AGLI

Recortes de Prensa     Jueves 2 Agosto   2007

El fracaso de las Autonomías
Lorenzo Contreras Estrella Digital  2 Agosto 2007

Los incendios de Canarias, que se suman a otros siniestros de parecida entidad, justificarían, a estas alturas del tiempo transcurrido y de la experiencia acumulada, alguna seria objeción sobre el planteamiento constitucional del Estado de las Autonomías. No parece que fuera un despropósito ni un disparate que alguien con autoridad denunciara que el Estado así concebido y con las normas de funcionamiento que lo presiden, está fracasando. La idea de la descentralización ha venido teniendo en el pasado un carácter de sistema casi milagrero por las ventajas y virtudes que se le atribuían. Había un Estado centralista que entonces merecía o concitaba toda clase de reproches. La descentralización, cuanto más amplia mejor, era el sueño de bastantes teóricos de la política. La teoría o, si se prefiere, la tesis de que España es una suma de regiones profundamente diferenciadas y, por tanto, condenadas o predestinadas a no constituir una verdadera unidad territorial, ha acabado imponiéndose e incluso proclamándose desde distintos sectores y tribunas con absoluto descaro. Las conversaciones de Loyola sobre el futuro del “territorio vasco–navarro” ha sido una especie de aquelarre político en el que los brujos reunidos han conspirado contra la idea de España, incluida por supuesto la endeble España constitucional actual. Que no se hayan puesto de acuerdo es lo de menos. Ya se sabe que unos brujos aspiran más que otros a concretar determinadas ambiciones u objetivos.

Todo lo tratado y debatido en Loyola era y es conocido por el Gobierno zapaterista, que, con escalofriante naturalidad, se ha refugiado en el más espeso de los silencios. El llamado “apagón informativo” ha sido su norma. Y han tenido que ser proetarras y nacionalistas, a través de los diarios Gara y Deia, quienes hayan informado a la opinión española de lo que estuvieron tramando y no han renunciado a seguir haciéndolo cuando les parezca oportuno.

La soñada descentralización llegó y se pasó, porque los “padres” de la Constitución superaron el proyecto descentralizador mediante una Carta Magna, la de 1978, que nos ha metido en una encerrona institucional. El Estado de las Autonomías es cada día menos Estado, es cada día más taifal. Son diecisiete estaditos, con diecisiete administraciones y, correlativamente, con una verdadera inflación funcionarial, gasto a barullo y escasa solidaridad entre los territorios. Pero, sobre todo, las autonomías vienen siendo en cuestiones esenciales modelos de ineficacia. El plan hidrológico nacional, por ejemplo, pasó de manos de un Gobierno a otro, y entre ellos se cruzaron las administraciones autonómicas concernidas. El resultado ya se conoce: el plan hidrológico ha dejado de ser nacional y además, en el fondo, no es hidrológico sino hidromarítimo desalinizado. El padre Ebro, que por cierto no nació en Aragón aunque pase por él, vierte ahora generosamente sus aguas sobrantes en el mar, es decir, las dilapida. Así da gusto.

Viene todo esto a cuento de los incendios de Canarias, que han sucedido a otros incendios o macroincendios como, por ejemplo, el de Guadalajara, que llevó muertos incluidos y fue clamorosa demostración de ineficiencia por parte del Estadito manchego. Y quien habla de incendios puede hablar también de vertidos contaminantes en el litoral de que se trate, sin que el correspondiente Estadito —gallego en el caso más resonante— hiciera otra cosa que rastrillar la arena de las playas, perder riqueza marisquera y mantener en la cárcel al capitán del Prestige hasta que llegó el turno de su liberación. Y tuvieron que ser voluntarios llegados de la España única y total, que no totalitaria, los que dieran el ejemplo de alguna romántica eficacia y solidaridad contra el chapapote.

Ya ha habido algunos episodios menores de vertidos en alguna que otra costa, en flagrante demostración de que no se aprendió de la catástrofe galega. Mientras tanto el gran Estado, con su gran Gobierno central, hace como que hace, y con el artículo 150.2 de la Constitución echa la casa por la ventana. Consúltese.

Estratagemas del proceso
Las jubilaciones para ETA
Cristina Losada Libertad Digital 2 Agosto 2007

El plan para pensionar a los de ETA con 1.500 euros mensuales, y es de suponer que con pagas extras, ha llenado de indignación a muchas personas. Justa indignación, que no debe hacer olvidar que el principal donativo que el Gobierno reservaba para los terroristas consistía en ceder a una parte sustancial de sus exigencias políticas. La propia negociación sobre asuntos de ese tipo era ya, de por sí, un premio gordo. Se trataba, en efecto, como se repetía ad nauseam, de una oportunidad histórica. Pero no para la democracia, sino para la ETA.

