AGLI

Recortes de Prensa     Miércoles 25 Julio   2007

Réplica al manifiesto "Ensino en galego", de la "Mesa pola normalización lingüística"
Iniciativa ciudadana Tan gallego como el gallego 25 Julio 2007

La “Mesa pola normalización lingüística” ha hecho público el manifiesto “Ensino en galego” en el que, tras repetir las falacias habituales en que se sustenta el discurso normalizador, llama a la comunidad educativa a cumplir plenamente el Decreto 124/07 (que impone la docencia en gallego de todas las asignaturas troncales y de la polémica EPC, y hace depender de la voluntad de los centros que se imparta en gallego o en español el resto -educación física, plástica y religión o alternativa-). Llama también a la Administración a poner al servicio de esta imposición más personal, “planes ambiciosos” de formación, es decir, de adoctrinamiento, “una actitud diligente de los inspectores”, es decir, más represión, y más campañas de propaganda. La normalización es cara -incalculablemente-, pero como la pagamos todos, la soportamos los que no estamos a la Mesa, y la disfrutan y usufructúan sus comensales, no se repara en gastos.

Mientras que los partidarios de la libertad de idioma defendemos el derecho de los que se sientan a esa Mesa o piensan como ellos a “vivir y aprender” en el idioma oficial de su elección, ellos pretenden convertir su derecho en obligación de todos y para todo. La asimetría de los dos proyectos es evidente, y la injusticia de uno es manifiesta.

La normalización lingüística, en cuanto rebasa el establecimiento de la cooficialidad en régimen de libertad e igualdad, es un proyecto de ingeniería social totalitario, sin fundamento lógico, ético o jurídico alguno, más que la pura voluntad de sus impulsores, que quieren ahormar a toda la sociedad conforme a una concepción unánime y excluyente.

El manifesto es otra muestra más de retórica tramposa y de desprecio por la libertad. Para quienes sostienen el discurso de la normalización lingüística, hay que normalizar a los ciudadanos que somos anormales, convirtiéndonos así en objeto de su fobia por nuestros hábitos lingüísticos, que pretenden modificar mediante el ejercicio del poder público, es decir, mediante la discriminación, la imposición, la coacción y, eventualmente, la represión de las conductas rebeldes.

La Mesa repite el mantra fundacional de la normalización: “a lingua propia do noso país: o galego”. Si los comensales quieren vivir en ese país monolingüe de ficción, no hay ningún inconveniente por nuestra parte, siempre que nos dejen vivir a nosotros en el nuestro, es decir, siempre que no pretendan el monopolio de un sistema educativo que pagamos todos, y del privado -salvo la partes que paguen ellos-, para ahormarnos a todos conforme a su capricho. En nuestro país, en el que pagamos impuestos como los de la Mesa, hay una lengua franca o común a todos los ciudadanos que nadie está obligado a usar, y en nuestra región, que es Galicia, hay también otra lengua de ámbito regional. Ambas son cooficiales en el territorio de la comunidad autónoma, y no hay más regla justa de convivencia que la plena libertad e igualdad de los usuarios de cualquiera de ellas, o de ambas. Hay dos asignaturas obligatorias que dan cuenta de cada una, y, fuera de eso, después de la primera enseñanza y de la adquisición de la lectoescritura, en que debe primar, sin excepción, la lengua materna, ninguna obligación de uso puede imponerse a ningún ciudadano, y menos abusando de que sea menor e indefenso, caso de los alumnos, o dependa de una nómina, caso de los profesores.

Es una crueldad contraproducente, como todas, abusar de niños para obligarles a estudiar en una lengua que no es la suya en aplicación del dogma de que es “la propia”; es una malversación -además de algo bastante más grave- imponer a los profesores el uso de una lengua distinta a la de su preferencia, con la consiguiente pérdida de calidad de la docencia; y es una estupidez sostener que tales abusos mejoran esa calidad.

La Mesa pretende abusar también de la ignorancia que supone en los demás, invistiéndose de prestigio internacional y pasando de la mitología a la superchería: ni la Declaración Universal de Derechos Lingüísticos ni la Carta Europea de Lenguas Regionales o Minoritarias dan cobertura a ningún proyecto totalitario de “normalización lingüística” como el que se pretende ejecutar con el decreto aprobado el 28 de junio.

