AGLI

Recortes de Prensa    Miércoles 19 Septiembre   2007

Zapatero no es Chamberlain
Iñaki Ezkerra La Razón  19 Septiembre 2007

La idea de comparar cualquier negociación entre el Gobierno y ETA con el Pacto de Munich, por el que Chamberlain con la ayuda de Daladier entregó a Hitler los Sudetes a cambio de una paz que no llegó nunca, nació en el laboratorio del Foro Ermua en 1998 y no tuvo una acogida muy entusiasta. Pero las verdades se terminan imponiendo con el tiempo, tanto como los hechos que las prueban de forma contumaz. Algunos de los que entonces pusieron el grito en el cielo porque vieron desproporcionada esa comparación han acabado no sólo haciéndola propia una década después sino hasta presentándola como de su propia cosecha. Bienvenidos los conversos aunque quieran pasar por profetas. Bienvenidos los plagiadores aunque muestren con desfachatez admirable el plagio como obra original a los mismos autores. Ése es a fin de cuentas el deseable destino de las ideas que hacen doctrina: extenderse hasta que su creador queda diluido, ser reapadrinadas incluso y sobre todo por los que en su día las rebatieron, las denostaron y hasta las persiguieron.

El problema que tiene usar un símil como ése diez años después de su nacimiento es que se ha podido quedar viejo en algunos aspectos y presenta por lo tanto la necesidad de ser renovado. Quiero decir que habría valido para un Suárez o un Felipe que hubieran hecho concesiones políticas a ETA -y que de hecho las hicieron- con la esperanza insensata de que sirvieran para integrar al nacional-socialismo neo-sabiniano en el sistema democrático. En realidad la comparación nació ya vieja porque ni el propio Aznar se habría podido agarrar nunca a la coartada de esa ingenuidad ya que para entonces había llovido demasiado y era obvia la naturaleza totalitaria no sólo de ETA sino del nacionalismo vasco en su conjunto para el cual toda concesión democrática es una conquista de guerra.

Por esa razón lo que ya habría sido imperdonable en el Aznar de la “tregua-trampa” resulta aún más imperdonable en un Zapatero que es posterior a aquella farsa ofrecida voluntariamente por ETA y que, pese a ello, pese a conocer su carácter fraudulento y su desenlace cantado no ha tenido escrúpulos en hacer de su reedición un programa de legislatura. Y resulta todavía más imperdonable cuando, después de que esta “tregua trampa bis” ha sido también rota y han vuelto las bombas por segunda vez, Zapatero sigue empeñado en la negociación como lo prueba no exactamente el hecho de que no ilegalice a ANV sino que utilice la posible ilegalización de ANV como elemento de chantaje. Porque aunque ilegalizara a ANV como castigo a ETA por sus atentados Zapatero estaría negociando. Seguirá negociando mientras no ilegalice también el PCTV, el otro brazo político que ETA tiene en las instituciones y del que parece no acordarse nadie. Y seguirá negociando asimismo mientras no impida por cualquiera de las vías que tiene nuestro Estado de Derecho -como es la del Decreto Ley- que los cargos electos de uno y otro partido sigan en las instituciones. Negociará mientras le permitamos la aberración de convertir la Justicia en un oportunista e ilegítimo instrumento para chantajear aunque sea a los chantajistas.

No. Zapatero no es un ingenuo como se está pretendiendo. Es alguien que mientras gobernaba Aznar pensó en crear un estado de opinión general de que se podía afrontar el problema de una manera distinta a como lo hacía el PP; de que él les podía dar a ETA y a los nacionalistas lo que no les podía dar para que así el PP se quedara solo. Es alguien que ha hecho algo tan macabro como resucitar a una organización terrorista por puras razones de táctica política y pensando que ya habría tiempo luego de volver a acorralarla, alguien que deseaba aplazar el regreso de los atentados hasta después de las generales del 2008 pero que también tenía programada esta cara de “chamberlainiana inocencia” en caso de que fallara antes el invento. No. Zapatero no es Chamberlain sino alguien que sabía la triste historia de Chamberlain y que ésta le iba a servir de coartada cuando el “proceso de paz” hiciera aguas.

Zapatero es una negra y voluntaria parodia de Chamberlain, alguien que se ha puesto la mohosa careta de Chamberlain para que todos le identifiquemos fácilmente con Chamberlain y así le disculpemos incluso cuando le culpamos; para que no sospechemos la verdadera naturaleza de su “jugada política”, que es infinitamente más perversa que la del artífice inglés de aquel desastroso acuerdo. A quienes apoyaron el Pacto de Munich Churchill les dedicó esa famosa frase que no me parece del todo aplicable al caso Zapatero: “Entre el deshonor y la guerra habéis elegido el deshonor; tendréis las dos cosas, deshonor y guerra”. Digo que no es aplicable al caso que nos ocupa porque sería demasiado indulgente. Entre el deshonor y la guerra Zapatero ha elegido las dos cosas y lo que puede obtener si no lo impedimos es un premio por este “revival” de la ingenuidad que de ingenuo no tiene nada. Por esta razón el Movimiento Cívico debe luchar unido y sin complejos por el desalojo de Zapatero de La Moncloa. Esto es lo que hace que en las próximas elecciones lo que esté en juego no sea el mantenimiento o el relevo de un partido en el poder sino la continuidad o el final de la negociación con ETA así como el castigo o el premio a esta farsa presidencial de la inocencia, es decir un plebiscito de nuestra dignidad o de la infamia.

 

Nacionalistas de todos los partidos
POR JOSÉ IGNACIO WERT ABC 19 Septiembre 2007

COMO se sabe, el Camino de Servidumbre -biblia del pensamiento económico liberal- de Friedrich August von Hayek publicado originalmente en 1944, está dedicado a los «socialistas de todos los partidos». Hoy, una posible biblia del pensamiento constitucionalista español merecería ser dedicada a los «nacionalistas de todos los partidos», porque el síndrome nacionalista ha penetrado profundamente en el modo de entender la política no sólo de los partidos nacionalistas, sino incluso de los partidos de ámbito nacional que más alejados podríamos suponer de aquél.

Varios ejemplos recientes lo confirman. Con alcance general, el socialismo que nos gobierna -contra una buena parte de la tradición no sólo histórica sino también reciente (Felipe González) del PSOE- se ha decantado por un gaseoso entendimiento de la llamada España plural, cuyos frutos tangibles corresponden sin embargo a la física del estado sólido, como el polémico Estatuto de Cataluña atestigua. Pero no sería justo limitar esa deriva al PSOE. Hemos asistido hace semanas a la propuesta del máximo dirigente de UPN de desvincular a sus parlamentarios del Grupo Popular al que pertenecen «para evitar que la única voz de Navarra que se escuche en el Parlamento sea la de Nafarroa Bai». Y horas después de expresar una sensata oposición a esa propuesta, el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, justificó su interés de formar parte de la candidatura popular al Congreso en «dar más voz a Madrid en el Parlamento».

