AGLI

Recortes de Prensa     Sábado 18 Agosto   2007

Apuntes para una crisis
Un país en la mochila
Luis del Pino Libertad Digital 18 Agosto 2007

Resulta aterrador pensar hasta qué punto todo el futuro de España pasa en estos momentos por las manos de tres personas: los tres jueces que deben dictar la primera de las sentencias sobre el 11-M.

Porque lo que con esa sentencia se ventila no es sólo, por mucho que así debiera ser si estuviéramos en otro país menos convulso, la cuestión de la culpabilidad o la inocencia de las 29 personas juzgadas. Con esa sentencia se va a ventilar, en la práctica, el futuro de toda una nación.

Basta con analizar los últimos acontecimientos para darse cuenta de que estamos en una situación extremadamente grave y, a la vez, extremadamente abierta. Y para darse cuenta, también, de hasta qué punto los ciudadanos tenemos un poder que se nos ha pretendido negar sistemáticamente, y se nos sigue queriendo escamotear.

La "hoja de ruta" trazada con anterioridad al 11-M, y que los atentados del 11-M permitieron poner en marcha, preveía la necesidad de dos legislaturas de gobierno socialista, a lo largo de las cuales se procedería, de manera simultánea, a la plasmación de dos medidas esenciales: (1) la sustitución de la Constitución de 1978, preferiblemente mediante una relectura en sentido confederal, es decir, sin cambio formal en la propia Constitución y (2) el desarme definitivo de la banda terrorista ETA, cuya continuidad dejaría de tener sentido una vez alcanzados sus últimos objetivos militares: independencia de facto, excarcelación de presos y territorialidad. Dos legislaturas a lo largo de las cuales se procedería, en último término, a la recogida final de las últimas nueces que le quedan al árbol constitucional.

Ese plan requería, para poder ser viable, dos presupuestos básicos:

1. Un cambio de gobierno para alejar del poder a ese partido (el PP) que había declarado formalmente cerrado el desarrollo autonómico.
2. Una neutralización de aquellos sectores de la opinión pública que pudieran representar un obstáculo en la aplicación del calendario previsto.

Con respecto al primer punto, el 11-M garantizaría la expulsión del poder del PP de manera traumática. Después, con relación al segundo punto, resultaba crucial controlar a los medios de comunicación que más predicamento tuvieran entre el electorado de la derecha y controlar también a las víctimas del terrorismo, que podrían oponerse a las concesiones que habría que hacer a ETA. Cumplido esto, el Partido Popular, privado completamente de apoyo mediático y de soporte ciudadano, no constituiría ningún problema después del cambio de gobierno, ya que estaría noqueado por la pérdida del poder y por el modo en que esa pérdida se había producido.

Pero las cosas no salen siempre como uno quiere, y el fracaso en la tarea de neutralizar a los sectores de opinión pública opuestos al golpe de régimen ha sido clamoroso. La radical oposición de la AVT al proceso puesto en marcha por el Gobierno, combinada con el altavoz proporcionado por un puñado de medios (y en especial la Cope), permitió articular una auténtica revuelta ciudadana que, lejos de disminuir al irse cumpliendo determinadas etapas (por ejemplo, la declaración de tregua), iba arreciando a medida que la ciudadanía tomaba conciencia del verdadero alcance de esa "hoja de ruta".

Para colmo, las operaciones de intoxicación cuidadosamente preparadas como cobertura de los atentados del 11-M, y que buscaban ocultar a los verdaderos autores del golpe detrás de una maraña de cortinas de humo imposible de desenredar, fueron fracasando una tras otra a medida que el sumario de 11-M era sometido a un escrutinio público cada vez más intenso.

La rebelión cívica y el desenmascaramiento de las mentiras del 11-M han tenido tres efectos principales, completamente letales para los diseñadores de la "hoja de ruta".

El primero de ellos ha sido rearmar, dentro del Partido Popular, a aquellos sectores partidarios de salir cuanto antes del estado de shock provocado por los atentados. La contemplación de una masa ciudadana cada vez mayor y cada vez más movilizada ha logrado que el Partido Popular se cerciorara de que no estaba solo y de que su base social no iba a consentir la voladura controlada de la Constitución. Las investigaciones del 11-M, por su parte, contribuyeron a esa "resurrección" de los populares al poner de manifiesto que el PP había interiorizado una culpa que no le correspondía en absoluto: no era verdad que el 11-M fuera un atentado islamista; no era verdad que el 11-M fuera fruto de ninguna negligencia; no era verdad que el 11-M se produjera como consecuencia de determinadas decisiones de política exterior. Los atentados del 11-M no fueron otra cosa que un golpe de régimen destinado, precisamente, a expulsar del poder al PP. Ha costado tres años que esa idea calara entre determinados sectores de las bases y de los cuadros del partido, tres años en los que se ha tenido que realizar una intensa labor de "desprogramación". Pero esa labor está ya completada. Todos somos ya conscientes de qué es aquello de lo que estamos hablando en realidad.

El segundo efecto de la rebelión cívica ha sido propinar un castigo electoral intenso, y cada vez más acelerado, al Gobierno encargado de llevar a la práctica la "hoja de ruta".

La movilización ciudadana ha hecho que cada paso dado por el Gobierno, y a pesar del cuasi-monopolio del que el PSOE disfruta en el terreno de los medios de comunicación, se tradujera en un coste electoral insoportable. Como resultado, ese Partido Popular que había caído prácticamente noqueado en el primer asalto del combate ha sido capaz, tres años después, de ganar por los puntos al PSOE el asalto de las municipales.

El tercer efecto, provocado básicamente por las investigaciones del 11-M, ha sido desbaratar el intento de usar el juicio por los atentados para legitimar de manera definitiva al gobierno salido del golpe. La labor de zapa efectuada por tan poquitos, pero tan perseverantes, medios de comunicación, encabezados por El Mundo, ha logrado que el juicio del 11-M se transformara en un auténtico examen a la versión oficial de la masacre. Examen que, lejos de confirmar la tesis islamista que desde el principio se pretendió vendernos, ha puesto de manifiesto que las informaciones de los medios de comunicación independientes eran ciertas: que desde la propia mañana de los atentados se produjo una auténtica orgía de manipulación de pruebas para ocultar la verdadera autoría de los atentados.

Todo este cúmulo de circunstancias ha encendido las alarmas entre los encargados de plasmar la "hoja de ruta" y el resultado de las municipales ha marcado el punto de partida para una redefinición de las estrategias. Los planes son ya irrealizables en su factura original y han comenzado los movimientos para intentar reconducir una situación que se les va de las manos por momentos.

A eso responde la ruptura trampa de la tregua trampa. A eso responde la congelación temporal de la entrega de Navarra a los nacionalistas. A eso responde la ofensiva mediática de un Zapatero que trata de contener con mensajes huecos la avalancha de problemas que se le acumulan y que tienen su reflejo en unas encuestas cada vez más desfavorables.

El sorprendente y casi simultáneo anuncio de la vuelta de Rodrigo Rato y José Bono a la actividad política no es ajeno a este estado de cosas. Las distintas fichas se van posicionando en previsión de cómo puedan derivar las circunstancias.

Pero el debate interno está abierto, porque no tienen claro cuál es el camino correcto a seguir. ¿Mantener el plan original y apostar por una segunda legislatura de un Zapatero que parece haber perdido su tirón? ¿Renunciar temporalmente a seguir avanzando y tratar de consolidar las posiciones ganadas, potenciando a los sectores menos "peligrosos" del PP y permitiendo su victoria por mayoría simple, a cambio de que el PP garantice que no habrá vuelta atrás? Ante la duda, en estos momentos se intenta jugar a todas las barajas posibles.

Cuentan con algunas bazas realmente buenas. Por ejemplo, con la del Tribunal Constitucional, donde continúan las maniobras destinadas a convalidar el Estatuto Catalán y consagrar la bilateralidad entre Cataluña y el resto del Estado, consolidando así lo avanzado hasta el momento. O, por ejemplo, el todavía abrumador dominio mediático del Gobierno, que intenta inducir una campaña de cierre de filas en torno a la figura de un Zapatero renqueante.

Pero se divisan luces de alarma en el horizonte. Las guerras intestinas entre las distintas facciones del social-nacionalismo, que está teniendo su reflejo en una lucha nada soterrada por el control de los distintos grupos multimedia, amenaza con deserciones, cuando menos parciales, dentro del campo de los medios de comunicación afines al Gobierno.

La carta de ETA, por su parte, ha perdido casi toda su fuerza. Saben que pueden mantener una presión controlada sobre la ciudadanía, recurriendo a las campañas de atentados incruentos, a la extorsión generalizada y al terrorismo callejero. Pero son perfectamente conscientes de que cualquier crimen de sangre no sería ya imputado en exclusiva a los asesinos etarras, sino que la responsabilidad de esa sangre se haría ya extensible a aquéllos que tanto tiempo llevan (¿desde cuándo?) utilizando a la bestia para sacar adelante su propia hoja de ruta.

Y, en la lejanía, pero acercándose con la inexorabilidad de un reloj, la sentencia del 11-M espera su turno para contribuir de una manera o de otra a dibujar el paisaje después de la batalla. ¿En qué sentido contribuirá?

Es natural que, en estas circunstancias, la rumorología se dispare y que los conciliábulos proliferen. Y que se gatopardee desde los despachos para intentar encontrar una salida que permita que todo cambie para que todo siga igual.

A lo largo de los próximos meses, viviremos nuevos intentos de dividir y destruir a la AVT. Lo han intentado todo hasta el momento y han fracasado una vez tras otra: intentaron silenciarla, intentaron desprestigiarla, intentaron dividirla desde dentro, intentaron asfixiarla económicamente... pero nada les dio fruto. Arreciarán, por tanto, las campañas mediáticas y las maniobras para desgastar a la AVT desde fuera, en un último intento de conseguir la neutralización de las víctimas de cara a la siguiente fase del proceso.

