AGLI

Recortes de Prensa    Martes 18 Septiembre   2007

Igual que siempre
FLORENCIO DOMÍNGUEZ El Correo 18 Septiembre 2007

El rechazo al terrorismo ha sido siempre mayoritario en la sociedad vasca. Lo es ahora y lo era hace veinte o treinta años. La mejor expresión de ese rechazo ha tenido lugar de forma reiterada en las urnas, aunque en ocasiones también se ha manifestado en las calles: en la memoria de todos están las manifestaciones que siguieron al secuestro y asesinato de José María Ryan, en febrero de 1981, o las que se produjeron tras el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco, en julio de 1997, por citar dos casos especialmente significativos y separados en el tiempo.

No hay ahora un mayor rechazo social al terrorismo, en contra de lo que viene afirmando el lehendakari en los últimos tiempos y que ayer repitió. Lo que sí hay, por el contrario, es una menor disposición a involucrarse en las movilizaciones públicas contra la violencia, como se vio tras el atentado del 30 de diciembre o tras la más cercana acción terrorista de Durango, pero la desmovilización social tiene que ver más con la división entre los partidos que con el grado de rechazo del terrorismo.

El hecho de tener a la inmensa mayoría de los ciudadanos en contra no ha sido, sin embargo, freno para la actividad de ETA en el pasado y no hay por qué suponer que lo vaya a ser en el futuro. A los terroristas les ha bastado con tener el apoyo de una minoría para seguir adelante. Es importante que el cuerpo social rechace el terrorismo, pero eso no supone disponer de ningún talismán que hará esfumarse la violencia.

Juan José Ibarretxe sostiene que no puede darse una marcha atrás porque así lo tiene decidido la sociedad vasca. Esas palabras son una muestra de voluntarismo que no resiste el contraste con la realidad. El propio lehendakari afirmaba dos días después del anuncio de tregua de ETA que la sociedad vasca haría irreversible el proceso de paz y en los meses siguientes reiteró que «la ciudadanía impedirá» una vuelta atrás. En otra ocasión sostuvo que el fin de la violencia era irreversible porque «se trata de una decisión irrevocable de la sociedad vasca». El argumento es peligroso. De aceptarlo, habría que admitir entonces que la violencia se ha mantenido hasta el día de hoy por decisión de la sociedad vasca, algo que sólo los terroristas sostendrían. O en el mejor de los casos por indecisión social.

La sociedad no evitó el fin de la tregua y la vuelta de los atentados porque los ciudadanos no colocan los coches bomba ni pueden impedir que los terroristas los hagan estallar. Quien los coloca es ETA y quienes pueden impedirlo son los policías --ertzainas incluidos-. Por ello, para acabar con el terrorismo hacen falta actos de Gobierno y aplicación de los resortes del Estado de Derecho y no meras invocaciones rituales a la voluntad pacífica de la mayoría.

f.dominguez@diario-elcorreo.com

Galicia
El Valedor no tiene quien le defienda
Cristina Losada Libertad Digital 18 Septiembre 2007


El senador McCarthy se reencarna periódicamente. En realidad, en las naciones irredentas, como ésta de los suevos, se encuentra siempre al acecho. Pues la religión secular del nacionalismo requiere de una constante caza de brujas. Tanto necesita de ella como de las apelaciones sentimentalistas a las esencias patrias y de la sacralización de la lengua vernácula, altares junto a los que montan las hogueras para la quema. De modo que por ahí anda siempre la jauría, husmeando en busca del anormal, que es todo aquel que se oponga a lo que se ha canonizado como "normalización lingüística"; presta a infligir castigos ejemplares que sirvan de aviso a los posibles desviacionistas. Los totalitarismos se parecen en que sin intimidación y represión no son nada. Y se distinguen por las distintas dosis y tipos de violencia que ejercen.

En las últimas semanas, en Galicia, el fantasma de McCarthy persigue al nuevo Valedor do Pobo, cargo que ha recaído en un magistrado llamado Benigno López González. En unas declaraciones a la prensa, al poco de su nombramiento, don Benigno dijo acerca del empleo del gallego en la Administración de Justicia que si el idioma no se dominaba a la perfección, podía resultar muy peligroso. "En un tipo penal concreto, determinado, la alteración de una sola palabra puede alterar completamente el tipo. No es lo mismo delitos contra el honor que delitos contra la honra y, sin embargo, honor y honra en gallego son el mismo término", explicó el hombre, que parece haber vivido felizmente ajeno a la enfermiza obsesión de esa tropa de inquisidores que recorre los verdes castros en busca de material inflamable, o sea, de gente a la que llevar a la pira.

Y le tocó ser la presa. A la de tres, comenzaba una campaña de acoso, en la que se le exigía inmediata rectificación, dimisión o destitución, o todo ello, aliñada con la manipulación de sus palabras y los términos infamantes de rigor. Los primeros en sacar los dientes fueron los de la Mesa pola Normalización Lingüística, una entidad que nadie ha elegido, pero que se ha constituido en tribunal o checa con el respaldo financiero y el reverencial temor de todos los gobiernos autonómicos. Según esa organización-pantalla, las declaraciones del Valedor fueron "ofensivas para amplios grupos de la sociedad" y "atacaban gravemente a la convivencia y los derechos lingüísticos reconocidos por la legislación". Todo un sarcasmo en una comunidad donde el español ha sido erradicado del espacio público, donde este curso se destierra prácticamente de la enseñanza y donde se vulneran por sistema los derechos de los hablantes de una de las dos lenguas cooficiales.

