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Recortes de Prensa     Domingo 26 Agosto   2007

El deterioro (economía y terrorismo)
POR JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS ABC 26 Agosto 2007

LA situación política en España viene siendo volátil desde que Rodríguez Zapatero alcanzó el poder en las elecciones generales del 14 de marzo de 2004. Se trata de una volatilidad que remite a esa idea de liquidez a la que Bauman se refiere como característica de nuestro tiempo: nada es sólido, permanente, anclado y trascendente. La nuestra es una sociedad que vive a un ritmo encanalladamente frenético, sin cálculo del futuro inmediato, absorbiendo un presente feraz con demasiada ansiedad. Hemos disfrutado de una realidad ubérrima en lo económico, frívola en lo político e irresponsable en lo social. Y de manera brusca, en apenas unas semanas, se percibe ya el deterioro, es decir, el menoscabo y el estropeamiento de las circunstancias y el fin de ciclo -de época, acaso- protagonizado por una izquierda benefactora que ha parasitado los logros anteriores de la derecha gestora española.

La crisis denominada subprime y la reaparición del terrorismo etarra conforme a pautas propias de los años ochenta -el atentado del viernes tuvo la factura criminal de los asesinos que van al bulto, caiga quien caiga en la onda expansiva provocada por sus artefactos mortíferos- marcan un punto de inflexión que, de nuevo, provoca un vuelco en la situación general y transforma muchas cañas en lanzas.

Ocho millones de familias españolas están hipotecadas, deben restringir sus gastos para compensar el incremento del tipo de interés, recortan el consumo y desinvierten en cualquier producto de riesgo. La Organización de Consumidores y Usuarios avisa de que el esfuerzo familiar por los créditos hipotecarios «está al límite», mientras aumenta la morosidad y se dispara el número de procesos monitorios en reclamación de devolución de préstamos sin garantía por cantidades menores -no más de 30.000 euros- que los confiados y alegres ciudadanos han pedido a su entidad bancaria para sostener un nivel de gasto familiar por encima de los ingresos laborales y de las rentas del ahorro. Las tasaciones de viviendas se han reducido en un 20 por ciento; disminuyen la peticiones de licencias de obras; las nuevas promociones, o no comienzan o se paralizan, y el mercado de la segunda residencia ha perdido un valor medio del 30 por ciento.

¿Eso es todo? Ni mucho menos. En España -aunque se haya querido desconocer- persisten tres fenómenos que minan nuestro sistema económico: la falta de productividad, nuestra baja competitividad y la generalización de la desprofesionalización en sectores estratégicos, por efecto, básicamente, del empleo inmigrante. Únanse a todo ello la deslocalización industrial -lo acabamos de comprobar en Andalucía con la huida de Delphi a Tánger- y la falta de alternativas a las turbinas generadoras tradicionales de empleo y riqueza (construcción y turismo) y quizá lleguemos a conclusiones que, aunque preocupantes, serán bastante más realistas que las que propugna -tópico tras tópico- el Gobierno socialista, que ha incrementado el gasto público con un programa de «leyes sociales» que acabará perjudicando a los más débiles.

El dinero barato -con el que tanto negocio rápido y fulgurante se ha generado- toca a su fin y los inversores enfilan hacia la renta fija, abandonando poco a poco la variable que ha producido sustanciosas plusvalías a los más avisados. Es posible que no se haya pinchado ninguna burbuja; sería exagerado sostener que estamos ante un crash bursátil, pero resultaría perfectamente ortodoxo afirmar que nos hemos adentrado en un territorio de desconfianza colectiva, que suele ser la sensación ambiental que precede a los períodos de estancamiento y recesión. Los efectos de esta coyuntura sólo han comenzado a dar la cara, pero lo están haciendo en claroscuro, con una sintomatología imprecisa y con datos y guarismos a veces contradictorios.

El deterioro económico -que conllevará consecuencias muy serias en el empleo de los sectores sociales menos cualificados, de extracción inmigrante, lo que enlazará con fenómenos asociados de gran importancia- coincide con el regreso del terrorismo de ETA, después de que la banda rompiese el denominado y mendaz «alto el fuego permanente» y tras unos cuantos años en los que la organización terrorista había sido acorralada, su brazo político anulado y expulsado de las instituciones públicas y su supuesta causa política excluida de la agenda pública nacional. ETA sabe bien -aun en su indigencia actual- que su capacidad para crear, por un lado, contradicciones en el sistema político español, y, por otro, un fuerte malestar social, es notable. La fisura vasca -a la que contribuyen desde ETA hasta los discursos y propuestas independentistas de los nacionalistas- se comporta como un enfisema en el pulmón español, que hace jadear al conjunto nacional, le retrotrae a un fase histórica -la de la reivindicación terrorista de la soberanía territorial en Europa- superada por todas las democracias occidentales y, por fin, le plantea una espinosa y difícil conciliación de identidades entre ciudadanos españoles, vascos y de otras comunidades.

El Gobierno socialista -al fin y a la postre tributario de la banalidad de la liquidez con la que fluyen los desarrollos sociales en esta época histórica de relativismos constantes- estaba en la obligación de propiciar unas políticas de continuidad en los grandes temas de Estado -el terrorismo- y económicos. No lo ha hecho y aunque, como todo Ejecutivo democrático, tenga derecho a recibir el apoyo sincero ante la agresión terrorista, le es exigible una línea de comportamiento coherente y firme en prácticamente todos los ámbitos de la gobernación.

Rodríguez Zapatero ha introducido a España en un mar de incertidumbres, como en su momento denunció Mariano Rajoy, que van emergiendo poco a poco, pero de manera indefectible. El resultado de todo ello -cuando la legislatura boquea- es la percepción, objetivable en lo económico y en la seguridad pública, de un hondo estado de malestar ante el deterioro general de la situación sobre la que gravitan también otros asuntos de entidad innecesariamente alentados por el Gabinete: desde el revisionismo estatutario hasta la resucitación de la mal llamada «memoria histórica», pasando por la descontrolada política de inmigración o la alteración de los consensos éticos que cohesionaban a la sociedad española.

Rodríguez Zapatero esperaba -ignoro si sigue haciéndolo- alcanzar el final natural de la legislatura con el problema económico contenido y el salvajismo terrorista controlado. Ambos asuntos se le pueden ir de las manos porque los episodios que los agravan se están produciendo en una secuencia demasiado veloz e imprevisible, propiciando que el escenario de lo público se comporte de manera errática.

El presidente tiene tan poco tiempo para rebobinar algunos de sus muchas equivocaciones como Mariano Rajoy de aprovechar los desaciertos gubernamentales. Este empate de errores conduce a la ciudadanía a la perplejidad de la que se nutre, primero, la incomprensión sobre la utilidad del ejercicio de la política y, después, la abstención electoral. El deterioro social suele manifestarse así en el derrumbe de la confianza colectiva, que es lo que se está produciendo en este desapacible y ya agónico mes de agosto en España.
JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS
Director de ABC

Ante un largo ciclo terrorista
Editorial ABC 26 Agosto 2007

EL brutal atentado de Durango, ejecutado conforme a las pautas terroristas de ETA propias de los años ochenta, acredita que la banda criminal ha recuperado definitivamente a Josu Urrutikoetxea, «Ternera», como máximo dirigente «político y militar», según una jerga tan pretenciosa como infame, en detrimento de Garikoitz Aspiazu, «Txeroki», que se ha ganado en la organización la animadversión de los etarras veteranos por su «incapacidad» para la eficaz perpetración de delitos después de la ruptura del denominado «alto el fuego permanente». Ternera, que fue parlamentario en la anterior legislatura autonómica, dispone de una amplia experiencia asesina mediante coches-bomba y contra «objetivos» -sigue la jerga infame de los delincuentes- bien significados en territorio vasco, singularmente la Guardia Civil, la Policía y, eventualmente, la Ertzaintza.

