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Recortes de Prensa     Miércoles 22 Agosto   2007

CiU, ERC y Maleni
El nacionalista cobarde
Es obvio que el nacionalismo catalán no sería nada sin España. Acaso por eso, porque no es nada sin España, cuando se le enfrenta en serio, sale de naja. La expresión "nacionalista cobarde" es una redundancia.
Agapito Maestre Libertad Digital 22 Agosto 2007

Tres cosas podemos aprender de la queja ñoña y victimista de los nacionalistas catalanes ante la estulticia de la ministra de Fomento. Primero, que reclamaban su dimisión de boquilla. Segundo, que nunca irán más allá, cuando intuyan que alguien les exigirá a ellos responsabilidades. Y tercero, y fundamental para los demócratas, porque el nacionalista es un ser sometido a un primitivo tabú, estamos ante una conducta tan salvaje como cobarde; sólo el Estado de Derecho, alojo de nuestra democracia, puede atemperar este tipo de conducta política desviada.

Los nacionalistas pidieron el cese de la ministra de Fomento. Pero, cuando tuvieron que retratarse con el PP para hacer efectiva su exigencia, o sea, cuando tuvieron que sumarse para pedir la comparecencia del presidente del Gobierno en el Congreso, se acongojaron y retiraron sus gimoteos contra la señora Magdalena Álvarez. Todos esos partidos nacionalistas, desde CiU a ERC, se desmarcaron de esa comparecencia, porque alguien podría pedirles a ellos mismos cuentas de la gestión llevada a cabo en los últimos veinte o treinta años con las inversiones del Estado en Cataluña. Sintieron el mismo escalofrío en sus espaldas que el día que Manuel Pizarro, presidente de Endesa, les recordó que ésta era la primera compañía privada inversora en Cataluña, cuando ellos querían culparla de los apagones de Barcelona.

En fin, sobre los dos primeros aprendizajes mucho se ha escrito en los últimos días, pero sobre el tercero, sí, sobre esa especial manera de amar la tierra, en este caso el territorio catalán, que los convierte en unos seres fanáticos incapaces de discernir quién contribuye mejor al desarrollo económico, social y político de esa comunidad poco se ha comentado. Sí, pocos son los que se atreven a decir que el nacionalismo catalán, como casi todos los nacionalismos, es una perversión del tabú del incesto con la tierra. Es un amor tan exagerado a la tierra, que los que así se manifiestan les gustaría copular, como los pueblos primitivos, haciendo un agujero en la tierra.

Es obvio que para un ciudadano medio y desarrollado, según las categorías del mundo occidental, la observación de ese tabú tiene siempre que dejarlo estupefacto. Estupefacción que generalmente se traduce en una especie de pena ante los votantes nacionalistas catalanes y, sobre todo, en un cierto asco hacia el comportamiento primitivo y salvaje de los propios nacionalistas. Los primeros son peleles a disposición de los aparatos de propaganda del nacionalismo, que no dejan de ser nunca la imposición de ese tabú primitivo al resto de la población. Los nacionalistas se esconden a la hora enfrentarse con sus limitaciones simulando que los males de sus amores tienen orígenes extraños; es una manera de ocultar su cobardía.

¿Cobardía? Sí, cobardía es, precisamente, lo que pone en evidencia ese miedo a asumir el tabú del incesto con la tierra. La imposibilidad de superar ese tabú es la misma que le impide sumarse a la propuesta del PP para que comparezca Rodríguez Zapatero a explicar por qué no dimite la ministra de Fomento. Por este camino, pronto descubrimos que la conducta del político nacionalista es cobarde o no es. La cobardía es su creencia y su idea. La cobardía es su tradición y su vida. Imposible comprender al nacionalista sin ese vicio del alma que se opone a la valentía. El nacionalista vive de lo que mata. La figura del nacionalista es la antitesis del político y del intelectual. El nacionalista ni siquiera puede ser reciclado para abono de la historia. El nacionalista es una termita con la que debemos acabar porque, de lo contrario, ella acabará con todos nosotros.

Es obvio que el nacionalismo catalán no sería nada sin España. Acaso por eso, porque no es nada sin España, cuando se le enfrenta en serio, sale de naja. La expresión "nacionalista cobarde" es una redundancia.

Imposición lingüística
Corazón partío
José García Domínguez Libertad Digital 22 Agosto 2007

Cierta Margarida Tous, que dice ser directora general de una cuadrilla de cortadores de lenguas a sueldo del Gobierno balear, anunció ayer que van tener mano dura con el español. Así, la Margarida ya ha amenazado con multas que oscilarán entre los 1.500 y los 15.000 euros a todos los tenderos que osen rotular sus establecimientos exclusivamente en castellano. Y es que, a partir de ahora, la Ley de Montilla, que viene a ser la de Lynch aplicada a la gramática, también será la única que rija en las islas.

A uno, que sobrevive en el vientre de la bestia desde que tuvo uso de razón, lo de esa osita de Tous que pretende prohibir la realidad le suena a rutinario déjà vu. Con familiar hastío, pues, se dispone a escuchar la recurrente coartada identitaria con que intentarán venderle la burra ciega de la persecución de la libertad en nombre de la libertad. De entrada, mientras la fierecilla filológica de Antich le explique el cuento del sagrado deber hacia la tierra y las raíces, uno repasará mentalmente las palabras de Antoni de Capmany, insigne prócer barcelonés del siglo XIX: "El catalán es una lengua antigua y provincial, irremediablemente perdida para la república de las letras".

Luego, cuando la voraz osezna se acerque al rico panal de la retórica mística – "el ADN de nuestro ser colectivo", "la voluntad de un pueblo que no quiere morir", et caetera–, el mismo uno volverá a preguntarse por qué ese signo sagrado de la identidad eterna de los Países Catalanes nació hace junto cien años, ni un segundo antes. Y por qué a todo el mundo le trajo sin cuidado perder el gran tesoro de la lengua doméstica hasta ese mismo instante. Pues ha de saberse que uno ha intentado buscar en el catalanismo militante, al menos, la enigmática grandeza que siempre esconde el Mal cuando resulta gratuito. Sin embargo, lo único que ha encontrado es esa paradoja histórica, que lo remite al muy prosaico mundo de la berza y el garbanzo. Porque resulta que nuestras sufridas margaridas sólo dieron en tener el corazón partío por la llengua, ¡oh casualidad!, en el mismo momento que apareció por el horizonte... la competencia laboral castellanohablante.

