AGLI

Recortes de Prensa     Miércoles 1 Agosto   2007

Doñana
Fuegos y juegos de los Rodríguez
Juan Carlos Girauta Libertad Digital 1 Agosto 2007

Los fuegos que se comen España cíclicamente, y la forma en que las autoridades los gestionan, tienen consecuencias inesperadas. De entrada, demuestran hasta qué punto puede llegar la descoordinación entre nuestras administraciones públicas, y prueban que la descentralización no sólo tiene ventajas. Además, suelen venir acompañados de aleccionadores esperpentos, como el requisito del idioma gallego para apagar fuegos en Galicia. También extienden el campo de la demagogia progre-nacionalista hasta lo inimaginable: los escritores del presidente echaron la culpa de los incendios gallegos al PP, partido pirómano. Por fin, los fuegos sirven de baremo para medir la competencia del gobierno. Es decir, la incompetencia.

A su conocida ineficacia, denunciada por Mariano Rajoy con un tono ya cansino, se une un aspecto no menos preocupante: la absoluta falta de sensibilidad de Rodríguez. El fuego, cierto es, llega a España todos los veranos; los abusos de poder del líder socialista también.

Años atrás nos avergonzamos con la corte de cocineros de la que los Rodríguez se hacían acompañar en vacaciones, más propia de sátrapas orientales que de gobernantes europeos y constitucionales. O nos indignamos con las caprichosas reformas de un palacete con un grave defecto: sólo tenía una piscina. Había que poner otra y remozarlo todo con urgencia, pues los Rodríguez no veranean en cualquier sitio. A doña Sonsoles no le parecía suficiente lo que había complacido a los Reyes de España. Casi trescientos mil euros nos costó la broma. Por cierto, ya se han cansado del palacete remozado.

Lo de este año es peor porque lleva al extremo aquella falta de sensibilidad con la cosa del fuego: los cinco miembros del Seprona que en Doñana trabajan en la prevención de incendios han recibido órdenes de abandonar sus ocupaciones para hacer de guías turísticos de la cara pareja presidencial. ¿Por qué optará este matrimonio por convertirse en noticia todos los veranos?

Es fácil: porque se comportan como nuevos ricos. Pero no merecen la clemencia de estos, justificados por gastar sus propios recursos. Por el contrario, los Rodríguez dilapidan nuestros dineros y efectivos para darse una vida principesca. Después de ellos, el diluvio. O el incendio.

Delicado fin de temporada política
Lorenzo Contreras Estrella Digital 1 Agosto 2007

La falta de explicaciones oficiales sobre los acuerdos de Loyola, tomados con presencia de representantes socialistas y, por tanto, con afectación política para el Gobierno, ha causado en determinadas “alturas” cierta conmoción. El llamado “apagón informativo” sobre el futuro vasco huele a fraude y habría suscitado actividades de consulta institucional. La cúpula militar se ha reunido en pleno con el presidente del Gobierno para abordar asuntos de la defensa. Esta vaga referencia hace aparecer tal reunión como una especie de rutina de fin de temporada. Pero a más de algún sector suspicaz le parece extraño que una reunión de tanto voltaje se haya producido en vacaciones parlamentarias y además en vísperas de un receso práctico del trabajo político ordinario. ¿Han tratado los militares con Zapatero algún asunto relacionado con las conversaciones de Loyola, por ejemplo la idea o proyecto de una eurorregión, comprometiendo además en ello el porvenir de Navarra? Téngase en cuenta que anda por medio la negociación práctica con ETA, bajo la tapadera de Batasuna, y con el tema de la autodeterminación sobre la mesa.

Ya se sabe que esas conversaciones de Loyola se dan por fracasadas, sin que oficialmente haya trascendido ninguna puntualización ni objeción sobre un temario que afecta a la Constitución. Los militares —su cúpula— no podrían permanecer indiferentes, aunque la mentalidad castrense no sea ya la antigua, y la propia institución se sienta desmotivada y propensa a convertirse, al modo francés, en la grande muette (la gran muda). De todos modos ahí está y permanece el artículo octavo de la Constitución, que encomienda a las Fuerzas Armadas la garantía de la soberanía de España y la defensa de su integridad territorial y del ordenamiento constitucional. Probablemente papel mojado por muchos principios constitucionales que se invoquen. Ha intrigado, no obstante, en algunos ambientes políticos que, ya casi en plenas vacaciones, se celebre una alta reunión sobre cuestiones de la Defensa. Tal vez se trate de una despedida de “fin de curso” y sólo de eso.

El diario Deia, portavoz del PNV a estos efectos, ha suplido el apagón informativo de los círculos oficiales y ha hecho saber que el Partido Socialista de Euskadi (una mera extensión del PSOE) se levantó de la mesa de los diálogos “ante las elevadas exigencias de Batasuna (mera extensión de ETA) sobre Navarra”. La llamada izquierda abertzale quería un nuevo y único Estatuto en el plazo de dos años, y además la anulación, puramente de voluntad vasco–nacionalista–independentista, de los posibles vetos que el Parlamento central (Congreso de los Diputados) pudiera plantear. Dice Deia que el PNV secundó el plante socialista ante una fórmula que no podían aceptar “ni como demócratas ni como abertzales”.

Mientras tanto, el PP ha interpuesto recurso de inconstitucionalidad contra la prórroga del mandato de María Emilia Casas como presidenta del Tribunal Constitucional. Una prórroga que garantizaría, si fuera preciso, la intangibilidad del nuevo Estatuto de Cataluña, que en la práctica equivale a una Constitución aparte para la citada Comunidad Autónoma.

El mandato del titular del TC tiene, según la propia Ley del Alto Tribunal, una duración de tres años, que ahora se cumplen y que el Gobierno, por razones más que presumibles a la hora de calcular los resultados de delicadas votaciones venideras, pretende ampliar. Entre esas votaciones figura, por exigencias de calendario, la aprobación definitiva del Estatuto catalán. Y María Emilia Casas, que fue elegida presidenta contra el pronóstico que favorecería a Vicente Conde Martín de Hijas, ostenta ahora el voto decisivo. Es de reconocido prestigio y, por supuesto, de talante progresista. Todo ello muy bien previsto.

Apagón político del tripartito catalán
José Javaloyes Estrella Digital 1 Agosto 2007


¿A dónde llegará Cataluña en manos del Tripartito cuando la Generalidad extienda sus competencias a cuantos asuntos aspira, desde los distintos capítulos del transporte hasta todos los reductos del autogobierno? La falta de honestidad política que supone no reconocer ninguna responsabilidad en el asunto del apagón, como las tuvo en la cuestión del Carmel, en los repetidos incidentes en cercanías o en los disturbios padecidos en el aeropuerto del Prat, explica un principio de inquietud nacional ante la incapacidad manifiesta y el sectarismo expreso de los actuales gobernantes de la Generalidad.

Afirmar, como han hecho, que las causas del apagón hay que situarlas en la razón de que Manuel Pizarro, presidente de Endesa, se gastó en la batalla contra la Opa de Gas Natural los dineros correspondientes a las inversiones necesarias para poner al día la infraestructura eléctrica de Cataluña, es antes que cualquier otra cosa, un insulto a la inteligencia de los catalanes, en particular, y de los españoles en general. Lo que el presidente de Endesa hizo, como era su obligación, fue defender los intereses de los accionistas. Si hubiera ido a defender los suyos propios, habría aceptado lo que quiso ofrecerle La Caixa para que se marchara. Estuvo claro que la presión nacionalista era ir al copo energético para mejor equiparse en una España confederal y pre-balcánica.