Cabe preguntarse si estamos ante una malformación ideológica inevitable, amargo fruto a largo plazo de la propia configuración del Estado de las Autonomías, o más bien, como pienso, se trata de una secuela no de esa configuración genética, sino de las malformaciones de su declinación política, que han dado lugar al surgimiento de una dinámica no ya de emulación entre Comunidades -lo que sería políticamente salutífero- sino directamente de confrontación de tipo «suma-cero» entre las comunidades autónomas.

Eso deriva de la percepción de que la capacidad de presión particularista sobre el Gobierno de la Nación es una función de la importancia de los grupos de identidad nacionalista en el Congreso de los Diputados, que inviste y ante quien responde ese Gobierno.

La desmesurada influencia alcanzada así por las minorías nacionalistas, especialmente en las frecuentes ocasiones en que ningún partido ha disfrutado de mayoría absoluta (cinco legislaturas, incluidas la Constituyente y la actual) manda la señal equivocada sobre incentivos y recompensas asociados a esa «voz propia» de las Comunidades, que excita un gen nacionalista de tipo instrumental, que se desarrolla inquietantemente en todos los partidos.

Hay que recordar en este punto una obviedad constitucional. Las Cámaras son la representación del pueblo español en su conjunto y, si bien el Senado se define como Cámara de representación territorial, ni siquiera los senadores lo son sólo de la provincia o Comunidad que les otorga el mandato. Pero desde luego, el Congreso de los Diputados es una arena política cuya función constitucional se relaciona más con la garantía de la libertad y la igualdad de los ciudadanos que con la exaltación de las diferencias territoriales. Eligiendo y controlando al Gobierno de la Nación, y aprobando las Leyes del Estado que deben hacer realidad los valores y principios que inspiran la Constitución, los diputados -desde el punto de vista del sistema político- realizan una función esencialmente nacional.

En todo caso, conviene preguntarse si esta situación tiene remedio. Para algunos, éste pasa por una reforma electoral encaminada a reducir al límite o eliminar la presencia nacionalista en el Congreso de los Diputados. Otros piensan que es más adecuado propiciar una reforma constitucional que «blinde» contundentemente las competencias estatales frente a la insaciabilidad de las pretensiones nacionalistas. Muchos no rechazarían una combinación de ambos tipos de iniciativas. Por último, hay quienes piensan que la solución más conveniente es propiciar un partido bisagra de ámbito nacional, que fuera una muleta alternativamente utilizable por los partidos hegemónicos de la derecha y la izquierda que evitara el que uno u otro cayera indefectiblemente en los brazos de fuerzas nacionalistas para poder gobernar.

Comenzando por esta última posibilidad -que actualiza estas semanas el nacimiento del partido que promueve Rosa Díez- lo cierto es que no se adivina cómo una formación de este tipo pudiera drenar votos nacionalistas a partir de una posición abiertamente anti-nacionalista. Si, como parece, no es ese el caso, nos encontraríamos al cabo de la calle respecto al problema que nos ocupa. Es decir, incluso un estimable resultado de esa nueva fuerza no tendría por qué aparejar una disminución del poder de los partidos nacionalistas, con lo que la suma de mayorías sin recurrir al nacionalismo adolecería de la misma dificultad que ahora, o incluso de una mayor, ya que la introducción de un nuevo elemento en el reparto entre los partidos de ámbito nacional reduciría la prima de representación de que ahora gozan los dos mayoritarios de ese alcance (PSOE y PP).

Una reforma electoral penalizadora de los partidos nacionalistas tiene graves problemas. Podría establecerse por ley, en efecto, un umbral de esterilidad nacional adicional al existente (que es de ámbito provincial) y que, si reprodujera el nacional (3 por ciento), dejaría hoy por hoy fuera a todas las minorías nacionalistas salvo a CiU. Pero ese escollo -cuya introducción podría suscitar cuestiones de constitucionalidad en relación con lo dispuesto en el artículo 68 de la Constitución- sería además fácilmente salvable por la vía de las coaliciones de nacionalistas de distintas comunidades (tal como se viene haciendo en las Elecciones al Parlamento Europeo) y no tener efecto práctico alguno. Por encima de ello, la lógica democrática de esa barrera adicional sería en extremo cuestionable: el nacionalismo de cualquier tipo que hoy se sienta en el Congreso representa el 10,2 por ciento de los votos a candidaturas en las elecciones de 2004 y sus escaños suponen el 9,4 por ciento del total. No hay pues globalmente una prima de representación a los nacionalistas, sino simplemente un alto valor estratégico de esa representación.

La reforma constitucional sería una solución parcial, aunque importante. La ambigüedad consustancial al compromiso apócrifo alcanzado en la redacción de los artículos 148 a 150 de la Constitución, que regulan las competencias estatales y de las comunidades autónomas, precisa de una clarificación que haga indelegables las competencias centrales que el Estado debe reservarse y salvaguarde el mínimo de estatalidad que requieren el mantenimiento de la operatividad y la eficacia del propio Estado.

Pero lo importante va más allá. Lo importante es el acuerdo político de fondo entre los dos grandes partidos estatales para evitar el ser arrastrados por la deriva nacionalista que sus propias élites regionales empujan. En un sistema de Estado compuesto, en el que los mesogobiernos regionales tienen un gran peso político, la autonomía de esas élites y la persecución por las mismas de intereses propios es punto menos que inevitable. Su obligado contrapunto es la existencia de direcciones centrales fuertes capaces de imponerse a la presión permanente de esas élites.

Naturalmente ello requiere que las direcciones nacionales estén convencidas de esa necesidad de preservar el núcleo de competencias estatales y frenar el expansionismo natural del nacionalismo instrumental de sus dirigentes regionales. En esta legislatura se ha echado de menos esa convicción. En el ámbito del PSOE, por la ensoñación de la España plural y las vacilaciones nacionales de Zapatero. En el del PP, ciertamente en grado mucho menor, por falta de firmeza en la imposición de una conducta a las direcciones regionales coherente con el concepto de Estado defendido por la dirección nacional. Quizá las próximas elecciones brinden la oportunidad de una clarificación de estos asuntos que nos evite en los años venideros el triunfo definitivo de los nacionalistas de todos los partidos.
JOSÉ IGNACIO WERT
Sociólogo

Necesitamos muchos menos políticos
Enrique de Diego Periodista Digital 19 Septiembre 2007

El gobierno de Zapatero no hace otra cosa que prometer repartos de dinero público como si la gestión gubernamental fuera poco menos que una tómbola o una manifiesta compraventa de votos. Pero las sociedades progresan mediante el esfuerzo, el estímulo y el incentivo, no a través de la expoliación y el incremento de las manos muertas.