Tras la Mesa, fueron los viejos canes los que mostraron sus colmillos amarillentos. No en vano llevan años viviendo de la mamandurria. El presidente de la Xunta, el socialista Touriño, enseguida le recordó al Valedor que está para cumplir la ley. La de Normalización Lingüística, claro. La única ley que en la nación de Breogán resulta crucial en estos momentos. Los socialistas galaicos no hacían sino seguir el ejemplo de sus mayores de Madrid, donde el PSOE permitió el linchamiento del Defensor del Pueblo, Enrique Múgica. Pero, ¿y los demás? No hay nada que hacer. Ante las cazas de brujas de los nacionalistas, los otros partidos, los medios, la presunta "sociedad civil", se achantan. Temerosos, se pierden en la espesura. No vayan a ser ellos las siguientes víctimas de la jauría. Pobres necios: lo serán de todos modos. Y mientras tanto, las víctimas de esa política de coacción son los ciudadanos. Hablen el idioma que hablen.
Cristina Losada es uno de los autores del blog Heterodoxias.net.

Solución: Poner fin a la expoliación de las clases medias
Enrique de Diego  Periodista Digital 18 Septiembre 2007

La crisis económica que lleva tiempo gestándose y en la que hemos empezado a entrar tiene una base política, y eso es lo que puede hacer más difícil su resolución.

España tiene un sector político artificialmente inflado, con diecinueve parlamentos, con un Estado central y diecisiete miniestados que compiten con él, con estructuras oligarquizadas de

Políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, lobbys diversos del pilla-pilla presupuestario, que dependen del contribuyente.

Hay que sumar a ello, la red del poder local, que también ha aumentado su peso y clientelismo, y que se financia precisamente de la construcción.

SOBRAN INSTITUCIONES
Tenemos ministerios que no sirven para nada y autonomías dedicadas a generar patrias. Todo el mundo gasta el dinero alegremente, como si se tratara de cigarras del cuento.

Para mantener ese sector ineficiente, la clase política funciona mediante un esquema despilfarrador de democracia prebendaria, intentando comprar voluntades y robando legalmente a unos para ofrecérselo a otros, aunque la mayoría de los fondos se quedan por el camino, en agencias burocráticas.

La presión fiscal es muy alta y para las clases medias resulta expoliadora.

Se pierde mucho dinero en cuestiones ineficientes y eso resta competitividad al conjunto de la economía, a los sectores más activos.

PIÑATA ELECTORAL
Además el inflacionista y desmesurado sector político ha revertido la liberalización y ha retornado al intervencionismo. Los mensajes que llegan del gobierno, en plan piñata preelectoral, sólo van a empeorar la situación y hacen aconsejable un urgente cambio de gobierno.

Pero la solución ya no es sólo de alternancia, sino de una reforma profunda del sistema, que pasa por el fin de la expoliación de las clases medias y una reforma a fondo del modelo político. eso es lo que hace preocupante a la crisis, porque son precisas reducciones de impuestos y del gasto público.

Documental de Terra Lliure
El muro de cristal
Juan Carlos Girauta Libertad Digital 18 Septiembre 2007

Joan Ridao no es un chiquilicuatre desmelenado del separatismo catalán. Joan Ridao, candidato al Congreso por ERC, es portavoz en el Parlament de un partido que gobierna en Cataluña desde hace cuatro años, un político que se expresa con soltura y que no parece, como su jefe, ningún iluminado. Convence a los inadvertidos cuando debate sobre asuntos técnicos, como infraestructuras, tecnologías de la información y cosas así. Un periodista diría que tiene la cabeza bien amueblada, expresión cuyo sentido último se me escapa.

Este hombre aparentemente cabal aplaude el reportaje sobre Terra Lliure que el CAC acaba de reprocharle a Televisió de Catalunya. Afea el CAC en su carta a la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió, un poco tarde, lo que todos presenciamos en su momento con escándalo: "La voz en off que sirve de hilo conductor utiliza el mismo vocabulario que los ex integrantes de la organización."

Lo que equivale, por ir al grano, a una identificación entre el medio y el grupo terrorista. Entre la Generalidad y Terra Lliure. Lo desolador es que, ante esta catástrofe, muchos individuos aparentemente serios y cabales, como Ridao, piensen lo mismo que Ridao: que fue un acto de "coraje y valentía" decir en televisión, por ejemplo, que el atentado contra Jiménez Losantos estaba justificado porque la violencia era el único lenguaje que entonces entendían algunos.

El canal público que avaló esta hijoputez, que llamaba "patriotas" a los terroristas y "acciones" a sus atentados, tiene en la cúspide de su jerarquía a Joan Majó, ex ministro de Industria de Felipe González (¿qué tendrá ese ministerio?), empresario, doctor en Ingeniería. El mismo sujeto que se vanaglorió en el Parlament de que "nosotros no somos la COPE". Ya lo habíamos notado.

En Cataluña, demasiada gente que parece sensata se ha echado al monte. Su presencia en foros ajenos a Matrix genera grandes confusiones no sólo en los interlocutores, que descubren puñales y bombas en los cajones de aquellas cabezas tan bien amuebladas. Existe un muro de cristal, una incomunicación insuperable, ingenuamente glosada por otra "técnica", la socialista Marina Geli, consellera de Sanidad, al quitar hierro a la quema simbólica del Rey: "Este tema ha tenido más importancia a nivel de Madrid que en Girona, porque la gente de Girona ni lo habla."