Aprovechando que el Ebro desemboca por Tortosa, sin mengua de caudales porque Rodríguez derogó el trasvase —quizá para apagarle los bríos a Valencia y el Sureste español—, el poder primordial del Tripartito quiso, a precio de saldo, transferir a La Caixa munificiente (¿qué fueron de los créditos condonados a los partidos que se confabularon en el Pacto del Tinell?) el destino y Gobierno de la primera eléctrica española. Al nuevo Estatuto catalán había que darle una dote energética que consolidara económicamente lo que se pretendía, en lo político, con el diseño territorial del zapaterismo.

Y si aquella Opa de entonces hubiera salido adelante y Endesa hubiera sido fagocitada por Gas Natural por menos de la mitad de lo que se encuentra en ciernes, ¿qué habría sucedido tras del apagón de ahora? Posiblemente, la culpa y la responsabilidad habría sido cargada por los singulares patricios del Tripartito sólo sobre Red Eléctrica (presidida actualmente por el más deficiente ministro de Agricultura en la España constitucional), pues los del Triángulo no habrían tenido tampoco responsabilidad alguna… La incapacidad de gestión y la pereza burocrática de los instalados en el gobierno de la Generalidad tampoco habrían aparecido en pantalla, lo mismo que ocurrió con el Carmel y demás fiascos. Por supuesto, habría sido bloqueada también por los concernidos toda comparecencia informativa en el Parlament del titular de Industria en el Gobierno de España, solicitada por los “populares”, por muy anestésico que resultara el informe de su conmilitón.

Lo relevante en todo este bochornoso comportamiento de las tribus confederadas para el desgobierno de la Generalidad de Cataluña es que enfrente, en el destino final de sus invectivas, se ha hecho el trabajo que correspondía, la defensa de los intereses de los accionistas, nacionales y extranjeros, representados por la presidencia de una multinacional española en trance de dejar de serlo, mientras que los intereses generales de Cataluña, por el marasmo de su actual gestión, no han merecido la misma suerte. Pero justo es reconocer que las cosas no habrían llegado allí a donde ahora están sin la sintonía aportada por la Moncloa; de modo muy especial, mediante la perturbación del mercado con el concurso, puntualmente irregular, de los órganos reguladores. Un concurso cooperante orquestado desde la Oficina Económica del Gobierno y a contrapelo de su propia vicepresidencia segunda.

El apagón político del Tripartito de Cataluña no hubiera sido posible sin las condiciones establecidas desde el actual Gobierno de España. Concebido a su imagen y semejanza.

jose@javaloyes.net

Generalidad de Cataluña
El Plan Marxa y otras graves nuevas
José García Domínguez Libertad Digital 1 Agosto 2007

Ojeo con vivo interés el apasionante "Resumen del Presupuesto para 2007" que la Generalidad nos regaló a todos sus administrados justo 48 horas antes del Gran Apagón. Al llegar al capítulo de la política internacional del Tripartito, descubro perplejo que han asignado ¡380 millones de euros! a cierto "Plan director" destinado al "desarrollo de infraestructuras" en Brasil, Chechenia, Cuba, Etiopía y Afganistán, entre otros. Algo inquieto por adivinar dónde acabarán recursos tan estratosféricos, hurgo en Google hasta dar con ese Plan Marxa que se les acaba de ocurrir a los padres intelectuales de Filesa, Malesa y Time Sport. Y lo primero que leo en él es esto: "Desde el convencimiento de que la generación de sinergias, la complementariedad y la concentración de actividades devienen en condiciones de primer orden para una cooperación eficaz, el Plan director apuesta por reforzar la pluralidad mediante la creación de redes, plataformas y espacios de coordinación y concertación entre los agentes (...)". Ya algo más sosegado tras la confirmación definitiva de mis sospechas, sigo instruyéndome con el Resumen, que termina con media paginita dedicada a la energía. Una que empieza así: "El programa de infraestructuras energéticas de Cataluña, dotado con siete millones de euros, tiene el objetivo de garantizar el suministro de energía al menor coste compatible con la calidad adecuada y el respeto por el medio natural".

Por lo demás, que en Cataluña también se imponía librar otra generosa partida presupuestaria con destino a la puesta en marcha de un "Consejo Asesor para el Desarrollo Sostenible", es cuestión sobre la que no cabe disputa. Pues bien estuvo que antaño se reclutasen varias legiones de funcionarios al objeto de armar una muy necesaria "Dirección General de Sostenibilidad", el organismo que se dice encargado de "definir las políticas de sostenibilidad aplicables a los planes y programas de la Generalidad", cualquier cosa que ello signifique. Sin embargo, tal parche administrativo de ningún modo podría acallar la demanda social de un nuevo ente público que asumiera "el asesoramiento al Gobierno de la Generalidad sobre las directrices generales de las políticas con repercusión sobre el desarrollo sostenible". Perentorio asunto que, según los estatutos de la cosa, ocupará de modo exclusivo a todos sus miembros. Se comprende, pues, que el flamante Consejo Asesor ya haya requerido, a su vez, la contratación urgente de varias mesnadas de expertos cuya única misión ha de consistir en asesorarlo a él mismo. Así las cosas, ayer, La Vanguardia difundía los requisitos que deberán cumplir quienes aspiren a gozar de una de esas sinecuras vitalicias de inminente provisión. Tras la rutinaria exigencia de acreditar titulación en algún peritaje, además del nivel "C" de catalán, la convocatoria oficial de la Consejería de la Vicepresidencia (Carod-Rovira) concluía tal que así su llamamiento: "Se valorará la presentación de una carta de recomendación". Clar i català, que decimos en Casa Nostra.

Continuará.
José García Domínguez es uno de los autores del blog Heterodoxias.net.

Educación para la ciudadanía
El PP y la Iglesia
Agapito Maestre Libertad Digital 1 Agosto 2007

He recibido algunas críticas por mi última columna en este periódico. Quisiera referirme brevemente a una de ellas. En efecto, en mi anterior entrega, por un lado, resaltaba la actitud liberal y constitucionalista de la Iglesia católica contra la nueva asignatura de Educación para la ciudadanía, que corona la reforma educativa llevada a cabo por el Gobierno en esta legislatura; pero, por otro lado, ponía en cuestión la actitud vacilante del PP a la hora de fijar un criterio claro y distinto para criticar el proyecto del PSOE de adoctrinar con la citada materia "educativa" a nuestros escolares acerca de sus afectos y valores. Me afirmo en ambas conclusiones y reitero ante mis objetores, especialmente, la actitud vacilante del PP respecto a la crítica laica –sí, sí, laica, nunca laicista– y liberal que la Iglesia católica ha hecho al proyecto del Gobierno.

Quizá la tibieza del PP, aparte de sus razones electorales e ideológicas, pueda explicarse históricamente. Pero es cierta y real. El PP no apoya con la diligencia y contundencias debidas a quienes se oponen al engendro del Gobierno. Parece que el PP tiene miedo a ser confundido con la posiciones de la Iglesia. Más aún, hallo remiso a algunos de sus líderes para seguir, o mejor, colaborar con una entidad pública como es la Iglesia católica española. Eso, sin embargo, no significa que yo desprecie muchas de las reservas y "tacticismos" del PP respecto a la Iglesia católica, como agente clave de socialización democrática, que están enfrentándose al Gobierno por la asignatura mencionada.