El Partido Popular, en la buena dirección, promete reducciones de los impuestos. De manera habitual, esas reducciones se producen por abajo y por arriba, y no llegan a las clases medias, que son expoliadas.

La cuestión es que ahora se precisa que el consumo interno no se frene y eso precisa que se libera a las clases medias de presión fiscal.

La cuestión es que lo improductivo en España lleva viviendo desde el comienzo de la sacrosanta transición un proceso expansivo. Durante tres décadas se ha venido larvando esta crisis.

GASTO SIN SENTIDO
Se gasta dinero a espuertas en imponer unas lenguas sobre otras, en financiar a comisarios políticos. Las autonomías se han estructurado en unidades de gasto y no han hecho otra cosa que ampliar sus funcionariados.

A pesar de la descentralización, no se han reducido los ministerios del gobierno central. Se duplican organismos. Tenemos en cada provincia subdelegados del Estado central y delegados de la Autonomía.

La relación de los partidos con los representados viene marcada por el clientelismo.

En medio de la ingeniería social nacional-socialista se ha destruido la educación, restando competitividad.

MEJOR GESTIÓN DEL PRESUPUESTO
Muchos sectores que deberían venir marcados por el dinamismo y la flexibilidad están estatalizados, como el de la investigación, que depende de las universidades, que siempre han sido malas en España, y de organismos burocratizados.

Se ha incluido a otros en los presupuestos como la cinematografía, la cultura y las ONGs.

Ya no es que necesitemos menos Estado, es que precisamos menos políticos, muchos menos políticos y mucho menos clientelismo. Todas esas manos muertas las pagamos a través de impuestos y en reducción de la capacidad de ahorro e inversión de las familias.

Toda esta crisis era previsible y venía preanunciado en este dramático fenómeno del mileurismo, por el que toda una generación ha sido sacrificada a los tópicos progres e intervencionistas.

No vamos sólo hacía un ajuste de la economía, sino a un ajuste del modelo, y eso es más difícil y complicado de gestionar. Las soluciones las he planteado en ‘El manifiesto de las clases medias’.

No es la utopía. En realidad, es la única vía posible para la supervivencia de nuestra sociedad abierta.

El que no llora no mama
POR M.MARTÍN FERRAND ABC 19 Septiembre 2007

La correcta administración de una manta común en el lecho conyugal, asunto en verdad delicado, es una condición necesaria, aunque no suficiente, para la buena marcha y deseable perpetuación del matrimonio. Más, incluso, que otros epígrafes más relevantes y trascendentales en la siempre compleja arquitectura de la pareja. Un punto de egoísmo en el abrigo de uno de los cónyuges puede dejar al otro con el culo al aire y expuesto al siempre peligroso relente del amanecer. Si multiplicamos el problema por diecisiete tendremos a la vista un esquema claro y comprensible del problema nacional español.

En la cama de nuestra convivencia se agitan, junto al representante del Gobierno de España, los de las Autonomías surgidas del Título VIII de la Constitución y, como era previsible y no fue previsto, el más mínimo movimiento de cualquiera de los dieciocho ocupantes de un tálamo tan singular y latifundista genera un resfriado en uno, o varios, de los demás. Cuando, a mayor abundamiento, alguno de los encamados sufre crisis frecuentes de victimismo el sosiego colectivo se hace imposible y todos se quedan sin dormir, nerviosos y con ojeras. No hay más que vernos. El desproporcionado efecto centrifugador que generan las fuerzas políticas periféricas está deformando nuestras hechuras históricas.

Inspirados en el tango de Enrique Santos Discépolo, los socios de José Montilla han convertido en lema unas frases de Cambalache -«¡El que no llora no mama y el que no afana es un gil!»- y, guiados por ellas, pasan la noche berreando y reclamando lo que, según entienden, les pertenece. José Luis Rodríguez Zapatero, tan sensible a cualquier llanto que le pueda costar el inquilinato de La Moncloa, le ha retorcido la voluntad a Pedro Solbes -cosa fácil- y éste ha reconocido que se quedó corto en la previsión de inversiones en Cataluña en el primer año de aplicación del nou Estatut. En resumen, el Gobierno compensará su «error» con la transferencia a la Generalitat de 826 millones de euros. Las bases del cálculo presupuestario son más elásticas que las mantas.

Aquí nunca pasa nada y la ciudadanía se ha acostumbrado a un grado de pasotismo que, aunque resulte confortable, es peligroso. Alguien se quedará con los pies al aire porque el plus de manta que se le adjudica a Cataluña no brota de un manantial y las cuentas del Estado son menos elásticas que la voluntad de sus gestores. No importa. Todo sea por la grandeza, presente y futura, de Zapatero, un líder sin criterios pero con firme voluntad de perpetuación. El Estatut, ese pozo de incertidumbres constitucionales, ha previsto un 18,8 por ciento de inversión del Estado en Cataluña y, en nuestro singular ordenamiento, las partes tienen más fuerza que el todo. Especialmente si Zapatero es el guardián de ese todo.

Esto va que arde
POR CÉSAR ALONSO DE LOS RÍOS ABC 19 Septiembre 2007

El Tribunal Supremo no podrá salvar la bandera como símbolo. Es lógico: con leyes no se pueden cubrir los agujeros negros de la conciencia colectiva. La Nación no es un hecho administrativo. Si acaso, el Estado.

El desguace simbólico no sólo no les está suponiendo costes presupuestarios a los rebeldes, sino que, incluso, les está favoreciendo. En virtud de un Estatuto sobre el que pesan varios recursos por anticonstitucional, el Gobierno que preside Rodríguez Zapatero ha tomado ya una medida escandalosamente injusta para el resto de las regiones: ha decidido «compensar» a Cataluña con treinta mil millones de euros. ¿Exigirá el mismo trato la Generalidad valenciana en nombre de su propio y nuevo Estatuto de autonomía?; ¿o acaso no lo defendió así el Partido Popular con el argumento de que nunca podría ser superado por otro?

La protesta de los socialistas extremeños ante los ventajismos catalanes es ya una cláusula de estilo. De oprobioso estilo. Así que ni siquiera el Partido Socialista de Cataluña se ha visto obligado a sacar la bandera al balcón para asegurar el privilegio de siete años de infraestructuras por adelantado. Más aún, en estos mismos momentos, los chicos de Esquerra Republicana están tan crecidos, se sienten tan sobrados, que hacen declaraciones públicas contra la permanencia de Cataluña en el «Estado» y, por su parte, el nieto de Maragall pide la independencia para ya mismo.

