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Recortes de Prensa     Domingo 15 Julio   2007

Hacia el despeñadero
POR ÁLVARO DELGADO GAL ABC 15 Julio 2007

El miércoles pasado se aceleró la carrera hacia lo que es inevitable que remate, a menos que se verifique un milagro, en una crisis aparatosa del sistema. El tripartito que gobierna Cataluña, más CiU, votaron un proyecto de ley que eleva el listón fijado en el Estatut y abre el camino a un Concierto Económico a la catalana. Vayamos primero a la ley y luego a su contexto, más terrorífico aún que la propia ley.

Lo más significativo de ésta es la orientación, no las consecuencias materiales a corto plazo. La Generalitat, en efecto, no se halla capacitada aún para desalojar fiscalmente al Estado central. Pero los propósitos son los que palmariamente son, y la puja de los partidos, y las circunstancias que dentro de un momento se verán, conspiran para que el proceso no tenga marcha atrás. El Estatut, en su hechura actual, es un disparate mayúsculo, moderado por rectificaciones de última hora. Las redacciones iniciales, directamente enderezadas a la obtención de la independencia fiscal de Cataluña, se recondujeron mediante artificios que conceden todavía cierto papel al Estado. Fruto del chalaneo de última hora, fue el Consorcio, una estructura bilateral que no podría alterarse sin el consenso de las partes interesadas. En el proyecto de ley alumbrado a mediados de semana, sin embargo, se pide para la Generalitat la inspección, recaudación y gestión delegadas de casi todos los impuestos, incluidos el IVA y el IRPF. El IVA y el IRPF no están cedidos: pero una disposición adicional de CiU ha logrado meterlos en el mismo paquete. El desenlace cantado es, como se ha dicho, la independencia fiscal. Una independencia reclamada, además, por medio de un acto parlamentario unilateral e incompatible con las cautelas que contempla el artículo 204 del Estatut. Hemos asistido, literalmente, a un salto atávico hacia atrás: la mayoría de partidos catalanes, PSC comprendido, reivindican lo que el Gobierno consideró inasumible en tiempos.

Letra muerta
Consideremos a continuación el contexto. Lo más escandaloso, es que estas decisiones gravísimas se están tomando antes de que el TC se haya pronunciado sobre los recursos presentados contra el Estatut. La idea, por supuesto, es intimidar al Tribunal o convertir sus sentencias en letra muerta. Lo que esto supone, es palpable, y no precisa mayores comentarios. Sí los exigen las dilaciones inexplicables del Constitucional, dilaciones que no se justifican por razones técnicas y que equivalen en la práctica a tolerar que la voluntad de los partidos se imponga sobre la ley. La interpretación dominante, aludía a un bloqueo o a vagas conspiraciones que cada cual pintaba como mejor le parecía. La realidad, no obstante, podría ser más prosaica y también peor. Personas bien informadas manejan la hipótesis de que lo que se esconde detrás de todo esto es una maniobra para dificultar una posible alianza postelectoral entre el PP y CiU. La segunda no cerraría un trato con los populares si éstos no retiran antes su recurso, y los populares no pueden retirar su recurso sin hacer un ridículo portentoso. Mientras la pelota esté en el alero, no podrá haber, por tanto, entendimiento entre los dos partidos. La astucia consistiría en suspender la sentencia para no desactivar el recurso y, de rebote, mantener vivo el desencuentro. ¿Quién está formalmente capacitado para dilatar los trabajos del Constitucional? Su presidenta, que es la que decide el orden del día. Esto suena a ciencia ficción. Pero no se puede excluir que sea realismo costumbrista.

El demarraje de CiU ha convertido esta táctica en parcialmente obsoleta. A partir de ahora, el PP tendría que pactar, abstracción hecha del recurso, con una formación que auspicia para Cataluña un Concierto Económico. Por supuesto, el caso es aplicable, en tiempo real, para el PSOE, cuya rama catalana está en la huída hacia delante y cuyo socio republicano podría añadir nuevas y emuladoras novedades de aquí a poco. La remoción de Jordi Sevilla se comprende mejor a trasmano. Sevilla, como Solbes, poseía, por instinto y formación, cierta vocación de defensa del Estado. Laminado Sevilla, el que está sobrando ahora es Solbes.