A pesar de todo, es comprensible que el PP no quiera hacer coincidir sus argumentos de rechazo a la asignatura con los de la Conferencia Episcopal. Es como si tuviera miedo a que lo identificaran con la Jerarquía eclesiástica. Los del PP, sí, dan rodeos y dicen que retrasarán el comienzo de esta asignatura en las comunidades que ellos gobiernan. Otros, especialmente los más posibilistas, proponen otros programas. Y, en fin, hay quien quiere sustituir el cursar la asignatura por un servicio social a la comunidad. Pero, en mi opinión, ninguna de esas "soluciones" aborda el problema de raíz. Pretende poner paños calientes a un mal mucho más grave, que es el ataque a la libertad de los individuos planificada por Zapatero y su Gobierno con ánimo de perpetuarse en el poder. Es aquí donde aparece la Iglesia, o mejor, la lucha de la Conferencia Episcopal, como institución pública, que no quiere dejarse arrebatar la Constitución del 78, que es la principal garantía de ese sistema de libertades.

En fin, pudiera ser razonable que el PP, sobre todo si tenemos en cuenta el contexto histórico español de los dos últimos siglos, no quiera ser identificado con las luchas de la Iglesia, porque en el pasado, especialmente en el siglo XIX, confundir el orden político con el religioso fue el problema más grave de la derecha española. Incluso hubo partidos que cometieron el disparate de identificarse con la Iglesia sin percatarse de que su actuación, a la par que debilitaba a la Iglesia, perdía eficacia en el orden temporal. Sin embargo, en la actual situación, el alejamiento laico y, a veces, laicista, de la derecha española respecto a la Iglesia no permite a sus líderes identificar con nitidez la lucha civil, ciudadana, que esta institución está llevando a cabo por las libertades de todos los españoles y no sólo de sus feligreses. En efecto, si el PP tuviera claro este asunto, ya habría salido a la calle, sí, junto a la Iglesia y otras asociaciones ciudadanas para defender la libertad que quiere secuestrar Rodríguez Zapatero con la nueva asignatura de Educación para la ciudadanía.
Con todo, el problema para el PP persistirá, pues, aunque no salga a la calle con la Iglesia, será despreciado por ir de la mano de los obispos, que ya previamente han sido estigmatizados por el socialismo y sus intelectuales. El anticlericlericalismo en sus vertientes más salvajes, o sea, más sectarias, se enseñorea por toda la geografía española. El PP podría prestar un poco de oído a este asunto, porque, independientemente de que existan otros problemas graves en la agenda electoral de este partido, será determinante de las elecciones de 2008.

Los tribunales ponen fin a la "guerra de banderas"
Editorial Elsemanaldigital 1 Agosto 2007

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo acaba de dictar una sentencia que, más allá de la anécdota del caso concreto, tiene la enorme relevancia de poner fin desde la legalidad a la "guerra de banderas" que los nacionalistas, principalmente los vascos y los catalanes, tienen declarada desde los mismos inicios de nuestra democracia. En efecto, la sentencia confirma otra del propio Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, recurrida en casación por el Gobierno vasco, que obligaba a "hacer ondear, con carácter permanente, la bandera de España en lugar principal del exterior de la Academia de Policía Vasca de Arkaute, bien en solitario o bien conjuntamente con la bandera autonómica vasca".

Por la fuerza de la costumbre, en las instituciones controladas por los nacionalistas vascos y catalanes se había consolidado una situación que sólo se puede calificar de inaudita y desconocida en el ámbito comparado. En ningún país del mundo, sea cual sea su forma de organización territorial, se consiente o cabe concebir siquiera que la bandera nacional no ondee en los edificios oficiales, sean del Estado central o de entes territoriales dotados de autonomía.

Precisamente esa "costumbre" creada por su propia actuación ilegal es lo que alegaba el Gobierno vasco como fundamento principal del recurso de casación presentado. Frente a ello, el Tribunal Supremo no ha podido menos que recordar que "la aceptación del planteamiento de la parte recurrente implicaría una ruptura del principio de legalidad..., así como el aceptar que las normas con rango de ley se derogan –o no resultan exigibles– por el simple transcurso del tiempo acompañado de su incumplimiento".

Lo que hay que preguntarse después de esta sentencia es con qué clase de privilegio superior cuentan los nacionalistas en nuestra democracia para que durante décadas hayan podido estar incumpliendo la ley a la vista de todos (y nunca mejor dicho cuando de símbolos se trata) sin que haya más que tímidas, tardías y contadas reacciones frente a ello. Y hay que tener en cuenta que el caso de la Academia de la Policía Vasca no es más que una gota en un mar de insumisión a las disposiciones legales que imponen la presencia de la bandera nacional en los edificios oficiales.

Ahora que tanto se habla de superar la Transición, es el momento de reflexionar si es admisible en una democracia madura y consolidada el que minorías como los nacionalistas no sólo vean exquisitamente respetados sus derechos y opiniones, y hasta obtengan un plus de influencia en la política nacional bastante discutible, sino que además puedan incumplir de manera impune la ley cuando les viene en gana. Porque la principal regla de un Estado democrático de Derecho es que la ley es igual para todos, y eso reza también para los nacionalistas.

Moratinos se apunta al partido del diablo con España bajo amenaza
Luis Miguez Macho elsemanaldigital 1 Agosto 2007

La entrevista del ministro de Asuntos Exteriores con uno de los líderes del grupo terrorista Hezbolá arruina un poco más las relaciones con Estados Unidos, claves para nuestra seguridad.

1 de agosto de 2007. Como tenemos motivos más que suficientes de preocupación con la política interior del actual Gobierno, los medios de comunicación cada vez prestan menos atención a la política exterior. Es algo que no vende entre el gran público, y cualquier profesional de la comunicación puede ratificar que dedicar un programa de radio o un artículo de prensa, sea en papel o electrónica, a la cuestión internacional es asegurarse la deserción de los oyentes o de los lectores.

Sin embargo, es mucho lo que nos jugamos fuera de las fronteras. Y no se trata sólo de intereses económicos, cosa que conviene aclarar en un país donde con frecuencia se confunde la proyección exterior con los buenos negocios que las empresas españolas realizan más allá de nuestro territorio, sino del puesto que nos corresponde ocupar en la escena internacional y de la protección de intereses nacionales básicos.

Mi opinión sobre la política exterior de José Luis Rodríguez Zapatero la he expuesto repetidas veces en estas páginas electrónicas. Sólo añadiré en esta ocasión que, cada vez que algún hecho relacionado con la misma ocupa los titulares periodísticos, es por tener un carácter que suele oscilar de lo chocante a lo simplemente ridículo.

La última hazaña de este tipo es la entrevista del ministro de Asuntos Exteriores Miguel Ángel Fernández Moratinos con un líder de Hezbolá. Antes de entrar en más profundidades, recordaré que nuestros soldados desplegados en el Líbano sufrieron no hace mucho un atentado con víctimas mortales que, ciertamente, fue condenado por Hezbolá, pero cuyos autores siguen sin conocerse.

Para decirlo de la manera más clara posible: la situación en el Líbano y Palestina es lamentable, pero allí no se nos ha perdido nada. En cambio, en la lucha contra el terrorismo internacional sí, puesto que somos un país que sufre la amenaza terrorista, como el ministro del Interior Alfredo Pérez Rubalcaba nos recuerda un día sí y otro también con una insistencia que tiene algo de excusatio non petita y mucho de macabro, y necesitamos en este terreno de la solidaridad y de la cooperación de los demás países.