Se trata de atentados que, como el de Durango, pretenden víctimas mortales sin discriminación alguna y que no reparan en los destrozos y destrucciones que causan a terceros. Al mismo tiempo, son acciones criminales que consternan a la opinión pública e inoculan un miedo paralizante en la sociedad, que se sume en una inestabilidad psicológica que afecta a su autoestima y confianza. Todos estos propósitos son los que, bajo la experimentada dirección de Ternera, se propone la banda terrorista ETA, que ha iniciado un ciclo de acciones criminales de larga duración para intentar macerar la voluntad gubernamental y arrastrarla a una nueva negociación que jamás será un diálogo para la rendición, sino para la obtención de sus delirantes condiciones políticas. Se trata, en definitiva, de un regreso al pasado que los etarras con más galones criminales han considerado como mejor guión para su propia subsistencia.

El error del Gobierno, en función de informaciones supuestamente cualificadas, manejadas personalmente por el presidente Rodríguez Zapatero, ha sido estimar que la ETA de 2006 y 2007 era diferente -en su naturaleza y objetivos- a la del año 2000 o anteriores y que, por lo tanto, se daban condiciones para un arreglo dialogado de la violencia terrorista. Mientras el Ejecutivo caía en esa trampa, desoyendo las advertencias para que la eludiese, la organización criminal se ha recompuesto y, sobre todo, ha insertado en el sistema, después de que la ley de Partidos lo expulsase, a su brazo político, con lo cual ha añadido a la operatividad criminal la disposición de un discurso pseudopolítico en las administraciones local y foral vasca y navarra que le dará la cobertura dialéctica de la que los terroristas siempre han dispuesto, salvo en el paréntesis de la ilegalización de Batasuna, aliviada por la presencia en el legislativo de Vitoria del Partido Comunista de las Tierras Vascas, que, como ANV, no es sino una continuación de la eufemísticamente conocida como «izquierda radical abertzale».

Si Josu Jon Imaz, actual presidente de la Ejecutiva del PNV, no logra imponer su discurso moderado, reiterado ayer en un nuevo artículo en «El Correo» y «El Diario Vasco», contrario a la confrontación con el Estado y realista, frente a las tesis de Ibarretxe -ayer y el viernes participando en una prueba ciclista en Francia mientras la tragedia se adueñaba de Durango-, Egibar y Arzalluz, la situación en el País Vasco se complicará de manera extraordinaria. Ante este nuevo largo ciclo terrorista, se impone la acción policial y judicial, la cooperación internacional con Francia y Portugal especialmente, y de manera esencial el entendimiento y la unidad de los partidos políticos.

En este contexto, el Gobierno debe asimilar el grave error de cálculo del presidente, obligado a declinar ya su altanería, y el Partido Popular sostener el adecuado discurso que inició tras el atentado del viernes. Si, como parece indubitablemente, España y los españoles volvemos a ser víctimas de un nuevo y feroz envite terrorista, que será muy cruel, ha de encontrarnos unidos en torno a los valores democráticos, decididos a derrotar a los criminales y a desenmascarar, sin una sola concesión, a sus cómplices, expulsando del foro público a quienes pretendan ofrecer paliativos políticos o semánticos a la brutalidad etarra, vengan éstos del púlpito, la intelectualidad o la política.

Ficciones sobre ETA
POR GERMÁN YANKE ABC 26 Agosto 2007

Hay algunas evidencias sencillas, aunque sean terribles. ETA es, simplemente, una organización terrorista que pretende imponer, mediante la violencia y su instrumentalización, su doctrina totalitaria. Lo demuestra el último atentado en Durango (que, aunque causara graves destrozos y heridos leves, buscaba la muerte) y toda su lamentable historia, incluido el último periodo de «alto el fuego» en el que, manteniendo distintas formas de extorsión y amenaza, quiso avanzar hacia sus fines con el complemento de «otros procedimientos» que, sorprendentemente, daba la impresión de que se le facilitaban.

Cualquier repaso, aunque sea somero, de la trayectoria de ETA impide otra valoración. No ahora, ni desde la implantación de la democracia en España, sino desde el nacimiento de la banda. Sin embargo, una de las peculiaridades de nuestra historia reciente es la resistencia más o menos amplia a aceptar esa evidencia. Las falsedades son numerosas: los motivos, el «conflicto», la diferencia con otras organizaciones terroristas que se consideran, esas sí, radicalmente condenables, la ETA buena -la de un pasado que se determina por capricho o interés- y la ETA mala, el terrorista bueno y el malo dentro de la misma organización, la que desea renunciar a ella y precisa cauces, la que está a punto de dividirse y necesita, por ello, ser removida. Es decir, en todos los casos, una banda terrorista que requiere cosas distintas a ser -única y exclusivamente- perseguida por las fuerzas de seguridad y puesta a disposición de los jueces.

Por ello hemos tardado tanto en ver su rostro verdadero -el simple, el de la evidencia- y necesitado, para reaccionar, cada vez mayores barbaridades terroristas. Si uno piensa en que, para mudar realmente el rumbo social y político, se tuvieron que vivir, ahora hace diez años, sucesos tan escandalosos como el secuestro de Ortega Lara y el inmediatamente posterior asesinato de Miguel Ángel Blanco.

Sin embargo, quizá para justificar un «proceso de paz» tan absurdo como equivocado, había que volver a algunas falsedades y, entre ellas, la de la verdadera y «verificada» voluntad de ETA de abandonar las armas. Y, cuando todo se ha venido abajo, a lo mejor por aquello de salvar los trastos de algún modo, hemos asistido a la presentación de Batasuna -a pesar de las sentencias judiciales y la evidencia cotidiana- como algo distinto de la banda que, si es tratada adecuadamente, podría separarse de ella, socavarla, propiciar lo que se ha llamado la «implosión» de la misma.

Artífice del fracaso
Lo que explosiona, sin embargo, es la bomba contra la Casa Cuartel de Durango. Pocas horas después, en las calles de Bilbao, Batasuna se manifiesta enarbolando la indignidad: es el ministro Pérez Rubalcala, que había alertado sobre la posibilidad de un atentado, quien «ha tenido en sus manos una propuesta de ETA de desarme» y es artífice de su fracaso. Y ANV, presente en el consistorio de Durango, se niega a condenarlo por ser «una consecuencia del conflicto». Lo sorprendente es que todo esto ocurría la misma mañana en que, apenas unas horas después del atentado, algunos representantes del partido gubernamental parecían creer estar ante una oportunidad para que la ficción se volviera, de repente, una realidad consoladora.

El secretario de Organización del PSOE, José Blanco, reclamaba la condena de Batasuna añadiendo que era la ocasión para «pasar de las palabras a los hechos». ¿Qué palabras? ¿Qué hechos? Un personaje que, a la vista está, es refractario a la reflexión intelectual más elemental, un portavoz de Izquierda Unida en el País Vasco que se apellida Arana, no sólo pide a Batasuna que se desmarque sino que lo hace para gozar «de crédito político y legitimidad ética». Los socialistas vascos insisten para que los dirigentes de la formación ilegalizada «demuestren que realmente quieren hacer política». Uno de ellos, más atrabiliario que la media, añade, para pasmo de todos, que lo ocurrido era una «oportunidad» para ello. Como si las «oportunidades» que algunos sostienen que hay que brindarles incluyeran la barbarie terrorista.

Batasuna es ETA. Y ETA, terrorismo totalitario. Todas las demás ficciones son absurdas. El peligro es que se conviertan en la disculpa de la pusilanimidad o de una nueva búsqueda del «final dialogado». Como si la reacción lógica no fuese perseguir con todos los medios legales -policiales, judiciales, políticos, sociales- a la banda y sus secuaces del «brazo político», sino considerarlo algo distinto de ETA o una ETA seducible (¿a cambio de qué?) a la que hay que insistir en que tiene una y otra y otra oportunidades para demostrar que es lo que no es y que quiere lo que no quiere ni querrá.

La calculadora de ETA
ANDRÉS MONTERO GÓMEZ El Correo 26 Agosto 2007

Hace no demasiados años, que ETA asesinara a guardias civiles, policías o militares era algo rutinario para la población española. Las fuerzas armadas y de seguridad siempre han sido una especie de objetivo terrorista predeterminado, es decir, víctimas que son menos víctimas en función de su trabajo, de su dedicación. Hace no demasiados años, la percepción general de la población era que morir en un atentado terrorista era algo adosado al sueldo de policías y militares. Esa percepción ayudaba a que ETA los asesinara sin miramientos, sin ningún cálculo de costes y beneficios. Sencillamente, a ETA le podían servir de asesinatos de mantenimiento, para mantener la tensión de la violencia pero sin que le supusieran ningún desgaste ni ante las bases abertzales, ni por supuesto ante sus propios terroristas, ni desgraciadamente ante la población general. Asesinar a guardias civiles, militares o policías era algo que se le suponía a ETA y que nadie cuestionaba o, si se hacía, era en voz bajita.

