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Recortes de Prensa     Lunes 20 Agosto   2007

Una lección de ciudadanía
EDITORIAL Libertad Digital 20 Agosto 2007

Un grupo de padres andaluces acudirá hoy al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía para interponer un recurso contra la asignatura Educación para la ciudadanía, con el que pretenden que dicho órgano judicial imponga medidas cautelares para suspender el decreto de la Junta que desarrolla la implantación de esta nueva "materia educativa".

Con independencia de la suerte que pueda correr este recurso, el grupo de padres que lo ha presentado –así como los miles que, dentro y fuera de la comunidad andaluza, ya han presentado declaraciones de objeción de conciencia– está dando una verdadera lección de civismo y ciudadanía, al no permanecer de brazos cruzados ante las liberticidas y sectarias pretensiones que persigue el gobierno de Zapatero con la introducción de esta nueva y mal llamada asignatura obligatoria. Con ella, el Gobierno no sólo pretende adoctrinar moral e ideológicamente a nuestros hijos, sino que envilece los conceptos mismos de educación y ciudadanía para transformarlos en meras herramientas de poder y propaganda política.

Si en varios ocasiones ya hemos denunciado el grado de decadencia y nihilismo moral que manifiestan no pocos manuales de esta nueva asignatura, tampoco vamos a dejar sin comentario el grado de sectarismo político que se evidencia en otros textos, como el que ha publicado la editorial Akal, y del que también se han hecho eco otros medios de información. Aunque no todos los libros dirigidos a los profesores de la nueva "asignatura" se permitan insultar como hace este a determinados periodistas y medios de comunicación o a los votantes del PP, mientras ensalza a regímenes como el de Cuba y Venezuela, ya nos podemos hacer una idea del grado de sectarismo con el que se quiere adoctrinar en las aulas.

Por todo ello, los padres que se están movilizando contra este adoctrinamiento maniqueo típicamente totalitario no sólo están dando muestras de la importancia y el valor que conceden a la educación de sus hijos, sino todo un ejemplo de ciudadanía que no se somete a los dictados del poder como si de serviles y pasivos súbditos se trataran.

Fatiga
IGNACIO CAMACHO ABC 20 Agosto 2007

CREO que fue Felipe González el que aventuró una vez que donde los soberanistas vascos ganarían un hipotético referéndum sobre la autodeterminación no sería en Euskadi, sino en el resto de España, en la que una amplia mayoría de ciudadanos está harta de la presión del nacionalismo. Conviene por ello ir con cuidado a la hora de ceder a la tentación del desistimiento, que en la práctica significa una insolidaria condena a la exclusión de quienes viven en el País Vasco sintiéndose españoles con tanto derecho como los demás. Algo parecido se puede decir de Cataluña, un territorio en el que el separatismo gana terreno a base de provocar un asqueado hastío que agranda la brecha indeseable entre lo catalán y lo español, ahondando en el conflicto artificial que los propios independentistas promueven con la intención de ofrecerse después para solucionarlo a su manera. Resulta fácil picar, desde fuera, en el anzuelo de enviarlos a donde ellos se quieren ir.

Esta estrategia de estimulación ventajista del rechazo subyace, por ejemplo, en la reciente declaración de un Carod-Rovira que identifica «una cierta fatiga de España» tras el colapso de las infraestructuras catalanas, que achaca, por supuesto, a la responsabilidad exclusiva de un «Madrid» en el que los nacionalistas sitúan, como epítome supremo, los males del centralismo. Con esta inculpación de que lo español, o lo que queda de España en Cataluña, es responsable de todo problema que allí se plantee, el gurú soberanista no sólo elude la responsabilidad del Gobierno autonómico del que forma parte -y que, según Maragall, posee tantas competencias que ha convertido en «residual» al Estado-, sino que aprovecha el malestar reinante para ampliar la grieta psicológica entre dos realidades supuestamente enfrentadas o contrapuestas. Lo que Carod pretende no consiste solamente en excitar a su favor los ánimos de una ciudadanía catalana severamente cabreada, sino inducir en España la tentadora sugestión de una respuesta de similar talante rupturista. En otras palabras, se trata de excavar en la desconfianza mutua, de profundizar en el desencuentro a través de la demagógica expresión de los sentimientos primarios. Desencadenar la «fatiga de Cataluña» en una población cansada hasta el hartazgo de desafíos secesionistas, reclamaciones victimistas y maniobras excluyentes de sustancioso ventajismo.

Casi siempre lo consigue, porque cuando ERC pide «que pague Madrid», o sea, que pague el Estado, Madrid va y paga. Con el dinero que necesariamente escamotea a otras comunidades menos gimoteantes, menos chantajistas y por lo general menos estructuradas, cuyos ciudadanos se sienten con todo derecho agraviados por la eterna ansiedad acaparadora del nacionalismo. Pero la culpa no es de quienes piden, sino de quienes dan. De quienes se ponen de rodillas para aplacar el victimismo insolidario. De quienes en su afán de conservar el poder no se aperciben de que la brecha de la mutua fatiga se dilata cada vez que tratan de cerrarla con la arena inconsistente de la cesión y el apaciguamiento.

Fatigas y payasadas prometedoras
Hermann Tersch ABC 20 Agosto 2007

Mala pata. Se empieza por no saber coordinar trenes de cercanías y lejanías en la estación de Sants y se acaba en la plena confusión sobre horarios, responsabilidades, palabros y palabras. Cuando el ministerio de la Verdad del Gobierno Zapatero ha comenzado a gastarse el dinero con entusiasmo para celebrar a bombo y platillo la recuperación del sagrado nombre de España -se nos dice que tras gallarda lucha contra una perversa tribu cavernaria que lo tenía secuestrado-, falla una vez más la coordinación entre los socialistas nacionalistas y nuestra Moncloa estival transhumante. Está claro que la coordinación de actos voluntarios no es el fuerte de estos modernizadores y que, desde luego en verano, les cuesta mucho bañarse y escuchar al mismo tiempo las órdenes de Madrid para que dejen de masticar chicle. Igual que los socialistas navarros han tenido que organizar una larga y forzada frenada para cumplir el ordenado cambio de tercio con su provisional renuncia al acuerdo con el nacionalismo vasco, los socialistas gallegos están tan imbuidos en su concurso nacionalista con el BNG que no se enteran de nada y se les ha escapado que Zapatero quiere que se ponga de moda la palabra España. De aquí a marzo.

El hecho es que, sin que a nadie pueda sorprender en demasía la falta de reflejos, la Xunta de Emilio Pérez Touriño nos ha pergeñado un cartel oficial de la Xunta de la Vuelta Ciclista a la Palabra Liberada que reza: Galicia: na orixe do mellor ciclismo. 1-23 Septiembre (Vigo- Madrid). En el cartel aparece solo el territorio gallego como si de una isla se tratara y el recorrido de la enigmática competición por su geografía hasta que salta hacia un espacio vacío en el este que no se diferencia del mar al oeste y en el norte pero donde, ¡sorpresa! flota -se supone que una aldea que hasta se identifica: Luarca-. Don Emilio hubiera podido ganarse más de un cariño si, avisado, hubiera llenado los pueblos y ciudades de Galicia con grandes pancartas de la «Vuelta ciclista al territorio del Gobierno de España». O «bajo la coordinación del Gobierno de España». Habría mentido por supuesto, pero a estas alturas la sorpresa estaría en que no lo hiciera.

Pero lo dicho, la fatalidad ha surgido con un Pepiño de vacaciones y Maritere probablemente incapaz de comunicarse con la Xunta por falta de traductores al gallego. Así las cosas, nos hallamos ante otra descoordinación que sugiere alguna contradicción. Como esa otra de la cúpula de las instituciones catalanas en recoleta asistencia a una misa por un triste lunático apologeta del terrorismo. O la extensión de la presencia e influencia de fuerzas antisistema más allá de los ghettos tradicionales en el País Vasco y Cataluña para cobrar fuerza de la mano del socialismo en todas las regiones con fuerzas nacionalistas y en el seno de las organizaciones socialistas. O el tontiloquismo de quienes desde el PP o sus aledaños se ven tentados a sumarse a la carrera del particularismo asumiendo la lógica perversa y el supuesto determinismo histórico de la parcelación indefinida de los intereses de una España que es mucho más que la marca que algunos quieren ahora prostituir durante seis meses en ciertos distritos electorales. Las órdenes de mentir cambian cada vez con más premura y más desorden.

Los disparates de este fin de legislatura y los perjuicios que de ellos se derivan hacia la ciudadanía en toda España han alcanzado tales cotas de obviedad grotesca que comienzan a tener el paradójico efecto de albergar un potencial de esperanzas en un cercano fin de ciclo. No puede ser eterna la traca en el patio de Monipodio, con todos los corralitos en agitada competencia por el mayor ridículo y absurdo. En el año IV de la era Zapatero las contradicciones se agudizan ya tanto que no hay que ser Marx ni Gramsci para albergar esperanzas de que en un futuro no muy lejanos sean superadas y se reinstaure al menos la intención de un retorno al sentido común. Si Zapatero ha de recurrir a todo aquello que ha despreciado es porque «la cierta fatiga» que se percibe no es hacia España como dice su aliado Carod Rovira. La fatiga y la indignación parece más bien volverse lentamente contra quienes intentan quebrar una profunda, relevante y plural comunidad nacional capaz de defender un espacio común de solidaridad y libertad. Para crear entes pequeños domeñados, mezquinos, uniformes y miedosos. Es posible que no puedan. Que no sea demasiado tarde.

