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Recortes de Prensa    Viernes 28 Septiembre   2007

Ofensiva contra las instituciones
Esto es el cambio de régimen
Ignacio Villa Libertad Digital 28 Septiembre 2007

El panorama de la España constitucional que estamos contemplando estos días es ciertamente desolador, por más que no pueda ni deba sorprender a nadie, pues es el resultado de las políticas destructivas y demoledoras de Rodríguez Zapatero y su Gobierno. Cuatro convulsos años dan para mucho y nos dejan al final un ambiente que hace no mucho tiempo hubiera sido impensable, fruto de una larga lista de acciones irresponsables del presidente del Ejecutivo.

Llevamos muchos meses asistiendo a un ataque feroz y constante a la transición democrática. Se ha convertido en algo habitual el empeño por reabrir las heridas del pasado y se busca obsesivamente todo lo que suponga división y enfrentamiento entre los españoles. El futuro de los fundamentos institucionales del Estado es abordado con una frivolidad sorprendente: se juega infantilmente con los símbolos de la Nación y se pone en duda la estabilidad sin ningún pudor. En definitiva, se busca ir creando un ambiente y un estado de opinión que justifique un cambio de régimen.

Ese es el gran objetivo, que nadie se engañe; esa es la decisión política de Rodríguez Zapatero: el cambio de régimen. Eso sí, un cambio no traumático. La estrategia es ir creando un ambiente de inestabilidad institucional, provisionalidad constitucional e interrogantes sobre el futuro de la Monarquía que desemboque en un cambio que nadie pueda discutir por su necesidad y oportunidad.

Es en este contexto donde hay que encuadrar la permanente cascada de provocaciones contra los símbolos de la Nación que están teniendo lugar estas últimas semanas. Ataques a la Monarquía, ofensas a la Constitución, desaparición de la bandera, reivindicaciones republicanas y una larga lista de actitudes y ataques a todo lo que se mueve están provocando algo que Zapatero deseaba: un ambiente de inestabilidad institucional que termine en una reclamación general para ese cambio de régimen que se ha marcado como objetivo último el actual Gobierno.

¿Tiene prisa Zapatero para ese cambio? Prisa, lo que se dice prisa, tiene y mucha, pero sabe perfectamente que un error en los tiempos puede desbaratarlo todo. Por eso, el presidente del Gobierno no mueve un músculo. En estos momentos está limitándose a sembrar, a sabiendas de que el proceso tiene un ritmo de maduración que no se debe forzar. En todo caso, cuenta con la ayuda imprescindible de los nacionalismos radicales. Son los encargados de hacer el ruido necesario para envenenar el ambiente hasta que el cambio de régimen pueda tener lugar con una cierta naturalidad, porque no quede más remedio, que es como lo venderán.

En definitiva, esta situación cotidiana de turbulencias e inestabilidad institucional no es algo casual: es algo diseñado y pensando, la creación de una situación límite que desemboque en el cambio que busca Zapatero para liquidar toda la herencia de la Transición, especialmente en lo que a entendimiento y libertad se refiere. Por el momento todo se está produciendo en silencio y con discreción, porque este no es un proyecto que pueda llevarse a cabo en una sola legislatura. Por eso los resultados electorales del próximo mes de marzo serán especialmente importantes. En esa cita electoral no nos jugamos sólo la composición del Parlamento. Estamos ante el cambio de régimen, obsesión y objetivo de Rodríguez Zapatero.

Los nacionalistas pervierten las instituciones democráticas
Regina Otaola Libertad Digital 28 Septiembre 2007

Antes de nada, quiero agradecer en el nombre de mis compañeros y en el mío propio todas las muestras de apoyo y afecto que estamos recibiendo. Nos ayudan y mucho a seguir trabajando en pos de la libertad y de la igualdad de todos los ciudadanos ante la Ley, aunque ello “amargue” la existencia de algún senador nacionalista que con el sueldo que le pagamos entre todos los españoles se dedica, con total impunidad, a poner de vuelta y media a la Monarquía española en un programa de TV, o a equiparar a los militantes del PP con los de HB, en lugar de hacer un trabajo positivo en el Senado al que él ha decidido pertenecer sin que nadie le haya obligado.

Hay un dicho muy español que le va como anillo al dedo a este senador de pelo en calva: “Cree el ladrón que todos son de su condición”. Me gustaría recordar que quien firmó el infamante Pacto de Estella/Lizarra fue el PNV, partido al que pertenece el senador. Un pacto suscrito con ETA y Batasuna, por la independencia y la exclusión de todos los vascos no nacionalistas, especialmente los cargos electos de PP y PSE. Un pacto que evidencia la unión que existe entre ambos respecto a los objetivos y cómo se ayudan los unos a los otros para apartar a los que estorbamos, a los vascos no nacionalistas, a los que nos consideramos vascos y españoles.

Dada su trayectoria, es comprensible que el senador de pelo en calva no entienda nuestro trabajo en Lizarza. ¿Cómo va a entender que se trabaje desde el Gobierno municipal por conseguir la libertad e igualdad de todos los vecinos ante la Ley cuando él solo entiende la política de la exclusión del que no piense igual? ¿Cómo va a entender que colocar las banderas constitucionales no significa crispar sino ser un demócrata convencido, cuando él solo coloca la que considera “su” bandera que, le recuerdo, ahora es de la Comunidad Autónoma Vasca y no sólo la del PNV?

Hay que dejarle claro a este senador acomplejado que somos millones los españoles que creemos en la España autonómica, los que creemos en un proyecto común que nos hace ser ciudadanos libres y solidarios, precisamente lo que dejaríamos de ser de materializarse el proyecto excluyente y exclusivo de los nacionalistas. España es una de las naciones más antiguas de Europa y los vascos han formado parte de su Historia escribiéndola junto a sus compatriotas del resto de territorios. ¿O es que nos vamos a creer ahora la historia inventada por un melancólico Sabino Arana?

Quiero terminar expresando mi afecto y solidaridad al Cuerpo de la Ertzaintza, de nuevo objetivo declarado de los terroristas por su acción profesional y constante en la protección de los ciudadanos vascos. Mientras los políticos nacionalistas buscan dialogar con ETA, son los miembros de la Policía autonómica vasca los que no bajan la guardia y cumplen con su deber. Lo vemos todos los días que acudimos a Lizarza a realizar nuestro trabajo, algo que los proetarras nunca les perdonarán.

De Ortega a Savater
POR CÉSAR ALONSO DE LOS RÍOS ABC 28 Septiembre 2007

El primer mensaje de Fernando Savater como ideólogo de la UPD ha sido la negación de la idea de España como nación. ¿Seré yo quien deba convencerle de su error? Yo creo que él tiene la suficiente formación como para saber que el soldado que gritó en Valmy «Vive la nation» estaba expresando la aspiraciones igualitarias y democráticas del nuevo régimen. Otra cosa terminaría siendo la idea de Nación romántica que mantendrían después los nacionalismos etnicistas y totalitarios.

Confío, por eso, en que a Savater se la deje de sudar esta idea de nación y cambie de opinión como lo hizo hace un buen tiempo en relación con el Estado. Más aún: yo creo que ha sido excesiva su confianza en el Estado como construcción aseguradora de los derechos de los ciudadanos. En ese sentido le recomiendo la lectura del ensayo de un colega suyo, también profesor de filosofía y filósofo él mismo. Me refiero al texto, admirable, lúcido, de José Ortega y Gasset sobre Mirabeau en el que distingue entre los grandes políticos y los pequeños. Define a estos últimos por su incapacidad para comprender que el Estado es una «máquina situada dentro de la Nación para servir a esta...», y, por el contrario, atribuye al gran político la capacidad para entender el destino del Estado en función de la realidad histórica que es la Nación, en la que, a su vez, cobran su personalidad y sus derechos todos los ciudadanos.

Para mí este ensayo de Ortega fue la confirmación de mis experiencias según las cuales pude comprobar hasta qué punto la ausencia de una conciencia nacional iba poniendo al Estado al servicio no ya de la idea de España, sino de las regiones con aspiraciones de Nación. Así hemos ido llegando a la gran revuelta contra los símbolos españoles; la destrucción de la lengua común; la ruptura de la unidad de jurisdicciones; la distribución injusta e insolidaria de los presupuestos... La apuesta de Savater por el Estado como instrumento abstracto de derechos cívicos, en la práctica, supondrá la sustitución de la Nación española por unas cuantas. ¡Qué talento!

Del dicho al hecho
FERNANDO SAVATER El País 28 Septiembre 2007

Al día siguiente de anunciar Rosa Díez su abandono del PSOE y su incorporación a UPD, oí en la tertulia radiofónica a una vesánica progubernamental que pronosticaba los más irrisorios resultados electorales al nuevo partido y añadía ominosamente: "Entonces ya veremos lo que pasa con esos promotores...". Recordé a Ségolène Royal, que tras ser derrotada comentaba "si hubiera sido Juana de Arco, me hubieran quemado", y me imaginé a Rosa -que es tan intrépida como la Doncella de Orleans- ardiendo en funesta pira por no haber obtenido mayoría absoluta, mientras Carlos Gorriarán y yo mismo intentábamos atravesar las llamas cantando con música de Verdi aquello tan bonito de "¡pobre infeliz, corro a salvarte!". Menudo panorama.

Entiendo que a los ciudadanos les pueda parecer bien, regular o mal nuestra propuesta política, pero, francamente, no me parece lógico que nadie decida castigarnos por hacerla. No oigo más que lamentos por el desinterés reinante -en especial por parte de los jóvenes- en asuntos que a todos nos conciernen y resulta raro que cuando alguien se toma la indudable molestia de implicarse en ellos con mayor o menor acierto se le tiren al cuello. Por lo visto, lo que molesta es que vamos a "quitarle votos" a uno u otro de los grandes partidos. Confieso que no sabía que los votos son propiedad de los partidos: yo creí que eran del votante hasta que los deposita en la urna. Incluso diré que la mayoría de los votantes que conozco han optado a lo largo de los sucesivos comicios por una u otra opción, lo cual me parece revelador de su autonomía personal a la hora de elegir. Pero los grandes partidos se ven a sí mismos como rediles donde encierran borregos de su propiedad y el que ofrece nuevas propuestas políticas es un ladrón de ganado. Confían más en la resignación del electorado que en el atractivo de sus programas: saben que la mayoría de la gente tiene que optar entre un partido que no le gusta y otro al que odia, esperando cada preboste que el suyo sea el que sólo no les gusta. De modo que se indignan si alguien rompe el cómodo maniqueísmo vigente. Es significativo que la pregunta habitual que se nos hace es si vamos a hacer "daño" al PP o al PSOE, nunca si creemos que vamos a ser beneficiosos para los ciudadanos, al ampliar la oferta política..., sobre todo para los muchísimos que nunca han votado o que ya no votan, por insatisfacción o aburrimiento.

Porque UPD no viene al mundo para castigar a ninguna opción política, sino para ayudar a que se gobierne de otro modo. No tenemos el arrogante propósito de echar a nadie del terreno de juego, sino de ayudar a que mejore el fair play de unos y otros, pues todos somos necesarios. Quisiéramos contribuir a fomentar la modestia democrática, según lo expresó muy bien Albert Camus: "Habría que dejar de mirarse el ombligo. Eso les dará a los diputados y a los partidos un poco de esa modestia que distingue a las buenas y verdaderas democracias. El demócrata, al fin y al cabo, es alguien que admite que un adversario puede tener razón, lo deja expresarse y acepta reflexionar sobre sus argumentos". Esto nos diferencia de cuantos reducen el razonamiento político al simple "por lo menos, nosotros no somos ellos". No compartir nunca nada con el adversario ni reconocerle jamás mérito alguno es la más imbecilizadora de todas las fórmulas sectarias. Por tanto, que nos encasillen en la derecha o en la izquierda es la menor de nuestras preocupaciones: en este país, en el que el Gobierno socialista busca para su política económica el aval de los grandes banqueros y la oposición liberal se pasea del brazo con los obispos más integristas, lo de la izquierda y la derecha puede tomárselo uno sin grandes agobios. Padecemos desde hace demasiado a un batallón de inasequibles al ridículo que ante cada traspiés de Zapatero nos recuerdan que en su día los populares lo hicieron igual o peor, como si eso debiera consolarnos. Pero ahora también sufrimos a quienes agotan su ideario en un perpetuo "delenda est ZP". Una de las más sutiles escenas de Macbeth ofrece el diálogo entre el príncipe Malcom, hijo del asesinado Duncan, y Macduff, cuyo niño también ha muerto a manos del tirano: para probar a Macduff, que quiere devolverle el trono usurpado, Malcom confiesa todo tipo de vicios y atroces ambiciones, que Macduff asume como menudencias con tal de que se derroque a Macbeth. La suya es sencillamente la opción del rencor. Pues bien, UPD no debe degradarse a nada semejante y hará bien en no servir de altavoz a los simples rencorosos, largos en bilis y cortos de caletre, así como en no aceptar su consejo.