Alguien que dice "a nivel de Madrid" está definitivamente perdido para la inteligencia y aun para la moral. A nivel de Madrid, señora Geli, la mayoría llama injuria a la injuria, atentado al atentado y terrorista al terrorista. Qué extravagancia, ¿verdad? En ella incurrimos también unos pocos a nivel de Cataluña. Los mismos que ustedes desprotegen cuando la jauría va a por ellos. Por cierto, si cree que "la gente de Girona ni lo habla", señora majadera, es porque a los que lo hablan ustedes no los consideran gente.

Contra el cristianismo
Guerras, religiones y laicos peculiares
Pío Moa Libertad Digital 18 Septiembre 2007

Uno de los tópicos que con más empeño y pretensiones científicas divulga la ideología progre-laicista, es que existe una relación estrecha entre las guerras y las religiones monoteístas. ¿Qué hay de cierto en ello? Naturalmente, una persona de mentalidad escéptica debe desechar las protestas y justificaciones de unos y otros y atender ante todo a la evidencia empírica, histórica en este caso.

El hecho indiscutible es que durante muchos milenios, antes y al mismo tiempo que los monoteísmos, millones de seres humanos han venido profesando creencias religiosas no monoteístas sin que eso evitara las guerras. Al contrario, éstas han sido y siguen siendo una conducta casi diríamos normal de las sociedades humanas, con cualquier forma religiosa. Así que, ¿por qué discriminar a algunas religiones? Todas tendrían la misma relación, culpa o responsabilidad, como se prefiera, con las violencias de grupo. Adviértase asimismo que el dato de que los seres humanos en todas las épocas hayan tenido, por lo común, manos y ojos, implica otra clara relación entre esos órganos y la guerra, la cual no podría hacerse sin ellos.

Pero si pasamos a la experiencia empírica actual, encontramos que solo una de las religiones monoteístas, la islámica, o algunos sectores de ella, propugna y organiza la guerra y el terrorismo, no habiendo en su ámbito una sola democracia algo seria y asentada. Y, ¡sorpresa!, nuestros laicos antimonoteístas, que además de científicos suelen proclamarse demócratas, no han cesado de promover, incluso de privilegiar, el islamismo en España y otros países. En su obsequio hasta han querido proscribir el término "terrorismo islámico", dejándolo en un insignificante "terrorismo internacional". ¿Por qué no lo han llamado terrorismo monoteísta? No se les habrá ocurrido, o quizá han preferido complacer una vez más a sus amigos musulmanes.

Lo cual nos hace sospechar vivamente que estos laicos no están contra las religiones monoteístas, como dicen, sino que utilizan el cuento para trasladar la culpa y la sensación de peligro de la religión musulmana a la cristiana, muy en especial a la católica. Precisamente los cristianos sufren persecuciones en diversos países musulmanes, con muchas víctimas mortales cada año, aparte de soportar restricciones y prohibiciones antidemocráticas. Nunca oiremos la menor protesta de nuestros laicos por todo ello. Y es que consideran esos asesinatos y abusos legales manifestaciones comprensibles y respetables de distintas "civilizaciones", con las que buscan alianza contra no se sabe qué. Bueno, se sabe muy bien.

Queda claro, entonces, que cuando hablan de religiones monoteístas como causantes de las guerras, se refieren, en realidad, a la religión cristiana, sobre todo a su rama católica. Para justificarlo suelen aludir a las "guerras de religión". Pero éstas nacieron de una mezcla de intereses religiosos con otros económicos y políticos, esto es, laicos; y además ocurrieron hace ya varios siglos, por lo que suena confuso, y, desde luego, poco científico usarlas de prueba. No obstante, esa confusión, manipulación o basura propagandística, como quiera llamarse, tendría poca importancia porque, en definitiva, lo que se nos propone es la solución a las violencias: una sociedad laica tal como ellos la entienden, incluso atea. En pro de tal maravilla, ¿qué importa si establecen relaciones arbitrarias, si utilizan fraudulentamente los conceptos, si se valen de un monoteísmo para socavar a otro, si engañan a la gente? Todo es por un bien superior, que lo justifica.

Convengamos en que el argumento tiene cierto peso. Muchos opinan que a veces hay que mentir a la gente por su propio bien. Sin embargo una persona de mentalidad científica advertirá que también tenemos una amplia experiencia de regímenes laicos y radicalmente anticristianos, recientes y mucho mejor documentados que los de hace siglos. Y esos regímenes, lejos de haber impedido las contiendas, las han desatado en el siglo XX y ahora mismo, con una brutalidad que tiene pocos precedentes, auxiliados además por la tecnología y la ciencia, que han multiplicado su capacidad mortífera.

En realidad las guerras, en su inmensa mayoría, han tenido motivos económicos y políticos, es decir, laicos, y el laicismo antirreligioso ha provocado recientemente las más sangrientas. ¿Debemos extraer de ahí la conclusión, simétrica a la estupidez que nos ocupa, de que el laicismo provoca la violencia? No, no ocurre así necesariamente, aunque sí con más frecuencia de la deseable. Los laicos que atacan a la Iglesia como lo hacen estos individuos –utilizando corruptamente el dinero de todos y proclamándose, no menos corruptamente, la única opción laica–, se sienten herederos de los laicos que provocaron la destrucción de la democracia republicana en España y organizaron una de las mayores persecuciones religiosas de la historia, con respecto a la cual no han expresado nunca el más mínimo remordimiento. Son los laicos del GAL y de los cien años de honradez, los que premian a los terroristas islámicos y demuelen la Constitución en beneficio de la ETA y los separatistas. Entre ellos y la violencia, el terrorismo y la tiranía sí existe un lazo evidentísimo y muy peligroso.