El Gobierno, claro, lo niega todo, sabedor de algo que los menos duchos y atrevidos en el empleo de la mentira simple, pura y dura, no suelen practicar. Y es que da mejor resultado enrocarse en el embuste que reconocer una verdad por diminuta que sea. Una pequeña grieta en la superficie del engaño puede llegar a resquebrajar el artificio entero. Esta es una regla elemental de la propaganda. Como la de que la mentira será más creída cuanto más monumental. Los nazis se conducían en esto de acuerdo a la experiencia de que la gente del común desconfía antes de las trolas menudas de manejo corriente que de las gigantescas. Así, la vicepresidenta, Cándido, Bermejo o asociados podían haber argumentado que los sueldos para los de ETA hubieran costado menos que los daños que causa su actividad criminal, pero siguiendo las reglas citadas no lo han hecho.

Han renunciado incluso a otra línea defensiva, la de que no hubiera sido la primera vez que un Gobierno sacara de los fondos reservados para menesteres parejos. Y eso es más o menos cierto. Pero mientras los primeros gobiernos de la democracia podían creer de buena fe en la utilidad –relativa– de tales desembolsos, hoy, sin embargo, sólo pueden creerlo los que voluntariamente cierren los ojos o se dejen cegar por el resplandor de los beneficios que esperan. En términos políticos, aún peor que el proyecto de compensaciones a los terroristas en sí mismo, es que el Gobierno lo hubiera hecho en serio. Que pensara realmente que los de ETA querían jubilarse y que sólo se trataba de arreglar la situación personal de los afectados, como en una reconversión en un sector industrial cualquiera.

Esa era, justamente, la especie que difundía urbi et orbi Zapatero antes y durante la larga noche del "proceso", ahora en su fase más oscura. Y lo hacía contra toda evidencia. Pero la ingenuidad tiene un límite. Incluso en alguien que, como ZP, mantiene una visión irreal del terrorismo y de la ETA. Además, disponemos de la prueba. Prueba de que sabían que los terroristas no iban a cambiar de actividad por unos miles de euros por capucha, es que sobre las mesas a dos o a tres, fuese en Loyola, en Suiza o en Suecia, se desplegaba el mapa de una negociación política. Y con ella, la instalación en el horizonte de la autodeterminación, la independencia y la anexión de Navarra. Esta era la zanahoria y de tal entidad, que a su lado, lo de la paga, si existió, era una menudencia, el chocolate del loro. Sin que por ello deje de ser indignante y bochornoso. Ahí están, y no han dejado de estar, los que el Gobierno aseguraba que deseaban retirarse, en plena producción de violencia y amenazas.
Cristina Losada es uno de los autores del blog Heterodoxias.net.

Zapatero paga en Navarra las consecuencias de su forma de gobernar
Carmelo López-Arias elsemanaldigital 2 Agosto 2007

El PSN se le desmanda por unanimidad y decide pactar con Nafarroa Bai. Jugar a todas las barajas sin más criterio que el oportunismo tiene estos efectos. Vamos a ver cómo sale del brete.

2 de agosto de 2007. Comentábamos justo hace una semana la intolerable pretensión del PSN y de José Blanco de que se les pidiera disculpas por la acusación de "entregar Navarra", siendo así que su ruptura con Nafarroa Bai demostraba su fidelidad al modelo constitucional. Y dábamos como frustrada por José Luis Rodríguez Zapatero esa coalición, pues como tal la daba el número dos del PSOE.

El Gobierno, Ferraz y el PSN están sometiendo a un inadmisible vaivén informativo una cuestión que no afecta solamente a los habitantes de la Comunidad Foral, sino a toda España. La coalición con la que los socialistas quieren pactar tiene como finalidad primera integrar a Navarra en el País Vasco, para luego separar ambas del resto de la nación. Y van casi mil personas asesinadas por ETA con ese mismo objetivo. Sólo por eso cabría exigir del presidente del Gobierno que el mismo día 28 de mayo, cerradas las urnas y claras las opciones, hubiese fijado el camino a los suyos.

Muy al contrario, tal y como ha hecho en otras graves circunstancias, Zapatero se ancló en el cortoplacismo, con plazos que muchas veces no llegaron a más de veinticuatro horas. Y otro tanto puede decirse de Fernando Puras, el candidato del PSN, gran derrotado el 27-M al convertirse en tercera fuerza política, y sometido a las tensiones de su propia militancia, que quiere tocar poder, y de Madrid, donde temen perderlo si el pacto con NaBai fructifica. Un auténtico revoltijo de intereses donde ha vuelto a quedar patente el escaso sentido de Estado del jefe del Ejecutivo y su poca capacidad de liderazgo en lo que verdaderamente importa.

Ahora el PSN se le ha plantado a Zapatero y a Blanco, pero la decisión es de éstos. No colaría respaldar la decisión de la Ejecutiva navarra alegando que se hizo todo lo posible por evitar ese pacto: la autoridad de ZP resultaría gravemente menoscabada dentro y fuera del PSOE, sin que ello sirviese para arrebatar de las manos del PP un goloso caramelo electoral.

Pero si se obliga al PSN a abstenerse en la investidura de Miguel Sanz, que es lo que dicta el bien de España, puede que desobedezca una parte de sus parlamentarios, con consecuencias imprevisibles: la sombra del tamayazo causa escalofríos en Ferraz.

