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Recortes de Prensa     Miércoles 18 Julio   2007

Por una reforma constitucional
POR MIKEL BUESA ABC 18 Julio 2007

SI hubiera que hacer un balance de la política gubernamental en el curso de la actual legislatura, sin duda deberían destacarse dos elementos: por una parte, la existencia de una retórica impregnada del que Thomas Hobbes designaba como «el discurso insignificante», es decir, de palabras carentes de sentido intencionadamente orientadas a confundir a los ciudadanos mediante el uso de un relato más bien indescifrable, a la vez que brillante; y por otra, la adopción de decisiones con pretensión de irreversibilidad, las más de las veces apoyadas en cambios legislativos, y orientadas a transformar el marco institucional de las relaciones sociales.

Entre estas últimas, sin duda, las de mayor relevancia son las que se han plasmado en la reforma de los Estatutos de Autonomía, bajo el paradigma que representa el de Cataluña, con la pretensión fundamental de establecer los fundamentos de una transformación del Estado desde su actual configuración nacional unitaria y políticamente descentralizada, a otra de carácter plurinacional basada en una estructura de orientación confederal. Este cambio ha estado propiciado por las excepcionales circunstancias que han concurrido en la legislatura presidida por Rodríguez Zapatero, siendo las de más relieve las que aluden a un gobierno minoritario guiado por el oportunismo y sustentado por un partido ideológicamente débil que no ha sabido frenar sus iniciativas; a unos apoyos parlamentarios de carácter nacionalista concedidos principalmente a cambio de que se establecieran las bases del vaciamiento competencial del Estado; y a una idea más bien ilusoria según la cual el proyecto de cambio en la configuración factual del Estado dejaría sin argumentos a ETA y la abocaría al abandono del terrorismo.

Pero, más allá de la coyuntura política, es también evidente que aquellas decisiones han podido tener recorrido como consecuencia del diseño mismo del sistema político instituido con la Constitución de 1978. Éste dejó indeterminado el reparto del poder entre el Estado y las Comunidades Autónomas al no cerrar la distribución de competencias entre ambas instancias políticas y al dejar abierta la regulación de su financiación. Además, en virtud de un sistema electoral proporcional basado en las circunscripciones provinciales, propició un excesivo poder político de los partidos nacionalistas al hacer de ellos un elemento ineludible para la configuración de las mayorías parlamentarias. Y, aunque previó una potestad legislativa de armonización para el Estado y le dotó a éste de una capacidad de intervención ejecutiva sobre los gobiernos autonómicos para atajar el incumplimiento de sus obligaciones legales, lo cierto es que tales competencias no se han ejercido, aún cuando ha habido ocasión para ello, redundando así en un debilitamiento de la unidad constitucional y del sentimiento de pertenencia nacional de los españoles. No cabe duda, por tanto, de que ese sistema contiene en su seno los incentivos que, dependiendo de las circunstancias electorales y del oportunismo de la minoría mejor situada para gobernar, dan entrada de un modo irrefrenable a los intereses nacionalistas y, dado que éstos tienen un carácter independentista, conducen a cuestionar sus fundamentos, singularmente en los terrenos del respeto a los derechos individuales -tal es el caso del empleo del español como lengua materna en el sistema educativo-, de la solidaridad entre las regiones -al tratar de quebrar el sistema común de financiación de las Comunidades Autónomas- y de la fortaleza del Estado basada en la unidad nacional de España.

Este último aspecto puede parecer retórico, aunque su realidad material puede palparse en aquella parte del territorio en la que, como pasa en amplias zonas del País Vasco, la debilidad del Estado es manifiesta. La experiencia de muchos vascos constitucionalistas señala que cuanto mayor es la presencia del Estado, con su legalidad y sus instituciones, más amplio es el ejercicio de la libertad. Y, por ello, es comprensible que, como señala la última encuesta del Euskobarómetro, al plantearse la hipótesis de la independencia, más de un tercio de los vascos piensen seriamente en abandonar la región. La disolución de la unidad de España tal como se propugna por los defensores del Estado plurinacional, será en este caso la puerta abierta a un inquietante proceso de limpieza ideológica de la población vasca.

Otros aspectos también relevantes de la regulación constitucional se han mostrado problemáticos con el discurrir del tiempo. Entre ellos, se pueden mencionar la cuestión de la discriminación de la mujer en la sucesión a la Corona; el encaje de España en la Unión Europea -y, con relación a éste, la participación autonómica en los procesos de adopción de decisiones que afectan al ejercicio de sus competencias-; la insuficiente independencia institucional del Consejo del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional -así como el atasco de éste al haberse convertido, en virtud de una inadecuada regulación del recurso de amparo, en la última instancia judicial-; la inacabada conversión del Senado en una auténtica cámara de representación territorial; la fragmentación autonómica del sistema educativo -fuente, en parte, de su fracaso en la transmisión del conocimiento y del bajo nivel formativo medio que alcanzan los escolares-; y la desvertebración territorial asociada a las tensiones a las que se ve sometido el ejercicio de las competencias estatales en materia de infraestructuras hidráulicas, de transporte y de comunicaciones.

En definitiva, después de casi tres décadas de vigencia, la Constitución ha entrado en una crisis que puede derivar en una transformación radical y no consensuada del sistema político. Se plantea entonces la necesidad de restablecer los fundamentos de éste apelando a los elementos esenciales del pacto que logró establecerse con la desaparición del régimen franquista. Y, para ello, resulta ineludible una reforma constitucional orientada a consolidar el modelo de 1978 y a cerrar las vías que han conducido a socavarlo. Esa reforma constitucional deberá entonces consolidar el Estado autonómico como un Estado nacional unitario y políticamente descentralizado, redefiniendo y cerrando definitivamente la distribución de competencias entre las distintas Administraciones, suprimiendo la provisionalidad del estatus de Navarra y convirtiendo el Senado en el órgano de participación de las Comunidades Autónomas en las tareas legislativas del Estado. Asimismo, el sistema electoral debe modificarse para garantizar la atención al interés general del país en la formación de mayorías parlamentarias dentro del Congreso de los Diputados. Ha de reforzarse también la independencia del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional con respecto a los poderes ejecutivo y legislativo. La competencia sobre el recurso de amparo constitucional debe atribuirse al Tribunal Supremo con objeto de dotar de una mejor funcionalidad al Tribunal Constitucional.

Se debe hacer una referencia, además, a la inserción de España en la Unión Europea y abordarse la solución institucional a la participación de las Comunidades Autónomas en la adopción de los acuerdos y decisiones europeos cuando afecten a sus competencias.La reforma debe afrontar, igualmente, el problema del empleo de la lengua española en todo el territorio nacional, garantizando el uso del español en las relaciones de los ciudadanos con los poderes públicos y en el sistema educativo, sin que ello obste para que las demás lenguas tengan el mismo tratamiento en los territorios en los que se hablen. Y, finalmente, ha de aprovecharse la tarea para consolidar la institución monárquica suprimiendo la preferencia del varón en la línea sucesoria de la Corona.