Baste pensar que la República Francesa también ha ratificado, y cumple, la famosa Carta, y no reconoce más lengua oficial que el francés, en un país en el que hay varias lenguas regionales minoritarias. El Reino de España aventaja a cualquier otro estado europeo en el nivel de adhesión -la Carta prevé varios-. En ningún otro se ha llegado a las situaciones absurdas que padecemos aquí por la invención de “derechos de disfrute forzoso”.

Ni siquiera el Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega, engendro unánime de nuestro parlamento, da cobertura al Decreto 124/07. Su incorporación parcial al sistema de fuentes del derecho como mero anexo pone de manifiesto la contradicción evidente entre “se fomentará que se impartan en (gallego) materias troncales”; “se tenderá a que ...” con la dicción del Decreto, que no fomenta ni recomienda. Impone.

Nosotros también hacemos un llamamiento al conjunto de la comunidad educativa, y aún lo extendemos a toda la sociedad, para que se resista a la imposición lingüística, para que deje que la libertad se adueñe de las aulas, para que facilite a los alumnos los libros y material escrito en el idioma que prefieran, para que a los profesores no les esté prohibido usar la lengua en la que mejor den las clases a nuestros hijos, para que desafíen y dejen en ridículo a la espesa maquinaria burocrática de imposición. Recuerden la ocurrencia de las programaciones.

De momento, hay un reglamento ilegal impugnado ante el poder judicial y un gobierno regional con todos sus terminales y apéndices, Mesas y sillas presos de cierto nerviosismo productor de manifiestos serviles y liberticidas. Eso es todo.

Nacionalismo
La oscuridad de Barcelona
Agapito Maestre Libertad Digital
 25 Julio 2007

Resulta extraño, casi algo propio de república bananera, que la segunda ciudad de España se quede sin suministro eléctrico durante tantas horas. Comprendo que la indignación crezca por todas partes y la expresión más repetida por los ciudadanos sea: "Es una vergüenza que Barcelona esté sin luz". La gente buscará responsables de este fallo en el suministro de energía, y aunque sospeche que son varios los culpables de este triste acontecimiento, no se atreverán a señalar a uno en concreto.

Sin embargo, los nacionalistas catalanes ya han hecho responsable al resto de los españoles, en realidad, a España de que Barcelona esté sin luz. Cualquier chivo emisario es bueno para exonerarse de su responsabilidad, o sea, todo el mundo es potencialmente culpable de que Barcelona esté sin luz, excepto el mesogobierno de Cataluña. Así son los nacionalistas catalanes y sus primos los socialistas. Escoria. Políticos cobardes que se esconden en cuanto aparece el más mínimo problema. Esa cobardía es, en efecto, el hilo directriz del gobierno que preside el socialista Montilla apoyado por los nacionalistas de ERC y los comunistas de IC.

Pero esa esencial cobardía, nadie lo olvide, está respaldada por quienes ahora sufren los apagones de luz. Son esos sufridores sus principales votantes. Sí, sí, los nacionalistas y socialistas están en el poder porque la gente, que ahora se queja de ellos por no tener luz, los vota. Eso debería tenerse siempre presente, porque de lo contrario tendemos a idealizar al "ciudadano", o mejor, al votante y a estigmatizar a sus representantes políticos.

En todo caso, de todas las opiniones que he leído sobre la crisis del suministro de luz en Barcelona, hay una que no puedo dejar de comentar por su cinismo nacionalista. Envuelto en una supuesta objetividad valorativa, un cronista de La Vanguardia no tiene el menor recato de ensañarse con el presidente de Endesa, Manuel Pizarro, para hacerle responsable de que Barcelona esté sin luz. Pero, por si alguien no se había enterado, el columnista nos recuerda con poco seny y menos rauxa que el culpable de los males barceloneses es España, o peor, su Constitución. Lean, por favor, lo que dice Lluís Foix:

La compañía que suministra la electricidad ha emitido comunicados por escrito, sin dar la cara, hablando de un accidente. Espero que en cualquier momento aparezca Manuel Pizarro, presidente de Endesa, Constitución en mano, tapa dura, y nos explique qué ha pasado.

La energía no podía estar en manos catalanas. Vale. Pero, por favor, si un apagón se prolonga tantas horas (...), en la capital catalana, no nos mantengan más tiempo en las tinieblas. Los catalanes no tenemos capacidad para administrar nuestra propia energía. De acuerdo. Pero hagan algo. Aunque sea exhibiendo la Constitución.