Entonces una persona de mentalidad racional y poco dispuesta a comulgar con ruedas de molino, más atenta a los hechos empíricos que a las justificaciones ideológicas, comprende fácilmente que ha de haber más de un tipo de laicismo, y que el tipo que nos proponen estos distinguidos caballeros no es el más recomendable para mantener nuestra paz y nuestras libertades.

COSAS DE GAFES
POR ANTONIO JIMéNEZ El Ideal 18 Septiembre 2007

No existe demostración empírica y científica que confirme una relación de causalidad entre la derrota de España ante Rusia y la presencia de Zapatero, por vez primera en todo el Europeo, en el palco del pabellón de la Comunidad de Madrid. Seguramente fue casual el hecho de que laSexta ofreciera un plano del palco un segundo antes de los dos que dispuso España para ganar el oro y que Gasol consumió sin el premio merecido. Se queja Zapatero de que el PP le eche la culpa de todo, "de la dimisión de Imaz e incluso de si España hubiera perdido frente a Grecia" un día antes, supuesto que no se produjo por improbable e imposible dado que mientras la eficaz selección española de baloncesto lidiaba con los aguerridos helenos, el presidente se encontraba, no ya en la Moncloa, sino en Barcelona con suficiente tierra de por medio como para que alguien en el pabellón reparara en su persona. O sea que no es de recibo catalogar a Zapatero de "gafe" por más que sus apuestas personales y políticas, de Kerry a Segolen, pasando por Mas, Imaz u Otegi, que primero fue su hombre de paz y ha terminado en la cárcel, hasta concluir con Miguel Sebastián, López Aguilar y Puras, sus candidatos en Madrid, Canarias y Navarra, respectivamente, se hayan ido estrellando contra la fatalidad política.

Es injusto, asimismo, que alguien pueda establecer una correlación efectiva entre su optimismo antropológico respecto al terrorismo, un día antes de que ETA se llevara por delante la T-4 de Barajas y asesinara a dos personas, o más recientemente sobre la situación económica en vísperas de que la crisis financiera dibujara un horizonte de incertidumbre como la calificó su vicepresidente económico. Quizá Zapatero que siempre presumió de tener "baraka", la misma que le llevó a convencerse, cuando ni los suyos creían en ello, de su triunfo electoral el 14-M aunque para eso mediara el más trágico atentado de la historia de España, no sea consciente de que el influjo benefactor de aquella tenía fecha de caducidad y que, incluso, ahora se le ha podido volver en contra. Porque el azar, al igual que el amor se transmuta en odio y también imprevisible, cuando desaparece da paso al desagradable estadio de producir a quien abandona el efecto contrario de lo que persigue y desea. ¿Le habrá pasado eso a ZP? Por si acaso haría bien en producirse de palabra y obra con suma discreción cuando se trata de los intereses de España.

Una deuda de la soberanía
RAMÓN TRILLO TORRES ABC 18 Septiembre 2007

EL tiempo, el concepto de su existencia en continuado transcurso, constituye probablemente la más angustiosa manifestación de que el hombre es un ser limitado. El hecho notorio de que su vida tiene un límite temporal ha estado de siempre presente en sus decisiones, incluso en las de quienes confían en una eternidad personal posterior a su muerte. La presencia de esta ontológica cortedad de la existencia humana se ha reflejado no sólo en los proyectos y las actitudes de la vida de cada persona individualmente considerada, sino que además el ser humano viviendo en sociedad se ha visto también obligado a introducir el tiempo como elemento esencial a la hora de establecer las normas que rigen la convivencia social.

Así, en el derecho civil, todos celebramos contratos en los que fijamos el tiempo en que han de cumplirse las obligaciones que en ellos se asumen y la Ley fija también unos tiempos, los llamados plazos de prescripción, cuyo simple transcurso permite dar por finiquitadas las obligaciones e incluso el derecho del Estado a castigar a los delincuentes o bien que se adquieran derechos que sólo el tiempo autoriza entender que pertenecen a una persona a la que al principio no le pertenecían.

Pero la presencia del tiempo como elemento definidor de la vida humana también se ha hecho presente en el ámbito de lo público, de la ordenación política de la sociedad. Y son precisamente las sociedades clásicas, las de Atenas y Roma, las que superando primitivas formas de poder absoluto y vitalicio de un Rey, introducen el modelo de la temporalidad de los cargos públicos, para una mejor posibilidad de su renovación y de su control por parte del pueblo.

Este noble origen, combinado con la idea muy posterior de participación de los ciudadanos en la cosa pública a través de sus representantes parlamentarios, ha hecho que en las Constituciones modernas se limiten los tiempos en que los órganos constitucionales puedan permanecer con una misma composición de personas y atender así a su saludable renovación. Se establece de esta forma una clara vinculación entre poder político y democracia, que fue en su origen la razón de ser de la temporalidad en los cargos públicos de la época clásica.

Dentro de nuestra Constitución, el plazo con mayor relevancia política es el de los cuatro años previstos como duración máxima del mandato de las Cortes Generales. Este plazo deriva su trascendencia de que en ellas está representada la soberanía nacional, que reside en el pueblo español, y que al tener nuestro sistema naturaleza parlamentaria y por eso estar obligado el Gobierno a gozar de la confianza del Parlamento, aquel plazo de cuatro años constituye también un límite temporal para la acción de cada Gobierno concreto.

Pero hay otros plazos importantes en la Constitución y uno de ellos es el previsto para el Consejo General de Poder Judicial. Se dice en ella que el Consejo «... estará integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un período de cinco años».