Nuestro objetivo primordial ha de ser defender la igualdad de los ciudadanos, sin la cual no hay Estado de Derecho que valga. Y ello comporta para empezar determinar constitucionalmente sin equívocos las atribuciones del Estado y las de las autonomías, que son parte subsidiaria de él y no estaditos de la competencia. Lo preocupante no es el nacionalismo de los nacionalistas, salvo porque su peso en el conjunto del país está sobredimensionado gracias a la ley electoral. Ellos defienden aquello en lo que creen y mientras lo hagan pacífica y legalmente no hay nada que objetar, sólo intentar oponerles mejores razones. Pero lo malo es el nacionalismo rampante de los no nacionalistas, la generalización por todo el país de una suerte de pseudo-nacionalismo inducido o regionalitis galopante. Cunde el ejemplo del modelo nacionalista de protesta o reivindicación, visto que sólo parece rentable electoral y económicamente exigir "que no nos quiten lo nuestro" o "que nos lo den todo ya", aunque sea desinteresándose de lo común. Se escucha como algo normal que "Cataluña" o "Andalucía" tributan tanto o cuanto al Estado, cuando en realidad son los ciudadanos los que pagan, no las comunidades ni los territorios. Y se dice por boca no nacionalista que "el País Vasco será lo que quieran los vascos" o "Cataluña lo que quieran los catalanes", afirmaciones netamente nacionalistas, porque la verdad constitucional es que España será lo que quieran los españoles en todas y cada una de sus partes. La autodeterminación efectiva que más importa es la de los ciudadanos españoles en la gestión de su comunidad global y el primer derecho histórico a respetar es el que tenemos todos, hayamos nacido donde hayamos nacido y vivamos donde vivamos, a permanecer unidos e iguales en el Estado español. Desde el punto de vista educativo, ya es hora de acabar con el fetiche beatificado de la diferencia a ultranza y con la maldición que convierte la unidad y la semejanza en imposiciones cuasi-fascistas.

La necesaria igualdad de la ciudadanía democrática (que no es contraria al pluralismo, sino su base) encuentra resistencias ideológicas notables. Lo ha demostrado la absurda polémica en torno a la Educación para la Ciudadanía en la que -más allá de anecdóticos dimes y diretes- se ha comprobado que todavía hay ciudadanos que consideran un abuso inadmisible el establecimiento explícito y razonado de una serie de valores cívicos comunes, que no dependen de la moral de cada cual, sino de la ética de convivencia en la igualdad. En eso consiste precisamente el laicismo y por ello es tan imprescindible en democracia como el sufragio universal. Las creencias (religiosas, filosóficas, etc.) son un derecho de cada uno -siempre que en su nombre no se conculquen las leyes-, pero no un deber de nadie y menos de las instituciones públicas. Y por supuesto debe haber igualdad entre quienes tienen tal o cual fe y quienes no tienen ninguna. Sostiene mi amigo Jon Juaristi que la derecha española no peca de clericalismo y aduce como prueba que Juan Pablo II condenó la invasión de Irak y la derecha la apoyó. Hombre, puestos a ser anticlericales, podían haber elegido mejor ocasión. Pero puede que él tenga razón y yo haya estado distraído durante los últimos lustros. Mejor que mejor, porque así tendremos mayor apoyo al plantear la revisión del Concordato con la Santa Sede y temas afines.

Algunos de los promotores de UPD hemos defendido estas ideas en los medios de comunicación a lo largo de años. Pero hay que ir más allá del debate intelectual y de las opiniones, por bien argumentadas que estén. Hemos visto que con eso no basta y, por tanto, nos decidimos a pasar de los dichos a los hechos parlamentarios. ¿Somos ingenuos? Seguramente sí, al menos en el sentido originario de la palabra: nacemos libres, sin vasallajes ni peajes que pagar. Volviendo a Macbeth, el usurpador pedía a los cielos ultrajados que le permitieran dormir, dormir "a pesar de los truenos". En este país se oye tronar cada vez más, pero nosotros no queremos dormir: al contrario, pretendemos tener a los ciudadanos bien despiertos, vigilantes y combativos.

Fernando Savater es catedrático de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid.

Nacionalismo
Quebradiza libertad
Juan Carlos Girauta Libertad Digital 28 Septiembre 2007

Las señoritas Cañigueral y Oliva, jóvenes diputadas de ERC, gozaron de sus quince minutos de gloria al proponer en el Congreso la reforma del Código Penal para que los separatistas puedan prender sin riesgo sus piras reales mientras anuncian a Juan Carlos I un final a lo Luis XVI.

Son dos diputadas muy graciosas. El otro día se partían de risa en el pleno mientras intervenía Acebes. Simulaban que encendían un mechero y le acercaban su foto favorita. Cerca, Joan Puig, otro que es la monda, elevaba las manos exhibiendo imaginarias esposas.

Entre pira y carcajada, sujetos semejantes nos gobiernan, niegan la catalanidad del adversario local, erradican el castellano de la vida pública. Actúan con la ilusoria gallardía de los afortunados a quienes ni las sombras plantan cara. Si antaño asediaron la COPE usando el Congreso de los Diputados como base de operaciones, hogaño se han manifestado en la Plaza de Colón sin que nadie les tosiera.

Los tres citados supra ostentan la representación de todos los ciudadanos de España con el fin de ciscarse en su unidad y, de paso, en todos nosotros. Bendecidos por el PSOE, tienen Cataluña por coto vedado. Acogen ex terroristas ufanos en el aparato y llevan en sus listas a tipos que profieren amenazas de muerte. Una pequeñez que no se molestan en condenar, así que su coto puede acabar siendo de caza.

Tenemos un problema: un diseño legal defectuoso que promueve la sobrerrepresentación de lo diminuto y protervo, el ensalzamiento de lo poco y malo, la magnificación de lo peor. El sistema fomenta a quienes se jactan de violar las leyes, desvirtúan la representación democrática y contaminan las instituciones. Como el sancionado ex notario López Tena, vocal del CGPJ a propuesta de CiU (que ya había hecho pleno con Pascual Estevill): tras acusar a España de genocidio e inventarse un robo anual a Cataluña de 19.200 millones de euros (¿seguro que no se deja nada?), ha asumido las "ideas" de Rubianes.

Como formuló conciso Mario Vargas Llosa el pasado lunes en Barcelona tras recibir el XIII Premio a la Tolerancia, "el nacionalismo es enemigo de la democracia". El escritor cargó de nostalgia el salón enmudecido de un hotel del Paralelo; nostalgia por su Barcelona de los setenta, nuestra ciudad perdida. Luego habló de un viejo y conocido criminal: el colectivismo, que una vez se fundó en la raza dejando millones de cadáveres, que otra vez se basó en la clase social multiplicando pavorosamente la estadística, y que hoy y aquí se llama nacionalismo.

Izquierda liberal
El catalanismo es eso que critica La Vanguardia
Antonio Robles Libertad Digital 28 Septiembre 2007

El pasado lunes, 24 de septiembre de 2007, La Vanguardia se atrevió con una editorial que me atrevo a calificar de histórico. Por primera vez, un diario del régimen catalanista desautorizó sin contemplaciones la espiral de victimismo, soberanismo y chulería de la sociedad nacionalista catalana. Tan certero análisis en el editorial de un diario que tanto ha colaborado para que cristalizara lo que precisamente ahora critica no deja de ser paradójico. ¿Por qué creer a un periódico que tanto ha hecho por satanizar las vidas de quienes desde hace años venimos escribiendo con nuestras propias vidas los excesos y exclusiones catalanistas?

Es reconfortante ver transcritos ahora pasajes idénticos a los que escribíamos hace 13 años, pero por los que entonces fuimos excluidos de la vida social. Recordemos alguno: "No es de recibo exigir a España que reconozca su realidad plurinacional y plurilingüística y, a la vez, no reconocer esa misma diversidad en Cataluña" (El Periódico de Catalunya, 15/07/1994). Así nos defendíamos entonces en un intento inútil de librarnos de la descalificación de fachas por haber subscrito el manifiesto por la tolerancia En castellano también, por favor (1994). Y dicen ustedes ahora: "Este soberanismo visceral acostumbra a reclamar del Estado español, con grandes aspavientos, el pleno reconocimiento de la pluralidad interna, pero es incapaz de reconocer, siquiera de respetar, la enorme pluralidad que anida en la compleja y cambiante sociedad catalana."

A la vejez viruelas. No sabe cuánto agradecemos su valentía al hacerlo. Pero con eso no basta. Se disculpan del crimen, pero salvan al culpable. El crimen se relata en el texto sin mascarilla, pero dejan libre al responsable en el título: Eso no es catalanismo.

Pues miren, no. Si hay algo que sea la causa de lo que critican es precisamente el catalanismo. No nos hagan comulgar con ruedas de molino como durantes siglos ha practicado la Iglesia cada vez que se ha excluido de los excesos de algunos de sus jerarcas aduciendo que no es ella sino la naturaleza débil de la carne. O como ha pasado con el comunismo. No fracasaba éste sino la praxis. ¡Benditos incautos!

Con el titular de La Vanguardia pasa lo mismo. La sociedad catalana actual es íntegramente la consecuencia del catalanismo. Para bien y para mal. Mas bien para mal.

Ese "soberanismo de corte maniqueo, con frecuencia maleducado e hiriente, que envenena las relaciones de Catalunya con España" no es una consecuencia del cambio climático; nació del catalanismo victimista construido por Jordi Pujol, paso a paso, desde los años ochenta. Primero a través de la lengua, después con el cuento de las balanzas fiscales, pero siempre buscando diferencias con España, manipulando escuelas y medios de comunicación para conformar la realidad a la ficción romántica del catalanismo. Y todo permitido, difundido y defendido por diarios del oasis. Es la historia de pequeñas y repetidas mentiras contra los afectos y lazos familiares con el resto de España, la historia de una persistente erosión del imaginario español en Cataluña a través de miles de detalles diarios nunca denunciados, siempre justificados, como el desprecio a los símbolos constitucionales o la agresión a la jefatura del Estado.

Ha sido precisamente por la quema de la foto de los Reyes que saltan ustedes ahora. Antes tuvieron ocasión de denunciar la limpieza lingüística de rótulos, enseñas y símbolos donde estaban presentes la lengua de Cervantes o los colores constitucionales; antes tuvieron ocasión de denunciar las vejaciones a los derechos de los trabajadores que, por no tener la fluidez necesaria en catalán, fueron excluidos de puestos directivos o simplemente expulsados como ahora ha ocurrido con dos periodistas de TV3; antes tuvieron ocasión de denunciar el fracaso escolar de miles de niños, hijos de obreros todos, por los excesos de la inmersión y no lo hicieron; antes tuvieron ocasión de oponerse al acoso de profesores que se negaron a colaborar con la intoxicación nacionalista; antes tuvieron ocasión de denunciar a esas brigadas de catalanistas, nacionalistas e independentistas que rompían y tachaban las señales de tráfico de las carreteras, impedían ejercer el derecho a impartir clases o dar conferencias en el recinto de las universidades, haciéndose dueños de sus instalaciones con el consentimiento de las autoridades académicas y trayendo a filoterroristas del País Vasco como si fueran consumados intelectuales.

Durante todo este tiempo les hubiera bastado con no hacer nada. Con eso hubiera sido, pero se empeñaron en colaborar con el catalanismo que hoy nos asfixia. Estaría bien que, además de criticar los excesos, identifiquen la causa del mal. ¡A ver si tienen agallas!