Como también veremos presiones cada vez más fuertes para inducir en el PP el miedo a una victoria electoral no pactada. Las presiones invocarán supuestas razones de estado para que el PP se avenga a encontrar una solución que no haga que el chiringuito se derrumbe. "Si les ponéis entre la espada y la pared", les dirán algunos, "no les vais a dejar otra salida que poner en marcha el ventilador de la mierda". ¿Será capaz el PP de mantener el tipo en estas circunstancias? ¿Será capaz de no olvidar que el derrumbe del chiringuito no implica el colapso del sistema, sino que es precisamente ese chiringuito lo que está pudriendo lentamente el sistema desde dentro?

Y también podremos asistir a presiones nada sutiles sobre el tribunal que tiene que tomar una decisión sobre el futuro del país. Porque el tribunal del 11-M, como decía al principio, no va a decidir tan sólo sobre la culpabilidad o la inocencia de Mohamed El Egipcio o de Suárez Trashorras. El tribunal del 11-M va a decidir, sobre todo, el futuro de España como nación y el destino definitivo de la "hoja de ruta" puesta en marcha con la masacre.

Una sentencia que refrendara la versión oficial, convalidando el falso carácter islamista de los atentados, terminaría de consolidar, ante la opinión pública nacional e internacional, la patraña con la que se ha querido encubrir el golpe. En esas circunstancias, no habría ya posibilidad alguna de detener el "proceso", porque los diseñadores de la "hoja de ruta" se desharían de su principal espada de Damocles y dispondrían del arma que necesitan para recomponer sus filas. Una sentencia, por contra, que destruyera la versión oficial significaría el fin definitivo del golpe, y abriría un proceso catártico que por fin permitiría, porque los españoles así lo queremos, consolidar una democracia sólida y no asentada sobre el chantaje del terror.

¿Qué hará el tribunal ante este panorama? Me gustaría saberlo, pero no lo sé. Quiero confiar en que cada uno de sus miembros es consciente de qué es lo que realmente nos estamos jugando. Quiero confiar en que saben ya, a estas alturas, que dentro de la mochila de Vallecas no hay sólo 10 kilogramos de Goma2-ECO, sino todo un país. Y quiero confiar en que actuarán en conciencia e impartirán justicia sin ceder al vértigo que algunos tratarán de inducir en ellos.

Por nuestra parte, no nos queda otra, en una situación en la que nos jugamos el futuro de todos, que seguir aprovechando ese factor humano con el que se ha conseguido detener la primera embestida del proceso: será necesario profundizar en esa rebelión cívica que nadie, por mucho que se empeñe, podrá detener desde los despachos. Habrá que volver a salir a la calle para dejar claro que nadie va a negociar en nuestro nombre, no ya con los terroristas, sino tampoco con los recogenueces. Para dejar claro que no vamos a consentir ninguna solución, ni unilateral ni pactada, que implique la desaparición de España como nación, ni por muerte súbita, ni en cómodos plazos. Hemos pagado un precio demasiado alto por la democracia española como para dejar que nadie nos la arrebate, así que a la vuelta del verano volveremos a vernos en la calle.

El tiempo de los recogenueces ya ha pasado. Es la hora de que comiencen a devolverse las nueces al árbol. Es la hora, en realidad, de que los ciudadanos, sea cual sea nuestro ámbito particular de responsabilidad, les obliguemos a hacerlo.

Preguntas a unos políticos cretinos.
Pío Moa Libertad Digital 18 Agosto 2007

"El PP promete conseguir que Cataluña vuelva a ser "el motor de la economía española"

¿Está en manos del PP conseguir tal cosa? Si es así, ¿por qué no busca otra región cualquiera para convertirla en "motor"? ¿Valencia, por ejemplo? ¿O Castilla-León? ¿Quiere quitarle el puesto a Madrid? No hace tanto, este partido criticaba la desviación, claramente excesiva, de las inversiones estatales en favor de Cataluña, obtenida por la presión separatista... Y ahora ofrece más todavía. Su "política" consiste en ofrecer más, cada vez que la demagogia de Zapo bate una nueva marca, ya vimos algo de eso durante la campaña electoral de Rajoy en 2004. Los cerebros pitonisos han sacado la gran lección: Zapo ha vencido gracias a la demagogia, así que hay que imitarlos con entusiasmo: ¡las poltronas bien lo valen!

No sabe uno si estos tipos son así de idiotas o nos creen idiotas a los ciudadanos. Ciertamente me abstendré antes de votar a semejantes... pongan ustedes lo que quieran. De votarles, me sentiría aún más estúpido que ellos. Alguno dirá que qué nos queda entonces. Pues hoy por hoy no nos queda nada, en cuanto a partidos, porque el PP es eso, nada con sifón, y tampoco se percibe ninguna alternativa. Conviene mirar de frente la realidad.

Queda, eso sí, el movimiento ciudadano. O quedaba, pues hoy parece un tanto desactivado. Comente este artículo en el Blog de Luis del Pino, "Los enigmas del 11-M" http://www.libertaddigital.com/bitacora/enigmas11m/

Pasaporte para Plimlico
ANTONIO ELORZA El País 18 Agosto 2007

En realidad, esto es lo que se encontraba en juego al plantearse la posibilidad de que los socialistas navarros y Nafarroa Bai formasen Gobierno después de las últimas elecciones. En política, como en otros asuntos de la vida, encontrarse a mitad de camino significa poco: importa saber cuál es la dirección que se ha tomado. A comienzos de los ochenta, acompañar a los antiguos etarras liderados por Mario Onaindía tenía pleno sentido, en la medida que resultaba inequívoca su orientación hacia la democracia. La historia de Euskadiko Ezkerra vino a probar el acierto de tal diagnóstico. En cambio, servir de escabel a nacionalistas radicales o no radicales, rechazando tal adscripción, como hace en la actualidad Ezker Batua, no supone otra cosa que actuar de forma oportunista, a cambio de unas migajas de poder, fortaleciendo la hegemonía del nacionalismo. Análogas consideraciones pueden aplicarse a una asociación PSN-NaBai acordada a ciegas. Es por supuesto muy importante que la formación dirigida por Patxi Zabaleta haya renunciado a la lucha armada, y condene en consecuencia la práctica del terror, pero eso en modo alguno agota el tema de su posible consideración como partido de gobierno en Navarra. Detrás de la cortina de NaBai, conviene tener en cuenta lo que piensa el verdadero protagonista, Aralar.

Hubiera sido más tranquilizante que desde su posición como segundo grupo votado, NaBai planteara algo tan lógico como encabezar la alianza con el PSN, si de lo único que se trataba era de hacer una gestión "de progreso" y "de cambio", objetivo perfectamente alcanzable a la vista del balance de UPN. Pero si de entrada la coalición daba por buena la primacía del tercero en discordia, ello confirmaba de modo indirecto que sus metas eran otras, en la línea de la concepción mitológica expuesta por la militante anónima en Bayona. Se trataría ante todo de avanzar hacia lo que su nombre indica, Navarra'tik Nafarroa'ra, de la Navarra actual a la Nafarroa abertzale, con el euskera por emblema y el horizonte abierto a la materialización de la imaginaria Euskal Herria independiente, de rasgos idénticos a la que busca el nacionalismo radical, con ETA a la cabeza. Con toda la cautela del mundo, pues Patxi Zabaleta y los suyos son conscientes de que parten de una posición minoritaria y hay que caminar a pequeños pasos, ante todo hacia esa primera vinculación entre la CAV y el ex reino, contando con el favor de un PSN que, siguiendo el ejemplo de los mayores, ve con buenos ojos la colaboración con un grupo independentista. Más allá de los números, con el cocktail de independientes y ésta o aquella vicepresidencia, esto es lo que estaba en juego, y lo que ha quedado en la sombra. Con evidente ventaja a medio plazo para los abertzales navarros, y descrédito para quienes han mostrado al mismo tiempo sus ansias de poder y su vacío en cuanto a estrategia política. Una vez más, el PSOE no ha sabido, o no ha querido, explicar nada.

El desafortunado episodio viene a recordar una vez más que en el caos que caracteriza a su política autonómica, la responsabilidad del Gobierno de Zapatero es tanto mayor cuanto que el PSOE dispone de unos planteamientos de base perfectamente definidos desde Santillana sobre el tema, nunca utilizados, y que en toda esta maraña de tratos y contratos, los planteamientos de los demás jugadores son conocidos de antemano, en cuanto a las principales opciones: para nadie es un misterio lo que buscan ERC, ETA o Aralar. Como consecuencia, resulta inexplicable que se prolonguen negociaciones sobre contenidos de fondo innegociables. En el caso más inmediato, antes que invitar a NaBai a resignarse en la forma a un papel de segundón que va a lo suyo, hubiese bastado acotar el posible programa común en el tema vasco, en verdad y no de cara a la galería, para saber en dos días si la coalición resultaba viable. Y si lo fundamental era no perder votos en las generales del próximo año, apaga y vámonos desde el primer momento: el castigo que reciba el PSOE en Navarra por tal fiasco estará más que merecido. Sólo que los socialistas navarros partían de una posición centrada en la pugna entre navarrismo conservador y abertzales, que ahora queda inutilizada. Como en Cataluña o en Euskadi, pierde el PSOE, pierde la democracia.

En una vieja película inglesa de humor, protagonizada por el gran Stanley Holloway, los habitantes del barrio de Plimlico descubrían, al realizar unas obras, que un rey les había otorgado una carta de independencia en la Edad Media. La primera reacción consistía en una oleada de entusiasmo, al modo de la tan citada militante de Nafarroa Bai. El repliegue sobre la identidad imaginaria produce una satisfacción infinita. Lo malo es que suele asentarse sobre el rechazo irracional de otra identidad realmente existente, en nuestro caso las identidades duales de vascos y catalanes, y se orienta hacia la destrucción, antes que a la difícil labor de edificar en el vacío. Lo ponen de manifiesto los análisis de Thomas Jeffrey Miles para la reciente política cultural del nacionalismo catalán: su propósito no ha consistido en el despliegue creciente del "idioma propio", sino en la "descastellanización", en la asimilación forzada del otro, de acuerdo con un nacionalismo étnico, no cívico, mediante el cual una élite trata de imponer sus ideas y sus intereses al conjunto de una sociedad, presentándolos además como expresión de la misma.