La Dodge sin ley vasca
EDURNE URIARTE ABC 20 Agosto 2007

En la Dodge, ciudad sin ley, versión vasca, ni siquiera los jueces cumplen la ley de las banderas. Y el sheriff, de nombre, Balza, lidera la rebelión contra le ley. Y le recuerda al sector blandengue, llamado PSOE, que muestra ciertas tentaciones de cumplirla, que no es muy coherente venir ahora con estos remilgos legales cuando hace quince días pretendió pactar ilegalidades bastante mayores con los asesinos locales, la autodeterminación, entre ellas.

Hay que reconocer que este peculiar sheriff que vela por la ilegalidad tiene razón. O se está o no se está con la ilegalidad. Señores, un poco de coherencia. Que la ilegalidad es como la verdad; cuando es a medias, se convierte en otra cosa. Sin saberlo aún, no había leído El País de ayer, Balza también contradijo a Arzalluz. A Arzalluz le parece esperpéntico que el PP crea «la versión de ETA» sobre la negociación. Pero el consejero de interior, algo más enterado de todo lo referido a maleantes, confirma «la versión de ETA». Aquello con la banda de criminales fue un cúmulo de ilegalidades, como acostumbramos por estas tierras.

Y no es que a él le parezca mal. Lo que no entiende es la incoherencia. Treinta años incumpliendo tranquilamente la ley, hasta hace quince días, y ahora esto. El sheriff, que de las contradicciones legales de la Dodge vasca sabe mucho, ha hecho un buen resumen de los pilares constitutivos de la ciudad.

La ilegalidad de las banderas, como otras muchas, ha sido posible porque hasta los sectores más críticos con la filosofía del sheriff y los suyos se han ido adaptando a la particular idiosincrasia del lugar. Entre ellos, los socialistas, que siempre se sintieron incómodos con una misión, ondear la bandera nacional, que podía llevarles a ser tomados por unos vulgares patriotas españoles. Las Dodges nacionalistas les deben a ese temor tanto como al boicot nacionalista a lo que llaman la legalidad española.

La estrafalaria y repudiada minoría que aún habla del estado de derecho es mirada incluso con cierta irritación desde los pueblos vecinos por su resistencia a la adaptación. Aquí, los Errol Flynn de turno son los sospechosos.

Nacionalismo catalán
Progresistas de pacotilla
Daniel Sirera Libertad Digital 20 Agosto 2007

A lo largo de los últimos veinte años, los partidos de izquierdas que hoy forman el tripartito hicieron de la paralización de la construcción de nuevas infraestructuras ferroviarias, viales o de transporte energético, una forma de hacer oposición demagógica a los gobiernos de Pujol en Cataluña y de Aznar en España. Socialistas, independentistas y ex comunistas reconvertidos no sólo se apuntaron a todas las plataformas existentes sino que crearon muchas otras con el único objetivo de ocupar el poder. En los últimos años, los miembros del tripartito se han opuesto a la línea de alta tensión de Bescanó, han estado y siguen estando en contra de la interconexión eléctrica con Francia, se opusieron al pantano de Rialp, han pedido el cierre de las centrales nucleares de Vandellós y Ascó, pusieron problemas medioambientales a la construcción de la tercera pista del aeropuerto y participaron en plataformas en contra de la llegada del AVE a Barcelona.

En nombre de una sostenibilidad mal entendida, se han puesto trabas a cualquier acción que facilitara unas buenas comunicaciones e infraestructuras hasta el punto de caer en la contradicción y el ridículo. Los miembros del tripartito dicen apostar por las energías alternativas pero se niegan a la implantación de parques de energía eólica por su impacto visual, dicen apostar por la energía solar pero se niegan a conceder permisos para la instalación de campos de placas solares. Las contradicciones de la izquierda hacen que Cataluña no avance porque no pueden crearse nuevas empresas por falta de suministro ni nuevos polígonos por falta de conexiones. Ellos son los verdaderos responsables del déficit de infraestructuras que sufre Cataluña.

Ahora que están en el Gobierno necesitan encontrar enemigos exteriores para justificar su ineficacia y mala conciencia. Cuando no es el PP, es Madrid (como los nacionalistas definen a España), y cuando no, es culpa de los ciudadanos o del azar, de Aznar o de Pujol. Ha llegado la hora de que el tripartito alcance la mayoría de edad y abandone el victimismo. No estaría de más que los socialistas catalanes tomasen buena nota, por ejemplo, de la forma de hacer de Gallardón y Aguirre en el Ayuntamiento y en la Comunidad de Madrid. Un buen gobernante debe elegir y priorizar en lo que se gasta el dinero. El PP lo tiene claro: las infraestructuras son clave para el desarrollo y el progreso de los ciudadanos. Gastar nuestro dinero en la plataforma pro selecciones deportivas o en estudios millonarios sobre el grado de hibridación de la codorniz japonesa con la codorniz común no parece la mejor manera de ofrecer a los catalanes los instrumentos necesarios para garantizar nuestro progreso.
Daniel Sirera es presidente del Partido Popular de Cataluña.

Confirmados los peores temores: Rajoy desconoce el partido que preside
Miguel Ángel Orellana elsemanaldigital 20 Agosto 2007

"El que quiere comer aparte es que quiere comer más", dice un dirigente del PP. El debate abierto por Sanz descoloca. El impacto se hizo notar en el rostro de Rajoy.

20 de agosto de 2007. Dicen que en la vida diaria de un hombre corriente suele participar una media de entre 100 y 200 personas, entre parientes, amigos y conocidos de toda clase y condición. Un servidor de ustedes, a causa de la azarosa forma de ganarse la vida que practica, conoce algunos más. Pues bien, ni una sola de las personas que forman parte de mi entorno directo o indirecto ha manifestado una opinión favorable, ni siquiera una palabra de amable disculpa, en torno al acaecimiento que ha acaparado la atención del PP: el deseo del presidente Miguel Sanz de tener grupo parlamentario propio en el Congreso.

Sanz dio así el paso de una incierta apuesta en nombre del "hecho diferencial" de UPN que, por eso mismo, no se ha percibido de igual forma en Lesaka que en Almendralejo. Apenas unas líneas del presidente foral de Navarra recibidas por el PP como dos tortas al dogma de la unidad del partido. Miguel Sanz, tratando de abrirse paso al frente de un gobierno en minoría que además le debe a José Luis Rodríguez Zapatero, se entregó al peligroso juego de mear más alto. Una contrariedad añadida para el líder del Partido Popular, Mariano Rajoy, mientras algo más que un simple regusto amargo se extendió entre en los naranjas campos peperos. Llamadas de móvil a tope.

Rajoy: Un problema de liderazgo
La cara que puso Rajoy el pasado jueves cuando se le preguntó en Pamplona por "lo de Sanz" lo decía todo. El político gallego, fiel a su máxima de esquivar los problemas, echó mano de esa tendencia suya a afincarse en los juegos de palabras vacíos. Pero los presentes notaron el impacto en su rostro sobre la idea de Miguel Sanz de salirse en la práctica del rebaño popular. Y se notó que la cosa iba en serio. Enseguida quedó claro que aquello no iba de sonrisas de pícaros. Y para acabar de oscurecer el entendimiento sobre el cambio de rasante en Navarra, la perplejidad: un Rajoy desbordado salió huyendo del desbarajuste. Y ello pese a que la suerte de Sanz – o sea, su capacidad de jugar a equilibrista – marcará la de Rajoy. Para bien o para mal.

Seguramente lo menos importante en el festejo que nos ocupa consista en preguntarse quién pagaría el coste de la existencia de un grupo parlamentario propio de UPN. Lo de más es reparar, por ejemplo, en el daño que la iniciativa ha infringido al Partido Popular mismo. En este sentido, el líder de la gaviota se anduvo con demasiados paños calientes. Desapacible confirmación. Un mal día para Rajoy. Lo que se demostró es de nuevo una verdad casi de Perogrullo. Para mucha gente importante del propio PP, Rajoy se resiste aún a tomar los galones y a decidir en primera persona. Problemas como los provocados por Sanz no son para pasar de perfil, una especialidad del gallego.

Sanz: la quiebra de las brújulas
En realidad Mariano Rajoy se ha limitado a representar en la crisis el papel que mejor conoce: cuatro trucos verbales. Poca cosa. Pero Sanz es un examen en toda regla para Rajoy y a éste último no le está dejando grandes réditos entre sus bases esa imagen pastueña de quien no se sabe si sube o baja, si está o se va, si entra o sale, la indefinición, el perpetuo interrogante en forma de sonrisa, apenas un apunte, que suele lucir su rostro barbado. De modo que los peores augurios se confirman: este hombre no conoce bien el partido que preside, porque tamaña demostración de falta de mano de hierro y guante de estraza es motivo de preocupación en buen número de cabezas pulcramente habilitadas que luce la Oposición, que algunos empiezan a huir de la devoción a San Mariano.