Abordar una reforma de esta envergadura requerirá el trabajo ímprobo de la construcción de un consenso hoy inexistente entre los dos principales partidos políticos, el PSOE y el PP, en respuesta a las que son demandas crecientes entre los ciudadanos. Para ello, los dirigentes de esos partidos cuentan con el ejemplo de los que, en 1978, les precedieron. Son ellos los que, como dijo una vez Jean Cocteau, «sin saber que era imposible, fueron y lo hicieron».
MIKEL BUESA Catedrático de la Universidad Complutense de Madrid

Crisis del régimen del 78
¿Reforma Constitucional?
Agapito Maestre Libertad Digital 18 Julio 2007

La reforma de los Estatutos de Autonomía, especialmente el de Cataluña, llevada a cabo por iniciativa del Gobierno ha provocado una crisis de las instituciones políticas sin parangón en nuestra corta historia democrática. Terrible es ese proceso de reformas. Aparte de poner en crisis al Tribunal Constitucional, el cuestionamiento de la Constitución de 1978, y antes que nada el modelo de Estado que allí se diseña, es la primera manifestación de una crisis histórica, objetiva y real en el sistema político, que está siendo vivida de modo tan dramático como paradójico por los demócratas españoles, pues que defienden la Constitución a la vez que exigen su reforma.

He ahí el núcleo del malestar que recorre el comportamiento político de los defensores de la Constitución: por un lado, es menester reformarla para que sus enemigos no acaben definitivamente con un texto que tanto costó consensuar en la Transición; pero, por otro lado, es necesario reformarla para fortalecer la democracia de un Estado-nación, España, cuyo ciudadanos son menos libres e iguales ante la ley cada vez que se reforma un Estatuto. Pérdida de libertades y desigualdades entre los ciudadanos de España son las peores consecuencias del "proyecto" de Zapatero para asentar un Estado asimétrico de carácter confederal, que el PSOE, en colaboración con las minorías nacionalistas, pueda manejar a su antojo.

Cualquier planteamiento de reforma constitucional en esta circunstancia histórica no deja de resultar complejo y, sobre todo, lleno de incertidumbres de carácter político y electoral. Cuando el PSOE por vías tortuosas ha violentado la Constitución, ¿puede interesarle al PP plantear la reforma de la Constitución? Esto sería para muchos, entre los que me alineo sobre todo por los tiempos electorales que se avecinan, un suicidio político para el PP, que es hoy por hoy el único defensor de la Constitución. No parece lógico que los defensores del texto constitucional, a la par, exijan su reforma. Si ya la simple reforma de la Ley Electoral plantea problemas gravísimos, ¿qué decir de la reforma de la Constitución? Mejor, dicen los más prudentes, no tocar el asunto.

Y, sin embargo, porque también la política es una cuestión de opiniones osadas y valientes, la Fundación Concordia, que preside Alejo Vidal-Quadras, la Fundación DENAES, que preside Santiago Abascal, el Foro de Ermua, que preside Mikel Buesa, la Fundación Papeles de Ermua, que preside Jon Juaristi y la plataforma Convivencia Cívica Catalana, que preside Francisco Caja, han organizado un seminario sobre Situación política actual de España y posible reforma constitucional. Entre la ciencia y la política, esta reunión, lejos de ser un pretexto para una charla veraniega, ha planteado con sensatez y realismo las siguientes cuestiones:

1. ¿Se encuentra el sistema político surgido de la transición y fundamentado en la Constitución de 1978 en crisis tras la aprobación del nuevo Estatuto de Cataluña y de las restantes reformas estatutarias en otras Comunidades?

2. Si la respuesta a la pregunta anterior es afirmativa, ¿es necesaria una reforma de la Constitución para afrontar dicha crisis?

3. Tal reforma, ¿debería tener un alcance limitado en el sentido propuesto por el Informe del Consejo de Estado, o se requiere una reforma más profunda mediante el procedimiento agravado?

4. En cualquiera de ambos supuestos, ¿cuáles serías las principales cuestiones (en el seminario salieron más de cuarenta) que deberían ser abordadas para que la reforma solucionase los problemas actualmente existentes?

5. ¿Este proceso de reforma constitucional, ¿requeriría un Gobierno de coalición entre los dos grandes partidos de ámbito nacional o bastaría un acuerdo parlamentario entre ambos en la próxima legislatura?

Estas cinco preguntitas constituyen todo un programa de verano para no dejar de pensar nuestra endeble democracia.

Gobierno foral
Zapatero y Zabaleta contra Navarra
GEES Libertad Digital 18 Julio 2007

Que nadie se llame a engaño; Zapatero era y es firmemente partidario de pactar con los panvasquistas de Nafarroa Bai. Estaba convencido antes de las elecciones, lo está ahora, y lo seguirá estando en el futuro. Y ello porque no fue la negociación con ETA lo que puso a Navarra encima de la mesa. Fue al revés; la negociación con ETA y el proceso fueron posibles cuando ETA entendió que, esta vez sí, un presidente español estaba dispuesto a sacrificar Navarra.

En 2004, ETA se encontró por primera vez con un presidente del Gobierno de España que aceptaba ideológicamente como algo normal la anexión de Navarra al País Vasco. Fue esta posición de Zapatero lo que hizo que ETA viera la ocasión como única y propició la negociación. Sabemos que, desde antes de 2004, ETA y los socialistas vascos se hartaron de negociar la forma de anexionar Navarra. Lo ocurrido desde el 27-M sólo es un capítulo más, pero no el último.

Zapatero pactó la entrega de Navarra, pero ¿hay alguien lo suficientemente estúpido como para pensar que "la entrega" de Navarra sería algo así como la entrega de las llaves de un piso? En cuanto a su interlocutor, Zapatero no podría llegar a pactos públicos y políticos en Navarra con ETA, no sin escándalo y aún delito. Y ETA no podía pactar con el PSN: era imposible política y jurídicamente. Hacía falta un elemento que proporcionara el puente entre unos y otros. Y éste es Patxi Zabaleta. Lo suficientemente dentro del sistema parlamentario para permitir a Zapatero pactar con "un partido legal que ha rechazado el terrorismo" y lo suficientemente familiar y cercano a ETA; con ex etarras en sus filas, contrario a la Constitución, y a la identidad de Navarra, Nafarroa Bai lleva años promoviendo acciones a favor de los presos y a favor de la anexión.

El sujeto de la entrega sería NaBai y el modo típicamente nacionalista. Aún hoy, el modelo para Navarra es Álava, antaño la más española de las tres provincias vascas, hoy asfixiada culturalmente por el nacionalismo vasco. Podría no tocarse ahora institucionalmente Navarra, pero se intensificaría el imperialismo cultural vasco a través de la educación, la cultura y el idioma. Ni ETA ni el nacionalismo vasco tienen prisas sobre Navarra. Se trata de aculturizar las generaciones del futuro antes de la solución final. Obsesión de Zabaleta y de la amiga de ZP, Uxúe Barkos.

Como afirmó Mayor Oreja, se constituyó un tripartito PSOE-nacionalistas-ETA para iniciar la absorción de Navarra, con Zapatero como pivote indispensable. Así que José Blanco debiera guardar silencio; si por su partido fuera, Patxi Zabaleta educaría ya hoy a los jóvenes navarros en las excelencias de Euskalherria. La excusa para negociar con NaBai de Puras, Zapatero y Blanco ha rozado lo patético: "como el PP nos acusó injustamente de querer negociar con los nacionalistas... negociamos con los nacionalistas". El argumento, por pueril, ha pasado desapercibido. Porque lo cierto es que ha sido la presión del PP y de parte de la sociedad civil la que ha hecho frenar al PSOE en su intención de pactar ya la aniquilación foral.

Si UPN trata de gobernar en solitario deberá tener en cuenta que lo hará en un parlamento en minoría, absolutamente hostil y a expensas de que Zapatero vuelva a las andadas con ETA, que lo hará. Y si hay elecciones y las gana, poco habrá cambiado en el fondo. Que UPN no espere lealtad alguna. Zapatero y su PSOE están frente al proyecto foral navarro y constitucional español, junto a Nafarroa Bai y a la espera de noticias de ETA. Estos le van a plantear un frente total, una oposición absoluta con la que, además, desestabilizarán Navarra, viejo sueño nacionalista.