Es un rasgo común a nuestros nacionalismos periféricos, ensimismados cada uno con su Plimlico, que en vez de impulsar la construcción nacional les legitima en apariencia para buscar ante todo la destrucción del otro, de todo lo que huele a "España", con la consiguiente quiebra de los equilibrios conseguidos en el Estado de las autonomías. Amparándose en la bipolaridad PSOE-PP, los nacionalismos se han hecho con esa forma de poder simbólico cuya característica principal, según Pierre Bourdieu, consiste en excluir toda puesta en cuestión de sus planteamientos, generando una forma de pensamiento autoritario. Aquel que critique la última deriva del catalanismo, observable en la gestación del Estatuto, seguirá la misma suerte ya conocida por los no nacionalistas en Euskadi.

El costoso fracaso en Navarra debiera servir para que el Gobierno y el PSOE quebrasen ese círculo vicioso, recuperando el papel de gestión y regeneración de la democracia constitucional que les fuera conferido por los electores tras la era Aznar. No reside el problema en el pluralismo de la "nación de naciones", sino en el campo libre dejado a unos discursos nacionalistas que se presentan como portadores de la única legitimidad y excluyen todo diálogo ilustrado. El ejemplo del Plimlico escocés, surgido por obra y gracia de Tony Blair, prueba que la angelización de los nacionalismos, y el desconocimiento de su potencial disgregador, son susceptibles de llevar de la forma más estúpida a un riesgo de fractura en Estados democráticos dotados de una existencia secular.

Antonio Elorza es catedrático de Ciencia Política.

Rio Cabe
Justicia fortuita
Serafín Fanjul Libertad Digital 18 Agosto 2007

Cada vez se extiende más entre los españoles la idea de que las sentencias judiciales, las decisiones políticas o administrativas dependen de la buena o mala suerte, de arcanos que escapan a nuestro control y conocimiento y basculan sobre intereses con frecuencia oscuros, cuando no por mero capricho o incompetencia de políticos que hay que ocultar. Disfrutamos, pues, de un Estado sin garantías jurídicas con todas las de la ley, es decir con ninguna.

Es en balde recordar recientes ejemplos, o no tan recientes, sucedidos en el País Vasco, con absoluta impunidad de los culpables, sobre quienes se acumulan exhortos, dictámenes, sentencias... tan firmes, tan firmes, que no se cumplen jamás. Ya se trate de Atucha riéndose de los tribunales como buen alcahuete de ETA- Batasuna, de una de tantas begoñas amenazando con que "esto no va a quedar así" porque la citan en un juzgado o de que se necesiten veinte años para que el Supremo ordene colocar la bandera nacional en ¡una! Institución vasca mientras se omite en todas las demás.

Hay muchos más casos, en Vascongadas y en el resto de España, y nunca ocurre nada. En tanto unos políticos se entretienen hablando de crear una comisión, otros con gestos de Calderón – al que detestarían de saber quién fue– fingen encabritarse porque Madrit, o Madriz, o Madrí y hasta Madrid ha mancillado el honor de Villaluenga del Condado, de "los" catalanes o "los" araneses, o el inalienable derecho a la autodeterminación y soberanía de Cangas de Narcea, de Lepe o de una bisbarra de Catoira.

El desmadre continúa. Pero no es justo cargar la responsabilidad en exclusiva sobre uno o varios grupos, ya sean políticos con sus áulicos corifeos periodistas; ya los tipos de las puñetas, siempre parapetados tras sus abstrusos tecnicismos para conseguir –por ejemplo, enhorabuena– que a los padres de Sandra Palo siga sin hacérseles justicia. Y a la chica asesinada, claro: con ellos no van tales emocionalismos populacheros. Lo suyo son solemnes melonadas como aquello de "compadece al delincuente". Y se quedan tan a gusto, encasquetándose bandas, colgándose cruces al mérito por esto y aquello y presidiendo la apertura del Año Judicial. Toreros.

Pero estos jueces, aquel alcalde o estotra ministra viven en el Nirvana que les regala a diario una sociedad que dimitió de sus deberes y obligaciones hace mucho tiempo. La famosa madurez de los españoles, tan cantada el 6 de diciembre por los prósperos y felices jinetes de la burra, sólo es indiferencia, escapismo, vagancia, si no mera cobardía: "No exijas a los de arriba y te dejarán en paz", norma básica de nuestra convivencia. Y si te cae una multa, búscale las vueltas a los mil resquicios existentes –todavía– para no pagarla, que para eso tenemos leyes y sus contrarias y magistrados requetecomprensivos, según quién seas, en lo civil, mercantil, penal o... militar.

No me escandalizo porque en España eso es perder el tiempo, traspasadísimos ya todos los umbrales de la sorpresa. Leo en la prensa que la Sala de lo Militar del Supremo ratifica una condena de diez meses de prisión a diez soldados que –en Chafarinas, hace dos años– se negaron a cumplir una orden. Poco es, pero menos da una piedra y esta vez se impuso la pura, simple y llana lógica: ¡qué prodigio! Sin embargo, en casa del pobre la dicha nunca es completa: uno de los de las puñetas –cuyo nombre no recuerdo ni es relevante– emite un voto particular pidiendo la absolución de los condenados porque "no estaban obligados a obedecer una orden injusta". A tenor de la información, y aunque el diario se guarda mucho de aclararlo, se colige que los implicados eran moros del Tabor de Regulares de Melilla, pero no creo que esto sea significativo, podrían haber sido cristianísimos, dada la general afición a la indisciplina y el cachondeo, hasta en el Ejército.

¿Orden injusta? Diríase que les habían mandado asesinar a un nutrido corro de niños que cantaban Mambrú, meter de matute un cargamento de heroína para beneficio de generales, ya se sabe, siempre corruptos o prostituir a sus hijas (e hijos) menores de edad. Pues no, el ofensivo e inadmisible mandato consistía en levantarse al tocar diana a las ocho de la mañana, que tampoco es como para poner en peligro la salud de los durmientes, no sabemos si bellos. Y aquí estamos tratando de racionalizar, de explicar, entender y digerir la sinrazón.

Si al señor magistrado eso le parece un abuso de poder, sugiero que cuantos secretarios, burócratas y demás pandilla se hallen bajo su mando, discutan e incumplan en su caso, siempre que las estimen poco ajustadas a derecho, las órdenes del ilustre leguleyo, un poner: desde llevarle un cafelito ("No tomo café", podría contraatacar el bien pensante) hasta encaramarse a una escalera para colocar un lote de expedientes, legajos o cartapacios, de esos que se pierden durante muchos años. ¿Por qué obedecer a quien incita a otros a la desobediencia?

Independientemente de que los soldados son voluntarios y están a sueldo de nuestros bolsillos, como el ilustrísimo magistrado de marras, hay una evidencia que, como en tantas ocasiones, avergüenza recordar: un ejército sin disciplina es una horda de forajidos y hacia eso nos encaminamos si se continúa despojando de autoridad a los mandos. Lo han conseguido en la enseñanza (pasen y vean los resultados), trabajan tesoneros para lograrlo en la Policía y Guardia Civil y ahora van a por el orden interno en la Iglesia católica y el Ejército. Pero la sociedad entera se encoge de hombros sin percatarse de que el desbarajuste le va a caer encima más temprano que tarde: quiá, catastrofismos, aquí nunca pasa nada, dijo Dato dos días antes de que lo asesinaran.

Argüir, como se ha hecho, que limpiar caminos o adecentar acuartelamientos no es función de los soldados es simple escapismo o mala fe, porque evitar el ocio en la tropa (los de Chafarinas, antes y ahora, no se hernian precisamente) es un imperativo lógico fácil de defender, amén de que llevado adelante el argumento cabe preguntar si apagar incendios, llevar botiquines al Congo o auxiliar a escaladores perdidos entra en las misiones del Ejército. Claro que éstas son extralimitaciones progresistas y, por tanto, buenas.

Este no es el problema de un magistrado, sino de un Estado que, pasito a paso, va haciendo dejación de sus obligaciones –con el desparpajo de los caraduras y la frivolidad de los buenos vividores–, empezando por garantizar la seguridad física de personas y bienes y continuando por el buen funcionamiento de cuantos mecanismos y aparatos organizativos tiene a su disposición. Y el Estado no es sólo este Gobierno, o el anterior, es la totalidad de las instituciones (y de los personajes con nombres y apellidos que las ocupan), unas instituciones invariablemente sordas ante los conflictos y calamidades de los débiles. No es demagogia, pero ¿con qué autoridad moral nos exige –y de qué forma– el Estado que paguemos los impuestos? Si ni siquiera en el Ejército se va a mantener el orden interno, del rey arriba, o abajo, ninguno tendrá el mínimo ascendiente moral para desplumarnos. Y éstos simulaban escandalizarse por la caricatura de El Jueves sobre los príncipes. Qué risa.

Estocolmo en Pamplona
POR IGNACIO CAMACHO ABC 18 Agosto 2007

UN cierto síndrome de Estocolmo parece haberse apoderado de Miguel Sanz, el presidente de Navarra, tras verse aliviado de la incertidumbre sobre su permanencia en el poder. Una continuidad que se ha debido, sobre todo, a la presión ejercida por el Partido Popular sobre un Zapatero atenazado por las urgencias electorales, que ha tenido que ceder y desistirse en sus iniciales intenciones de propiciar un pacto entre socialistas y Nafarroa Bye ante la posibilidad cierta de pagar por él una altísima factura de desgaste en el resto de España. Pero, como de costumbre, ni el PP ha sabido vender su éxito como tal -lo que ya viene siendo una tradición-, ni su aliada UPN se ha mostrado dispuesta a agradecerlo. Antes al contrario, Sanz ha trufado su aliviada toma de posesión de guiños al PSN, como si le debiera reconocimiento por su impostada generosidad forzosa, y ha incomodado a sus socios nacionales con la ridícula solicitud de un grupo parlamentario propio para reforzar su imagen de presunta independencia política.