Una primera y muy importante reflexión que de esto se deriva es que así como el Constituyente quiso que Cortes Generales y Gobierno fuesen básicamente coincidentes en sus tiempos, en cuanto que éste depende de la confianza de aquellas, sin embargo se atuvo a un tiempo distinto para el Consejo, sin duda para destacar su papel de protector de la independencia judicial, tarea independiente, a su vez, del ir y venir políticos que constituyen el acontecer ordinario de las democracias parlamentarias, dependientes del sufragio de la ciudadanía.

Si esto es así -y lo es-, -el forzar los tiempos previstos en la Constitución -concretamente, el de los cinco años de duración del mandato de los miembros del Consejo- para hacer coincidir su renovación con los tiempos de las elecciones generales, vinculando esta renovación a eventuales cambios o continuidades políticas que de ellos se deriven, constituye no sólo un incumplimiento por retraso en el tiempo de un explícito y claro mandato constitucional, sino además un fraude constitucional de fondo, porque ataca de frente al querer constitucional de que sean distintos los tiempos electorales y los de renovación del Consejo. El hecho al que estamos asistiendo de una prórroga del mandato del Consejo por falta de acuerdo de los partidos políticos respecto a la designación de sus miembros, resulta tanto social como políticamente de muy dificultosa digestión: la sociedad asiste atónita al espectáculo de un órgano constitucional agotado, excedido de su tiempo constitucional, anquilosado en una apariencia de partidismo esclerótico y fortísimamente contestado por una magistratura que ya no se ve en él representada y tampoco suficientemente tutelada en su objetiva y esencial independencia.

Desde el punto de vista político, la sensación que se transmite es la de un tacticismo y parcialidad de vuelo bajo, que prescinde de las finalidades constitucionales de la institución y que se muestra incapaz de reconocer ámbitos de decisión que, escapando de la pura y simple servidumbre, acepte un razonable consenso en la designación de personas que por su prestigio y capacidad sean aptos para remar en la barca con su propio esfuerzo, sin necesidad de partir de la presunción de que deban ser personas dispuestas a poner permanentemente la mirada sumisa en quienes los colocaron en la poltrona.
Se discute estos días sobre la necesidad o no de la educación en la ciudadanía. No me toca pronunciarme sobre el tema, pero sí me parece evidente una afirmación: los parlamentarios, representantes de la soberanía, darían un hermoso, gratificante testimonio de educación ciudadana si cumplieran con premura, sin más dilación, el mandato constitucional de designar los miembros del Consejo que ha de sustituir al que está en funciones.

Jean Etienne Marie Portalis fue uno de los cuatro juristas que intervinieron en la redacción final del Code Civil des Français, promulgado en el año 1804, en el que se remansaron las aguas burguesas de la Revolución. También fue él quien pronunció el discurso preliminar de su presentación ante el Conseil d´Etat, en el que se contiene una frase que casi suena a sagrada: «la justicia es la primera deuda de la soberanía».

Nuestros representantes parlamentarios no han pagado todavía un plazo de esta deuda en el tiempo en que constitucionalmente les es exigible. A la fecha de apertura del nuevo Año Judicial, esta mora es casi de un año. Pienso que sería una acto encomiable de responsabilidad cívica, política y diría que incluso ética, el que hicieran el esfuerzo supremo de alcanzar un acuerdo antes de que la demora produzca perjuicios y daños insoportables a la institución concernida.
RAMÓN TRILLO TORRES
Presidente de la Sala Tercera del Tribunal Supremo

Recuento de daños en la Justicia
Editorial ABC 18 Septiembre 2007

EL desacuerdo político entre PP y PSOE para designar a los nuevos vocales del Consejo General del Poder Judicial apenas ocupó un par de líneas en el discurso del presidente de este órgano constitucional, Francisco Hernando, quien reclamó el consenso de los partidos y garantizó ante Su Majestad que la institución que preside continuará ejerciendo sus funciones hasta el final de su mandato, ya prorrogado. Esto último, lejos de ser una obviedad, fue una afirmación oportuna, porque en más de una ocasión tanto el ministro de Justicia como ciertos dirigentes del PSOE han acusado al CGPJ de falta de legitimidad por hallarse vencido su mandato ordinario. Por lo demás, sólo el amago de boicot por el portavoz socialista y la minoritaria asociación Jueces para la Democracia hizo presente la manipulación política a la que está siendo sometida la interinidad del actual CGPJ. Es también una cortina de humo para tapar el balance de la política judicial del Gobierno, que no ha dado soluciones a los problemas de la Justicia. Algunos datos son realmente llamativos: la «kale borroka» aumentó un cien por cien en 2006, la delincuencia común creció un cuatro por ciento, la violencia doméstica un treinta, la llegada de cayucos a España se disparó, etcétera.

Sin duda, la ruptura de las negociaciones entre PP y PSOE para renovar el CGPJ es una mala noticia para el sistema institucional, pero no hay que pecar de ingenuidad y no ver que, a pocos meses de unas elecciones generales, ninguno de los dos partidos suficientes y necesarios para este acuerdo desea la renovación. Si como afirma el PSOE, el CGPJ debe reflejar la pluralidad del Parlamento -causa directa de la politización del órgano de gobierno de los jueces-, nada más coherente que esperar a que las urnas, dentro de medio año, definan el nuevo Parlamento. Pero también es cierto que la experiencia acumulada tras cada renovación del CGPJ demuestra que ese modelo pluralista está agotado por su propia lesividad para la institución. Es lógico que los partidos nacionalistas estén de acuerdo con el PSOE para que se renueve el CGPJ, porque para ellos representa la oportunidad de hacerse con una cuota de poder que de otra forma no tendrían. Pero los nacionalistas han demostrado que su intención a la hora de acceder a esta institución es aprovecharla como plataforma para sus reivindicaciones segregacionistas del poder judicial. Los partidos nacionalistas no deben estar representados en el CGPJ mientras sus intereses sean contrarios a la Constitución.