Los próximos meses van a ser complicadísimos, con Zapatero y su frente mediático, empezando por PRISA, acosando la identidad foral de Navarra, promoviendo a NaBai como partido de gobierno y blanqueando a Patxi Zabaleta. Esto, en cada televisión, en cada telediario. Esta pesadilla para el constitucionalismo navarro durará mientras lo haga Zapatero al frente del PSOE. Los regionalistas deberán tener estómago para llevar a cabo una batalla cada día, para frenar a los enemigos de Navarra que no descansaran un minuto ni en Madrid ni en Vitoria. Si gobierna UPN, no deberá tener piedad política con quienes no la van a tener con UPN. Al fin y al cabo tendrán en frente a Rubalcaba, Patxi Zabaleta y, al fondo, la banda terrorista ETA.
GEES, Grupo de Estudios Estratégicos.

PP y Estatutos
Contra el sentido común
José García Domínguez Libertad Digital 18 Julio 2007

Lo peor de los socialistas es que a veces tienen razón. Por eso, cuando dediquen la campaña electoral a restregarle por la cara a don Mariano el Estatuto de la Realidad Nacional Andaluza, algunos casi lo celebraremos; más que nada, por la cosa del sentido común, que esta temporada está muy de moda y en Génova se lleva tanto como las corbatitas rosas. Y es que del PSOE ya sabemos que sólo cabe repetir aquello que sentenció Borges sobre sus primos hermanos, los peronistas: no son ni buenos ni malos, simplemente, son incorregibles.

Pero ¿qué decir de la coherencia doctrinal del PP en la cuestión del cuarteamiento del Estado? ¿Qué decir, por ejemplo, de la charlotada que escenificó ayer ante los magistrados del Tribunal Constitucional? Resulta que en Valencia el Partido Popular considera indiscutiblemente inconstitucional lo mismo que el Partido Popular sabe perfectamente constitucional en Sevilla, algo que un poco más arriba, en Barcelona, el Partido Popular vuelve a denunciar por gravemente inconstitucional.

Pues bien, ¿qué decir? ¿"Yo soy dos y estoy en cada uno de los dos por completo", en homenaje a la gloriosa memoria de San Agustín? Porque el Partido Popular recogió aquellos cuatro millones de firmas de aquellos cuatro millones de incautos por considerar inadmisible, egoísta, asimétrica y mezquina la disposición del Estatut que fuerza al Estado a invertir en Cataluña el equivalente a la aportación regional al PIB español.

Y, al día siguiente, el Partido Popular en pleno ya estaba movilizado en pos de lograr otros tantos millones de votos en el referéndum de Andalucía por creer muy razonable, ajustadísimo a derecho, digno de encomio y modelo a imitar el Estatuto de Chaves. Un Estatuto que obligará a ese mismo Estado a soltar de Despeñaperros hacia abajo un fajo exactamente igual a la aportación proporcional de... Cataluña al PIB español.

Pues ocurre que entre todos los catalanes, incluidos los que somos anticatalanistas, generamos anualmente el dieciocho por ciento del valor final de cuanto es producido en España. Razón de que vayamos a acaparar por nuestra incontestable voluntad, es decir, pasándonos por el arco del triunfo lo que opine el Parlamento de la Nación, el dieciocho por ciento de la inversión pública del Estado.

O sea, exactamente el mismo porcentaje que se reservará Chaves para sí con el aplauso del PP. Es decir, incurriendo todos juntos y en unión en una alegre violación de la presunta soberanía popular depositada en las Cortes similar a la que podrá cometer Camps -con el aplauso de Camps– cuando le dé la real gana de aplicar la Cláusula Idem. Y encima hay que llamarle sentido común.

El actual movimiento cantonalista
Juan Francisco Martín Seco Estrella Digital 18 Julio 2007

El grito de “viva Cartagena” ha quedado como sinónimo de desorden, de anarquía, de desgobierno. En la actualidad podría traducirse también por un “viva Cataluña”. El “viva Cartagena” es expresión del atávico individualismo español, y de la inveterada tendencia centrífuga tan propia de nuestro país. El cantonalismo originó la muerte de la Primera República española.

Son muchos los que, como Galdós, cometieron el error de identificar república y federalismo o, lo que es lo mismo, centralismo y absolutismo. Mariclío, personaje central y representativo de la quinta serie de los Episodios Nacionales, se expresa del siguiente tenor: “La idea federal es hermosa… pero dudo, ¡ay!, que pueda implantarla de una manera positiva y duradera un pueblo que ayer, como quien dice, ha roto el cascarón del absolutismo”. Galdós escribe a posteriori de los acontecimientos históricos. “La Primera República”, “De Cartago a Sagunto”, “Cánovas”, todas estas obras constituyen la parte más triste de su producción literaria, la historia de un desencanto, la confirmación de que el sueño de libertad iniciado en la Gloriosa ha muerto y que el regreso de la reacción es inminente. En estos últimos Episodios Nacionales el escritor canario pierde la objetividad que le ha caracterizado en otras muchas obras y señala como único culpable de la represión y del fracaso de la revolución al absolutismo, pasando por alto la parte de culpa que pudiera corresponder a los múltiples errores cometidos por los federalistas.

En contra de la opinión de los conservadores, el movimiento cantonalista estuvo muy lejos de ser una revolución social. Solo Alcoy y alguna que otra actuación aislada en Andalucía por la influencia anarquista y de la Internacional serían dignas de recibir tal denominación. En el resto, el levantamiento fue originado por una burguesía; como algunos historiadores los han denominado, políticos de café, en realidad mitad políticos, mitad literatos, generalmente provincianos, con una visión utópica de la realidad.

Pi y Margall pasa por ser el padre intelectual del federalismo español. Su pensamiento hunde sus raíces en un anarquismo utópico heredero de Proudon con tintes individualistas y en el que la democracia debe basarse en pequeñas unidades políticas —cuanto más pequeñas mejor—, que tiene como sumo analogado a la familia. Si tales planteamientos resultaban utópicos y alejados de la realidad a finales del siglo XIX, hasta el punto de producir acontecimientos que ya entonces parecían grotescos y esperpénticos, ¿qué calificativo deberemos otorgar a los que pretenden copiarlos en la actualidad?

En un mundo globalizado cuya mayor amenaza a la libertad parte de corporaciones gigantes que condicionan y determinan en casi todos los aspectos la vida de las personas, la división y el fraccionamiento del poder político tienen por fuerza que generar indefensión en los ciudadanos. Hoy retornamos al cantonalismo. Hay quien quiere resucitar la idea —la llaman autogobierno— de que la democracia está unida a la dimensión del ente político, cuanto más pequeño y pueblerino, mejor. Pero la realidad muestra precisamente lo contrario. La democracia directa resulta imposible desde hace muchísimos años, e incluso los resultados conseguidos cuando se dio en otras etapas históricas serían hoy totalmente insatisfactorios; por lo que, en principio, cabría pensar que la mayor o menor democracia de una sociedad no guarda concordancia con su tamaño; pero, de existir tal correlación, sería inversa, contraria a la manifestada por los cantonalistas. Cuanto más pequeño es el ente político, más vulnerable al poder económico y más susceptible de corrupción. Lo presenciamos diariamente en los Ayuntamientos.