Todavía más. Si la versión oficial del 11-M es cierta, hemos sido blanco específicamente del terrorismo islamista, con lo que todavía se entienden menos las veleidades conciliadoras de nuestro Gobierno con una rama de aquél. A no ser que se pretenda aplicar a los islamistas la misma receta que a la ETA, y rendirse como modo de que nos perdonen la vida.

El estar con el bloque occidental capitaneado por los Estados Unidos para nosotros no es una cuestión de buena o mala política. Es una cuestión de pura supervivencia, y no implica la adhesión a aventuras imperiales más o menos discutibles emprendidas de acuerdo con los intereses geoestratégicos de otras potencias, sino buscar la mejora manera de defendernos contra las amenazas que sufrimos.

La toga y la pelliza
POR FERNANDO GARCÍA DE CORTÁZAR ABC 1 Agosto 2007

DIJO Flaubert que si los gobernantes de su tiempo hubieran leído La educación sentimental, la guerra franco-prusiana jamás se habría producido. Hoy, en España, yo sólo pediría a los nuestros que se tomaran en serio lo que en aforismo de prodigiosa claridad escribió Juan Ramón Jiménez: «Menos cultura, más cultivo.» Hoy, en España, yo sólo reclamaría a los nuestros que se dedicaran a hacer mejores carreteras y más hospitales, que se empeñaran en perfeccionar las escuelas, frenar la especulación inmobiliaria... y olvidaran su cómica afición a ser respetados como pontífices y mecenas de la literatura, del arte, de la historia.

Porque resulta descorazonador ver cómo se intenta configurar lo que ha de ser la cultura entre nosotros: cómo se dicta quién es y quién no es escritor, a quien se debe hacer homenajes, quién ha de recibir elogios, apoyos, subvenciones... quién no. Resulta desolador ver cómo la esquizofrenia de nuestra vida política ha ocupado las parcelas que deberían ocupar las artes y las letras, y en ellas ejerce el despotismo, impulsando la cultura en una sola dirección, orientándonos hacia los mitos de una historia distorsionada, muchas veces hacia el pasado más oscuro y triste.

Los lectores que recuerden La isla del doctor Moreau, de H. G. Wells, con sus monos, perros y caballos transformados por el cirujano loco en formas aproximadamente humanas, no tienen más que pensar en esas mismas criaturas en atuendo de gala para hacerse una pequeña idea de lo que burócratas mediocres y cerriles están haciendo con el cuerpo cultural de España. Si el año pasado era a Baroja a quien, en el cincuenta aniversario de su muerte, había que ignorar como vasco por ser Baroja - es decir, por escribir sus novelas en castellano y satirizar la afición del nacionalismo vasco a cultos y liturgias, banderas, fórmulas, etiquetas, leyendas falsas...-este año la castigada ha sido la literatura catalana en lengua castellana, a la que los políticos sectarios de la Generalitat han negado el visado para Frankfurt.

Hace tiempo el novelista Saúl Bellow vio en los esfuerzos por elevar nuestra conciencia y mejorar nuestra sensibilidad la nueva tiranía de las sociedades occidentales, y expresó su temor hacia los profetas de la respetabilidad y la corrección porque su proyecto nos obliga a nacer otra vez sin color, sin raza, sexualmente neutros, políticamente purificados y con el cerebro configurado y programado para rechazar lo malo y afirmar lo bueno. No menos asfixiante me parece la lealtad de campanario que nacionalismos y proteccionismos absurdos quieren imponer a la cultura. No menos cancerígena me parece la política de recluir la cultura en la caverna, de fomentar un régimen de servilismo cuando ya nos creíamos liberados de hipotecas y servidumbres.

Por desgracia, este es el ecosistema cultural en el que vivimos. O escribes en una lengua pre-determinada o renuncias a los honores. O compartes una lealtad pre-establecida o quedas desposeído de tus propias raíces. Y todo ello en medio de un gran silencio y de una palabrería farisaica. Todo ello en medio de un comportamiento ciudadano aquiescente, sumiso, acoquinado.

Herederos de la mentalidad franquista, han sido los nacionalismos quienes han avivado ese fuego, pero el entusiasmo no les pertenece en exclusiva. A la voz de «protejamos la identidad cultural» gobiernos regionales de un color y de otro han hecho esfuerzos agobiantes y dispendios difíciles de justificar desde una óptica racional para socializar a sus gentes en las pautas de un vulgar localismo que provincializa a sus hijos más universales y reviste de esplendor los pequeños sucesos que tienen lugar en la parroquia, en el campo de fútbol o en la puerta de la taberna. Tomemos como ejemplo Andalucía, cuya clase política se ha lanzado a la búsqueda de las raíces árabes para justificar y sostener una nacionalidad recién inventada.

Recordemos el disparate de la Diputación de Valencia cuando en 1996 manifestó su deseo de retirar el monumento a Pizarro, levantado en la plaza de Manises como homenaje a la raza en 1969, para sustituirlo por una estatua - de otra raza, supongo- del poeta Ausias March. Fijémonos en la obsesión de nuestros progresistas por subvencionar y blindar las artes y letras para que prosperen y no se vean adulteradas ni pervertidas por las malas influencias norteamericanas. Me pregunto si entre estas malas influencias se cuentan el cine de Woody Allen, la novela de Philip Roth o el teatro de Arthur Miller.

Tras todo esto late una manía que después de una dictadura y una transición muchos creímos desterrada: la manía de tratar nuestro pasado como algo que puede modificarse aún, o al menos como algo que podemos darnos la satisfacción de reprochar a alguien. De modo que si ayer unos querían resucitar la Inquisición en tiempos modernos, hoy otros quieren poner pelliza a la cultura. Y con este fin nos aturden los oídos con que les duele la España centralista y las invasiones yanquis. Y para curarse ese dolor nos descaminan ruralmente en una vuelta al caserío o al más sonrojante de los anti-americanismos.

¿Tan difícil resulta comprender que la cultura relevante, la que de verdad ha producido el hombre a través de los siglos, no por casualidad ha venido de quienes cerraron la puerta a la particularidad y se la abrieron a lo común, a lo que hay de fundamental, de perdurable, de esencial en el ser humano? Los grandes filósofos, los grandes poetas, los grandes músicos, los grandes pintores... no pueden aprisionarse en las coordenadas de una sola región. Si Platón sobrevive al mármol de Atenas es porque lectores de distintas latitudes y distintas épocas podían hacer suyo su pensamiento, coincidir con él en una percepción, sentir que su alma estaba teñida del mismo color. Todo lo que Shakespeare dice de Hamlet, el muchacho que lo lee en un rincón cree que es aplicable a él mismo. Y lo mismo puede decirse de Cervantes, quien comienza con la sonrisa de su Quijote la crítica de los absolutos y nos muestra con sus personajes que el hombre es un ser precario, complejo, doble o triple, habitado por fantasmas, espoleado por los apetitos, roído por el deseo.