El modelo catalán se va a multiplicar a la velocidad de la luz. Piensen en la comunidad autónoma madrileña: Madrid no tiene ningunas ganas de darse una carta de derechos, o de declararse soberana, o de obtener representación diplomática en el extranjero. Pero es inconcebible que no pida para sí las ventajas económicas que se reconozcan a Cataluña. Y así de corrido. El Presupuesto que viene, en fin, va a ser complicado, y el sucesivo, acaso no llegue a ser. Y si no llega a ser, estaremos ante la evidencia formal, irrefutable, de que el Estado es inviable. ¿Qué pasa cuando el Estado se hace inviable? Vayan buscando nombres, o mejor, eufemismos, porque es seguro que la clase política, enfebrecida a la sazón por la inminencia de las elecciones, y soberanamente ajena a todo cuanto no se traduzca en ganarlas como sea, se ocupará, llegado el momento, de disimular por la vía de la gramática, principalmente parda, una situación de anarquía que se ha hecho estructural.

Cataluña acelera y el TC se atasca
José Antonio Portero Molina La Opinión 15 Julio 2007

La creación de una Agencia Tributaria propia para la gestión, recaudación, liquidación e inspección de todos los tributos propios de la Generalitat y de los cedidos por el Estado, así como de los estatales recaudados allí, si existe delegación para ello, está prevista en el artículo 204 del EA de Cataluña. Los hacendistas dirán si resulta necesaria o no su creación. Pero desde el punto de vista constitucional, las prisas del Parlamento catalán por crearla no son lo más aconsejable, pendiente como está el EA de un recurso ante el Tribunal Constitucional en el que se que impugna, entre otros muchos, ese artículo 204. Los recurrentes estiman que la creación de esa Agencia por una ley de Cataluña no garantiza en ella la presencia del Estado, obligada porque la Agencia puede tener competencias en tributos estatales cedidos, y cuando no se conocen los términos de la cesión. No se garantiza, en opinión de los recurrentes, la necesaria coordinación entre ambas administraciones y el EA habría invadido el espacio propio del legislador estatal.

Las reacciones ante la ley catalana han sido como suelen: por la tremenda. Se han vuelto a desatar todos los demonios en el ala más dura del PP, la que acostumbra a exagerarlo todo, a calentarlo todo y a confundirlo todo, no por ignorancia sino por ganas de enredar con la esperanza de pescar en río revuelto. Y así no puede ser porque, siendo los fundamentos jurídicos del recurso y las razones de su crítica a las prisas de la ley, muy a tener en cuenta, se prefiere la descalificación patriótica a la explicación. Si Rajoy no espabila y cambia de una vez a los más gritones de los suyos, los más caros a la COPE y más insoportables para los electores moderados de su partido, Zapatero le va a pillar en zapatillas si, dado como es a las sorpresas, adelanta las elecciones. En el PSOE, implicado Zapatero en cada letra del EA catalán, la reacción de sus centuriones ha sido parecida a la que ya tuvieron contra el PP y el Defensor del Pueblo cuando osaron recurrirlo: el PP es antiautonomista y catastrofista. ¡A Cataluña, ni tocarla¡. Y los partidos catalanes, con razón o sin ella, a tirar de victimismo.

Si habrá o no Agencia Tributaria catalana ya lo dirá el TC cuando se decida a resolver los recursos. De momento los señores magistrados han decidido que antes tienen que resolver las dudas planteadas por el Abogado del Estado, a saber: ¿Por qué el PP no ha recurrido treinta artículos del EA de Andalucía que son iguales a treinta que recurre en el EA de Cataluña?. La pregunta cuadra bien en un debate político, pero carece de fundamento jurídico en un procedimiento como el que se sigue ante el TC. El Abogado del Estado sugiere que el PP debería de desistir de recurrir los cuarenta del EA catalán, con el mismo fundamento con el que podría sugerirle que impugne los cuarenta del andaluz, con ninguno. Quien presenta un recurso de inconstitucionalidad contra una norma no está obligado a recurrir otra del mismo contenido. Podrían aducirse razones de economía procesal porque, si el TC declara la inconstitucionalidad de los treinta del catalán, los del andaluz, y todos sus iguales también serán inconstitucionales. Podrían aducirse razones de interpretación porque la misma letra puede ser interpretada de modo distinto, si el conjunto de la norma responde a principios diferentes. Podrían aducirse razones de oportunidad política. Pero nada de eso importa: frente a la libertad de los recurrentes legitimados por la Constitución, el TC ha de limitarse a enjuiciar la constitucionalidad de los preceptos impugnados, estimando o rechazando los motivos de los recurrentes. Pero no tiene apoyo normativo para indagar los motivos por los cuales han dejado de recurrir otra norma, aunque sea igual, y pedirles explicaciones. En todo caso, si hay Agencia catalana también la habrá hasta en donde, como en Galicia o Madrid, no se ha reformado el Estatuto. Cómo, si no, se podría gestionar el lío autonómico promovida por el mismo Presidente que, con la profundidad y previsión que acostumbra a decidir, acaba de garantizar que a Galicia el AVE llegará ¡a tiempo!

