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Recortes de Prensa    Domingo 14 Octubre   2007

El resfriado
IGNACIO CAMACHO ABC 14 Octubre 2007

NI los más avisados augures de la política, ahora llamados consultores, podrían haber previsto que los principales asuntos de debate en la escena pública española al final del mandato de Zapatero, el candidato que renovó un socialismo español agostado tras la larga convalecencia del felipato, iban a ser el orgullo patriótico, el hecho nacional, la estabilidad de la Corona y la memoria fratricida de la Guerra Civil: los grandes sujetos recurrentes de nuestra tradición de pesimismo histórico. Y todo ello en un clima de fuertes sacudidas emocionales, notable tensión institucional y razonable desazón colectiva ante un inquietante futuro económico y financiero.

Éste es, sin embargo, el balance de una legislatura convulsa, improvisada y sin proyecto, en la que la agenda del Gobierno ha delatado la ausencia de un programa coherente capaz de estructurar su deriva política. Sorprendido quizá él mismo por su inesperada victoria, el presidente trató de anclar su mandato en la aventurada negociación con ETA y una confusa remodelación constitucional encubierta en reformas estatutarias, dos planes tan inciertos que al enredarse primero y fracasar después han abocado su gestión a un colapso inevitable. Sin nada concreto que ofrecer en su arqueo final, el zapaterismo se ha dejado enredar en una telaraña de oportunismos buscando a la desesperada el modo de comparecer ante las urnas con algo parecido a un balance.

Pero las improvisaciones en política se pagan, y la doctrina del «como sea» no cuaja en un país razonablemente desarrollado. Las encuestas constatan la falta de credibilidad de las flamantes promesas de dádivas asistenciales, empastes infantiles o alquileres gratuitos; ETA prepara un frente sangriento tras el fracaso de las negociaciones; los aliados nacionalistas queman efigies del Rey o se suben a la parra del más intransigente soberanismo, y el PP cortocircuita con sobreactuado énfasis la intentona gubernamental de investirse a última hora de un patriotismo sobrevenido. Este patético intento de envolverse en la bandera española, tras un trienio de quiebra del proyecto constitucional, representa mejor que nada el carácter impremeditado de la política de Zapatero, que se agarra a un concepto en el que descree sin darse cuenta de que el hecho nacional es, precisamente, el patrimonio esencial de la derecha española y el terreno en que ésta se siente más fuerte y se mueve con mayor firmeza.

En este panorama, la minimización presidencial de los alborotos ultranacionalistas en torno a la piromanía de los símbolos monárquicos -«un resfriado», según el benévolo dictamen del espontáneo médico de La Moncloa- no es más que un diagnóstico voluntarista de la peligrosa enfermedad que este Gobierno ha inoculado en la sociedad española al rescatar debates superados hace tiempo por nuestra comunidad política y social. Esta legislatura, que surgió del grave shock traumático del 11-M, expira entre estertores de vacuidad política, sacudidas de sectarismo retrospectivo y hemorragias de discordia, sin perspectivas de hallar la vacuna de un consenso volatilizado. Y la única terapia que se le ocurre al presidente es esa sonrisa hueca con la que parece estar recetando aspirinas a un moribundo.

La ley, los jueces y el estatuto de Cataluña
GERMÁN YANKE ABC 14 Octubre 2007

Los nacionalistas, aquí y allá, tratan de basar sus reivindicaciones en la existencia de un «conflicto» -palabra talismán- que debe ser resuelto dándoles la razón. Pero veamos cómo se construye el mentado «conflicto». Juan José Ibarretxe, por ejemplo, a falta de otros argumentos, dijo el pasado mes en el Parlamento vasco que, cuando presentó el Plan que lleva su nombre -anticonstitucional, como se sabe, a todas luces-, el Congreso dijo no sin abrir una «negociación». Ergo «esto no hace sino más evidente la existencia de un problema político que tenemos que solucionar». Se plantea algo ilegal, las instituciones democráticas no lo aceptan, ahí está el conflicto y, hala, a negociar.

En otra cámara, la catalana, Artur Mas se enfada con el presidente Montilla y le reprocha que quiera acabar con «el dilema Cataluña-España». Apasionante: quiere pelea; es más, considera que el dilema va directamente unido al carácter nacional de Cataluña hasta el punto de que si se termina con él «habrá desaparecido en todo lo que ha significado durante siglos de historia».

Después de tan profundas reflexiones, el líder de Convergencia i Uniò -que pocos días antes se había mostrado respetuoso pero distante del proceso de autodeterminación del lendakari- propone que se apruebe en Cataluña una ley de consultas populares para que los catalanes voten en un referéndum si el Tribunal Constitucional recorta el nuevo Estatuto de Autonomía. ¿Por qué? Porque el texto fue avalado por «el pueblo catalán» en junio de 2006.

Es preciso detenerse en el modo en que se avaló el Estatuto. Sin mayor precisión en decimales, los votantes no llegaron al 50% del censo y, de ellos, sólo el 74% depositó en las urnas la papeleta del sí. ¿Sólo? Lo interesante es que no fue avalado por la mayoría de los catalanes, ni los censados y con derecho a voto. Pero este hecho no impide que el resultado del referéndum sea plenamente válido y el Estatuto de Cataluña quedara aprobado. Subrayar las cifras sirve para que los partidarios del mismo, como el últimamente enfebrecido Artur Mas se den cuenta de que tienen estatuto no porque una mayoría de catalanes lo hayan deseado así, sino porque han funcionado los procedimientos democráticos, porque cuenta con la mayoría necesaria establecida por la ley.

Sirve, por tanto, para subrayar al mismo tiempo que la democracia no es nada si no se ajusta al principio de legalidad. Así, por el mismo principio por el que el estatuto es aprobado debe éste ajustarse a la legalidad constitucional. Si el Tribunal considera que alguno de sus extremos rebasa o se opone a la Carta Magna, plantear un referéndum en vez de atenerse a la sentencia -un referéndum, además, con no se sabe qué objetivo- no es acudir «al pueblo», sino alejarse de las formalidades democráticas.

Desde otra perspectiva, me parece que mucha de la batalla en torno a la sentencia que pueda dictar el Constitucional sobre esta materia es también una manera de querer quitar legitimidad a los procesos de la democracia. En resumen, parece que, recusado el magistrado Pérez Tremps para entender de la constitucionalidad de este texto, asistimos a una pelea, entre legal y leguleya, para «controlar» el Tribunal. De un lado se prorroga el mandato de la presidenta y del vicepresidente con una ley un tanto esperpéntica; de otro se vuelve a recusar a los citados para la consideración de esta norma; además, el Gobierno, por primera vez en nuestra democracia, autoriza la recusación de dos magistrados que se manifestaron ya en contra de la prórroga.