O sea, que el Partido Popular empieza a cuartearse puertas adentro mientras crece el miedo a un revolcón electoral. Los dirigentes del centro-derecha parecen hormigas legionarias tratando de saber dónde está o dónde va a estar el norte. La orientación en política es fundamental. Y Sanz rompe las brújulas, empezando por la suya. Su regalito –arranque de caballo y parada de burro– es apenas una parte, tal vez un aviso, una muestra del material todavía por desplegar del navarro que va camino de convertirse en arma impagable en manos de Zapatero. No parece que la provisionalidad del Gobierno foral de Navarra puedan arreglarlo San Fermín o el Santiago Apóstol. El PP está pendiente de los próximos movimientos de Miguel Sanz. No es para menos.

El peligro del "pesebre"
Estos días ha ganado metros la sospecha en el Partido Popular de que es más incierto, menos controlable y, por tanto, más peligroso, "el reto Sanz" que cualquier otro. Porque no hace falta ser adivino para imaginar que, cara al futuro, el PP tiene en Miguel Sanz una vía de agua similar a la del Titanic. La política es a menudo cosa de impostores. Se fuerza el discurso, la voz, los argumentos, los estados de ánimo y, a veces, hasta la propia conciencia, para servir un guión elaborado en función de los intereses de partido. Eso es lo que hay bajo la flema de Sanz. El de UPN quiere seguir pisando moqueta mientras que el Partido Popular busca desesperadamente el voto del resto de España. Por tanto, será cosa de ver en pocas semanas a Miguel Sanz saludando con efusividad a Zapatero en las escalinatas de La Moncloa.

Instantánea de caras sonrientes sobre cuya plantilla no encajará ni con fórceps el ladrido popular sobre la entrega de Navarra. Difícil tiempo el que le toca vivir a Mariano Rajoy al frente del PP. Y las elecciones generales están a la vuelta de la esquina. El gallego se encuentra en un cruce de caminos peligroso. Cruce delicado en grado sumo. Y ahí es donde algunos malvados, con la lógica demoledora que proporciona el conocimiento del perro mundo y la no menos perra política, deducen que contra ese peligro "de pesebre" llamado Sanz, esos perennes ritos de apareamiento con Zapatero que orientarán sus pasos, tienen que protegerse los populares bajo la batuta de Rajoy.

Unamuno a Millán Astray en octubre del año 36: "Usted es un impedido pero no conseguirá que todos lo seamos para que usted se sienta bien". Que Miguel Sanz no vea su encaje futuro sin la aquiescencia de José Luis Rodríguez Zapatero, no le autoriza a impedir que sí lo vea Mariano Rajoy después de orientarse debidamente.

REPENSAR ESPAñA
POR FRANCISCO MURO DE ISCAR El Ideal Gallego 20 Agosto 2007

Las televisiones emiten anuncios que terminan con la leyenda "Gobierno de España" y el Ejecutivo de Zapatero ha iniciado una campaña de recuperación de los símbolos nacionales que había cedido al PP y que éste casi monopolizaba por la dejación de los demás y el maltrato de algunos. No sé si pronto escucharemos a Pepiño Blanco diciendo eso de "el orgullo de ser español", pero no me parece mal... con algunas condiciones: que no sea simple diseño vacío de contenido; que no perdamos de vista que los nacionalismos son arcaicos y tienen cada vez menos sentido; que caminamos hacia la ciudadanía universal y la eliminación de las fronteras; y que se necesitan reformas sobre lo que es y lo que debe ser España. Y eso pasa por una reforma del reparto del poder entre el Estado, las autonomías y los municipios.

Nunca las Administraciones Públicas han dispuesto de más medios que ahora; nunca las autonomías han tenido mayor poder para gestionar esos fondos públicos y, sin embargo, hechos como el verano negro de Cataluña indican que algunos gestores de lo público lo han hecho mal. Gallardón reclamaba a Cataluña "un ejercicio de autocrítica sobre cuál ha sido el nivel de inversión que han realizado en su territorio". Si lo hicieran, la nota sería negativa. El consejero catalán de Política Territorial, el socialista Nadal, que nada y guarda la ropa y no critica la pésima gestión de Fomento, dice que "es catastrófica la pugna territorial, el agravio comparativo territorial". Pero eso es lo que se ha hecho desde Cataluña en los años de Pujol, cuando las inversiones fueron importantes, y que ha seguido con Maragall y Montilla, empeñados en el Estatuto y no en los problemas. Nadal añade: "El ?yo quiero más? o ?tanto como el otro? es una aproximación provinciana a las necesidades de la economía española". Totalmente de acuerdo, pero nuestra política es de un provincianismo y una mediocridad insultantes.

Sucede con cualquier pleito económico o político, con el agua, con las banderas, con el idioma... Por eso hay que repensar España: el papel del Estado, el papel de las autonomías, el de los ayuntamientos, que siguen siendo los hermanos pobres, la equidad y el desarrollo solidario para todos los ciudadanos. Hay muchas cosas que funcionan bien en el Estado de las autonomías, pero hay otras que necesitan un cambio profundo. Tal vez la próxima convocatoria electoral sea el momento para abordar el problema.

FATIGA DE ESPAñA
POR CURRI VALENZUELA El Ideal Gallego  20 Agosto 2007

Eso, fatiga de España, es lo que está detectándose en Cataluña. Y quien lo dice, Josep Lluís Carod-Rovira, presidente en funciones de la Generalitat estos días, sabe de lo que habla. Según el número dos del Gobierno catalán y líder de ERC, si en su comunidad se apagan las luces, se colapsan los aeropuertos, se paran los trenes de cercanías y se organizan enormes atascos en las autopistas la culpa es de Madrid. Así que, según su versión simplista y quejicosa de las cosas, el traspaso de todas las competencias del Estado a Cataluña solucionaría todos esos problemas. Pero con mucho dinero traspasado también, claro.

Se hace difícil de comprender desde otros lugares de España por qué los catalanes, por lo menos la mayoría de los catalanes, se cree de verdad esa versión tan lamentable de que Madrid tiene la culpa de todo lo que no funciona en esa comunidad. ¿Tan mal informados están como para suponer que si las oficinas centrales de Endesa se ubicaran en Barcelona esta ciudad dejaría de tener apagones? ¿Nadie tiene la capacidad de discurrir que la Generalitat y los ayuntamientos no han hecho más que poner pegas al desarrollo de la red eléctrica? O, a propósito de las averías en la red de cercanías de Renfe, ¿por qué no se dan cuenta de que no hay que culpar tanto a Madrid de manera genérica y tan poco al hecho de que en Madrid haya una ministra de Fomento tan incompetente como Magdalena Álvarez?

Está comprobado que el nacionalismo se alimenta de la reivindicación llorona frente al Estado central, pero en ningún sitio está prohibido que un gobierno tan nacionalista como este de José Montilla y Josep Lluís Carod-Rovira sea eficaz en su gestión y practique la máxima de a Dios rogando y con el mazo dando.

Pero como no lo es y ya desde la legislatura anterior ha demostrado que solo se ocupa de fomentar el nacionalismo y la queja y apenas nada de practicar la competencia, estamos llegando al punto de que cuando el líder de ERC habla en público de "una cierta fatiga de España" los suyos le aplauden y el resto de los españoles comprende que, efectivamente, eso es lo que sucede. Y también a la inversa, aunque de eso los políticos no hablan.

¡Qué fatiga la que se detecta en España frente a una comunidad que en lugar de gestionar, hacer planes, innovar, dar ejemplo de laboriosidad, hacer que las cosas funcionen se ocupa mayormente de lamentarse!

Crisis de identidad en el PSC
Editorial ABC 20 Agosto 2007

OCHO años de espera para desplazar al Partido Popular del poder no parecen suficiente motivo para mantener en calma las aguas socialistas, inquietas, a pesar de los sondeos de intención de voto, como consecuencia de la derrota en las elecciones locales y autonómicas del 27-M y de la proximidad de las generales de 2008. El balance de Rodríguez Zapatero como secretario general del PSOE tiene sus números rojos en algunas organizaciones regionales de su partido muy importantes para la suma final de escaños. Como Madrid, por ejemplo, donde los socialistas están convalecientes de una crisis que tuvo su causa en la gestión directa del presidente del Gobierno en las designaciones de candidatos fracasados e impuestos al margen de la dirección local. La situación en Navarra habla por sí sola, como ejemplo de la ligereza con la que el PSOE asume sus responsabilidades políticas y, por supuesto, los costes políticos que conlleva ser un partido sin criterio, que no sabe o no puede elegir su opción en una disyuntiva tan sencilla como la que enfrentaba un proyecto foralista con un proyecto nacionalista. En el País Vasco, los socialistas arrancaron la legislatura como paladines del cambio y han acabado como comodines de la expansión nacionalista, que ha alcanzado niveles que parecían olvidados al concentrar el PNV los gobiernos de la Comunidad y de los tres Territorios Históricos.