La educación y la Nación española
Álvaro Vermoet Hidalgo Libertad Digital 28 Septiembre 2007

La mayoría de los españoles cree en la Nación española, y es esa concepción del Estado en la que se asienta la Constitución de 1978, esa que no se cita en los programas de EpC. Ahora, se llegaría a la conclusión contraria de juzgarse esta realidad conforme a la situación del sistema educativo. Dos hechos han alterado, tal vez para siempre, el mapa educativo de España: la creación de Comunidades Autónomas, gobernadas algunas de ellas por partidos nacionalistas o regionalistas o independentistas contrarios a una idea nacional de España, y la transferencia a dichas Comunidades Autónomas de las competencias educativas. Transferencia ésta que ha dado a los nacionalistas el control sobre toda la educación pública, sobre los planes de estudio, sobre la selección del profesorado y sobre las subvenciones a los colegios privados.

Por ello, a pesar de que una mayoría de españoles desea la continuidad histórica de España como Nación, y desea que se enseñe la herencia cultural y lingüística española, el reparto de competencias ha suprimido todo resquicio de un sistema educativo nacional; se empieza por perseguir el castellano y por impedir que los padres escolaricen a sus hijos en su lengua materna -que es oficial en toda España- y se acaba manipulando la Historia, enseñando a cantar el himno gallego y explicando el derecho de autodeterminación en Educación para la Ciudadanía. En aquellas Comunidades Autónomas donde gobierna el nacionalismo étnico, lingüístico o territorial la educación se está utilizando como herramienta de homogenización en vez de cómo instrumento de promoción social de todos los españoles.

En lo educativo, el castellano no es una lengua oficial; en lo educativo, el nacionalismo es obligatorio; en lo educativo, no rige la Constitución de 1978.

Lo fundamental para que España y las libertades que de ella emanan -y en este caso la Instrucción Pública - lleguen a todo el territorio nacional es romper la hegemonía que pretende el nacionalismo en la educación. Lo más eficaz sería que junto a la escuela pública autonómica existieran escuelas públicas nacionales regidas por los planes de estudio del Ministerio de Educación y de tutela estatal, donde la lengua vehicular fuera el castellano y donde no se estudiara únicamente la Historia, la Geografía y la Literatura locales. Además, es imprescindible garantizar la independencia política de la educación privada y lo más eficaz para ello sería sustituir los conciertos por un cheque escolar nacional. ¿Por qué sólo los nacionalistas pueden acceder al dinero que todos los españoles destinamos a la educación?

Se trata de un modelo que, sin duda, irritaría a los nacionalistas pero que, al contrario de lo que éstos llevan haciendo años, no trata de imponer un modelo político distinto a través de la educación, sino de trasladar la pluralidad de la sociedad española a la Instrucción Pública para que ésta recupere su función de enseñar.

Liberalismo y política
La democracia y la lucha por la libertad
José Carlos Rodríguez Libertad Digital 28 Septiembre 2007

Se ha hecho famosa la idea de Karl Popper sobre la democracia, según la cual su mayor virtud es que ofrece la capacidad de cambiar de Gobierno sin violencia. Ciertamente es una idea cargada de cinismo y realismo al mismo tiempo. Quizá jamás se haya dicho nada tan cierto y favorable a la vez sobre el sistema democrático. Dice el filósofo:

La democracia no se puede caracterizar por completo como el Gobierno de la democracia, pues una mayoría podría gobernar de un modo tiránico. En una democracia los poderes de los gobernantes han de estar limitados. En una democracia, los gobernantes (esto es, el Gobierno) pueden ser expulsados sin derramamiento de sangre.

No se puede decir mucho más en su favor. Pues, estrictamente hablando, y como comienza a sugerir en las primeras palabras de esta cita, hay una contradicción esencial entre el principio democrático y el principio de la libertad. Según el primero, el mayor número decide. Según el segundo, cada individuo decide sobre sí mismo y lo que le pertenece, sin ninguna intervención de un tercero que no sea asumida y aceptada. Si Pedro y Juan deciden que Ana debe dedicar la mitad de su trabajo a ellos, la situación será perfectamente democrática, pero no tiene lugar en una sociedad libre.

Si observamos el sistema democrático desde una perspectiva histórica, su explicación a la vez más sucinta y certera es la teoría de la difusión del poder de John Powelson; esto es, la idea de que los diversos grupos sociales se han visto forzados, en determinadas sociedades, a llegar a acuerdos, a compromisos entre sí para alumbrar un sistema político que, si no les daba el poder absoluto, al menos les acogiera. La generalización de ese proceso ha llevado a la recuperación del ideal democrático, primero con una base social de propietarios y luego con el sufragio universal.

Poco a poco el ideal democrático ha ido ganando terreno y el de la libertad se ha visto más y más comprometido. Ya no somos una comunidad de hombres libres, sino una sociedad que elije a unos representantes que dictan normas para todos. El liberalismo ha intentado refrenar el poder mediante constituciones, pero como reconoce Friedrich Hayek ese camino ha resultado en fracaso. El poder siempre avanza y sólo necesita revestirse de democracia para hacerlo. De hecho, una de las consecuencias más negativas de la democracia es que otorga un halo de legitimidad a un proceso, el político, que es esencialmente injusto.

Básicamente hay dos formas de producción, la económica y la política. La primera es la que tiene como base la propiedad y el libre intercambio y la segunda la extracción coactiva por parte del Estado. La democracia fomenta esta última, ya que el discurso político se desplaza hacia la cesión de renta o riqueza a grupos lo suficientemente mayoritarios, organizados o poderosos como para sacar partido del proceso. Cada avance en ese sentido, además, acrecienta el poder de quienes están en el Gobierno.

Frente a todo ello no es que la sociedad esté totalmente inerme. Es cierto que hay enormes dificultades para ejercer un control efectivo del poder. En términos estrictamente democráticos, sólo cabe votar cada cuatro años. Pero como lo que se elige es a representantes o partidos políticos, sólo podemos "comprar" paquetes enteros, sin poder rechazar una parte de los programas. Y eso una vez cada cuatro años, no a cada momento, como en el mercado.

Pero eso no quiere decir que no quepa hacer nada. Por supuesto que se puede favorecer un cambio político que lleve a una reforma constitucional más liberal. Los propios cauces abiertos por lo que reste de Estado de Derecho son perfectamente válidos. Pero hay que ir más allá, aunque en este aspecto sólo quepa confiar en el esfuerzo individual y en el de los grupos creados por la sociedad civil.

Es necesario tomarse las libertades por la propia mano, estén reconocidas por la legislación o no. Cada cual debe juzgar hasta dónde se puede llegar, pero el derecho a la objeción de conciencia, a la revuelta civil, a ignorar el Estado nos pertenece a todos. Y el uso, la costumbre, sigue siendo una fuente importante de presión política. No la desaprovechemos.

José Carlos Rodríguez es miembro del Instituto Juan de Mariana

Ibarretxe se columpia
POR GERMÁN YANKE ABC 28 Septiembre 2007

El empeño del nacionalismo por salirse con la suya es mucho más poderoso que cualquier pulsión a ser razonable e Ibarretxe se parapeta en que prometió una salida -esa salida- y que cumplirá en esta misma legislatura.

Todo se estructura en torno a un absurdo. Un absurdo, además, antidemocrático. Tanto el PNV como otros partidos nacionalistas en el País Vasco (y con la caricatura de partido nacionalista en la que se ha convertido allí Izquierda Unida) insisten ahora en que «la sociedad vasca tiene derecho a ser consultada sobre su futuro». Es una afirmación que no casa con una sociedad que, desde la Constitución de 1978, acude regularmente a las urnas, decide quiénes son sus gobernantes, ha refrendado un estatuto con amplísimas competencias, ha aprobado un régimen económico singular, etc.

Ibarretxe, solo o en compañía de otros, no cree en los procedimientos reglados del sistema democrático, ni en el principio de legalidad inseparable de la democracia y, escamado con un sistema que no le permite hacer de su capa un sayo, propone otra cosa, otra manera de decidir que no es el de la democracia existente y homologable, un modo que se acompase mejor con la totalidad de sus aspiraciones, que se base en el «pueblo» y sus primigenios «derechos» y no en la ciudadanía.

Misma murga
Además de absurdo, indigno. La retórica de que esta suerte de derecho de autodeterminación antidemocrático debe ponerse en marcha al margen de ETA -que no debería condicionar «la agenda»- cae por su propio peso cuando se plantea como una segunda fase: fracasó el «proceso» de diálogo con la banda, la iniciativa es ahora de «las instituciones y partidos vascos»; negociaron con Batasuna asuntos de calado, no podrán negarse ahora a hablar con nosotros, etc. Se trata, pues, de la misma murga, y no de cosas distintas: de aprovecharse de la promesa del fin de la violencia para obtener unas cesiones que un Estado democrático no puede aceptar.

Por ello ha fracasado la «desaceleración» que a las aspiraciones nacionalistas quiso poner Josu Jon Imaz que, basándose en los documentos del propio PNV, planteaba, primero, el fin de la violencia (una fase en la que se debería cooperar «transversalmente» con partidos no nacionalistas) y, después, en paz y con amplios acuerdos, las consultas. Ahora, Ibarretxe y quienes con el controlan la estrategia del partido, se han sacado de la manga un referéndum sobre si los vascos tienen o no «derecho a decidir» para iniciar el «acuerdo entre partidos vascos» a continuación y repetir la consulta sobre el contenido de ese pacto. Sólo el segundo exigiría no ya «ausencia de violencia». Así que es absurdo, indigno y burdo: una consulta ilegal para que se advierta su poderío, una negociación cuyo contenido debería contentar a la banda para conseguir el complacido desistimiento de ETA y un nuevo referéndum.

Se diría que los nacionalistas encabezados por Ibarrexte insisten por fanatismo, y es verdad. Pero también porque siguen viendo un resquicio, es decir, porque no se les dice claramente que no, que el fondo y la forma de su propuesta es tan anticonstitucional como antidemocrática, que el País Vasco no necesita la «normalización» que reclaman (es decir, considerar que el funcionamiento de la democracia y sus controles no es normal), sino, sencillamente, que se cumplan las normas. Pero el Partido Socialista de Euskadi no le dice que es hora de callar y respetar la ley sino que, para trabajar juntos por el objetivo de la «normalización», hay antes que acabar con el terrorismo. Y otros sectores intelectuales, por llamarlos pomposamente de algún modo, añaden, para no decir simple y llanamente que no, que quizá un proceso hacia el federalismo podría evitar los proyectos de Ibarretxe.

«Asunto personal»
Y, como ejemplo de la actitud de otros sectores, el presidente de los empresarios alaveses declara que el referéndum de Ibarretxe es «un asunto personal» en el que su asociación nada tiene que decir. El Concierto económico, las subvenciones y las «vacaciones fiscales» sí deben ser asuntos que van más allá de lo personal. Con todo ello, desde luego, Ibarretxe tiene un resquicio para seguir en sus trece más amplio que la renuncia de Imaz.

Absurdo en un país que, como reza su propaganda turística, quiere sorprender. Indigno en un lugar que ha perdido la compasión por las víctimas. Y burdo, en una sociedad en la que, junto a valientes defensores de la libertad, más valientes que en otros sitios, hay tantos que lo tragan todo. Así que absurdo, indigno, burdo pero, al mismo tiempo, no imposible. Por eso Ibarretxe puede columpiarse.

Los frentes de ETA y del Estado
ROGELIO ALONSO ABC 28 Septiembre 2007

El pasado mes de agosto, tras enviar ETA nuevas cartas de extorsión, el ministro de Justicia instó a los amenazados a que «resistiesen la tentación de pagar». Sin embargo, un mes después el mismo Mariano Fernández Bermejo renunció explícitamente a hacer cumplir la legalidad respecto a la presencia de la bandera nacional en edificios de la Administración del Estado. La inconsistente actitud de tan destacado representante refleja la incoherencia de una política antiterrorista que durante la legislatura se ha acomodado a las tácticas de ETA a pesar de que la banda ha mantenido inalterable su estrategia maximalista.