Hace pocas semanas se relamían los socialistas, y con razón, ante la dimisión de Josep Piqué, que rompió la remontada que iniciaba el PP tras la semana negra posterior al debate del estado de la nación, y frustró el lanzamiento mediático de algunas propuestas de Mariano Rajoy.

Los populares supieron resolverlo en un solo día. Da la impresión de que la crisis abierta este miércoles en Pamplona va a necesitar más tiempo y más mercromina.

LA BANDERA, EN SU SITIO
Ofensiva para que la sentencia del Tribunal Supremo cambie la historia
Editorial Elsemanaldigital 2 Agosto 2007

El Alto Tribunal ha sido claro como el agua, pero no más claro que la ley misma que lleva treinta años incumpliéndose. Pero ahora la burla nacionalista puede no salir gratis.

2 de agosto de 2007. Durante tres décadas se ha consentido que los partidos nacionalistas burlasen la norma legal que regula el uso de las banderas en las instituciones que gobiernan.

Un caso más era el de la Academia de Policía Vasca de Arkaute, pero la sentencia del Tribunal Supremo que se dio a conocer este martes ha tenido dos efectos: por un lado, fijar de nuevo la doctrina legal que obliga a que la bandera española ondee en todas las instituciones autonómicas y recordar que la costumbre de haber incumplido la ley durante tanto tiempo no legitima la situación; y por otro, transformar la obligación legal genérica (exigible hasta ahora en el plano de las responsabilidades políticas) en una obligación judicial específica con un destinatario concreto.

A él se ha referido el portavoz del PP en la Comisión Interior del Parlamento vasco, Carlos Urquijo, al requerir de manera inmediata a Juan José Ibarretxe que dé cuenta en sede parlamentaria sobre cuándo piensa hacer cumplir esa sentencia: "De no hacerlo, estaríamos ante un caso de desobediencia a las resoluciones de los tribunales, que podría acarrear responsabilidades de tipo penal".

Ésa es ahora la fortaleza de quienes quieren ahora que concluya una situación que, como señalaba el mismo Urquijo para el País Vasco (pero vale para otras comunidades bajo poder nacionalista, como Cataluña), ha ofendido la sensibilidad de los cientos de miles de ciudadanos vascos que se sienten españoles y no ven la bandera ondear donde le corresponde por ley.

De hecho, la Fundación para la Defensa de la Nación Española (DENAES) que preside Santiago Abascal se ha movilizado para que el riesgo de incurrir en un delito refuerce el cumplimiento de la ley. Dando por hecho que Ibarretxe no cumplirá la sentencia, va a utilizar el derecho de petición que garantiza la Constitución y exigir el cumplimiento de la sentencia al delegado del Gobierno en el País Vasco, Paulino Luesma, y al ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, para que "den las instrucciones pertinentes a la abogacía del Estado para que garantice la ejecución de las sentencias del TSJPV y del Tribunal Supremo".

Todo, con tal de que ni Ibarretxe ni su consejero de Interior, Javier Balza, puedan escabullirse de cumplir la Ley, sin, al menos, hacer frente a las consecuencias penales correspondientes.

Elorza dice que Zapatero miente.
Antonio Javier Vicente Gil Periodista Digital 2 Agosto 2007

Poco a poco se va sabiendo qué hizo Zapatero y sus enviados en las muchas decenas de reuniones con ETA. Odón Elorza sale en los medios y dice que hicieron concesiones a ETA pero que ETA quería más. El texto aprobado por el Congreso en el que se autorizaba a Zapatero a dialogar con “quienes decidan abandonar la violencia” decía que “la violencia no tiene precio político”, insiste también ese texto en que “las cuestiones políticas deben resolverse a través de los representantes legítimos de la voluntad popular”.

Lo que Elorza viene a decir es que Zapatero miente y que como poco ha cometido una ilegalidad pues el parlamento no le autorizó a negociar cuestiones políticas con Batasuna, ya que Batasuna está ilegalizada y no es por tanto representante legítimo de la voluntad popular.

Según las declaraciones de Elorza sobre las negociaciones con ETA, Zapatero también se ha saltado la legalidad la haber pactado cesiones a ETA.

"Pero sí queda claramente apuntado que hubo la posibilidad real de llegar a un acuerdo en una mesa inicial entre partidos y que ese acuerdo inicial sobre unas bases interesantes, muy trabajadas, con concesiones, no pudieron avanzar como consecuencia de la actitud, en último extremo, exigente y radical de los abertzales de Otegi, seguramente, a indicación de ETA"

Todas las veces que Zapatero ha dicho que no se han hecho cesiones a ETA ha mentido.

Todas las veces que Rubalcaba ha dicho que no se habían hecho cesiones a ETA en el proceso de diálogo ha mentido.

Todas las veces que de la Vega ha dicho que no ha habido ni una cesión a ETA ha mentido.

No lo dice ni ETA, ni Gara, ni el PNV, ni Deia, lo dice un miembro relevante del PSOE, pero no sufran, da igual, lo desmentirán también y el día en que toque asumir esos hechos se desmentirán a sí mismos y no pasará nada.