José Antonio Portero Molina es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de La Coruña

La Ley Electoral y los Estatutos: el último ramalazo kamikaze del PP
Alfonso Basallo elsemanaldigital 15 Julio 2007

Los populares descubren ahora lo cara que es la factura de la Transición y quieren cambiar la ley electoral y las reformas estatutarias. Lo tienen crudo, tal y como está el patio.

15 de julio de 2007. Algunos comentaristas hablan de la contraofensiva de Rajoy y su Estado Mayor tras el Debate del estado de la nación y, efectivamente, el turbo que ha puesto el Rommel de Génova suena un poco a blitzkrieg, la guerra-relámpago de la Wehrmacht, una maniobra rápida y fulgurante que deja descolocado al adversario.

Pero la estrategia puede parecerse peligrosamente a la de los pilotos japoneses que pagaban un precio demasiado caro para hundir barcos: inmolarse a bordo de sus cazas.

Al menos en dos asuntos, el PP tiene cierto ramalazo kamikaze: la reforma de la ley electoral y los estatutos de autonomía.

Respecto a la primera, tiene toda la razón Rajoy cuando viene a decir que es un pecado de lesa democracia que no se respete la voluntad popular, expresada en las urnas, al no gobernar la lista más votada. Lo ha clavado David Ortega, vicerrector de la Rey Juan Carlos: Deben ser "los gobernados y nos los gobernantes los que deciden el Gobierno".

Nada más justo, por lo tanto, que se reforme la Ley Electoral a fin de que el poder quede en manos de los elegidos mayoritariamente y no de una oligarquía minoritaria que ha trapicheado con el resultado de las votaciones.

Pero hete aquí que surgen dos problemas. Uno, cómo se lleva a cabo, sin contar con el consenso de los demás partidos, muchos de los cuales son juez y parte (y parte interesadísima en mojar). Y los demás, singularmente PSOE e IU, han protestado.

Y dos, implicaría, instaurar el bipartidismo en la práctica, ya que penalizaría a los partidos minoritarios, tanto para gobernar como para participar como socio. Significaría, de alguna forma, una enmienda a la totalidad a la Transición, que dio entrada a los nacionalismos, alentó el tejemaneje fenicio de las minorías, puso bisagras en todas las puertas y consagró la tiranía del partidismo, mediante las listas cerradas y bloqueadas…

Concrete su propuesta, señor Rajoy, o ¿quiere que devolvamos la compra a El Corte Inglés?

No menos kamikaze suena su trifulca a cuenta del recurso contra el Estatut por inconstitucional.

Una cosa es que el Gobierno haya hecho de las suyas para dilatar la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el recurso (con la inestimable ayuda del diario dependiente), y otra muy distinta que el PP incurra en flagrante contradicción al ver la paja en el ojo del Estatut y pasar de la viga en el Estatuto andaluz, como denuncia la abogacía del Estado.

En fin, si no la viga, sí 30 artículos que parecen calcados en el feudo de Arenas del feudo de Maragall, Carod y Montilla.

Me comenta un conspicuo economista pepero, muy próximo a Rajoy, que este tipo de asuntos tan abstrusos no le llegan al público y que el electorado no va a reparar en esa aparente contradicción.