La cultura está hecha secularmente de pluralismo y de mezcla, de cruce continuo entre mundos, religiones y lenguas. Y si la pintura, la escultura, la arquitectura y la literatura producida en España han dado obras de alcance universal se debe a que diversidad, aluvión, contagio, préstamo, mosaico, mestizaje... son palabras que sirven para describir el espíritu de sus mayores representantes. Cuánto no debe el Renacimiento a los traductores de Al Andalus, que trasvasaron la ciencia oriental y la ciencia de la Antigüedad a Europa. Llull alimenta en catalán lo que el místico murciano Ibn Arabi concibe en árabe y más tarde desborda en el éxtasis arrebatado de San Juan de la Cruz, un carmelita castellano por el que corre sangre judía. El soneto de Garcilaso nace de los paseos dialogados del catalán Boscán y el veneciano Navagero por los jardines de la Alhambra. Velázquez bebe de Rubens y de los viajes italianos. Clarín escribe la Regenta mirándose en la Emma Bovary de Flaubert. Y Barcelona, ¿acaso Barcelona no era una ciudad más abierta y liberal, más viva y atenta al mundo, en los años sesenta del siglo pasado, cuando se convirtió en capital y meridiano de la literatura hispanoamericana, que hoy, cuando hay inspectores lingüísticos y la cultura, oficializada por los mandarines nacionalistas, ha pasado a ser un ingrediente de la meritocracia identitaria?

Triste panorama, aunque después de todo, consuela saber que al final, en cuestiones culturales, el proteccionismo y las unanimidades nacionalistas no son más que huellas que se borran en la arena. Porque la vida del político se cuenta en años, la de la cultura en milenios. Y como exclamó triunfalmente el poeta griego Píndaro: «Cuando la ciudad que celebro haya muerto, cuando los hombres a quienes canto se hayan desvanecido en el olvido, mis palabras perdurarán».

FERNANDO GARCÍA DE CORTÁZAR
Catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Deusto

Pisarse la manguera
POR IGNACIO CAMACHO ABC 1 Agosto 2007

ENTRE el apagón de Barcelona y los incendios de Canarias, la caprichosa aleatoriedad de la emergencia va a tener a Zapatero en vilo, de acá para allá, durante el previsto comienzo de sus vacaciones. Si el black-out catalán merecía una visita presidencial apaciguadora del victimismo nacionalista, la magnitud de las llamas del archipiélago exige una respuesta igualitaria. Cuidar el viñedo electoral es tarea ingente en la que no conviene permitirse distracciones que induzcan a concluir la existencia de una geografía de la desgracia asimétrica como el federalismo maragalliano, en cuyo magma de confusión arden dispersas las competencias que convierten cada fuego forestal en un caos, en un carajal de gente que va y viene azacaneando al buen tuntún, sin organización, sin mando unificado, sin método, sin un procedimiento reglado ni un orden preciso. A la buena de Dios, a la voluntad bienintencionada o negligente de cada cuál, como un molde simbólico de la barahúnda en que ha cuajado el Estado de las Autonomías, trufado de organismos superpuestos que se pisan unos a otros, literalmente, la manguera de socorro.

No es cuestión de buscar, sistemáticamente, la espalda del Gobierno para descargar el fardo de responsabilidad de cada accidente o cada desgracia, un hábito muy propio de la sociedad de la queja, acostumbrada a hallar culpables sobre los que liberar la contrariedad ante el infortunio. De lo que se trata es de hallar soluciones, de analizar conflictos, de extraer de las catástrofes un diagnóstico aplicable a la prevención del futuro. Y lo que queda cada vez más claro es que el modelo de dispersión administrativa ha propiciado una faramalla de competencias que, lejos de beneficiar al ciudadano, lo desprotegen frente a un desordenado damero de piezas desparramadas que se mueven en un embrollo endiablado de tareas mal repartidas. Sólo el Ejército, en el que Zapatero parece haber descubierto la única panacea de operatividad posible, ofrece un marco de actuación eficaz, competente y homogénea. Pero no se puede militarizar la Administración de un Estado centrifugado hasta el paroxismo.

Los incendios del monte retratan esta maraña de enredos con una luminosa y desoladora claridad. Autonomías, diputaciones, ayuntamientos, cabildos, organismos forales, consejos insulares, se reparten la gestión de actuaciones en un vértigo de zozobras descoordinadas, sin que exista una sola instancia capaz de jerarquizar o concertar ese fenomenal embrollo con una mínima garantía de eficiencia. El fuego, metáfora nítida de la destrucción, levanta su amenaza frente a un Estado en quiebra, fragmentado por su propia debilidad interior que carcome sus posibilidades de resistencia. Pero la clase dirigente, lejos de proveer soluciones que fortalezcan la respuesta ante los desafíos, se acomoda en la confusión a sabiendas de que, a fin de cuentas, encuentra en ella la pragmática escapatoria de los torpes, de los adocenados y de los burócratas: siempre es posible delegar la responsabilidad en la ventanilla de al lado.

Protegidos por Hizbolá
Manuel Molares do Val Periodista Digital 1 Agosto 2007

Los soldados españoles en el Líbano son como policías apadrinados por mafiosos: deberían desarmar a los terroristas de Hizbolá, pero son estos los que los protegen de otros terroristas peores.

Paradoja que fue noticia la semana pasada. Nadie la desmintió ni casi se comentó, quizás porque sería políticamente incorrecto denunciar a unos fanáticos asesinos convertidos en protectores de los nuestros.

Tan asesinos que, entre otros actos, militantes de Hizbolá atentaron el 12 de abril de 1985 en el restaurante El Descanso de Madrid, donde mataron a 18 españoles e hirieron a un centenar.

Hizbolá, que significa “partido de Dios”, está considerado por occidente y por los libaneses y los palestinos moderados como organización terrorista sostenida por los ayatolás iraníes empeñados en imponer en el Líbano una dictadura religiosa.

La presencia de 1.100 soldados españoles en la FINUL (Fuerza de Intermediación de las Naciones Unidas en el Líbano) se debe al acuerdo de desarme de Hizbolá tras el alto el fuego entre esa banda e Israel, hace ahora un año.

Los enfrentamientos fueron resultado de la reacción israelí a los hostigamientos de los terroristas desde terrotorio libanés.

Desde su llegada, la FINUL ha patrullado por los campos libaneses fronterizos, pero no en las ciudades y las poblaciones donde Hizbolá tiene armamento ligero y pesado, incluidos blindados, misiles y aviones no tripulados Mahajer iraníes, uno de los cuales hundió una corbeta israelí en julio de 2006.

Tras el atentado de hace un mes que mató a seis soldados españoles, atribuido a Al Qaeda, amparada por otro amigo nuestro, Siria, los milicianos de Hizbolá han pasado a ser nuestros protectores sin dejar de ser terroristas.

Una situación esquizofrénica ante la razón por la que se está en el Líbano: desarmar a Hizbolá.

España, un país con leyes de pacotilla.
Antonio Javier Vicente Gil Periodista Digital 1 Agosto 2007

Un país que tiene una ley que dice que la bandera nacional deberá ondear en los edificios públicos y que tras incumplir dicha ley se dicta una sentencia en la que se dice que la bandera nacional deberá ondear en los edificios públicos pero no sanciona de ningún modo a quienes incumplen dicha ley es un país con leyes de pacotilla. Es como si tras un asesinato el tribunal recordase en su sentencia que es muy mala cosa eso de matar y que no se debe matar y dejase libre al asesino.

En el País Vasco se incumplen muchas leyes, alguien pone una demanda, se da una sentencia que recuerda a los nacionalistas vascos que deben cumplir la ley, siguen sin cumplirla, se pone otra demanda que sentencia diciendo a los nacionalistas vascos que deben cumplir la ley pero siguen pasándosela por el forro de sus veleidades independentistas lo que lleva a poner otra demanda que origina otra sentencia que demuestra que somos gilipollas. Más de 20 años pitorreandose de la bandera nacional y aquí seguimos, diciéndole los tribunales a los nacionalistas del PNV que la bandera deberá ondear.