Si esto dice un nacionalista "moderado", sin duda alguna, con la falsa ironía de quien odia profundamente la Constitución española, imagínense que dirá Carod-Rovira sobre el culpable del apagón de Barcelona... Peor que la falta de luz, en Barcelona, es la oscuridad instalada por el nacionalismo y el socialismo en toda Cataluña.

Todo un plan
POR CÉSAR ALONSO DE LOS RÍOS ABC
 25 Julio 2007

Después de haber comprobado a qué extremos culturales y políticos se ha llegado en Cataluña y en el País Vasco al haber abandonado la enseñanza en las manos de los nacionalistas, el PP parece caer en la cuenta de lo que supondría la aplicación del proyecto de «educación cívica» que defienden los socialistas. Y digo «parece» porque no estoy tan seguro de que, siendo las cosas así, los dirigentes del PP sigan pensando que el PNV y CIU pueden ser sus socios en un futuro pacto. El último en lanzar este mensaje ha sido Costa, el adelantado de Rato. ¿Y se sabe qué opina acerca del adoctrinamiento que han sufrido dos generaciones de vascos y catalanes con los gobiernos de sus futuros socios? ¿Cree que, en el caso de que se avinieran a preferir al PP, dejarían de seguir imponiendo su mentalidad antiespañola e independentista? Puras menudencias para un liberal...

Tengo la impresión de que la derecha sigue prisionera de los tópicos sobre los que sesteó en la Moncloa y aún no se ha percatado de la subversión cultural en que está empeñado el PSOE. Entonces no vieron llegar a Zapatero y aún hoy siguen pensando que es un ignorante aunque ya comienzan a preocuparse de la «coherencia» de su discurso. Por ejemplo el proyecto de «educación cívica» comienza a sumarles a algo más que a una mera ocurrencia. Intuyen que el multiculturalismo que defienden los socialistas tiene que ver con la alianza de civilizaciones en el exterior y el laicismo en el Interior; temen que el matrimonio de homosexuales tenga que ver con la superación de la familia y que la eutanasia no es sino la última concesión a una vida basada en los mínimos esfuerzos y sacrificios desde el colegio... Es posible que la derecha se entere de que la liquidación de la idea de España como nación, de la lengua común y de la tradición sea la clave de esta revolución cultural en la que están comprometidos los socialistas con la ayuda de los nacionalistas.

Zapatero ejerce de totalitario de este tiempo, es decir, suavemente aunque no por ello de modo poco eficaz. El laicismo que trata de imponer es el instrumento ideal para hacer imposible la profecía que hizo André Malraux al decir: «el siglo XXI será un siglo religioso o no será».

Padres objetores
POR JOSÉ GABALDÓN LÓPEZ ABC
 25 Julio 2007

EL tema de la objeción de conciencia parece estar dando mucho de qué hablar e incluso de qué escribir. Da la impresión de que proliferan normas y actos con dudosa justificación en el terreno de los grandes principios del Derecho, unidos a una, al parecer recurrente, tendencia a desautorizar las actuaciones de resistencia si se fundan en razones de conciencia moral.
No voy a profundizar en ello, pero sí a insistir en un tema importante: la defensa del derecho de los padres a la educación moral de sus hijos, que de diversos modos se les trata de arrebatar; y si, para defenderlo, pueden o no apoyarse en la objeción de conciencia respecto de la aplicación de esa nueva asignatura de calificación no tan nueva: la Educación para la Ciudadanía.

Parece a primera vista un caso paradigmático de lo que entendemos por objeción de conciencia: oposición al cumplimiento de un imperativo legal o de un mandato. ¿Puede o no puede el hombre rechazar una obligación legal que se opone a su conciencia? Estamos en el meollo mismo de la libertad personal, la alternativa a veces lacerante, donde se manifiesta el valor que para el hombre tiene su propia idea de libertad ideológica, religiosa o no. Que la norma sea una ley (como cansinamente se viene repitiendo) respecto de la citada asinatura resulta irrelevante, porque estamos frente a una opción personal por la libertad, consciente de que la rebeldía se funda en un íntimo deber de conciencia y de donde se asumen todas las consecuencias adversas que tal actitud comporte hasta que pueda demostrarse la justicia de su modo de proceder y le sea reconocido su derecho.