¿No? Si algo le revienta al electorado es la incoherencia. Y el PP está pillado en este asunto, como subrayó Zapatero en el Debate, al decir que por un lado recurre el Estatut, y por otro, tolera a Arenas, que ha perpetrado un estatutillo muy similar Despeñaperros abajo.

La duda maquiavélica es si, en el fondo-en el fondo, al PP le interesa frenar las reformas estatutarias de sus feudos. El Adán de Génova ha mordisqueado la manzana autonomista y, una vez iniciada, la perdición ya no tiene marcha atrás. La apetitosa fruta es la cláusula Camps, a la que Rubalcaba bautizó, con genial mordacidad, cláusula atrapalotodo.

Es la patente de corso centrífuga a la que pueden acogerse los líderes regionales, que, como es natural, no quieren quedarse atrás en defender la prosperidad de sus comunidades. Difícil dilema: ¿España o mi trocito, uno de los 17 trocitos? Dejaron suelta a la serpiente en la Transición -¡qué factura más cara estamos pagando!- y el veneno centrífugo corre ya por las venas del PP. Y cuanto más se mueva más se extenderá.

Fortalezas y debilidades de ETA
Editorial ABC 15 Julio 2007

LA sólida cadena de detenciones de etarras ejecutadas en España y Francia desde el anuncio del final de la tregua, demuestra que la acción policial es imprescindible para derrotar a ETA, pero insuficiente, porque necesita el complemento de una estrategia conjunta entre Gobierno y Partido Popular, que es de lo que carece la lucha antiterrorista del Ejecutivo socialista. Desde el fin de la tregua han sido detenidos catorce etarras que estaban en fase de planificación y de ejecución de atentados inminentes. Esta eficacia policial merece un diáfano reconocimiento por parte de la opinión pública y de todos los partidos políticos, porque es lo que inmensa mayoría de los ciudadanos venían reclamando al Gobierno, como contrapunto a tres años de confusión y ambigüedad. En absoluto es fácil conseguir estos resultados policiales en la lucha contra ETA, incluso aunque alguno de ellos tenga que ver más con la suerte que con una labor de seguimiento. Sin embargo, el alto número de detenidos en poco tiempo es motivo suficiente para lamentar que el Gobierno no hubiera empezado antes esta presión policial contra ETA, en todos sus niveles de «comandos» y de «kale borroka», esa violencia terrorista y callejera de la que, hasta hace no mucho, el PSOE dudaba que tuviera que ver con los etarras, como sucedió con el atentado contra el negocio de un concejal de UPN en Barañain o con la colocación de un artefacto bajo el coche del hermano de un concejal socialista.

La debilidad organizativa de ETA explica esta sucesión de detenciones. Pero no hay que ser triunfalista, porque desgraciadamente el Estado no puede fallar nunca frente al terrorismo, pero a ETA le basta con golpear sólo una vez para demostrar que aún es capaz de matar. ETA sigue débil, pero el problema es que lo está menos que en 2004. Estos tres años de contemplaciones han servido a los terroristas para rearmarse -con las pistolas robadas a cientos en Francia, por ejemplo- y reclutar nuevos pistoleros. Aunque ETA aún sigue sufriendo las consecuencias de la política firme de acoso y derrota que se le aplicó en la anterior legislatura, su determinación criminal es la misma y ha recuperado el terreno que le ganó la ley de Partidos Políticos y el Pacto Antiterrorista. De haber continuado esta política desde 2004, hoy sí se podría decir que el fin de ETA estaba muy próximo. Ahora no, porque, la otra cara de esta organización criminal la forman nuevos terroristas que tienen que demostrar que sigue existiendo el «conflicto político» con el que puedan justificar su propia existencia. Cuanto mayores sean los logros policiales, mayor será la desesperación de ETA y su ansiedad por atentar y confirmarse así como vanguardia de la lucha del pueblo vasco.