Todo muy poco edificante, como se ve, aunque no se puede olvidar que, en el ambiente de falta de consenso, el espanto comienza con una prórroga propuesta por la mayoría parlamentaria convencida de que, así, controlaba el Tribunal Constitucional para que decidiese, sin sobresaltos para el Gobierno, sobre el Estatuto de Cataluña o, en todo caso, podía decir que se trataba de una maniobra de la derecha para ganar en los tribunales lo que no había ganado en las urnas. Ciertamente, hablar de maniobras de la derecha en este tema después de un procedimiento tan estrafalario como una ley «ad hoc» y una novedosa recusación por el Gobierno socialista, parece pasmoso.

Pero, en definitiva, volvemos a las urnas, como si estas tuvieran algún sentido al margen de la ley. Y volvemos otra vez al «conflicto» inventado, en esta ocasión entre derecha e izquierda, conservadores y progresistas, cuando el único empeño presentable por parte del Gobierno sería la reforma del sistema de elección de magistrados para asegurar su neutralidad política. Lo anoto porque, pase lo que pase con la sentencia, atenerse a los procedimientos no es fruto, como se ve, del entusiasmo, sino del apego de los escépticos ciudadanos a la democracia. Porque si esto no es el paraíso, aquéllo es el infierno.

¿Memoria Histórica?
La vuelta de la Santa Inquisición
Alberto Recarte Libertad Digital 14 Octubre 2007

El nacionalismo, como el nacional-catolicismo que dominó la vida española durante siglos, pretende controlar las vidas de todos lo que habitan en un territorio determinado. Controlar, ¿para qué? Para determinar la moral y la ideología de la población, lo que permite a los dirigentes nacionalistas utilizar sus convicciones pseudo religiosas para dirigir la vida de los demás y, en definitiva, conseguir sus votos. Y controlar porque, en lo material, el que se apodera de las almas consigue que le transfieran la capacidad de influir en muchos ámbitos: gastar los ingresos de una forma u otra, ayudar, y de qué forma, a unos u otros, nacionales o extranjeros; en definitiva, logra la capacidad de gastar a su antojo los ingresos presupuestarios. Por eso los socialistas se han hecho nacionalistas, porque quieren participar en la fiesta y como las religiones marxista y keynesiana hidráulica han fallecido se apuntan a la del nacionalismo.

En los siglos duros del nacional-catolicismo español, cuando la ciencia desapareció, cuando no era posible siquiera filosofar más allá de ciertos límites, la intervención de los gobernantes en la vida cotidiana se reducía a cobrar impuestos para pagar servicios públicos elementales y financiar las guerras, que decidían unas veces las puras ansias de poder nacional y otras las consideraciones religiosas.

En esos siglos, la moral se forjaba en los confesionarios. Los sacerdotes y obispos escuchaban, reflexionaban y decidían lo que era tolerable individual y colectivamente a la luz de una literatura -publicada-, en parte bíblica, en parte canónica, en parte nacional y, en parte, dependiente de las convicciones personales de los respectivos confesores.

En la medida en que España se fue liberando de esa moral, los españoles recuperaron la libertad de pensamiento en lo científico, lo filosófico, lo político, lo económico y lo propiamente religioso. Los iluminados abandonaron los hábitos y muchos se hicieron políticos; en el caso de España nos tuvimos que defender de los integristas católicos, de los jacobinos afrancesados y de los anarquistas, comunistas y socialistas, decididos a obligarnos a servir a sus convicciones, encarnadas –y de qué forma– en sus vanguardias obreras y sindicales. Las guerras carlistas, las persecuciones de Fernando VII, los levantamientos anarquistas, las revueltas socialistas y la conspiración de socialistas y nacionalistas de 1934 para acabar con la II República fueron inspiradas siempre por grupos de hombres que creían estar en posesión de la verdad, y que esa verdad les permitía someter a los demás. Más aún, les obligaba, porque el pueblo, el grupo, la sociedad, eran y son más importantes que las personas. El bien común les permitía perseguir, encarcelar, torturar y asesinar.

Los herederos de todo lo que representó en España la Santa Inquisición son, por tanto, los nacionalistas de hoy, desde el PNV hasta ETA-Batasuna, con la colaboración de una parte sustancial del PSE en el País Vasco; desde CiU hasta Esquerra pasando por el PSC en Cataluña; los nacionalistas gallegos, sean del BNG o del PSOE; y, en Madrid y el resto de España, el PSOE de Rodríguez Zapatero.

La iglesia católica española hace tiempo que se reformó, hace tiempo que defiende la responsabilidad personal y la primacía de los derechos individuales frente a los supuestamente sociales. Los nacionalistas y socialistas, por el contrario, quieren decidir no sólo lo que hay que pensar, lo que hay que estudiar y la lengua en que hay que expresarse, sino cómo debe ser la moral cotidiana. Creen y defienden un tipo determinado de bien común. Y creen que ese bien común les permite perseguir, o expulsar, a los que no lo acepten. Los nuevos sacerdotes laicos de la religión nacionalista son una minoría. Minoría de la que forman parte políticos, intelectuales y religiosos.

Muchos, de entre los partidarios de los nacionalistas que no pertenecen a la clase dirigentes, se oponen a la violencia, pero están tan condicionados que se sienten forzados a analizar las causas que la han provocado, llegando a igualar las responsabilidades de las víctimas y los verdugos. Otros votantes nacionalistas que critican, internamente, los insultos, amenazas y extorsiones, piensan que son fenómenos aislados, que se desvanecerán cuando triunfe el paradigma del bien común nacionalista en una sociedad nueva; lo que sólo será posible con la independencia. En ese momento desaparecerán –como por ensalmo– la violencia, el miedo, la extorsión y el asesinato, porque esos fenómenos se explican –les dicen y muchos se lo creen– por la natural resistencia a una moral y a unas formas políticas impuestas desde fuera, por España. Otra parte importante de la población acepta lo que les dicen sus líderes morales como irrebatible.

Para el que vive lejos de esos territorios, es incomprensible el torpor espiritual de los que viven en esas autonomías, de los ciudadanos normales, que aceptan esa continua trasgresión de los derechos humanos, teniendo como tienen, a pesar de los esfuerzos gubernamentales para evitarlo, medios a su alcance para informarse y poder ponderar la moralidad nacionalista que se les impone. La razón del aparente conformismo de muchos no es el seguidismo de sus líderes, sino la descomunal violencia a la que se enfrentan los que manifiestan dudas. Para los que preguntan, la vida se hace casi imposible: en los colegios de sus hijos, en sus trabajos, con sus amigos. Muchos que aparecen como convertidos sólo intentan sobrevivir. Y muchos se van.

Esa clase política tiene, además, otro programa de naturaleza económica. Porque los interminables años en el poder autonómico y local les ha permitido convertirse en auténticas mafias que viven de los demás, que extorsionan a todos, que incumplen las leyes, que acobardan y controlan a los jueces y que engañan a la Administración central en beneficio propio y de sus organizaciones, políticas o no.