Al final, ha quedado claro que tanto a Sanz como a su oponente, Fernando Sinpalabra Puras, lo que les importaba era el poder, la hegemonía en su feudo, el control de los importantísimos recursos de una comunidad foral con concierto económico propio, próspera caja de ahorros y enorme pujanza empresarial. Mientras la opinión pública debatía sobre el futuro de Navarra en la estructura del Estado, mientras el PP hacía de la españolidad de su territorio unas Termópilas constitucionales, mientras Zapatero calculaba el impacto de un acuerdo panvasquista en su mimado «proceso de paz», el presidente navarro y el aspirante a sustituirlo pugnaban por el usufructo directo del campanario de su aldea. Y aunque ha sido la perspectiva nacional del pulso lo que ha decidido la solución final -o al menos, provisional-, ellos se siguen moviendo en una dimensión empequeñecida, en la escala menor del microcosmos de sus ambiciones.

Por eso a Puras sólo le frenó una orden directa de Madrid que desautorizaba su pacto con NaBai, y que a cualquier político con cierta dignidad le habría mandado directamente a su casa. Y por eso Sanz se ha sentido obligado a tocarle los costados a su socio popular como guiño a aquellos de quienes cree que depende la estabilidad de su cargo, como si hubiera sido él quien movilizó a cien mil personas en Pamplona en defensa del amenazado statu quo foral que ha constituido su caballo de batalla.

Con su síndrome de secuestrado que recupera la libertad, Sanz ha permitido que lo que debería haber quedado como un triunfo suyo y del PP, que ha obligado a ceder a Zapatero, acabe pareciendo una concesión graciosa de éste. Eso no se llama exactamente lealtad, pero quizá Rajoy pueda extraer del episodio alguna conclusión enriquecedora para su celebrado pragmatismo. Y es que la política no sólo es muy dura, como sentenció cuando dejó caer a Piqué, sino que también, a menudo, resulta francamente desagradecida.

Eficacia y sobreactuación
Editorial El Correo 18 Agosto 2007

El duro intercambio de reproches en el que se han enzarzado responsables del Ayuntamiento de San Sebastián y del Departamento de Interior del Gobierno vasco, a cuenta de los actos de kale borroka registrados durante la Semana Grande de la capital donostiarra, sólo puede contemplarse con preocupación por una ciudadanía absolutamente hastiada de que, año tras año, el radicalismo violento pretenda servirse del ambiente festivo para alterar la normalidad. Pero la sociedad vasca no sólo está harta de que unos disturbios 'con fecha fija' comprometan la seguridad de las personas y la integridad de bienes públicos y privados sino, sobre todo, de que sirvan además para abrir brecha en una unidad política contra el terrorismo tan imprescindible como difícil de mantener a salvo de la provocación constante del mundo de la ilegalizada Batasuna.

En los últimos días, los partidos vascos y los responsables institucionales no ocultan su inquietud por el rebrote de una violencia callejera que ha provocado ataques organizados de considerable gravedad en Ondarroa y Amorebieta, además de Vitoria y la propia capital donostiarra. En este clima, podía preverse que la izquierda abertzale aprovecharía la Semana Grande de San Sebastián -y la de Bilbao que comienza hoy- para impulsar actos tan minoritarios como perturbadores del derecho de todos a disfrutar de unas fiestas en paz y libertad. Cabe esperar y exigir que los encargados de garantizar la seguridad sean capaces de prevenir, en lo posible, los incidentes. Y que, en caso de que éstos lleguen a producirse, se apliquen a atajarlos y a poner a sus responsables a disposición de la Justicia. El reproche de ineficacia a la Ertzaintza por parte de Odón Elorza se salta otros cauces más idóneos, pero el mejor apoyo que puede recibir la Policía autonómica es el adecuado diseño de los operativos y los medios y efectivos suficientes para proteger a los ciudadanos. Éstos tienen que percibir que las mesas de seguridad y las reuniones de coordinación se convocan antes de que surja un problema, y no cuando éste ya ha contaminado la que debe ser una relación institucional fluida. Y mezclar, como hizo ayer el consejero Balza, un exagerado desacuerdo puntual con una sentencia del Supremo sobre banderas y el frustrado 'proceso de paz' sólo constituye una sobreactuación incomprensible.

Con voz propia
TONIA ETXARRI t.etxarri@diario-elcorreo.com El Correo 18 Agosto 2007

La reclamación de la voz propia en esta Nación de Naciones tranquiliza las conciencias de quienes tienen marcados complejos en relación al nacionalismo. Se trata de frases tan usadas hasta el abuso que hay que descodificarlas para saber de qué estamos hablando. Ibarretxe volvió a mostrar su herida al descubierto al decir, ayer, que el futuro del pueblo vasco lo vamos a decidir aquí «en Euskadi y en Vitoria; no se va a decidir nunca en Madrid».

Aquel plan que aprobó el Parlamento vasco y que no pasó el filtro del Congreso de los Diputados porque los dos partidos mayoritarios veían en ese proyecto un marcado perfil de nacionalismo obligatorio, el lehendakari lo lleva clavado como una espina. La palabra del Parlamento vasco no fue soberana. Las Cortes echaron para atrás el proyecto del lehendakari y sus socios. Por eso él insiste. Lo seguirá haciendo en cuanto se abra el curso político en setiembre. A ver si con un poco de suerte le arranca al presidente Zapatero la misma promesa que les dedicó a los catalanes en aquella campaña en la que actuaba, todavía, como jefe de la oposición. Mientras la soberanía no recaiga sobre la ciudadanía vasca, él seguirá impasible el ademán.

Todas las familias nacionalistas hacen bandera de esta causa, con tanta insistencia que, por influencia de la emergente Nafarroa Bai, los socialistas navarros le han vapuleado al presidente del Gobierno, Miguel Sanz, con la idea de que su vínculo con el PP era una rémora; el dirigente de UPN, sometido a una olla a presión que muy pocos saben, ha terminado por equivocarse de táctica. Porque después de tan lamentable proceso de negociación de los dos últimos meses, quienes tienen un verdadero problema doméstico son los socialistas navarros con la dirección de su partido en Madrid. Pero la extemporánea reivindicación de Sanz de crear un grupo propio de UPN en el Congreso de los Diputados ha logrado desviar la atención del descontento en las filas socialistas hacia una hipotética división entre UPN y PP que no existe. Las precipitaciones, en política, acaban resultando caras. En el caso de Sanz, temeroso de que los socialistas le hagan la vida imposible preparando una moción de censura después de las elecciones generales, no tiene reparo a la hora de darles facilidades. De poco le está sirviendo de momento. Chivite, atribuyéndose la idea de que UPN tenga grupo propio en el Congreso, le ha dejado al descubierto.

En el entorno de la izquierda abertzale, mientras tanto, la agenda de manifestaciones y terrorismo callejero sigue repleta de citas. El alcalde donostiarra Odón Elorza se queja, con razón, de la falta de previsión de la Ertzaintza para cortar de cuajo los ataques de vandalismo de barrio. Pero el consejero Balza, el propio alcalde y el delegado de gobierno, Paulino Luesma, se han metido en el barrizal de la polémica de escaparate que no aporta más que despiste en la lucha contra el terrorismo. Justo lo contrario de lo que se necesita.

¿De qué sirven las Autonomías?
POR EDURNE URIARTE ABC 18 Agosto 2007

La pregunta está en la mente de muchos españoles. Y cuando en España se acabe la veda para criticar los resultados del sistema autonómico, lo estará en sus manifestaciones públicas. Si los gobiernos autónomos tampoco asumen la más mínima responsabilidad en los problemas de funcionamiento de las sociedades que gobiernan, ¿de qué sirven las autonomías?
Ni se molestó en interrumpir sus vacaciones el presidente del gobierno catalán cuando la sociedad que dirige estaba sumida en el caos. Y los demás le hemos hecho el juego, porque aquí todo el mundo pide la dimisión de Magdalena Álvarez pero ni siquiera la presencia del propio presidente de la comunidad donde nada funciona. Como si la política y la administración autonómica catalana nada tuvieran que ver con el control y funcionamiento diario de las infraestructuras.

Y lo de Cataluña es un pequeño botón de muestra de un vicio generalizado. Los problemas, sean del tipo que sean, se descargan automáticamente en el Gobierno central. Ahora, incluso cuando ambos gobiernos son ocupados por el mismo partido, como ha ocurrido en Cataluña. Y los éxitos, siempre se los atribuye la propia élite política autonómica.
Pero nos habían dicho que una de las dos grandes aportaciones del sistema autonómico era el acercamiento de la administración a los ciudadanos y la corresponsabilidad en la gestión. De eso nada, la posibilidad de control ciudadano de la gestión de las autonomías es un fiasco, porque la élite autonómica, empezando por la nacionalista y acabando por toda la demás, ha conseguido eludir completamente ese control. El control, se lo traga entero el gobierno central.

Y respecto al segundo esperado resultado del sistema autonómico, la resolución de las demandas de identidad, el balance es aún peor. Empezando por Cataluña, siguiendo por el País Vasco y sin dejar de pasar por todas las demás. El conflicto nacionalista es hoy comparable al que existía hace dos décadas. Ni el más elevado grado de descentralización satisface al insaciable nacionalismo. Ni siquiera a la insaciable élite autonómica que ha crecido a imagen y semejanza del modelo nacionalista.

La conexión saudí con Irak
POR STEPHEN SCHWARTZ ABC 18 Agosto 2007

CASI seis años después del 11 de septiembre de 2001 y más de cuatro años desde el comienzo de la intervención en Irak encabezada por Estados Unidos, el Gobierno y los medios progresistas han comenzado a admitir algo que todo musulmán informado y honesto del mundo ha sabido todo el tiempo. Verbigracia: la «insurgencia sunita» de Irak, así como el 11-S y ciertos actos de violencia extremista sunita dentro del Irak antes de eso, son consecuencia de la posición oficial de la secta ultra fundamentalista wahabí en Arabia Saudí, el vecino de Irak al sur. Los clérigos wahabíes saudíes han predicado y reclutado para el terror en Irak; el dinero saudí los sostiene; la mayor cifra de aquellos que han perpetrado atentados suicidas al norte de la frontera saudí-iraquí han venido siendo ciudadanos saudíes.