No, mi querida bichita normalizadora, ni debajo de los adoquines se escondían las playas, ni detrás de vuestra loca pasión por San Pompeu Fabra hay algo más que la sórdida lucha por (buscarse) la vida. Ese furioso amor por el catalán, comisaria Margarida, no esconde otra trastienda que el ruin forcejeo a codazos por un triste salvoconducto que ayude a trepar en la escala social. Eso sí, en nombre de la solidaridad y el progresismo. Naturalmente.
José García Domínguez es uno de los autores del blog Heterodoxias.net.

Bi-lingüismo en Navarra
Nacionalismos de reacción que rompen España
Álvaro Vermoet Hidalgo Libertad Digital 22 Agosto 2007

Fue poco antes de las elecciones municipales y autonómicas del 27-M. Estaba en Génova, la sede del Partido Popular, reunido con uno de sus dirigentes nacionales para hablar del proyecto educativo común anunciado por las Comunidades Autónomas del PP. La derecha española se había comprometido con sus votantes a que, allí donde gobernara, los alumnos estudiaran una misma Historia, una misma Geografía, una misma Literatura; en definitiva, a que existiera un mismo sistema educativo nacional. El caso es que ese dirigente del PP me contó que ya estaban listos los programas de estudio comunes, pero que se había "descolgado" Navarra, o sea, la UPN.

Durante los gobiernos de UPN en Navarra no faltaron las subvenciones al mundo anexionista vasco; un insulto a sus votantes que además distorsiona la realidad de la comunidad foral. Tampoco faltaron las ikastolas, y lo último fue el "descuelgue educativo" de Navarra, que no afecta sólo a los contenidos comunes –en Navarra, la Historia de España será distinta–, sino que implica adelantar un año la implantación de Educación para la ciudadanía, desvinculándose también del compromiso del PP de retrasar la aplicación de la asignatura hasta después de las elecciones generales del 2008 para así poder suprimirla. Ahora, tras la pérdida de la mayoría parlamentaria de la UPN, el Sr. Sanz –el mismo que reclamó y obtuvo la solidaridad de todos los españoles frente a la amenaza anexionista– pide tener "voz en Madrid" y grupo parlamentario propio para la UPN.

De las palabras de Sanz podemos sacar varias conclusiones: la UPN no se reconoce en la voz del PP "en Madrid", el PP no tiene voz "en Pamplona", no se oye en el Congreso la "voz de Madrid" (dice Gallardón), Aznar no gobernó con mayoría absoluta sino en coalición con UPN, etc. Cristina Losada ha explicado muy bien que defenderse del anexionismo catalán apelando a la identidad valenciana o balear y del anexionismo vasco apelando a la navarra no hace sino reducir aún más el espacio que le queda a la idea nacional de España.

Esos nacionalismos de reacción también rompen España y hay que sumarlos a los fuertes nacionalismos vasco y catalán y al creciente nacionalismo en Galicia, Baleares, Cantabria, las Canarias, etc. La educación es siempre la primera víctima de las "construcciones nacionales" pero también lo es de los nacionalismos de reacción. Así, como el PP en Valencia, en vez de limitarse a defender la idea de España y las libertades individuales como hace el PP nacional, defiende la identidad valenciana frente a la catalana, nos encontramos con la misma imposición lingüística que hay en Cataluña, pero llamándolo valenciano en vez de catalán. Y lo mismo en Galicia o en Baleares.

Sanz tiene que enterarse de que al nacionalismo étnico, territorial y antiespañol no se le responde con otro nacionalismo o regionalismo, y menos con los votos del PP. Se le responde con la idea de España, una Nación que no se basa ni en etnias, ni en razas, ni en territorios, ni en lenguas, ni en tribus, sino en la suma de las voluntades de todos los españoles, libres e iguales; un espacio de libertades sin ningún proyecto colectivista, sin la pretensión de construir nada por encima de las personas. Cuánto mejor habrían sido unas segundas elecciones. Como "en Madrid".
Álvaro Vermoet Hidalgo es presidente de la Unión Democrática de Estudiantes y consejero del Consejo Escolar del Estado y del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid.

Gallego
Pío Moa Libertad Digital

POR LA BOCA MUERE EL PEZ...
Por Teresa Vargas

Es maravilloso el espíritu humano, el hombre mismo, para dejarnos de circunloquios. ¿Quiénes somos? ¿Qué pensamos? ¿Qué pretendemos? Es difícil la respuesta en general y, aún incluso en particular: ¿quién es este hombre, qué piensa, qué quiere? Tan ardua tarea es difícil en sí misma y además tiene un problema añadido: el hombre puede mentir (o se miente a sí mismo, ¡cuidado!). Para quedarnos con la verdad, hacen mucho servicio unas nociones básicas de psicología, o más llanamente...de sentido común.

El intérprete, el que quiere llegar a conocer al hombre y su verdad, tendrá que ir fijándose en lo que el analizado dice libremente y también en lo que no dice. El dibujo que un niño hace de su familia puede ser revelador por contener dos, tres veces repetida a su madre, indicando una fijación, algún tipo de obsesión que hace que sobrevalore el papel de ésta; indica una falta de objetividad. También podría ser curioso que falte alguien en ese retrato familiar, ¿por qué no pinta al hermano? ¿Es que lo odia? ¿Qué conflicto esconde esa ausencia? La posición de los figurantes puede ser importante: imaginemos que aparecen el niño enfrentado a uno de los parientes: indicaría que percibe un conflicto (que puede surgir de su imaginación y hacerse real). No digamos lo que pone al terapeuta en alerta: ver dibujado en la escena familiar a un personaje extraño en posición homicida: disponiendo de la cabeza de uno de ellos, por ejemplo. ¿Qué siente el niño ante tal asesino: se identifica con él (empieza el trabajo del psiquiatra) o siente un natural horror?