¿Y el resto de España? ¿Cómo es posible que, uno tras otro, los gobiernos españoles hayan consentido la consolidación de poderes ilegítimos, con comportamientos delictivos en las autonomías nacionalistas, sin aplicar los instrumentos de intervención y recuperación de competencias que prevé la propia Constitución? Pues porque en Madrid, en el Madrid popular o en el Madrid socialista de Felipe González, las nomenclaturas de los partidos –con la excepción parcial de los años de Aznar en La Moncloa– no estaban interesadas en el cumplimiento de las leyes y en la defensa de los derechos individuales de los que viven en esas autonomías. Sólo pretendían mantener el poder y no ponerlo en riesgo en las siguientes elecciones. La mayoría de nuestros políticos, que ya son profesionales, no suelen tener convicciones. Y sólo actúan cuando la población se manifiesta masivamente, por el medio que sea, con decisión, a favor de la medida que sea. Y les deja claro que están dispuestos a no votarles si no hacen lo que piden.

En cambio, el nuevo PSOE de Rodríguez Zapatero tiene otro talante político. Para ellos la guerra civil no ha terminado y sus aliados son los nacionalistas, actúen legal o ilegalmente. El PSOE de Rodríguez Zapatero y los nacionalistas se comprenden. Tienen la misma escala de valores. Para los nacionalistas, el bien común lo representa la nación y frente a ella los derechos individuales no existen. Para el PSOE, el bien común es la sociedad; lo que ellos entienden por sociedad. Y los derechos individuales o no existen o pueden ser sacrificados. De ahí la importancia para el PSOE de esa asignatura, la Educación para la Ciudadanía, que a juicio de la ministra de Educación es más importante que las matemáticas o la historia. Ellos, los socialistas, también quieren ser sacerdotes laicos de otra religión; para poder resucitar la Santa Inquisición.

La Ley de Memoria Histórica es, solamente, un paso más en esa dirección. En la de la dictadura espiritual y material de nacionalistas y socialistas.

Huida hacia la nada
EDITORIAL EL Correo 14 Octubre 2007

La reacción de la ilegalizada Batasuna ante la ruptura del alto el fuego por parte de ETA, reflejada, mejor que en ninguna otra cosa, en las violentas algaradas que anteayer protagonizaron sus juventudes en San Sebastián, ha vuelto a poner de manifiesto que la principal batalla que se libra en el seno de la izquierda abertzale no es contra un enemigo exterior, sino entre sus propias facciones internas. El fondo de esa batalla intestina ha consistido siempre en la relación que la organización que represente a la izquierda abertzale decida establecer con ETA. Hasta ahora, quienes han defendido la autonomía de la organización 'civil' respecto de la 'militar', o bien se han visto obligados a autoexcluirse o bien han quedado reducidos al más absoluto ostracismo. La disidencia sólo se ha expresado en términos de escisión con la creación del partido político Aralar. No parece en absoluto probable que la experiencia vaya a repetirse. Una vez más, la ilegalizada Batasuna ha optado, tras la ruptura de la última tregua, por el cierre de filas interno, reafirmando su papel subordinado respecto de ETA y alentando que sus miembros más radicales complementen, con sus actos de terrorismo callejero, la acción de la banda.

Resulta, por ello, ingenuo afirmar, como se ha hecho desde sectores del nacionalismo democrático, que hechos externos como el reciente encarcelamiento de destacados dirigentes de la ilegalizada Batasuna suponen un obstáculo para la evolución de la izquierda abertzale hacia su autonomía respecto de ETA y, en definitiva, hacia la democracia. Tal afirmación choca frontalmente con la experiencia, toda vez que, cualquiera que haya sido el comportamiento del mundo exterior, la organización civil siempre ha optado por la misma alternativa: cobijarse bajo el manto de la organización terrorista. Insistir, por tanto, desde el campo democrático, en que la aplicación rigurosa de la ley obstaculiza no se sabe qué evolución positiva por parte de la izquierda abertzale no es sino ofrecer a los más recalcitrantes de ese mundo una inmejorable coartada para su inmovilismo. Por el contrario, sólo el rigor del Estado de Derecho, y de todas sus instituciones sin excepción, podrá alimentar la esperanza de que la izquierda abertzale llegue algún día a la conclusión de que la huida hacia adelante que sus líderes protagonizan es una huida hacia la nada, que conduce inexorablemente a sus militantes a un callejón sin salida.

La república bananera de ZP
EDITORIAL Libertad Digital  14 Octubre 2007

La agria discusión mantenida entre la vicepresidenta del Gobierno y la presidenta del Tribunal Constitucional (TC), María Emilia Casas, el pasado 12 de octubre es mucho más que una anécdota. Este enfrentamiento simboliza una de las mayores amenazas para la democracia y el Estado de Derecho, el asalto ejecutivo al Poder Judicial.

El Tribunal Constitucional es una institución de carácter híbrido, político-judicial, cuya concepción moderna como órgano distinto del Tribunal Supremo se debe a las aportaciones teóricas del austriaco Hans Kelsen y el alemán Karl Lowenstein en los años veinte y treinta del siglo XX. Preocupados por las tendencias bonapartistas y autocráticas de muchos políticos, estos expertos idearon una jurisdicción constitucional independiente a fin de controlar los excesos de los otros poderes, especialmente el Ejecutivo. En la actualidad, muchas naciones, entre ellas Francia, Alemania y España, y numerosos estados iberoamericanos, cuentan con tribunales constitucionales de este tipo.

Sin embargo, más allá del número de instituciones de control, la calidad democrática depende de una serie de usos y costumbres basados en el respeto al Estado de Derecho y al principio de separación de poderes. Así, el asalto ejecutivo sobre el Poder Judicial por medio de nombramientos y destituciones arbitrarias, juicios políticos, amenazas y leyes cuyo único objetivo es el cese o perpetuación de algunos jueces es uno de los vicios que lastran el desarrollo democrático de muchos países, especialmente los africanos y los americanos situados al sur del Río Grande.

Dados estos precedentes, la iniciativa del Gobierno de recusar a dos magistrados del TC es una decisión más propia de dirigentes con vocación de caudillos que de una democracia consolidada. Ante el riesgo de que algunas leyes, como el nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña y la ley que permite el matrimonio homosexual, puedan ser enmendadas por el TC, el Gobierno decidió ampliar el mandato de su presidenta y vicepresidente, cuyas posiciones se presumen próximas a las mantenidas por el Ejecutivo. Sin embargo, el recurso del PP a esta ley y su probable aceptación por el tribunal debido a la obligada ausencia de los dos magistrados objeto de la polémica, ha llevado al Presidente del Gobierno a poner en marcha una medida que sólo cabe en situaciones de emergencia.

La recusación de magistrados del TC por la abogacía del Estado sólo procede en casos de extrema gravedad, como por ejemplo la parcialidad manifiesta o la negativa del tribunal a aplicar a sus miembros alguna de las causas de recusación. Ninguna de esas circunstancias se pueden esgrimir para justifica el intento por parte del Gobierno de apartar a dos magistrados denominados “conservadores” de la votación sobre el futuro de María Emilia Casas y Guillermo Jiménez.