Las muchachadas republicanas y convergentes salen a la calle. Los mozos de escuadra observan el incendio de fotos del Rey sin mover un músculo. Han recibido órdenes de mantenerse en la neutralidad por respeto a la libertad de expresión. Están creciendo tanto las tentaciones independentistas en estos momentos en las huestes de Artur Mas que Durán Lleida amenaza con la ruptura.
Esto va que arde. Se huele a Intifada en el País Vasco y a algarada en Cataluña. ETA quiere tener las calles permanentemente tomadas, y los nacionalistas catalanes tienen nostalgias de la «rosa de fuego».

Zapatero, a sus zapatos
Lorenzo Contreras Estrella Digital 19 Septiembre 2007

Probablemente en uno de los momentos más delicados de España por lo que atañe a Cataluña y las respectivas relaciones “territoriales”, salta la noticia de que, tras el caos ferroviario y de otras naturalezas, dicha Comunidad, o más bien vice – Estado, recibe de Zapatero la promesa de un aumento del 24 por 100 en la inversión estatal “en aplicación del Estatuto” aprobado el pasado año y cuestionado en algún importante aspecto por estar pendiente de lo que decida sobre esa concreta constitucionalidad el Alto Tribunal que se ocupa de medir la “ortodoxia” de las normas. Como bien se sabe, el TC no acaba de “moverse” en ninguna dirección. Y el Gobierno zapateril actúa o se manifiesta como si el “Estatut” no se hallara parcialmente cuestionado, y premia a Cataluña, o más bien a sus actuales dirigentes, como si del mal estado de las infraestructuras catalanas fuera culpable España (perdón, el Estado español, no faltaba más), tan lastimada en muchas de sus comunidades, y por tanto, tan necesitada de un reparto equitativo de las inversiones.

Zapatero, que por cierto es “culé” (quiérese decir hincha del Barça), ha mejorado su imagen política más allá del Ebro. Si ahora actúa en “aplicación” del “Estatut” será porque nada teme en relación con lo que vaya a decidir el Tribunal Constitucional. O sea, que el alto organismo no le va a estropear la operación estética que le dicta su generosidad. En realidad, con ZP todo está asegurado. No hay peligro en su política. Su gestión al frente de los destinos patrios (?) acabará siendo, cuando su mandato definitivo se cumpla, una bendición de la historia. Estamos los españoles (los que vamos quedando) de enhorabuena. Algún día seremos menos, pero nos tocará repartir con cierta ventaja la cuota taifal que nos corresponda. Taifal viene de Taifas, claro.

Para el año 2014, sólo un septenio falta, se cumple el tercer centenario de la Guerra de Sucesión, que Cataluña perdió frente a España, según la leyenda, porque quería un rey que no se llamara Felipe V, de modo que en la Corte de Madrid se instalara otro pretendiente, un austriaco. Es decir, la Cataluña afectada de “genocidio”, según el vocal nacionalista del Consejo General del Poder Judicial, quería entonces una España a su gusto, sin que por ello dejara de ser España. Lo de la “Diada” fue el milagro conmemorativo de una derrota transformada en imperecedera gloria del victimismo ventajoso.

Carod Rovira ya se ha adelantado a los tiempos. Preconiza para el 2014 la alta posibilidad de que justo entonces Cataluña se convierta en Estado independiente. Y el propio vocal del CGPJ antes citado, el señor López Tena, proyecta crear una “plataforma” de intelectuales – ideólogos expertos en cuestiones de independencia, según revela el boletín mensual “Vínculos” que edita en Barcelona (hasta ahora) una sociedad llamada “Acción Cultural Miguel de Cervantes”.

Esto de que las voces vayan apagándose está encontrando precedentes o anticipos. En Mallorca ha dejado de publicarse la “Fuya informativa” del Centro Cultural mallorquín a los treinta años de su nacimiento. Joven todavía, lástima. Defendía la pobre nada menos que una equiparación de la lengua española con la mallorquino – balear. Demasiada audacia. Dice el boletín “Vínculos” que el nuevo Gobierno balear, dispuesto a catalanizar todo lo que encuentre a su paso, ya no tendrá la oposición de la “Fuya”. Todo ello encaja en los estrictos márgenes de un proceso diferenciador. En tal margen entró en su día la exigencia del Ayuntamiento de Barcelona para los aspirantes a jardinería. Para ser peón de tan bello oficio se exige saber catalán. En Cataluña las flores tienen su sensibilidad y hay que respetar las opciones que se le presumen. No todo va a ser etiqueta para venta de butifarra. También la flor tiene sus derechos autóctonos.

Nacionalismo vasco
El día que les faltase la bandera
José García Domínguez Libertad Digital

Para empezar, descubrirían que salir rebotado de la Unión Europea resulta infinitamente más sencillo que entrar. Y es que el "no" resonaría aún más fuerte que el que escuchó Argelia cuando pretendió seguir formando parte de la CEE tras separarse de Francia. Quiere eso decir que Juanjo no sólo debería trocar el euro por el Arzallus de vellón o el Sabino de bellota, sino que todas infraestructuras y todas las berzas y todas las vacas y todas las serpientes del bosque de euzkos que le mantiene Europa tendrían que pagarlas a escote entre los chicos de la gasolina.

Además, el día que faltase la bandera, automáticamente dejarían de pertenecer a la Organización Mundial del Comercio. Querría esto otro significar que, para alegría de la tropa antiglobalización, los productos made in Euskadi que soñaran colocar a más de cincuenta kilómetros a la redonda de la herriko taberna más próxima serían castigados con el arancel que el Reino de España antojase oportuno. Llegado ese momento procesal, tal vez Juanjo reparara en la insignificancia estadística de que 55 céntimos de cada euro que entra en el País Vasco en concepto de "exportaciones" llevan estampados los colores de la bandera.

Todo eso y más es lo que un estudio de la Universidad Complutense de Madrid ha estimado sobre el precio a pagar el día les faltase la rojigualda. Estudio realizado a partir de una muestra representativa de las empresas que –de momento– mantienen sus sedes en el País Vasco. Y que también ha servido para descubrir que una de cada cuatro se plantearía repatriarse en ese mismo instante. Una huida en masa del paraíso de las boinas caladas que, de entrada, provocaría un desplome próximo al 20 por ciento del PIB vasco.

Asimismo, certifican en él los investigadores de la UCM que Juanjo habría de ingeniárselas para mantener a sus nuevos parados sin manosear el 35 por ciento de, por ejemplo, los beneficios del BBVA o Iberdrola que ahora ingresa en concepto de Impuesto de Sociedades. Por su parte, los aitas de la nueva Euskal Herria resultarían exonerados del rutinario trámite de acercarse al banco cada fin de mes a cobrar la pensión. Porque sus 440.000 jubilados absorberían por sí solos el 70 por ciento del presupuesto actual del Gobierno vasco, una carga financiera insostenible para la Gran Euskadi soberana.
Ya pueden orar, pues, para que jamás les falte la bandera. Que recen y que confíen en que igual que los comunistas nunca estuvieron en la Izquierda sino en al Este, las fantasías de los gudaris no aterricen en el Norte sino en el Limbo. En el de los idiotas, que también existe.
José García Domínguez es uno de los autores del blog Heterodoxias.net.