El viernes 27 de julio, el Washington Post y el New York Times informaban sobre los vínculos entre Arabia Saudí y el terror wahabí en Irak, empleando su lenguaje usual cauteloso y educado al tratar al reino del desierto. El Post publicaba una noticia de Reuters reciclada del reportaje del Times, achacando el problema de la desconfianza saudí a la Administración iraquí de dirección chiíta del primer ministro Nouri al-Maliki y a las dificultades resultantes que afrontan Condolezza Rice y Robert Gates al visitar a los saudíes. Siete párrafos más abajo, la noticia citaba al Times al hablar del verdadero problema: «Los saudíes habrían ofrecido apoyo financiero a grupos sunitas en Irak, y los funcionarios norteamericanos están cada vez más preocupados acerca del papel «contraproducente» en Irak de su cercano «aliado» árabe».

«Contraproducente» es el eufemismo de subvenciones estatales saudíes a los clérigos wahabíes que exigen el genocidio de los musulmanes chiítas, que instan a los hombres a acudir al norte a inmolarse con ese fin, y que predican elogios después de sus muertes. También es el modo diplomático de describir la política oficial saudí de ignorar las contribuciones financieras de los ricos ciudadanos saudíes destinadas a apoyar el terror wahabí en Irak. Otros llamarían a tal comportamiento acto de guerra más que actos «contraproducentes» sencillamente.

El propio Times, en un artículo de Helene Cooper, observaba además: «De los entre 60 y 80 guerrilleros extranjeros que entran en Irak cada mes, funcionarios y militares americanos de Inteligencia afirman que casi la mitad proceden de Arabia Saudí, y que los saudíes no han hecho suficiente por impedir el flujo».

Funcionarios de la Administración, informaba el diario, «se manifiestan bajo la condición del anonimato porque están seguros de que criticar abiertamente a Arabia Saudí alienaría aún más a la familia real saudí». A continuación llegaba la desagradable verdad: «La mayoría de los terroristas suicida en Irak proceden de Arabia Saudí alrededor del 40 por ciento de todos los guerrilleros extranjeros son saudíes. Los funcionarios dicen que mientras que la mayor parte de los guerrilleros extranjeros llegan a Irak para convertirse en terroristas suicida, otros llegan como fabricantes de explosivos, francotiradores, financieros o expertos en logística».

Mientras tanto, el Wall Street Journal publicaba informaciones «reveladoras» sobre el Banco Al Rajhi, una de las principales entidades financieras del reino del wahabismo, gran parte de las cuales llevan varios años extendiendo cheques. Los descubrimientos «frescos» incluyen el papel del Banco Al Rajhi a la hora de catalizar las operaciones del fundamentalismo saudí. Pero el Journal reconoce que el nombre Al Rajhi aparecía en un documento que muchos occidentales son reacios a tomarse en serio, la lista de «la cadena de oro» de donantes financieros de Al Qaeda incautada por las autoridades bosnias en Sarajevo y entregada en 2002 al Gobierno de Estados Unidos.

Aún así, ni siquiera el Journal parece haber notado que Suleiman Abdul Al-Aziz, del sistema financiero Al Rajhi, también creó la Fundación SAAR, objeto de la operación federal norteamericana conocida como GreenQuest que desarticuló un nido de entidades islamistas en el norte de Virginia en 2002.

¿Por qué ha habido un interés mediático tan remoto en el papel del dinero saudí y su influencia en Irak y en todas partes? La mejor explicación es la cooperación mediática con la predilección oficial norteamericana por «la influencia discreta entre bambalinas» que una administración tras otra han utilizado por defecto a la hora de tratar con los problemas saudíes, y que los saudíes explotan para continuar con su estilo engañoso.

Saudíes e iraquíes, incluso con medios propios imperfectos, están mucho mejor informados. He aquí lo que ellos han venido leyendo.

El 25 de julio, el periódico saudí Al-Watán informaba de 61 saudíes detenidos en cárceles iraquíes. La acusación que se daba a entender era terrorismo.

La víspera, el Al-Watán describía un altercado a causa de clérigos saudíes que defienden la destrucción de los lugares sagrados chiítas en Irak. Según fuentes iraquíes, los wahabíes han solicitado explícitamente la destrucción de los enclaves de Husein, nieto del profeta Mahoma, en Karbala, y del califa Alí, el yerno del profeta, en Nayaf, los dos enclaves chiítas más sagrados. Como también informaban los medios iraquíes, estudiantes de la Universidad Islámica Mohammed Ibn Saud, radicada en Riyadh y conocida como «la fábrica de terroristas», han organizado grupos de activistas y enviado miembros en flujo continuo hacia el norte para unirse a la masacre de chiítas iraquíes.

El 17 de julio, el Gran Muftí o clérigo islámico supremo del reino saudí, Abd al-Aziz Al Ash-Shayj, advertía a los saudíes de no entrar en Irak con el fin de involucrarse en el terror, y decía que «aquellos que engañen a los jóvenes musulmanes convocándoles a la yihad rehúsan enviar a sus propios hijos a participar en el mismo conflicto».

El 16 de julio, el diario saudí Al-Sharq Al-Awsat citaba los comentarios del Príncipe Nayef, el ministro saudí del Interior, escurridizo como una anguila al ser preguntado por la materia, sobre que los saudíes engañados para participar en el terror en Irak son «adolescentes a los que se ha lavado de cerebro». El mismo día, el rotativo saudí Al-Hayat entrevistaba al subsecretario norteamericano de Hacienda, Stuart Levey, que defendía que financiar el terror en Irak no es distinto a donar dinero a Al Qaeda en cualquier parte.

Y la víspera, el 15 de julio, la página web wahabí Al-Sahat publicaba una lista de terroristas saudíes abatidos recientemente en Irak, con nombres, direcciones, fechas y lugares de su fallecimiento.

Esto también es simplemente la punta del iceberg de un largo inventario de informaciones así difundidas en el mundo musulmán. Nadie puede decir que los saudíes, los iraquíes o los demás musulmanes no sabemos quién organiza y financia el terror wahabí en Irak.

Ninguna de estas «revelaciones» recientes debería sorprender a nadie. En 2002, el Weekly Standard informaba sobre la red financiera Al Rajhi y el terrorismo; en 2003, sobre la inyección saudí de radicales wahabíes en Irak, incluyendo la publicidad en los medios saudíes sobre sus muertes en defensa de Sadam Husein y sobre la implicación saudí en las operaciones de combate contra la coalición encabezada por Estados Unidos en Faluya; en 2004 informaba sobre el apoyo financiero general saudí al terror en Irak, y aún más acerca de la implicación saudí en la lucha por Faluya.
Sigue quedando en el aire una pregunta: ¿cuántos americanos y soldados de la coalición, así como iraquíes inocentes, más serán asesinados antes de que los saudíes sean obligados a poner fin a su apoyo al terrorismo en Irak?

‘Cambio radical’ en Baleares
Ignacio Armenteros El Confidencial 18 Agosto 2007

De esta transformación ‘radical’ que vive Baleares, el castellano está resultando ser una de las principales víctimas. Como muestra, un botón: Antich nombró como consellera de Trabajo y Formación y portavoz del Govern a Margarita Nájera, ex alcaldesa socialista de Calvià y una de las candidatas de Cristina Narbona a tener una Secretaría de Estado en el Ministerio de Ambiente, aspiración que quedó truncada por estar imputada en varios asuntos judiciales.

Nájera, de generosa sonrisa y buenas formas, lleva más de 20 años en Mallorca, pero es de origen vasco y, aunque asegura dominar el catalán, se siente más cómoda hablando en castellano que en la lengua vernácula. Así las cosas, los independentistas y los socios de Govern (PSM y ERC) montaron en cólera cuando la escucharon hablar en castellano. Fue tal la presión recibida que la portavoz se ha achantado (el Estatut balear declara que el archipiélago es bilingüe y ambas lenguas son oficiales) y ha prometido que a partir de ahora se dirigirá en catalán, aunque ya ha avisado: “Pronuncio el mallorquín como si fuera valenciano”.

Por si esto fuera poco, la alcaldesa socialista de Palma, Aina Calvo, acaba de abolir la modalidad del castellano en los Premios Ciudad de Palma, que en la etapa de la alcaldesa popular Catalina Cirer, se convocaron tanto en castellano como en catalán. Otra vez el fantasma de la lengua perseguida, la minoritaria, y la que habla la mayoría de la población (casi el 50% de los residentes tiene el castellano como lingua franca).

Tras el cambio de gobierno, el Hospital de Son Espases (Ver El Confidencial), una de las grandes polémicas del verano de las Islas, también se ha quedado en el aire. Aún no se sabe qué pasará con un proyecto tan emblemático como imprescindible para los ciudadanos.

La situación de la televisión autonómica es igualmente digna de mención. IB3, cuyos primeros informativos se remontan a mayo de 2005, ha cambiado de director general. La ex número uno de la tele balear, María Umbert, ex jefa de gabinete de Jaume Matas, ha dejado su cargo para dirigir la Comunicación de Sol Meliá.

Al frente de IB3 el Pacte ha colocado a Toni Martorell, también ex jefe de Gabinete, pero esta vez de Maria Antònia Munar (flamante presidenta del Parlament). Martorell ha ordenado una purga mediática en toda regla y ya no queda ningún responsable de la etapa Matas. Incluso ha cambiado al Matías Prats de IB3, Jordi Calleja, al frente al informativo del mediodía, dándole una patada hacia arriba y nombrándolo director de Deportes. Baleares, como se ve, no es una excepción al control político de la TV.

Críticas a la presencia real
Otros cambios que explican la transformación de Baleares en el mes que lleva gobernando el Pacte han sido las declaraciones de ERC contra la presencia de los Reyes en el Palacio de Marivent o la paralización del proyecto de construcción de 200 viviendas de lujo a José Luis Núñez, ex presidente del FC Barcelona, en la fachada marítima de Palma (Ver El Confidencial).