La bronca de María Teresa Fernández de la Vega a la presidenta del TC no es sólo un comportamiento estética y moralmente reprobable, sino que ejemplifica a la perfección el talante autoritario y antidemocrática que caracteriza la política de José Luis Rodríguez Zapatero. La la dignidad no consiste en poseer honores, sino en merecerlos.

La esperpéntica inquina de la desmemoria histérica.
Antonio Javier Vicente Gil Periodista Digital 14 Octubre 2007

Los progres rojos socialistas de izquierdas solidarios multiculturales y policivilizaciones ven que llega la hora de la revancha histórica, el momento tanto tiempo deseado por estos antifranquistas de salón de derrotar a Franco y rehacer así la historia. Están histéricos y eso les eleva a las más altas cotas de la estulticia, del revanchismo, de la inquina anticatólica, del ahora se van a enterar. Llegan al extremo de la insensatez cargada de disparate y de burricie de obligar a que se borren de las paredes de algunas iglesias las listas de sacerdotes asesinados por los rojos durante la guerra civil, y digo rojos porque es un término del que se siente orgulloso su proponente desmemoriado Zapatero.

El País del sábado publica un artículo que lleva como subtítulo una mentira, como suele ser habitual, “Mensajes con los días contados. Templos emblemáticos de la Iglesia en Andalucía con símbolos franquistas reciben inversiones millonarias del Estado”.

Estos progres están encorajinados con ciertas iglesias que lucen en sus pareces listas de nombres de sacerdotes asesinados por los rojos durante la guerra civil. El asesinato es un hecho, no es discutible, y quieren que borren sus nombres porque son símbolos franquistas que llevan implícito un mensaje fascista. ¿No sería mejor dejarlos porque son símbolos izquierdistas ya que los asesinos lo eran?. Si en esas piedras hubiese escrito un panegírico al dictador, alabando sus logros en la guerra civil, pues digamos que la estulticia no sería tanta como quitar nombres de sacerdotes en una iglesia. Hay que ser burros.

“En la catedral de Jaén, entre el coro y el presbiterio, estratégicamente situadas alrededor de los feligreses que asisten a misa, todavía se relacionan públicamente, en cuatro grandes losas, los 125 sacerdotes inmolados en la provincia de Jaén bajo el siguiente epitafio: "Reverendos sacerdotes diocesanos asesinados en la revolución marxista julio de 1936 a marzo de 1939".”

“Una de las huellas que se mantiene en el templo más visitado y emblemático de la ciudad y que es más evidente está justo a las espaldas de la capilla central del edificio. Allí, permanecen dos enormes placas colgadas de un muro. En ellas aparecen los nombres de 80 sacerdotes diocesanos de Córdoba. La placa está dedicada a esos curas que, según reza la inscripción, "perdieron su vida por Cristo en la persecución religiosa 1936-1939". Por si fuera poco, las dos placas están colocadas en un lugar destacado de la mezquita.”

Y todo el rato recordando los miles de euros que da el gobierno para arreglar esos monumentos y que se los pueden quitar si no se avienen a la barbarie histérica de la piqueta de borrar.

Mensajes franquistas mas grandes, enormes, gigantescos que las presas, ferrocarriles, autopistas, casas baratas etc no hay ¿los van a volar?, seguro que a más de uno se les habrá ocurrido. La estupidez humana no tiene límites y demostrado queda. Igual la segunda fase de la desmemoria histórica sea eliminar de los libros, todos ellos, los mensajes franquistas. Y probablemente la tercera fase sea declarar urbi et orbe que Franco no ha existido y ¡vale ya!. Como decía mi abuelo, solo hay una cosa peor que un papapanatas progre y esa cosa es un papanatas de izquierdas con acceso al BOE.

Zapatero, nosotros también queremos la paz, ¡déjanos en paz!, que ya sabemos que tu ley de la desmemoria histérica solo es un hito más en tu hoja de ruta al infierno.

Simplemente, no (Ibarretxe en La Moncloa)
JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS. Director de ABC 14 Octubre 2007

EL lendakari del Gobierno vasco acude el próximo martes a La Moncloa para plantear al presidente del Gobierno de España nada menos que «un pacto político» que, de lograrse, los ciudadanos del País Vasco respaldarían, o no, mediante una «consulta ratificadora» el día 25 de octubre de 2008. Si no hay «pacto político», ese mismo día del año venidero también habría llamada a unas fantasmales urnas, pero sería una «consulta habilitadora» que, según palabras textuales de Ibarretxe, «traslade un mandato imperativo a todas las partes, ETA, Gobierno español y partidos políticos vascos, con el objeto de desarrollar un doble proceso de diálogo y negociación que desemboque en el final de la violencia y en la solución al conflicto de normalización política en un tiempo fijado». En otras palabras: o Rodríguez Zapatero le garantiza a Ibarretxe la viabilidad de un plan independentista como el que rechazó el Congreso en 2005, o el lendakari pedirá una «habilitación» para declarar unilateralmente la soberanía de Euskadi y, en consecuencia, su «libre asociación» con el Estado español.

El pequeño problema de este excéntrico planteamiento nacionalista consiste en un hecho relevante: ni el presidente del Gobierno español ni ninguna institución -legislativa o judicial- pueden disponer de la Nación española. España es una realidad indisponible, anterior a la Constitución -que la formaliza y articula como Estado-, y el País Vasco una comunidad autónoma -una nacionalidad, en términos constitucionales- que forma parte de la Nación y del Estado. La respuesta del presidente del Gobierno el martes sólo puede ser, en consecuencia, negativa: ni él, como tal presidente, ni ninguna otra institución pueden urdir un «pacto político» para quebrar la soberanía nacional y aceptar un proceso de secesión. Si existe una mayoría parlamentaria en el País Vasco, cabe una reforma del Estatuto de Guernica, y ésta sólo será aceptable si se atiene a la Constitución. Y no hay ningún otro margen, ni caben «consultas ratificadoras», ni «consultas habilitadoras» ni ninguna otra zarandaja verbalizada en una jerga no lo suficientemente críptica como para que hasta el más lerdo pueda entender que lo que Ibarretxe trae bajo el brazo es la reclamación segregacionista que ya naufragó tiempo atrás, y lo hizo, además, irremisible y definitivamente.

El asunto que plantean el PNV y adláteres resultaría grotesco si no fuera porque tras de ese plan secesionista humea la pistola etarra, crepita el miedo al chantaje de empresarios y profesionales y se difunde el temor a la violencia callejera, indiscriminada y bárbara. Sería grotesco -pero no lo es- si no fuera porque Ibarretxe clava su pretensión en el dolorido lomo de una Nación cuya autoestima ha sido zarandeada -no deja de ser una realidad «discutida y discutible» según el mismo presidente del Gobierno-; cuya «memoria histórica» se ha abierto en canal para que vuelva a sangrar la herida del enfrentamiento bélico del siglo pasado y emerjan a la superficie sus prolegómenos y sus epílogos, ambos trágicos y fratricidas; cuya lengua -el castellano en España, español fuera de ella- es marginada y estigmatizada en comunidades con otra lengua española, sea el eusquera o el catalán; cuya forma de Estado -la Monarquía parlamentaria- es injuriada y cuyo titular -el Rey- debe salir a reivindicarla ante el silencio de unos y el ruido y la piromanía de otros; y, en fin, cuyos hábitos, valores y principios éticos de carácter social han sido volteados sectariamente escindiendo a los españoles de manera dudosamente reversible.