Tras las elecciones generales
La sucesión que importa
Emilio Campmany Libertad Digital 19 Septiembre 2007

Todos andamos encelados en discutir quién sería el mejor candidato para suceder a Rajoy al frente del PP en el caso de que éste pierda las elecciones de marzo. Y, sin embargo, apenas prestamos atención a la sucesión que verdaderamente importa, a la que ha de producirse en la secretaría general del PSOE en el supuesto de que sean los socialistas los que salgan derrotados. Ocurra lo que ocurra en el PP, no hay duda de que seguirá siendo el partido nacional y constitucionalista que siempre ha sido. En cambio, una derrota del partido socialista podría propiciar la llegada de un líder que le devolviera a la "E" de sus siglas el significado que nunca debió perder. Por lo tanto, para el conjunto de los españoles y para el futuro de España no es indiferente quién suceda a un vencido Rodríguez Zapatero.

¿Es la derrota improbable? No más que la victoria. En cualquier caso, es la de Zapatero, y no la de Rajoy, la que puede provocar un cambio sustancial en la política española.

Con toda seguridad, el Partido Popular llevará en su programa dos ilusionantes propuestas para poner fin al chantaje separatista: la modificación de la ley electoral y una reforma de la Constitución para fijar de una vez por todas cuáles son las competencias irrenunciables de la administración central frente a las comunidades autónomas. La legitimidad de ambas reformas exige el apoyo del partido socialista. No cabe esperarlo mientras lo domine la actual nomenklatura, que está convencida de que es precisamente el separatismo, con cuya exagerada influencia quiere acabar el PP, el que puede un día ayudarle a sostenerse indefinidamente en el poder. Sin embargo, son muchos los socialistas que creen, junto con los populares, que ha llegado el momento de detener el expolio que viene soportando el estado a manos de los separatistas.

La escisión que ha sufrido recientemente el PSOE, bajo el impulso de Rosa Díez, es buena prueba de la profunda división que sufre ese partido. Si Zapatero y los suyos perdieran en marzo el control del presupuesto, la cantera de donde extraen el material con el que sostienen el dique que impide que la división interna se desborde, asistiremos a una profunda renovación de los altos cargos del socialismo español. ¿Vendrá Bono? ¿Será capaz de impedirlo Rubalcaba?
En cualquier caso, me barrunto que Rosa Díez no ha abandonado la nave socialista con todos los suyos y que algunos de ellos se han quedado a bordo haciendo como que reman o que enjarcian o que aparejan. ¿Y si el plan fuera utilizar la plataforma del nuevo partido para lograr un escaño desde el cual asaltar la secretaría general de un PSOE perdedor en marzo? No le será fácil a una militante que ha dejado de serlo. Pero para ser líder de la oposición necesita ser diputada y es obvio que la actual dirección nunca le habría permitido serlo. Creo que ya tengo algo en común con la valiente socialista vasca: ambos creemos en la probabilidad de la derrota de Zapatero. Cuando también lo crean los aspirantes a presidir el PP y los medios que los jalean, la sucesión que de verdad importa estará en trance de abrirse.

El Consejo General del Poder Judicial
José Luis Manzanares Estrella Digital 19 Septiembre 2007

El Consejo General del Poder Judicial, órgano de gobierno del mismo, fue una creación de la Constitución de 1978, que se inspiró en el ejemplo italiano del Consejo de la Magistratura. Se trataba de garantizar en el mayor grado posible la independencia de jueces y tribunales frente al Ejecutivo, hasta al extremo de que se llegó a postular la desaparición de un Ministerio de Justicia desprovisto ya de sus principales funciones. Una idea muy prometedora pero cada vez más alejada de la realidad. Hoy, la situación del Consejo General del Poder Judicial e absolutamente insostenible. Se ha convertido en un apéndice de unas Cortes Generales que dejan pasar los meses sin lograr un acuerdo sobre su renovación.

La causa principal del mal se encuentra en la llamada “enmienda Bandrés” que, formulada “in voce” en el Senado, llevó a un nuevo sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial en la Ley Orgánica 6/1985. Desde entonces, todos los nombramientos de los doce vocales, incluidos los de procedencia judicial, compete a los parlamentarios. Antes el sistema había sido mixto: ocho jueces a propuesta del propio estamento judicial y cuatro juristas de elección parlamentaria. La reforma fue declarada acorde con nuestra Carta Magna por el Tribunal Constitucional, pero con una condición nunca cumplida: la de que no se reprodujera en el Consejo General del Poder Judicial la relación de fuerzas en las Cortes Generales. La renovación del Consejo se convirtió desde el primer momento en reparto de cuotas entre los partidos políticos, al margen por completo de la voluntad de los jueces. Estos pueden proponer nombres para la elección de sus ocho compañeros, pero los partidos políticos –como abrazadera entre el Ejecutivo y el Legislativo- tienen la última palabra.

Los líderes políticos ya no intentan siquiera —si es que lo procuraron alguna vez— guardar las apariencias. Se habla de negociaciones en las que cada grupo arrima descaradamente el ascua a su sardina. Son unos movimientos en el ajedrez global de la política, de modo que el acuerdo en la materia puede formar parte de otro más amplio sobre cuestiones de muy diverso contenido. Un vocal más para ti en el Consejo General del Poder Judicial y, a cambio, otro para mí en el de Televisión Española, por ejemplo.

El invento, al menos en su versión actual, no funciona. La imagen de independencia de los jueces españoles —en particular en los escalones superiores— no es mejor que la de sus colegas de otros países sin semejante órgano de gobierno. En Alemania, Austria o Suecia no lo tienen ni lo echan en falta. Y sus periódicos se venden sin necesidad de noticias y comentarios como los que nuestro Consejo General del Poder Judicial y las ideologías de los jueces suscitan un día si y otro también en esta país llamado España. Podemos proponernos seriamente su reforma como una cuestión de Estado. O podemos dejarlo así para que siga su renqueante caminar a mayor gloria de quienes no son precisamente ni los jueces ni los justiciables de a pie.

Una vasca lleva una bandera española al Parlamento de Vitoria
Pedro Fernández Barbadillo Periodista Digital 19 Septiembre 2007

Si los gobernantes no cumplen las leyes tenemos que hacerlas cumplir los ciudadanos, pero entonces, ¿por qué hemos de pagarles impuestos?