Por otro lado, todo consenso político necesita un clima que lo propicie y el clima que ha propiciado Zapatero ha sido el de la discordia y la ruptura. En 2001, un Gobierno popular con mayoría absoluta cedió en buena parte de su programa electoral sobre el CGPJ para llegar a un acuerdo de Estado con los socialistas. El PSOE no esperó a estar en el poder para romperlo; lo hizo en septiembre de 2003, poniendo las bases de una política que, ya en el Gobierno, ha consistido en imponer reformas unilaterales -con el lucrativo apoyo nacionalista- en el nombramiento de los magistrados del Supremo, en el funcionamiento del Constitucional o en la organización del Ministerio Fiscal, sumiso al Gobierno hasta límites inéditos. Además, se han llevado al Congreso reformas judiciales cuya trascendencia -consejos autonómicos de justicia, jueces de proximidad- demandaba un pacto con el PP. Finalmente, el Estatuto catalán supuso la irrupción del modelo confederal en la organización judicial española. El intento de doblegar al Poder Judicial y someterlo políticamente ha sido evidente. No hay condiciones políticas para la renovación del CGPJ, pero siempre las ha habido para emprender reformas procesales que mejoraran el derecho de los ciudadanos a la tutela judicial efectiva. La lucha partidista por el Poder Judicial indigna a los ciudadanos, sin duda. No obstante, más les preocupa que sus denuncias y sus demandas no se decidan en tiempo razonable y que las sentencias no se ejecuten debidamente. Lo único importante que prometió el PSOE en las elecciones de 2004 fue garantizar a todo justiciable una sentencia firme en menos de dos años. Ni una sola línea de todos los proyectos de ley remitidos por el Gobierno para reformar la Justicia está dedicada a dar cumplimiento a este compromiso, del que nadie en el Ministerio de Justicia se acuerda.

El del pasamontañas en Cataluña
POR VALENTÍ PUIG ABC 18 Septiembre 2007

ESTÁN entrechocando con tal intensidad el elemento simbólico y el elemento utilitario e instrumental del nacionalismo catalán que viejas y nuevas bisagras van saliéndose de quicio. Después de las caceroladas han llegado los atardeceres agitados con antorchas y pasamontañas. ¿Pocos o muchos? Los suficientes para alterar la percepción de estabilidad que en otros momentos ha transmitido la sociedad catalana. Un malestar sin nombre acoge de forma metódicamente silenciosa las hazañas antimonárquicas de los «maulets» en Gerona. A más autonomía, más independentismo. Hay que ser ministra de Administraciones Públicas para pretender comprenderlo y optar por minimizarlo. La culpa es del PP. Es extremadamente generosa al omitir que, de haber acudido ella a concelebrar el pasado 11 de septiembre, también habría sido recibida con amenazas por no más de un centenar de activistas del secesionismo violento. Intriga que en el formato de esa ceremonia anual no se incluyan modos legítimos de control para esos agresores que siempre increpan e intimidan, ya sin excepción.

La crisis de autoridad en Cataluña atañe a casi todos. El secuestro político de José Montilla por los socios del ejecutivo tripartito tiene su expresión plástica -a modo de un friso con los pasamontañas al fondo- en la imperturbabilidad que el consejero del Interior, el eco-post-comunista Saura, impone a los «mossos de esquadra» ante la agresividad de los independentistas más radicales. Es como si hubiese transcurrido un largísimo tiempo desde cuando Montilla -todavía alcalde de Cornellà de Llobregat y ya hombre fuerte del PSC-PSOE- argumentaba que la izquierda había cometida el error histórico de ceder el monopolio de la idea de seguridad a la derecha. Su entorno subrayaba cómo su líder desalojaba «okupas» sin que le temblase el pulso. Quién sabe que está ocurriendo ahora con el pulso de Montilla. De momento, digamos que simbólicamente, a pulso le gana el del pasamontañas.

En la Fiesta de la Rosa, Montilla le dijo a Zapatero: «José Luis, ¡no nos falles!». Lo dice después de haberle fallado a Zapatero al no pactar con CIU. Al revés: pactó con ERC y puso a Joan Puigcercós -aspirante a derrocar a Carod-Rovira en ERC- de consejero de Gobernación para que ahora diga que Cataluña ya no tiene nada que hacer dentro de España y que hay que ponerle fecha a un referéndum para poner fin a la ocupación española de Cataluña. Ese fue el escabroso dilema político-moral de Montilla: sus siglas o la honra sin barcos. Eligió la patera del tripartito. La fortuna le favorece con una oposición desencuadernada que da brincos en torno al plinto del soberanismo y se aleja del autonomismo en un empeño que algunos espectadores consideran autodestructivo. En realidad, a los empresarios catalanes les ocupa el sube y baja de la Bolsa, los políticos y periodistas se entretienen especulando con las elecciones y los «maulets» toman calles, queman fotografías y regresan al hogar con el mismo agasajo que los alevines del pujolismo obtuvieron cuando proclamaron desde la Barcelona olímpica que «Catalonia is not Spain». Cualquiera sabe que los «maulets» son un esqueje juvenil procedente de «Terra Lliure». Ahora usan el pasamontañas para defender unos «Países Catalanes unificados, independientes, ecológicos, no patriarcales y sin clases». Psicopatología y sistema educativo autóctono han sido el invernadero de esos lirios de la Cataluña ideal.