A partir de un determinado momento, que puede identificarse con la segunda mitad de la década de los noventa, la implicación de la población en la lucha antiterrorista, latente a partir de los secuestros de Julio Iglesias Zamora (lazo azul) pero activada definitivamente por la tortura de Ortega Lara y el asesinato de Miguel Ángel Blanco, hace que ETA sienta que, de alguna manera, tiene que hacer cálculos para cada asesinato, para cada atentado. Los cálculos, evidentemente, están relacionados con hasta dónde puede gastar ETA el cheque en blanco de la izquierda aberztale pero, sobre todo, con hasta dónde estaría dispuesto a llegar un gobierno en la lucha contra ETA con el apoyo de una población que haya considerado que existe un límite de terrorismo que ya no puede soportar.

Esta interacción entre percepción de la población y acciones criminales es inherente al fenómeno terrorista. Tanto es así que, por ejemplo, la intensidad de los atentados islamistas del 11-M ha condicionado la práctica de atentados de ETA, que intuye que no puede acercarse a ese nivel de muerte para no asemejarse al terrorismo islamista (hasta en esto del terrorismo hay identidades corporativas), tampoco puede sobrepasarlo porque tendría muy difícil justificar ese grado de violencia ante el porcentaje de sus apoyos en Euskadi y, en todo caso, sabe muy bien que la población a la que utiliza como transmisora del terror ha cambiado su percepción respecto del terrorismo.

Lo que ETA no puede ignorar, aunque deforme mucho la realidad para construir sus argumentos, es que el mínimo de concesiones que pueda obtener de un gobierno en un futuro depende de sus acciones hasta entonces. En sus cálculos está negociar presos, conseguir algunos beneficios para los terroristas todavía no encarcelados y presionar para lograr un escenario favorable al independentismo. Ha quemado dos treguas para nada y, por tanto, es perfectamente conocedora de que una tercera ya debería ser la definitiva o, por lo menos, tendría menos eficacia instrumental. Y, en cuanto a atentados, tiene muy difícil asesinar a concejales (demasiada identificación con la población), complicado secuestrar a empresarios (demasiado desgaste con la población de Euskadi) y no digamos nada otro tipo de acciones involucrando a la ciudadanía. Por supuesto, no es que cualquier terrorista de ETA no estuviera encantado de asesinar a un edil no nacionalista en Euskadi o del PSOE o el PP en el resto de España. Lo que ocurre es que, con las etapas que ha quemado ETA, con la actual percepción respecto del terrorismo, y con lo que la población ya demanda (aunque todavía con debilidad) de sus gobernantes respecto de la lucha antiterrorista, a ETA las cuentas se le estrechan cada vez más.

Aunque sea duro afirmarlo, los terroristas han atentado contra la guardia civil de Durango porque saben que es una acción asumible, hasta cierto modo esperable, amortizada, que no va a restarles futurible negociador ni va a cambiar la dirección de la política antiterrorista cerrando definitivamente el horizonte de eventuales compensaciones por la desaparición de ETA. Las fuerzas armadas y de seguridad son objetivos blandos, y esa (baja) ponderación de nuestros conciudadanos con uniforme en la ecuación de ETA debería avergonzarnos a todos, a nosotros, a los partidos políticos y al Gobierno.

Si los cálculos de ETA son que si asesina a otro político en este momento probablemente no podrá ni canjear un preso en el futuro, ni siquiera con un gobierno socialista, pero que si pone una bomba en un cuartel o descerraja un tiro en la nuca a un policía todavía le queda recorrido negociador, son producto, esos cálculos, de que la población probablemente no va a protestar tanto por un policía mutilado; que los políticos probablemente condenarán con menos sentimiento y traducirán menos su sensación de crisis a acuerdos más efectivos contra ETA; que el Gobierno no trasladará la línea roja de la negociación para estrecharla más; y que, en definitiva, será como si nada hubiera pasado. Y, encima, en Durango no ha muerto nadie. Espero estar equivocándome y que a ETA se le pongan las cosas más difíciles todavía tras este atentado. Si no es así, ustedes sentirán tanta vergüenza al leer este artículo como yo al escribirlo.

MOVILIZARSE OTRA VEZ
CURRI VALENZUELA El Ideal  26 Agosto 2007

El atentado de Durango y los que, lamentablemente, están a punto de sucederle ahora que, al fin, ETA ha conseguido burlar los controles policiales e instalar en España sus comandos y sus explosivos está planteando, es inevitable, el debate de si hemos retrocedido tres años en la lucha antiterrorista.

O, dicho lisa y llanamente, si la política de Zapatero de contentar políticamente a la banda y mirar para otro lado ante sus provocaciones y las de los grupos políticos que la apoyan ha servido para que, rota la tregua, los terroristas se hayan encontrado más fuertes y el Estado más débil. Una polémica que, al margen de lo que parece ser la evidencia, requiere el conocimiento de lo que las fuerzas de seguridad han hecho y han dejado de hacer desde que el Presidente se empeñó en negociar con ETA tampoco se sabe con certeza el qué.

Pero de lo que sí no cabe la menor duda es de que el reinicio de los atentados pilla a la sociedad civil en gran parte desmovilizada para salir a la calle en son de protesta contra los terroristas, articular sistemas para ayudar a las víctimas, combatir con la ley en la mano a las organizaciones políticas que sirven de apoyo a los etarras y debatir las opciones posibles fuera y dentro del País Vasco para conseguir derrotar a la banda. Y de estas carencias hay un claro culpable: José Luis Rodríguez Zapatero.

El empeño del Presidente en los últimos tres años ha sido, claramente, el de tratar de desacreditar y debilitar a todas las organizaciones civiles que perseguían esos fines, por cierto con bastante éxito, antes de que él llegara a La Moncloa. A la AVT y al Foro de Ermua se las ha menospreciado desde el Gobierno calificándolas de apéndices del PP por haber provocado manifestaciones contra la manera de negociar con ETA que realizaba Zapatero. A las víctimas, en general, se las ha tratado de dividir desde el Gobierno, incluso a través de aquel organismo oficial que presidió Gregorio Peces Barba. A otras organizaciones como la Fundación de Víctimas del Terrorismo y ¡Basta Ya!.se las ha dejado de lado pese a la militancia socialista de quienes las presiden, Maite Pagazaurtundúa y Fernando Savater. Y socialistas tan distinguidos o más por su relevancia personal y su denuncia política de quienes apoyan a los terroristas, como Rosa Díaz o Nicolás Redondo Terreros, han sido empujados hacia las fronteras exteriores del PSOE.

Todos ellos, que tanto contribuyeron en una época anterior a canalizar las respuestas ciudadanas hacia la lucha política contra ETA paralelamente a la acción contundente de las fuerzas policiales antiterroristas, han sido dejados de lado, en muchos casos acallados, mientras el Gobierno emprendía otros caminos frente a la banda. Y ahora, cuando vuelve el coche bomba, cuando hace falta otra vez movilizar a la ciudadanía contra el terror y en apoyo de la lucha policial, ¿va a llamar Zapatero a Buesa, Rosa Díez, José Alcaraz, Fernando Savater, etc, y les va a pedir que convoquen las necesarias movilizaciones ciudadanas?

Queridos sicarios
Luis del Pino Libertad Digital 26 Agosto 2007

Ese crimen no resuelto, aunque nadie hable de él, o precisamente porque nadie habla de él, sigue más presente que nunca, como un ominoso secreto de familia. Como un cadáver enterrado en el sótano de la mansión, al que nadie menciona, pero cuya presencia se deja sentir en cada gesto y en cada palabra de cada uno de los habitantes del hogar.