El movimiento cantonalista recibe hoy el nombre de nacionalismo, pero su alcance es mayor. Ha tomado cuerpo también en las oligarquías políticas provincianas, de manera que éstas terminan comportándose como si de partidos nacionalistas se tratase. Los reinos de taifas se han multiplicado por doquier y cada uno actúa a su antojo y en el mayor desorden. Si actualmente no se emite moneda en las Autonomías, como en la Primera República, es porque existe el euro y porque se da la paradoja de que mientras nos proclamamos antiespañoles nos consideramos muy europeos. Pero el sistema fiscal no tiene tanta suerte y contra él se dirigen los principales envites de los cantonalistas actuales.

El País Vasco y Navarra lograron en la Transición —quizás el terrorismo no fuera del todo ajeno mantener privilegios medievales, generando un reino de taifas fiscal que ha sido puesto en entredicho por la propia Unión Europea, y los cantonalistas catalanes, entre los que se incluye el PSC, pretenden alcanzarlos ahora. Han conseguido con el Estatuto diseñar al margen del resto de Comunidades un sistema de financiación propio, que rompe la redistribución territorial y va a incrementar la desvertebración fiscal, con lo que se potenciará el fraude y resultará imposible toda imposición progresiva.

Se pretende justificar el Estatuto de Cataluña recurriendo a que los populares han aceptado en otros estatutos preceptos similares a los que critican en Cataluña. Hasta el Tribunal Constitucional cae en la trampa y, antes de pronunciarse sobre el recurso del PP, acepta analizar si este partido ha dado por buenos en el Estatuto de Andalucía artículos semejantes a los recurridos en el catalán. Postura incoherente, porque éste será o no constitucional independientemente de lo que ocurra en el de Andalucía y en el de otras Comunidades. Lo más que puede suceder es que estos también sean inconstitucionales.

La bondad o maldad del Estatuto catalán no depende de lo que diga o deje de decir el PP, y mucho menos de lo que esta formación política acepte o no en otras Comunidades. Es más, el mayor peligro del Estatuto catalán radica en que fuerza a otras Comunidades a seguir sus pasos si no quieren quedar en un lugar subalterno y obliga a todas las formaciones políticas a convertirse en cantonalistas en cada una de las Autonomías, salvo que se resignen a quedar marginadas.

La postura a veces demasiado catastrofista de los dirigentes nacionales del PP ha permitido que el Gobierno se instale en el latiguillo de que el Estatuto se ha aprobado y no ha pasado nada. Difícilmente podía pensar nadie que inmediatamente después de la aprobación del Estatuto catalán estallaría la guerra civil, pero eso no quita para que poco a poco vayan a ir surgiendo consecuencias muy perversas incluso para los propios catalanes. La marcha y la evolución de las sociedades, tanto en el aspecto político como en el económico, son lentas. En realidad, ahora empiezan a vislumbrarse los efectos nocivos del Estado de las Autonomías y de la ley electoral establecidos en la Transición.

Hoy por hoy, el Estatuto de Cataluña está por desarrollar e incluso pendiente de fallo de los distintos recursos en el Tribunal Constitucional, pero los cantonalistas catalanes no están dispuestos a esperar demasiado. Que nadie se engañe: poco a poco irán poniendo en marcha lo que el Estatuto establece y también lo que no establece. Las múltiples ocasiones de chantaje que sin duda alguna se producirán frente al Gobierno central, sea éste del signo que sea, garantizan que todos los horrores del Estatuto, incluso los que aparecen como meras posibilidades, terminarán llevándose a cabo.

En estos días, el Parlamento catalán ha aprobado una ley por la que se crea la agencia tributaria de esa comunidad y que se prefigura como la competente para gestionar y recaudar todos los impuestos vigentes en Cataluña, sean estatales o autonómicos. La secretaria de Política Autonómica e Institucional del PSOE aplaude y tacha de anticatalanes a los que critican la medida. Tal juicio es, sin duda, propio de quien por aplaudir ha pasado de secretaria, secretaria, a secretaria de secretaría. Hermosín siempre ha aplaudido a los que estaban en el poder. Primero aplaudió a Guerra, después a Txiqui; más tarde a González, posteriormente a Chaves y, por último, a Zapatero. ¿Por último? No creo.

www.telefonica.net/web2/martin-seco

Errores como proyectiles
Lorenzo Contreras Estrella Digital 18 Julio 2007

Una de las realidades más lamentables de la política al uso es la sistemática utilización del “tú más” en las disputas de los partidos sobre sus respectivos errores. El “tú más” va cediendo paso al “y tú, ¿qué?”, que ya parece indicar una profundización en las indagaciones del pasado. De la verdad general se salta, por tanto, a enunciados concretos, acusaciones sobre hechos notables que afectaron a los intereses y a la sensibilidad de sectores enteros de la población. Porque el “qué” obliga a documentar para comparar y medir la gravedad de los errores que unos se tiran a la cabeza de otros. Y lo primero que asombra cuando se recuerda lo que pasó y se considera lo que pasa es, en términos generales, la comprobación de la enorme incompetencia de los actuales dirigentes repartidos por las distintas comunidades autónomas.

Pero el pecado no acaba en la actitud de los políticos en activo, sino que es también atribuible a los politizados ciudadanos que desde distintas profesiones y dedicaciones, a menudo artísticas, procuran arrimar el hombro a la causa de los dirigentes de grupos gobernantes, incluido, naturalmente, el Gobierno central. El ominoso silencio actual de los ruidosos de otrora en Galicia convierte la inicial nobleza de las causas defendidas en torpes o inconfesables maquinaciones para que unos sectores políticos debiliten o intenten debilitar a otros en lugar de atender al drama de los ciudadanos directamente afectados por los distintos episodios.

Recuérdese el caso del “Nunca máis”, en la catástrofe ecológica del Prestige, del que “nunca máis” se supo. No se supo del barco que naufragó y al que las aguas cubrieron piadosamente como restos de un material incompetentemente manejado. En la superficie quedó flotando el combustible que un voluntariado social procuró achicar en las playas y en el litoral gallego mientras los “cooperantes políticos” de los partidos interesados en sacar provecho de la catástrofe agitaban banderas y pancartas con la esperanza de traducir los gestos en votos. Era lo que en los medios oficiales controlados por el PSOE repercutía, mientras los ciudadanos solidarios iban poco a poco retirándose sin recibir la gratitud pública oficial o institucional que merecían. Que se sepa, no se repartieron medallas entre ellos. Ni ellos, por supuesto, las pretendían.

Ahora, en Ibiza, otro barco, el Don Pedro ha repetido en cierta medida la “hazaña” del Prestige, y toda la incompetente autoridad responsable, ante las críticas que recibe en correspondencia con la memoria del pasado, no imagina otra argumentación defensiva que comparar la distinta magnitud de los vertidos contaminantes, como si el peligro potencial eximiera de su ineptitud, según su dimensión, a las autoridades responsables de la seguridad marítima. Y ahí tenemos a doña Magdalena Álvarez, ministra de Fomento, manifestando que jamás en casos similares se conoció una respuesta tan inmediata y con tantos medios. Una medalla, por favor. Y que, a ser posible, la financien o la reclamen para ella los afectados turísticos de la isla, cuyos ingresos no serán seguramente compensados en sus inevitables daños, menoscabos o detrimentos.

¿Hace falta recorder los riesgos que ha corrido recientemente la bahía de Algeciras, en otro episodio relacionado con la seguridad insuficiente de la navegación en la zona? Tampoco en este caso sonaron los estridentes ecos de los “nunca máis” de turno, que ya dejaron de reclamar turno en la denuncia de estos sucesos. Claro que vendrán tiempos más cívicos y denunciadores, sobre todo si los gobernantes cambian de color político.