En este caso, además, se ejerce frente al cumplimiento o aplicaciónd de la ley, y se ha revelado que su desarrollo se trata claramente de la formación de la conciencia moral de los alumnos. Por ello, la actitud de los padres objetores es coherente con lo que constituye el fundamento de su objeción: se trata de impartir un «corpus» de educación moral que, por lo visto, es contrario a sus convicciones. Al oponerse ejercitan en un derecho fundamental garantizado en su artículo 27.3 de la Constitución.

No puede discutirse el derecho a impugnar ante los tribunales los actos de desarrollo y aplicación de la asignatura. Por ahí puede empezar cualquier reacción; es evidente que lo padres defienden el derecho reconocido en dicho precepto constitucional.

Los actos de resistencia están, por otra parte, amparados en el artículo 16.1 de la Constitución, y en ello consiste la objeción de conciencia: colegios, profesores y padres pueden ampararse en el derecho que les asiste, fundado en la libertad ideológica, para oponerse a la impartición de la asignatura.

La falta de la ley que regule esta objeción no constituye un obstáculo. El Tribunal Constitucional, en su sentencia 15/1982, sentó con toda claridad que la objeción de conciencia forma parte del derecho fundamental a la libertad ideológia y religiosa reconocida en el artículo 16 de la Constitución, «directamente aplicable en materia de derechos fundamentales». «Puede afirmarse que es un derecho reconocido explícitamente e implícitamente en la ordenación constitucional española», se insistió en la sentencia 161/1987, en el fundamento razonable que supone la procedencia, en convicción de que «provengan de un sistema de pensamiento coherente y suficientemente orgánico y sincero», es decir, «solamente aquellas ideologías que merecen el nombre de convicciones o creencias aunque no se apoyen en consideraciones religiosas», como también señaló el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo de 25 de febrero de 1982.

No es posible negar a los padres, a quienes la Constitución «garantizar» (sic) «el derecho que les asiste para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones», el derecho de oponerse a que se les imparta una asignatura que, según lo conocido, contiene criterios contrarios a la ideología religioso/moral que alegan los propios padres. Se apoyaran éstos en un derecho fundamental fundado en una ideología que, como dijo también el Tribunal de Estrasburgo, proviene de un sistema de pensamiento coherente y que, por merecer la calificación de convicción o coherencia, está en nuestra Constitución reconocida como derecho fundamental. No se trata de una posición de resistencia civil, ni, por supeusto, de una actitud de conciencia capaz de relativizar los mandatos jurídicos, como quería evitar el Tribunal (sentencia 160/1987), sino la oposición al cumplimiento de un deber general por un motivo tan arraigado en la esencia de los derechos de libertad como el que el artículo 27.3 de la Constitución reconoce y garantiza a los padres.

Por otra parte, y para disipar dudas sobre la objeción de conciencia por razones ideológicas, también ha insistido el Tribunal en la aplicación directa del artículo 16, sin ley que lo regule, en las varias ocasiones en las que ha tenido que resolver sobre situaciones de incumplimiento de deberes legales (incluso tan exigentes como los de la disciplina militar), apoyándose en la libertad ideológica. La doctrina acuñada reconoció (sentencia 177/1996) el derecho de alegar la objeción de conciencia para «hacer valer la vertiente negativa de la libertad religiosa frente a la participación en un acto que se estimó como de culto en contra de su voluntad y convicciones personales». Parece que esta doctrina (por otra parte reiterada en la sentencia 101/2004) permite dar por reconocido el derecho a invocar la objeción de conciencia para abstenerse de cumplir un deber legal, con fundamento en el derecho de libertad ideológica sin necesidad de previa ley de desarrollo.
¿Cómo es posible que se alcen tantas voces para cuestionarlo e incluso negarlo a los padres, cuando éstos únicamente pretenden que a sus hijos no se les imponga una formación moral distinta de la elegida por ellos? Seguramente, porque nos hallamos ante una magna operación intervencionista en las libertades de la sociedad que trata de afirmar el derecho del Estado a educar moralmente a sus ciudadanos.