Regina Otaola ha llevado la bandera nacional a Lizarza… y no ha pasado nada, no se ha hundido el mundo. Ahora otra vasca, Yolanda Morín, presidenta de la Plataforma España y Libertad, trata de que la bandera de España recupere en las provincias vascas el lugar que por derecho y por historia le corresponde.

El martes, Yolanda Morín depositó en el parlamento vasco una enseña. Veremos lo que hace la institución. Los parlamentarios del PSOE (ja, ja) y del PP podrían reclamar a la presidenta, la cuota Izaskun Bilbao, que la colocase en la fachada del edificio. Ya sabemos que el PNV se pasa las decisiones que no le gustan por el forro. Cuando el PSE lo dirigía Nicolás Redondo, la mayoría de la Cámara exigió al Gobierno vaco que emitiesen el mensaje del Rey de Navidad y que instituyese como día de la comunidad la fecha de aprobación del estatuto, el 25 de octubre. Juan José Ibarretxe hizo como si oyera llover.

Aquí podéis ver el momento de la entrega. Si hubiese sido la novia de Iñaki de Juana, se le habrían abierto las puertas del despacho de Bilbao o de un jefecillo, pero como sólo era una ciudadana que pedía el acatamiento de una ley orgánica, portazo.

Los votantes del PSOE dicen que este asunto de las banderas no es importante, que lo es más la vivienda o la Alianza de Civilizaciones. Disiento, porque si los gobernantes sólo cumplen las leyes que les gustan, estamos en una dictadura. ¿Qué podemos pensar de un país cuyo ministro de Justicia dice que la Ley de Banderas no se va a cumplir? Eso sí, en vez de hacer que se obedezca una ley vigente, el hijo de falangista propone más leyes: en concreto la de eutanasia. Seguro que ésta sí se aplicaría y estimularía su celo.

Otra Yolanda, de apellido Barcina y de cargo alcaldesa de Pamplona, ha puesto fin a la chulería de los proetarras de ANV, que movían la bandera nacional en la sala de prensa del Ayuntamiento, con una medida muy sencilla: la ha atornillado al suelo. Propongo mandar un tornillo a Rodríguez y a Pepiño, y que se lo pongan donde lo necesiten.

Hago otra propuesta: que dejemos de pagar impuestos a estos delincuentes, el Bermejo, el Ibarretxe, el Montilla, la Bilbao. Ellos bien que se encargan de ponerse sueldos altos y de arreglarse excelentes pensiones…

La nueva guerra de banderas demuestra que vivimos bajo una casta al margen de las leyes.

MUNDO
El texto del monumento del atentado del IRA en Omagh enfrenta a víctimas y autoridades
Familiares de los fallecidos acusan al Ayuntamiento, gobernado por Sinn Fein, de negarse a calificar como «terroristas» a los autores de la masacre
ÍÑIGO GURRUCHAGA El Correo 19 Septiembre 2007

El proyecto de creación de un monumento conmemorativo nació poco tiempo después de la comisión del crimen. El año pasado, el Ayuntamiento, gobernado por Sinn Fein, asociado históricamente al IRA, convocó un concurso internacional y en julio se seleccionaron cinco diseños.

Uno de los finalmente descartados fue presentado por el estudio Fam, de Madrid, que está construyendo el monumento a las víctimas del 11-M. El ganador en Omagh es obra del artista Seán Hillen y el despacho Desmond Fitgerald, con sede en Dublín.

'Luz Constante' levantará un pilar de cristal en el punto de la Market Street donde estalló la bomba. Es un lugar en sombra, pero se conectará con el parque público en el que desemboca la calle comercial. Allí se creará un jardín con estanque, piedra, manzanilla y tomillo, campanillas, amapolas y abedules plateados.

En el jardín, 31 postes sostendrán heliostatos que detectan la posición del sol y reflejarán los rayos hacia el pilar, donde una cavidad en forma de corazón parecería flotar en luz.

En los albores del proyecto, el Grupo de Víctimas de Omagh propuso al Ayuntamiento la siguiente inscripción: «En este lugar, 31 personas murieron y cientos fueron heridas, procedentes de tres naciones, por un coche bomba de un grupo terrorista disidente republicano, el 15 de agosto de 1998».

Entre los fallecidos y heridos había británicos, irlandeses y dos españoles, Fernando Blasco, de 12 años, y Rocío Abad, de 23, que formaban parte de un grupo escolar que aprendía inglés en una comarca próxima y estaba en Omagh con una excursión que visitaba la localidad en su día festivo.

Verdad y política
La colocación del coche bomba fue reconocida por el IRA Auténtico, una facción que rompió con el IRA porque no estaba de acuerdo con el proceso de paz emprendido por su líder, Gerry Adams. Gallagher, presidente del grupo de víctimas, dice que su texto simplemente refleja la verdad.

Cuando lo presentaron a la comisión que estudiaba la instalación del monumento, el consejo municipal les dijo que había un nuevo procedimiento para decidir el texto. Kim McLoughlin, portavoz del Ayuntamiento para este asunto, decía ayer que no han rechazado el del grupo de víctimas, pero que quieren un consenso. Argumenta que hay afectados que no forman parte del grupo de Gallagher y que la corporación nombrará ahora a un mediador independiente para dialogar con todas las víctimas y llegar a un texto común. Se quiere inaugurar el memorial en el décimo aniversario de la masacre.

«Somos el único grupo de víctimas -dice Gallagher-. Somos 180 personas, de todas las religiones y de ninguna, de todas las opciones políticas. No digo que no haya otras víctimas, porque no sería cierto, pero en nueve años de actividad nunca les hemos oído».

Y ve en lo que está ocurriendo una ilustración del proceso de paz: «Yo diría a las víctimas españolas que, cuando les dicen que aprendan de nuestro proceso de paz, tienen que saber que aquí se nos considera una molestia para avanzar. Al Consistorio le incomoda que mencionemos a los autores. ¿Por qué hay que premiar a los que matan en actos políticos más que a los que roban un banco?», lamenta.

tras las elecciones legislativas
Un complejo puzzle político condena a Bélgica a cumplir cien días sin Gobierno
Las reivindicaciones secesionistas flamencas y la cerrazón de valones y bruselenses no auguran un acuerdo a corto plazo Leterme, ganador de las elecciones, se ha dado por vencido
FERNANDO PESCADOR El Correo 19 Septiembre 2007

MEDIADOR. El rey de Bélgica, Alberto II, llega a una reunión con el ganador de las elecciones Yves Leterme. / REUTERS
Nacionalistas de medio planeta tienen puestos los ojos en el proceso político que vive Bélgica, donde transcurridos cien días desde las últimas elecciones legislativas no se perfila aún en el horizonte una coalición de gobierno, debido al abismo que separa las reivindicaciones secesionistas flamencas y la cerrazón de valones y bruselenses a transigir con ellas.