No hay calle alguna en toda España que recuerde el genocidio del 11-M. No hay en Madrid un solo monumento donde esa fecha terrible, 11-M, recuerde aquella matanza. Hay, eso sí, silentes Bosques del Recuerdo que no se sabe bien qué hecho recuerdan e imponentes monumentos translúcidos que nadie es capaz de decir qué especie de imagen triste intentan difuminar.

Pero el honor de la familia exige olvidar que una vez existió marzo y que hubo alguna vez un día 11. Todo es, por tanto, silencio en torno a ese crimen innombrable. Y un olor dulzón a podredumbre que se filtra desde el sótano, impregnando cada mueble y cada alfombra en los largos salones hoy desiertos.

Lo de menos es que nadie previera la espantosa dimensión de la masacre. Nada importa que unos consintieran el crimen para preservar el statu quo, mientras que otros daban su aquiescencia con la única intención de destruirlo. Al final, lo único que cuenta es que son demasiadas las manos en las que, pasados los meses y los años, los perros entrenados siguen pudiendo oler, como en la habitación portuguesa de Madeleine, el persistente rastro de la sangre.

Antes o después, la masacre silenciada habrá de terminar provocando el estallido. Antes o después, cada uno de los actores del crimen, voluntarios o involuntarios, encontrará 192 razones de peso para hacer valer su interés. Antes o después, los partidarios de vaciar la caja fuerte del muerto antes de que alguien encuentre el cadáver entablarán la lucha a muerte con aquéllos que creen imprescindible tratar de guardar las formas para que nadie eche de menos al finado.

El horizonte nos trae vientos de guerra entre los partidarios de convocar un referéndum vasco de inmediato y los que intentan ganar tiempo para montar una ficción que aparente transitar de la ley a la ley. Entre los que quieren aprobar el estatuto catalán en su totalidad y los que prefieren asegurar la jugada aprobándolo a plazos. Entre los que apostarían por forzar a los populares a un pacto que impidiera cualquier tipo de vuelta atrás y aquéllos que prefieren impedir la vuelta atrás por la vía del hecho consumado. Entre los que creen que el tiempo se les acaba y los que están convencidos de poder todavía controlar los tiempos.

Cualquier avance ahora en la resolución del 11-M no hará sino acelerar el desencadenamiento de esa lucha, al acortar los días disponibles para la cosecha del crimen. Y hay mucha gente que se está poniendo nerviosa.

Porque mientras hablábamos de enigmáticas tramas etarras, o de servicios secretos marroquíes, todo iba bien. "¿Por qué no alentar con intoxicaciones", pensaban, "el juego de las investigaciones y utilizarlo para controlar la deriva de la situación, modulando la presión sobre unos actores u otros?".

Pero hemos comenzado a señalar a las cloacas y los timbres de alarma se han puesto a tocar a rebato. Porque hemos traspasado los límites. No es extraño que algunos dediquen ahora sus esfuerzos a tratar de destruir un movimiento en pro de la verdad del 11-M que han visto que no pueden controlar. Y que va a acabar con ellos.

La veda contra nosotros se abrió en el mismo momento en que osamos pronunciar la palabra "cloaca", en el mismo instante en que nos atrevimos a decir que el dueño de la casa no estaba de viaje ni en el norte ni en el sur, en el mismo segundo en que decidimos abrir esa puerta del sótano y empezamos a señalar esas losetas del suelo que parecen colocadas hace poco.

Pero somos un hueso más duro de roer de lo que vosotros pensasteis, sicarios. Y me temo, para vuestra desgracia, que el secreto familiar dejó ya de ser secreto. Y que ya sólo es cuestión de tiempo que las piquetas de los gallos terminen cavando en ese sótano, en busca de auroras de justicia.

Y ese amanecer, queridos sicarios, dará paso al día de vuestra destrucción. Y de nuestra libertad.

ETA: la lógica de la negociación y la del desistimiento
Roberto L. Blanco Valdés La Voz  26 Agosto 2007

¿ Qué ha pretendido ETA con el tremendo atentado de Durango? Sin duda, provocar una masacre. Así lo reconocía, horas después de la explosión, el director general de la Policía y de la Guardia Civil, quien fijaba con claridad el objetivo terrorista: «Causar una carnicería». Como la de 1987 en el cuartel de Zaragoza (12 muertos, seis de ellos niños) o la de 1991 en el de Vich (10 muertos).

Ahora bien, una carnicería, ¿para qué? ¿Quizá para vencer al Estado por la fuerza de las armas? Aunque es posible que quede aún en ETA algún orate que crea que un grupúsculo de pistoleros puede ganarle la mano, en pleno siglo XXI, a un Estado europeo dotado de unas potentes y eficaces fuerzas y cuerpos de seguridad, es seguro que, incluso en su delirio, no es esa la expectativa con la que trabajan los etarras.

ETA sabe, en realidad, lo que sabe en España todo el mundo: que la única posibilidad que tiene para intentar conseguir sus objetivos es lograr que algún Gobierno los negocie con ella a cambio del abandono de las armas. A eso se reducen todas sus opciones de victoria. Por eso cometen los etarras atentados terroristas: porque tienen la esperanza de que, antes o después, algún Gobierno se avendrá a negociar el fin del terrorismo, lo que permitiría a los encapuchados sacar la tajada que llevan casi medio siglo persiguiendo a punta de pistola.

Es la lógica de la negociación: ETA mata con la hipótesis de que, más tarde o más temprano, algún Gobierno se cansará y decidirá sentarse a negociar. Alimentar esa hipótesis es la mejor manera, por lo tanto, de mantener viva la lógica de la negociación y de incentivar objetivamente, en consecuencia, las acciones terroristas que constituyen su inevitable corolario.

Frente a esa lógica perversa, sólo cabe, para darle a ETA la puntilla, la lógica contraria: la del desistimiento. Es decir, la consistente en proclamar con total rotundidad, mediante un acuerdo firme entre los dos grandes partidos con posibilidades de articular mayorías en las Cortes, que gobierne quien gobierne no se negociará nada con ETA. Y que, por tanto, la lógica de la negociación que alienta sus acciones criminales falla por la base. Pues si nadie está dispuesto a negociar, carece de sentido una estrategia basada desde siempre en esa expectativa.

Anteayer me comentaba un gran dirigente socialista que lo peor del atentado de Durango es que demuestra que ETA ha ganado otra vez la iniciativa. Es verdad. Por eso, el único modo de volver a arrebatársela es cambiar la lógica de la negociación, en la que llevamos muchos meses, por la del desistimiento, que incomprensiblemente Zapatero abandonó cuando había comenzado a producir efectos demoledores sobre ETA.

El testamento de Cisneros
POR ÁLVARO DELGADO-GAL ABC 26 Agosto 2007

Poco antes de morir, Gabriel Cisneros, uno de los padres de la Constitución, habló sobre su criatura en una entrevista que «Papeles de Ermua» publica póstumamente. Cisneros alegó la necesidad de reformar la Carta Magna en profundidad, e incluyó, entre las ideas que deberían someterse a debate, un cambio de la ley lectoral. El cambio estaría destinado, naturalmente, a combatir la acción corrosiva de los nacionalistas. La recomendación de Cisneros enuncia el procedimiento más corto, y también menos traumático, para intentar una rehabilitación del Estado. No significa esto que la tarea fuera a ser sencilla. Nos enfrentamos, en primer lugar, a una cuestión de porcentajes, o si se prefiere, de zonas vitales dañadas. El proceso de desmarques estatutarios está en curso, el poder judicial lleva camino de fragmentarse, y en muchos casos la pérdida de competencias del Estado Central ha rebasado el perímetro de seguridad. El asunto estribaría no sólo en contener la deriva, sino en invertirla parcialmente. Concedamos de barato que con el acuerdo entre los dos grandes partidos pudiera alcanzarse esta proeza. Tendría que cumplirse todavía la premisa en que el futurible se sustenta. Es decir, tendría que verificarse el acuerdo entre populares y socialistas, y verificarse, además, cuanto antes. No sólo porque el trabajo será tanto mayor cuanto más adelantada la descomposición, sino por un motivo venenosamente circular: los partidos están adheridos a la estructura lesionada, y ellos mismo empiezan a fracturarse.