Cataluña es el último escenario de esta cadena de desestabilizaciones que sufre el socialismo español, que parece no saber si, según el lugar, es socialista, nacionalista o confederalista. Como informa hoy ABC, el bloque «maragallista» del Partido de los Socialistas de Cataluña pretende recuperarse del «montillazo» aplicado por Rodríguez Zapatero para defenestrar a Pasqual Maragall, proponiendo una serie de medidas que reafirmen al partido frente a la dirección central del PSOE. Más que una diferencia de ideología, los seguidores del anterior presidente de la Generalitat representan una visión propia del papel del socialismo catalán en el seno del socialismo español, en la que se enmarcaría la constitución de un grupo propio en el Congreso de los Diputados, planteada por esta corriente del PSC, que contaría por anticipado con cerca de una veintena de parlamentarios. El seguidismo practicado por el tripartito al PSOE en la defensa de la ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, pese a su evidente y personal responsabilidad política por el caos de infraestructuras en Cataluña, ha pesado decisivamente en la apuesta por segregar a los parlamentarios socialistas del Congreso e integrarlos en un grupo propio.

A mayor abundamiento, el descenso electoral de los socialistas en las últimas autonómicas y las consecuencias de la pésima gestión de las crisis de infraestructuras y servicios pueden ser aprovechados por Convergencia i Unió para alcanzar su objetivo de ser decisivo en la conformación del próximo Gobierno central. Está claro que los nacionalistas de CiU han aprendido la lección de estos años, no se fían de Zapatero y quieren dejar a Montilla y su tripartito a solas con los apagones, los atascos en las autopistas y los problemas de los trenes de cercanías. CiU ha pagado su apoyo al PSOE en el Estatuto con otros cuatro años de oposición, con disensiones internas y, sobre todo, con una imagen de aliado «fácil». Las recientes declaraciones tanto de Duran i Lleida como de Artur Mas criticando al tripartito, reivindicando las inversiones en Cataluña por el pacto PP-CiU de 1996 y cancelando el repudio ante notario de cualquier acuerdo con los populares, demuestran que la coalición nacionalista ha abierto una nueva etapa, que tendrá una expresión definitiva en la enmienda a la totalidad que presentarán al proyecto de presupuestos generales del Estado para 2008. Zapatero se ha volcado con promesas de dinero y compromisos políticos hacia Cataluña porque los socialistas empiezan a temer que un descenso del respaldo electoral en esta comunidad arriesgue su victoria en las próximas elecciones generales, cuyo resultado puede dirimirse por un puñado de escaños.

Irak
La guerra que perdió España
GEES Libertad Digital 20 Agosto 2007

España perdió la guerra de Irak por dos causas: la primera, porque el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero se retiró voluntaria y precipitadamente de la misma alegando que las causas de la intervención eran ilegítimas, el método ilegal y las implicaciones desastrosas. Desde entonces España ha sido vista por socios y aliados como un país poco serio en el que no se puede confiar.

La segunda razón por la que España perdió Irak se debe a la actitud timorata del Partido Popular. Si bien sus líderes pensaron en su día que la intervención para derrocar a Saddam era una causa justa, deseable y necesaria, el fracaso de una victoria rápida, los errores de la administración norteamericana y la impresión de que la victoria se volvía imposible por culpa de una violencia galopante llevaron a que los conservadores españoles prefirieran evitar el tema de Irak en sus discursos y que, incluso, se negaran a rebatir argumentos, normalmente bajo la forma de acusaciones maniqueas. La idea de que la guerra de Irak estaba detrás de la derrota del 14-M no por irracional ha dejado de seguir viva.

Toda causa necesita de dos cosas para contar con apoyo social: sentirse como algo legítimo y contar con una perspectiva de victoria razonable. Para el PSOE, dar legitimidad a la situación en Irak era y sigue siendo algo impensable a pesar de que su querida ONU admita lo contrario y esté ahora dispuesta a tener un papel más importante en Irak. Para el PP, que la situación siga pareciendo caótica y que el debate mediático en Estados Unidos gire sobre cómo gestionar una derrota hace que sea mejor no mentar la bicha. Ambas actitudes se refuerzan. Aún peor, refuerzan la posición del actual Gobierno de Rodríguez Zapatero ya que lo único que se dice, se habla y escucha es lo mal que va Irak, lo malo de la intervención, la ilegalidad de la guerra y todo eso a lo que estamos acostumbrados.

Todavía peor es que ambas actitudes niegan la realidad de los hechos: no sólo la intervención contó con una causa justa, sino que, a pesar de los numerosos errores cometidos en estos últimos años, hoy es más visible que nunca que la derrota no sólo no está cerca, sino que podría evitarse.

Ambas actitudes se han quedado congeladas en visiones de un Irak y un debate que ha sido superado con los hechos. La nueva estrategia americana, el llamado surge, está dando sus resultados y eso es algo que ni siquiera los demócratas ya niegan en Washington. La nueva estrategia no es sólo una cuestión de cantidad de número de soldados desplegados, sino, posiblemente, de cambio de aproximación militar al problema de la violencia en Irak. Ya no se trata solo de dar caza a los miembros de Al Qaeda que actúan en la zona desde unas bases donde las tropas aguardaban la acción acantonadas, como la caballería en el lejano Oeste. Ahora se trata esencialmente de dar seguridad directa a los ciudadanos. Y eso, en la forma de patrullas conjuntas con las fuerzas de seguridad y el ejército iraquí, está dando sus frutos. La violencia sectaria disminuye y los atentados de Al Qaeda son cada día más repudiados por los propios iraquíes, sean sunníes, chiíes o kurdos. El hecho de que los últimos atentados se hayan producido fuera de Bagdad es una buena prueba de que algo está cambiando sobre el terreno. Y para bien.

El PSOE no va a cambiar su discurso sobre Irak porque cree que a eso se debió el vuelco electoral del 14-M (y los atentados del 11-M que lo provocaron en primera instancia). Pero el PP debe cambiar su silencio cuanto antes y perder el miedo a la confrontación ideológica sobre Irak. No habría nada más patético que una victoria en Irak con un Gobierno socialista en España que dejó a los aliados en la estacada y, aún peor, se desentendió del destino de los iraquíes, y un partido de la oposición que renuncia a defender la causa de la democracia y la victoria sobre el terrorismo, justo cuando todo eso empieza a ser imaginable en Irak.

El PSOE de Zapatero está perdido para la comunidad occidental y nuestros aliados. El PP debiera comenzar a ganárselos decididamente. Es el destino de España, en tanto que nación responsable, lo que está en juego.
GEES, Grupo de Estudios Estratégicos.

Los españoles se hartan de los nacionalistas permitiendo que ganen terreno
 Periodista Digital 20 Agosto 2007

En España ocurre un curioso fenómeno que ha llamado la atención del brillante columnista de ABC, Ignacio Camacho. Los nacionalismos periféricos ganan terreno y acaparan más prebendas y privilegios pero no por convicción sino por fatiga, por hastío de los españoles, hartos de tener que soportar sus reiteradas exigencias y chantajes.

"Creo que fue Felipe González el que aventuró una vez que donde los soberanistas vascos ganarían un hipotético referéndum sobre la autodeterminación no sería en Euskadi, sino en el resto de España, en la que una amplia mayoría de ciudadanos está harta de la presión del nacionalismo."

La legislatura de Rodríguez Zapatero será recordada por la notoria inclinación de la Moncloa a no irritar a los nacionalismos. Por el contrario, en lo posible lo mejor para el PSOE ha sido pactar con ellos y cumplir con sus exigencias, una tendencia que se ha frenado luego del fin de la tregua de ETA y que muestra a Zapatero en su renovada versión vacua y españolista.

"Un territorio en el que el separatismo gana terreno a base de provocar un asqueado hastío que agranda la brecha indeseable entre lo catalán y lo español, ahondando en el conflicto artificial que los propios independentistas promueven con la intención de ofrecerse después para solucionarlo a su manera. Resulta fácil picar, desde fuera, en el anzuelo de enviarlos a donde ellos se quieren ir."

Esto es lo que lleva a los nacionalistas de ERC, BNG y PNV a explotar deficiencias en materia de sanidad, educación o infraestructuras culpando a Madrid. La jugada no puede ser más evidente ya que se trata de rentabilizar la fatiga que hay en el resto de España con los nacionalismos y la propia fatiga que hay en las comunidades rehenes de los atavismos regionalistas que también están cansadas de que las utilicen demagógicamente:

Lo que Carod pretende no consiste solamente en excitar a su favor los ánimos de una ciudadanía catalana severamente cabreada, sino inducir en España la tentadora sugestión de una respuesta de similar talante rupturista. En otras palabras, se trata de excavar en la desconfianza mutua, de profundizar en el desencuentro a través de la demagógica expresión de los sentimientos primarios. Desencadenar la «fatiga de Cataluña» en una población cansada hasta el hartazgo de desafíos secesionistas, reclamaciones victimistas y maniobras excluyentes de sustancioso ventajismo.