Comienzan a ser extraíbles, sin embargo, lecciones de este proceso: el pasado día 10, el Parlamento flamenco resistió el embate de la extrema derecha independentista del Vlaams Belang (25% del electorado) y rechazó la celebración de un referéndum (ilegal) para la independencia de Flandes. El marco de referencia para la búsqueda de soluciones a los graves problemas del país es, y seguirá siendo, toda Bélgica. Así lo reiteraron los partidos democráticos de la región. Incluso los que defienden un vaciamiento definitivo de las competencias que le restan al Estado, en beneficio de un modelo confederal.

La larga marcha hacia el nuevo Gobierno ha consumido el modelo belga. Bien es verdad que en 1988 transcurrieron 147 días antes de que pudiera constituirse el octavo Ejecutivo encabezado por Wilfried Martens, y que fueron 103 días los empleados para negociar el acuerdo que dio la luz verde al primer Gobierno de Jean-Luc Dehaene, en 1992.

Esta vez, empero, las apuestas son más contundentes y el terreno para el entendimiento, menor. Tradicionalmente, el rey, tras unas legislativas como las del 10 de junio, designa a un 'informador' que dibuja un bosquejo de los acuerdos posibles para dar vida al Gobierno y que cede el paso, a un 'formador', que lo concreta.

El trámite se ha cumplido. El primer rol lo desarrolló Didier Reynders, líder de los liberales francófono, que se han convertido en la principal fuerza política del sur, desbancando a los socialistas, que no logran sobreponerse a sus reiterados casos de corrupción. Reynders abrió el camino a Yves Leterme, el socialcristiano triunfador en junio, que ha devuelto a su familia política al poder en Flandes, después del interregno liberal de ocho años protagonizado por Guy Verhofstadt, actual primer ministro en funciones.

Pero Leterme tiró la toalla en agosto y el rey ha tenido que sacarse de la manga una figura, la de 'explorador', para sondear las posibilidades de acuerdo gubernamental. Se ocupa de ello un político flamenco de viejo cuño, Herman van Rompuy, también socialcristiano, de quien se dice que no se está separando, en su labor, ni un solo paso de la estela dejada por Leterme.

Van Rompuy, que lleva más de veinte días profundizando en el magma político belga, ya ha presentado su tercer informe al monarca, pero aún no ha encontrado fondo sólido para fundamentar un nuevo Gobierno. Se atribuye a los socialcristianos francófonos, que preside la enérgica Joëlle Milquet y que son imprescindibles para constituir una coalición con los liberales, el freno más fuerte a las pretensiones de Leterme.

Maniatado por acuerdos
El líder flamenco, independientemente de su visión más o menos confederal del país, tiene mermada su capacidad de cesión porque el retorno de los socialcristianos al poder ha sido posible gracias a los acuerdos electorales firmados en 2002 con los independentistas de NV-A. El objetivo del pacto era un futuro confederal para Bélgica. El NV-A es un grupúsculo político resultado de la escisión del Volksunie (Pueblo Unido, en flamenco), con el que Milquet no quiere entendimientos de ninguna índole. El CD&V de Leterme y el NV-A de Bart de Weber ganaron juntos las regionales de junio de 2004, las comunales de octubre de 2006 y, finalmente, las legislativas de junio pasado.

La pretendida coalición de gobierno (azul-naranja por su extracción socialcristiana y liberal) no tiene las dos terceras partes de los votos requeridos en ambas cámaras para la reforma del Estado y su mutación en una estructura confederal. Por eso, las concesiones a los flamencos tienen que ser consensuadas y el listón está demasiado alto.

La escisión por las bravas de Flandes parece descartada. Lo ha dicho la cámara regional y lo dicta también el sentido común: no hay manera de pactar el reparto de la brutal deuda pública de Bélgica entre las tres comunidades -Flandes, Valonia y Bruselas- a que la división del reino daría lugar. Además, el impacto económico de la operación dista de estar plenamente definido, a pesar de que a ello se dedican periódicamente ejércitos de economistas de las tres comunidades territoriales. El último de ellos apunta a que el sur del país, Valonia (12% de paro), entraría en bancarrota al perder 5.500 millones euros anuales en transferencias del norte.

Para Valonia, la alianza con Bruselas (el 20% de la riqueza generada en el país) sería vital, pero no está claro que Bruselas, mayoritariamente francófona, quisiera sellar su destino con un territorio tan problemático como el del sur, mal acostumbrado a vivir del subsidio público y donde la corrupción política es constante. Y tampoco está claro que Francia aceptara integrar a Valonia, una hipótesis que ya se barajó en los noventa.

Zaplana se muestra abierto al debate sobre la renovación del CGPJ pero avisa de que el PP no va a “tragar” que se intente “contentar” a los nacionalistas
López Garrido recuerda que en 1996, cuando les “necesitaba”, el PP metió a los nacionalistas “a tope” en el máximo órgano judicial
Madrid EP Estrella Digital 19 Septiembre 2007

El portavoz parlamentario del PP en el Congreso, Eduardo Zaplana, expresó ayer su disposición a acudir a la reunión que han promovido el PSOE y las minorías para hablar de la negociación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pero ya avisó que espera que sea una cita "constructiva" y con propuestas concretas encima de la mesa. Según añadió, el PP no va "a tragar" con la pretensión de los socialistas de "controlar" el Consejo, "contentar" a los nacionalistas y "acallar la voz de los jueces", extremo en el que fue respondido por el portavoz socialista, Diego López Garrido, quien recordó que en 1996, cuando les “necesitaba”, el PP metió a los nacionalistas “a tope” en el máximo órgano judicial.

En una rueda de prensa en la Cámara Baja, al término de la Junta de Portavoces, Eduardo Zaplana mostró su escepticismo en relación con la cita a la que le han convocado por carta el portavoz del Grupo Socialista, Diego López Garrido. "Sí que voy, en principio. Pero la cuestión es para qué", enfatizó.

Así, Zaplana señaló que ya ha mantenido numerosos contactos con su homólogo socialista para abordar la renovación del CGPJ --cuyos vocales cumplieron su mandato hace 10 meses-- pero se quejó de que en todo este tiempo no le haya formulado ninguna propuesta concreta. "Lo que quieren es copar el CGPJ y les importa un pimiento que el Tribunal Constitucional le recuerde que el Consejo no puede repetir de modo automático las mayorías del Parlamento --aseveró--.