Me huelo que lo que Elorza está haciendo es prepararnos para próximas revelaciones sobre lo pactado directamente con ETA, que saberse ya se sabe y solo falta que lo diga algún socialista relevante.

Documentación: Texto aprobado por el Congreso el 17 de mayo de 2.005 autorizando a Zapatero a dialogar con ETA.
http://www.20minutos.es/noticia/24014/0/eta/negociacion/resolucion/

Después tomaremos Al Andalus
Manuel Molares do Val Periodista Digital 2 Agosto 2007

Condenado a veinte años de hastío, Leonard Cohen decidió tomarse su revancha, como dice en una de sus mejores canciones, que parece hecha para España.

“First we take Manhattan”, “Primero, tomaremos Manhattan”, anuncia, “then we take Berlin”, “después tomaremos Berlín”. “Primero tomaremos Vitoria, después tomaremos Pamplona”, podrían cantar Otegui y Josu Ternera.

El hastío aquí no es el de los etarras, según las revelaciones del PNV sobre las cesiones del Gobierno a los terroristas concediéndoles sueldos para reinsertarlos, junto con la integración de Navarra en Euskadi y, después, la autodeterminación.

El hastío es de los españoles, dispuestos a abandonar su resistencia ante ETA para entregarle lo que exige desde hace cuarenta años. Así lo cree el gobierno Zapatero, y por eso estaba dispuesto a ceder todo lentamente, sin crispación, con buen talante.

Pero los etarras más vehementes no quisieron esperar un tiempo prudencial. Exigían acelerar la deconstrucción del país. Una premura que sería contraproducente para que Zapatero volviera a ganar las elecciones. Por eso se rompió la tregua.

ZP ya había anunciado en diferentes ocasiones que “Euskadi será lo que quieran los vascos” y “Navarra, lo que quieran los navarros”. Admitía el derecho de autodeterminación de dos regiones, desdeñando que constitucionalmente España es un todo.

El mensaje zapateril contiene algo más peligroso que las posibles secesiones norteñas. Para este Gobierno los españoles están tan hastiados de ETA que, por tranquilidad, quieren concederle al terrorismo territorios que forman parte de su Historia y, además, reelegirán a quien lo haga prudentemente.

Es una actitud aterradora porque le dice a Al Qaeda, más paciente que ETA, que atentando mucho este pueblo se cansará nuevamente y cederá también a su exigencia de reconquistar casi toda España. “Después tomaremos Al Andalus” podría cantar Bin Laden.

Banderas de papel (mojado)
POR IGNACIO CAMACHO ABC 2 Agosto 2007

CUANDO Marcelino Oreja, en tiempos de la UCD, era delegado del Gobierno en el País Vasco, los nacionalistas llamaban «la embajada española» a su residencia oficial en Vitoria, ya por entonces uno de los pocos edificios oficiales de la comunidad donde ondeaba la bandera constitucional del Estado. La enseña ha sido siempre un elemento clave en la implacable ofensiva simbólica del nacionalismo, que la ha quitado allá donde la tolerancia o la pasividad se lo han ido permitiendo, hasta derogar por la vía de hecho el Artículo 4 de la Carta Magna. El éxito de la presión soberanista se basa en gran medida en su infatigable determinación en todos los terrenos del ámbito político y social, ocupando con eficacia cualquier espacio que les ceda la indiferencia o la duda de quienes no tienen el mismo vigor obsesivo.

Por eso es de temer que quede en nuevo papel mojado la sentencia del Supremo que recuerda la vigencia de la obligatoriedad de la bandera nacional -nacional de España- en unas dependencias autonómicas que, mal que les pese a sus ocupantes, representan al Estado, es decir, al conjunto de ciudadanos sean o no nacionalistas. De hecho ya es triste que al cabo de tres décadas haya de ser el Alto Tribunal el que venga a ocuparse de asuntos tan elementales, pero aún lo es más que la consciente minoría que sí se siente concernida por el aplastamiento progresivo de sus derechos se muestre escéptica por experiencia -ayer lo recordaba con lúcido pesimismo Edurne Uriarte- ante el cumplimiento de un veredicto que en cualquier otra parte del territorio español supone coercitiva perentoriedad jurídica. Simplemente, esa gente, los constitucionalistas vascos, sabe que en su tierra rige una suerte de impune estado de excepción inverso para quienes no comulgan con la imposición del régimen particularista.

Y lo peor es que hace tiempo que han desertado de la esperanza de ver protegida su libertad por un Gobierno central parapetado en la táctica del apaciguamiento, renuente al conflicto y displicente ante la expropiación de derechos de ciudadanía que sufre gran parte de los habitantes del País Vasco. Resulta significativo que la sentencia del Supremo derive de un recurso planteado durante el aznarismo contra la supresión de la bandera de la Academia de la Policía autonómica, donde se forman supuestamente agentes del orden al servicio del Estado y de sus garantías, aunque para el nacionalismo dominante ese cuerpo siempre haya constituido un importante factor de construcción identitaria. Para empezar, los instruyen directamente bajo un supuesto ilegal, al eliminar el emblema de la Constitución que deben defender. La cuestión sólo es baladí para quienes no sean conscientes de lo que significa el escenario inverso, es decir, la bandera autonómica como única insignia oficial.