Hemos podido comprobarlo a lo largo de este mes de agosto, fecundo en episodios de excentricidad partidaria. Cada episodio se ha originado en causas distintas. Pero esto es secundario. El dato está en la vulnerabilidad del enfermo, sobre el que se ceban agentes patógenos que no habrían provocado daño alguno en un organismo mejor armado. Veamos algunos de los síncopes y accidentes que últimamente han hecho saltar las alarmas en Ferraz y Génova.

En Cataluña, el colapso masivo de las infraestructuras ha convertido en grietas las fisuras abiertas por la gestión imprudentísima del Estatut. Zapatero salió del atasco cortocircuitando a Maragall y desahuciando al tripartito. El actual gobierno regional, edificado sobre las ruinas del anterior, no le debe absolutamente nada a La Moncloa, con la que mantiene una relación equívoca. La necesidad de proteger a la ministra Álvarez, identificada en Cataluña con los desafueros presuntos de Madrid, ha puesto a prueba la paciencia de los socialistas catalanes y reavivado una herida que todavía no había terminado de cicatrizar. El PSC se ha imantado con corrientes que exigen la constitución de un grupo parlamentario propio. Un tropiezo del partido matriz en las próximas elecciones podría traer grandes novedades. La situación es igualmente delicada en Navarra, donde el cambio de dirección impuesto desde Ferraz ha dejado al PSN al pie de los caballos y con enormes ganas de armar la gorda a la primera oportunidad que se presente.

Soplan también vientos de fronda en la derecha. Sanz, el jefe de UPN, se ha permitido hacer en voz alta una elucubración estrafalaria: ha hablado de apañar un grupo parlamentario en el Congreso, ahora con la marca de Navarra. Ello exigiría cinco escaños, es decir, tres más de los que puede aportar su partido. ¿Cómo cuadrar el círculo? O tomando prestados tres diputados populares elegidos en otras circunscripciones, o juntando garbanzos con el PSN y los nacionalistas de Nafarroa Bai. Lo primero sería ridículo, y lo segundo, muy grave. Equivaldría a trasladar al Congreso la estructura regional que algunos auspician para el Senado. Esto es, supondría mudar el equivalente al «Bundestag» alemán en una suerte de cámara de representación regional o «Bundesrat». Pero un «Bundesrat», sin «Bundestag» que lo equilibre, significaría el fin de la nación, en la acepción política e institucional de la palabra. Lo más probable es que Sanz haya emitido su genialidad en un momento de distracción, nerviosismo u obnubilación temporal. El hecho, con todo, es que la genialidad se le ha ocurrido, y que las ocurrencias, en el mejor de los casos, son actos fallidos. Cosas que revelan una trama interior, un sistema de tentaciones reprimidas aunque, no por ello, carentes de realidad.

Sorprenden, igualmente, las razones que ha esgrimido Ruiz-Gallardón para promover su inclusión en las listas que prepara el PP para las legislativas. El alcalde ha sostenido que Madrid necesita representación en el Congreso. El alcalde tiene todo el derecho del mundo a postularse. Es más, es saludable que lo haga, puesto que nada fatiga más que un partido automatizado y sin alternativas dentro. Pero no vale cualquier argumento. Imaginen que el propuesto por el alcalde se generalizara: en el parlamento habrían de estar presentes todas las ciudades grandes. Y por supuesto, todas las autonomías. Y echando a volar la fantasía, otros intereses con base territorial. Esto es un delirio, facilitado por la laxitud ambiente. Vuelvo a la recomendación póstuma de Gabriel Cisneros. Se trata de un arbitrio conservador, en el sentido de que propugna una transformación desde el interior del sistema, y con los recursos que éste proporciona. Podría ser que no hubiera ocasión de aplicarlo. Sucederían entonces otras cosas, más emocionantes, y probablemente más desagradables.

El País confirma que Zapatero ordenó no detener etarras y toleró a Batasuna.
Antonio Javier Vicente Gil  Periodista Digital 26 Agosto 2007

Vengo observando en El País desde hace muchos meses la baja calidad de sus informaciones y de sus editoriales, sobre todo porque cada día son más burros llegando al extremo de intentar colgar medallas del pecho de Zapatero sin darse cuenta, o dándose cuenta, de que confirman que los méritos de Zapatero para recibir tales medallas o son casi delictuosos, o como poco dignos de condena social, moral y política. Sin ir más lejos hoy quieren colgarle a Zapatero la medalla de político eficaz y para ello confirman que ordenó, durante la tregua de ETA, el no detener terroristas, así como que legalizó a ETA Batasuna en la práctica al tolerar sus actividades a pesar de estar ilegalizada y que aun tolera.

El editorial de El País de hoy domingo titulado “Cuarto y reválida” es bien claro:

“... y porque si hay atentados, como el del pasado viernes, la opinión pública tiende a alinearse con el Gobierno y ve mal los excesos de los críticos.

Pero también porque, contra lo que pareció en su momento, el Gobierno ha demostrado que sí tenía un plan B: eficacia policial (20 detenidos este verano), y ahora se verá si también fin de la tolerancia hacia la ilegalizada Batasuna.”

Dicen los tontorrones editorialistas de Polanco y sucesores que tras la tregua de ETA el gobierno tenía un plan B, la eficacia policial, de donde se deduce que la eficacia policial en detener etarras no formaba parte de su política durante la tregua, luego nos están diciendo que Zapatero es responsable de haber ordenado el que no se detuvieran etarras. Yo no se si eso figura en el Código Penal en eso de denegación de auxilio a la justicia o en otro lugar, lo que si sé es que no es una obra santa sino todo lo contrario.

Con amigos como los editorialistas de El País Zapatero no necesita enemigos, además de lo dicho confirman también que Zapatero tolera y ha estado tolerando las actividades de la ilegalizada Batasuna, otra cosa que no sé si es delito de lo mismo o parecido. Para más INRI los chicos de PRISA nos dicen, no solo que toleró las actividades de ETA Batasuna sino que aún a día de hoy las está tolerando al decir que “ahora se verá si también fin a la tolerancia hacia la ilegalizada Batasuna”, al decir “ahora” nos dicen que aun está jugando Zapatero a ciertos juegos de cama con ETA.

A este paso igual logramos lo que no es posible lograr de otra forma, que la torpeza de los progres nos haga libres. Por mucho menos de lo que acusa El País a Zapatero a otros presidentes de Gobierno ya les estaría pidiendo la dimisión, pero de momento no nos caerá esa breva.

Quiero ser balcón de Bilbao

POR ANTONIO BURGOS ABC 26 Agosto 2007

IGUAL que el otro día pedí que me borrasen de ciudadano, ante la colectiva Degeneración de la Ciudadanía, hoy solicito oficialmente ser balcón. Pero no un balcón cualquiera. No el larguísimo balcón del Palacio de Peñaflor en Ecija, el que corre por la fachada de frescos de arquitectura fingida, maravilla barroca que se ciñe a la curvatura de la calle. Conocido en Ecija como el Balcón del Coño, pues todo forastero al que se lo enseñan, sorprendido por la valentía arquitectónica de la larga curva, exclama:

-¡Coño, qué balcón!
Yo quisiera ser balcón. Pero no el balcón de Julieta, ni el balcón de Manet, ni el de las majas de Goya, ni el que al Papa de Roma le da el avío de Cátedra de San Pedro en el Vaticano. Yo quisiera ser balcón, pero no de Toledo en la procesión del Corpus, con el habitual devotísimo Pepe Bono en su barandilla, encendiendo como suele una vela al cardenal primado y otra a los curas rojos de Entrevías. Yo quisiera ser balcón, pero no de Nueva Orleáns en Mardi Gras, con el mujerío enseñando pícaramente las domingas. Yo quisiera ser balcón, pero no el que sirve como unidad de medida para los tontos con balcones a la calle. Yo quisiera ser balcón, pero no el del alcalde de Villar del Río en «Bienvenido, Mister Marshall».

Yo quiero ser un balcón de Ayuntamiento en condiciones. Un balcón de Ayuntamiento rentable, útil, cómodo y seguro.
Yo, señores, quiero ser balcón del Ayuntamiento de Bilbao.