La verdad es que esto del mar litoral se está llevando la primacía de la atención pública y mediática. Sólo algún que otro aniversario rememora algún que otro trágico incendio forestal, como, por ejemplo, el de Guadalajara, de cuyos directos encargados de velar por su seguridad sólo se sabe que el viento del tiempo los arrastró hacia las inmensas llanuras del olvido.

La cuestión navarra
ANDRÉS DE BLAS GUERRERO El País 18 Julio 2007

La cuestión navarra, en la reciente vida de España, tiene que ver sustancialmente con los intereses y las presiones de un nacionalismo vasco que ve, seguramente con razón, en la integración de Navarra al proyecto de Euskadi un paso indispensable para la verosimilitud de su último objetivo. Desde el inicio del nacionalismo vasco, y especialmente desde los años treinta y el momento de la transición política, los nacionalistas vascos han pensado que el territorio, la población y la historia de Navarra son elementos indispensables para llevar adelante un proyecto de independencia muy difícil de alcanzar con referencia a los límites actuales de la Comunidad Vasca. En el imaginario del nacionalismo vasco, Navarra ha sido siempre algo más que su Ulster, tal como proclamaba un ilustre nacionalista vasco de Navarra, D. Manuel de Irujo. Incluso es posible que por encima de la realidad territorial y poblacional, los nacionalistas vascos han visto en la comunidad foral un elemento sustancial en toda visión nacionalista: su posibilidad de legitimidad histórica ligada a la vida de uno de los viejos reinos hispanos. Un título al que decenas de años de movilización de la historia no han podido equiparar a las viejas provincias ligadas a la vida de Castilla.

La hipótesis de que una integración de Navarra en Euskadi frenara la actual hegemonía nacionalista en el País Vasco, es una hipótesis razonable en un horizonte inmediato. Se trataría de un riesgo que el nacionalismo vasco estaría dispuesto a jugar a la vista de las posibilidades que se abren para su proyecto a medio y largo plazo. Esta hipótesis de interponer un dique al control nacionalista de la vida vasca se trata de un dato que raramente se plantea públicamente, pero que está presente en los cálculos de los políticos. Cuando, por otro lado, los socialistas navarros plantean la posibilidad de una negociación con los nacionalistas vascos en Navarra a cambio de suspender sine die el proceso de incorporación de la comunidad foral a Euskadi, están planteando un imposible. Porque solamente el proceso de integración justifica la existencia de unas fuerzas políticas nacionalistas que, en otro caso, perderían su razón de existencia.

La vía navarra a la autonomía, de ley a ley, de la Ley Paccionada de 1841 a la Ley de Amejoramiento Foral, siguiendo el modelo de nuestra transición, resultó una inteligente operación política que frustró las pretensiones del nacionalismo vasco. Es verdad que la transitoria cuarta de nuestra Constitución abre la puerta para una rectificación de este camino. El dato básico al respecto, sin embargo, es que esta transitoria no tiene su origen en la voluntad de los navarros, sino en la presión de los nacionalistas vascos a los que se cedió en un intento de integrarles en el orden constitucional.

El nacionalismo vasco estaría dispuesto a muchas cesiones provisionales por conseguir una integración que haría viable la "hoja de ruta" de su proyecto político. Pero se trataría de una integración que a la vuelta de muy poco tiempo nos enfrentaría con un proyecto nacionalista vasco que habría alcanzado su objetivo táctico más importante. Esta es la razón por la que la gran mayoría de los navarros y el resto de los españoles, no podemos ceder en la apertura de un camino que puede resultar a corto plazo bien o mal para el proyecto español, pero que es la posibilidad para que pueda prosperar una opción secesionista, para que pueda hacerse realidad el colapso de España.

Los socialistas navarros deben juzgar la actual coyuntura política con realismo y responsabilidad. No pueden pedir a Nafarroa Bai lo que esta coalición no puede darles sinceramente sin pagar por ello el precio de su disolución política. Si el socialismo navarro no puede llegar a un entendimiento con UPN, el camino más sensato y democrático parece una nueva consulta al electorado. Este entendimiento, bien en la forma de un gobierno de coalición, bien en la forma de un gobierno en minoría integrado por el partido más votado, parece, probablemente, la solución más fácil, razonable y comprensible para el electorado.

En todo caso, conviene tener presente que el sustancial componente vasco de Navarra no necesita del proyecto del nacionalismo sabiniano para afirmarse y sobrevivir. Y que ese componente tiene en los instrumentos de cooperación entre Comunidades Autónomas previstos en nuestra vida política, además de en el amparo general de nuestra Constitución, una firme y suficiente garantía. En definitiva, que no se trata de una cuestión cultural la que está en juego, sino de la viabilidad de un proyecto político de inspiración secesionista en el que no cree la mayoría del pueblo navarro. Un proyecto que no puede contar con el apoyo de las fuerzas políticas españolas sin asumir con ello el más evidente de los contransentidos.

Andrés de Blas Guerrero es catedrático de Teoría del Estado en la UNED.

Empeñado
JON ABRIL El Correo 18 Julio 2007

El Estatut de Catalunya ha muerto. No vale, nunca deberá entrar en vigor. Lo siento por los catalanes que le dieron su apoyo: lo intentaron, pero no llegaron a los mínimos democráticos. No llegaron a los mínimos que la Unión Europea impuso en Montenegro: más del 55% de votos afirmativos a una pregunta clara, con una participación mínima del 50% del electorado. Los montenegrinos cumplieron (con la oposición de la comunidad serbia), pero los catalanes no llegaron a esos datos, pero dio igual, entre otras cosas porque son multitud las consultas que en Europa no llegan a esos mínimos. Y porque esos porcentajes mínimos no son un planteamiento básico de la democracia, sino que estaban pensados ex profeso para Montenegro.

Pero no es esa la razón por la que el Estatut de Catalunya esté muerto. Ni tampoco siquiera los recursos de inconstitucionalidad que el Partido Popular, varios de sus gobiernos autonómicos y el defensor del pueblo han presentado. El Estatut está muerto porque salió adelante sin los consensos básicos que son necesarios para la reforma de cualquier estatuto: mayor nivel de consenso que el estatuto que viene a reformar. Y eso no se dio en Cataluña, donde PP y ERC se opusieron al nuevo Estatut (y los republicanos apoyaron el viejo), y el número y porcentaje de voto del nuevo Estatut fue menor que el antiguo. Así que con esos datos y la doctrina Imaz, está claro que el Estatut no debe entrar en vigor.

Josu Jon Imaz está empeñado en un planteamiento que no tiene nada de democrático, por mucho que se empeñe en darle ese ropaje. Su planteamiento de 'no imponer, no impedir' parte de un buen titular, y ahí se acaba su recorrido.

En democracia, las mayorías parlamentarias no 'imponen' sus planteamientos. Se supone que para eso se eligen los parlamentos, incluso el vasco. Para que hagan política, busquen el mayor apoyo posible y saquen adelante los planteamientos con el respaldo mayoritario de los representantes de la voluntad popular. Precisamente eso que ha ocurrido tantas veces en tantos parlamentos con tantos proyectos, leyes... fue lo que ocurrió con el plan que el lehendakari Ibarretxe llevó al Parlamento vasco y éste hizo suyo por mayoría. En diciembre de 2004, si la memoria no me falla. ¿Hace ya tanto tiempo!