Los nacionalistas desde siempre quieren, buscan, desean y trabajan por llegar a la independencia dando pasitos cortos y aquí tenemos que estar haciendo concesiones a los nacionalistas para calmar sus ansias independentistas y lo único que se consigue es que den otro pasito en dirección a su único objetivo. No está bien visto decir que el problema autonómico es un grave problema de este país que puede llevarnos a la hecatombe, pero alguien debería ir reclamando la retirada de competencias a las comunidades autónomas, como por ejemplo en educación y otras que ellos utilizan solo para conseguir sus fines de independencia.

Los nacionalistas tontos no son, y solo siguen empleando un símbolo nacional masivamente y sin siquiera intentar boicotear su uso y es la moneda, jamás he visto a un funcionario del gobierno vasco cobrando en dinero del monopoly nacionalista en lugar de en billetes de curso legal. Cuando Jumilla quiso ser independiente lo primero que hizo fue imprimir papelitos que hacían de moneda nacional, lo mismo Cartagena. Pero verán ustedes que por ahí no pasan.

Sinceramente pienso que no se puede esperar otra cosa de lo que ahora se llama una nación de naciones de naciones y que antiguamente se llamaban los reinos de taifas y más recientemente la España cantonal.

Símbolo de unidad nacional
Editorial ABC 1 Agosto 2007

ACIERTA plenamente el Tribunal Supremo al interpretar la ley que regula la utilización de la bandera y otros símbolos nacionales. Una reciente sentencia determina que la bandera de España debe ondear de forma permanente en los edificios públicos autonómicos, bien en solitario o conjuntamente con la enseña propia de la comunidad autónoma, reiterando una disposición que se incumple desde hace veinte años en la sede de la policía vasca en Arcaute (Álava). Resulta sorprendente y revelador de la impunidad en la que suele moverse el nacionalismo vasco que, después de 30 años de régimen constitucional, sea preciso que una resolución judicial tenga que exigir la puesta en práctica de ciertas reglas elementales, calificadas por el Gobierno de Vitoria de «extemporáneas». Entre ellas, el respeto a los símbolos de todos, que la normativa en vigor regula con prudencia y buen sentido pero otorgando la lógica prioridad a la bandera que representa al conjunto de los españoles sobre las que simbolizan a las nacionalidades y regiones. La llamada «guerra de las banderas» planteada en su día por el nacionalismo ha derivado en la práctica en una tolerancia inaceptable hacia el incumplimiento de la ley. Es notorio que en muchos ayuntamientos vascos y en algunos catalanes no ondea nunca la bandera de España, y que a veces, con motivo de determinadas fiestas o conmemoraciones, se convierte en pretexto de los extremistas para generar conflictos de orden público.

La actitud de mirar para otro lado, practicada con demasiada frecuencia por el Ejecutivo, no sólo es inútil sino también perjudicial porque los radicales viven muy a gusto en el terreno de la provocación. Cuando la ley se incumple por una entidad pública como la Comunidad Autónoma vasca la cuestión adquiere una especial gravedad. Es fácil comprobar que se trata de un incumplimiento deliberado y consciente que pretende expresar la desvinculación de esa entidad respecto de los símbolos de España. Resulta especialmente inadmisible que esta actitud se transmita desde la policía autonómica, titular de funciones de máxima relevancia en la lucha contra el terrorismo y en la garantía de los derechos fundamentales. De ahí que merezca una valoración muy favorable esta sentencia del Tribunal Supremo que pone las cosas en su sitio. Sin embargo, no basta con una decisión judicial, por muy precisa y oportuna que sea, sino que el Gobierno debe abandonar su actitud abstencionista y exigir el cumplimiento de la ley sin excepciones de ningún tipo. Tal vez esa postura firme molestaría a los nacionalistas, que dan ya por ganada la batalla de las banderas ante el desistimiento de muchas autoridades estatales. Pero Rodríguez Zapatero prometió cumplir y hacer cumplir la ley al acceder a su puesto, lo mismo que el resto de los cargos públicos, lo que incluye también a los responsables autonómicos que deben su condición de autoridad a una Constitución que se sustenta en la soberanía nacional única, y cuyo titular es el pueblo español.

España, negada
POR EDURNE URIARTE ABC 1 Agosto 2007

Quienes dicen que los símbolos carecen de importancia, o no comprenden el problema del País Vasco, o no les importa. O desprecian la relevancia democrática de los símbolos políticos. La bandera nacional que es allí objeto de ilegalidad, negación y persecución permanentes, no lo es porque sea un trozo de tela sin mayor trascendencia, como pretenden los que miran los símbolos con escéptica distancia. Lo es porque representa España y la españolidad del País Vasco. Desde el punto de vista legal y desde el punto de vista emocional. Y cuando los nacionalistas la retiran sistemáticamente de las instituciones que controlan, como está ocurriendo, no reprimen, persiguen y estigmatizan únicamente una bandera. Niegan lo que representa. A todos los vascos que se sienten españoles y, obviamente, al Estado y a sus leyes. Y esto, que es un escándalo democrático de enormes dimensiones, se produce diariamente desde siempre, desde el inicio de la democracia, sin que las instituciones de nuestro país y sin que nuestros líderes políticos hayan sido capaces de ponerle freno.

La sentencia del Supremo sirve para llamar la atención sobre el problema, pero no obrará milagros por sí misma porque el escándalo de la persecución de la bandera está firmemente establecido en la vida cotidiana del País Vasco. El escándalo es la normalidad. Hasta tal punto a estas alturas, que ni siquiera cabe ser optimista sobre las consecuencias de esta sentencia. Y no me refiero al cumplimiento estricto de la legalidad, sino a un simple aumento de ese cumplimiento. No hay que olvidar que ese incumplimiento se ha llevado a cabo a través de múltiples trampas de los nacionalistas para saltársela.
Y mediante otro mecanismo igual de importante. El del miedo de la mayoría de los vascos para denunciar esa ilegalidad. No sólo el miedo al terrorismo. También a la disidencia del nacionalismo dominante. La fácil y sistemática negación de la bandera estimula y acrecienta ese miedo. La ausencia de la enseña es la ausencia del Estado y de su protección. La negación de España es la negación de su derecho a hablar, a denunciar, a reivindicar.

Galicia
PARA EL CONSELLO DA AVOGACÍA GALEGA, "LO PELIGROSO ES DESCONOCER EL IDIOMA"
Jueces y abogados discrepan del Valedor sobre el gallego en la Justicia
A Mesa pola Normalización Lingüística urgió ayer a Benigno López que rectifique "con carácter inmediato" sus declaraciones sobre la lengua. La CIG pide su dimisión.
M. G. ALONSO La Opinión 1 Agosto 2007

La asociación profesional Jueces para la Democracia se muestra contraria a las declaraciones del Valedor do Pobo, Benigno López González, sobre "el peligro" que puede suponer el uso del gallego en la administración de justicia, incluso a través de un gabinete de traducción. El portavoz de la asociación en Galicia, Francisco Javier Menéndez Estébanez no ve "ningún problema en el uso del gallego en el ámbito judicial" y recomienda utilizar una oficina de traducción para normalizar el idioma en la judicatura como ya sucede en el País Vasco o Cataluña. La misma postura comparte CIG-Ensino, al considerar "muy graves las declaraciones del nuevo Valedor" por lo que pide su dimisión. Asimismo, A Mesa Pola Normalización Lingüística le exige "una rectificación inmediata" y la Asociación de Funcionarios para a Normalización Lingüística lamenta sus manifestaciones que no considera propias de su cargo público, "si no de la opinión de un profesional de la justicia receloso a incorporar el uso del gallego" a su trabajo.