Porque ese balcón tiene una extraña extraterritorialidad. No extraterritorialidad en el espacio, como las embajadas del Reino de España que convierten en suelo patrio cualquier accesoria alquilada en los chirlos mirlos. No una extraterritorialidad espacial histórica de señorío nobiliario, de maestrazgo de orden militar, de behetría. La curiosa extraterritorialidad jurisdiccional del balcón del Ayuntamiento de Bilbao merece que sea estudiada, pero muy profundamente, en los próximos congresos de la ciencia jurídica. Porque en ese balcón se acaba de inventar una nueva figura: la extraterritorialidad temporal. En el balcón del Ayuntamiento de Bilbao rigen las leyes del Reino de España y se aplican las sentencias de su Tribunal Supremo pero muy poco, casi nada. Sólo 25 minutos. En materia de la bandera nacional, por ejemplo: se iza la bandera nacional durante 25 minutos, un abrir y cerrar de ojos, menos que tarda en persignarse un cura loco, y, hala, ya está, ya hemos cumplido las leyes, no se vayan a enfadar estos señores etarras.

Y No Passssa Nada. Y no va la Guardia Civil a exigir que sean rendidos a la bandera de España los honores que marcan la Constitución, la cortesía y la decencia. Y al señor que manda que la bandera española ondee sólo un ratito, para cumplir el expediente, para hacer el paripé, pues tampoco le ocurre nada. En cambio, atrévase y no rinda honores a la bandera arco iris en una manifestación del orgullo gay, verá la que le lían. O ponga en cuestión la bandera vascongada, o la catalana de las barras. O la misma bandera verde que te dice en la playa que te puedes bañar.

Por eso yo pido en tiempo y forma ser balcón del Ayuntamiento de Bilbao. Recibir oficialmente del Estado de Derecho tratamiento de balcón del Ayuntamiento de Bilbao. Esto es, pechar con los deberes de ser España sólo durante 25 minutos. O sus partes proporcionales en espacio, en dinero, en responsabilidades. Por ejemplo:

Yo quiero ser balcón del Ayuntamiento de Bilbao a la hora de pagar el impuesto sobre la renta en junio. Pagar sólo la parte proporcional a 25 minutos de IRPF. Y que no me pase nada. Yo quiero ser balcón del Ayuntamiento de Bilbao como conductor. Poder ir a la velocidad que quiera, como quiera, y si me para la Guardia Civil, que me multe sólo el equivalente a 25 minutos de ley, y me quite del carné sólo los puntos correspondientes a 25 minutos de Código de la Circulación. Yo quiero ser balcón del Ayuntamiento de Bilbao para pagar sólo 25 minutos de IBI por mi piso.

Y así sucesivamente. No hay nada como ser vaca en la India o balcón en Bilbao. O ZP de veraneo en Asturias, donde lo de la pazzzzzzz de Ignacio Camacho se le queda en el final: en los zzzzzzzzzz de los ronquidos, que se oyen en Pamplona.

Enrique de Diego: El comunismo: La mayor secta de asesinos (1)
Redacción minutodigital 26 Agosto 2007

No fue éste el peor peligro que hubieron de afrontar las clases medias. Apareció entonces, cuando sus éxitos parecían incuestionables, la secta más grande de asesinos que ha conocido –hasta ahora- la Humanidad: el comunismo. Los comunistas pusieron en marcha vetas de odio como no se habían conocido antes. Engendraron el matonerismo político en dimensiones nunca antes imaginadas. Haciendo reclamación de los más viejos instintos de la especie, proclamaban sin ambages, su disposición al exterminio de todas las clases medias, de la burguesía. Mientras el sueño de todo trabajador ha sido siempre mejorar la posición de los suyos, plutócratas diletantes e intelectuales resentidos querían convertir, a cada uno de ellos, en un asesino. Tergiversaron la realidad con tosqueda suficiencia. Sostuvieron groseros errores, de los que eran incapaces de corregir, con absurdos dogmatismos indicando que el precio de una mercancía y, por tanto, del trabajo es igual a sus costes de producción, sin percibir, como ya se había hecho tiempo antes, el valor subjetivo, la utilidad marginal, de los bienes de consumo. Presentaron la emancipación de las gentes como nueva forma de esclavitud y, llevando la reacción al extremo, propugnaron como panacea la supresión de la propiedad privada, pretendiendo devolver a la Humanidad a los tiempos prehistóricos y sometiéndola a la brutal opresión de un Leviatán que, ni en las peores pesadillas, había sido ideado por los espíritus más ruines y deshumanizados. La exaltación de la caverna y el instinto criminal se pretendieron síntesis futura, marcada por leyes científicas inexorables. El proletariado nunca existió. Fue categoría intelectual inventada.

Dentro de la secta, se mantuvieron debates encrespados y circulares, en los que se discutía cuándo, a través de qué pasos en el proceso debía llevarse a cabo la ‘solución final’, el exterminio de la diabolizada burguesía. El conjunto de esas cepas de la secta destructora se dio a sí misma el nombre de movimiento socialista. Si el comunismo chorrea sangre por cada una de sus letras, y ha sido el inventor de formas extremas de explotación del hombre por el hombre, de trabajo esclavo, el socialismo no ha hecho otra cosa, en su historia, que asesinar a las clases medias. En ocasiones, procedían a cruentos ajustes de cuentas internos, mas todos coincidían en la saña contra las clases medias, en la pulsión genocida. El asesinato en masa, los campos de exterminio, el totalitarismo han sido las aportaciones a la historia de la Humanidad del socialismo, dentro de cuyo espectro los comunistas no han sido distintos, simplemente han sido los más cerriles y los más sanguinarios. Los partidos socialistas no están al margen de ese elevado patrimonio genocida.
(Extracto del libro ‘El manifiesto de las clases medias’)

 

El Gobierno ZP habla mucho y hace poco contra ETA
Periodista Digital 26 Agosto 2007

La ejecución a la manera de los ocheta del brutal atentado de Durango acredita que la banda criminal tiene como máximo dirigente a Josu Ternera y no a Txeroki, como se venía diciendo. El de Durango fue un atentado, como el de la casa-cuertel de Zaragoza, que pretendía víctimas mortales sin discriminación alguna.

Acreditado esto, el error del Gobierno ha sido estimar que la ETA de 2006 y 2007 era diferente -en su naturaleza y objetivos- a la del año 2000 o anteriores y que, por lo tanto, se daban condiciones para un arreglo dialogado de la violencia terrorista.

Mientras al Ejecutivo se le llanaba la boca de hablar de "proceso de paz", de "hombre de paz",... desoyendo las advertencias de lo que iba a ocurrir, la organización criminal se ha recompuesto y, sobre todo, ha insertado en el sistema a su brazo político.

Ya se están empezando a notar las graves consecuencias del error del cálculo del Gobierno, y José Luis Rodríguez Zapatero debe asumir la responsabilidad. Pero no parece el caso.

Justo un día después del primer atentado de ETA tras el anuncio del fin de la tregua, el presidente recurrió a la retórica y la teatralidad, advirtiendo a los terroristas de que sobre ellos «se aplicará de manera tajante toda la firmeza del Gobierno, de las fuerzas políticas, de la Policía, de la ley y del Estado de Derecho».

Mucho es de temer que la cosa se quede en simple palabrería. Lo fundamental es que ETA tenga la absoluta certeza de que no va a lograr ninguno de sus objetivos políticos.

Está en manos del presidente del Gobierno, pues, la posibilidad de dar un giro definitivo a su política antiterrorista para que ETA y su entorno sepan que hay algo detrás de tanta palabrería. Lo primero: instar la ilegalización del brazo político de ETA.

Una vez que ANV se ha puesto en evidencia al no condenar el atentado del viernes, debería iniciar a través de la Abogacía del Estado y de la Fiscalía el proceso para su ilegalización. Sin embargo, ya ha salido el ministro de Justicia para descartar tal posibilidad.

Alega el ministro de Justicia que, según la doctrina del Tribunal Constitucional, el hecho de no condenar un atentado no es motivo suficiente para la ilegalización de un partido. Pero Fernández Bermejo olvida deliberadamente que hay otros elementos que permiten concluir que ANV es Batasuna.