Ibarretxe, como todos los nacionalistas, aprovecha el momento de mayor desconcierto nacional, la situación de más tensa confrontación entre los partidos nacionales, la coyuntura de más incertidumbre institucional, para agravar toda la sintomatología con una rimbombante y tramposa reclamación soberanista. Si fuésemos patriotas en la mejor y más elevada acepción del concepto, el lendakari y su pretendido «pacto político» debían cursar como lo hacen las crisis de recuperación: superando como en 2005 la división que nos atraviesa para, en coro político y social, con sobriedad y determinación, decir, simplemente, no.

Puede que buena parte de la responsabilidad de lo que viene a plantear el presidente del Gobierno vasco sea de la errática política de Rodríguez Zapatero en el manejo de la cuestión territorial; puede que el fracaso del llamado «proceso de paz» esté en la raíz de este nuevo asalto a la integridad de España y de su Estado; resulta muy verosímil que la debilidad gubernamental con los radicalismos de ERC y de otros haya envalentonado a los «duros» y anulado la contemporización de los «moderados» como Josu Jon Imaz. Puede -es más, lo creo- que todos esos factores estén en el origen de este viaje a Madrid de Ibarretxe para pedirnos -«amablemente»- que nos suicidemos como Nación. Pero no estoy nada seguro de que sea éste el momento de dirimir esas diferencias.

Quizá por mi condición de vasco transterrado -me pasa como a Jon Juaristi, que bendice todos los días este exilio interior- me conmina más en este trance la unidad de acción que la dispersión de la discusión, y, en consecuencia, debemos hacer lo que el aforismo latino nos aconseja: primero, vivir -como Nación-, y después, filosofar cómo la organizamos. Porque de lo contrario, Ibarretxe se dará por satisfecho si regresa a Vitoria después de haber provocado otra monumental bronca en Madrid y sus aledaños y separado aún más las dos orillas en las que acampan los españoles en estos tiempos convulsos.
Sospecho que, conociendo como conozco a los nacionalistas sinuosos y melifluos como Ibarretxe, brazos ejecutores de sabinianos dieciochescos como Arzalluz o filobatasunos como Eguibar, se dará inicialmente por satisfecho si con su propuesta de imposible «pacto político» y su amenaza de «consulta ratificadora y habilitadora» logra acentuar la crisis nacional por la que transita España y agrupar así a sus huestes nacionalistas desperdigadas bajo siglas y discursos que el PNV tiene la urgente necesidad de unificar para así presentarse a las elecciones generales con el nervio separatista tenso, sustituyendo -en radicalidad y bronquismo- a los encarcelados heraldos de los terroristas.

Los partidos, en determinados momentos de la historia, deben percibir cuáles son los mojones que delimitan su propio sentido y su auténtica función. Si ellos son los que encauzan el pluralismo ideológico de la comunidad nacional, se deben a ese menester en el servicio de la sociedad española en su conjunto y si ésta, como titular de la soberanía, se diluye o desaparece, queda mutilada o desmembrada o, simplemente, remitida verbal y políticamente al trastero de los cachivaches inútiles, su función se esfuma porque la Nación es la patria de las libertades y sin ella caemos en el vacío. Ese vacío es el que desea el siniestro visitante del martes -admitamos que Ibarretxe es, en versión caricaturizada, siniestro- para ocuparlo con la ensoñación mítica de una Euskadi que, sin España y en España, deviene en inviable. En un puro esoterismo político e histórico.

Superávit de asesores en La Moncloa
Editorial ABC 14 Octubre 2007

SEGÚN dice el apartado tercero del Código de Buen Gobierno aprobado por el Ejecutivo socialista en marzo de 2005, las autoridades «administrarán los recursos públicos con austeridad». Este encomiable mandato es incompatible con la extensa nómina de asesores reclutados por La Moncloa desde que Rodríguez Zapatero accedió al poder en marzo de 2004. En la actualidad, la Presidencia del Gobierno tiene a su disposición un total de 682 asesores, cifra que se reducirá a 656 en 2008, 106 más que José María Aznar, con un coste anual de 28 millones de euros (más de 4.600 millones de pesetas). La reducción prevista para el próximo ejercicio se debe no a la reducción de plantilla, sino al traspaso al Ministerio del Interior de la veintena de personas asignadas al Alto Comisionado de Ayudas a las Víctimas del Terrorismo, órgano incardinado actualmente en la estructura de la Presidencia del Gobierno.

El Ejecutivo ha intentado justificar estos números desorbitados por la «mayor dimensión» de la Oficina Económica del presidente del Gobierno y por la aplicación del «Plan Avanza» para la implantación de las nuevas tecnologías en la estructura administrativa. Ninguno de ambos argumentos parece convincente para explicar de forma satisfactoria tan ingente cantidad de asesores y gastos. Apelar a la Oficina Económica del presidente como razón de Estado para esta inversión es, además, un sarcasmo, teniendo en cuenta la falta de criterio que caracteriza la política económica del Gobierno, especialmente en los últimos meses. El jefe del Ejecutivo hace promesas que el vicepresidente económico, Pedro Solbes, no secunda, pero tampoco rectifica, lo que hace que pierda autoridad en un equipo en el que los últimos en llegar -los ministros Chacón y Soria- se permiten también hacer compromisos presupuestarios sin que el máximo responsable del Ministerio de Economía haya dado su visto bueno, aunque al final haya tenido que pasar por el aro de las necesidades electorales del PSOE. Para este desconcierto económico, en el que no son fiables ni las previsiones sobre las que se ha construido el presupuesto de 2008, no hace falta tanto asesor, sino una cabeza responsable. Por otro lado, esta oficina personal de Zapatero debe principalmente su «fama» a la derrota electoral de quien fue su director -Miguel Sebastián- y a la denuncia de haber preparado un «dossier» contra el presidente del Banco Bilbao Argentaria, Francisco González. Pobre balance, sin duda.

Tampoco es aceptable la explicación de que esta legión de asesores prepara las respuestas a las preguntas parlamentarias de la oposición. El PP ha hecho cuentas y resulta que, desde el comienzo de la legislatura, no sale más de una respuesta por asesor a la semana, lo que arroja un índice de productividad manifiestamente mejorable -quizá esto explique la partida de 4,24 millones de euros para «incentivos al rendimiento», prevista en los presupuestos de 2008-, sobre todo si se tiene en cuenta que cada ministro tiene su propio gabinete de asesores, además de una secretaría general técnica que le suministra información exhaustiva de la actividad de su departamento.