El pragmatismo con el que se explica el incumplimiento de la legalidad en relación con las banderas es el mismo con el que el gobierno ha justificado una tolerancia hacia ETA fundamentada en un erróneo análisis de las intenciones etarras. En ningún momento mostró ETA esa voluntad inequívoca de poner fin a la violencia que se había exigido para dialogar con terroristas. Simplemente la tregua negociada con representantes gubernamentales permitió a ETA interrumpir los atentados mortales mientras mantenía activos el resto de sus frentes, aprovechándose así de una política antiterrorista sustentada en una falsa premisa: la voluntad de ETA de desaparecer.

La reapertura por parte de ETA de «todos sus frentes contra el Estado», como recalcan sus comunicados, expone el error de ignorar que la organización terrorista actúa desde diferentes niveles como el político, el judicial, el social y el propagandístico. Es por ello imprescindible ofrecer una adecuada respuesta estatal que no debe circunscribirse tan solo al ámbito policial, cuyos éxitos sirven a menudo para desatar una complacencia que en absoluto puede compensar la inacción en otros frentes. La perfecta interrelación entre todos ellos es obligada habida cuenta de los múltiples frentes desde los que opera ETA.

En consecuencia, la disputa sobre las banderas, junto con la intimidación aplicada por ANV, grupo inequívocamente instrumentalizado por ETA, es una variable de la que una eficaz política antiterrorista no puede prescindir. Hacerlo equivale a subestimar la variedad de expresiones que el terrorismo etarra adopta, otorgándole valiosas victorias tácticas al dejar sin contrarrestar la diversidad de medios utilizados en la búsqueda del fin terrorista. Así ha ocurrido durante el denominado «proceso de paz», habiéndose infravalorado la amenaza etarra al reproducirse una limitada definición del fenómeno terrorista mediante la insistencia en la ausencia de víctimas mortales. Escaso conocimiento del terrorismo etarra muestran quienes obvian que ETA asesina para conseguir unos objetivos, optando además por otros recursos del repertorio terrorista con los que persigue el desistimiento de la sociedad.

La disminución de los asesinatos etarras, que no su desaparición, en modo alguno justifica la aplicación de una «pragmática» tolerancia hacia el terrorismo en alguno de esos frentes desde los que ETA desafía al Estado. El control político, social y territorial que ETA ansía mediante la intimidación ejercida por la amenaza de sus asesinatos, el terrorismo callejero y las coacciones llevadas a cabo por asociaciones de su entorno como Batasuna y ANV, exige una contundente réplica. Esta debe articularse desde un Estado que los ciudadanos amenazados, ante sus sentimientos de vulnerabilidad y desprotección, necesitan saber sólido. Por ello, un Estado que subestima las cartas de extorsión a causa de su negociación con la banda se erige en negativo referente para un individuo amenazado, perdiendo credibilidad para exigirle al extorsionado resistencia ante el chantaje cuando las circunstancias políticas se juzgan diferentes.

En este sentido el «proceso de paz» asumió una peligrosa «lógica del mal menor» en función de la cual un bien superior, evitar víctimas mortales, reclamaba concesiones para la banda en la forma de negociaciones políticas fuera de las instituciones democráticas, la legalización de facto de Batasuna y la aceptación de un partido como ANV bajo control de ETA. Esa actitud se mantiene en cierta medida al aceptarse otra simbólica pero muy significativa derrota del Estado mediante la renuncia a la presencia de la bandera en territorios en los cuales el respeto a los principios constitucionales se penaliza con la pérdida de la propia vida.

Precisamente las causas que motivan semejante desafío acentúan la relevancia del mismo exigiendo una firmeza gubernamental hasta ahora ausente. De la sentencia del Supremo que exige la presencia de la enseña nacional se desprende cuán negativas son las consecuencias derivadas del incumplimiento de la legalidad. Así lo constata una estrategia terrorista orientada a ocupar espacios públicos y privados mediante la imposición de una atmósfera a la que coadyuva el miedo generado por la violencia.

La eficacia de la amenaza terrorista se construye sobre la base de la exclusión a la que el amenazado se ve sometido en su entorno más inmediato. De ahí que una cesión aparentemente irrelevante adquiera una enorme importancia al contribuir a la reconstrucción de un espacio hostil que afianza el aislamiento y el desistimiento.

Se complementa así la persecución y el acoso físico que ETA ejerce mediante diversos mecanismos, asegurándose de ese modo que una parte significativa de la sociedad sea incapaz de ejercer sus derechos libremente. Asumir como normales unas circunstancias tan anormales equivale a que la ausencia de la bandera con la que se representa la identidad y los derechos de una población acosada sea interpretada como una conquista más del programa totalitario que difícilmente podrá recuperar el Estado. Por tanto la indiferencia en ese ámbito favorece la eficacia de la intimidación aplicada por quienes persiguen la apropiación, a través de la fuerza, de un espacio público que es a su vez político, geográfico y humano.

Por ello resultan tan críticas batallas como las que en Lizartza libra Regina Otaola. La alcaldesa asume con su admirable y arriesgada actitud un ejemplar papel de referente ante la ciudadanía, contrastando su valiente determinación con la pasividad de otros poderes institucionales menos vulnerables que gozan además de mayores capacidades. Cuando el Estado renuncia a ejercer su responsabilidad en aras de una supuesta practicidad política, incentiva en los individuos amenazados el cuestionamiento de su sacrificada y costosa resistencia ante el terror, acrecentándose la sensación de indefensión. Así ocurre porque lo que verdaderamente se dirime es la irrenunciable defensa de aquellas libertades y derechos civiles y políticos que el terrorismo desea restringir con distintos instrumentos. Erróneo resulta minusvalorar ciertas amenazas mediante su categorización como parte de una violencia supuestamente aceptable frente a otra inaceptable que sería la que provoca víctimas mortales. Con independencia de la forma en la que se manifiesta la violencia, la condescendencia hacia la misma resulta beneficiosa para los intereses del entramado terrorista, pues el triunfo de la coacción garantiza su progresión y perpetuación.

Paul Wilkinson, precursor de los estudios sobre terrorismo, identificaba la militancia como un decisivo factor diferencial entre el terrorista y sus víctimas, o sea, la sociedad y el Estado. Mientras el terrorista fanatizado se convierte en un comprometido militante, la respuesta antiterrorista adolece a menudo de un activismo tan entregado, quedando en situación de desventaja. No obstante, desde mediados de los noventa la sociedad española sí adoptó una sólida militancia contra ETA que debilitó enormemente a la banda en frentes cruciales para su supervivencia. Para ello el impulso desde las instituciones del Estado resultó determinante, adoptándose una política antiterrorista integral que respondió al objetivo etarra de «socialización del sufrimiento» con reciprocidad, esto es, atacando con decisión todos y cada uno de los frentes de la organización terrorista.
ROGELIO ALONSO
Profesor de Ciencia Política en la Universidad Rey Juan Carlos

Irak, ZP y El País
España, sola ante las mismas amenazas
GEES Libertad Digital 28 Septiembre 2007

No era mentira la cooperación de Sadam con terroristas, ni lo era que buscara adquirir material nuclear, ni que todas las agencias de inteligencia de todos los países del mundo afirmaran que tenía armas de destrucción masiva. No era mentira que la guerra de Irak se fundó en el incumplimiento continuado durante doce años de las resoluciones de la ONU, ni que se advirtiera finalmente en ellas de graves consecuencias. Al no responder el tirano, se encontró con ellas.

Es mendaz, en cambio, que fuera una decisión de los Estados Unidos en solitario. Tardaron meses en buscar una aquiescencia suplementaria del Consejo de Seguridad, ese mismo que hoy no condena al Gobierno de Birmania. Buscaron la ayuda de muchos países y la obtuvieron, por considerarse a Sadam un peligro en sí mismo: la mayor arma de destrucción masiva, que había atacado y matado a su propio pueblo y que siempre había estado en guerra con sus vecinos.

Es mendaz decir que el periodo de la diplomacia y la negociación no fue largo. Lo fue en la vana esperanza de alistar a Alemania, Rusia, China y Francia. Esa misma Francia que tiene hoy un ministro de Exteriores socialista que estuvo a favor de derrocar a Sadam por la fuerza.

Todo esto viene a cuenta de lo difícil que resulta encontrar algo de veracidad en el izquierdismo radical. Por un lado, Bush es malvado y perverso, no quiere saber nada con él, y cuando se presenta la posibilidad de recibir aunque sea un saludito de cortesía no sabe qué hacer por obtenerlo. Fecundo en su resentimiento, ni esto le vale y lo considera insuficiente. Contraataca con aún más bilis. La envidia y el odio a los "sospechosos habituales" (Bush o f... Bush, Aznar, Blair) son inagotables.

Viniendo de El País, para quien El mundo en vilo a la espera de las represalias de Bush es un titular adecuado para el 12 de septiembre de 2001, no resulta sorprendente.

Por ello no se puede –no se debe– permitir la constante reiteración de la mentira para convertirla en verdad oficial; y menos aún la insistencia en refritos y recalentamientos de acontecimientos del pasado reutilizados por enésima vez con la principal finalidad de deslegitimar acciones jurídica y moralmente correctas.

El fallecido Al Zarqawi, líder de Al Qaeda en Irak, decía: "Llega la democracia (a Irak) y ya no habrá más excusas para el terrorismo". Demostraba así que lo que temen es que la democracia y la libertad arraiguen, por eso la amenazan con su violencia. ¿Teme lo mismo El País?

Un texto de Educación para la ciudadanía culpa a los votantes del PP de las muertes de los iraquíes que causan los terroristas a los que se combate. Lo cierto es que la España menguante de hoy tiene los mismos enemigos externos que hace unos años –que son comunes a Occidente– y ya no tiene amigos para hacerles frente. La actitud apaciguadora o sinceramente afín de ZP y sus adláteres para Ahmadineyad, Morales, Chávez o Castro no ha resultado en ningún bien, y sí en varios males, incluida la humillación de sentirnos, además de cornudos, apaleados.

Los terroristas los combate Occidente en Irak, donde las fuerzas multinacionales han hecho bajo el impulso del general Petraeus unos progresos muy notables. España debería estar junto con los demás occidentales y no con los que no dejarán de ser nuestros enemigos.

Churchill dijo que un apaciguador es quien alimenta al cocodrilo esperando que le coma el último. Hasta entonces seguirá solo, o mal acompañado.
GEES, Grupo de Estudios Estratégicos.

Ibarretxe, el reto a la democracia
ANTONIO ELORZA El Correo 28 Septiembre 2007

En el debate celebrado anteayer en el Congreso sobre el tema de la obligatoriedad de las banderas, la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega expuso ante las críticas del popular Ángel Acebes la peculiar filosofía del Gobierno en caso de conflicto entre la norma y su cumplimiento. Sin duda sus palabras le debían mucho al ya políticamente difunto Josu Jon Imaz. Sólo que en vez de 'no imponer, no impedir', ahora se trataba de 'no imponer, convencer'.

Suena bien. Sólo que esa filosofía entra en abierta contradicción con la esencia del funcionamiento del Estado, que consiste en estar dispuesto a imponer, llegado el caso, mediante el monopolio de la violencia legal, la ejecución de aquellas disposiciones que de otro modo pudieran ser objeto de incumplimiento por parte de ciudadanos e instituciones. Eso no quiere decir que el Gobierno tenga que recurrir simplemente al uso de la fuerza. Bien al contrario. En un régimen democrático todos aquellos que se encuentren sometidos al Estado de Derecho han de compartir la creencia en que sólo por medio de una leal adecuación al sistema normativo pueden actuar en la sociedad y en la política. De hecho una y otra vez el Gobierno pone en práctica esa facultad que le corresponde. A nadie se le ocurre que en las leyes de tráfico o los impuestos los ciudadanos han de esperar a ser convencidos para no saltarse un semáforo en rojo o evitar el fraude. Poner la bandera de España o no ultrajar la imagen del jefe del Estado debieran ser cosas normales, lo cual no significa que tengan que estar colgada la primera y exhibido el retrato del segundo por todas partes y en todo momento. También en el cumplimiento de la ley entra en juego la ponderación. Otra cosa es la infracción sistemática, que en estos casos vendría a recordar que un Gobierno reconoce implícitamente que en Cataluña y en Euskadi está vigente otra legalidad, que en un plano simbólico sirve de prólogo a una fractura definitiva del Estado. A esto se orientan los infractores y ni Zapatero, ni su Gobierno, ni el PSOE, a estas alturas de la historia, pueden ignorarlo.