Mientras, en Ibiza, Xico Tarrés, ex alcalde de Vila (la denominación popular de la ciudad) y ahora presidente del Consell Insular de Ibiza, ha prometido que no habrá más autopistas en la Isla azotada por el hundimiento del buque Don Pedro. La Conselleria de Turismo ha impulsado una promoción turística de baja intensidad para demostrar que las playas afectadas por el vertido están más limpias que antes.

Los Matutes también están sufriendo con este cambio político. Estela Matutes, ex consellera de Vías y Obras de Ibiza, hija del ex ministro de Asuntos Exteriores, uno de los empresarios más poderosos de las Islas, ha visto cómo la Fiscalía de Medio Ambiente de Baleares ha presentado una denuncia contra el Plan Territorial de Ibiza y Formentera, por indicios de delito en su redacción y aprobación. La denuncia argumenta “presuntos delitos de tráfico de influencias, prevaricación, actividades prohibidas a autoridades y contra la ordenación del territorio en la elaboración y aprobación del Plan Territorial”.

Sin abandonar la isla pitiusa, la Dirección Insular de la Administración del Estado en Ibiza ordenó el cierre de la discoteca ibicenca Amnesia por “tolerar el consumo o venta de droga en el interior de los establecimientos”. Además, no le quedó más remedio que pagar una multa de 6.000 euros.

Joana Barceló. La moderada dirigente socialista continúa muy orgullosa de no construir ni un kilómetro de autovía en toda la Isla y de que Menorca sea Reserva de la Biosfera.

Las barbas de Matas
Y Matas, mientras prepara las maletas rumbo a Estados Unidos, continúa descansando en su apartamento de la Colònia de Sant Jordi, frente a la isla de Cabrera, donde los fotógrafos cazaron en bikini a Letizia Ortiz. Cuentan los lugareños que el ex president se ha dejado barba, al igual que lo hizo en el verano de 2005, mientras que Antich, al que se le conocía por sus pelos, aparece ahora muy afeitadito, como si la barba le recordara los malos momentos de su anterior etapa de president y le diera yuyu dejársela no fuera a traerle muy mala suerte.

En el PP balear, huérfano de Matas, que todavía ejerce la Presidencia del partido de las Islas hasta la celebración del Congreso de 2008, ya han surgido las primeras voces cuestionando el liderazgo de Rosa Estaràs, ex vicepresidenta del PP. Los cambios en Baleares no acabarán aquí. Las Islas seguirán dando mucho que escribir.

DICE QUE NO ES "PREVISIBLE" QUE VARÍE LA SITUACIÓN DEL ETARRA
Gallizo admite que "la coyuntura" pesó en el regreso de De Juana a la cárcel
La directora general de Instituciones Penitenciarias ha reconocido que en la decisión del Gobierno de devolver a De Juana a prisión pesó la "coyuntura" del momento. Pese a su intento de escudarse en los informes médicos y la mejoría de salud del etarra –ha comparado su evolución con el de un enfermo de corazón–, Gallizo no ha tenido más remedio que reconocer lo evidente: sólo un día antes de su reingreso en prisión ETA anunciaba la ruptura del alto el fuego.
Agencias Libertad Digital 18 Agosto 2007

Casi dos meses después del traslado del etarra Iñaki de Juana Chaos a la prisión de Aranjuez desde el hospital de San Sebastián, donde fue ingresado tras chantajear al gobierno con una huelga de hambre, Mercedes Gallizo ha reconocido en una entrevista concedida a Europa Press que las circunstancias influyeron en la decisión de devolverle a la cárcel. Con estas palabras alude al hecho de que sólo un día antes de que De Juana regresara a su celda ETA había anunciado el fin del alto el fuego.

Según la directora general de Instituciones Penitenciarias, tanto en la decisión de aplicar la prisión atenuada a De Juana Chaos, como en la que condujo a que terminase de cumplir condena en la cárcel de Aranjuez, pesó "la coyuntura" del momento. Aún así, Gallizo recalca que el "elemento determinante" en cada caso fueron los informes médicos emitidos en una u otra dirección.

Un centenar de casos similares
En el caso de la aplicación del artículo 100.2 del Reglamento de Régimen Penitenciario, que flexibilizaba su situación en segundo grado, se produjo una valoración médica "unánime", tanto por los médicos del Doce de Octubre madrileño como por los forenses de la Audiencia Nacional.

Todos determinaron que corría "un riesgo vital importante y que necesitaba una recuperación que no podía hacer en prisión". Además, en la entrevista concedida a Europa Press Gallizo se escuda en que no es una decisión "infrecuente" en Instituciones Penitenciarias. Para Gallizo, cada año se producen un centenar de casos similares.

"Consecuencias" de la muerte de De Juana
Al ser preguntada por una de las razones que esgrimieron el presidente del Gobierno y el ministro del Interior acerca de que la decisión sobre la prisión atenuada podía "salvar vidas", Gallizo responde que "la realidad está compuesta de muchas cosas y en este caso también había un elemento que sobrevolaba el asunto: las consecuencias que podía tener el hecho de que una persona como ésta muriese en prisión".

"Podía, desde luego, tener unas consecuencias que no sé yo tampoco evaluar, pero que, intuyo, podían haber sido muy difíciles en la reacción que desde ese mundo podía haber suscitado. Ese es un elemento que indudablemente estaba ahí y que un Gobierno también tiene que evaluar, dentro del estricto cumplimiento de la Ley y del Reglamento", afirma la directora de Instituciones Penitenciarias. En todo caso, sostiene, "la obligación de un Gobierno es salvar vidas, de todos, incluso de aquellos que han cometido delitos que nos producen un gran rechazo".

El futuro del etarra
Por otro lado, Gallizo adelanta que "no es previsible" que la situación penitenciaria del etarra cambie de aquí a su salida de prisión, prevista para el verano de 2008. La Junta de Tratamiento de Aranjuez se reunió el pasado 2 de agosto y acordó proponer que se le dejase de aplicar el artículo 100.2 de prisión atenuada debido a la mejora de su estado de salud. También propuso que siguiese clasificado en segundo grado, lo que fue ratificado al día siguiente por la Dirección General.

La Junta de Tratamiento deberá reunirse dentro de seis meses para reconsiderar la situación del preso, como hace con el resto de internos. Según Gallizo, en este momento la salud de De Juana está "estabilizada". "Aunque tiene secuelas de las huelga de hambre que ha protagonizado, son unas secuelas que no ponen en riesgo su vida y que pueden ser tratadas dentro del ámbito penitenciario", razona.

"Hubiera sido muy difícil que saliera para su casa"
Preguntada por la decisión de devolverlo a la prisión de Aranjuez horas después de que ETA rompiera formalmente su alto el fuego, Mercedes Gallizo responde que el "elemento determinante" fue el informe de los médicos que le trataban en el Hospital Donostia. Ahora bien, una vez conocido el informe indicando que el resto de su proceso de recuperación podía seguirse en prisión, "desde luego que sí se tuvo en cuenta la coyuntura que estábamos viviendo", asegura la directora general de Prisiones.

Interrogada por lo que hubiera ocurrido si esa "coyuntura" hubiese sido otra, Gallizo responde que esa "es una hipótesis absurda de plantear". Con un informe "tan concluyente", añade, en el sentido de que podía continuar la recuperación en la cárcel, "hubiese sido muy difícil que hubiera salido para su casa".

Ante las críticas que apuntan a un cambio radical en la actitud del Gobierno tras el anuncio de ruptura de la tregua, Gallizo se defiende asegurando que cuando fue conducido al Hospital Donostia su estado de salud era muy delicado y, tres meses después, había mejorado mucho. "Una persona que le hacen una operación a corazón abierto está menos de tres meses en un hospital para recuperarse y si está tres meses, ya sale para hacer ejercicio en la calle", añade.

El Gobierno vasco rechaza la ley de banderas y alega que el PSOE negoció con Batasuna
S. E. / J. P. VITORIA / MADRID. ABC 18 Agosto 2007

El consejero del Interior del Gobierno vasco, Javier Balza, se escudó ayer en que el PSE negoció con el PNV y la ilegal Batasuna durante el denominado «proceso de paz» cuestiones como la autodeterminación, para justificar que en el conjunto de la Comunidad Autónoma no se cumpla la legalidad en materia de uso de las banderas con la ausencia de la enseña de España.

Así, según recordó Balza, el PSOE, «hasta hace 15 días, ha estado negociando con el PNV y con la izquierda abertzale cuestiones como las nuevas relaciones con Navarra, las modificaciones estatutarias, el derecho de autodeterminación». Balza se refería así a las reuniones mantenidas en el Santuario de Loyola, en las que socialistas, nacionalistas y proetarras abordaron asuntos referentes a la autodeterminación, un órgano común vasco navarro y una eurorregión que incluyera además a las tres provincias del sur de Francia. Es más, recordó que durante el «proceso», el Ejecutivo de Zapatero contó con el apoyo del Gobierno vasco. Balza cree que el PSOE no puede hacer ahora «bandera de la legalidad».

De esta manera, el consejero del Interior respondía al delegado del Gobierno en el País Vasco, Paulino Luesma, quien el jueves advirtió de que, si no se cumple con la sentencia que obliga a izar la bandera española en la academia de la Ertzaintza de Arcaute, está habilitado para dirigirse al Tribunal Supremo con objeto de que éste determine su cumplimiento.

Para Balza, el incumplimiento de la ley en materia de uso de bandera en el País Vasco es, sin más, una «culebra de verano» que «resurge 25 años después» de que el escándalo estallara a principio de los años ochenta. En efecto, significa que, un cuarto de siglo después, el respeto a la legalidad sigue siendo una asignatura pendiente en esta Comunidad Autónoma gobernada desde siempre por los nacionalistas.

Aplicando literalmente el principio de que la mejor defensa es un buen ataque, Balza optó por arremeter contra Paulino Luesma y negarle el papel de garante de la legalidad. Así, le recordó el «nulo papel» que tiene en el ámbito del País Vasco. «No tiene papel y hay que buscarlo, se atribuye funciones que no le corresponden», añadió el consejero vasco, que no hace mucho montó en cólera porque el Ministerio del Interior no le había informado inmediatamente y con detalle del coche que ETA abandonó en Ayamonte, provincia de Huelva. Y en su batería de descalificaciones hacia lo que representa la Delegación del Gobierno, Balza se preguntó dónde figura entre las responsabilidades de esta institución «ese papel de garante de la legalidad que quiere representar».