Todo responsable político tiene derecho a crear un equipo de confianza, pero las cifras de La Moncloa, también dignas de comentarios en otros aspectos -como la reforma de la Sala de Prensa, que ha costado más de 600.000 euros-, exceden por completo de lo sensato y de lo habitual. Más aún, si se comparan con la agenda del presidente del Gobierno, que no justifica esa cohorte de asesores. Basta detenerse en su actividad exterior, por ejemplo, para llegar a la conclusión de que no son precisamente razones de diplomacia las que explican tan extensa nómina. Tampoco la calidad de sus intervenciones públicas, ni la frecuencia de sus citas institucionales, ni actividades similares alcanzan grados tales que den por bueno el gasto anual de 28 millones de euros para los 682 asesores que ha alcanzado La Moncloa en este año. Bueno es recordar que al comienzo de la legislatura la vicepresidenta primera presentó el recorte de altos cargos de la Administración como una prueba de su austeridad. Poco duraron las buenas intenciones.

Hacer una escena
Luis del Pino Libertad Digital 14 Octubre 2007

Hay escenas que tienen la virtud de resumir la situación de un país como ningún artículo podría. Es el caso, por ejemplo, de la bronca pública que María Teresa Fernández de la Vega le echó a María Emilia Casas en el desfile del Día de la Hispanidad.

Son muchas las cosas que se pueden adivinar en esa escena. Se puede ver, por ejemplo, cómo la Presidenta del Tribunal Constitucional intenta mantener la compostura en el desfile, prestando atención al paso de las tropas, mientras que la Vicepresidenta del Gobierno se desentiende de la solemnidad del momento y se gira materialmente hacia María Emilia Casas para abroncarla a placer. Se adivina a María Emilia violenta por la escena, intentando cortar la pública discusión, mientras que María Teresa demuestra que le importa una higa hacer una escena en público y le importan otra higa y media el desfile que está presenciando y su papel institucional en el mismo.

La escena ejemplifica, asimismo, la degradación institucional a la que nos hemos visto abocados. No se puede encontrar mejor plasmación de la actitud soberbia de quienes detentan el poder convencidos de que no existe freno que no pueda, y deba, ser desmontado. ¿Quién se cree que es, quién ha llegado a creerse que es, la Vicepresidenta del Gobierno para humillar en público a la Presidenta del Tribunal Constitucional? ¿Hasta qué punto hemos llegado, dentro de la estrategia de supeditación de todas las instituciones al Ejecutivo, para que un miembro del Gobierno abronque a María Emilia Casas como quien le echa en cara a su lacayo que la jícara de chocolate no estaba lo bastante caliente? Porque, aunque el Tribunal Constitucional no forma parte del Poder Judicial, Fernández de la Vega está abroncando, en esa escena vergonzosa y humillante, a todos y cada uno de los jueces que se atrevan a no cumplir las órdenes con la suficiente diligencia.

Se puede suponer también de qué están discutiendo, si tenemos en cuenta que el Ejecutivo acababa de ordenar a la Abogacía del Estado que presentara una recusación contra dos de los magistrados que se oponen a dar su visto bueno a la liquidación definitiva de la Constitución. Una orden, ésta del Ejecutivo, que no tiene precedentes dentro de nuestro sistema democrático. Una orden, además, que choca frontalmente con los argumentos que la propia Abogacía del Estado utilizó para oponerse a la recusación de Pérez-Tremps. No hace falta tener una mente muy imaginativa para adivinar que la Vicepresidenta le está ordenando a María Emilia Casas lo que debe hacer para volcar la situación en el Constitucional a favor de las tesis del Gobierno.

Sin embargo, también se vislumbra otra cosa importante en esa escena: que existe un resto de dignidad en todas las instancias, y que todas las personas tienen su límite de obediencia. Si no fuera así, es decir, si la Presidenta del Constitucional fuera una mera correa de transmisión de los deseos del Ejecutivo, esa humillación pública no hubiera sido necesaria.

¿Tendrá efecto la desagradable bronca? ¿Conseguirá esa escena montada por Fernández de la Vega que María Emilia Casas agache la cabeza y obedezca, poniendo definitivamente el Tribunal Constitucional al servicio del Gobierno? La respuesta a esta pregunta será un buen indicio de si la Presidenta del Constitucional ha decidido conservar su propia dignidad y la de la institución que preside, o si, por el contrario, las ha dado definitivamente por perdidas. Pronto tendremos la respuesta.

Y no se pierdan tampoco lo mejor del vídeo: observen la cara de Moratinos durante el tiempo que dura la bronca. Y observen, sobre todo, sus manos. Son todo un poema.

EN PLENO DESFILE MILITAR
La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, y la presidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas, mantuvieron una encendida discusión en la tribuna de autoridades mientras se celebraba el desfile de las Fuerzas Armadas. Las imágenes fueron captadas por las cámaras de Libertad Digital Televisión.
Libertad Digital 14 Octubre 2007

Al hacer la habitual panorámica de la tribuna de autoridades las cámaras de Libertad Digital Televisión se encontraron con una escena digna de reseñar. Son cuatro las personalidades que aparecen en el plano. De izquierda a derecha: Manuel Marín, presidente del Congreso; María Emilia Casas, presidenta del Tribunal Constitucional; María Teresa Fernández de la Vega, vicepresidenta del Gobierno y Miguel Ángel Moratinos, ministro de Asuntos Exteriores.

Los dos hombres, Marín y Moratinos, prestaban atención en silencio al desfile de tropas que discurría pocos metros más abajo, en pleno Paseo de la Castellana. Pero a De la Vega y a Casas les importaba bien poco. Sin ahorrar en gesticulaciones mantenían una discusión en la que María Teresa parecía encadenar reproches a María Emilia.

Este jueves, víspera de la Fiesta Nacional, el Consejo de Ministros habilitó a la Abogacía del Estado para recusar a los magistrados conservadores del Tribunal Constitucional Roberto García Calvo y Jorge Rodríguez-Zapata. La decisión no tiene precedentes de Democracia y está encaminada a inclinar las fuerzas del Tribunal para tumbar el recurso de inconstitucionalidad presentado por el PP contra el Estatuto de Cataluña. Aunque es complicado averiguar el contenido íntegro de la conversación, la cercanía entre esa decisión del Gobierno y la viva discusión entre dos de sus protagonistas hace que no sea difícil imaginar de qué hablaban.

Sobre esta polémica se pronunciaron este viernes durante la recepción Real Zapatero y Rajoy. Zapatero ha recordado que los tribunales constitucionales, que ha precisado que en algunos países se denominan tribunales supremos, representan la pluralidad.El presidente del PP acusó al Gobierno de estar "politizando" todo.