De cara a la pretensión de Ibarretxe y su tripartito de llegar por una u otra vía a una autodeterminación contraria al ordenamiento constitucional, estas observaciones mantienen una plena vigencia. Lo que el lehendakari pretende con el discurso de esta mañana no es otra cosa que sentar las bases para legitimar un referéndum de autodeterminación por la soberanía vasca o, lo que es lo mismo por otro camino, una negociación 'amable' con el Gobierno de Madrid que llevara al mismo objetivo. Ibarretxe fracasó en la presentación de su plan en Madrid, ante el Congreso de los Diputados, y lo que fue más importante, fracasó al plantear las últimas autonómicas como un plebiscito de los vascos -y, cómo no, las vascas- sobre su proyecto. Luego la tregua de ETA le arrebató todo protagonismo e hizo posible que el PNV asumiera, bajo la guía de Imaz, un nuevo papel como agente de racionalización en el proceso llamado 'de paz'. Pero al fracasar también éste, sólo quedaba el obstáculo de la política antiETA y 'transversal' del propio Imaz para relanzar lo irracional. En efecto, Imaz proponía una incompatibilidad total entre sustitución del Estatuto vigente y continuación del terror; y contra el frente nacionalista implícito que respalda la autodeterminación a corto plazo, recomendaba una política de alianzas transversales con el PSOE. Bajo todas las cortinas de unidad que presidieran la crisis del PNV, el resultado de la misma es evidente. Imaz ha sido derrotado en toda regla. La retirada de la candidatura de Egibar y la figura de Urkullu salvan la cara, pero en realidad, como en el poema sobre la batalla de Beotibar, las aguas vuelven a su cauce centenario, el marcado por Sabino. Urkullu seguirá una política pragmática en las relaciones inmediatas con el Estado, ya que los intereses económicos subyacentes al partido jelkide cuentan demasiado, mientras Egibar dispone del aval del texto programático para la asamblea nacional, una ratificación de la ortodoxia soberanista, y, sobre todo, Ibarretxe, como Pancho Villa en el relato, vuelve a cabalgar. Hoy es el día.

En toda esta historia, como le viene sucediendo en múltiples cuestiones, desde el Estatuto catalán a las relaciones con Cuba, pasando por la negociación con ETA, Zapatero no se entera de cuál es la estrategia de su oponente. Confía en que éste rectificará sus posiciones radicales sólo con recibir un amplio margen de confianza. Me contaba un hombre importante de Gobelas, el centro de elaboración política del PSOE, que ZP habría preferido que Patxi López no presentara su candidatura a lehendakari tras las elecciones. Así, viendo cuánto se le quiere, Ibarretxe cambiará. Pues no. Zapatero les regala, tanto a ETA como a Ibarretxe, una red por si pierden el equilibrio en el trapecio. La primera sabe que volverá a negociar en cuanto la banda terrorista quiera. Ibarretxe, que si la jugada le sale mal, Zapatero necesitará los votos del PNV tras las elecciones. Y esto es para nuestro jefe de Gobierno lo que cuenta por encima de toda otra consideración

El lehendakari lo ha tenido así fácil esta mañana. Vuelve a su historia de que sólo los vascos y las vascas tienen 'el derecho a decidir' en Euskadi. Toca cumplir lo anunciado, porque si no lo hace antes de las próximas autonómicas, caerá en el ridículo. La trampa es que no propone un referéndum de autodeterminación por la independencia, cuya incompatibilidad con el orden constitucional es palmaria, sino dar un rodeo sobre dicho orden proponiendo como contenido de dicha consulta el propio 'derecho a decidir', sin interferencias ulteriores desde el exterior (léase España). ¿Qué hay de malo en ello? No plantea nada contra la Constitución. Simplemente, si la consulta se realiza, entra en juego el efecto-mayoría, con la ciudadanía vasca convirtiéndose implícitamente en único sujeto legítimo ante sí misma. El anuncio de negociaciones con el Estado echa azúcar a la cosa, pero de un lado es un brindis al sol, ya que el Gobierno español no puede aceptar el 'marco vasco de decisión', y de otro Ibarretxe anuncia que en caso de negativa será la voluntad de Euskadi la que debe imponerse. El reto a la democracia tiene lugar mediante esta estratagema: la aparente inocencia de una consulta sobre la voluntad de los vascos, trucada porque, como prueban los euskobarómetros, al modo de encuestas similares en otros lugares, a todo el mundo le parece bien que le den la capacidad de decidir sobre el propio futuro, aumentar las cotas de autogobierno o, simplemente, vivir mejor tal y como anuncia el lehendakari. Lo que anuncia no es un choque frontal, que correspondería a sus objetivos políticos reales, sino un ataque por la espalda que en una fase sucesiva permitiera alcanzarlos. Y con la espada de Damocles de ETA suspendida sobre la cabeza de los demócratas vascos, como ha de ser para que su vocación de protagonista de la paz tenga credibilidad y para que ceda la resistencia de los no nacionalistas. Nada importa que en su día, al presentar el plan, declarara Ibarretxe que sólo tendría lugar su realización sin 'violencia'. Es todo lo contrario, y él lo sabe. Su desafío a la democracia sólo funciona con ETA en activo, del mismo modo que ETA ya tiene una razón para no ceder en sus crímenes. Hermoso contenido para 'la patria de los vascos'.

En la senda de la ilegalidad
Juan Pablo GONZÁLEZ* La Razón 28 Septiembre 2007

El lendakari Juan José Ibarretxe va a anunciar hoy solemnemente ante el Parlamento vasco su intención de convocar una consulta popular en apoyo de sus planes soberanistas. No hay espacio para la sorpresa, pues esa intención había sido ya advertida de forma reiterada desde la presentación del llamado «Plan Ibarretxe», que fue abrumadoramente rechazado por el Parlamento español por su naturaleza manifiestamente inconstitucional.

Entre las instituciones de democracia directa previstas en nuestro ordenamiento, como vías que habilitan el ejercicio del derecho fundamental a la participación política de los ciudadanos, la institución del referéndum consultivo se revela como una de sus manifestaciones capitales. Reconocido y regulado por el artículo 92 de la Constitución, y desarrollado su régimen 2/1980, de 18 de enero, reguladora de las distintas modalidades de referéndum, es evidente que la autorización para convocatoria de consultas populares en cualquiera de sus modalidades es competencia exclusiva del Estado, y que la autorización para su celebración sólo puede ser acordada por el Gobierno, salvo los casos en que la Constitución reserva dicha facultad al Congreso. Por tanto, un referéndum o consulta, por mucho que se quiera enmascarar su denominación y contenido substancial, convocado por el Gobierno vasco, constituiría un acto manifiestamente ilegal por atribución de competencias que, en modo alguno, le corresponden, y vulneración, con meridiana claridad, de lo recogido en la Constitución y legislación que la desarrolla. El resultado de dicha consulta carecería de valor jurídico, pero a nadie, salvo a un ingenuo o a un irresponsable, se le puede escapar la enorme trascendencia política de la iniciativa, los objetivos que persigue, y las consecuencias jurídicas y políticas de su hipotética realización.

Nos encontramos ante una escalada protagonizada por quienes, cada vez de manera más abrupta y radical, pretenden subvertir gravemente el orden constitucional, defendiendo posiciones retadoras y de abierto desafío a las instituciones democráticas del Estado, pretendiendo alterar las reglas de juego por la vía de hecho. La convocatoria de una consulta manifiestamente ilegal abriría el camino, que algunos defienden públicamente en el seno del Gobierno vasco, de la desobediencia civil, aprovechando de manera desleal los resortes de unas instituciones que encuentran su legitimidad en la misma Constitución que desprecian.

Ante esta situación, el Gobierno no puede permanecer indiferente, actuando como si nada ocurriera, o minimizando las consecuencias del reto para no incomodar a sus socios nacionalistas, tal y como ha hecho ante el incumplimiento de la ley de banderas.

Las instituciones del Estado tienen resortes suficientes para responder al desafío que pudiera plantearse, pese a la desafortunada derogación de los artículos 506 bis y 521 bis del Código Penal introducidos por el Gobierno anterior por L.O. 20/2003 que describían con precisión como conductas delictivas la convocatoria ilegal de consultas populares, o la promoción y aseguramiento de dichas consultas una vez acordada la ilegalidad del proceso. Si la convocatoria se produce, el Gobierno debería recurrir ante los tribunales solicitando su declaración de ilegalidad, y a partir de ahí, impedir su realización, sin excluir la posibilidad de exigir responsabilidades penales a sus promotores al amparo de lo dispuesto en los artos 401 y ss. del Código Penal. Tampoco podemos desconocer la previsión constitucional del artículo 155, que permite al Gobierno adoptar las medidas necesarias frente a una comunidad que no cumpliera las obligaciones que la Constitución le imponga, o actuare de forma que atente gravemente al interés de España.

Las leyes están para cumplirlas. En un Estado de derecho todos estamos obligados a cumplir y respetar lo que establece la Ley, y especialmente los poderes públicos, pues la titularidad y el ejercicio de dichos poderes sólo se pueden considerar legitimados por la ley y dentro de ella.

Confiemos en que el Gobierno no mire para otro lado, afronte sus responsabilidades frente a los ciudadanos, y actúe en defensa de la legalidad. Una política de tolerancia hacia la ilegalidad es una política sustancialmente antidemocrática, pues la aplicación de la ley no puede ser, de hecho, negociable, ni se puede transigir con quienes desprecian el orden constitucional. De ello depende la estabilidad y prestigio de nuestra democracia y la confianza de los ciudadanos en sus instituciones.

* Vocal del Consejo General del Poder Judicial para el País Vasco

Catalanes y Catalufos
Pío Moa Libertad Digital 28 Septiembre 2007

Hoy, en la columna invitada de "El Economista":
CATALANES Y CATALUFOS
Pío Moa

“Catalufo” es un término despectivo aplicado no a los catalanes, sino a los nacionalistas, similar al de “charnego” con que los catalufos designan al oriundo de otras regiones. Con una diferencia: la voz charnego rebaja a alguien por el mero hecho de haber nacido en otro lugar, mientras que catalufo desprecia a quienes piensan y actúan de modo muy ofensivo para el resto de los españoles.

Los nacionalistas catalanes suelen parapetarse detrás de Cataluña para defender sus dañosas fantasías, y a menudo se cae en su juego identificándolos como “los catalanes”, aunque solo sea por abreviar lo de nacionalistas o separatistas. He leído la idea de dejarlo en “nanes” (“nascos”, para los correspondientes vascos), pero no parece que vaya a cuajar. En cambio el más popularizado catalufo, despojándolo de su matiz despectivo, quizá pudiera servir. En todo caso importa hallar un término adecuado, para evitar la confusión y las trampas del envenenado lenguaje que a diario nos sirven aquellos nacionalistas.

Para apreciar la diferencia entre catalanes y catalufos: los catalanes convirtieron a Barcelona en el primer emporio industrial de España. Lo hicieron gracias, para empezar, a su renacido espíritu de empresa, pero también al conjunto del mercado español y a la protección –por lo demás excesiva–, de Madrid, que veía en Barcelona y en Bilbao dos focos económicos fundamentales para el país. La simbiosis entre Cataluña y las demás regiones era evidente, y así lo sentían los catalanes. Pero los catalufos no. Para ellos la industria barcelonesa probaba la diferencia esencial, racial, con el resto (su propaganda cultivó la idea ridícula de ser una raza aparte y superior). Dejaban a Cataluña, por tanto, dos opciones: separarse del resto de la inferior España o dominarla mediante un imperialismo extravagante. Que finalmente se contentaría con los “països catalans”.

EL PP DEBE GANAR Y PACTAR CON "UN PSOE REGENERADO"
Quadras rechaza pactos con nacionalistas porque "lo único que queda por dar es España"
El eurodiputado no comparte la doctrina de referencia en el PP, que postula acuerdos con PNV y CiU después de las próximas Elecciones Generales. El último en defender esa opción ha sido el director de la campaña, Pío García Escudero, pero Mariano Rajoy y otros dirigentes no le hacen ascos cada vez que conjeturan sobre el escenario post-electoral. "Yo no veo al PP en pacto de Gobierno con CiU y desarrollando el Estatuto de Cataluña", dijo este jueves Alejo Vidal Quadras en un foro juvenil del PP en Madrid, junto a Jaime Mayor Oreja y Alfredo Prada. Para Vidal, el pacto con nacionalistas es "ontológicamente imposible, lo único que queda por darles es España".
Víctor Gago Libertad Digital 28 Septiembre 2007

El auditorio –jóvenes simpatizantes, alumnos universitarios o pre-universitarios, convocados en el Colegio Mayor Mendel adscrito a la Complutense– disfrutó del mejor Alejo Vidal Quadras: mordaz, elocuente, rico en matices, culto y a la vez coloquial y, sobre todo, agudo analista capaz de diagnosticar con coherencia racional la situación política de España.