Sabedores de que siempre ganan, la eterna ansiedad acaparadora del nacionalismo está muy lejos de ser apaciguada.

Casi siempre lo consigue, porque cuando ERC pide «que pague Madrid», o sea, que pague el Estado, Madrid va y paga.

El otro impuesto revolucionario:paz por votos
J. PAGOLA MADRID. ABC 20 Agosto 2007

ETA también cobra el «impuesto revolucionario» en forma de votos: «vosotros apoyáis en las urnas mi marca electoral -Batasuna, PCTV, ANV- y Euskadi ta Askatasuna os garantiza durante los próximos años la paz en el municipio. En caso contrario, la Organización tomará represalias».

Una mayoría de los vecinos de Hernani, Oyarzun, Pasajes, Lezo, Usúrbil, Vergara, Azpeitia, Mondragón... se plegaron al chantaje el pasado 27 de mayo. Y ETA, como recompensa por el triunfo de ANV y el correspondiente control de sus ayuntamientos, ha blindado estos municipios de los actos de «kale borroka» que asolan sin tregua al conjunto del País Vasco y Navarra. «Habrá quien vota las candidaturas de ETA por el mero hecho de simpatizar con la banda y sus procedimientos gansteriles, pero una apreciable mayoría de ese segmento lo hace simplemente para comprar su tranquilidad», aseguran a ABC expertos en la lucha antiterrorista. El precio que han pagado sus habitantes por la aparente paz -la de los cementerios- es demasiado elevado: su falta de libertad, su sometimiento a la tiranía, su resignación a sobrevivir, callados, en un régimen euskotalibán. Es pura mafia, es como aquel que contrata a un matón, simplemente para que este no le mate.

¿Desde cuándo los proeterras no perpetran un ataque de «kale borroka» en toda regla, o, mucho menos, una «razzia» de castigo contra la población en Hernani, Oyarzun, Lezo..., convertidos en «oasis» por la gracia de ETA? En estos municipios no hay un cajero automático calcinado. No huela a neumático quemado, ni tan siquiera en la plaza Cinco Enea de Hernani, lugar de confluencia de numerosos autobuses -objetivo predilecto de los «borroka»-, que unen esta población con otros núcleos urbanos. En cambio, otras ciudades, como San Sebastián, Vitoria, Bilbao, Pamplona, Motrico, Guecho, Amorebieta, Ondárroa, Tafalla, Tudela, Castejón... no se han plegado al chantaje de la banda. Bien porque la justicia anuló sus candidaturas, bien porque la representación obtenida por ANV en sus ayuntamientos ha sido minoritaria. Y ETA ya ha empezado a cumplir sus amenazas.

Sólo en lo que va de agosto, varias de estas localidades han sido objeto de la «vendetta» de los proetarras. El pasado día 4, atacaron varias entidades bancarias, la sede del PNV y el juzgado de paz de Ondárroa, un tradicional feudo perdido por ETA-Batasuna. Los «borroka» represalían a sus habitantes porque, en lugar de prestarse al juego de la abstención o el voto nulo, que la banda los hubiera rentabilizado como propios, se decantaron por otras candidaturas.

La venganza de la banda
Vitoria, una ciudad que siempre ha dado la espalda mayoritariamente a la banda y sus tramas políticas, ha recibido este mes el zarpazo, con saña, de los proetarras. El 7 de agosto quemaban en esta capital el vehículo particular de un ertzaina y un día después incendiaban otros cinco coches. El 14 irrumpían de nuevo en la capital alavesa para calcinar un vehículo propiedad del ayuntamiento. Un ayuntamiento que ETA nunca controlará.

El pasado día 8, los terroristas de Segi atacaban la sede de UPN en Tafalla, localidad en la que ni Batasuna ni ANV tuvieron opción de alcanzar representación institucional.

El 14 fue especialmente virulento. Los aspirantes a entrar en la «ETA de los comandos» cometieron un sabotaje en la línea ferroviaria que une Tudela, Castejón y Pamplona, ninguna de estas tres poblaciones es feudo, ni de lejos, de la organización criminal; quemaron además un autobús urbano en San Sebastián; atacaron la sede central del PNV en esta misma ciudad y, ya en el municipio vizcaíno de Amorebieta, lanzaron cócteles molotov contra el juzgado de paz y contra tres entidades bancarias».El 17, los terroristas atacaron en Motrico a una patrulla de la Ertzaintza.

Plan desestabilizador
Tras las elecciones de mayo, los expertos, tal y como se hizo eco ABC, desvelaron que ETA había diseñado un plan de desestabilización en aquellos municipios en los que la representación de ANV era nula o mínima. La estrategia consiste en reventar plenos; acosar sin tregua a los ediles del resto de partidos, en forma de amenazas telefónicas, pintadas en sus domicilios, concentraciones..., Y todo ello reforzado con un aumento de la «borroka».

Recientemente, ETA abroncó a los activistas de Segi porque a lo largo de julio y principios de agosto su rendimiento a la hora de cumplir en el frente del terrorismo callejero había sido insuficiente. Este «tirón de orejas», precisamente, ha coincidido con el último rebrote de los actos vandálicos. En cualquier caso, los analistas auguran que con la llegada del nuevo curso se intensificará el acoso a los ediles «ladrones» y «traidores», según califica el manual de los terroristas a los representantes de la soberanía popular.

Y, también, con la llegada del nuevo curso político, localidades como Hernani, Oyarzun, Lezo, Usúrbil, habrán disfrutado de un verano bonancible y sus ayuntamientos podrán celebrar, «con la normalidad», sus plenos y comisiones, eso sí, para destinar generosas partidas económicas a los presos de ETA, financiar los viajes de sus familiares a prisión, comprar un ordenador último modelo para algún etarra recluido en La Santé y prestar la logística con vistas a la celebración de actos de enaltecimiento del terror.

ATACAN UNA OFICINA BANCANARIA EN VIZCAYA
El Foro Ermua ve crecida a ETA en la calle porque "el Gobierno no lucha en todos los frentes"
¿Dónde está el cambio en la política anti-terrorista?, se pregunta el Foro Ermua. "Estamos en una situación de indefinición, no es exactamente lo de antes [durante la falsa tregua], pero tampoco se aprecia una lucha contra el terrorismo en todos los frentes", ha comentado Mikel Buesa a COPE. Los terroristas siguen crecidos en la calle, con un nuevo ataque a una oficina bancaria este domingo, y en su campaña de extorsión a empresarios. Buesa atribuye la impunidad de esta dimensión etarra a "la falta de voluntad del Gobierno que es el que tiene la competencia de orden público".
Libertad Digital 20 Agosto 2007

El Foro Ermua analiza el aumento de la actividad terrorista en las calles del País Vasco –excepto en las de los municipios donde gobierna Batasuna-ETA a través de ANV– como parte de una estrategia para "dejar clara su presencia política".

Mikel Buesa cree que ése es el objetivo de la campaña de atentados callejeros, independientemente de que "las directrices concretas puedan variar, de una etapa a otra", según ha declarado el portavoz de la asociación de víctimas a La Mañana de COPE.

En estos momentos, opina, "ETA está ordenando atentados contra oficinas bancarias, cargos públicos y sedes de partidos, como apoyo a su campaña de extorsión económica".

Si los terroristas están crecidos es, en parte, porque "se ha hecho la vista gorda durante los tres años de negociaciones más o menos encubiertas. Eso hace que se vean superiores, aunque sean grupos muy minoritarios", señala Buesa.

La otra razón de su capacidad de amedrentar es, a su juicio, "la falta de voluntad del Gobierno, que es el que tiene la competencia de orden público. Es la falta de solidez del Estado a la hora de hacer cumplir las leyes, lo que está detrás del poder de unos grupos muy pequeños y minoritarios".

En ese sentido, las cosas han cambiado muy poco en la política anti-terrorista posterior a la ruptura de la tregua.
"No tenemos grandes cambios", observa el portavoz del Foro Ermua, y añade que "lo que ha ocurrido es que el Gobierno ha dejado de negociar, quiere dar una dar una apariencia de que quiere que se cumplan las leyes, pero luego sus socios en distintos gobiernos que han establecido pactos con ETA hacen lo contrario, y nadie dice nada y el PSOE no se atreve a enmendar plana a sus socios".

"Estamos en una situación de indefinición; no es exactamente lo de antes, pero tampoco un cambio que se oriente a una lucha en todos los frentes. Se han detendio terroristas, bien es verdad que la mayoría en Francia. Pero las manifestaciones política del terrorismo, la extorsión, el terrorismo callejero, todo eso está mucho menos combatido por el Gobierno".

El portavoz de Ermua ha anunciado, además, que su organización presentará querellas contra las autoridades que no hagan cumplir la Ley de Símbolos Nacionales, en lo que respecta a la exhibición de la bandera española en sedes institucionales.