Varios ejemplos: en cuestión de días pasó de no tener apenas militancia a presentar candidaturas en la mayoría de poblaciones vascas y navarras; ha seguido al pie de la letra la estrategia de la formación ilegalizada; según los informes policiales la dirección de Batasuna informó a sus cuadros de que ANV pasaba a ser su tapado en las elecciones después de que ASB no superara el filtro del Supremo; los papeles incautados a Mikel Antza revelaban que el líder de la banda advertía que la «respuesta» a la ilegalización de Batasuna para sortear a la Justicia debía ser ANV.

Las palabras del presidente del Gobierno y de la vicepresidenta son necesarias pero más necesario todavía es que el Ejecutivo español pase a la acción. Detrás de estos discuros sólo existe la ambigüedad de acción. Ni siquiera se sabe si se ha cerrado definitivamente la posibilidad de negociar con ETA.

Protesta en Baleares
«El Gobierno balear pretende imponer el catalán al más puro estilo franquista»
Comerciantes y asociaciones se rebelan ante la obligación de rotular en el idioma cooficial
Asier Vera La Razón 26 Agosto 2007

PALMA DE MALLORCA- «Antes de rotular mi establecimiento en catalán, cierro mi comercio», recalcaba esta semana un propietario de un supermercado situado en Palma de Mallorca. Así de rotundo se mostraba este comerciante, tras conocer la intención del nuevo Gobierno de Baleares, formado por seis partidos (PSIB, PSM, EU-EV, ERC y UM) y presidido por el socialista Francesc Antich, de obligar a los establecimientos a colocar sus carteles y sus ofertas al menos en catalán.

 Además, esta medida contemplada en la Ley del Comercio, aprobada en 2001, obliga a los comercios con más de tres empleados a tener un trabajador que hable y entienda el catalán. Así, los establecimientos que no empleen el catalán podrán ser multados con hasta 15.000 euros y se pueden exponer, incluso, al cierre.

Para el PP y ciertos sectores sociales de Baleares, esto es solamente la punta del iceberg de la imposición del catalán en el sector económico, educativo y sanitario que, según auguran, llevará a cabo durante esta legislatura el nuevo Ejecutivo, presionado, a su juicio, por los partidos independentistas que lo integran, como es el caso de ERC y PSM.

Como ejemplo, citan la decisión de que toda la programación de la radio y televisión autonómicas de Baleares (IB3) será en catalán, de modo que el castellano sólo lo podrían utilizar aquellos invitados que desconozcan la lengua catalana, así como el hecho de que los colegios puedan impartir hasta un 80 por ciento de sus clases en catalán.

«Radicalismo» del Ejecutivo
Ante esta situación, el portavoz adjunto del PP, Fernando Rubio, denuncia el «radicalismo» del Ejecutivo, que, a su juicio, se va a someter a los dictados de los partidos nacionalistas para «imponer» el catalán a la sociedad balear. «Partidos como ERC y PSM siempre han visto la lengua como una imposición y quieren que el catalán se utilice casi a la fuerza, cuando estamos en una sociedad plural en la que se tienen que defender los diferentes idiomas», sentencia.

Colectivos como la Asociación Familiar de Baleares critican la «imposición» del catalán en las islas «al más puro estilo franquista» por parte de unos partidos que «han perdido las elecciones». El presidente de este colectivo, José Ignacio Pérez de Argueyes, cree que en una sociedad globalizada en la que los idiomas más importantes pueden ser el español y el inglés, «no tiene mucho sentido mantener el catalán, que permanecerá solamente a base de dinero e imposición». Por su parte, el presidente del Círculo Balear, Jorge Campos, ya ha anunciado que está estudiando la posibilidad de recurrir la Ley del Comercio ante el Tribunal Constitucional, debido a que, a su juicio, el Gobierno pretende «imponer el catalán a la gente discriminando al castellano».

Muy contraria es la postura del portavoz del PSOE, Antoni Diéguez, quien cree que los sectores conservadores están generando una «polémica interesada» en base a la lengua para acusar al Gobierno de ser un «talibán que persigue a los que hablen castellano». Niega también que se quiera imponer el catalán a los médicos, ya que lo importante es que «sepan medicina, aunque cuanto más idiomas dominen, mucho mejor». El coordinador de la Obra Cultural Balear, Tomeu Martí, apuesta por que el catalán cuente con los mismos derechos que el castellano y recalca que existen 141 normas que «imponen» el español y hacen obligatorio su conocimiento.

Por su parte, Bartomeu Servera, presidente de la Federación de Comercio de Baleares, criticó duramente la iniciativa del Gobierno de Antich. En este sentido, en declaraciones a LA RAZÓN, dejó claro que «Baleares es España y salvo que alguien me diga que ya no lo es, no entiendo que nos quieran imponer el catalán en los establecimientos. No obstante, tengo total confianza de que el presidente de la Comunidad, Antich, entenderá que esta ley es de imposible cumplimiento».
Además, insistió en que «ninguna institución nos puede imponer una medida de este tipo» y que el debate que se está produciendo es «falso» y «pone de manifiesto que los políticos desconocen totalmente la realidad de Baleares».

 

ETA ha renovado sus comandos en agosto para lanzar una ofensiva sangrienta y de largo recorrido
JAVIER PAGOLA. MADRID. ABC 26 Agosto 2007

ETA ha entrado en una nueva fase operativa que inauguró el sábado en Durango, una fase de largo recorrido y en la que no tendrá miramientos a la hora de atentar, ya que intentará poner muchos muertos sobre la mesa. El objetivo es llevar al Gobierno a una situación de presión tal que le obligue a reabrir el diálogo con ETA, como pretenden sus dirigentes. La dirección etarra trata de emular así la situación generada antes de las conversaciones de Argel en 1989, a las que precedió una sangrienta campaña de atentados indiscriminados (Zaragoza, Hipercor). La mano de Josu Ternera está detrás de este replanteamiento general.

Para esta nueva fase, los cabecillas de ETA ordenaron a mediados de julio a todos los «comandos» operativos que la banda tenía en España su repliegue a Francia, ante la sospecha (más que justificada por las sucesivas detenciones) de que estuvieran «quemados» y, así, enviar cuanto antes «taldes» renovados para lanzar la ofensiva terrorista planeada una vez rota la tregua de forma oficial el 5 de junio.

Desde la dirección de la banda se cuestiona ya abiertamente al jefe del «aparato militar», Garikoitz Aspiazu, «Txeroki», a quien se responsabiliza de las caídas en cadena y de colocar a la organización criminal «en horas bajas». La renovación de los comandos ha logrado, de momento, que ETA lograra atentar en Durango y casi consumara la matanza que pretendía Josu Ternera. Con todo, desde Interior se insiste hasta la saciedad en que ETA va a seguir atentando y, cuanto más, mejor para sus intereses.

Agentes de la lucha antiterrorista consultados por ABC sostienen que la pretensión de los jefes etarras cuando, a mediados de julio, tocaron a retirada sería que por un tiempo, lo más breve posible (finalmente ha sido de poco más de un mes), no hubiera un solo pistolero de la banda en España. Y, una vez analizadas las causas de tantas caídas en tan poco tiempo, enviar nuevos «comandos». Otra cosa, precisan estos medios, es que todos los etarras llamados al repliegue hubieran conseguido llegar a Francia. De ahí la decisión del Ministerio del Interior de difundir recientemente las fotos de algunos de los etarras más buscados. En este sentido, no descartan que el terrorista Ander Múgica Andonegui pretendiera alcanzar el vecino país cuando, el pasado 19 de julio, huyó precipitadamente de un taxi en la localidad de Torreblanca (Castellón) al observar en las inmediaciones varias patrullas de la Guardia Civil. Ander Múgica fue uno de los etarras que se vio obligado a abandonar días antes un coche cargado con explosivos en Ayamonte (Huelva). Todos los indicios apuntan a que este grupo disponía de un «piso de seguridad» en Sevilla y de infraestructura en el sur de Portugal. ¿Qué hacía entonces Múgica Andonegui viajando por alicante en dirección a Tarragona en un taxi?