El objetivo de la conferencia era impartir formación a los chicos y éstos salieron como si hubieran asistido a una clase magistral: con los ojos muy abiertos.

El eurodiputado llegó tarde, pero no tardó en conectar con los jóvenes.

Un pequeño error se había deslizado en el cartel que indicaba su presencia en la mesa, junto a Jaime Mayor Oreja y Alfredo Prada. "Alejo Vidal Cuadros", habían puesto.

"Con los ojos a cuadros me he quedado al oír la propuesta del Grupo conjunto del PSC, la Esquerra e IU-ICV en el Senado, para que el Rey deje de ser el jefe de las Fuerzas Armadas y recaiga esa función en el presidente del Gobierno. Pero, no os preocupéis, seguro que mañana sale alguien del Gobierno a decirnos que la iniciativa refuerza a la Corona", ironizó.

El eurodiputado transmitió un "diagnóstico" de la crisis nacional, con despliegue de matices e imágenes, y una crudeza no exenta de válvulas de sarcasmo, sin las que sería difícil sobrevivir en "la España del absurdo" certeramente descrita por Vidal Quadras .

"El sistema constitucional no resiste más disparates. Una segunda legislatura, y Zapatero se carga el invento. España saldría de ésta, porque es una entidad histórica más antigua y más fuerte que cualquiera de estos chisgarabís, pero sería una salida traumática", dijo Vidal a los chavales.

No ocultó a los jóvenes que no le gusta el pragmatismo que parece imponerse en su partido para pactar con las fuerzas nacionalistas después de las próximas Elecciones Generales.

"No es un problema ético, es que es ontológicamente imposible pactar con los nacionalistas", dijo con su característica voz cascada y en sordina, como la de un narrador de una historia del crimen. Una voz que no se corresponde con su torrencial vitalismo, inasequible a las campañas que le han montado, dentro y fuera del PP, por ser la bestia negra de la ideología del chantaje.

"Yo no veo al PP", dijo Vidal cuadras, "en un pacto de Gobierno con CiU, y desarrollando el Estatuto de Cataluña. A los nacionalistas, ya no queda nada que darles. En 1978, se pactó con ellos y se les dio el sistema de gobierno más descentralizado del mundo. En 1993, Felipe González pactó con ellos y les dio cosas. En 1996, Aznar volvió a pactar con ellos y también les dio. De 2000 a 2004, tuvimos un periodo de respiro. Y después de lo que les ha dado Zapatero, con un Estatuto de Cataluña que revienta la Constitución por los cuatro costados, ya no queda nada más que darles. Lo único que queda por darles es España".

Vidal Quadras está pensando en una opción algo más audaz, tras el triunfo electoral del PP, que considera condición básica para salir de la crisis nacional. "Es que si no ganamos, sálvese quien pueda", alertó sin perder una ocasión para la agudeza.

Su opción para el día después de la victoria electoral es "un pacto de Estado con el PSOE o, si la cosa se pone muy negra, un Gobierno de concentración entre las dos grandes fuerzas nacionales, como el que tienen los alemanes, y allí nadie se rasga las vestiduras".

Vidal Cuadras opina que el acuerdo PP-PSOE debería tener como meta "una reforma constitucional bien hecha, tocando los puntos neurálgicos" en los que hoy descansa el poder de las minorías nacionalistas.

El eurodiputado popular asume una hipótesis como punto de partida para su plan: el PSOE del día después de las Elecciones será "un PSOE sin Zapatero, un PSOE regenerado" con el que el PP podrá pactar sin grandes dificultades la reforma constitucional, restaurar la igualdad de todos los españoles y reforzar las instituciones nacionales.

¿Será el PSOE post-Zapatero un PSOE regenerado y unido? ¿Será un PSOE con el PSC dentro, con el PSE dentro, con los socialistas navarros y gallegos dentro de la Casa Común, votando todos al unísono en el Congreso de los Diputados una reforma constitucional? ¿Seguirá siendo el PSOE post-Zapatero un partido nacional?

Ésta es la hipótesis que debe ser verificada, sin la cual se derrumba el optimismo de Vidal Cuadras.

eL Poder judicial, en entredicho
Los conservadores dirimirán la inconstitucionalidad de la Ley del TC aprobada por el Gobierno
La importancia de este asunto estriba en la fragilidad del equilibrio de fuerzas que coexisten actualmente en el Alto Tribunal de cara al estudio de recursos contra leyes clave aprobadas por el Ejecutivo
AGENCIAS El Correo 28 Septiembre 2007

El Pleno del Tribunal Constitucional finalmente aceptó anoche la abstención presentada por la presidenta y el vicepresidente de este órgano, María Emilia Casas y Guillermo Jiménez, respectivamente, en el debate sobre la admisión a trámite del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el PP contra la reforma de la Ley Orgánica que regula este órgano (LOTC), aprobada por las Cortes el pasado mes de mayo. Así, se decanta la balanza del Constitucional en favor del sector más conservador.

Conde, presidente del Pleno ante la ausencia en las deliberaciones de Casas y de Jiménez, deshizo con su voto de calidad el empate a 5 entre los magistrados que apoyaban el auto que defendía que no se aceptara la abstención (progresistas), redactado por Pablo Pérez Tremps, y los que lo rechazaban (conservadores).

El citado auto, redactado por la facción progresista, defendía que Casas y Jiménez no deberían abstenerse de participar en la resolución de éste pese a que les afecta directamente alguno de los preceptos impugnados por el primer partido de la oposición.

Casas y Jiménez justificaron su abstención (de no haberse abstenido, el PP les habría recusado) en el hecho de que los artículos de la LOTC recurridos les afectan directamente. La Ley, que entró en vigor el pasado 26 de mayo, prevé en uno de sus artículos, que sus mandatos, que concluían el pasado 30 de junio, sean automáticamente prorrogados hasta la siguiente renovación del Tribunal.

El segundo artículo de la Ley Orgánica recurrido por el Partido Popular, el 16.1, obliga al Senado a elegir a los nuevos miembros de este tribunal dentro del cupo de magistrados que propongan las comunidades autónomas. Tanto Casas como Jiménez manifestaron su voluntad de ausentarse también durante el debate de este punto, por sentirse igualmente afectados , pues ambos forman parte del grupo de magistrados que deben ser renovados por la Cámara Alta.

Tras el Pleno de anoche, Conde ha encomendado a Pérez Tremps la redacción de un nuevo auto en el que se acepte la abstención de los dos magistrados citados y que será votado por el Pleno en su reunión del próximo 8 de octubre. Si entonces se repite el resultado de este jueves y Conde -adscrito al llamado sector conservador- vuelve a hacer uso de su voto de calidad, la presidenta y el vicepresidente del Constitucional quedarían apartados definitivamente de las deliberaciones del recurso del PP.

Frágil equilibrio de fuerza
La importancia de este asunto estriba en la fragilidad del equilibrio de fuerzas que coexisten actualmente en el alto tribunal de cara al estudio de recursos clave en el terreno político, como es el promovido por el PP contra el nuevo Estatuto de Cataluña. Tras admitirse la abstención, el sector progresista en el alto tribunal deja de contar con el voto de calidad de Casas como presidenta y, en el caso de empate en la resolución del recurso contra la LOTC, dicho voto de calidad podría ser emitido por el magistrado conservador Vicente Conde, que asume la presidencia por ser el más antiguo.

En su recurso contra la LOTC, el PP expone que los artículos antes mencionados limitan las competencias del Senado y vulneran el tiempo de mandato para el presidente del Constitucional establecidos en los artículos 159 y 160 de la Carta Magna.

En el caso del artículo 16.1 de la LOTC, el PP entiende que se obliga a la cámara alta a elegir a los miembros de este Tribunal que le corresponde sólo dentro del cupo de magistrados propuestos por las Comunidades Autónomas, lo que a juicio de los 'populares' supone una "desapoderación y limitación" de las competencias del Senado.

Este artículo afecta de forma directa a la elección de cuatro magistrados que sustituirán a los que concluyen su mandato el próximo 19 de diciembre. Se trata de los propios Casas y Jiménez y los magistrados Jorge Rodríguez Zapata y Vicente Conde.

En cuanto al artículo 16.3 de la LOTC, el recurso del PP entiende no respeta el tiempo de mandato fijado para el presidente del Tribunal en la Constitución con el objetivo de prorrogar la presencia de Casas en la Presidencia de este órgano, de cara al debate sobre el recurso de inconstitucionalidad que los propios populares presentaron contra el Estatuto de Cataluña.

ABOGADO Y ESCRITOR
José María Cruz:«Una consulta puede ser un arma de destrucción masiva»
El autor de 'Seis tesis sobre el derecho a decidir' exige a Ibarretxe que sea claro y hable abiertamente de secesión
MIGUEL PÉREZ El Correo 28 Septiembre 2007

'Seis tesis sobre el derecho a decidir (Un panfleto político)' es un libro escrito con «espíritu combativo» desde el «hartazgo» de alguien que lleva treinta años observando cómo la sociedad vasca gira en torno a una única discusión. José María Ruiz Soroa (Bilbao, 1947), abogado, escritor y analista -colaborador de EL CORREO-, aborda en esta obra editada por Ciudadanía y Libertad la consulta propuesta por Juan José Ibarretxe y la demagogia en el discurso político.

-¿Qué es el derecho a decidir?
-Una vaguedad que, llevada a sus propios términos, es un absurdo. Si pretendiésemos, como dijo el lehendakari en el Congreso, que para vivir juntos primero tenemos que decidirlo, significaría el caos porque habría que hacer un contrato social de nuevo; es decir, empezar a determinar uno por uno si queremos vivir juntos. Aparte, Ibarretxe sólo lo aplica a un caso: los vascos somos vascos y no lo podemos discutir, pero a nivel español hay que decidir si eso vale o no vale. Un principio que sólo se aplica a una situación no es muy serio.

-¿De qué hay que hablar entonces?
-No del derecho a decidir en términos genéricos, que ya llevamos treinta años decidiendo, sino de la secesión. «No queremos ser españoles». Perfecto. Es una realidad que está estudiada en la teoría democrática. Ya han existido secesiones y seguirán existiendo. Lo que sucede es que Ibarretxe, el PNV y los nacionalistas no quieren hablar de secesión porque suena muy mal y asusta al personal. Entonces se camufla con palabras bonitas.

-¿Se teme debatir sobre la secesión?
-Las encuestas demuestran que, según los términos en que se pregunte, los resultados son radicalmente diferentes. Si preguntas a los ciudadanos si quieren poder decidir su futuro, ser soberanos y dueños de ese futuro, la mayoría responderá: «¿Cómo no? Suena bien». Pero si preguntas si quieren independizarse, poner una frontera y separarse del primo de Burgos, la reacción será otra: suena peor y sus implicaciones son muy distintas.

-Suponga que se celebra la consulta y sale una respuesta afirmativa. A partir de ahí, ¿qué sucede?
-Ellos dicen que eso desbloquearía la situación. No entiendo por qué.

-'Porque vamos a ser soberanos'.
-Pero es que usted no me ha preguntado eso. Me ha preguntado por el derecho a decidir. En Canadá se alumbró una ley de claridad porque una secesión es algo suficientemente serio y tiene unas consecuencias suficientemente dramáticas para los sentimientos de mucha gente y, quizá, para sus vidas que ante todo debe reinar la claridad: decisiones claras, mayorías claras y preguntas claras.