El mito de Francesc Macià, todavía intocable, alienta las jóvenes centurias del independentismo. Su indescriptible tentativa de vía armada para destruir el Estado español desde Francia falló oportunamente por el soplo de un nieto de Garibaldi. En el diccionario canónico de partidos políticos de Cataluña queda escrito que ETA fue el principal referente del independentismo catalán en los años setenta: el PSAN-provisional mantuvo las relaciones más directas. Los contactos fueron Argala, Txomin y Yoyes. Pasamontañas para el primer comando de «Terra Lliure». El independentismo postula autodeterminación para la unidad territorial pancatalanista: nada más lejos de las inquietudes de la ciudadanía catalana, ni desde luego de todos quienes practican el abstencionismo electoral de forma tan masiva. La distorsión de las realidades alcanza máximos. De una parte, los «maulets» gritan «Borbones, pim, pam, pum» y por otro lado Zapatero generaliza: «En diciembre todo funcionará perfectamente». Es una suerte que el presidente de Gobierno sea un perfeccionista.
vpuig@abc.es

LE ACUSA DE EQUIPARAR A "VÍCTIMAS Y VERDUGOS"
La AVT califica de hipócrita al Gobierno vasco por reunirse con el colectivo de presos etarras
El presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Francisco José Alcaraz, denunció este martes que el Gobierno vasco "equipare a víctimas y verdugos" reuniéndose con la representante de Etxerat, el colectivo de familiares de presos etarras, y con Irati Aranzabal, novia del sanguinario terrorista De Juana Chaos. Para Alcaraz, se trata de "una muestra más del cinismo y de la hipocresía" que, a su juicio, practica el Ejecutivo vasco.
Europa Press Libertad Digital 18 Septiembre 2007

En opinión del presidente de la AVT, "no es de recibo que, por un lado, realicen homenajes a las víctimas y, por otro, financien al entorno proetarra". "Actitudes como ésta –señaló– evidencian que la voluntad del Gobierno vasco es la de equiparar a víctimas y verdugos, y eso nunca lo va a legitimar la AVT". Máxime, añadió, cuando desde el Gobierno vasco "se ha sacado la cara por De Juana y se defiende la presencia de Batasuna-ETA en las instituciones a través de ANV".

La representante de Etxerat permaneció reunida este lunes durante cerca de media hora con el secretario general de la Presidencia del Gobierno vasco, Jesús Peña, con el fin de denunciar "la vulneración" de los derechos de los presos y la actuación de la Ertzaintza en la manifestación ilegal del Movimiento Pro Amnistía del pasado día 9 en San Sebastián.

A la salida de dicho encuentro, Aranzabal, que se concentró junto a otros dos miembros de Etxerat frente a la sede de la Presidencia del Ejecutivo vasco para solicitar una reunión con el lehendakari, criticó que Juan José Ibarretxe "no nos ha querido escuchar, como otras tantas veces".

Educación
ETA y la tortura se cuelan en Ciudadanía
El manual que el Ministerio de Educación tiene en su web para guiar a profesores de Bachillerato no menciona a la banda como grupo terrorista y denuncia de forma reiterada las torturas que han sufrido sus presos por el Estado
P. Manzano La Razón 18 Septiembre 2007

Madrid- Las denuncias de Amnistía Internacional por las torturas padecidas por los presos de ETA, el reconocimiento de esos sucesos por parte del Gobierno español, los atentados del grupo armado (se le menciona así y no como grupo terrorista), los GAL o la exaltación de la bandera son algunos de los contenidos de los ejercicios que se recomiendan para las clases de Educación para la Ciudadanía y Derechos Humanos en Bachillerato.

Y es que la página web del Ministerio de Educación, en su capítulo especial dedicado a Ciudadanía, explica que ofrece «material didáctico dirigido al profesorado de ESO y Bachillerato útil para la educación en derechos humanos, mediante ejercicios que sirven de ejemplo de cómo se puede llevar a cabo esta labor educadora dentro del horario lectivo. Las propuestas son asequibles a cualquier enseñante y los medios materiales necesarios son siempre de fácil acceso. Se incluyen 181 ejercicios, 105 en castellano y 76 en euskera». El material ha sido editado por Ararteko, la Defensoría del Pueblo del País Vasco. Hasta ahí, el Ministerio se limita a divulgar contenidos que luego estudiarán los alumnos. ¿Qué contenidos son?

Ejercicios prácticos
Entre los recursos que ofrece el Ministerio para que los alumnos hagan ejercicios prácticos figuran todo tipo de actividades y temas. Para los que advirtieron que esta asignatura tiene el peligro de ser manipulada, algo que han hecho tanto los opositores a Ciudadanía como sus máximos defensores, el material proporcionado por el Ministerio «es peligroso», dicen en Profesionales por la Ética.

Por ejemplo, en la página 92 del manual, al que cualquiera puede tener acceso en la página web de Educación, se dice, en el epígrafe «La situación de los derechos humanos en nuestro país», que «durante el año (1979), prosiguieron los atentados del grupo armado ETA». En ningún momento del texto la referencia es de grupo terrorista. Unos párrafos antes, y en el mismo capítulo, se dice en referencia al año 1986 «que el Gobierno español tenía conciencia del problema de la tortura y reconocía que la legislación relativa a la protección de los detenidos tal vez era insuficiente, existiendo deficiencias en la ley antiterrorista».