Recordando el gangsterismo de siempre
Pío Moa Libertad Digital
 25 Julio 2007 25 Julio 2007

"Mas el delictivo encuentro salió a la luz antes de lo previsto, colmando la indignación de las fuerzas democráticas. Viéndose descubierto, Carod presentó la cosas a su modo: la ETA le habría pedido la reunión, y él, movido por excelsos propósitos, habría aceptado a título personal, sin informar a Maragall y sin establecer ningún acuerdo con los pistoleros. Ante el Parlament admitió "con humildad" haber errado en la forma, pero no en el fondo, pues, ¿qué empresa más noble que intentar disminuir los sufrimientos? "Habría sido una irresponsabilidad mía no haber considerado la posibilidad, si con ella contribuía, modestamente, a encontrar una salida al fenómeno de la violencia y a salvar una sola vida humana".

Esa explicación sólo convencería a los resueltos a creerla. ¿Por qué iban los jefes de la ETA-Batasuna a solicitar una entrevista personal sin valor político y con riesgo serio para su seguridad? El hecho sabido es que Carod buscaba desde hacía tiempo ese contacto, y muy tentadora hubo de parecer la oferta a los dos jefes máximos de ETA-Batasuna para que la acogiesen. ¿Y por qué la Asociación de Víctimas del Terrorismo iba a reaccionar con frustración y rabia a un encuentro destinado, según el dialogante, a salvar vidas humanas? Visiblemente, Carod trataba de engañar a la opinión pública. De creerle, su único pecado habría sido no haber calculado, en su ingenuidad, la reacción sectaria y agresiva del PP: ahí estaba el mal, y no en su conciliábulo con Ternera.

Ridao, portavoz de la Esquerra, denunció una "ofensiva brutal y despiadada del PP" contra "el Gobierno de Cataluña en cuanto paradigma de democracia y de bienestar, en cuanto a principal referente de la posibilidad de un cambio de hegemonía en la política española, en manos hasta ahora de los responsables de la peor deriva autoritaria y centralista contemporánea. Por eso el PP y su caterva nos hacen ver el mundo al revés y los adversarios políticos de ERC y de Carod-Rovira se encarnizan con él miserablemente (...) Basta de linchamientos. Basta de descalificaciones".

El escándalo se complicaba porque afectaba también al PSOE de Zapatero, que al menos de cara a la galería defendía la postura democrática de repudio al chantaje terrorista. Supuestamente, Carod había obrado a espaldas de Maragall, por lo que Zapatero calificó la reunión famosa de "acto de deslealtad intolerable". Pero Maragall, también supuestamente perjudicado por la deslealtad, se lo tomó con filosofía, por no decir socarronería, y rehusó aceptar la dimisión del salvador de vidas humanas pedida por el líder del PSOE. Por unos días pareció establecerse un pulso entre los dos jefes socialistas. Pero el feo asunto podía perjudicar a Zapatero en las elecciones generales próximas (nota actual: Zapo ya estaba entonces en "diálogo" con los asesinos, a espaldas y contra el Pacto antiterrorista), con malos efecto para el propio Maragall, por lo que este terminó cediendo en apariencia. Carod perdió su flamante conselleria en cap ... si bien siguió en el gobierno regional y sin perder un ápice de su arbitral poder. Exigió un nuevo conseller en cap de su partido, y lo fue Bargalló, fiel carodiano, antiguo comunista evolucionado hacia el separatismo pro terrorista del PSAN, y luego hacia la Esquerra, una evolución no muy profunda, similar a la de Carod.

Tal arreglo no dejaba de constituir una burla a Zapatero... si realmente este exigía algo más que una farsa justificativa. En cuanto a Maragall, aclaró su postura el 30 de enero ante el parlamento catalán. Calificó de "bienintencionado e ingenuo" el "gesto" de Carod. El "error" no había consistido en haber atacado los principios democráticos y el estado de derecho, sino en haber dado a Aznar, entonces presidente del país, "la posibilidad de traer al centro del escenario político su visión patética, corta y miserable de las Españas". El desenvuelto Maragall comparó la ingenuidad de Carod con la achacada otrora al filósofo Hume, nada menos: "Pero ¿saben qué les digo? Que prefiero las buenas intenciones de Carod a la pasividad de estos ocho años pasados". Él, insistió, prefería la "ingenuidad" y la "buena intención" de Carod, porque había mostrado al "pueblo de Cataluña" cómo los dos nacionalismos conservadores (el de CiU y el del PP) "nos están negando el final de ETA y la paz", pues quieren "mantener a ETA viva como un espantajo para justificar el inmovilismo político".