"Hay que hacerlo con cierta calma e inteligencia. La precipitación puede hacer que se pierdan posibilidades ante los tribunales. Primero haremos requerimientos ante las autoridades, y a partir de ahí, en función de su respuesta, acudiremos a los tribunales. Va a durar cierto tiempo, pero si tenemos paciencia, acabaremos sentando en el banquillo a algunos representantes que no cumplen la Ley".

El Foro Ermua trabaja, por otra parte, en una propuesta de reforma electoral que "permita reforzar el sistema de 1978".

"El actual sistema da a los nacionalistas un peso desmesurado. Corregir ese problema que presenta la Constitución de 1978 es uno de los objetivos de nuestra propuesta. Otro, que haya una definición clara de las competencias del Estado y las Comunidades Autónomas, para evitar esa pugna continua por el techo de competencias, de la que se sriven los nacionalistas para vaciar continuamente de contenidos las facultades del Estado".

SEGÚN LA GACETA, NO SE DETERMINARÁ EL AUTOR
La sentencia del 11-M pedirá sentar en el banquillo a mandos policiales por mentir
El Tribunal del 11-M "pedirá deducir testimonio contra mandos" de la Policía y la Guardia Civil por falsificar pruebas o mentir durante la vista oral. Así, al menos, lo adelanta La Gaceta de los Negocios en su edición de este lunes, en la que también asegura que el tribunal "no va a poder determinar quién fue el verdadero autor intelectual de la masacre".
Libertad Digital 20 Agosto 2007

Relevante información, la publicada este lunes por La Gaceta de Los Negocios, que, citando "fuentes cercanas a los miembros del tribunal", sostiene que los tres magistrados que juzgan el 11-M "tienen claro" que "durante el juicio ha habido demasiadas mentiras".

La misma fuente periodística asegura que los tres magistrados siguen una intensa deliberación en la que "no está siendo nada fácil ponerse de acuerdo", aunque entre los aspectos en los que ya coinciden es en la certeza de que algunos jefes policiales del Ministerio del Interior que han pasado por el juicio han mentido, y también que "no se ha podido determinar quién o quiénes ordenaron los atentados".

Según el mismo diario, el Tribunal "no quiere entrar a valorar por qué ni qué hay detrás de esas mentiras vertidas en sede judicial por destacados representantes de las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado".

Sin embargo, han decidido que la sentencia "pedirá deducir testimonio" contra esos mandos, para que se sienten en el banquillo de otro juzgado.

"Los magistrados actuarán contra uniformados de la Policía y de la Guardia Civil", ha publicado el diario que dirige Fernando Rayón Valpuesta.

De la Policía, el Tribunal tiene previsto imputar a "algunos de los que instruyeron las diligencias policiales, tras demostrarse que han sido varias las ocasiones en que se ha tratado (y en alguna conseguido) falsificar algunos de los documentos u ocultar otros al juez instructor".

También –siempre según La Gaceta– "quieren que se depuren responsabilidades contra mandos de la Policía que participaron en los análisis científicos sobre los explosivos utilizados por los terroristas en la masacre".

La misma información aventura probables señalados por el Tribunal: "algunos de los responsables de los Tedax o, incluso, de la Policía Científica".

Entre los mandos de la Guardia Civil, el fallo previsto por el Tribunal –según La Gaceta– pedirá deducir testimonio de "algunos de los agentes que investigaron la trama de tráfico de explosivos que actuaba por Asturias".

"Los magistrados entienden" –sostiene el mismo periódico– "que algunos de estos agentes (que tenían estrechas relaciones con confidentes que están ahora procesados por los hechos) no sólo no han dicho toda la verdad sobre lo que saben, sino que han tratado de confundir a los magistrados que han juzgado el caso. En este punto", asegura La Gaceta, "sí que están todos de acuerdo".

La misma revelación periodística se permite adelantar, además, que "el Tribunal no va a poder determinar quién fue el verdadero autor intelectual" de los atentados del 11 de marzo de 2004.

El gran escollo que están encontrando los magistrados en su deliberación es determinar el tipo de explosivo utilizado en los ataques: es "el gran quebradero de cabeza", dice el diario. "Si hay dudas sobre el explosivo, ¿cómo condenar por la masacre al ex minero Suárez Trashorras?".

SANCIONES DE ENTRE 1.500 y 15.000 EUROS
El Gobierno balear aplicará la ley que multa a las tiendas sin rótulos en catalán
EL MUNDO 20 Agosto 2007

PALMA.- El nuevo Gobierno balear del 'Pacte' aplicará la Ley de Comercio aprobada por el Parlament en 2001 que prevé la imposición de multas de entre 1.500 y 15.000 euros a los establecimientos que no rotulen en catalán o no puedan atender a sus clientes en esta lengua, informa EL MUNDO.

Esta ley, que entró en vigor en enero de 2003, introdujo importantes novedades, como la moratoria en la apertura de grandes superficies y la limitación de los horarios comerciales a un máximo de 72 horas semanales, encaminadas a proteger a los pequeños establecimientos familiares.

Sin embargo, durante la pasada legislatura, el Govern del 'popular' Jaume Matas dejó en cuarentena la aplicación de uno de sus apartados más polémicos, el dedicado a los "derechos lingüísticos de los consumidores".

Este apartado establece que la rotulación tanto exterior como interior de todos los comercios debe estar redactada, "al menos, en catalán". Además, las tiendas que tengan una plantilla de más de tres personas deben estar en condiciones de atender en cualquiera de las dos lenguas oficiales de la comunidad, la que elija el cliente. Por tanto, están obligadas a tener al menos un dependiente que sepa hablar catalán.

Educación
El recurso andaluz contra Ciudadanía reivindica la libertad «religiosa y moral»
Los padres denuncian que el Gobierno ha sobrepasado hasta los límites impuestos en la LOE
Celia Maza La Razón 20 Agosto 2007

Madrid- El recurso que interpone hoy un grupo de padres de Sevilla al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) contra Educación para la Ciudadanía denuncia que el Gobierno ha traspasado los límites impuestos por la propia Ley Orgánica de Educación (LOE) al desarrollar los contenidos mínimos de la polémica asignatura.

El texto, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, expone que la LOE reconoce la necesidad de proteger los derechos fundamentales de los padres o tutores en relación con la educación de sus hijos y, entre otros, señala el derecho a que «reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones».

El recurso denuncia que, mientras que la norma insiste en «ofrecer a todos los estudiantes un espacio de reflexión, análisis y estudio acerca de las características fundamentales de un régimen democrático y en las declaraciones universales de los derechos humanos», el Ejecutivo autonómico «ha ido más allá».

Combate la Iglesia
El documento también recoge las palabras de la vicepresidenta Primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, quien, según el texto, «ha reconocido que la asignatura educa a niños y jóvenes en determinados valores que combate la Iglesia, y ha insistido en que la norma obliga a todos sin excepciones».

La materia, para los objetores, no sólo persigue la transmisión de conocimientos objetivos, como la Constitución de 1978 o el Estatuto de Autonomía para Andalucía, sino que también eleva «la Ideología de Género a a la categoría de conciencia moral y ética social, diseñada además como la única moral o ética socialmente aceptable».

Entre las finalidades que tiene la asignatura en esta comunidad autónoma, el recurso destaca «comprender el funcionamiento del sistema sexo-género que configura la identidad masculina y femenina», el «estudio de nuevos modelos de masculinidad y feminidad», el «género y relaciones afectivas y sexuales entre hombres y mujeres», y la «homosexualidad».

En este sentido, según el documento, «el Ejecutivo cae en el error de su propia contradicción», ya que «excluye del pluralismo moral o ético socialmente válido» otras opciones posibles, «tan aceptadas por la generalidad de la sociedad, o por el contrario, necesitadas de igual garantía y protección, por respeto a las minorías», como «la conciencia moral católica».

Pero sin duda, uno de los puntos que más preocupa a los padres es que en Andalucía, la polémica asignatura va a inspirar los conocimientos del resto de materias.

Según el recurso presentado por los padres objetores, el decreto que desarrolla la asignatura en la comunidad autónoma dispone que los centros docentes incluirán el área de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos añadiéndola al resto de áreas impartidas en Educación Secundaria Obligatoria.

Por todo ello, los padres andaluces piden que la materia sea optativa, ya que de este modo «se evitarían problemas».

Actos para septiembre
Por su parte, Jaime Urcelay, presidente de Profesionales por la Ética -asociación promotora de la objeción de conciencia a la polémica materia- ha anunciado que durante la primera quincena de septiembre, dicha asociación ha organizado diferentes actos en Andalucía, ya que «se ha detectado especial preocupación por el sectarismo que la administración educativa de esta comunidad autónoma ha demostrado en los últimos años».

De acuerdo con Urcelay, «la Junta de Andalucía ha mantenido durante todo el proceso de elaboración de los currículos de Educación para la Ciudadanía una actitud de nula transparencia para pretender que la asignatura pudiera ser implantada sin que los padres tuvieran el pleno conocimiento de lo que va a significar». En este sentido, los padres objetores andaluces se quejan de que la Junta ha publicado todo el desarrollo de la materia una vez que el proceso de matriculación de los alumnos para el próximo curso estaba ya cerrado.