La desconfianza y el escepticismo provienen de que ese recurso ahora fallado proviene de 2002, o sea, de otra glaciación política. Porque aunque el Estado que defendía su bandera sea el mismo que entonces, en la actualidad se trata de otro Gobierno. No es difícil captar el matiz de la diferencia.

Nueva réplica de Gloria Lago (Galicia bilingüe) a Fernán Vello
Nicomedes Pastor Díaz Periodista Digital 2 Agosto 2007

Fue publicada en este diario una réplica mía a un artículo del señor Fernán Vello en Galicia Hoxe [.] lo que movió a Fernán Vello a escribir de nuevo. [.] Me dice que desprecio el idioma gallego, [.] que lo odio. [.] Veamos: llevo toda la vida estudiando idiomas y 20 años enseñando inglés en Secundaria. A los 12 años hablaba y escribía español inglés, francés y alemán. Me licencié en Filología a los 24 años, y ese mismo año aprobé la oposición al cuerpo de profesores de secundaria. Obtuve la suficiencia investigadora en el postgrado con sobresaliente, especializándome en literatura en lengua inglesa.

Me gusta aprender palabras nuevas y cuando hablo gallego con doña Celia, mi vecina, suelo anotar los vocablos que no conocía en una libreta que guardo con cariño. Y..., no se qué más contarle. ¡Ah, sí!, he escrito una novela (palabras..., idioma...) pero aún no la he publicado, porque como escribo en castellano, me han dicho que es mejor que lo intente fuera de Galicia. [.] Como podrá usted comprobar en nuestra página web, en el punto primero se declara el respeto a ambas lenguas de Galicia. Dado que respetar es lo contrario de despreciar, espero haberle aclarado a usted también ese punto. A no ser que las acusaciones sean debidas a que defiendo la igualdad de derechos para los hablantes de las dos lenguas oficiales de Galicia, y que pido la libre elección del idioma vehicular en la enseñanza. Pues eso si que no lo vamos a poder arreglar. Eso sí es una cuestión de amor... a la libertad. A la mía y a la de mis conciudadanos.

Lee el artículo completo de Gloria Lago en El correo Gallego
http://www.elcorreogallego.es/index.php?idMenu=130&idNoticia=193313
vía Lugo liberal

Cámara de Nacionalista de Comercio
Cartas al Director ABC 2 Agosto 2007

Aprovechando el apagón, la Cámara de Comercio de Barcelona se está dedicando a avivar el victimismo nacionalista, dando a entender que en el ámbito eléctrico Cataluña recibe mucho menos de lo que paga, algo que el Ministerio ya ha calificado rotundamente como «incierto». Sorprende la frivolidad de presentar el complejo entramado de factores que componen el sistema eléctrico como si fuera un juego simplista de toma y daca, entre lo que Cataluña da y recibe. Y también sorprende que la Cámara siempre exija hasta el último céntimo de las inversiones del Gobierno central en Cataluña, mientras no denuncia de la misma manera la clamorosa insuficiencia inversora de un Gobierno autonómico que prefiere destinar sus recursos a obsesiones identitarias. Dadas sus conocidas filias y fobias, propongo que la Cámara de Comercio de Barcelona cambie su nombre por el de Cámara Nacionalista de Comercio.     María Torrijos Barcelona

"ZAPATERO ESTÁ EN UN CAMINO EQUIVOCADO"
San Gil en su reaparición: "Nunca la ofensiva nacionalista ha estado tan sustentada por el Gobierno como ahora"
La presidenta del PP en el País Vasco ha sido contundente al afirmar este jueves que "nunca la ofensiva nacionalista, con ETA a la vanguardia, ha estado tan sustentada por el Gobierno de la nación como ahora". En su vuelta a la escena política, María San Gil ha lamentado que el presidente Zapatero esté "en un camino absolutamente equivocado" y con un proyecto que "no se reconoce" en "la España constitucional, de las autonomías, la igualdad y la libertad".
Europa Press Libertad Digital 2 Agosto 2007

Durante una rueda de prensa en San Sebastián, la primera tras su retirada temporal de la vida política para tratarse el cáncer de mama que le había sido detectado, la presidenta del PP en el País Vasco, María San Gil, denunció que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que "apoya y respalda" esa "ofensiva" nacionalista está "en un camino absolutamente equivocado y en una deriva nefasta".

Subrayó que el proyecto del jefe del Ejecutivo "no se reconoce" en "la España constitucional, de las autonomías, de los consensos, la igualdad y la libertad" y lamentó que la actual "ofensiva nacionalista tiene clarísimo el proyecto de la independencia de Euskal Herria y de desvirtuar lo que es España en Euskadi".

Protagonismo de ETA
San Gil, lamentó que el Gobierno de Zapatero "sustenta y alienta la ofensiva nacionalista", y así lo demuestra que "en las últimas elecciones municipales ha permitido y tolerado que ETA-Batasuna vuelva a los ayuntamientos disfrazada de ANV", lo cual supone "un enorme retroceso democrático". Asimismo, la dirigente del PP vasco lamentó "la fuerza y el protagonismo político que ha recuperado ETA en esto que algunos llaman proceso de paz, y que debemos de empezar a llamar proceso de alianzas".