Ahora mismo, la lucha de ETA es una lucha por la supervivencia y por esto mismo resultan especialmente dañinos los mensajes y los gestos que, en vez de deslegitimar sus objetivos políticos, los avalan como opciones legítimas. El lendakari, por ejemplo, vuelve a defender una consulta popular sobre su plan soberanista, que fue apoyado por ETA, a través de Batasuna, en el Parlamento vasco. En otro plano, la vuelta de la izquierda proetarra a los ayuntamientos vascos y navarros, así como la aceptación de la negociación política con los terroristas, han sido graves errores del PSOE y del Gobierno de Rodríguez Zapatero, con los que han facilitado un nuevo despliegue estratégico de ETA en las instituciones vascas y en la opinión pública, confundida temerariamente sobre si es o no lícito negociar con terroristas e invitada a pensar si realmente hay cuestiones innegociables ante el señuelo de la paz. La detención policial de terroristas es imprescindible, pero hay que volver a atacar legalmente la estructura «política» de ETA, representada por Batasuna, ANV y el Partido Comunista de las Tierras Vascas.

Madrid tambiés es Ermua ¿o no?
Por Mayte Alcaraz ABC 15 Julio 2007

Dice mucho de la familia de Miguel Ángel Blanco la comprensión y altura con que vivieron hace diez años la gran tragedia de su vida, comprensión y altura que no ha hecho más que crecer durante esta larga década de dolor y ausencia. Ejemplo de ello es la cordialidad -incluso familiaridad- con la que los padres y hermana del edil asesinado tratan al ex presidente del Gobierno, José María Aznar; aquél que decidió no ceder al chantaje de los terroristas (aunque a su vez deseara un feliz desenlace que no sucedió), que tuvo como colofón que los asesinos materializaran lo que ya tenían decidido: matar a Miguel Ángel. Curioso, la familia Blanco se siente más cerca de aquel Gobierno que fue inflexible por recto y decente al tomar la inevitable y dolorosísima decisión, que del Ejecutivo actual. Solos. Así es como se han sentido sus parientes respecto al Gobierno socialista. Sólo unas frías líneas escritas por Zapatero y la ausencia de Totorica, el alcalde que, extintor en mano, sofocó como pudo, aquella noche calurosa de hace diez años, la indignación de todo un pueblo contra los batasunos, sentimiento que seguramente le atenazaba más a él que a nadie. No ha estado el alcalde heroico consolando a aquella familia con la que compartió rabia y lágrimas. La debida obligación, la disciplina de partido o, quizá simplemente, la conservación del puesto de trabajo ha podido más que la justicia, la buena crianza y la compasión. Es oportuno recuperar aquí las palabras que Nicolás Redondo Terreros vertió en una entrevista reciente en ABC: «Yo prefiero quedarme con el Totorica de entonces, el que nos mostró su buen corazón y su solidaridad con las víctimas. Los últimos episodios han podido ser un desliz».

A los madrileños, que tan intensamente vivimos aquellas terribles jornadas, nos ha gustado ver a nuestro alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, en Ermua homenajeando a las víctimas. Como también estampando su firma en el mural que, con motivo de este aniversario, se ha colocado en Colón. Sólo falta que algún socialista madrileño deje las miserias de sus peleas internas, su congreso extraordinario, y acuda también. Por no hablar de Zapatero.

El reguero
POR IGNACIO CAMACHO ABC 15 Julio 2007

SI fuese capaz de abandonar, siquiera por un momento, ese contumaz adanismo que irrita incluso a su predecesor Felipe González, el presidente Zapatero recordaría que fue Carlos Marx quien dejó escrito que la Historia acostumbra a repetir como farsa lo que la primera vez sucedió en clave de tragedia. Pero a Marx ya lo han olvidado hasta los marxistas y no parece que el gurú Pettit lo tenga entre sus lecturas de cabecera, de modo que nuestro Peter Pan monclovita camina con alegre inconciencia sobre los rastrojos políticos de su pertinaz euforia mientras la realidad insiste con no menos terca recurrencia en demostrar que el poder siempre acaba parodiándose a sí mismo.

Así, sólo diez días después de que ZP se burlase de Mariano Rajoy recordándole en el Congreso su infausta minimización -«hilillos de plastilina»- del desastre del «Prestige», una ministra de su gobierno despreciaba como «un simple reguero» el vertido que amenaza con arruinar la temporada turística en Ibiza. La imagen siniestramente familiar de los monos blancos asoma por el perfil paradisíaco de las playas pitiusas para desesperación del flamante pentapartido con que la izquierda ha arrebatado al PP el Gobierno de las Baleares, y el fuel del naufragado «Don Pedro» amenaza el Parque Nacional de Ses Salines mientras las autoridades se aplican a minusvalorar el desastre con idéntico desdén con que el aznarismo despreció inicialmente la catástrofe gallega.