Leo de nuevo la entrevista hecha al Sr. Quintana (El País, 29/07/07): nos recomienda hacer turismo en... (adivinen) en Galicia. Lectura de verano... (adivinen)... el compañero del BNG, Beiras, y en literatura... (seguro que ya no es difícil para ustedes)... Manolo Rivas. ¿Cuántas veces aparece mamá? Bueno, para ser cosmopolita nos recomienda también un libro de Duran i Lleida "Entre una España y la otra". Caramba, ¿quiénes son entonces los de las dos españas?

Si salimos de Galicia nos recomienda... ¿Extremadura? No. ¿Londres? Tampoco. ¿Costa sur de España?, algo típico por eso de buscar el calorcillo.... ¡qué va! Nada más lejos: nada de País vasco, directamente a Euskadi y norte de Navarra, o Portugal. ¿Se dan cuenta de qué es lo que no aparece en el mapa? ¿Se dan cuenta también de quienes son sus familiares ideológicos? Pero llegamos a la parte más dura...la parte donde el terapeuta piensa..."no sé, quizá tenga un caso clínico",... y vamos a la prueba de fuego. Lugar por excelencia para veranear, después de Galicia y antes que los mencionados enclaves es....el camino portugués hasta llegar al destino Santiago de Cáçem.... ¿por qué es esa la guinda vacacional? Pues porque es allí donde podremos visitar el famosísimo, superturístico y estudiado "Santiago mataespanhois". ¿Qué ha fabulado ahora el chavalote Quintana? ¿Hemos eliminado el políticamente incorrecto Santiago matamoros por el ahora políticamente correcto Santiago mataespanhois? La mente ha desvariado e inventado un personaje-héroe que es la elección, la recomendación y la grafía propia de Vicepresidencia. Pues ya ven ustedes cómo es considerada España por el Sr Quintana: o hablando de las dos Españas o recomendando que se visite al "mataespanhois" ¡Ah! Que diga Espanha en lugar de España, es algo que ya ni nos inmuta, pero no olvidemos que es otra más de lo mismo. Pero ¡cuidado, que estos se crispan, eh!

Bueno, no cabe duda...los psiquiátricos tienen trabajo para años, y los intérpretes con sentidiño común también.

La nueva liturgia
POR ÁLVARO DELGADO-GAL ABC 22 Agosto 2007

HE dedicado las noches de estío a recorrer, marcador en mano, algunos de los libros en que los españoles aprenderán lo que es la ciudadanía fetén. Y ya me considero en grado de emitir un diagnóstico general. Circulan textos marginales que rayan en lo inaudito. Los que se van a usar más, sin embargo, son ante todo aburridos. Tampoco se acusan divergencias notables entre los patrocinados por la Iglesia, y los de orientación presuntamente laica o progresista. Ello suscita una pregunta preliminar: ¿por qué el PSOE y el PP han venido a las manos por un quítame allá esas pajas?

Aprontaré dos explicaciones, una obvia y también un poco prosaica, y la otra ligeramente más interesante. Una de las primeras providencias del Gobierno tras las elecciones del 2004, fue derogar la ley de Educación que el PP había sacado adelante en su etapa de mayoría absoluta. No fue un buen precedente. No sólo por la de la mayoría absoluta, sino porque no había habido tiempo siquiera de poner la ley en vigor. Si a ello se añade que no se hizo nada por consensuar la nueva asignatura, no resulta extraño que el PP se haya propuesto sabotearla, y quizá suprimirla tan pronto cuente con los apoyos parlamentarios precisos. Los paganos serán de nuevo los alumnos, que los partidos han convertido en rehenes de sus desavenencias gremiales.

La otra explicación nos remite a la índole retórica y temerona del Gobierno. El ejecutivo, en efecto, ha declarado una Kulturkampf a la española. O sea, una ofensiva ideológica ramplona, errática, y fundamentalmente innecesaria. Se ha rebasado a democracias mucho más asentadas que la nuestra con valentías tales como la legalización del matrimonio homosexual, una medida que deja a casi todo el mundo indiferente pero que enfada a la Iglesia y exaspera a una oposición a la que se ha mantenido en un fuera de juego sistemático. Con Educación para la Ciudadanía se ha querido dar la sensación de que se consagraba un nuevo orden moral, y se han prodigado expresiones petulantes y con poca chicha dentro. Repárese, por ejemplo, en la siguiente advertencia, hecha por Zapatero al PP y la Iglesia a finales del mes pasado: «Ninguna fe puede oponerse a la ley». Si lo que se intenta decir con lo último, es que la Iglesia no es quién para incumplir lo legislado por el Congreso dentro del marco constitucional, resulta difícil no estar de acuerdo con el presidente. Pero no es éste el único mensaje. En el contexto de nuestra Kulturkampf de vía estrecha, se nos está intimando también otra cosa. A saber, que la soberanía popular se encuentra autorizada a conformar la sociedad a su antojo. Esto es una tontería, y además una ridiculez: ni el pueblo tiene derecho a todo, ni parece sensato confundir su voz con la de una mayoría parlamentaria que se ha apañado zurciendo un retal de aquí con otro de allá. Pero a Zapatero le gusta la lírica, y atina con las notas, y ensaya los trémolos de voz, que más de quicio sacan a sus adversarios.

Vayamos ahora a la asignatura en sí. ¿Está bien concebida? No, no lo está. Adolece de una enfermedad típica de la enseñanza española: el presentismo. Toca materias, como la globalización, que son todavía muy contenciosas, y que los autores de los textos coinciden en no comprender en absoluto. No hay novedad, por precaria que sea, que la pedagogía patria no absorba a velocidad de vértigo, y que no se apresure, a continuación, a explicar mal. Por lo demás, los textos con que van a medirse la mayor parte los de estudiantes, los libros estadísticamente más significativos, se restringen a hacer un inventario de los lugares comunes vigentes. Los padres no encontrarán apenas nada que no repitan los ministros o quienes desde la oposición aspiran a serlo, o que los tertulianos de la radio no reciten unánimemente cuando se toman un respiro y dejan de fustigar al partido contra el cual se han alineado.