A su juicio, en "este proceso de alianzas ETA está más fuerte de lo que había estado en los últimos años, y su vuelta a los ayuntamientos con un proyecto muy claro supone un enorme retroceso democrático con enormes consecuencias". Además, San Gil destacó que, en esta "ofensiva nacionalista", el PNV, "habiendo tenido los peores resultados de su historia, ha logrado las mayores cuotas de poder de su historia gracias al PSE y a Zapatero". "El PNV tiene las tres diputaciones, la de Álava la ganó el PP y ha sido regalada al PNV, la tercera fuerza política", explicó.

De esta forma, consideró que "la ofensiva nacionalista que va a tener más fuerza que nunca porque tiene más cauces porque está en las tres diputaciones vascas está respaldada por ese proyecto de Zapatero".

El PP, la "alternativa"
Finalmente, aseguró que, frente a esta situación, el PP ofrece "la imagen de la alternativa, de la normalidad, la pluralidad, la gestión real de los problemas de los ciudadanos, del cumplimiento de la Ley y de la pertenencia de Euskadi a España", a su juicio, la "imagen de Regina Otaola, alcaldesa de Lizartza, flanqueada por la Ikurriña y la Bandera española".

En este sentido, señaló que "ésa es la imagen que la mayoría de los vascos querrían ver en los ayuntamientos de Euskadi", la de "alguien que cumple la Ley porque, en democracia, la Ley se cumple, y por encima del terrorismo está la democracia".

QUE LA BANDERA DE ESPAÑA ONDEE EN TODOS LOS EDIFICIOS AUTONÓMICOS DEL
PAÍS VASCO

COMUNICADO DE PRENSA DEL FORO ERMUA  2 Agosto 2007

TRAS LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO EL FORO ERMUA VA A EXIGIR AL GOBIERNO
VASCO QUE LA BANDERA DE ESPAÑA ONDEE EN TODOS LOS EDIFICIOS AUTONÓMICOS DEL
PAÍS VASCO. ESTA SENTENCIA ES VÁLIDA PARA LAS DEMÁS COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y
MUNICIPIOS DE ESPAÑA

Bilbao. 1 de agosto de 2007. El Tribunal Supremo ha dictado el 24 de julio de 2007 sentencia (hecha pública ayer día 31 de julio) por la que se confirma otra del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de 2003, en la que se recoge de manera explícita y clara la obligación de que la bandera española ondee permanentemente en el interior y exterior de todos los
edificios y establecimientos de la administración autonómica vasca. Este proceso fue iniciado por la Delegación del Gobierno de España en el País Vasco en 2001.

El Tribunal Supremo no puede ser más claro cuando dice: <<En el art. 3º 1 [de la Ley 39/1981 que regula el uso de la bandera nacional y otras enseñas] especifica que “La Bandera de España deberá ondear en el exterior y ocupar lugar preferente en el interior de todos los edificios y establecimientos de la Administración central, institucional, autonómica, provincial o insular y municipal del Estado”. La expresión “deberá ondear” que utiliza el legislador, formulada en imperativo categórico viene a poner de relieve la exigencia legal de que la Bandera de España ondee todos los días y en los
lugares que expresa […] la utilización de la Bandera de España en dichos edificios o establecimientos debe de serlo diariamente como manifestación, frente a los ciudadanos, del contenido que simboliza y representa…>>

La Bandera nacional representa tanto los valores constitucionales como la soberanía, unidad e independencia de España y, por ello, el hecho de que en el País Vasco nos veamos privados desde hace más de 25 años de la presencia de este símbolo en los edificios autonómicos, lejos de tener un carácter anecdótico, tiene un profundo sentido de negación u ocultamiento de la vigencia de la Constitución en nuestra tierra. El nacionalismo gobernante conoce sobradamente que el universo simbólico es fundamental para crear y solidificar los vínculos de solidaridad, lealtad y pertenencia y, por ello, se niega de manera voluntaria y pertinaz a cumplir la Ley.

Por este motivo desde el Foro Ermua requeriremos de manera inmediata al Gobierno Vasco para que proceda a dar cumplimiento a la obligación legal de que la bandera nacional ondee en todos sus edificios tanto en el interior como en el exterior y en lugar visible para los ciudadanos. Asimismo, solicitaremos al Defensor del Pueblo, al Delegado del Gobierno y a la Fiscalía que apoyen nuestra petición y adopten cuantas medidas se encuentren a su alcance para que la bandera española luzca en los edificios autonómicos. En el caso de que en unos meses no se diera cumplimiento a esta obligación legal, iniciaríamos las acciones que fueran necesarias en el ámbito judicial, incluida la vía penal.

La presente sentencia del Tribunal Supremo aunque se ha producido en un proceso judicial iniciado en el País Vasco es igualmente válida y aplicable en todo el territorio español, referida tanto a los edificios de los gobiernos regionales como municipales, a los que se puede y debe exigir su puesta en práctica inmediata.