Y ahora nos sale el presidente del PNV diciendo que no, que no se puede llevar a consulta. Una vez más, incumplen su compromiso electoral: no va a haber consulta. Porque no. Y porque sería hacerle el juego a ETA. Como si a ETA le hicieran falta banderines de enganche. Como si no supiéramos que hagamos lo que hagamos ellos van a seguir sintiéndose la vanguardia armada de las esencias vascas. Si hay referéndum, porque no asume la territorialidad y si no lo hay, porque no se le da la palabra al pueblo. Ellos a lo suyo y contra todos. El señor Imaz plantea abandonar la acción política mientras ETA siga en activo, niega a la clase política de este país el poder buscar soluciones y el poder realizar aportaciones al proceso de normalización. Porque mientras ETA exista, no se puede debatir, y la ciudadanía no puede expresarse libremente.

Así que la razón del no-referéndum habrá que buscarla en otro sitio. O tal vez hay que darle la vuelta al planteamiento para entender qué es lo que falla en la propuesta del 'no' que ha hecho el presidente (y candidato a presidente) del PNV. Tal vez haya que entender que el 'no imponer' se debe aplicar a aquellos que llevan años imponiendo. Por supuesto ETA, que lleva años imponiendo su práctica degenerativa y que prefiere un acuerdo que le permita salvar la cara, aunque en clave nacional sea malo, que un acuerdo entre nacionalistas que ni busque ni espere su bendición. Por supuesto, PSOE y PP, que llevan décadas diciendo qué podemos y qué no podemos decidir, 'mientras siga existiendo el terrorismo'. Imponiendo el 'status quo'. El 'no impedir', por su parte, se tiene que aplicar a aquellos que tienen la obligación de buscar las fórmulas para que este país avance. Aunque los etakides y su cohorte no quieran que avance sin su concurso, aunque los nacionalistas españoles no quieran que avance en absoluto. La mayoría parlamentaria de este país hizo una propuesta y es responsabilidad de su Gobierno no impedir que la ciudadanía diga si asume o no dicha propuesta.

Y salga lo que salga, todos a cumplir la voluntad clara y democrática de la ciudadanía de la Comunidad Autónoma: si sale sí, para pactar con el Estado cómo llevamos a término el mandato popular (ésa y no otra es la necesidad de pactar: la forma, no el contenido; el cómo, no el qué); si sale no, asumiendo por ejemplo lo estipulado por la Unión Europea para el referéndum de Montenegro: ha de pasar un tiempo dado para volver a presentar una propuesta similar.

Los rebaños humanos y la falsa Democracia
Francisco Rubiales Periodista Digital 18 Julio 2007

Reflexionando sobre la mejor manera de plasmar en Voto en Blanco el drama de cómo la democracia de ciudadanos se ha transformado hoy en una democracia de esclavos, recordé algunos párrafos de mi libro "Políticos, los nuevos amos" y, tras releerlos, decidí plasmarlos tal como fueron escritos y publicados:

Es probable que nadie haya descrito la esencia del poder político actual mejor que Walter Lippmann, que no fue un filósofo ni un politólogo, sino un periodista experto en comunicarse con la audiencia. Él, quizás sin saberlo, difundió el pensamiento de Carl Schmitt, Leo Strauss y de su discípulo Allam Bloom, quienes concibieron al hombre de la calle como un elemento a manipular, ya que carece de formación para hallar el sentido esotérico de los acontecimientos y de los venerados textos y mitos de los grandes autores. Decía Lippmann que los intereses de la humanidad están fuera del alcance de la gente vulgar y que esas grandes mayorías que integran la “opinión pública” nunca podrán defender los intereses colectivos, porque no pueden comprenderlos, porque adolecen de la inteligencia necesaria. Esos intereses sólo pueden ser entendidos y dirigidos por una “clase especializada” formada por “hombres responsables” que poseen inteligencia y responsabilidad. A las élites preparadas con capacidad para dirigir el mundo, Lippmann las denominó “clase especializada” y a los otros, a los que están fuera del grupo reducido de élite y forman la gran mayoría de la población, los llamó “el rebaño desconcertado”. El pequeño grupo de seres libres lo consideró tan insignificante que ni siquiera mereció su análisis.

La “clase especializada” cumple en la actual democracia dominante una función de connivencia ejecutiva, defendiendo sus propios puntos de vista e intereses y los de otros poderes aliados, y se encarga de pensar, legislar, organizar y dirigir el mundo, mientras que la función del “rebaño desconcertado” consiste en ser adormecido, aletargado y transformado en “espectador” de la acción, sin participar en ella. Sin embargo, en los tiempos actuales, al haberse adoptado la democracia como sistema político, de vez en cuando se permite a los miembros del rebaño acudir a las urnas para que, en apariencia, den o quiten autoridad a algunos de los miembros de la clase especializada, un mecanismo controlado por el verdadero poder, que nunca pondrá en peligro el orden constituido, ni las hegemonías.

Con razón dice Leo Strauss que existen tiranías buenas, como aquellas que asumen el poder para dirigir al pueblo correctamente, y tiranías malas, que son las que toman el poder para aprovecharse, por lo que, en realidad, la democracia sería la mejor de las tiranías. En el fondo, no existen demasiadas diferencias entre el viejo leninismo y las modernas democracias elitistas, pervertidas por la “oligocracia”. Ambos sistemas creen que las masas son estúpidas y que deben ser dirigidas por élites preparadas, en el caso de Lenín, por las vanguardias del partido comunista, y en las democracias, por los partidos políticos que defienden los grandes intereses del poder y que cobijan a la clase especializada. Los dominadores, en uno y otro caso, se sienten respaldados por la razón y la ética, convencidos de que, por el bien de la humanidad, las masas nunca deben mandar. Esa sorprendente similitud entre el totalitarismo leninista y la democracia mutante permitió que las sociedades del Este de Europa que pasaron del comunismo a la democracia capitalista, tras la caída del Muro de Berlín, lo hicieran fácilmente, sin grandes convulsiones y sin violencia.

Políticos, los nuevos amos, de Francisco Rubiales (Editorial Almuzara, 2007)
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Miedo escénico
LÍNEA EDITORIAL minutodigital 18 Julio 2007

Algo parecido al sentimiento que según Jorge Valdano percibían los equipos de fútbol al saltar al césped del estadio de Chamartín es lo que han debido notar en sus carnes los dirigentes de Ferraz al imaginarse las próximas elecciones generales si el PSN hubiese pactado con Nafarroa Bai para expulsar a UPN del Gobierno navarro.
La derecha española, o como prefieran denominarse quienes se consideran oposición a la política territorial, social o cultural que impone el presidente Rodríguez en España, debe mostrarse coherente ante su electorado y no dar esos continuos bandazos que observamos según el reino de taifas en el que se encuentre.
Esto no quiere decir que en la Comunidad Foral vaya a garantizarse un gobierno en minoría durante los futuros cuatro años porque, dentro de la precampaña electoral permanente que vivimos, el inefable señor Blanco ya se ha apresurado a capitalizar el rapapolvo a Puras para demostrar que el PP mentía cuando hablaba de una connivencia entre socialistas y “pseudo” abertzales camuflados.