-¿Cómo sería una sociedad vasca independiente?
-Sabemos lo que piensa la sociedad vasca desde hace treinta años porque las cifras están petrificadas. Estamos partidos, por la mitad o a un 60/40, entre nacionalistas y no nacionalistas, y eso no va a cambiar por una consulta o una secesión. En principio, la sociedad será idéntica a la actual, porque cada uno seguirá pensando lo que piensa, pero más inestable. Ahora, los problemas se tratan en un marco más amplio y transversal. Pero si nos quedamos solitos nacionalistas y no nacionalistas, nos vamos a encontrar en una situación de ganadores y perdedores permanente.

-¿Se produce un uso especulativo de las palabras para evitar la confrontación con la realidad?
-El nacionalismo moderado sabe que muchas de sus bases se retraerían ante la secesión. Por eso un uso estratégico de la palabra. En Canadá surgió un debate respecto a que si se establecía la ley de claridad y permitía la secesión era ponérselo en bandeja a los partidarios de ésta. 'Un acicate. Mañana la van a pedir'. Luego llegaron a la conclusión de que ocurriría al revés: que exista esa posibilidad haría a los secesionistas más responsables y se acabaría con demandas meramente estratégicas e irresponsables. Como tantos nacionalistas vascos que dicen: 'O me da usted esto o tendré que pensar en irme'. Bueno, ese tipo de chantaje se acabaría porque podrías responderles: 'La puerta está abierta. Si quiere irse, pídalo pero no venga con demandas inasumibles por el sistema'.

-La pregunta sobre el derecho a decidir, ¿se convierte en cajón de sastre?
-Sí, y es una vergüenza que un líder utilice el argumento de consultar al pueblo como arma de negociación porque estamos dando a entender que el pueblo no está de acuerdo. Hablar de la consulta al pueblo en una democracia puede ser un arma de destrucción masiva. Se pueden romper muchos platos.

-¿Cuando se habla de soberanismo se intentan obtener mayores cotas de autogobierno o de preponderancia en la relación con el Estado?
-No sé quién decía que un nacionalista vasco es un señor que quiere ser español de primera. Pero pretender un estatus privilegiado, decidido unilateralmente por nosotros y que los demás lo acepten es absurdo en democracia.

-La consulta, que pareció languidecer junto con el plan Ibarretxe, ha resurgido con fuerza.
-Sí. Cuando los nacionalistas afirman que la consulta sobre el derecho a decidir desbloquearía, en el fondo quieren decir que es a ellos a quienes les desbloquearía. Han sacado a pasear el toro, o el espantajo, de la consulta y el soberanismo tanto durante los últimos años que ahora no saben cómo volverlo a meter en el cajón o si es posible meterlo.

Un juez lleva al Constitucional la ley de uso del bable
ABC 28 Septiembre 2007

OVIEDO. El titular del Juzgado número 3 de lo Contencioso-Administrativo de Oviedo, Miguel Ángel Carbajo, dictó ayer un auto en el que plantea la posible inconstitucionalidad de un artículo de la Ley de uso y promoción del bable aprobada en 1998.

En concreto, es el artículo 4.2 el que pudiera resultar inconstitucional al disponer que «se tendrá por válido el uso del bable en las comunicaciones orales o escritas de los ciudadanos con el Principado de Asturias». Precisamente, dicho Juzgado es también el encargado de resolver un recurso presentado por un letrado del servicio jurídico del Principado contra la Consejería de la Presidencia por la negativa de esta a tramitar dos solicitudes de permiso redactadas en asturiano. El auto indica además que el artículo 3 de la Constitución establece que toda lengua oficial en España será objeto de protección «pero no toda lengua que puede ser objeto de respeto y protección ha de ser necesariamente oficial».

Asimismo invoca la doctrina del TC para advertir que la cooficialidad «únicamente puede establecerse a través del Estatuto de Autonomía».

A juicio del magistrado, la Carta Magna no autoriza a que una ley «llamada sólo a proteger la lengua propia como bien cultural» introduzca «elementos característicos de la cooficialidad». Esta circunstancia se da, según el auto, en el artículo que da validez al uso del bable en las comunicaciones orales o escritas entre los ciudadanos y la administración que viene a establecer «un régimen de oficialidad carente del necesario amparo estatutario».

RECUERDA A MONTILLA, EN CASTELLANO, CUÁL ES SU LENGUA MATERNA
Sirera denuncia que un libro de texto catalán ensalza a un joven investigado por amenazas terroristas
El presidente del PPC, Daniel Sirera, exhibió en el Parlamento catalán un libro de Lengua Catalana de tercero de ESO en el que "se pone de ejemplo para todos los estudiantes" a Èric Bertran, investigado por la Audiencia Nacional por un presunto delito de amenazas terroristas. Sirera intervino en castellano para recordar a Montilla que esa es su lengua materna, mientras que la del popular es el catalán. El presidente catalán se limitó a responder: "Si Cataluña tiene dos lenguas, hay que utilizar también el catalán, ¿ok?".
Agencias Libertad Digital 28 Septiembre 2007

En su intervención en la segunda jornada del debate de política general en Cataluña, Sirera finalizó su intervención mostrando este libro ante el presidente catalán, José Montilla, al que ha exigido que "haga de presidente de todos y no sólo de sus socios de gobierno", en alusión a los independentistas de ERC.

Sirera exhibió las páginas de un libro de texto en catalán en el que se reproduce una entrevista a Èric Bertran, acompañada de unos dibujos en los que se aprecia cómo agentes de la Guardia Civil con pasamontañas detienen al joven de Lloret (Gerona).

Libro de EpC - Página 1 Libro de EpC - Página 2
La causa contra Èric Bertran, finalmente archivada por la Audiencia Nacional, se abrió a raíz de una denuncia presentada en septiembre de 2004 por la cadena de supermercados Día porque el joven envió correos electrónicos pidiendo que etiquetaran sus productos en catalán.

En esa denuncia se hacía constar que, a través de la página web de Día, un autodenominado "Ejército del Fénix" les había amenazado a través del correo electrónico con ataques masivos contra los sistema informáticos de la empresa si antes del 1 de octubre no traducían su web y las etiquetas de sus productos al catalán.

El grupo de ciberterrorismo de la Guardia Civil detuvo a Eric tras localizar la página web "Ejército del Fénix", denominación extraída de las novelas de Harry Potter, en la que se alentaba a la lucha por la catalanización del país, y el ordenador desde donde se enviaban los correos, que no era otro que el que se encontraba en el domicilio del joven de Lloret.

Sirera dirigió a Montilla y le dijoo: "Usted dice que no se adoctrina a los niños en las escuelas, pero yo le daré este libro para que pueda verlo". "Estamos explicando a los niños de 14 años que hay un niño en Cataluña que fue detenido por la Guardia Civil en una imagen lamentable (...) y se le pone de modelo para todos los estudiantes de Cataluña, cuando lo que lo que hizo fue enviar un 'e-mail' a una empresa que etiquetaba en castellano diciéndole que si no etiquetaba en catalán, llevaría un ejército del Fénix".

Sirera, que al hablar de estas cuestiones empleó el castellano, exigió a Montilla que "deje de utilizar la escuela para adoctrinar y para modular lingüísticamente" a los alumnos". En este sentido, reclamó que se permita, a los padres que lo deseen, escolarizar a sus hijos en castellano.

En la réplica, Montilla exigió al PP que "deje de utilizar la lengua para dividir el país" y, en referencia a la inmersión en catalán, recalcó que "la ley está para aplicarla". "Si Cataluña tiene dos lenguas, hay que utilizar también el catalán, ¿ok?", afirmó.

El PP defiende el bilingüismo y obligará a Montilla a votar el fin de las sanciones
El presidente replica que no se multa por usar el castellano, sino por no emplear el catalán
Marcos Pardeiro La Razón 28 Septiembre 2007

Barcelona- En su estreno en el Parlamento como presidente del PP de Cataluña, Daniel Sirera quiso situar la cuestión lingüística como uno de los ejes de su intervención en el debate de política general. El dirigente popular avanzó que hoy, día en que se votarán las resoluciones, propondrá el fin de las sanciones lingüísticas para evitar que la Generalitat siga aumentando la recaudación a cuenta del castellano. Recordó en este sentido que, desde que gobierna el tripartito en Cataluña, la administración catalana ha impuesto 225.000 euros en multas que han afectado a un total de 144 empresas.

«¿Cuál es, señor Montilla, su poder divino que le faculta para castigar a un ciudadano que quiere ser libre para utilizar una lengua que es oficial en Cataluña con independencia de que sea o no la propia o la materna?», se preguntó el líder del PP catalán, quien ayer empleó el español en parte de su alocución. Sirera recordó a Montilla que el castellano es «su lengua materna» y trajo a colación un enunciado del nuevo Estatut que explicita que el catalán es «lengua de uso preferente de todas las administraciones en Cataluña».

«Aplicar la ley»
Hecho este recordatorio, pregunró al presidente de la Generalitat: «¿forma parte de alguna administración pública el restaurante griego de la esquina? ¿Verdad que no? Pues, si no lo es, señor Montilla, dejemos en paz a los comerciantes y a los empresarios», pidió.

Pero el aludido no se mostró dispuesto a acceder a la petición del PP porque hay normas en vigor que posibilitan la sanción. Montilla se justificó diciendo que lo que se hace es «aplicar la ley». «Y si se multa a alguien no es porque utilice el castellano, señor Sirera, es porque no utiliza una lengua que es la del país, la propia», añadió. De inmediato se desataron el rumor de voces en el hemiciclo, expresando el asombro por las palabras del presidente.

El argumento de Montilla dejó cariacontecido a Sirera que, desde su banco, le decía al presidente que es lo mismo multar por no usar el catalán que multar por usar el castellano. «No, no es lo mismo porque si Cataluña tiene dos lenguas, hay que utilizar también el catalán, ¿ok?», dijo el titular de la Generalitat empleando una tercera, el inglés, y desatando las risas del hemiciclo.

La intervención de Sirera en castellano no pasó inadvertida y diputados de ERC volvieron la vista a los tres representantes de Ciutadans para espetarles con ironía: «Ara esteu fotuts (Ahora estáis jodidos)». Conviene recordar en este punto que los parlamentarios de la joven formación no nacionalista acostumbran a usar el español en la Cámara catalana y, hasta ahora, lo hacían en exclusiva porque Piqué siempre hizo uso de la lengua vernácula.

Pero no sólo se analizó la situación lingüística, sino que también se vivió un choque entre Mas y Montilla, que obligó al líder del PSC a defenderse de las críticas de CiU. Los nacionalistas, una vez más, acusaron a los socialistas catalanes de actuar según los dictados del PSOE. Para sacudirse este insistente reproche, Montilla recordó la fuerza del PSC a la hora de escoger a sus socios para formar gobierno. «Mire, si yo estuviese supeditado al PSOE seguramente no sería presidente de la Generalitat», confesó.

ETA ha provocado más exiliados del País Vasco que la Guerra Civil en toda España
A. LARDIÉS. MADRID. ABC 28 Septiembre 2007

Pese a las cifras que siempre se han manejado al respecto, los exiliados políticos de tras la Guerra Civil fueron «unos 120.000», según el economista y estadista Julio Alcaide, que ayer presentó el amplio estudio «Evolución de la población española en el siglo XX», publicado por la Fundación BBVA. «Se exiliaron gentes de mucha categoría, de reconocimiento mundial, y eso sonaba mucho», afirmó Alcaide, que añadió que el millón de personas que se marchó en la posguerra a trabajar en otros países del norte de Europa lo hizo como consecuencia de «la mecanización agraria», y no por motivos de índole política.

Otro dato que aportó Alcaide en la presentación del estudio fue el de las «casi 200.000» personas que han abandonado el País Vasco durante el tiempo en que ha existido la banda terrorista ETA. Exactamente, tal y como consta en el volumen I del informe, son 157.417 las personas que se han marchado sólo entre los años 1980 y 2000.

«Claramente», una de las principales causas de ese «éxodo» ha sido el miedo infundido por ETA, aunque Alcaide matizó que hay otro tipo de motivaciones y que el componente sociológico no se ha tenido en cuenta en el trabajo que ha coordinado. Algo curioso a este respecto, según Alcaide, es comprobar que las personas de otras partes de España que han emigrado al País Vasco se van cuando llega el momento de la jubilación, cosa contraria a lo que ocurre en Cataluña, donde los emigrantes prefieren quedarse también después de los 65.