Lo único que pretenden es acallar la voz de los jueces". Por eso, el portavoz del Grupo Popular animó a los socialistas a acudir a la cita con "ánimo constructivo" y "teniendo claro que el Poder Judicial es un poder independiente que merece un respeto". "Espero que haya una propuesta encima de la mesa", dijo, tras precisar que mañana a primera hora ya tiene fijada una entrevista radiofónica y que, si por problemas de agenda la reunión no puede ser mañana, se reunirán otro día.

El portavoz 'popular' aprovechó la conferencia de prensa para recordar que el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, anunció hace unos meses que haría una oferta para renovar el Consejo que el PP no podría rechazar. "Podría decirnos en qué consiste esa propuesta que no podemos rechazar en vez de insultarnos", afirmó.

Así, Zaplana insistió en que el ministro acusa a los 'populares' de boicotear la renovación del órgano de gobierno de los jueces cuando "no ha hecho ni una sola propuesta". En su opinión, estas manifestaciones son un ejemplo más del "autoritarismo y sectarismo" que, según dijo, caracteriza al ministro.

"El PP sí que se lo toma en serio (la renovación) y no boicoteamos absolutamente nada", señaló, para recordar que en otras ocasiones se ha tardado hasta ocho meses en llegar a un acuerdo para renovar el CGPJ.

López Garrido resta credibilidad a su homólogo popular
Muy distinta es la interpretación del portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Diego López Garrido, quien acusó a su homólogo del PP, Eduardo Zaplana, de utilizar argumentos "falaces" para intentar justificar su "bloqueo" a la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). En este contexto, recordó que mientras ahora el PP se niega a dar cabida a los nacionalistas en este órgano, en 1996, cuando les "necesitaba para gobernar", no tuvo ningún problema para "meterles a tope" en el CGPJ.

López Garrido señaló que en principio la reunión convocada para hoy se mantiene y que no ha recibido ninguna "alternativa" por parte de Zaplana. Sin embargo, acusó al portavoz 'popular' de recurrir a explicaciones "falaces" para "justificar lo injustificable", como es su negativa a renovar el CGPJ.

Así, destacó que "nadie se cree" que en diez meses de conversaciones entre ambos, el PSOE no haya hecho propuestas concretas. "Naturalmente, ha habido propuestas muy claras y siempre basadas en la máxima pluralidad porque la soberanía nacional es plural, que es lo que el PP no acaba de entender", afirmó el portavoz socialista.

Asimismo, restó credibilidad a Zaplana por negarse a nombrar nuevos vocales alegando que el PSOE defiende la entrada de los nacionalistas. Tras hacer hincapié en que todos los grupos parlamentarios deben estar representados en el Consejo de forma proporcional, subrayó que el único obstáculo real es que el PP "quiere seguir manteniendo la mayoría conservadora" que colocó en este órgano cuando tenía mayoría absoluta.

Peligro de extinción para la mitad de las 7.000 lenguas del mundo
EFE - Washington El País 19 Septiembre 2007

La mitad de las 7.000 lenguas que se hablan en el mundo podrían desaparecer en este siglo, según un estudio de National Geographic que alertó ayer del peligro en cinco puntos del planeta, entre ellos América Central y del Sur. Según el informe de esa sociedad científica estadounidense, más de la mitad de las lenguas habladas en el mundo no están documentadas por escrito, motivo que hace que un idioma se extinga cada dos semanas, al desaparecer su último hablante.

Los lingüistas encargados de llevar a cabo el estudio, David Harrison y Gregory D. S. Anderson, ambos del Instituto de Lenguas Vivas, coincidieron ayer en que la desaparición de un idioma se traduce directamente en una "pérdida de conocimiento".

Las cinco regiones del mundo con mayor peligro de perder riqueza lingüística son América Central y del Sur, el norte de Australia, la meseta noroeste del Pacífico, Siberia Oriental y el sureste de EE UU, según el informe, elaborado en colaboración con el Instituto de Lenguas Vivas para los Idiomas en Peligro.

"El 80% de la población mundial habla 83 grandes idiomas, mientras que existen 300.000 pequeñas lenguas que sólo las utiliza el 0,2%", dijo Harrison durante una conferencia de prensa telefónica desde la sede de National Geographic en Washington.

Anderson explicó que para identificar los puntos del mundo en los que hay una mayor tendencia a la desaparición de las lenguas se centraron en la "diversidad de las mismas".

Ello supone no solo calcular el número de gente que habla un idioma y la cantidad de documentación escrita existente, sino que además se debe investigar el número de familias lingüísticas presentes en estas zonas.

La diversidad boliviana
"Por ejemplo, Bolivia tiene el doble de diversidad lingüística que toda Europa, ya que cuenta con 37 lenguas y ocho familias lingüísticas", explicó Harrison. El lingüista destacó que existen lenguas, como la vasca, que son únicas porque no proceden de ninguna familia lingüística conocida, y que la pérdida de este tipo de idiomas es de mayor gravedad, puesto que sería prácticamente imposible su recuperación. "El vasco se conoce por no tener relación con ningún otro idioma del mundo. Pues bien, en Bolivia hay siete tipos distintos de lenguas como el vasco", explicó Harrison.

Entre las cinco áreas con lenguas en peligro hay similitudes, como por ejemplo que muchos de ellos habían sido territorios colonizados por potencias europeas. "Son el último bastión de ciertas lenguas en los que la colonización tuvo éxito", dijo Harrison, quien destacó la grave repercusión que tuvo la llegada del español al Nuevo Mundo. "Los idiomas desaparecen cuando una comunidad decide que su lengua es un impedimento social o económico y los niños son especialmente sensibles a esto", explicó Harrison.

Actúa ahora contra Educación para la Ciudadanía
Pilar D.C. email 19 Septiembre 2007

Espero que estés de acuerdo conmigo en la importancia para el futuro de España de hacer desaparecer la asignatura Educación para la Ciudadanía (EpC). EpC es el intento de Rodríguez Zapatero de imponer en las conciencias de los niños y adolescentes de nuestro país la ideología del Gobierno de turno al margen de los padres. Transmite los valores del laicismo, relativismo, positivismo jurídico e ideología de género.

Afortunadamente, no es demasiado tarde para recuperar la libertad en nuestro sistema educativo. Desde la sociedad civil se ha organizado un movimiento cívico en contra de esa asignatura, con los padres objetores como punta de lanza de esta batalla por las libertades y los derechos fundamentales. He encontrado en Internet una forma sencilla de apoyar esta campaña. Ya he entrado en www.epcno.org y firmado la petición para derogar EpC. Esta petición será enviada al Presidente del Gobierno antes de que termine la legislatura (2008). Confío en que visites la Web y te unas firmando la petición. Te llevará tan solo un par de minutos. En ese sitio Web también encontrarás información adicional sobre el adoctrinamiento que se persigue con EpC. Recuerda: entra en http://www.epcno.org ¡Gracias por leerme!

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