Encerrado frente al espejo de su autocomplaciente pensamiento mágico, el presidente desatiende los síntomas que apuntan a la repetición, en tiempo record, de los errores de arrogancia de su antecesor. También Aznar creyó que la tormenta de la guerra de Irak había pasado definitivamente cuando evitó la derrota en las municipales de 2003, como ahora Zapatero cree haber dado la vuelta al fracaso general de su proyecto por haber salido indemne del último debate sobre el Estado de la Nación. Pero en política existen facturas diferidas que acaban pasando inapelablemente al cobro, y el cartero que trae las últimas novedades sobre el Estatuto catalán o sobre los movimientos de ETA aún no ha pasado de vuelta por la estafeta del Palacio de la Moncloa.

La impasible inacción con que Zapatero se desenvuelve ante las crisis augura malos momentos que sólo el interesado se empeña en menospreciar fiado de su iluminada temeridad. No será el escape contaminante de Baleares el más grave de ellos, pero tampoco la responsable o ingenua benevolencia del PP podrá amortiguar las consecuencias ni el doble rasero de la opinión pública será suficiente para borrar los datos acumulados en la memoria colectiva. El auténtico «reguero» de problemas sembrado por la deriva de este Gobierno errático e incompetente permanece, como el fuel de Ibiza, emboscado entre unas aguas políticas cuyo plácido azul superficial esconde las manchas derramadas por los errores de esta legislatura contaminante y desastrosa.

Lo que callan del Estatuto de Cataluña
En sus comparaciones con otras reformas, el Abogado del Estado y la Generalitat ignoran todos los elementos «nacionales»
Carmen Morodo Libertad Digital 15 Julio 2007

Madrid- El Gobierno y la Generalitat han unido sus fuerzas, con estrategias incluso parejas en algunos puntos, para engordar la madeja que tiene que desenredar el Tribunal Constitucional en relación al Estatut. El recurso de comparar los artículos impugnados por el PP, muchos de ellos también por el Defensor del Pueblo, con los de otras reformas estatutarias que sí han contado con el apoyo de los populares incurre en un tramposo vicio: la extrapolación de esos apartados fuera del contexto que determina su pleno significado jurídico.

Los puntos omitidos
Ni el Abogado del Estado en el escrito que el TC ha decidido «archivar sin más tramite» ni la Generalitat tienen en cuenta la piedra de bóveda de la distancia insalvable entre el Estatut y los otros textos. De ahí que sus informes ignoren todos los elementos dirigidos a sostener el carácter nacional de Cataluña, como es el caso del término nación, las referencias a los derechos históricos contemplados como fundamento del autogobierno (la lengua, la cultura, la proyección de éstas en el ámbito educativo y el sistema institucional), la afirmación de que los poderes de la Generalitat emanan exclusivamente del pueblo catalán, la reivindicación de símbolos nacionales (la bandera, el himno y la fiesta)...

El texto catalán crea un Consejo de Garantías Estatutarias para tutelar los derechos de los catalanes que interfiere en el sistema de garantías establecido en la Constitución en relación con los derechos fundamentales. Ese consejo no existe ni en la reforma andaluza ni en las otras ya aprobadas .

La comparación textual en materia de competencias entre el artículo 110.1 del Estatut y el 42.1 del texto andaluz -los dos establecen la clasificación en exclusivas, compartidas y ejecutivas- ignora que el primero asume el blindaje de las de la Generalitat, de modo que el Estado carece de cualquier título competencial en las exclusivas de la comunidad autónoma y se limitan las leyes básicas a meros principios o mínimo común normativo.

Ninguno de los estatutos que ya han recibido la bendición de las Cortes incluye el modelo bilateral catalán, en el que la Generalitat se coloca a nivel de igualdad con el Estado y prevalente frente al resto de comunidades; ni asume la proyección internacional de organizaciones que reivindica para sí el tripartito, lo que se refleja perfectamente en el tema de las selecciones deportivas; ni posibilita que el consorcio en materia tributaria con el Estado se pueda transformar en la Administración Tributaria en la comunidad autónoma.