Ello no impedirá que se seleccionen los textos según su procedencia. Los colegios públicos de ciertas comunidades, elegirán unos; los de otras, otros distintos. Y los religiosos controlarán con mucho celo bajo qué auspicios editoriales se impartirá la materia ciudadana. Es conveniente, con todo, no olvidar que la ley reconoce a cada centro la facultad de elegir libro. Y también, que en muchos casos se usarán apuntes. Aquí intuyo cierto peligro. Quienquiera que haya consultado la wikipedia española, ha podido comprobar que el activismo de los antisistema no conoce tregua. No me extrañaría que la asignatura, una «maría» en el sentir común de los profesores, quedase a veces en manos de botarates que no se resignan a dar por finiquitada la revolución pendiente. Y que se prodigasen bobadas sin cuento allí donde el claustro, o el Consejo Escolar, no estén muy sobre sí. Valga, como referente, el indecoroso texto de Akal. De aquí a que nuestros jóvenes vayan a ser robotizados por el Maligno o su trasunto docente, media, no obstante, un abismo. Lo que mayormente harán nuestros jóvenes, es olvidarse en un santiamén de una asignatura obligatoria, superficial, y tediosa.

Permítanme que introduzca a continuación, en este balance deliberadamente aséptico, una nota personal. Siempre me han producido una melancolía infinita las homilías que desde el púlpito suele pronunciar el sacerdote. Por lo común, no entiendo el versículo de la Biblia de que se vale aquél para tratar algún asunto atinente a las buenas costumbres, y tengo la impresión de que al orador sagrado le ocurre exactamente lo mismo. El mensaje, separado de su fondo misterioso, se reduce, a la postre, a un comentario trilladísimo sobre la caridad cristiana y los deberes que nos obligan a unos con otros.

La melancolía brota del déjà vu y del ritualismo anejo a una cultura religiosa fosilizada. Pues bien, los textos de Educación para la Ciudadanía han suscitado en mí idéntica tristeza, idéntica fatiga. El carácter actual de los temas tratados acentúa, paradójicamente, este sentimiento depresivo. Estimo que se trata de un mal síntoma, un mal síntoma, entiéndase, en lo que a la moral contemporánea se refiere. Acepto, con Popper, que nuestras sociedades son las más justas, las más clementes, que ha conocido el hombre hasta la fecha. Pero transitar por el conglomerado de principios que las animan, yuxtapuestos dogmáticamente y con poco respeto hacia la consistencia lógica del conjunto, extenúa al más animoso de los lectores. Afirmaba un futbolista argentino, cuyo nombre no recuerdo, que hay jugadores a los que pasas un balón y te devuelven una sandía. Quizá quepa decir lo propio de los pedagogos, y más aún de los pedagogos que evacuan su tarea con el pie forzado de la corrección política. La moral, discutida por Platón, por Maquiavelo, por Montaigne o por Max Weber, resulta algo complejo y fascinante. Cursar moral en estos libros, viene a ser, por lo contrario, como hacer encaje de bolillos. Más se avanza, cuanto menos se reflexiona. Si éste es el orden nuevo, el futuro es ya paleografía.

Qué Ciudadanía más pesada
POR ANTONIO BURGOS ABC 22 Agosto 2007

LO peor de la Ciudadanía no es la Educación-Para. Ni la vileza de la manipulación ideológica de sus libros de texto. Ni el adoctrinamiento de las juventudes, que suena a un fascismo que tira de espalda.

-No, si a este paso, aparte de la Formación del Espíritu Nacional, van a volver a inventar el Frente de Juventudes.

Organización falangistona de donde proceden muchos progres viejorros que quieren imponer su lavado de cerebros infantiles con la Educación para la Ciudadanía. ¡Anda que no hay que tener en lo alto fuegos de campamento ni nada, ni hay que haber cantado miles de veces el «Montañas nevadas», y el «Isabel y Fernando y el espíritu impera», y el «Gibraltar, Gibraltar», como para hacer una versión progre de la Formación del Espíritu Nacional! A mí lo de Educación para la Ciudadana me suena a Campamento Batalla del Salado, donde iban a veranear los flechas. Que en definición popular eran unos niños vestidos de gilipollas mandados por un gilipollas vestido de niño. Bueno, pues el gilipollas vestido de niño sigue mandando a los escolares que estudien el «Isabel y Fernando» de ahora, que es el monta tanto, tanto monta de la igualdad de sexos. Y el «Gibraltar, Gibraltar» de ahora, que es la alianza de civilizaciones. Y el «Montañas nevadas», que es la exégesis y enaltecimiento de la homosexualidad, del aborto y de la eutanasia.

Pero hay algo peor que todo esto, y que la asignatura en sí. Como se objetara ese aspecto, ahí iba a haber más recursos contencioso-administrativos que los que han interpuesto los padres andaluces ante el Tribunal Superior de Justicia. Lo peor de lo peor es la pesadez de la Ciudadanía en sí, lo pesados que están con tanta Ciudadanía, que no se les cae de la boca. ¡Qué señora más pesada esta Ciudadanía! Más pesada todavía que el circunloquio antigramatical que por evitar el correctísimo plural genérico de «ciudadanos» repite la chorrada de moda, de «ciudadanos y ciudadanas». Somos muchos los españoles que estamos ya hasta el gorro de tanta Ciudadanía y de tanto Ciudadanos y Ciudadanas. ¿Es que todo es ciudad, hijos míos, es que ya no hay ni pueblos ni aldeas ni villas ni entidades menores de población?