El Gobierno vasco acusa a los radicales de sembrar las calles de «fascismo y terror»
Azkarate replica a Elorza que el Tribunal Superior autorizó el acto de Falange y el alcalde insiste en que faltó previsión para contrarrestar la kale borroka
I. M. / A. V. El Correo 14 Octubre 2007

Puro «fascismo». Esa es la consideración que, para el Gobierno vasco, tienen los graves altercados que cientos de violentos protagonizaron el viernes en San Sebastián, supuestamente con la intención de impedir un acto convocado por la Falange. Los disturbios, ejecutados con tácticas de guerrilla urbana por «grupos perfectamente organizados», causaron numerosos destrozos en vehículos de transporte público, sucursales bancarias y mobiliario urbano y se saldaron con la detención de dos personas, una de ellas menor de edad. Los problemas de la Ertzaintza para reestablecer el orden ante la magnitud de los incidentes reavivaron, además, la polémica en la que se enzarzaron el alcalde de San Sebastián, el socialista Odón Elorza, y el Ejecutivo autónomo el pasado verano, tras otro episodio de violencia radical registrado en plena Semana Grande donostiarra.

En una comparecencia ante los medios de comunicación celebrada en San Sebastián, la portavoz del Gobierno vasco y titular de la consejería de Cultura, Miren Azkarate, expresó la más rotunda condena del tripartito y también respondió a las críticas que, este mismo viernes, lanzó Elorza tanto contra el lehendakari como contra el Departamento de Interior.

Azkarate destacó que los altercados fueron obra de «grupos perfectamente organizados que vinieron a crear terror y a incendiar las calles». Los violentos, añadió, quisieron aprovecharse de la buena voluntad de muchos de los mil jóvenes que asistieron al «festival antifascista» que se celebró, hasta poco después de las cuatro de la tarde, en el Boulevard donostiarra. «Espero que los jóvenes que de buena fe pensaban estar participando en un acto antifascista se hayan dado cuenta de con quién se juegan los cuartos», señaló.

Este 'festival', organizado en respuesta a la manifestación de la Falange convocada para las cinco de la tarde en el mismo Boulevard, centro neurálgico de San Sebastián, terminó convirtiéndose en el foco original de los disturbios. Cuando la Ertzaintza intentó despejar la zona para evitar enfrentamientos con los ultraderechistas que, según lo previsto inicialmente, debían llegar poco después, numerosos jóvenes comenzaron a lanzar a los agentes botellas de cristal con petardos en su interior. La caótica situación que se vivió durante las horas posteriores en gran parte de la ciudad hizo que la Policía vasca recondujera la concentración falangista hasta el aparcamiento de un centro comercial situado en las afueras.

A la vista de lo ocurrido, Azkarate denunció «que un tipo de fascismo intente impedir que otro grupo falangista venga a manifestarse aquí , dado que si se quiere impedir que la Falange venga a las calles de Donostia, sembrar el terror e incendiar las calles nunca es el camino». La portavoz del Gabinete Ibarretxe también rechazó la «actitud de provocación que supone por parte de la Falange que quieran venir a manifestarse aquí . No cuestionamos la legalidad de que lo puedan o no lo puedan hacer, pero sí denunciamos que no necesitamos que nadie venga a imponernos ni sentimientos, ni identidades, ni enseñas nacionales. Ya somos mayorcitos y tenemos nuestras identidades plurales», dijo.

«Necesaria autocrítica»
Completado el capítulo de las condenas, la consejera de Cultura no pasó por alto las críticas de Elorza, quien, al igual que hizo el pasado agosto, volvió a preguntar al lehendakari Juan José Ibarretxe «hasta cuándo» tendrán que «soportar los donostiarras actos de provocación y odio que persiguen causar miedo» entre la ciudadanía. El alcalde responsabilizó, asimismo, al Departamento de Interior de que se «autorizara una concentración de la extrema derecha» en el Boulevard. «¿Estamos locos?», añadió.

Sobre este último extremo, Azkarate replicó a Elorza que a quien tiene que pedir responsabilidades es al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que fue el que atendió el recurso presentado por los grupos de Falange contra la prohibición inicial de Interior.

La portavoz del Ejecutivo tachó de «ciertamente lamentables» las declaraciones del regidor donostiarra, a quien acusó de haber actuado «con ligereza y con una profunda demagogia». Asimismo, reprochó a Elorza que incurra «en la misma estrategia» que el PSOE imputa al PP en política antiterrorista. «Se suponía que estábamos todos en la lucha contra el terrorismo y que compartíamos unas bases democráticas», dijo.

Las palabras de Azkarate no convencieron en modo alguno al mandatario donostiarra, quien ayer reiteró que «ante lo que se estaba preparando en San Sebastián por parte de grupos extremistas de distinto signo», existió una falta de previsión. A su modo de ver, la portavoz del Gobierno vasco «oculta la necesaria autocrítica ante lo ocurrido en un bosque de descalificaciones personales al alcalde de la ciudad». Elorza también lamentó que sólo había recibido una llamada del diputado general, Markel Olano. «Ni el consejero de Interior, ni Miren Azkarate ni el lehendakari se han interesado por la situación de Donostia».

El alcalde espera explicaciones. «El Gobierno vasco deberá argumentar por qué Interior había autorizado tres actos en el Boulevard antes de la concentración de la extrema derecha». Además, censuró que el Tribunal Superior autorizara esa marcha, porque «se podía entender como un acto contra el orden público y la legalidad constitucional. ¿Quién le va a pedir cuentas».

Dispositivo policial
Entre la larga lista de condenas que se conocieron ayer, el secretario general del PP vasco, Carmelo Barrio, tachó de «fascistas» y «nazis» a los integrantes del mundo de «ETA-Batasuna». Mikel Arana, portavoz de la presidencia de EB, dirigió el foco de sus críticas al PSOE y el PP, a los que consideró «responsables directos» del «envalentonamiento» de la extrema derecha con sus «rifirrafes» sobre la unidad de España.

A preguntas de los periodistas, Azkarate indicó que será el Departamento de Interior el que valore si el dispositivo que montó la Ertzaintza en San Sebastián era suficiente o no. En todo caso, subrayó que la Policía autónoma actuó «con profesionalidad y entregando todo lo que tenía». Además, la consejera deseó que estos incidentes no sean el preludio de otras actuaciones similares por parte de los violentos, a quienes advirtió de que «si quieren ir por ese camino, encontraran enfrente al Gobierno vasco. Si ese es el marco democrático que quieren para este pueblo, me parece que pocos aliados van a encontrar», sentenció.

EN 2007 SE RODEA DE 682, 132 MÁS QUE AZNAR
Zapatero se gasta en asesores 28 millones de euros al año
Los propósitos de austeridad proclamados por De la Vega han vuelto a quedar en evidencia a juzgar por la cohorte que asesora al presidente. Según publica este domingo ABC, Zapatero se gasta 28 millones de euros del Estado al año en asesores. En 2007 cuenta con 682 asesores, 132 más que Aznar. En 2008 serán 656. El Ministerio de Presidencia explica que se debe a "la mayor dimensión de la oficina económica". Manuel Conthe denunció en el Congreso graves irregularidades que implicaban a este gabinete en los asaltos al BBVA y Endesa.
Libertad Digital 14 Octubre 2007

Al hilo del debate presupuestario que se desarrolla estos días en el Congreso, el diario ABC publica este domingo una sorprendente noticia. El presidente del Gobierno cuenta, para su actividad personal, con un séquito de asesores que asciende, en 2007, nada menos que a 682 personas. Un tratamiento personalizado que cuesta al estado 28 millones de euros.