Por otra parte, el Foro Ermua desea informar a la opinión pública que hace un par de meses ha requerido formalmente al Gobierno Vasco para que los agentes que han sido seleccionados en la última promoción de la Ertzaintza y quienes habrán de tomar posesión próximamente juren o prometan cumplir la Constitución española para que puedan adquirir el derecho a actuar como agentes de la autoridad, tal como establece la Ley Orgánica 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

AMENAZA CON "IR MÁS ALLÁ" SI EL TC FALLA EN CONTRA
Puigcercós llama "prevaricador" a Enrique Múgica por recurrir el Estatuto catalán y no el andaluz
El consejero de Gobernación y Administraciones Públicas de la Generalidad y secretario general de ERC, Joan Puigcercós, considera a Enrique Múgica un "prevaricador" porque, como Defensor del Pueblo, utiliza los recursos públicos para ir contra el Estatuto catalán y no lo hace contra el andaluz, que a su juicio salió "de la misma fotocopiadora". Además, amenaza con "ir mucho más allá del propio Estatut" si el Constitucional, al que tilda de "órgano político", falla en contra. Recordar, por cierto, que ERC voto en contra del texto.
Agencias Libertad Digital 2 Agosto 2007

En declaraciones a Europa Press, indicó que el Tribunal Constitucional debe tomarse su tiempo para analizar con "calma y tranquilidad" el Estatuto y aunque admite que no se entendería que tardara diez años en resolver, tampoco cree que deba fallar en seis meses, como reclama el PP. "Creo que no se van a salir con la suya, porque incluso en el propio TC, los magistrados propuestos por el PP no quieren llegar a degradar la institución con un matiz partidista tan acentuado", vaticinó. Además, recordó que algunas decisiones del TC han tardado mucho, "demasiado", y que hay otros casos en el tribunal que afectan a gobiernos del PP que aún están por decidir. Lo que ve "curioso" es la prisa del PP en el caso catalán y su interés para descartar recursos contra el Estatuto andaluz, pese a que "hay muchos artículos del Estatuto andaluz que son fruto de la misma fotocopiadora que fotocopió el Estatuto catalán".

"Hay quién dice que el Estatuto andaluz ha copiado el catalán pero no va así. Ambos fueron copiados de la misma matriz, que es una fotocopiadora que acciona Alfonso Guerra (presidente de la Comisión Constitucional del Congreso). Es el que la hace funcionar y el que hace las fotocopias", sentenció. Esas similitudes le llevan a pensar que "alguien está prevaricando" y citó expresamente al Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, por recurrir el Estatuto y no actuar contra la reforma andaluza o la valenciana. "El Defensor del Pueblo es un prevaricador pues utiliza recursos públicos para ir contra el Estatuto de Cataluña y no los usa con el Estatuto andaluz, que tiene artículos muy parecidos --proclamó--. Creo que está haciendo un uso partidista de recursos públicos y esto para mi tiene una palabra muy clara".

Puigcercós añadió que la Generalidad pretende que el Ejecutivo "corte de cuajo" este tipo de actitudes, tanto la del Defensor del Pueblo como la del PP, que suponen una permanente "amenaza" y "erosión" del Estatuto. "Algunos utilizan Cataluña como arma arrojadiza pero automáticamente, cuando ha pasado esta etapa, se suben al carro y se aprovechan de su actitud pionera --comentó--. Esto, visto desde Cataluña, provoca una cierta fatiga intelectual y estamos ya un poco cansados". Así, sostiene que tanto los 'populares' como Múgica, de quien recuerda que fue propuesto por el PP como Defensor del Pueblo, llevan a cabo "un intento de presión permanente" con el fin de crear unas condiciones para que el Tribunal Constitucional puede fallar en contra del Estatuto. Llegan al punto, argumentó, de negar la entrada en funcionamiento del Estatuto por el mero hecho de que está recurrido, un razonamiento que impediría desarrollar una ley, sea del gobierno central o de las comunidades, cada vez que es objeto de alegaciones.

El consejero niega que la aplicación del Estatuto catalán pueda causar problemas de seguridad jurídica en el futuro y de hecho cree que su desarrollo hará más difícil una sentencia contraria: "No nos engañemos, el Tribunal Constitucional es un órgano político, dicho en el sentido positivo, y cuanto más consolidado esté el Estatuto, más difícil le va a ser revocarlo o dar marcha atrás --aseveró--. El Gobierno catalán está metido en desarrollar día a día el Estatuto, precisamente para que el TC se dé cuenta que su ejecución no raya, ni mucho menos, la inconstitucionalidad y para que sea consciente de los agoreros". En su opinión, una sentencia contraria del TC podría dejar "desarbolado" el Estatuto de dos formas: revocando la totalidad del texto o de sus aspectos fundamentales, o bien mediante una sentencia interpretativa donde se establezca que la norma es constitucional siempre y cuando se interprete conforme al criterio del tribunal, lo cual sería "mucho más sibilino".