Consideren el asunto al revés, que se darán cuenta de la tontería colectiva. ¿Cómo nos las aviábamos cuando no usaba la palabra Ciudadanía? Pues perfectamente. Hablábamos de conceptos más reales y nobles, aunque menos manipulables, como el conjunto de la población, los vecinos de un lugar, los votantes, los contribuyentes, los feligreses de un concejo. O aquello tan bonito de las almas, que me imagino que ahora debe de ser políticamente incorrectísimo. ¡Qué maravilla cuando se decía que tal pueblo tiene una población de cinco mil almas, y no de cinco mil ciudadanos y ciudadanas! Y la suprema contradicción: ¿cómo pueden ser ciudadanos los que no viven en la ciudad, sino en los pueblos? En los pueblos, ¿no había eso tan clásico de «los lugareños»? La extensión del concepto de «ciudadanos» a los pueblos me imagino que habrá presentado un grave problema futbolístico este verano: ¿cómo hay que llamar en términos políticamente correctos a los lugareños, a efectos del anual partido de la máxima entre Los Veraneantes y Los del Pueblo? Los del Pueblo no querrán que los llamen así, y pretenderán que su equipo se llame Los Ciudadanos. Y siendo verdaderamente de ciudad los otros, los veraneantes, ¿cómo los llamamos?

-Pues nada, este año no hay partido de Los Veraneantes contra Los del Pueblo, y listo.

Igual que hay padres objetores de la asignatura de Educación para la Ciudadanía, yo propondría que creáramos la Asociación Contra La Tontería De La Ciudadanía. A usted le pasará quizá como a mí: que viendo a esa manta de indeseables morales a los que no se les cae la palabra «Ciudadanía» de la boca, le dan ganas de preguntar que dónde hay que ir para que lo borren a uno de ciudadano. Yo, por lo menos, no quiero ser ciudadano, entendido el concepto de este modo totalitario, como su asignatura manipuladora: ciudadano por cojones. No, mire usted: yo quiero ser elector, vecino, habitante, contribuyente. Lo que sea, menos la estupidez progre de ciudadano. Con que me llamaran sencillamente español me conformaba.

La reforma de la Justicia
POR ANTONIO GARCÍA MARTÍNEZ ABC 22 Agosto 2007

DE los problemas que aquejan al sistema judicial español destacan por su importancia y reclaman cuidadosa y urgente atención los que se refieren: a la escasa valoración que su funcionamiento merece en muy amplios sectores de la sociedad española, principalmente a causa de sus afirmadas lentitud y politización; al riesgo de fragmentación y desvertebración de su unidad que provocan las aspiraciones soberanistas de algunas Comunidades Autónomas y el deseo de equiparación expresado por casi todas las demás, unidos a la frivolidad en el tratamiento de cuestiones que afectan a lo más sensible de la estructura del Estado, como su organización territorial e institucional; a la progresiva disfuncionalidad e ineficiencia del modelo de Justicia penal a consecuencia, entre otras razones de hondo calado, de la vetustez de la Ley de Enjuiciamiento Criminal; y al peligro de desprofesionalización y debilitamiento del rigor en la selección y formación del juez que genera el empeño en eliminar el obstáculo que, para cualquier proyecto extremista, representa una Justicia profesional, técnica, sometida al ordenamiento, con servidores seleccionados mediante un riguroso sistema de oposición, que, complementado por un periodo de prácticas en la Escuela Judicial, se inspira en los principios de idoneidad, mérito y capacidad.

Esta realidad, sustantiva o de valoración, hace necesaria una política de potenciación de la credibilidad y confianza de los ciudadanos en el sistema judicial. Se trata de modernizar su actual estructura, pero también de neutralizar el tinte de politización que con tanta reiteración se le atribuye.

He aquí varias reflexiones. Primera, el retorno al sistema original de elección por los jueces de los doce vocales de procedencia judicial del Consejo General del Poder Judicial (lo que privaría de fundamento a la imputación, tan inexacta como repetida en los medios de comunicación y en amplios sectores de la sociedad española, de que los jueces y magistrados discrecionalmente nombrados por dicho órgano de gobierno lo son, en definitiva, por quienes designaron a los respectivos vocales); segundo, el consiguiente establecimiento de un sistema de renovación automática de los doce vocales de procedencia judicial, que, una vez agotado su mandato de cinco años, serían inmediatamente sustituidos por los doce que para el periodo siguiente eligieran los jueces (lo que posibilitaría una renovación parcial y a tiempo del Consejo y convertiría en normal y totalmente tolerable el retraso a que pudiera verse sometida la renovación de los demás vocales por parte del Congreso y el Senado); tercero, la incorporación de los secretarios judiciales al ámbito de gobierno del Poder Judicial ejercido por el Consejo General (lo que reforzaría la estructura del Poder Judicial, contribuiría a reforzar la independencia de los jueces, potenciaría la actuación leal y cooperativa, permitiría abordar mejor el aumento de sus competencias, y reforzaría la coherencia del sistema); y, cuarto, la supresión del vigente sistema de provisión de una de cada tres plazas de las Salas de lo Civil y de lo Penal de los Tribunales Superiores de Justicia, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial, previa terna presentada por la Asamblea legislativa de la correspondiente Comunidad Autónoma (lo que favorecería la imagen de independencia de la referida Sala del Tribunal, que, al fin, debe enjuiciar las conductas de integrantes de los órganos que han de contribuir, con especial influencia, a designar a sus miembros).

Las cuatro constituyen medidas que reforzarían a los ojos de los ciudadanos la imagen de independencia y ayudarían a poner fin a esa supuesta vinculación de lo judicial a lo político tan negativa para el Poder Judicial y, por repercusión, al afectar a uno de sus principales pilares, para la estructura democrática del Estado.

De igual manera se hace necesario perseverar y, en lo menester, profundizar en el modelo constitucional de Poder Judicial, como poder del Estado, único, independiente y profesional, al servicio de todos los ciudadanos.

Las reformas han de favorecer la vertebración de un sistema judicial racional a la vista de la estructura de nuestra organización territorial, sin superar los límites que señala la Constitución de 1978, que sea homologable en todo el territorio nacional, a fin de garantizar la eficacia y la igualdad en la aplicación de la ley. La reforma debería contemplar la ampliación de las atribuciones reconocidas a los órganos judiciales con competencia territorial en toda la nación (Tribunal Supremo y Audiencia Nacional), por razones tanto de imagen como de eficacia. Y, también, la mejora en la regulación de los recursos de casación, que por su función de tutela del ordenamiento y, a la vez, unificadora de su interpretación y aplicación, contribuyen más eficazmente a dotar a la sociedad de cohesión y seguridad jurídica, en el sentido de previsibilidad razonable del resultado de los procesos, así como a mantener la unidad del mercado interno.