Y en su intento de desviar la atención, enfatizó que la sentencia referida a la colocación de enseñas en la academia de la Ertzaintza «ya ha sido cumplida hace dos años». Pero de Ajuria Enea, o de la sede del Ejecutivo vasco, o del Parlamento autonómico, nada.

El delegado contrarreplicó para insinuar que ni en Arcaute se cumple la normativa, ya que la bandera española está «oculta» dentro del edificio, pero no en el exterior, en lugar preferente. De hecho, Luesma comentó que el supuesto acatamiento de la Ley en la Academia «tendrá su contraste» y serán los tribunales quienes determinen «la adecuación o no a derecho de lo realizado».

El Gobierno vasco rechaza la bandera española
  Periodista Digital 18 Agosto 2007

El Gobierno vasco avisa de que se mantendrá al margen de la legalidad, y para eso pone de excusa que el Partido Socialista y el PNV negociaron con ETA-Batasuna durante el "proceso de paz". Dice el consejero del Interior, Javier Balza, que se las arreglará para la bandera de España no ondee en el País Vasco, tal y como exige la ley.

Así, según recordó Balza, el PSOE, «hasta hace 15 días, ha estado negociando con el PNV y con la izquierda abertzale cuestiones como las nuevas relaciones con Navarra, las modificaciones estatutarias, el derecho de autodeterminación».

Balza se refería así a las reuniones mantenidas en el Santuario de Loyola, en las que socialistas, nacionalistas y proetarras abordaron asuntos referentes a la autodeterminación, un órgano común vasco navarro y una eurorregión que incluyera además a las tres provincias del sur de Francia, según cuenta ABC.

Balza se encagó de recordar que durante el «proceso», elGobierno de Zapatero contó con el apoyo del Gobierno vasco. Balza cree que el PSOE no puede hacer ahora «bandera de la legalidad».

De esta manera, el consejero del Interior respondía al delegado del Gobierno en el País Vasco, Paulino Luesma, quien el jueves advirtió de que, si no se cumple con la sentencia que obliga a izar la bandera española en la academia de la Ertzaintza de Arcaute, está habilitado para dirigirse al Tribunal Supremo con objeto de que éste determine su cumplimiento.

Para Balza, el incumplimiento de la ley en materia de uso de bandera en el País Vasco es, sin más, una «culebra de verano» que «resurge 25 años después» de que el escándalo estallara a principio de los años ochenta. En efecto, significa que, un cuarto de siglo después, el respeto a la legalidad sigue siendo una asignatura pendiente en esta Comunidad Autónoma gobernada desde siempre por los nacionalistas.

Patriotismo de anuncio
POR ÁNGEL COLLADO ABC 18 Agosto 2007

El Tribunal Supremo ha pillado al Ejecutivo de Zapatero en plena campaña de promoción «nacional». «Gobierno de España», se hace llamar en los anuncios ministeriales para recordar el nombre de la empresa a la que sirve ante los ciudadanos que la forman y la sostienen. Es una consigna a la defensiva. Después del estatuto catalán y las negociaciones con ETA, más sus declaraciones -«mi patria es la libertad», «el concepto de nación es discutido y discutible...»- quiere apuntalarse la imagen de patriota. Suárez, Calvo-Sotelo, González y Aznar no necesitaron puntualizar que presidían el Gobierno «de España».

El Supremo recuerda que las leyes están para cumplirlas, en este caso la que regula el uso de la bandera nacional, obligatoria en todos los edificios y establecimientos «de la administración central, institucional, autonómica, provincial o insular y municipal del Estado». También en la academia de la policía vasca.

Zapatero, según su costumbre, ha eludido pronunciarse sobre el asunto, por conflictivo, pese a la claridad de la sentencia y los preparativos de los nacionalistas para saltársela. Él mismo ha dado pasos que desvirtúan la normativa. Decidió que en La Moncloa la enseña nacional sólo ondeara acompañada por la europea. Además, cada vez que recibe a un presidente autonómico, la correspondiente bandera de la Comunidad figura en pie de igualdad con la nacional. Y si están todos, como en las reuniones de presidentes de ejecutivos regionales, el Senado parece la ONU aunque la ley dice que en esos casos «la bandera de España ocupará lugar preeminente y de máximo honor». El Supremo le brinda ahora la oportunidad de aclarar si su giro hacia el patriotismo no es arrebato preelectoral para anuncios en televisión. Es probable que tenga que hacer cumplir la ley como presidente del Gobierno «de España» y casi seguro que prefiera pastelear con el PNV para evitarlo.

DEL BURGO ALERTA A SANZ DEL RIESGO DE ALEJARSE DEL PP
"Si UPN no hubiera contado con Rajoy, en Navarra hoy habría otro gobierno"
Dos días después de la llegada de Sanz al poder en Navarra, el diputado de UPN Jaime Ignacio del Burgo ha amonestado al nuevo presidente por pedir que su partido tenga un grupo propio en el Congreso. En una entrevista concedida a El Mundo, Del Burgo asegura que "mucha gente dejará de votar a UPN si se desmarca del PP" y más aún "si percibe que es por una exigencia del PSOE". En esta línea destaca que "si UPN no hubiera contado con el apoyo de Rajoy en Navarra, hoy habría otro Gobierno".
Libertad Digital 18 Agosto 2007

El diputado de UPN y portavoz popular en el Congreso, Jaime Ignacio del Burgo da este sábado en El Mundo, un severo repaso al recién nombrado presidente de Navarra, Miguel Sanz, por su propuesta de que UPN deje de estar integrada en el PP y tenga grupo propio en el Congreso. En opinión de Del Burgo, es un error "plantear este debate" ahora porque "por desgracia, en vez de celebrar el éxito, parece que lo que estamos es en un debate interno de separación del PP que planteará problemas al PP y a UPN en vísperas de unas elecciones generales".

Además, Del Burgo enfatiza que, acatar la propuesta de Sanz supondría acabar con un pacto que "logró que dejáramos de pelearnos entre nosotros" y que permitió que "UPN esté en el Gobierno de Navarra desde 1991". También pronostica que "mucha gente en Navarra dejará de votar a UPN si percibe que quiere desmarcarse del PP" y más "si se tiene la impresión de que ese alejamiento del PP se produce como consecuencia de una exigencia del PSOE".

Del Burgo fue el último presidente del PP en Navarra y participó en la redacción del acuerdo que suscribieron PP y UPN en 1991. En virtud de este pacto, UPN se integraba a nivel nacional en el PP. El Partido Popular, por su parte, se integraba en Navarra dentro del partido regionalista. Un pacto que se rompería de prosperar la propuesta de Sanz y traería consecuencias "muy negativas" para el PP porque, en opinión de Del Burgo, "obligaría a la gente a volver a tomar posiciones, a que unos dijeran 'yo soy del PP' y otros 'yo soy de UPN'" algo que empujaría a "disputar el mismo electorado" y que "no tiene sentido" porque es "jugar con fuego".

Precisamente, preguntado sobre este último extremo, Del Burgo afirma que "no quiero pensar" que al hacer esta propuesta, Sanz estaba materializando un pacto con la Ejecutiva Federal del PSOE "porque sería pagar un precio absolutamente inaceptable con tal de llegar al Gobierno de Navarra". No obstante, el diputado popular quiso poner un poco de tranquilidad al decir que "no creo que pasemos de las palabras a los hechos porque esto sería muy complicado y grave".

El Mundo también le interroga sobre si Sanz le había consultado o comentando la propuesta que haría horas antes de ser investido presidente de Navarra, a lo que Del Burgo contesta que "Me enteré por el periódico, no recuerdo haber hablado nunca con él de esto. No me ha pedido opinión". También afirma que "desde que me enteré, he querido pedir reflexión, porque es un tema que hay que meditar con tranquilidad y serenidad".

Sobre el carácter público que ha tomado esta polémica y la actitud de Rajoy en la sesión de investudira de Sanz (quien lejos de atajar el problema aseguró que "hoy no toca" hablar de eso), Del Burgo afirma en las páginas del diario de Pedro J, que "lo mejor que se puede hacer sobre estos temas es no hablar a través de los medios de comunicación, sino intramuros".

Rosa Díez afirma que la jerarquía de la Iglesia Católica vasca “ha perdido hasta la piedad con su discurso político”
La eurodiputada critica las declaraciones del obispo de San Sebastián, en las que abogaba por “buscar un acuerdo” con ETA, aunque “haya que ceder”
Madrid Ep Estrella Digital 18 Agosto 2007

Rosa Díez La eurodiputada Rosa Díez, elegida en las listas del PSOE y actualmente uno de los rostros más conocidos de "Basta Ya", insistió ayer en que la jerarquía de la Iglesia Católica española destinada en el País Vasco "ha perdido hasta la piedad" con su "discurso político" sobre el problema del terrorismo, y se mostró convencida de que "dentro de cien o doscientos años, pedirán perdón". Así se manifiestaba ayer en un texto colgado en su blog personal, comentando las declaraciones del obispo de San Sebastián, Juan María Uriarte, en las que abogaba por "buscar un acuerdo" con ETA, aunque ambas partes tuvieran que ceder.

A su juicio, la Iglesia en el País Vasco "siempre está a favor de los que mandan", y, por ello, "ningún obispo en diócesis vasca desaprovecha la oportunidad para que los nacionalistas --los institucionales y los que matan-- sepan que son de los suyos".

"Esta jerarquía de la Iglesia Católica española ha perdido hasta la piedad. La piedad hacia los que sufren persecución; la piedad hacia los que son los escudos de todos; la piedad hacia los que por ser los escudos de los demócratas, de los débiles, han sido asesinados o son perseguidos, amenazados y extorsionados", remarcó.