El Partido Popular -como subraya su secretaria de Política Autonómica y Local, Soraya Sáenz de Santamaría- valora las «maniobras» del Gobierno, a través de la Abogacía General del Estado, y de la Generalitat como la prueba palpable de que «tienen miedo al fallo del Constitucional».

Mientras desde las filas populares se denuncian espurios movimientos dilatorios de la sentencia, el tripartito insistió ayer en que mantendrá su presión para paralizar el recurso del PP, por ejemplo intentando forzar un Pleno sobre el escrito del Abogado del Estado al que no se ha dado trámite.

Francia tiene la documentación de las negociaciones entre el Gobierno y ETA
D. MARTÍNEZ/J. PAGOLA. MADRID. ABC 15 Julio 2007

Las autoridades francesas esperaron para detener a Jon Iurrebaso y Kepa Suárez a comprobar que estaban en posesión de abundante información sobre las negociaciones entre el Ejecutivo de Zapatero y ETA. De hecho, se les incautó material informático que, según fuentes antiterroristas, albergaría los documentos de las reuniones, aunque este extremo está pendiente de su confirmación, ya que hasta el momento sólo se ha tenido un acceso parcial al ordenador intervenido a los negociadores etarras. No obstante, las autoridades francesas sí tienen conocimiento de los intermediarios internacionales en estas conversaciones, ya que Iurrebaso y Suárez no lograron destruir documentos en los que figuraban sus nombres, la mayoría noruegos y suizos.

Los medios consultados por ABC señalan que a principios del «proceso de paz» emisarios españoles facilitaron a París un listado de etarras que iban a hacer labores de «correo» entre el Gobierno y la banda, y les pidieron para ellos un salvoconducto a fin de que pudieran desplazarse por territorio galo sin dificultades. Las autoridades francesas dieron una respuesta positiva, de tal forma que la Policía francesa no puso ningún tipo de impedimento para que estos terroristas se movieran por el vecino país, aunque les sometieron a un estrecho seguimiento. Los agentes encargados del caso pudieron comprobar los cometidos realizados por estos dos etarras y no se descarta que fueran vigilados otros, también «recomendados» por España.

Estas mismas fuentes interpretan que la decisión de Francia de detener a uno de los negociadores de ETA, una vez que disponía de abundante información sobre los contactos, responde a varios motivos. Por una parte, las autoridades de París siempre han acogido con recelos las negociaciones políticas entre el Gobierno y la banda, entre otros motivos porque una de las pretensiones de los terroristas es poner sobre la mesa la parte francesa que reclaman: Iparralde. Quieren, por tanto, tener información de primera mano sobre lo que dialogan el Ejecutivo de Zapatero y los terroristas. Por otro lado, disponer de información sobre un tema de tanta trascendencia y calado político como es la negociación con ETA le da a Francia un poder de envergadura con respecto al «vecino del sur».

Los cuatro números
Así pues, cuando todas las informaciones apuntaban a que el «proceso» entraba en barrena, Francia decidió detener a ambos etarras. Fue el pasado 29 de marzo, en la localidad de Perigueux, cuando se dirigían a una de las últimas reuniones, convocada para desbloquear in extremis un «proceso» que ya todos daban como agónico. Los etarras viajaban en un Peugeot 307 que fue interceptado en un control de aduana.

Iurrebaso no tardó en identificarse como miembro del «aparato negociador» y como prueba de ello exhibió un documento con cuatro números de teléfono: dos correspondientes a operadoras de Francia y otros dos a españolas. Uno de los teléfonos pertenecía a Christian Lambert, un hombre de confianza de Nicolas Sarkozy, y que ha sido nombrado por el Consejo de Ministros francés director general de gabinete del prefecto de Policía de París. Su anterior cometido fue el de jefe de la Policía antidisturbios, los GRS.

En la comisión rogatoria remitida a la Audiencia Nacional, la juez Laurence Le Vert pide a la Justicia española que le facilite la identidad de los propietarios de los números españoles que llevaba Iurrebaso. Son dos tarjetas prepago. Por lo tanto, cuando fueron adquiridas no fue necesario que se aportara nombre alguno. Este sistema de recurrir a una tarjeta sin identidad se empleó en el «chivatazo policial» para alertar al cabecilla de la red del cobro del «impuesto revolucionario», Joseba Elosúa, de que iba a ser detenido. Al tratarse de tarjetas que no dejan huellas sobre su titular, ETA también las suele usar para reivindicar sus atentados.