Por último, es preciso crear una estructura que posibilite el incremento cuantitativo y cualitativo de la eficacia del sistema judicial, introduciendo remedios que, respetuosos con los derechos individuales, a la vez que garantizan al ciudadano la prestación de tutela por un juez profesional e independiente, doten a éste de la responsable colaboración de otros técnicos, cuyo papel en el proceso y en actividades previas al mismo conviene revisar.

La implantación generalizada en todas las jurisdicciones del modelo de justicia acelerada (juicios rápidos), sobre todo cuando se trata de materias que no admiten demora o cuya litigiosidad está carente de complejidad; la potenciación de las alternativas al proceso como la mediación y el arbitraje; la instauración de instrumentos que permitan depurar el sistema de casos manifiestamente improcedentes o repetitivos, y la agilización de los sistemas de notificación, comunicación y auxilio, favorecerían la rapidez y contribuirían a paliar la demora en la resolución de los procesos.

La concreción y potenciación de las funciones procesales de los secretarios judiciales y el afianzamiento de las competencias que ostentan como directores de la oficina judicial y responsables inmediatos del personal, reforzaría su papel y fortalecería al órgano judicial al dotarlo de una colaboración técnica y eficiente. El establecimiento de mecanismos que permitan acelerar la instrucción, con posibilidad, incluso, de que la misma quede, como regla general, sometida a plazo; la elaboración de una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal; la implantación efectiva de la segunda instancia penal, y la posible introducción de mecanismos que permitan el control y la prevención del riesgo que entraña la puesta en libertad de delincuentes incorregibles, especialmente peligrosos, y con pronóstico elevado de reincidencia -violadores, maltratadotes, etcétera-, una vez cumplida la pena, fortalecerían la funcionalidad y eficiencia de la Justicia penal y reforzarían su papel, respeto y credibilidad frente a la ciudadanía.

Finalmente, el mantenimiento del sistema de oposición pública y libre, verdaderamente selectiva, con posterior curso de formación teórico práctico en la Escuela Judicial; la profundización en el principio de especialización de los jueces, en todos los órdenes jurisdiccionales; la exigencia, para ser magistrado del Tribunal Supremo, de no menos de veinte años en la carrera y quince en la categoría de magistrado, y la supresión de la justicia interina e introducción, en su lugar, de la figura del juez de carrera, adscrito y disponible, servirían para garantizar la independencia y profesionalidad de los jueces y la prestación a los ciudadanos de una Justicia de calidad.

EL MINISTERIO NO HA INTENTADO LLEGAR A UN CONSENSO
La CONCAPA no descarta movilizaciones si el Gobierno insiste en imponer EpC
El vicepresidente de la CONCAPA, José Manuel Martínez Vega, no descarta una eventual manifestación si el Gobierno "persiste en su cerrazón" con respecto a la imposición de la asignatura de Educación para la Ciudadanía. Esta confederación –que cuenta con la participación de unos tres millones de padres– ha denunciado en la COPE que no ha habido ningún intento por parte del Ejecutivo de llegar a un consenso, tal y como recomienda una resolución del Consejo Europeo a la que el propio Ministerio se remite. Es más, Martínez Vega ha señalado que "con el fin de evitar situaciones límites" la CONCAPA envió una propuesta base y "ni siquiera se han dignado a decir que no les interesa".
Libertad Digital 22 Agosto 2007

El vicepresidente de la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y padres de Alumnos, CONCAPA, José Manuel Martínez Vega, no descarta próximas movilizaciones ante la actitud que mantiene el Gobierno: "Es una posibilidad abierta desde hace algún tiempo. Tendrán que decidirse en los órganos correspondientes de CONCAPA. A comienzos de curso se valorará de nuevo, si la llevamos a cabo inmediatamente o no.

El representante de esta confederación, que cuenta con 51 Federaciones Provinciales que integran a las Asociaciones de Padres de Alumnos de los colegios, y en las que participan unos tres millones de padres, destaca que la interlocución con el Ministerio ha sido nula: "La cerrazón del Ministerio y del Gobierno (ahí están las amenazas de la vicepresidente) han sido absolutas. No ha habido intento de llegar a un consenso".

En la COPE, Martínez Vega recuerda que en el Ministerio, para implantar esta asignatura, se remiten a una resolución del Consejo Europeo sobre la materia y, curiosamente, en esa resolución se recomienda el consenso con las familias. Por ello, insiste, la CONCAPA, con el fin de evitar situaciones límites envió a Ministerio una propuesta base de la que obtuvieron "la callada por respuesta". Denuncia que "ni siquiera se han dignado a decir que no les interesa".

La CONCAPA ha preparado un modelo de declaración de objeción de conciencia para que las familias puedan presentarlo en los centros, haciendo patente su oposición a la asignatura. Además, la confederación envió en su momento un documento mucho más extenso a las APAS desarrollando un informe sobre en qué puntos la nueva asignatura conculcaba nuestro derecho y libertad de las familias. El objetivo ha sido en todo momento "poner en conocimiento de las familias lo que hay detrás de esta asignatura. Sobre todo, trasladar información".

El vicepresidente de la CONCAPA, José Manuel Martínez Vega, ha terminado refiriendo el malestar incluso dentro del profesorado con quejas de docentes: "Tienen enormes dudas. Parece que serán los profesores de Filosofía y ciencias Sociales los únicos autorizados para impartir esta asignatura, pero falta publicar la norma correspondiente y no se puede afirmar con rotundidad". Al respecto, el representante de la confederación católica explicaba que "algún profesor ha manifestado su voluntad de no impartir esta asignatura. Existe libertad de cátedra y su absoluta soberanía para impartirla o no".