Según la eurodiputada, la jerarquía de la Iglesia presenta un comportamiento "que la convierte en cómplice de nuestros verdugos y de este nacionalismo institucional que asfixia nuestra libertad", a lo que añadió que "si hubiera señalado las responsabilidades políticas de un nacionalismo institucional que ha gobernado para garantizar su hegemonía, en vez de garantizar los derechos de todos los ciudadanos, hace mucho tiempo que el PNV hubiera dejado de ser el primer partido de Euskadi".

"Pedirán perdón, como siempre"
En este sentido, Díez aseguró que la jerarquía eclesiástica católica con destino en Euskadi "no hace un discurso espiritual, sino político. Son políticos antes que curas u obispos". "Algunos, como Uriarte, lo hacen porque están de acuerdo con el discurso nacionalista, porque creen verdaderamente que los asesinos tienen sus razones; otros lo hacen para protegerse, para vivir bien, para vivir cómodos", sentenció.

Finalmente, la socialista termina su discurso afirmando que "dentro de cien o doscientos años, pedirán perdón, como siempre, pero entonces ya será demasiado tarde". "Espero que en algún libro de nuestra historia quede recogida su indignidad y su falta de piedad, a ver si a sus sucesores se les cae la cara de vergüenza cuando hablen en los púlpitos de las virtudes cristianas", concluyó.

EN MUTRIKO (GUIPÚZCOA)
Terroristas callejeros atacan con artefactos incendiarios una patrulla de la Ertzaintza
Un día después de la actuación "in extremis" de la Ertzaintza para impedir un nuevo homenaje a terroristas, los proetarras han lanzado dos cócteles molotov contra una patrulla de la policía autonómica en la localidad guipuzcoana de Mutriko. Además, en alusión al homenaje y en plena polémica por la ausencia de banderas españolas en las instituciones vascas pese a la sentencia del Supremo, el vocal del CGPJ Juan Pablo González ha denunciado en la Cope que la política en el País Vasco se ha caracterizado por el "incumplimiento reiterado de la legalidad".
Libertad Digital 18 Agosto 2007

En declaraciones a La Mañana del Fin de Semana de la Cadena COPE, el vocal del CGPJ Juan Pablo González se ha referido a los incidentes de este viernes en San Sebastián, donde la Ertzaintza actuó en el último momento para impedir que se consumara un homenaje a terroristas que había sido prohibido. Según González, situaciones como ésta son una "constante" todos los veranos y suelen ser "toleradas" por la Ertzaintza y sus responsables, que tienen "la competencia de cumplir las resoluciones judiciales y evitar que se cometa delito".

"Existe una responsabilidad política por tolerar esas situaciones" y también podria haber una "responsabilidad penal", ha recordado González en alusión al Ejecutivo vasco. Además, el vocal del CGPJ ha manifestado respecto a este asunto y al del izado de las banderas españolas, que "la política en el País Vasco se ha caracterizado por el incumplimiento reiterado de la legalidad" o, en otras palabras, de la "tolerancia hacia la ilegalidad". Como ejemplo, ha puesto las fiestas de los municipios vascos, donde "habrá profusión de imágenes y fotografías" de presos etarras y "gestos de apoyo expreso a ETA".

En referencia al tema de las banderas ha indicado que es una "cuestión simbólica muy importante". El incumplimiento de la ley que obliga a colocarla en los edificios institucionales supone, según González, "que una norma que se aplica con normalidad en toda España allí es objeto de desprecio". La ley, según González, no se ha cumplido "porque el Gobierno vasco no ha querido cumplirlo" y también "porque ha habido pasividad por parte de las autoridades del Estado", que prefiere, según el vocal, "no molestar a los nacionalistas". Tras recordar que el Gobierno de Zapatero debería instar su ejecución forzosa, González ha recordado que "la convivencia de verdad se defiende siendo escrupulosos con el cumplimiento de la ley".

Terrorismo callejero contra la Ertzaintza
Por otra parte, apenas un día después de que agentes de la Ertzaintza truncaran en el último momento el homenaje a los terroristas, desconocidos lanzaron dos "cócteles molotov" al paso de una patrulla de la Policía Autonómica vasca en una carretera del término municipal de Mutriko, en Guipúzcoa. Según la Ertzaintza, no se han registrado daños.

El ataque se perpetró pasadas las once y media de la noche de ayer en la GI-638, en las inmediaciones del cruce Galdoname, y el lanzamiento se llevó a cabo desde un puente peatonal que cruza la calzada. Los artefactos impactaron en el suelo, sin que causaran daños ni al vehículo policial ni a sus ocupantes, según la misma fuente.

AÍSLA LAS ETAPAS GALLEGAS DE LA CARRERA
La Xunta se las ingenia para anunciar la Vuelta sin nombrar a España
La mano del BNG se deja notar en un cartel que anuncia las tres etapas de La Vuelta que pasarán por suelo gallego. El Gobierno autonómico se las ha ingeniado para no poner el nombre de España en el anuncio y aislar esas tres jornadas del resto de la competición, que no es mencionada por ningún lado. El cartel se puede ver en distintas sucursales de Caixanova y está patrocinado por la Consejería de Cultura y Deporte de la Xunta de Galicia, al frente de la cual está Ánxela Bugallo, de la formación nacionalista que gobierna con el PSOE.
Libertad Digital 18 Agosto 2007

Radicales Libres, blog sindicado en Red Liberal, se hacía eco de la “omisión” del cartel. Ni España, ni Vuelta Ciclista a España, ni nada referente al acontecimiento ciclístico más importante del país aparece en un cartel destinado a dar publicidad a las tres etapas que pasarán por suelo gallego -la primera de ellas es etapa con inicio y llegada en Vigo, la segunda transcurrirá entre Allariz y Santiago de Compostela y la tercera comienza en Vivero pero acaba en Luarca, ya en Asturias-.

El cartel en cuestión lleva la marca de la Consejería de Cultura y Deporte de la Xunta, al frente de la cual está Ánxela Bugallo, del Bloque Nacionalista Gallego. Desde que el BNG controla esta consejería, la promoción a la selección autonómica gallega no ha hecho más que crecer y se ha unido a las aspiraciones nacionalistas que tienen otras como la catalana o la vasca de ser algún día reconocidas oficialmente a nivel internacional.

Un recorrido a medida
El diseño del recorrido de las etapas gallegas de la Vuelta a España resulta muy revelador del modo que tiene el Bloque Nacionalista Gallego de entender la política.

La primera, sale y llega a Vigo, ciudad en la que el director general de Deportes de la Xunta, Santiago Domínguez Olveira, fue el candidato del BNG a la alcaldía. La segunda jornada comienza en el pueblo orensano de Allariz, feudo nacionalista donde el actual líder del BNG y vicepresidente de la Xunta, Anxo Quintana, comenzó su carrera política como alcalde. Y la tercera etapa parte de Vivero, donde, oh casualidad, el concejal de deportes cuando se diseñó el recorrido, antes de las elecciones de mayo de 2007, también era del BNG.

ARCHIVADA LA DENUNCIA CONTRA EL SINDICATO
La Fiscalía fracasa al incriminar a Manos Limpias por denunciar la destrucción de pruebas del 11-M
Continúa la batalla jurídica en torno a la destrucción de los trenes del 11-M; destrucción que se inició 48 horas después de la masacre. El Juzgado número 14 de Madrid ha archivado una denuncia de la Fiscalía contra la asociación de funcionarios Manos Limpias relacionada con la desaparición de los vagones. La Fiscalía pretendía que juzgasen a Manos Limpias por una supuesta falsa denuncia, ya que el sindicato intentó sin éxito que el Supremo investigase la actuación del juez Juan Del Olmo y la fiscal Olga Sánchez.
Luis del Pino Libertad Digital 18 Agosto 2007

El sindicato de funcionarios Manos Limpias presentó una querella en 2006 contra el juez Juan Del Olmo y la fiscal Olga Sánchez ante el Tribunal Supremo, por consentir la destrucción de una prueba de cargo fundamental para la causa.

Los trenes del 11-M fueron destruidos a pesar de que nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal exige que las pruebas se conserven hasta la celebración del juicio, para permitir a las partes personadas realizar peritaciones y contraperitaciones de cara a aclarar cualquier extremo relevante de los hechos.

El análisis pericial de los explosivos ordenado por el tribunal del 11-M, que ha terminado sin resultados concluyentes debido a escasa cantidad de muestras disponibles, ha puesto de manifiesto que los trenes hubieran podido ser fundamentales para determinar el tipo de explosivo empleado en la masacre.

Los trenes no fueron las únicas pruebas destruidas. Pocas semanas después del 11-M, decenas de restos de aparatos electrónicos recogidos en los trenes fueron reducidos a polvo en una empresa de reciclaje de Madrid, mientras que centenares de prendas de ropa y artículos de todo tipo de los pasajeros de los trenes fueron incinerados en el vertedero de Valdemingómez, con el consentimiento, de nuevo, del juez Juan Del Olmo.

La querella de Manos Limpias, sin embargo, se limitaba al tema de la destrucción de los vagones atacados.

La Sala Segunda del Tribunal Supremo, sorprendentemente, archivó el 1/12/2006 la querella de Manos Limpias contra el juez y la fiscal del 11-M.

El auto del Tribunal Supremo aducía que para existir delito por parte del juez y la fiscal tenía que demostrarse la existencia de mala fe en la destrucción de los trenes.

Pero el auto del Supremo, confirmado por un segundo auto el 28/2/2007, iba a más lejos: a propuesta de la Fiscalía, el Tribunal Supremo envió la causa a los juzgados de Madrid, para que se investigara si el sindicato de funcionarios Manos Limpias podía haber incurrido en un posible delito de denuncia falsa.

Ahora, el Juzgado nº 14 de Plaza de Castilla ha archivado la denuncia contra Manos Limpias, al no ver indicios de delito en la actuación de dicho sindicato de funcionarios.

Puesto que no existe delito de denuncia falsa, el Juzgado reconoce implícitamente que existía materia suficiente para la presentación de la querella, independientemente de que ésta fuera luego rechazada.

Se desbarata así la maniobra de la Fiscalía contra Manos Limpias, con la que se pretendía "castigar" a quien había puesto el dedo en una de las más sangrantes llagas de las investigaciones del 11-M: la de la destrucción de las pruebas de cargo de los atentados.
 

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