Más de 13.000 opositores a la asignatura en España

Más de 13.000 familias españolas se han mostrado ya en contra de la nueva asignatura de Educación para la Ciudadanía y han presentado solicitudes para declararse «objetores de conciencia». Entre estos opositores destacan los andaluces. En primer lugar, por el porcentaje de los objetores que suponen: las 2.000 familias andaluzas que se han declarado objetoras suponen un 15,3 por ciento del total. Pero es que, además, a estas familias les afecta especialmente todo lo relacionado con la asignatura, puesto que el curso que viene, que empieza en menos de un mes, Andalucía será una de las comunidades autónomas que empezarán a impartir la materia, y no esperará hasta el curso 2008-2009. Junto a los centros andaluces, los del resto de las comunidades gobernadas por el Partido Socialista, excepto Castilla-La Mancha, se suben este mes de septiembre al carro de la nueva asignatura.

El Ministerio de Educación, sin embargo, ha querido evitar la polémica y ha decidido retrasar un año más la implantación de la materia en el territorio que todavía gestiona, el de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. En las comunidades gobernadas por el Partido Popular, por su parte, las autoridades han manifestado que retrasarán la puesta en marcha de la asignatura todo lo que les permita la ley. De este modo, si el PP gana las próximas elecciones generales y retira la materia, no habrán empezado a impartirla. Si, finalmente, Ciudadanía llega a sus aulas, los gobiernos populares se ceñirán «a los contenidos mínimos».

Interior
Interior investiga el papel de los sindicatos proetarras en la trama del chantaje terrorista
Pequeños y medianos empresarios extorsionados «consultan» a los sindicalistas presentes en sus industrias - Las Fuerzas de Seguridad sospechan que facilitan información a la banda sobre la solvencia de las entidades
J. M. Zuloaga La Razón 20 Agosto 2007

MADRID- Las Fuerzas de Seguridad sospechan que los industriales extorsionados por ETA «consultan» a los miembros de los sindicatos del entramado de la banda presentes en sus empresas nada más recibir las misivas amenazadoras. Y que son algunos de estos individuos los que se ocupan de facilitar la información sobre la disponibilidad económica de la persona que va a ser chantajeada.

Se trata, según han reconocido a LA RAZÓN fuentes antiterroristas, de un asunto difícil de investigar, pero se «está en ello». Se sabe que, en especial en las pequeñas y medianas empresas, se está produciendo este fenómeno. El hecho de que la banda haya incrementado, después de la ruptura del «alto el fuego», el envío de cartas con la exigencia del «impuesto revolucionario» lo convierte en algo «muy preocupante».

Los datos que ETA pueda sacar del censo electoral o de los anuarios mercantiles no son suficientes, y los terroristas prefieren ir «sobre seguro» a la hora de exigir una cantidad concreta al industrial chantajeado. Hay casos en que los sindicatos del entramado de la banda no están presentes en las empresas por las que se interesan los terroristas, pero, según las citadas fuentes, son los menos.

Doble efecto
La comunicación entre el empresario y el sindicalista, que forma parte de su plantilla, tiene el doble efecto de comprobar que la carta recibida procede de ETA y, de alguna manera, avisar de que se va a producir el pago del dinero. Ha habido casos, según las citadas fuentes, en que el industrial ha echado en cara al sindicalista la extorsión y la contestación ha sido la de que se trataba de un asunto que concernía al empresario y a la banda, y que si le pedían el dinero «sería por algo».
La investigación de todo lo concerniente al chantaje terrorista que ETA denomina «impuesto revolucionario» ha chocado siempre con la negativa de los empresarios que pasan a colaborar con las Fuerzas de Seguridad del Estado. La amenaza de la banda terrorista, contenida en la carta de extorsión, de que actuarán contra ellos, sus familias o sus bienes si avisan a la Guardia Civil, Policía o Ertzaintza, pesa tanto como la presencia en las industrias de esos miembros de los sindicatos proetarras que, en muchos casos, forman parte de los comités de empresa, y que la persona chantajeada visualiza como auténticos «vigilantes», lo sean o no.

La pertenencia de estos sindicatos al entramado de la banda, que todo el mundo conoce, les convierte, como en el anuncio de los zumos, en los supuestos «débiles» que juegan con la ventaja de tener un primo poderoso, temible, y que, además, en este caso concreto, destruye y mata.

Es una amenaza que nadie denuncia pero que existe y que contribuye, según comentan las citadas fuentes, a que muchos empresarios se sientan obligados a pagar el «impuesto». La alternativa es dejar el País Vasco o Navarra, y no todos lo pueden hacer.

Operaciones policiales
Este papel de los sindicatos proetarras en relación con el cobro del «impuesto revolucionario» se ha podido acreditar en alguna ocasión. En enero del año 1992, la Ertzaintza realizó una importante operación contra este entramado tras la que fueron imputados, al menos, un abogado y un miembro de LAB. En concreto, dos individuos, pertenecientes a los periódicos «Egin» y «Egunkaria», que se encargaban de cobrar a los empresarios, entregaban el dinero en la sede del sindicato en Rentería.

Miembros de dicho sindicato han sido detenidos en los últimos años en varias operaciones contra ETA, como José Luis Cereceda, en 1989, en la que permitió la desarticulación el «comando Araba». En el año 2003, el arrestado fue Roberto Saiz Olmo, el delegado de Sanidad de LAB, en una amplia operación contra el «comando Vizcaya».

La ilegalización de LAB hubiera sido, de haber ganado las elecciones el Partido Popular en marzo del año 2004, el siguiente paso de la operación que contra el entramado de la banda ETA se realizó durante el Gobierno de José María Aznar (con el apoyo del PSOE y de José Luis Rodríguez Zapatero) dentro de la que ha sido considerada por los expertos como la mejor política antiterrorista que ha tenido España en su historia.

La victoria del PSOE que, según se supo después, ya mantenía contactos con la ilegalizada Batasuna que cristalizaron en el llamado «proceso de paz» y la fracasada negociación con ETA, paralizó por completo la operación y dejó a LAB libre de la ilegalización.

Grupos separatistas vascos utilizan el verano para apoyar a movimientos políticos violentos y dictaduras bananeras
MinutoDigital 20 Agosto 2007

Fue una de las premisas del separatismo en el proceso de rendición de Zapatero ante ETA: la internacionalización del conflicto. Fruto de ese acuerdo, pudimos asistir en Bruselas al debate sobre la negociación con el grupo terrorista.

En todo caso, son numerosos los grupos afines al entramado separatista que utilizan los meses de verano para entablar relaciones y apoyar a grupos violentos y dictaduras. Es el caso de Askapena, grupo que reparte por diversos lugares del mundo sus ‘brigadas’ de apoyo.

Estos grupos, formados fundamentalmente por jóvenes independentistas, pasan semanas en contacto con grupos de diversos lugares del mundo inmersos en procesos violentos. Apoyo a los zapatistas, los movimientos indigenistas, mapuches o los grupos de apoyo a Chavez son norma usual de sus veranos.

Estas jornadas también son utilizadas para transmitir una visión sesgada de la realidad vasca. De estas campañas nacen los apoyos a diversos grupos y ‘ONGs’ por parte del chavismo o grupos radicales indigenistas.

Estos grupos también se despliegan en zonas como Palestina, Libia y, antes de la guerra, el propio Irak.

TAMBIÉN ARGENTINA
Durante los pasados días 7 y 8 de agosto las integrantes de otra de estas brigadas fueron recibidos en Argentina por senadores y diputados pertenecientes al ‘Bloque Frente para la Victoria’ y ‘Movimiento Evita’ integrados en el oficialismo. Las reuniones fueron realizadas en el Senado y en la Gobernación de la Plata, capital de la Provincia de Buenos Aires.

Según puede leerse en varias webs del entorno separatista “a lo largo de estas reuniones las integrantes de Askapena tuvieron la posibilidad de informar a los principales representantes políticos de la Plata sobre la realidad represiva y política que se vive en Euskal Herria y se les entrego la última propuesta por un marco democrático de Batasuna. La senadora Adela Segarra, responsable del gabinete de derechos humanos, recalcó la importancia de la iniciativa de Askapena, así como la necesidad de recabar apoyo internacional en la resolución de conflictos.”

APOYO DE LAS DICTADURAS
La relación entre el separatismo vasco y las dictaduras de Hispanoamérica existe. Sin ir más lejos el propio Chavez se ofreció a Zapatero como mediador con ETA. Los ejemplos de la complicidad entre Chavez y ETA son muchos.

En marzo del 2001 cuando se le preguntó por los miembros de ETA que están en Venezuela, el dictador venezolano se refirió a ellos como un grupo de refugiados que desde hace 20 años se fueron a vivir a Venezuela.