Hace falta toda la canallesca indecencia de un politicastro tercermundista para acusar al PP de "pasividad" y de "mantener a ETA viva", cuando, entre otras cosas, el gobierno de Aznar había empujado a la ETA a la peor situación de su historia. El sentido de la infamia es el mismo de Ibarreche: la manera de acabar con el grupo asesino es acceder a su chantaje, ceder a sus exigencias... en las cuales coinciden todos. Así se lograría "la paz".

(De "Contra la balcanización de España")

ZP y el elefante
POR IGNACIO CAMACHO ABC
 25 Julio 2007

NO consta que Zapatero haya leído aún a George Lakoff, autor del best-seller político de moda -«No pienses en un elefante»-, ni que le deba el magisterio que confiesa respecto a Phillipe Pettit, pero sus estrategias discursivas deberían figurar como ejemplo en la próxima edición del celebrado libro del catedrático de Berkeley. Cambiando la idea de los «marcos» semánticos por la de los conocidos «mantras» retóricos con que sustituye la gestión de Gobierno, nuestro presidente lleva tiempo aplicando la doctrina básica de Lakoff sobre la preminencia de los conceptos sobre la acción. Esto es, de la efectividad propagandística como clave del liderazgo público.

A ZP hay que reconocerle una clara ventaja en el dominio de los marcos de ideas, que pinta con maestría en el vacío de la opinión pública para crear etiquetas y escenarios de enorme eficacia persuasiva. Cualquier gobernante con su escuálida hoja de logros se habría ya hundido en la apreciación ciudadana de no ser por la primorosa virtud con que decora la nada en un discurso abstracto. Frente a la realidad penosa de su hueca gobernanza, ha levantado espléndidas imágenes virtuales que le presentan ante buena parte de los electores como un adalid de la igualdad, el pacifismo y la tolerancia zarandeado por los viejos demonios de la España de cerrado y sacristía.

Sería estéril e injusto negarle esta virtud (?) política que le mantiene en pie en medio de un piélago de fracasos, por decirlo con palabras de Shakespeare. Si naufraga su «mantra» favorito -la «pazzzzzzz»- ante la evidencia de un engaño flagrante del que resulta al mismo tiempo cómplice y víctima, se saca de la chistera un nuevo conejo -elefante, diría Lakoff- con el que engatusar a una parroquia predispuesta. Cuando no es la ley antitabaco -defensa de la salud pública-, se trata de la seguridad vial -preocupación por la vida de los ciudadanos-. Cuando encalla la memoria histórica -guiño a la herencia republicanista de la izquierda-, desenfunda la Educación para la Ciudadanía -desafío laico a la influencia clerical- o la paridad de sexos -brindis al sedicente feminismo progresista-. Siempre tiene a mano una brocha a la que agarrarse, aunque sea para quedarse colgado del marco retórico.

Ahora toca el cambio climático, preocupación ecologista que engancha con la juventud pero que, sobre todo, viene a reforzar su perfil virtual de activista por las grandes causas. A cada mantra corresponde una medida legal sin gran coste efectivo, que apuntala la eficacia de un modelo abstracto ante el que la derecha sólo sabe oponer el ceño fruncido de un cierto catastrofismo o, todo lo más, el «sentido común» al que apela, como otro mantra paralelo, Mariano Rajoy. Pero ZP lleva doble ventaja, la de la iniciativa del poder, como los republicanos estadounidenses que analiza Lakoff, y la del doble rasero de la izquierda española, y apoyado en esos estribos cabalga sobre los vistosos elefantes que dibuja en el imaginario del público con una habilidad a prueba de contrastes. Eso sí, el día que los electores perciban que los elefantes son sólo ficciones conceptuales, le va a doler el batacazo. Pero eso no tiene por qué ocurrir antes de las próximas generales.

Ciutadans gana en los tribunales
El CAC nos debe dinero
Maite Nolla Libertad Digital
 25 Julio 2007

Aunque parezca mentira, entre escisión y escisión, divisiones, crisis y otras catástrofes, Ciutadans se dedica a hacer buenas obras para la humanidad. Supongo que recuerdan ustedes un anuncio en contra de las selecciones españolas, en el que unos niños malos –es decir, españoles– impedían a unos niños buenos –es decir, nacionalistas catalanes– jugar con la camiseta de su selección. Aquello, además de ser una forma de usar el deporte para hacer propaganda política, representaba una manera como mínimo inadecuada de utilizar a los menores.