La Generalidad de Cataluña subvenciona con más de 1.300.000 euros a varias organizaciones catalanistas de Valencia.
Redacción MinutoDigital 22 Agosto 2007

La Institución Cívica y del Pensamiento Joan Fuster y Acción Cultural del País Valenciano han recibido una subvención de la Generalitat por valor de 1.300.000 euros, repartidos en dos años por la adquisición y rehabilitación del Edificio El Siglo, que se encuentra en València. Esta rehabilitación transformará el equipamiento en un centro cultural. El año 2006 la fundación valenciana recibió más de 500.000 euros.

Este movimiento ha protagonizado iniciativas como la creación de la red de repetidores de TV3 en Valencia, las manifestaciones del 25 de Abril, el Correllengua (contra el español) o los Casal Jaume I.

En su página web manifiestan que “el País Valenciano, puede ser la parte de los Países Catalanes que sufre más los efectos de la desnacionalización”.

Mientras tanto los valencianistas resisten la creciente invasión pancatalanista que pretende la creación de los ‘Países Catalanes’ incluyendo la Comunidad Valenciana y Baleares a pesar de que estas tesis no han logrado ni el 1% de los votos en estos territorios históricos.

La Generalitat «invierte» fuera el doble que en Cataluña para expandir el catalán
A. CAPARRÓS ABC 22 Agosto 2007

VALENCIA. El tripartito catalán ha vuelto a poner el dedo en la llaga de las señas de identidad valencianas. El vicepresidente de la Generalitat de Cataluña, Josep Lluis Carod-Rovira, es el encargado de controlar la política lingüística en el Ejecutivo que preside el socialista Josep Montilla y ha aprovechado esa atalaya para extender las tesis políticas de ERC respecto a los «Países Catalanes», en clara connivencia con sus socios del PSC e ICV.

Las subvenciones recibidas por la campaña «Correllengua» son un claro ejemplo de ello. Esta iniciativa -que está auspiciada entre otras entidades por Acció Cultural del País Valencià (ACPV)- aboga por la autodeterminación, critica el resultado electoral en la Comunidad Valenciana y acusa a ésta de «agredir» a Cataluña a cuenta de la clausura de las emisiones ilegales de la cadena pública TV3 o de las políticas «secesionistas» en defensa de la identidad del valenciano, en contra de los principios consagrados por el Estatuto de Autonomía.

Con el pretexto de contribuir a «difundir y prestigiar la lengua catalana, la cultura y la identidad propias dentro de su ámbito lingüístico» -en el que el tripartito incluye a la Comunidad Valenciana en sus documentos y mapas oficiales-, el Gobierno presidido por Josep Montilla destina cuantiosas subvenciones a entidades que, más allá de los fines a los que se dirigen las ayudas, amplían sus «actividades» al ámbito político, como el caso flagrante de ACPV.

Más allá de sus límites
En concreto, la Generalitat de Cataluña, en su afán por propagar su cultura más allá de los límites de aquella comunidad autónoma, concederá este año más de 2,25 millones de euros en ayudas, según la resolución firmada por el propio Josep Lluis Carod-Rovira el pasado 6 de junio.

Resulta llamativo que dicho esfuerzo presupuestario, destinado al «ámbito lingüístico catalán», prácticamente duplique las partidas previstas para promocionar el uso de dicha lengua en el ámbito exclusivo de Cataluña y del occitano en el Valle de Arán, que para el año en curso cuentan con una dotación que apenas supera los 1,1 millones de euros, de acuerdo con la convocatoria publicada el 24 de abril en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña.

De esa forma, entidades como Escola Valenciana, Fundación Sambori, Asociación Fomento Popular Valenciano, Espai País Valencià o la propia APCV se convierten en algunas de las principales receptoras de ayudas públicas catalanas, en algunos casos destinados a fines ajenos a la lengua o a la cultura, como las subvenciones para homenajear a los muertos de la guerra de Sucesión, dotada con una partida de 35.000 euros. Este acto fue organizado por ACPV -entidad con sede en Valencia comandada por Eliseu Climent-, encargada de convocar la manifestación por la independencia de los «Países Catalanes» que cada año se celebra el 9 de octubre dentro de la campaña «Correllengua» con el apoyo presupuestario del tripartito catalán.

Camps no cede con TV3
ACPV mantiene un litigio con la Generalitat Valenciana, presidida por el popular Francisco Camps, a cuenta de la instalaciones de repetidores ilegales para que en esta comunidad autónoma se pueda recibir la señal de TV3.

Este asunto ha sido calificado como un ataque emanado desde el «sur» -de Cataluña- en el manifiesto del «Correllengua» del presente ejercicio, tal y como publicó este periódico. En este sentido, fuentes de la vicepresidencia primera del Gobierno valenciano explicaron que «bajo ningún concepto se aceptarán los repetidores de ACPV», cuya clausura ha decretado por ser «ilegales». En este sentido, desde la Generalitat Valenciana se aboga por hallar un acuerdo con sus homólogos catalanes que permita un sistema de reciprocidad para que las televisiones públicas puedan verse en ambos territorios.

Respecto a las injerencias del tripartito, el Ejecutivo presidido por Francisco Camps considera que dichas prácticas «se desacreditan por sí solas». El portavoz adjunto del Partido Popular, Antonio Clemente, señaló que las formaciones catalanistas «plantean un discurso absolutamente ficticio que responde a otros intereses que no son los de la Comunidad Valenciana».

Mientras, Ciutadans condenó que la Generalitat Catalana haya dotado con una subvención de 1,3 millones a la Institución cívica y del Pensamiento Joan Fuster y a ACPV por la compra y rehabilitación del edificio el Segle de Valencia. El partido, que considera la ayuda como «grave y fuera de lugar», cree que es producto de «la obsesión nacionalista del Gobierno de Montilla».

Perpiñán, destino final
POR A. C. ABC 22 Agosto 2007

VALENCIA. El retorno de José Luis Carod-Rovira al Gobierno catalán -tras la pírrica victoria electoral de José Montilla y la reedición del tripartito- le deparó una vicepresidencia de amplio calado político y presupuestario, que llevó aparejada el control de la política lingüística, todo un lujo para el actual presidente en funciones y defensor del concepto de «Países Catalanes».