Los hombres del PSE
Pese a todo, la Policía puede obtener valiosa información de las dos tarjetas españolas de Iurrebaso. De hecho, se podrá conocer a quién llamó y quién le llamó, lo que permitirá saber cuáles fueron sus contactos dentro de su labor en el «aparato de negociación». Cabe señalar que, durante todo el «proceso», el PSE ha tenido un protagonismo relevante. Así, su presidente, Jesús Eguiguren, se ha reunido en diversas ocasiones con Arnaldo Otegi y «Josu Ternera», y otros destacados dirigentes, como Ramón Jáuregi, han hecho trabajos más de cocina. Cuando a finales de marzo Gobierno y ETA se reunieron para salvar in extremis el «proceso», una de las primeras cosas que puso sobre la mesa la representación de la banda es que tenían una baja porque el día anterior la Policía francesa había detenido a uno de los miembros de su delegación: Iurrebaso. A este hecho, «Gara» hizo referencia en una de sus filtraciones sobre los contactos.

LA SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA
Más allá de la «lingua franca»
XOSÉ CARLOS ARIAS, CATEDRÁTICO DE ECONOMÍA APLICADA DE LA UNIVERSIDAD DE VIGO La Voz 15 Julio 2007

LA INCORPORACIÓN del estudio obligatorio de una segunda lengua extranjera en la ESO es una buena noticia, pues el escaso conocimiento y manejo de idiomas ha constituido un problema crónico de nuestras habilidades colectivas: entre las virtudes de los gallegos, y más en general de los españoles, no se encuentra el don de lenguas. Según datos recientes, sólo un 40% de los españoles tiene conocimientos elementales de otra lengua, frente a un 44% de ciudadanos europeos que se manejan en ella con soltura. Se trata, además, de una decisión que ya se ha impuesto en otros muchos países (registrándose una interesante competencia entre el español y el francés por esa posición).

Es este un asunto con relevantes implicaciones económicas, y no estará mal recordarlo en un país en el que no pocas veces los valores más instrumentales, funcionales, de la lengua, tienden a olvidarse en favor de argumentos más esencialistas. Porque las barreras idiomáticas tienen un coste, en términos de movilidad de la fuerza de trabajo, flexibilidad de los mercados y capacidad competitiva. Y si esto es importante para cualquier economía en tiempos de internacionalización de los mercados, lo es aún más para quienes formamos parte de la Unión Europea.

Porque, como europeos, somos ciudadanos de Babel, y ello representa un problema y un reto para el futuro de la integración. Es decir, tenemos plena movilidad de capitales, mercados de bienes y servicios cada vez más unificados, pero los mercados de trabajo siguen estando segmentados, no tanto por razones legales como por la existencia de una pluralidad de lenguas que, en la práctica, limita fuertemente la movilidad. Con ello perdemos oportunidades que la UE ofrece, y saltan algunas costuras de la integración económica y política. Lo saben bien en países como los escandinavos, en los que saber afrontar esta cuestión mediante un amplio dominio del inglés como lengua franca ha servido para apuntalar su virtuosa senda hacia el éxito económico; y en el caso del milagro irlandés es frecuente encontrar referencias a la ventaja del idioma como uno de sus factores explicativos.

Fuera de discusión la elección del inglés como primera lengua, la segunda debiera ser el francés, a pesar de su visible repliegue en los últimos cincuenta años. Dos razones avalan esta elección. En primer lugar, Francia es nuestro principal vecino y socio: por ejemplo, casi un 20% de las exportaciones españolas en el 2005 se dirigieron allí; además, se trata de la lengua cooficial en otros dos países próximos, Marruecos y Argelia, con los que estamos cada vez más condenados a entendernos. Y segundo, ya en un ámbito diferente, no se olvide que el francés ha sido la gran lengua de la cultura en el mundo moderno durante más de dos siglos: el legado de Voltaire, de Rimbaud, o de gran parte de las vanguardias del siglo XX, está en esa lengua. No debiéramos perder contacto directo con todo eso.

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