Menéndez asegura que "si el traductor conoce bien su oficio no tendría que haber ningún problema". Pone como ejemplo sus años como juez en el País Vasco, donde los intérpretes tenían que utilizarse también a nivel oral y no sólo para las sentencias. Indica que el gallego "se utiliza poco" en la judicatura "porque no existen medios suficientes" y asegura que a nivel oral no existen problemas de comprensión, algo que sí ocurre a nivel escrito. "Hay que fomentar su uso y normalizarlo, como ya sucede en otros ámbitos de la Administración pública, ya que es una lengua cooficial", afirma. Además pide que haya formularios en gallego para las providencias y resoluciones judiciales, algo que ya sucede en otras comunidades como Cataluña, donde existe un mayor fomento del idioma por parte de la Administración. El sindicato CIG considera "completamente inapropiado que la persona que debería velar por el cumplimiento de la legislación vigente, también en materia lingüística, haga unas declaraciones totalmente prejuiciosas y propias de un individuo colonizado, que le niega a nuestro idioma el lugar que le corresponde y que tiene cualquier lengua extranjera en la enseñanza".

En este sentido, A Mesa indica que el Valedor "cuestiona el nuevo Decreto do Galego no Ensino" en sus declaraciones a los medios al considerar como secundaria la lengua y literatura gallegas y al afirmar que su uso en la judicatura puede "ser muy peligroso" si no se domina. La asociación en defensa del gallego declara que sus palabras "atacan gravemente la convivencia y los derechos lingüísticos reconocidos por la legislación", justo "lo contrario de lo que sería su función". Por ello, le exige un "desmentido o aclaración en la mayor brevedad". De no ser así se estaría"claramente decantado contra el proceso de normalización y tendría poco de independiente".

El funcionariado, a favor de la Normalización Lingüística, destaca que "más peligroso que usar el gallego en la justicia, aunque no se domine bien, es mostrar actitudes reticentes, por no decir abiertamente opuestas, a la consecución de los objetivos que señala el ordenamiento jurídico lingüístico y al Plan de normalización del uso del gallego". Finalmente, la asociación de funcionarios concluye que "no parece justo" que el Valedor do Pobo "siga el ronsel de los que no creen en las instituciones, porque a él lo pusieron ahí precisamente para que cumpla sus funciones, ahora, y no cuando llegue la próxima generación de juristas".

Por otro lado, el Consello da Avogacía Galega manifiesta que "por desgracia, lo que dice el Valedor no es una opinión personal, si no una situación generalizada". La entidad con sede en A Coruña añade que "como muchos jueces no dominan el gallego jurídico, es peligroso que lo usen, como ocurre con cualquier tecnolecto que no se domine, porque el lenguaje jurídico es muy preciso y requiere un profundo conocimiento". No obstante, subraya que "lo que es peligroso es el desconocimiento del gallego", ya que "la lengua es cultura y la cultura nunca es peligrosa".

La entidad profesional añade que su uso en el ámbito judicial "vendrá con el esfuerzo de las instituciones, y de los agentes que intervienen en la justicia, incluyendo jueces y abogados, y eso, indudablemente, lleva tiempo.

Asimismo, califica la existencia de gabinetes de traducción como "un mal menor" puesto que "lo ideal es que las sentencias sean redactadas en gallego por los propios jueces". Y asegura que han "registrado casos de algún juez que no es de Galicia que rechaza impunemente un escrito sólo por estar redactado en gallego".

Exclusión identitaria
Nota del Editor 1 Agosto 2007

Si pensamos en la intención que pueden tener los que quieren imponer la lengua "propia" en la administración de justicia, en la educación, en la sanidad, etc., está claro que no es por cumplir la legalidad, pues la Constitución Eespañola establece el deber de conocer el idoma español, no hay obligación de conocer la lengua "regional", sino que es simple y llanamente para proteger su cortijo lingüistico-identitario, sea ejercer la abogacía, la educación, la sanidad, o vivir del cuento con las subvenciones, excluyendo y de paso machacando los derechos civiles de los españolitos y muchos otros que no saben ni tienen interés en que les impongan la lengua regional.

EL GOBIERNO ECHA TIERRA SOBRE LA AGENDA DEL ETARRA
Rodolfo Ares y Jon Iurrebaso llamaban a la misma línea caliente de ETA con el PSOE

Uno de los teléfonos a los que llamaba el etarra Jon Iurrebaso como salvoconducto para moverse por Francia y España recibió también llamadas del portavoz socialista Rodolfo Ares. La Razón aporta este dato relevante de la investigación sobre los números incautados al terrorista cuando fue detenido junto a Kepa Suárez en Périgueux el pasado 29 de marzo. El Gobierno llegó a interesarse por su liberación, a pocas semanas de las Elecciones autonómicas y locales. Las pesquisas independientes chocan con el intento del Gobierno de echar tierra sobre esta nueva evidencia de sus cesiones a ETA, como ya hiciera con el llamado chivatazo policial, del que no se conocen los responsables, después de más de un año de investigación.
Libertad Digital 1 Agosto 2007

El portavoz de la Comisión Ejecutiva del PSE, Rodolfo Ares, llamó a uno de los números de teléfono móvil con los que también contactaba el etarra Jon Iurrebaso cuando estaba en apuros.

El diario La Razón revela este miércoles, citando "fuentes conocedoras de la investigación", que hay llamadas del dirigente socialista registradas en el historial de uno de los números de teléfono esgrimidos por Iurrebaso como salvoconducto, al ser detenido el pasado 29 de marzo en Francia, junto al también terrorista Kepa Suárez.

En Francia, donde están detenidos, la investigación la dirige la juez Laurence Le Vert.

Mientras en esa jurisdicción, las pesquisas se han llevado con transparencia y se conoce que dos de los números de teléfono a los que llamaba Iurrebaso pertenecen a teléfonos móviles del alto mando de la Policía gala Christian Lambert, en España, el Gobierno se ha empeñado, una vez más, en una política de opacidad que no ha impedido que investigaciones periodísticas independientes, fundamentalmente de La Razón, hayan averiguado ya algunos datos relevantes de este caso: que uno de los números de teléfono de la agenda de Iurrebaso pertenece al móvil de un dirigente socialista y, ahora, en aparente coherencia con esa revelación, que ese dirigente recibió también llamadas de su compañero Rodolfo Ares.

Rodolfo Ares llamó a uno de los teléfonos secretos que llevaba el etarra Yurrebaso
Un número atribuido al portavoz de la Ejecutiva del PSE está registrado en uno de los dos móviles que el «negociador» de la banda tenía como «salvoconducto» ? La jueza Le Vert podría llamarle a declarar para que desvele a quiénes pertenecen
J. M. Zuloaga La Razón 1 Agosto 2007

Madrid- El portavoz de la Ejecutiva del Partido Socialista de Euskadi, Rodolfo Ares, realizó una llamada a uno de los teléfonos cuyos números portaba el presunto etarra, miembro del «aparato de negociación» de la banda, Juan Carlos Yurrebaso, cuando fue detenido el pasado 29 de marzo cerca de la localidad francesa de Perigueux, según han informado a LA RAZÓN fuentes conocedoras de la investigación que se ha realizado.

Pese a que en España se lleva con absoluto secretismo, a diferencia de Francia, país en el que rápidamente fue identificado el titular de los números de teléfonos galos que tenía Yurrebaso, poco a poco se van conociendo datos sobre la investigación que, por iniciativa de la jueza antiterrorista de París Laurence Le Vert, se ha realizado en nuestro país.