Por ello, presentamos una denuncia ante el CAC que, tras ser rechazada, como no podía ser de otra manera, ha acabado en el juzgado contencioso-administrativo. En la demanda ante el juzgado se pedía, como medida cautelar, la suspensión de la emisión del anuncio. El juzgado así lo hizo. El CAC presentó recurso de apelación y, finalmente, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña nos ha dado la razón, mojándole la oreja al todopoderoso CAC. De momento, hasta que el pleito no se decida, el anuncio no se puede emitir. Todo gracias a esos pedazos de juristas que son Carlos Carrizosa y José María Espejo.

Este pequeño éxito viene a desmentir la solemne afirmación esa de que Ciutadans ha fracasado en toda regla. Hombre Martínez, al menos en esto, no.

No les voy a aburrir con tecnicismos, pero los magistrados del Tribunal Superior de Justicia dicen cosas muy interesantes. Por ejemplo, que la famosa plataforma pro selecciones nacionalistas responde únicamente a intereses particulares y que el interés de los menores, que representa al interés general, es más digno de protección. Aunque se trate de una plataforma de carácter privado, recibe cuantiosas subvenciones de la Generalitat y un pisito en el centro. Subvenciones que otorga el partido socialista de Bono, Alfonso Guerra, Joaquín Leguina y otros grandes españoles. Es el momento de que el señor Lissavetzky, además de saborear la riquísima carne de Kobe en sus viajes al Japón, nos diga si estas campañas contra el deporte español pagadas por un Gobierno de su partido le parecen bien o mal y si va hacer algo al respecto.

Los magistrados también le dan un palito al CAC cuando se refieren a que la defensa que esgrimió este organismo censor fue que el anuncio tenía efectos negativos en la infancia, pero que no producía en los niños daños irreparables. Como ocurrencia no está mal.

Siendo todo esto bueno, lo mejor es que el CAC tiene que pagar las costas del recurso, con lo que, estoy segura que sin querer, el CAC va a financiar a Ciutadans.

Antes de que se cumplan los peores augurios y llegue el día del desastre final, hay que continuar con la noble labor de molestar al prójimo.

Las familias denuncian que Ciudadanía «desborda el marco de la Constitución»
JESÚS BASTANTE/ MADRID ABC
 25 Julio 2007

La polvareda levantada en torno a las veladas amenazas lanzadas el pasado domingo por el presidente del Gobierno contra la Iglesia, a cuenta de la polémica Educación para la Ciudadanía, levantó ayer nuevas reacciones.

En esta ocasión fue el Foro de la Familia quien acusó en un comunicado al Ejecutivo socialista de «distraer la atención de la opinión pública presentando este debate como un problema entre la Iglesia y el Estado», cuando según afirman, en realidad «se trata de un ataque a la libertad de educación y al derecho constitucional de los padres a formar a sus hijos conforme a sus convicciones morales».

Su presidente, Benigno Blanco, defendió «la libertad de los padres frente a la intromisión del Gobierno», haciendo hincapié en que la nueva materia «tiene un hondo calado moral expreso», cuyo contenido «desborda el marco de la Constitución para entrometerse en el terreno de la formación de la conciencia moral de los alumnos».

Por otro lado, las diversas organizaciones promotoras de la objeción de conciencia (que hasta la fecha han conseguido el apoyo de más de 10.000 padres y alumnos) continuaron planteando futuras movilizaciones contra la nueva asignatura.
Así, Profesionales por la Ética anunció ayer que está diseñando un «ranking autonómico de la libertad educativa», un informe que comparará la posición y actuación de cada comunidad autónoma respecto a los padres que se acojan a la objeción de conciencia.

La curiosa clasificación arrancará en octubre y en la misma se tendrán en cuenta las «malas prácticas» de la Administración educativa (desde amenazas a los alumnos o a los padres para impedir la objeción, pasando por la desatención a los alumnos que hayan optado por esta vertiente), así como las «actitudes o hechos positivos» (como la convalidación de la asignatura, la alternativa educativa a la misma…).

Precisamente, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, apuntó ayer en El Escorial que el temario de Educación para la Ciudadanía en Madrid «no presentará ningún problema», puesto que «no vamos a impartir el laicismo obligatorio».

En todo caso, Esperanza Aguirre explicó que «discutiremos para que pueda impartirse una opción alternativa» a esta materia, que tal vez podría girar en torno a tareas de voluntariado.