Fracasa la campaña de verano
Es evidente que la decisión de la banda de romper las treguas mantenidas hasta ahora se ha traducido en muerte, sufrimiento y, también, mucha frustración. Pero también es cierto que a ETA ello le resulta cada vez más caro. Los Servicios de Información de los Cuerpos de Seguridad trabajan a destajo también en tiempos de «alto el fuego permanente». Incluso mejor, porque pueden profundizar más en sus investigaciones. Lo cierto es que desde el pasado 5 de junio, cuando anunció el fin del «alto el fuego permanente», todos sus planes de cometer atentados contra intereses turísticos, de momento han fracasado.

Expertos en la lucha antiterrorista consultados por ABC están convencidos de que en la actual coyuntura, lo que más le debe preocupar a los dirigentes de ETA no es tanto la neutralización de varios «comandos» y la detención de algunos de sus integrantes, que al final puede reponer, sino la forma en la que se han producido: cuando aún no habían actuado. De esta manera, se alimenta en la cúpula etarra la sospecha de que pueden tener uno o varios «topos» en lugares clave de la organización criminal. «Cuando cae un «comando» que ha perpetrado varios atentados, lo lógico es pensar que su desarticulación es fruto de pistas que ha ido dejando en sus actuaciones criminales. Pero cuando son capturados en poco tiempo varios grupos, con el denominador común de que aún no se habían estrenado, la sospecha de que hay «algo» -un infiltrado- que conduce a todos ellos está más que justificada», comentan los mismos medios que, sin embargo, aseguran que las últimas operaciones policiales llevadas a cabo en Francia y España han sido consecuencia de laboriosas investigaciones y, también, de errores de los etarras, cada vez más inexpertos.

El desconcierto en la dirección debe ser mayor, si cabe, si se tiene en cuenta que Txeroki aprovechó el denominado «proceso de paz», precisamente, para «blindar» el «aparato militar». Incluso, creó un «subaparato de logística», directamente dependiente de él, encargado de suministrar armas y explosivos a sus «comandos». Pues bien, se da la circunstancia de que ambos, el «frente militar» y el citado núcleo logístico, han sido los más castigados tras la ruptura de la tregua, con varios de los «lugartenientes» de «Txeroki» detenidos. La «gota que colmó el vaso», según aventuran los expertos antiterroristas, debieron ser los tres reveses, casi en cadena, que sufrió ETA en sus planes de materializar la ruptura de la tregua: el 21 de junio, el «comando Andalucía» se vio obligado a dejar abandonado en Ayamonte un vehículo cargado con un arsenal. Los etarras habían adoptado las máximas medidas de seguridad al alquilar el coche en una agencia de Lisboa para evitar su paso por el centro peninsular. El 2 de julio, una operación conjunta de las Fuerzas de Seguridad de Francia y España acaba con la captura del «lugarteniente» de «Txeroki», José Antonio Aranibar, cuando mantenía una cita de «máxima seguridad» con Ekaiz Aguirre y Ángel Cardaño, integrantes de un «comando» que iba a pasar a Navarra para atentar. Y el 10 de ese mismo mes, la Policía arrestó en Santander a Aritz Arginzoniz, cuando estaba a la espera de recibir un coche bomba, y pese a que había adoptado las máximas medidas de precaución, camuflándose como un turista y viajando en autobús.
Es decir, pese a esa obsesión por la seguridad interna, la «nueva ETA» de «Txeroki» ha sufrido a lo largo del verano sucesivas caídas que han debilitado seriamente su capacidad operativa.

Informaciones en poder de la Policía francesa apuntan a que en el propio «comité ejecutivo» de ETA se está cuestionando seriamente a Txeroki, a quien se le acusaría de «inepto» por haber llevado a la banda a «horas bajas», cuando, más que nunca, necesitaba mostrar una apariencia de fuerza y capacidad operativa. Las críticas podrían llegar a los propios pistoleros que, al fin y al cabo, son las primeras «víctimas» de esa ineptitud. Las fuentes consultadas consideran que todavía es pronto para evaluar las consecuencias, pero no descartan que Txeroki caiga en desgracia.

Más 3.000 niños y niñas asistirán a las galescolas en su primer año de funcionamiento
Hasta el momento, tienen cubiertas el 85% de las plazas ofertadas, de acuerdo con el proceso de pre-inscripción abierto el pasado mes de julio.
Efe La Voz 26 Agosto 2007

Más de 3.000 niños y niñas asistirán este curso a las galescolas en su primer año de funcionamiento, según informó hoy Vicepresidencia de la Xunta en un comunicado.

Concretamente, las 23 galescolas puestas en marcha por la Vicepresidencia y gestionadas por el Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar, que comienzan a funcionar en septiembre, acogerán a alrededor de un millar de niños de entre 3 meses y 3 años. A esta cifra hay que sumar las 2.100 plazas existentes en las 25 escuelas infantiles gestionadas por la Xunta a través de la Secretaría Xeral de Igualdade.

Hasta el momento, tienen cubiertas el 85% de las plazas ofertadas, de acuerdo con el proceso de pre-inscripción abierto el pasado mes de julio. En total, de las 930 plazas ofertadas para niños de 0 a 3 años, una vez rematado este proceso, se cubrieron un total de 790 plazas, lo que supone el 85% de la oferta.

Las 23 galescolas que van a comenzar en el curso 2007-2008 se encuentran en Cambre, Cerdedo, Coles, Crecente, Fene, A Fonsagrada, Ortigueira, Pantón, Portas, A Rúa, Taboada, Vilaboa, Boiro, Covelo, Rianxo, Pereiro de Aguiar, Ponteceso, Vilamarín, Poio, Zas, Xinzo de Limia, O Rosal y Campo Lameiro.

Más de cien personas van a trabajar en estas 'galescolas'.

Educación
Los andalucistas se unen al PP contra el contenido de Ciudadanía
Aseguran que el currículo de la polémica asignatura debe ser «consensuado», ante el alud de familias que han acudido a la Justicia
S. R. La Razón 26 Agosto 2007

Madrid- La «rebelión» de los padres de alumnos andaluces, escenificada esta semana con la presentación de hasta 14 recursos contencioso-administrativos distintos contra Educación para la Ciudadanía, ha dado sus primeros frutos. No sólo el PP ha exigido a la Junta que suspenda su aplicación este curso, ante la falta de acuerdo sobre sus contenidos. El Partido Andalucista (PA) también ha reclamado abordar el «necesario» debate de cara a consensuar su contenido.

La portavoz parlamentaria del PA, Pilar González, aseguró ayer que, si bien no comparte la petición del PP de Andalucía de suspender la aplicación de la asignatura de Educación para la Ciudadanía este curso, sí considera «necesario», como este partido, abordar un debate sobre su contenido, de cara a lograr un consenso con las familias sobre su contenido, informa Ep.
González defendió la existencia de esta asignatura, puesto que entiende que se debe proceder a la formación de los niños en «valores», de cara a que «sean ciudadanos libres». Así, no consideró necesario proceder a la suspensión de la asignatura, pero, sí señaló que sería «bueno» que se abordase con «seriedad» un debate sobre su contenido.

De esta forma, la portavoz parlamentaria se mostró convencida de que sólo con «voluntad política» se puede alcanzar un acuerdo sobre su contenido de cara a que se pueda aplicar con total garantías. «El PA defiende una asignatura que permita educar a los niños en unos valores y que les haga conocer cuestiones tan importantes como la historia de su tierra, el contenido del Estatuto de Autonomía y la Constitución, ya que es un medio de hacer que se conviertan en ciudadanos plenamente libres», razonó.

La oposición aumenta
Esta petición de un nuevo debate sobre los contenidos de la materia llega después de que el lunes cinco familias de Sevilla, Granada y Málaga presentaran sendos recursos contencioso-administrativos. A éstos les siguieron otros nueve padres de alumnos malagueños tres días más tarde.

Con casi 2.000 objeciones de conciencia registradas, la comunidad andaluza ha sido, hasta ahora, una de las más combativas contra la polémica asignatura. No en vano, Andalucía es una de las siete autonomías en la que la materia se empezará a impartir el mes que viene. Además, junto con Extremadura y Cataluña, es una de las que cuenta con un currículos más «radicales», de acuerdo con la plataforma promotora de la objeción, Profesionales por la Ética.

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