Juan Carlos Yurrebaso que, en el momento de ser arrestado se identificó como miembro de la «mesa de negociación con el Gobierno español», lo que fue confirmado por la propia ETA a través del diario «Gara», llevaba cuatro números de teléfono cuyos titulares, según él, le garantizaban una total libertad de movimientos por Francia y, en caso de ser detenido, su inmediata puesta en libertad.

Ascendido
Los correspondientes a operadoras galas eran de un alto mando de la Policía, Christian Lambert, entonces jefe de las Compañías Republicanas de Seguridad (CRS) y ahora ascendido a un importante puesto en París. Se trata de un agente de la absoluta confianza del que fuera ministro del Interior, hoy presidente de la República, Nicolás Sarkozy.

En el caso de los números españoles, han estado rodeados de misterio desde el principio. LA RAZÓN publicó en exclusiva que habían sido adquiridos en un centro comercial del País Vasco y que, por las llamadas registradas, pertenecían a un miembro del PSE.

Se trata de tarjetas de prepago sin contrato, lo que hace más complicada, pero no imposible, la identificación de su titular. Los métodos con los que trabajan las Fuerzas de Seguridad, según ha quedado demostrado en varias investigaciones, consiguen, casi siempre, saber quiénes son los usuarios.

Según las fuentes consultadas por este periódico, uno de los dos teléfonos tiene una llamada de entrada atribuida al secretario de Coordinación y Organización del PSE y portavoz de la Ejecutiva, Rodolfo Ares, que, junto con el secretario general de esta formación, Patxi López, ha sido protagonista de las conversaciones secretas mantenidas con Batasuna y PNV.
Este dato avala que los números de teléfono españoles que llevaba Yurrebaso eran de un miembro, «de cierto nivel», del PSE, cosa que tampoco es de extrañar por el importante papel que dirigentes de este partido han tenido en las negociaciones con ETA.

El hecho de que esté registrada esa llamada atribuida a Ares no significa que el portavoz de la Ejecutiva del PSE haya estado en contacto con Yurrebaso u otros etarras, sino que habló con el que sí se entrevistaba con ellos y les había facilitado los números de teléfono.

En la comisión rogatoria que la jueza Le Vert envió a las autoridades españolas aportaba los dos números de teléfono, que empiezan por 685121 y 644814, y solicitaba que se identificara a sus titulares; la fecha en la que fueron adquiridos, dados de alta y, en su caso, de baja; la facturación, llamadas, etcétera.

Las autoridades españolas elaboraron las respuestas a esta comisión, que fueron enviadas a la magistrada por el juez de la Audiencia Nacional Juan del Olmo, antes de pasar este asunto al juez Baltasar Garzón, que es el competente en la actualidad.

Lo sabe
Se desconoce, por el referido secretismo, si el dato de que uno de los dos números recibió una llamada atribuida a, que, por lo tanto, conoce quién es el titular, al menos, del teléfono con el que se puso en contacto, ha sido aportado a Le Vert.

Y en caso afirmativo, si la magistrada tiene intención de hacer comparecer al dirigente socialista vasco con el fin de preguntarle a quién pertenecían los referidos números.

En poder de la magistrada se encuentra el ordenador y un dispositivo de almacenamiento USB que le incautaron a Yurrebaso. Las mencionadas fuentes dan como seguro que contienen importante información sobre las negociaciones.
Éste es un asunto sobre el que el Ejecutivo rehúye cualquier debate en profundidad con el argumento de que nadie le puede pedir cuentas de lo que ha hecho.

Una campaña de atentados de ETA, con la incidencia que tendría en la opinión pública, podría poner el tema sobre la mesa, sobre todo si la banda, como ha hecho en otras ocasiones, se decide a publicar todos los detalles del proceso de negociaciones que mantuvo con el Gobierno.

tribunales
El Supremo obliga al Gobierno vasco a lucir la bandera española en todas sus sedes
La enseña estatal deberá ondear en la Academia de Arkaute, tras 25 años de negativa institucional a colocarla El tribunal exige que se coloque en un lugar preferente
ALFONSO TORICES El Correo 1 Agosto 2007

El Tribunal Supremo no ha dejado el más mínimo resquicio legal al Gobierno vasco, que tendrá que colocar la bandera española en el exterior e interior de todas sus sedes y edificios de forma permanente, sin excepciones, y en lugar preferente.

La sentencia, dictada la semana pasada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, termina de manera definitiva con casi tres décadas de controversias institucionales, durante las cuales el Ejecutivo de Vitoria y el resto de instituciones vascas gobernadas por nacionalistas han defendido que la ley sólo obligaba a colocar la enseña del Estado en edificios oficiales si en ellos ondeaban otras banderas. De no ser así, defendían, era legal dejar vacíos todos los mástiles.

El alto tribunal aprovecha la respuesta a un recurso concreto del Gobierno vasco para ir más lejos. Recuerda que la obligación de colocar a diario y en el lugar de honor la bandera española no sólo afecta a las sedes u organismos de la administración autonómica, en este caso la del País Vasco, sino también a todas las administraciones provinciales o municipales, lo que extiende el imperativo legal a los ayuntamientos y a las diputaciones forales de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa.

Pago de las costas
La resolución, que sirve para aclarar y ratificar la doctrina del Supremo sobre el uso de la bandera española, se dictó en realidad el 24 de julio pasado para confirmar la obligación de la Academia de la Policía Autónoma Vasca, ubicada en Arkaute (Álava), de hacer ondear tanto en el exterior como en interior de sus instalaciones, a diario y en el lugar preferente, la bandera española, «bien en solitario o bien conjuntamente con la ikurriña».

El fallo rechaza el recurso de casación presentado por el Gobierno vasco y declara firme la sentencia dictada el 17 de octubre de 2003 por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que aceptó la impugnación del Gobierno de la Nación contra la negativa del Ejecutivo de Vitoria a colocar la bandera española en la academia de la Ertzaintza. La enseña nacional no ha ondeado en los 25 años de existencia del centro policial.

El tribunal considera que el Ejecutivo autonómico no tiene ni un solo argumento válido para oponerse a la resolución, por lo que no admite a trámite el recurso y obliga al Gobierno de Vitoria a hacerse cargo de las costa judiciales generadas por un proceso que entiende gratuito, hasta un máximo de 2.000 euros.

La sala dice que ni es cierto que la ley de 1981 que regula el uso de las banderas oficiales permita varias interpretaciones ni tiene consistencia legal alguna el hecho de que durante 25 años las cosas hayan sido así y nadie se haya quejado, porque «las leyes no se derogan por su incumplimiento».

Los magistrados señalan que la expresión «deberá ondear» que usa el legislador es «un imperativo categórico», que «viene a poner de relieve la exigencia legal de que la bandera de España ondee todos los días y en los lugares que expresa (la norma), como símbolo de que los edificios de las administraciones públicas del Estado son lugares en donde se ejerce directa, o delegadamente, la soberanía (...) e integridad del Estado español».

El Supremo aprovecha también la resolución para recordar qué lugar debe ocupar la bandera española cuando ondea en compañía: «le corresponde el lugar destacado, visible y de honor, y preeminente respecto de otras». La traducción de la frase es que cuando cuelgue junto a un número impar de enseñas su ubicación será siempre «la posición central». Si la cifra es par, la enseña estatal se colocará, de las dos posiciones centrales, en «la del lado izquierdo del observador».

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