Pero otra cosa es la hoja de ruta que se hayan marcado ETA y los emisarios de ZP que, aún con su desconocimiento certero, alerta de las previsiones de una de esas ya famosas mociones de censura para Navarra una vez que se haya dilucidado el Gobierno de la nación en la siguiente legislatura. El silencio mediático producido ante los encarcelamientos de De Juana Chaos y Otegui, junto al constante goteo de detenciones de terroristas a punto de cometer sangrientos atentados parecen pronosticar que la campaña del PSOE girará en torno a la mano dura con que ZP ha sabido responder a la ruptura de la tregua por parte de los asesinos. Otra lectura posible es la que lleva al vaticinio de que son los socialistas quienes ahora han decretado la tregua-trampa hasta que hablen las urnas en la primavera de 2008, si es que no hay sorpresas antes.

Quizás a UPN no le quede sino el órdago de volver a convocar elecciones con la intención de garantizarse una mayoría absoluta que no pudo conseguir el pasado 27 de Mayo. Pactar una garantía de gobernabilidad con el equipo de Puras no supondría sino una bajada de pantalones ante su electorado y esperar una victoria de sus socios del PP parece demasiado arriesgado cuando el programa electoral lo diseñará un hombre de Rato y que estará basado, principalmente, en temas de índole económico. Los problemas en España no son esencialmente económicos, aunque la carestía de la vida amenace con continuar subiendo, sino de destrucción de la nación, de pérdida de su identidad y de desaparición de los valores morales y humanos que han regido la civilización occidental. Una reforma electoral es necesaria y urgente pero eso, aunque se pueda utilizar como promesa programática, requerirá un consenso que hoy en día se antoja inviable.

Gobernar ahora en minoría supondría el canto del cisne para UPN. La derecha española, o como prefieran denominarse quienes se consideran oposición a la política territorial, social o cultural que impone el presidente Rodríguez en España, debe mostrarse coherente ante su electorado y no dar esos continuos bandazos que observamos según el reino de taifas en el que se encuentre. Debe dirigirse, en todo el territorio español, a esas personas sensatas que pretenden vivir en paz y armonía, mirando hacia delante y conservando las esencias que han hecho caminar erguida a nuestra Patria a lo largo de los siglos. Y tomar decisiones valientes que alimenten el ánimo de todos estos españoles que, a buen seguro, son más de los diez millones con los que parecen conformarse como techo electoral.

Siempre ganan los duros
POR CÉSAR ALONSO DE LOS RÍOS ABC 18 Julio 2007

La estrategia deconstructora de los nacionalistas y los socialistas nunca ha avanzado de forma lineal ni uniforme. Unas veces ha sido en zig-zag y otras ha seguido la táctica de dar un paso atrás para saltar dos adelante, pero los conservadores siempre trataron de aferrarse a la última contradicción para convencerse de que aquéllos nunca habían pensado en conspirar contra la Nación. Es llamativo que la experiencia dure ya treinta años, y que tantos se empeñen en no reconocerlo: Cataluña se va; el País Vasco está a un paso del referéndum de autodeterminación y Galicia vive una situación cuyas posibilidades jamás imaginaron los Brañas y los Castelao.

Sin embargo, durante estas tres décadas ha habido ocasiones en las que fue elogiado el sentido de responsabilidad histórica de Pujol y el españolismo de Roca. Hubo momentos en los que Ardanza pareció destinado a dejar reducido el nacionalismo a un empeño en marcar el «ámbito vasco de decisión». ¿Y Beiras? Un esteta tan solo, un pianista frustrado. Ahora algunos quieren ver el enfrentamiento entre el moderado Imaz y el dogmático Ibarretxe como la posibilidad de una reconversión del PNV a formas democráticas de convivencia. ¿Qué decir de las ilusiones que se ha hecho la derecha con el PSOE? Quiso creer con «Time» que la victoria de González en 1983 fue la ascensión de los nuevos nacionalistas españoles. Maragall no podía ser un seguidor de Rovira i Virgili; si acaso, de Almirall.

¿Y Navarra? Tan solo un globo. Tanto una buena parte de la derecha como otra del bloque electoral socialista necesitan interpretar la destrucción a la que hemos llegado como un conjunto de perversiones territoriales que podrán ser corregidas en no se sabe qué momento crítico. Todo quedará en un desvío ciertamente lamentable y costoso pero superable. La salida de Navarra que no implique la incorporación a Euskal Herría representaría un giro hacia la razón; por su parte, las tensiones del PNV podrían ser interpretadas como la vuelta a un cierto sentido común. Ni unos ni otros quieren saber que siempre ganan los duros... después de las elecciones.

Mallorca is not Spain
Xoán Xulio Alfaya Periodista Digital 18 Julio 2007

Como denuncia José Ignacio Pérez Argüelles, presidente de la asociación familiar AFA-Educación, mayoritaria en la isla: «Nos parece perfecto el catalán, pero estamos en una comunidad bilingüe y los padres tenemos derecho a elegir la lengua en la que se educa a nuestros hijos». Teniendo en cuenta la falta de imaginación y la nula originalidad de los políticos gallegos, que se limitan a copiar al pie de la letra y sin ruborizarse todo lo que se hace en Cataluña y aledaños, esto es más o menos lo que nos espera a los gallegos.

A pesar de que el español es la lengua propia de al menos más de la mitad de la población de Mallorca, la clase política ha decidido satanizarlo poniendo todos los medios a su alcance para desaparezca o, cuando menos, para que pase a convertirse en una lengua vergonzante. La historia, igual que la naturaleza, siempre pasa factura de los errores cometidos. Y las consecuencias de las barbaridades que se están haciendo a expensas de un concepto tan políticamente distorsionado como el de "lengua propia", más bien temprano que tarde tendremos que pagarlas todos los ciudadanos. Los políticos que nos han metido en semejante maratón de absurdidades, estarán para entonces cobrando sus espléndidas pensiones ganadas no con el sudor de su frente, sino con el ejercicio de la más perversa irresponsabilidad.

Marea catalana en Mallorca
CRÓNICA | El Mundo, domingo, 15 de julio de 2007

* Acaban con el Premio Cela por ser en castellano. Los alumnos no saben en qué lengua estudiarán. Es la invasión lingüística: «Mallorca is not Spain, freedom for Catalonia».

Carlos llegó a Mallorca hace un año junto a su mujer, María Jesús, tentado por un contrato para trabajar como director de concesionario en una conocida firma de automóviles. Tras desembarcar en la isla, este joven matrimonio gallego matriculó a sus dos pequeñas, de siete y 10 años, en un colegio público del municipio de Calvià. Buena parte de los alumnos son hijos de inmigrantes de la Península, que se desplazan a Baleares para trabajar en el sector turístico, o de padres extranjeros.

A los pocos meses de empezar el curso, comprobaron que la mayor, alumna de sobresalientes en su antiguo colegio de La Coruña, suspendía casi todas las asignaturas. «Mis hijas nunca habían oído hablar catalán», explica Carlos. «Y ahora llegan a casa sin saber de qué les habla el profesor. ¿De qué les servirá cuando volvamos a Galicia? Me fui a hablar con él y no conseguí que me dijera una sola palabra en castellano».

Antes del verano, Carlos y María Jesús ya habían decidido que sus hijas estudien el próximo curso en un colegio concertado, acogido al nuevo plan de educación trilingüe impulsado por el Gobierno de Jaume Matas: el 40% de las asignaturas se imparten en castellano, otro 40% en catalán y el 20% restante en inglés.

Pero sus esperanzas se han esfumado. Las elecciones del 27-M pasado dieron paso a un nuevo Ejecutivo balear presidido por el socialista Francesc Antich y formado por seis partidos distintos (PSOE, Unió Mallorquina, los nacionalistas del PSM, Esquerra Unida, Els Verds y ERC), que ya ha anunciado una de sus primeras decisiones: eliminar el modelo de educación trilingüe para sustituirlo por una evanescente fórmula, «inglés para todos, pero sin reducir la enseñanza del catalán».