Chavez negó la extradición de Miguel Ángel Aldana, acusado de cuatro asesinatos entre 1978 y 1979; Eugenio Barrutiabengoa, al que se imputan siete crímenes en 1979 y 1980; Jesús Ricardo Arteaga, con tres sumarios por asesinato; Ramón Sagarzazu, supuesto miembro del aparato de ‘mugas’ de ETA; Martín San Sebastián, por su relación con cuatro asesinatos; Luis María Olalde, presunto autor de la muerte de tres guardias civiles en 1979, y José Lorenzo Ayestarán, por pertenecía a dos comandos.

Los magistrados de la Sala Especial del Tribunal Supremo, en el proceso de ilegalización de Batasuna, tenían en su poder todos los documentos que demostraban la vinculación entre Batasuna y Eta. Entre todos ellos destacaba el que se presenta como «Documento número 15 b», que detallaba todos los viajes al extranjero realizados por los representantes de la coalición Batasuna para contactar con destacados miembros de la banda y etarras huidos o deportados. El documento ponía de manifiesto los contactos de HB con el Partido Comunista Cubano y las reuniones que mantuvo con el Gobierno de Chávez en Venezuela en favor de varios presos etarras que iban a ser extraditados.

Defensor del Pueblo sin instrumentos
Tolerancia 20 Agosto 2007

El Defensor del Pueblo se queda sin instrumentos para defender a los ciudadanos ante las administraciones catalanas. El protocolo de actuación que ha puesto en marcha la Generalitat en consideración al nuevo Estatut así lo decide. Ante cualquier petición del ombudsman nacional, la conselleria que sea requerida le responderá con una carta en la que le recordará que el marco estatutario vigente traslada su actuación al Síndic de Greuges, y de esa forma le negará la información. Y no sólo eso, también le pedirá que remita la información que tenga del asunto al titular de esas competencias en Cataluña. La actuación del Govern de la Generalitat, sobre todo por la premura en poner en marcha la medida, parece tener más en cuenta el recurso de inconstitucionalidad planteado por Enrique Múgica, muy crítico con la reforma catalana, que por otros motivos más lógicos en defensa de la ciudadanía. Y la realidad no es otra que el Estatut, pese a estar aprobado en referéndum, tiene muchos de sus artículos recurridos en el Tribunal Constitucional y el principio de prudencia debería mandar sobre el de voluntad entre la corte de gobernantes catalanes. Es decir, que la Generalitat debería practicar un ejercicio de modestia y, al menos, esperar a tener la certeza de que los artículos referentes al Síndic de Greuges, que tendría «competencias exclusivas», acaban pasando sin modificaciones de la criba del tribunal que vela por el respeto a la Carta Magna. La medida tomada por el Departament de Relacions Institucionals i Participació tiene más de pataleta contra quien ha criticado abiertamente el principal cometido del tripartito en la última legislatura que de medida con consecuencias beneficiosas para el común de los catalanes.

La Generalitat se niega a dar información al Defensor del Pueblo
Recuerda a Múgica que carece de competencias según el nuevo Estatut / Las diversas conselleries aplican el protocolo que ideó Joan Saura el pasado mes de mayo

BARCELONA EL MUNDO
La Generalitat ya ha empezado a aplicar el protocolo elaborado para tratar de que el Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, que presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional contra lo dispuesto en el nuevo Estatut d'Autonomia catalán respecto a las competencias del organismo que dirige, cumpla este texto legal, según explicaron a Efe fuentes de ambas instituciones.

El protocolo interno da instrucciones para que cada vez que el Defensor del Pueblo se dirija a cualquier departamento del gobierno catalán para solicitar información, éste le remita inmediatamente una carta.

En esa carta le recuerda que, en aplicación del nuevo Estatut, la «competencia exclusiva» para supervisar la acción de la Generalitat es del Síndic de Greuges, y le insta a presentar sus solicitudes de información directamente a este organismo, dirigido en la actualidad por Rafael Ribó.

En los casos de quejas enviadas al Defensor del Pueblo que afecten a la Generalitat, el gobierno catalán recomienda a Múgica en esa misiva que traslade la queja y los documentos relacionados con ésta al Síndic de Greuges.

El protocolo fue diseñado a finales del pasado mes de mayo por el departamento de Interior, Relacions Institucionals i Participació, que capitanea el ecosocialista Joan Saura, que lo remitió a todos los departamentos de la Generalitat.

El primer departamento en poner en marcha este protocolo y pedir al Defensor del Pueblo que se dirigiera directamente al Síndic de Greuges fue el de Salut, dirigido por la socialista Marina Geli, y lo hizo el pasado junio, según fuentes del gobierno catalán.

Pero desde entonces se han ido sumando otros departamentos del Govern, ya que, aunque la Generalitat no cuenta con datos precisos sobre cuántas veces se ha aplicado este procedimiento, fuentes de la oficina del Defensor del Pueblo han dicho a Efe que tienen constancia de haber recibido diversas cartas iguales en estos dos últimos meses.

Con este protocolo, la Generalitat quiere dejar claro a Enrique Múgica, que presentó un recurso contra algunos artículos del nuevo texto catalán, que debe aplicar el Estatut en vigor pese a sus discrepancias con este texto vigente.

El gobierno catalán sostiene que, con el nuevo texto estatutario, el Síndic de Greuges tiene competencias exclusivas para supervisar la actividad en el ámbito de la protección y la defensa de los derechos y las libertades constitucionales de la administración de la Generalitat, así como la de los organismos públicos o privados vinculados a ella, entre otras funciones. Una competencia que también reclama Múgica.

El nuevo Ejecutivo balear 'resucita' la ley que multa a las tiendas que no rotulen en catalán
Prevé sanciones de entre 1.500 y 15.000 euros y obliga a atender a los clientes en esta lengua El Partido Popular no se atrevió a anularla pero tampoco aplicó las disposiciones lingüísticas
EL MUNDO 20 Agosto 2007

PALMA.- Siguiendo la estela del tripartito que preside José Montilla, el nuevo Gobierno balear del Pacte ha decidido desempolvar la Ley de Comercio aprobada por el Parlament en 2001 que prevé la imposición de multas de entre 1.500 y 15.000 euros a los establecimientos que no rotulen en catalán o no puedan atender a sus clientes en esta lengua.

Esta ley, que entró en vigor en enero de 2003, introdujo importantes novedades, como la moratoria en la apertura de grandes superficies y la limitación de los horarios comerciales a un máximo de 72 horas semanales, encaminadas a proteger a los pequeños establecimientos familiares.

Sin embargo, durante la pasada legislatura, el Govern del 'popular' Jaume Matas dejó en cuarentena la aplicación de uno de sus apartados más polémicos, el dedicado a los «derechos lingüísticos de los consumidores».

Este apartado establece que la rotulación tanto exterior como interior de todos los comercios debe estar redactada, «al menos, en catalán». Además, las tiendas que tengan una plantilla de más de tres personas deben estar en condiciones de atender en cualquiera de las dos lenguas oficiales de la comunidad, la que elija el cliente. Por tanto, están obligadas a tener al menos un dependiente que sepa hablar catalán.

Unas disposiciones -similares a las que están en vigor en Cataluña- que el anterior Govern de Jaume Matas no se atrevió a anular, pero que tampoco llegó a aplicar. Pese a que la Consejería de Comercio cuenta con un cuerpo de inspectores propios, durante los últimos cuatro años estos técnicos han centrado su actividad en vigilar las vulneraciones más graves de la ley como la apertura de establecimientos sin licencias o el cumplimiento de las normas sobre rebajas y sobre horarios comerciales.

La nueva directora general de Normalización Lingüística del Govern, Margalida Tous, ha anunciado que el Ejecutivo autonómico pondrá en marcha nuevas líneas de subvenciones para que los comercios puedan rotular en catalán. Y una vez estén en marcha estas ayudas, señaló, se garantizará la aplicación del apartado de «derechos lingüísticos» previsto en la Ley de Comercios. «Los clientes han de ser atendidos tanto en catalán como en castellano», argumentó Tous, es decir, que la Consejería de Comercio, que dirige la también nacionalista Xisca Vives, pondrá en marcha la maquinaria para sancionar a las empresas que no cumplan con estos preceptos.

El texto de la Ley Sampol -fue impulsada por el vicepresidente Pere Sampol- tipifica como infracciones «graves» las «actuaciones que impidan o dificulten el ejercicio de los derechos lingüísticos [de los consumidores] reconocidos en esta ley». Las multas previstas en este caso oscilan entre los 1.501 euros y los 15.000.

Se trata del mismo castigo previsto, por ejemplo, para los comercios que vendan alcohol a menores, abran al público los domingos y festivos no autorizados o hagan publicidad engañosa de sus productos.

Margalida Tous y la consejera de Educación, Bárbara Galmés, han dado a conocer también otras medidas para impulsar la presencia del catalán en todos los ámbitos de la esfera pública. Entre estas iniciativas se encuentra la derogación del modelo de educación trilingüe impulsado por Matas, una línea de subvenciones para que los cines proyecten películas en catalán y una amplia oferta de cursos para que los inmigrantes aprendan esta lengua.
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