-Rovira y Joan Puigcercós- celebraron la respuesta de Montilla con grandes aspavientos.

El presidente de la Generalitat culminó su intervención diciendo que no es verdad, como había expuesto segundos antes Rivera, que los niños catalanes tengan algún problema con el castellano: «Si repasa los datos de las pruebas de acceso a la universidad verá que la nota es mejor en castellano que en catalán».

Además, el presidente de la Generalitat se escudó en el incremento de la población inmigrante -como ya hizo el conseller d'Educació- para justificar el nuevo plan de inmersión lingüística. «La inmersión se puso en marcha en el año 83 y ahora era necesario hacer un esfuerzo adicional. En el 2000, un 2% de los alunmos eran inmigrantes.

En estos momentos, la cifra supera el 12%» lo que, en su opinión, avala el «esfuerzo».

El presidente de Ciutadans echó en cara a Montilla que «suscribe» los intentos de «conocer la lengua vehicular de las actividades extraescolares en Cataluña» o de «dentro y fuera de las aulas, en cualquier ámbito, perseguir, literalmente, la lengua en que habla un escolar».

Rivera dijo al presidente de la Generalitat que «el fin no justifica los medios», y le acusó de ser más incisivo en esta materia que los anteriores gobiernos catalanes: «El PSC se ha desenmascarado, y ha marcado una línea más dura de inmersión lingüística que la que ha hecho Convergència i Unió. Por fin los catalanes conocen la política real del PSC».

Los datos que ofreció Rivera hablan de «un 42% de fracaso escolar en Cataluña de los niños castellanohablantes», por un «18% de los niños castellanohablantes». Además, dijo que Ciutadans defiende un modelo educativo que sea «trilingüe», donde las lenguas vehiculares sean tanto castellano y catalán como inglés.

El diputado de Ciutadans también consideró que las medidas anunciadas esta semana por Maragall suponen «un endurecimiento de la inmersión lingüística» que «no es de recibo en un país democrático».

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