Dado que en la mayoría de los colegios públicos entre el 70 y el 90% de las horas de estudio se imparten en catalán, la alternativa anunciada por el hexapartito de Antich augura un nuevo recorte del castellano.

No es la única sorpresa que aguarda a familias como la de Carlos y María Jesús. Entre otros planes de futuro, el nuevo pacto multicolor ha dado a conocer que la radio y televisión autonómica, IB3, emitirá sólo en catalán (hasta ahora incluía algunos espacios presentados en castellano) y desaparecerán los prestigiosos premios literarios Camilo José Cela, instituidos por el Ayuntamiento de Palma (sólo se mantendrá la categoría de obras en catalán).

El castigo
La nueva teniente de alcalde de Cultura de Palma, la nacionalista Nanda Ramón, pretende además recuperar un delirante reglamento de «normalización lingüística» -aparcado hace dos años por el PP- que incluye sanciones para los funcionarios que no hablen catalán. Insta incluso a comerciantes, farmacéuticos y párrocos del municipio a utilizar sólo esta lengua.

Todo ello en una comunidad en la que más del 15% de los habitantes son extranjeros (la mayoría, de Sudamérica) y el español es la lengua propia de, al menos, la mitad de la población. Los partidos nacionalistas apenas representan el 10% del voto en Baleares, pero gracias a su alianza con el PSOE han logrado imponer una nueva marea catalanista en las Islas. Así, el bilingüismo, que constituye una de las principales riquezas culturales del archipiélago, cuyos habitantes alternan con naturalidad el castellano y el catalán, ha pasado a convertirse en una cualidad vergonzante.

Ya en la pasada legislatura, el PSOE de Francesc Antich intentó sin éxito imponer a todos los ciudadanos la obligación de saber catalán, bajo el pretexto de equiparar esta lengua, en cuanto a «derechos y deberes», al castellano. No lo consiguió por el rechazo del PP, que defiende las modalidades propias de las Islas (el mallorquín, el menorquín y el ibicenco) frente al catalán estándar del Principado. Baleares es la autonomía con mayor tasa de fracaso escolar. Un fenómeno que afecta especialmente «a hijos de familias castellanohablantes», reconoce una profesora.

Hasta ahora, la inmersión lingüística ha tenido su mejor aliado en el sindicato nacionalista STEI, abrumadoramente mayoritario en la enseñanza pública. «La inmersión lingüística en catalán es inconstitucional», denuncia José Ignacio Pérez Argüelles, presidente de la asociación familiar AFA-Educación, mayoritaria en las Islas con más de 3.000 asociados. «Nos parece perfecto el catalán, pero estamos en una comunidad bilingüe y los padres tenemos derecho a elegir la lengua en la que se educa a nuestros hijos».

El premio
Hace tres años, el Ayuntamiento de Palma, presidido entonces por la popular Catalina Cirer, decidió ampliar los premios literarios Ciutat de Palma, que hasta entonces sólo admitían obras en catalán, creando una nueva categoría en castellano, los Camilo José Cela, dotado con 18.000 euros. En la última edición se presentaron 93 obras en castellano, frente a tan sólo 35 en catalán. Ahora, la nueva concejala de Cultura, Nanda Ramón, quiere acabar con esta «anormalidad» eliminando la modalidad de castellano. El escritor Román Piña Valls, ganador en 2005, considera que la decisión es «una prueba de sectarismo cultural».

Con el pretexto de «difundir y dar prestigio a la cultura, la lengua y la identidad catalana», el propio tripartito de José Montilla se encarga de financiar a toda una constelación de asociaciones catalanistas de las Islas, especialmente críticas con la gestión del PP. El pasado mes de noviembre, la Generalitat de Cataluña repartió 338.000 euros entre estas entidades. Las más beneficiadas fueron, con 200.000 euros, la Obra Cultural Balear (OCB), que todos los años lidera la manifestación independentista del 31 de diciembre en Palma de Mallorca. Y, con otros 35.000 euros, los Joves de Mallorca per la Llengua, para organizar la Acampallengua. Sus estrellas invitadas el año pasado fueron el futbolista del Barça Oleguer Presas (cuyas posiciones independentistas son bien conocidas) y el adolescente Eric Beltrán, detenido por enviar cartas amenazadoras a varias empresas en nombre de un imaginario Ejército del Fénix, exigiéndoles que etiqueten sus productos en catalán.

A estos grupúsculos, con escasos socios pero muy ruidosos, hay que unir otros como los Maulets, que han promovido una campaña bajo el lema «Mallorca is not Spain, freedom for Catalonia».

Parejas como la de Carlos y María Jesús, que llegaron a Baleares cargados de ilusión, comienzan a mirar el futuro con inquietud. «Algunos amigos han optado por mandar a sus hijos a un internado de la Península para que puedan estudiar en castellano. Nosotros estamos cansados. Si las cosas se complican más, no nos quedará más remedio que hacer las maletas y regresar a Galicia».

Al menos, hasta que vuelva a bajar la marea.

Separatismo
Los socios de Zapatero piden la independencia de Cataluñan
Bajo el disfraz de un festival de música, que permite a los separatistas, conseguir múltiples subvenciones, todos los años, desde hace 12, las juventudes de ERC organizan la llamada Acampada Jove
minutodigital  18 Julio 2007

Bajo el disfraz de un festival de música, que permite a los separatistas, conseguir múltiples subvenciones, todos los años, desde hace 12, las juventudes de ERC organizan la llamada Acampada Jove, un acto puramente político en cuya última edición Puigcercós ha dicho que el autonomismo 'es un invento de la transición' que ha quedado en entredicho después del proceso estatutario.

El secretario general de ERC, afirma que "está llegando el final del autonomismo" y que después "sólo puede venir la independencia nacional" de Cataluña. Ante un publico de hooligans separatistas, la mayoría militantes de las juventudes de ERC, el dirigente republicano ha enumerado las “secuelas” del franquismo que, en su opinión, persisten en el Estado español 'cuando se cuestiona la unidad de la lengua catalana y del país'.

El jefe separatista ha dicho que el nuevo Estatut de Cataluña 'ya está superado' y que la actitud de CiU durante el proceso de negociación del texto estatutario ha demostrado que el autonomismo está acabado.

En un tono más agresivo, calificó la acampada como "acto de fuerza" que demuestra "que las JERC son la primera organización juvenil de los Països Catalans". Y dijo que "la lucha por la independencia política" es una lucha "contra la precariedad juvenil".

Según los convocantes la Acampada Joven también es cultura, “convirtiéndose en un escaparate de la cultura de raíz tradicional de los Países Catalanes, al mismo tiempo que potencia nuevas expresiones culturales basadas en la reivindicación y la libertad. Te invitamos, en definitiva, a participar de la independencia y el socialismo que miles de jóvenes construimos todo el año en las JERC."

Por ello la Acampada Jove ha contado con la participación de un total de treinta grupos y unos 200 artistas separatistas, que han amenizado los 25 mítines y encuentros dedicados a demostrar y predicar que Cataluña no es España.

Curiosamente, Ràdio 4, el canal para Cataluña de Radio Nacional de España (RNE), aparece como patrocinador del acto de apología separatista que es la Acampada Jove de las JERC. Una clara muestra de lo que el gobierno del PSOE entiende por imparcialidad e independencia de los medios públicos que todos los españoles financiamos con nuestros impuestos.

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