Por último, el presidente de la Asociación Nacional de Editores de Libros y Material de Enseñanza (Anele), José Moyano, explicó ayer a Europa Press que las editoriales «no se han buscado complicaciones» para elaborar los manuales de Educación para la Ciudadanía, sino que «se han acogido al principio básico de respeto a la Constitución y los derechos humanos».

CURSOS DE VERANO
Iñaki Ezquerra dirige el curso de verano "España como concepto progresista"
En el curso, que se celebrará entre el 13 y el 17 de agosto en Laredo (Cantabria) participarán, entre otros, Julio Anguita, Gustavo Bueno, Mikel Azurmendi, Amando de Miguel o Xavier Pericai y todavía cuenta con plazas libres para todos aquellos a los que pueda interesar asistir.
minutodigital
 25 Julio 2007

INFORMACIÓN
Secretaría "Cursos de Verano "
Casa de Cultura "Dr. Velasco"
C/ López Seña, 8. (39770 Laredo) Cantabria
Tel. 902 20 16 16 Fax: 942 61 18 30

DOCUMENTOS
Bajarse el documento de presentación del curso pulsando aquí http://www.minutodigital.com/noticias2/laredo.doc

OBJETIVOS DEL CURSO
El primer objetivo de este curso es situar la idea de España en un contexto histórico que comprende desde la Ilustración, el liberalismo y el desarrollo de la izquierda, hasta llegar a nuestros días, partiendo de la interpretación de una documentación en la que estarían contempladas desde las figuras y obras básicas del pensamiento político hasta las clásicas y más recientes referencias históricas, filosóficas y literarias.

Otro de los aspectos a tratar en el curso es el de la unidad de la nación española. ¨¿Hay una amenaza real de división de nuestra nación? ¨¿Estaremos incurriendo en el catastrofismo, tal y como algunos opinan? ¨¿Qué es catastrofismo y qué no pasa de ser sensatez y un elemental instinto de conservación del sistema de libertades alcanzado con la realización de la nación española? Analizar estas contradicciones del presente y señalar las causas del descrédito del concepto de España es otro de los objetivos del curso, así como plantear la legitimidad de la reivindicación de la unidad nacional.

La unidad de España, la igualdad y la solidaridad de todos los españoles son las premisas sobre las que se asienta nuestro propio orden de libertades. De este modo, una de las metas inevitables del curso es también explicar cómo puede existir un espacio cívico e ideológico de defensa de la unidad de España sin incurrir en la perversión franquista ni en la nacionalista, teorizando ampliamente sobre el mismo espacio en el que se movieron Azaña, Prieto, Unamuno, Ortega o Giner de los Ríos, sobre la España que cantaron y nombraron sin complejos Cernuda y Blas de Otero, así como los tres poetas del martirio: Hernández, Lorca y Machado, sobre ese mismo espacio que generó o regeneró la Transición y que es el que acota no Franco sino las Cortes de Cádiz. La unidad de España está antes profundamente ligada a toda nuestra "tradición progresista" que a una Dictadura que por mucha unidad que proclamara no sólo dividió España sino también a los españoles.

Otro de los objetivos es explicar cómo no es preciso ser nacionalista para asumir como propia una nación que ya está hecha, que hemos heredado. Finalmente, otro punto que está en el programa del curso es la reivindicación de la artificialidad de la nación española como idea progresista pues implica que en ello ha intervenido la voluntad individual y colectiva al margen y por encima incluso de la herencia.. La Constitución de 1978 responde a una refundación de España. Pero ese fenómeno refundacional, tan necesario tras la noche de la dictadura franquista, no puede quedarse en un pacto aséptico, en un conjunto frío de normas. Ese texto tiene una vida, unos valores. A ese constitucionalismo formal debemos añadirle nuestra propia carga afectiva y sentimental. En cada derecho nos reconocemos y reconocemos al español que tenemos al lado o en la otra punta de la nación, y nos alegramos en ese reconocimiento, nos emocionamos en ese pacto, nos constituimos en cuerpo social con unas complicidades, unas solidaridades, unas lealtades mutuas y unos afectos. Dada la actualidad del tema, el curso no está dirigido a un sector ni social ni académico concreto sino a todos aquéllos que quieran plantearse la cuestión de España y el carácter progresista de este concepto a fondo para suscribirlo, discutirlo o rebatirlo.

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