«Poner en orden las cifras»
Entre los datos que arroja el informe, que sobre todo pretende «poner en orden las cifras estadísticas a lo largo del siglo XX, para que en el futuro los investigadores tengan una información completa y ordenada de los movimientos de población», está el de las migraciones que se están produciendo hoy día en España.

Y es que la tendencia actual de la población española a ocupar las regiones de la cuenca mediterránea, los dos archipiélagos y las grandes ciudades, sobre todo Madrid, está provocando el despoblamiento de las provincias «interiores y rurales», que llegan a registrar cifras de habitantes menores a las de 1900.

Lo deseable —aunque un tanto utópico— sería para el director del estudio una «redistribución» de toda la población por todas las provincias, y que éstas tuvieran además un desarrollo industrial similar, para evitar situaciones como la que viven Soria o Teruel, «que tienen cifras de población irrisorias y propias de países subdesarrollados».

Desertización
A tenor de los datos de las zonas menos pobladas, en el estudio (página 74) se alerta sobre la desertización de buena parte de España: «En los 104 años observados, disminuyó la población y, por tanto, bajó su densidad relativa en Teruel, Soria, Zamora, Lugo, Ávila, Cuenca, Orense, Huesca, Palencia y Segovia. Diez provincias del interior peninsular, lo que supone una tendencia preocupante ante el peligro de la práctica desertización de una porción considerable del territorio nacional (108.605 kilómetros cuadrados de la superficie española)».

Si se tiene en cuenta que el fenómeno inmigratorio de finales del siglo pasado casi no ha incidido en el norte e interior de la Península, «las previsiones futuras son muy preocupantes», se afirma en el libro. Así, se anima a los políticos a adoptar «alguna política demográfica que al menos tendiera a consolidar la población de la España interior tendente a su desertización».

Migraciones al exterior
En cuanto a las migraciones de españoles al extranjero, el estudio señala tres periodos fundamentales: los años posteriores a la Primera Guerra Mundial, cuando la emigración fue hacia a América, fundamentalmente; tras la Guerra Civil, con el fenónemo del exilio político —aunque con una cifra muy inferior a la que se ha especulado durante muchos años—, y la década que va de 1955 a 1965, con 964.916 personas que se marcharon en busca de una vida mejor por los motivos ya citados.

Por otro lado, durante el siglo XX la población española se ha duplicado (ver gráfico). Actualmente, se registra un incesante descenso de la tasa de natalidad y la población extranjera ha pasado de ser el 0,3 por ciento en 1900 al 8,5 en 2005. De hecho, la inmigración extranjera de los últimos tiempos es lo que ha permitido que la pirámide de población no se haya venido abajo. Una pirámide cuyos problemas principales en el siglo pasado fueron dos: los efectos de la Guerra Civil, tanto por el menor número de nacimientos como por los muertos, y por la enorme caída de la mortalidad en España a partir de 1980.

En esas coordenadas, el crecimiento de la población durante los últimos cien años ha sido muy desigual según las zonas. Así, se ha pasado de 18,6 millones de habitantes en 1900 a los 40,8 millones de personas censadas en 2000; es decir, creció el 112%, pero de tal manera que ese crecimiento se produjo sobre todo en Madrid (el 672%), Canarias (450%), Cataluña (257%), País Vasco (253%) e Islas Baleares (216%). También crecieron por encima del cien por ciento Cantabria (193,3), Valencia (162), Andalucía (108,5) y Murcia (101,5), informa Efe.

Un sabotaje etarra a Renfe deja sin tren a miles de viajeros en San Sebastián
M. L. G. F. ABC 28 Septiembre 2007

BILBAO. Durante cerca de cinco horas estuvo ayer interrumpido el tráfico ferroviario de cercanías entre San Sebastián e Irún como consecuencia de un sabotaje perpetrado por terroristas callejeros al servicio de ETA. Por otra parte, un grupo de encapuchados roció con gasolina la sede del PSE en el municipio guipuzcoano de Hernani. Los expertos auguran un incremento de la «kale borroka» coincidiendo con la celebración, este fin de semana, del «gudari eguna» (día del soldado vasco), el «akelarre» que la autodenominada «izquierda abertzale» convoca cada año por estas fechas para enaltecer a los etarras muertos por su propio odio.

A las siete de la mañana, terroristas vinculados a Segi cortaron las contrapesas de la catenaria situada a la altura de la parada Lezo-Rentería, a mitad del recorrido Irún-San Sebastián, y dejaron sin tendido eléctrico los trenes, lo que afectó principalmente a los servicios de cercanías, pero también a los recorridos de larga distancia que pasan por Guipúzcoa.

Miles de afectados
Renfe puso en funcionamiento un servicio de autobuses entre Irún y la capital guipuzcoana para cubrir los trayectos de cercanías afectados. Además, se trasladaron en autobús a los pasajeros de varios trenes de larga distancia que se dirigían a Irún: el Lisboa-Hendaya y el Barcelona-Hendaya. Los viajeros que se dirigían a Madrid y La Coruña desde la localidad fronteriza también tuvieron que ser transbordados en autobús hasta Miranda de Ebro, donde continuaron su viaje en tren. El acto de sabotaje afectó de esta manera a varios miles de pasajeros, unos cinco mil.

El servicio de Renfe no volvió a funcionar con normalidad hasta las doce del mediodía. Este ataque indiscriminado estuvo precedido por numerosos incidentes de violencia callejera cometidos en San Sebastián durante la noche anterior. Grupos de encapuchados quemaron cuatro contenedores y provocaron un incendió que afectó a un vehículo aparcado en las inmediaciones, que quedó totalmente calcinado, y al toldo de un establecimiento de hamburguesas cercano al lugar, en la calle Zabaleta de la capital guipuzcoana.

En este contexto, también a primeras horas de la mañana los proetarras rociaron con gasolina la sede del PSE en la localidad de Hernani. El dirigente de los socialistas guipuzcoanos, Miguel Buen, condenó el ataque y exigió a la alcaldesa del municipio, de ANV, que se sume al rechazo. Pero mientras Buen exigía a la marca electoral de Batasuna un pronunciamiento contra la «kale borroka», el alcalde de San Sebastián, Odón Elorza, permitía que dirigentes de este partido celebraran una rueda de prensa en el Consistorio, pese a que carece de representación. Una decisión que fue criticada por el PP y la Asociación Víctimas del Terrorismo del País Vasco.

En Cataluña, lo mismo
Josefina Albert Diario Siglo XXI  www.criterio.es,  28 Septiembre 2007

(profesora de la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona)

En 1946 Víctor Klemperer publicó un libro (desde 1933 había estado recopilando material), titulado Lingua Tertii Imperio (versión castellana: La lengua del tercer Reich , 2004), que trata del papel decisivo que jugó el uso del lenguaje en la configuración del pensamiento nazi y en el establecimiento del nacionalsocialismo, llegando incluso a crear un término, Sprachregelung , que significa el "uso del idioma para los fines del régimen".

El nazismo desarrolló un sistema de organización del discurso como productor y reproductor de la ideología del Tercer Reich, apropiándose del idioma para quebrar la relación entre significante y significado. El código lingüístico que crearon estaba plagado de eufemismos, que ligaba directamente con la ideología nazi. Así, por ejemplo, se hablaba de tratamientos especiales para referirse a los asesinatos ; de solución final en lugar de exterminio ; o bien, trapos o muñecos designaban a las víctimas , palabra esta, por cierto, que no se podía pronunciar so pena de ser apaleado, como señala el propio Klemperer en la obra citada.

Lo mismo en Cataluña: se habla de normalización lingüística para imponer la dictadura de la lengua y la vulneración de derechos fundamentales; de Estado español para evitar decir España. Como la lengua debe penetrar en todos los ámbitos de la vida, los nazis germanizaron casi tres mil topónimos, tratando de borrar cualquier rastro, como las terminaciones eslavas por pertenecer, según ellos, a una raza inferior. Hitler encargó a Joseph Goebbels la dirección del Ministerio de Propaganda, cuya función era la elaboración de la comunicación social y política, que machaconamente repetía el gesto y, sobre todo, la palabra adecuada a la situación.

Lo mismo en Cataluña, donde todo el Gobierno (presidido por un socialista de Córdoba) insistentemente repiten expresiones como el nostre país , som catalans (claro, frente a los españoles) y, sobre todo, la nostra llengua o la llengua propia , como dice el Estatuto. Los nazis contaban con oficinas para delatar las casas judías.

En Cataluña lo mismo: anónimamente se puede denunciar a un restaurante que tenga la carta en castellano, y ahora -estos días ha saltado la polémica, pero no es nueva- los niños en el patio del recreo sólo pueden hablar catalán y delatar a quienes utilicen el castellano, porque hay que vivir en catalán, como rezaba un cartel en la Universidad o aquel otro que decía acolliment lingüístic . ¿Qué es eso de vivir en catalán? También en la Alemania nazi se castigaba a los disidentes.

En Cataluña lo mismo: si un niño no pronuncia bien una palabra o no la sabe se le da el testigo (un palito, una pelota, etc.) para que se ponga a la cola de los que "más saben". Es la misma dictadura, con la única diferencia de que en España vivimos en democracia, pero, ¿de qué sirve? Es cierto que con la palabra se pueden crear mundos de libertad y de ensueño, pero no es menos cierto que en boca de las dictaduras pueden retorcerse hasta crear mudos perversos. Esa doble cara, visible en unas más que en otras, lo recoge el refranero cuando dice que "Hay palabras torcidas que a una parte miran y a otra tiran". 28/09/2007 - www.criterio.es, diario siglo XXI

Convivencia Cívica dice que los alumnos catalanes son «analfabetos» en castellano
Francisco Caja presentó ayer un estudio sobre la lengua española en la educación primaria
EL MUNDO 28 Septiembre 2007

BARCELONA.- La asociación Convivencia Cívica Catalana (CCC) presentó ayer las conclusiones del informe La lengua española en la educación primaria en Cataluña, del que, según su presidente, Francisco Caja, se deduce que los escolares catalanes son «analfabetos funcionales» en castellano.

Caja expuso ayer en rueda de prensa que, de las 5.250 horas en total que se imparten durante los seis cursos del ciclo de educación primaria en los centros públicos catalanes, hasta 4.830 se hacen en catalán y únicamente 420 horas -el 8%- en castellano, por lo que ha considerado la inmersión lingüística un «problema», según Efe.

El estudio presentado por CCC, entidad que se ha destacado por la defensa del castellano en la escuela, se basa en datos recogidos por el Instituto Nacional de Calidad y Evaluación y por el Consejo Superior de Evaluación del Sistema Educativo de Cataluña, para el que han evaluado los conocimientos de 2.105 alumnos de sexto de primaria de Cataluña y 9.814 del conjunto de España.

Según este estudio, el nivel global de aprendizaje de las dos lenguas oficiales en Cataluña es del 65,4% en el caso del castellano, por un 71,5% en el del catalán, mientras que únicamente el 35% de los escolares catalanes es capaz de escribir en lengua castellana un dictado de 100 palabras con menos de cinco faltas de ortografía -el 69% en el resto de España-.

Caja aportó otra serie de datos sobre diversos aspectos del uso del lenguaje que, en todo caso, escenifican un mejor conocimiento del catalán que del castellano por parte de los escolares de Cataluña, lo que le llevó a concluir que «el tripartito tiene un problema».

La crítica al Gobierno catalán llevó a Caja a afirmar que éste «oculta datos e insiste en una falsedad», el hecho de que los estudiantes tienen el mismo nivel de castellano y catalán al finalizar sus estudios básicos.

El presidente de CCC añadió que, «de forma inequívoca», si una lengua debe priorizarse en Cataluña, es el castellano.

Caja llegó a decir que «los talibanes lingüísticos», en referencia a los políticos del tripartito, aplican en la educación «una imposición ideológica contraria a la razón de los principios más elementales de la democracia».

Además, denunció el intento de imposición del catalán hasta en el patio y calificó al subdirector general de Llengua i Cohesió Social del Departament d'Educació de la Generalitat, Josep Vallcorba, de «mamporrero» por defender la necesidad de expandir el uso social del catalán.

Convivencia Cívica Catalana entregó el pasado 5 de junio más de 50.000 firmas en el Parlament con la intención de promover una iniciativa legislativa popular instando a los partidos políticos catalanes a promover la «enseñanza en lengua materna y el bilingüismo escolar».

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