Advirtió de que, si el Estatuto es abatido, la reacción de la sociedad catalana sería "global". "No sé cuál es el 'Plan B' ni si tenemos que irnos a Bruselas o a Madrid, pero lo que tengo claro es que la actitud cerrada del Gobierno central y la beligerancia del PP están haciendo replantear a una parte importante de la sociedad catalana que hay que incluso ir mucho más allá del propio Estatuto --dijo--. El 'Plan B' se está desarrollando cada día, en el sentido de que cada día hay un nuevo sector de la sociedad civil que se incorpora a esta plataforma de reivindicación". Cuestionado sobre la aparente paradoja que supone que ERC, que votó en contra del Estatuto, sea ahora un adalid de su desarrollo, Puigcercós indicó que su partido es de profundas convicciones democráticas y, dado que hubo un referéndum en el que ganó el sí, tiene la obligación de acatarlo, aceptarlo y sacarle el máximo de jugo porque es el instrumento que hay. "También somos críticos con la gestación del proceso constitucional pero estamos jugando con las reglas de la Constitución española", apostilló.

A su juicio, el hastío que parece manifestar la población catalana en las últimas convocatorias electorales no procede de las reivindicaciones de los políticos catalanes, sino de la actitud del Gobierno central y la frustración de una voluntad mayoritaria en Cataluña que quiere más poder político y más poder de decisión. "Una parte de la ciudadanía catalana está frustrada porque creía que el Estatuto sería un instrumento necesario y el recorte que se produjo explica perfectamente una cierta apatía --afirmó--. El debate estatutario ha sido el parto de los montes y el resultado ha sido muy escuálido".

Según explicó, los problemas de Cercanías, el caos del aeropuerto de Barcelona de hace un año o el reciente colapso energético sí que están provocando un hartazgo, pero la Generalitat no puede responsabilizarse de aquello que no es su competencia. "No se puede trabajar cuando tienes una situación de estrechez en inversiones como la que tenemos nosotros y eso no es una actitud victimista sino una constatación --argumentó--. Precisamente nosotros estamos abandonando esa actitud victimista para asumir las responsabilidades, pero ello implica que el Gobierno central tiene que jugar y que nosotros podamos tener el control de aspectos fundamentales y estratégicos como son los puertos, los aeropuertos, las cercanías o incluso la financiación, el modelo de hacienda tributaria". Preguntado por qué no se da esta apatía en otras comunidades, Puigcercós quiso dejar claro que "las otras autonomías no son una nación como Cataluña". "Ya dije en su día que este Estatuto era bueno para una región de España, pero era insuficiente para una nación de Europa como Cataluña", concluyó.

EL PNV LLEVA MÁS DE 20 AÑOS INCUMPLIENDO LA LEY
DENAES insta a Bermejo a que haga cumplir la sentencia de las banderas
Una vez que el Tribunal Supremo ratificó este martes que la bandera nacional debe ondear en la sedes institucionales del País Vasco, la Fundación DENAES enviará un requerimiento, vía petición constitucional, para que el ministro de Justicia, Fernández Bermejo garantice el cumplimiento de esta sentencia. Y es que en DENAES recuerdan que los nacionalistas han estado más de 20 años incumpliendo la legalidad por lo que, ahora, el Gobierno de la nación "tiene en su mano" que "la bandera española ondee donde le corresponde".
Libertad Digital Libertad Digital 2 Agosto 2007

En un comunicado de prensa, la Fundación DENAES recuerda que este martes "la sala segunda de contencioso-administrativo del Tribunal Supremo ratificó la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que obliga a colocar la bandera española tanto en el interior como en el exterior de todas las sedes institucionales del País Vasco, ante el incumplimiento reiterado de la Ley 39/81 de 28 de octubre y el artículo 4.2 de la Constitución que regulan el uso de banderas oficiales por parte del Partido Nacionalista Vasco".

La Fundación DENAES, para la Defensa de la Nación Española "no tiene duda de que los nacionalistas seguirán incumpliendo la ley y las sentencias judiciales incluida esta última del Supremo, máxime si desde el Gobierno de la Nación no se exige su ejecución".

Por ello, la Fundación presidida por Santiago Abascal "acogiéndose al derecho de petición que garantiza la Constitución en el artículo 29.1, va a enviar una petición en las próximas horas al delegado del Gobierno en el País Vasco y al ministro de Justicia para que, como es su obligación y de acuerdo con sus funciones, den las instrucciones pertinentes a la abogacía del Estado para que garantice la ejecución de las sentencias del TSJPV y del Tribunal Supremo".

La Fundación DENAES recuerda además que "el incumplimiento de la sentencia acarrearía un procesamiento por desobediencia del presidente del gobierno autonómico vasco con consecuencias civiles y penales y su posible inhabilitación como cargo público".

DENAES también recuerda que "el Gobierno de la Nación tiene en su mano, después de 20 años de incumplimientos, que la bandera española ondee donde lo corresponde en los edificios públicos vascos, de manera permanente, bien en solitario o junto a la ikurriña, ocupando un lugar preferente tanto en el exterior como en el interior de las instituciones".

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