De hecho, tras la «unidad de la lengua» subyacen mensajes políticos proclamados por organizaciones «privadas sin ánimo de lucro», como la Coordinadora de Asociaciones por la Lengua Catalana (CAL), encargada de la campaña «Correllengua», que el 3 de noviembre pondrá punto y final a un periplo de dos meses -en el que se incluye Valencia- en Perpiñán, localidad francesa que la web de Carod localiza en «Catalunya nord».

Resulta como poco llamativo que los caminos del vicepresidente de la Generalitat y del «Correllengua» confluyan en el punto geográfico que marcó el devenir del político catalán, todavía hoy -camino de los cuatro años de su cita allí con la cúpula de ETA- aliado preferente de los socialistas.

La Paeria de Lleida exigirá saber el catalán en su nueva carta municipal
EL MUNDO 22 Agosto 2007

LLEIDA.- La carta de derechos y deberes que prepara el Ayuntamiento de Lleida incluirá la obligación de saber catalán, de acuerdo con un compromiso electoral del PSC, que gobierna en solitario en Lleida.

Para redactar el borrador del documento, que se confeccionará a lo largo del año que viene, el Ayuntamiento de Lleida tiene previsto buscar la colaboración de entidades y colectivos de profesionales según adelantó ayer el diario Segre.

La concejal de Derechos Civiles de la Paeria, Rosa Ball, aseguró que el objetivo es agrupar en un documento común todas las normativas y de dejar claro que «todo derecho comporta un deber».

La carta afectará a todos los ciudadanos, pero se diseña teniendo en cuenta especialmente a los inmigrantes y contempla la obligación de saber catalán. «Es la lengua que se habla aquí y es cooficial.Es su país de acogida y han de respetar, conocer y adaptarse a la realidad de nuestro país. Es su país de acogida y deben respetar, conocer y adaptarse a la realidad de nuestro país», agregó la concejal de Derechos Civiles de la localidad.

En cualquier caso, Ball matizó en declaracions a Segre que se contemplarán salvedades para las personas que acaben de llegar a Cataluña.

La incorporación de este deber tendrá un valor «simbólico», señalan las fuentes consultadas, ya que la Paeria asume que no puede ir más allá de lo que marcan la Constitución y el Estatut y difícilmente podrá obligar a nadie a aprenderlo. La carta también incidirá en el respeto a la convivencia cívica, ya que el otro objetivo de la normativa es mejorar «la cohesión social» de la ciudad, según la concejal Rosa Ball.

Para la elaboración de este documento, que el equipo de gobierno quiere pactar con los otros grupos políticos, se contará con las aportaciones de entidades, como la Federación de Asociaciones de Vecinos o asociaciones de inmigrantes, pero también colegios profesionales como el de abogados, para obtener el oportuno respaldo legal.

El procedimiento que llevara a la elaboración de la carta de derechos y deberes ciudadanos de Lleida supondrá la recopilación de ordenanzas ya existentes, en especial la de civismo, así como de otros textos como la Constitución, el Estatut d'Autonomia o la Carta Europea de Salvaguarda de los Derechos Humanos en la Ciudad, que la ciudad de Lleida suscribió en su día.

Una vez esté redactada esta carta, la Paeria impulsará su discusión en escuelas y asociaciones juveniles y difundirá su contenido.La intención del equipo de gobierno es completar la elaboración del documento durante el año que viene.

Lleida obligará a saber catalán a todos sus ciudadanos para cumplir con el Estatut
El Ayuntamiento prepara una carta de derechos y deberes que incluirá esta obligación
EL MUNDO 22 Agosto 2007

LLEIDA.- La carta de derechos y deberes que actualmente está elaborando el Ayuntamiento de Lleida incluye el conocimiento de la lengua catalana por parte de los ciudadanos, dentro del marco legal que supone la cooficialidad de la legua vernácula y el desarrollo de la misma previsto en el nuevo Estatut de Catalunya y en consonancia con el ordenamiento jurídico.

«En ningún caso desde la Paeria hemos mencionado específicamente a los inmigrantes, ni en el caso del conocimiento del catalán ni en otro aspecto ya que la carta utiliza siempre el término ciudadano para cualquier vecino independientemente de su origen», especificó Rosa Ball, concejala de Cooperación, Inmigración y Derechos Civiles.

Ball concretó que en ningún caso se trata de una normativa coercitiva, ya que el Ayuntamiento en temas lingüísticos sólo tiene competencias a nivel administrativo y al ser el catalán una lengua cooficial, la Paeria, como cualquier ciudadano, la utiliza asiduamente y además la promueve. «Evidentemente hay que fomentarla entre los inmigrantes», añadió Ball.

La carta de derechos y deberes que está elaborando el consistorio leridano se enmarca dentro de las atribuciones municipales que promueve el nuevo estatuto catalán. Según Ball se trata de un «reordenamiento» de la normativa y ordenanzas municipales que afectan a los derechos y deberes de los ciudadanos. «Angel Ros (el alcalde) después de aprobar en la pasada legislatura las ordenanzas sobre civismo se mostró muy interesado en redactar la citada carta, ya que los temas que afectan directamente a los ciudadanos le preocupan mucho».

El nuevo Consistorio de mayoría absoluta socialista, ha encargado a Ball que mantenga reuniones con diversos colectivos y asociaciones tanto laicas como religiosas para elaborar la carta que promueva los aspectos de convivencia y cohesión social en Lleida. «El trabajo todavía se encuentra en estado embrionario y hemos de realizar más contactos con líderes de diferentes asociaciones y confesiones, además contempla aspectos como la prevención de la violencia de género, la cohesión social, el orden público o el civismo», señaló.

El citado documento que se espera aprobar en un pleno municipal de la primavera del próximo año tiene su origen en la Carta Europea de Salvaguarda de los Derechos Humanos en la Ciudad que firmó el Consistorio en 2001.

El resto de partidos del consistorio ven positiva la iniciativa, y el portavoz del PP Ismael Zapater precisó que también se debería incluir la lengua castellana.
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