También se menciona en el mismo capítulo el «aumento de denuncias de tortura por parte de detenidos políticos. Las mismas provinieron de vascos acusados de pertenecer a ETA». Si bien es cierto que todos estos términos y enfoques están recogidos en el manual, en ningún momento se deja de explicar también que ETA ha asesinado y secuestrado a decenas de personas durante estos años.

En general, durante el desarrollo de todo el epígrafe se hace una mención detallada del problema de torturas que hubo en España y Euskadi por parte de los Cuerpos de Seguridad y de las que eran víctimas, especialmente, miembros de ETA o sencillamente ciudadanos vascos.

En otro capítulo, el dedicado a minas antipersona y los daños que producen, el manual plantea una cuestión en la que se dice literalmente «¿Qué empresas de este tipo existen en Euskadi? (en relación a las fabricantes de minas). La cuestión cuenta con un apoyo en el que se dice: «El 45 por ciento de las empresas de explosivos del Estado español se encuentran en Euskadi».

Nacionalismo español
El capítulo sobre el nacionalismo incluye una reflexión sobre un texto en el que se relata que: «La vehemencia roja y amarilla de las banderas y de las arengas tenía un sabor hiriente de fiesta nacional, de un rojo y amarillo excesivo, como un guiso con demasiado pimentón. Era la retórica del africanismo, de las litografías de la conquista de Tetuán, la retórica corrupta, incompetente, chulesca y beoda del ejército de África en los años 20; era la brutalidad exhibicionista de la legión inventada por Millán Astray», en referencia al nacionalismo español, al que se vuelve a mencionar cuando se explica que «para el nacionalista español Gibraltar debería integrarse en el territorio nacional, como cualquier otra isla o peñón adyacente a la Península. Para el nacionalista marroquí, Ceuta y Melilla son vestigios siniestros de un pasado colonial que deberían cuanto antes volver a pertenecer a Marruecos».

El manual hace una referencia general de lo que son los nacionalismos. «Los nacionalismos serían, por tanto, para un extraterrestre algo de lo más útil que han inventado los terrícolas. Sirve a la vez para aumentar el tamaño de la superficie de la Tierra habitable y ofrece grandes posibilidades para solucionar conflictos». Es una respuesta irónica a la conjunción de más territorio y doble nacionalidad.

PARA ERC EL REPORTAJE ES "MUY CORRECTO"
El CAC critica cinco meses después el documental que justificaba el atentado de Terra Lliure contra Jiménez Losantos
Cinco meses ha tardado el Consejo Audiovisual de Cataluña (CAC) en pronunciarse sobre el reportaje que emitió la televisión catalana sobre la banda terrorista Terra Lliure, en el que, entre otras cosas, se justificaba el atentado contra Federico Jiménez Losantos. El PP exigió responsabilidades a TV3, ya que el documental calificaba a los terroristas de "patriotas catalanes" y llamaba "acciones" a los atentados. Para ERC el reportaje es "muy correcto" y ha aplaudido a TV3 por "su coraje y valentía".
Agencias Libertad Digital 18 Septiembre 2007

El portavoz de ERC en el Parlamento catalán y candidato a las elecciones generales, Joan Ridao, opinó este lunes que el documental sobre Terra Lliure que emitió la televisión catalana (TVC) el pasado 14 de abril de 2007 era "muy correcto" y aplaudió a la televisión catalana por su "coraje y valentía".

Aunque aseguró que desconoce el informe que ha enviado el Consejo Audiovisual de Cataluña (CAC) a TVC criticando el lenguaje y la "falta de pluralidad" del documental, Ridao indicó que él vio el programa y en su momento lo consideró "correctísimo".

Ridao esperó que el CAC no se haya visto influido y "mediatizado" a la hora de advertir a TVC por algunas voces críticas que surgieron cuando se emitió el documental.

El Consejo Audiovisual de Cataluña (CAC) ha enviado una carta al director general de la Corporación Catalana de Radio y Televisión, Joan Majó, en la que advierte que el documental "Terra Lliure, punt final", emitido en el canal 33, "presenta algunos problemas de encaje respecto a las misiones de servicio público que tiene encomendadas TVC".

En la nota de prensa colgada en la página web del CAC se recogen cinco consideraciones sobre el documental. La primera se critica que "la voz en off que sirve de hilo conductor utiliza el mismo vocabulario que los ex integrantes de la organización". Y pone el ejemplo, destaca que "se hable de 'acciones armadas' y no de atentados; de 'activistas' y no de terroristas o de 'independentismo armado' y no de terrorismo".

La segunda y tercera consideración denuncian "la falta de pluralidad de visiones y opiniones" del documental. "La mayoría de testimonios pertenecen a un mismo sector ideológico" con lo que "se constata" que hay "una representación insuficiente de las víctimas". "En concreto, de los 31 actores que intervienen (con un total de 102 cortes) sólo hay una víctima".

Por todo ello, el informe del Consejo considera que "las fuentes de información son insuficientes y sesgadas y por lo tanto, el documental tiene deficiencias con respecto al cumplimiento de las misiones de servicio público de TVC". Ya por último, en referencia a si el documental en el que se celebra el atentado contra el vicepresidente de LD Federico Jiménez Losantos realiza apología del terrorismo el CAC cree que es una cuestión que se extralimita de sus funciones pues "entra dentro del ámbito competencial del Poder Judicial".

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