En concreto, y según las cifras que publica ABC, en 2007 cuenta con 682 asesores. Pero el Gobierno rebaja estas cifras de cara al 2008. En total, el proyecto de presupuestos para el próximo año contempla un gasto cercano a los 28 millones de euros para un total de 656 asesores.

En 2004, Aznar contaba con un total de 550 asesores. Una cifra que Zapatero incrementó hasta 565 en su primer año como presidente, 584 en su segundo año y 682 en el tercero. En principio hay presupuestados 656 asesores para 2008.

El 19 de abril de 2004, en su primera comparecencia pública tras tomar posesión del cargo de vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega proclamaba que "este Gobierno quiere que una de sus señas de identidad sea la austeridad, tanto en el gasto como en los comportamientos institucionales y personales". Un mensaje que daba sentido a las promesas electorales del PSOE.

Preguntado por el PP -durante la comisión de presupuestos del Congreso- a cerca de este incremento de personal y gasto, el Ministerio de la Presidencia explicó que se debe a "la mayor dimensión" de la Oficina Económica del presidente. Precisamente, se trata de una de las áreas de Moncloa que más polémica ha generado. Primero presidida por Miguel Sebastián y más tarde por David Taguas, la asesoría económica del palacio de la Moncloa se ha convertido en el centro de todas las miradas. Los dos casos más relevantes en los que se ha visto implicada son el asalto al BBVA, y Endesa.

En el primero de ellos, Manuel Conthe atribuyó la operación de acoso al presidente de la entidad bilbaína Francisco González a una "triangulación perturbadora" formada por dicha oficina, la cadena SER y el vicepresidente de la CNMV, Carlos Arenillas. En aquella operación, la Oficina Económica de Moncloa habría sido la encargada de redactar el dossier que comprometería a Francisco González con ayuda de Arenillas en la CNMV y que el periodista Javier Ruiz de la SER se encargaría de difundir en rigurosa exclusiva.

Una Oficina Económica sobre la que también cae la sospecha de haber cometido “graves irregularidades” en el asalto a Endesa. David Taguas, -actual asesor económico de Zapatero y presidente de esta oficina- se reunió con Fulvio Conti –Consejero Delegado de Enel- y con Joan Clos en Roma, unos días antes de que la compañía púbilca italiana Enel se hiciera con un 10 por ciento de Endesa cuando E.On estaba a punto de culminar su operación.

Además, la pasada semana, el consejero delegado de Prisa, Juan Luis Cebrián, atribuía a "brujos visitadores de Moncloa" una estrategia para "ocupar el espacio financiero y mediático al hilo de su influencia en el entorno del presidente". Unos brujos visitadores a quienes atribuía el asalto a Endesa y el BBVA.

Más explicaciones
Además de la "dimensión de la Oficina Económica", Presidencia afirma que el incremento de presupuesto y asesores en Moncloa se debe al "desarrollo de las nuevas tecnologías y la modernización de la estructura que supone la implantación del Plan Avanza".

Entre los casi 28 millones de euros que cuestan al estado las funciones de estos asesores. 4,24 millones se van en conceptos de “incentivos al rendimiento, otros 4,13 se destinan a "complemento de productividad" y 111.720 euros de "gratificaciones".

En el debate de presupuestos, se discuten las cuentas aprobadas por el Gobierno para 2008 en las que el número de asesores se reduce hasta los 656 con el gasto de 28 millones de euros. Unas cifras que siguen siendo escandalosas en opinión del PP que las ha calificado de "faraónicas". Ante esta afirmación, Presidencia contestó que se trata del "personal necesario para contestar con diligencia" las decenas de miles de preguntas parlamentarias que se dirigen al Gobierno.

El PP denuncia que si Zapatero ha contestado de 133.315 preguntas escritas durante toda la legislatura y sus asesores sólo se dedican a esta labor, a cada uno de ellos les toca algo más de 200 respuestas, 50 al año o una a la semana. El PP denuncia que no parece mucho trabajo, si se tiene en cuenta, también que los servicios técnicos de los ministerios suelen colaborar en la contestación de las preguntas.

Interior
La última oferta de ETA «garantizaba» a Zapatero una legislatura más en el poder
Uno de los requerimientos primordiales era la legalización del partido ASB y la unidad vasconavarra
J. M. Zuloaga La Razón 14 Octubre 2007

Madrid- ETA reproduce, en el último número de su publicación interna «Zutabe», el texto del acuerdo que ofreció al Gobierno en las últimas conversaciones celebradas poco antes de las elecciones municipales del pasado mes de mayo. Aunque el Ejecutivo no aceptó la propuesta de la banda criminal y, semanas después, se produjo la ruptura del alto el fuego, fuentes antiterroristas consultadas por LA RAZÓN subrayan que la oferta de los pistoleros demuestra en qué términos se planteó la negociación, lo que pone «los pelos de punta».

ETA hacía una vaga promesa, ya que no daba fechas ni plazos, de «desactivar la lucha armada y desmantelar sus estructuras militares», y planteaba una serie de exigencias, unas de carácter inmediato y otras que debían cumplirse a lo largo de la próxima legislatura. Los terroristas daban, por lo tanto, como seguro, que José Luis Rodríguez Zapatero repetiría como presidente del Gobierno (era conocida la postura contraria de Mariano Rajoy y del Partido Popular) y que ello se debería, en gran parte, al alto el fuego que pensaban mantener.

Las peticiones que el Ejecutivo debía cumplimentar sin demora eran la legalización, dentro del mes de mayo, del «partido Abertzalen Sozialisten Batasuna (ASB), así como las listas populares presentadas para las elecciones municipales y forales. Tras la legalización, el Gobierno garantizará que ningún miembro, estructura ni actividad política de dicha organización será objeto de persecución por parte de los poderes del Estado español en el desarrollo de actividad política».

Ley de Partidos
Una vez celebrados estos comicios, el «Gobierno español adquiere el compromiso de derogar la Ley de Partidos» en el plazo máximo de seis meses.

Pero la petición más importante era, como siempre, la del «acuerdo político». Para ello, ETA apelaba a la declaración, con su «preámbulo y aclaraciones», pactada, según la banda, en las conversaciones que dieron lugar al alto el fuego y que es la que debía leer el presidente del Gobierno en su versión abreviada. Es decir, sin esas «aclaraciones», algunas de ellas concernientes a Navarra, que podían poner a la opinión pública en contra del «proceso». La que, finalmente, pronunció Rodríguez Zapatero, como pistoletazo de salida de la negociación, con referencias a la Constitución, contrarió a los terroristas, pese a que Batasuna la saludara alborozada, y marcó el principio del fin de dicho proceso.

Ese «acuerdo», que debía ser fruto de las conversaciones que mantenían socialistas, nacionalistas del PNV y Batasuna, debía incluir «la unidad territorial entre Álava, Guipúzcoa, Vizcaya y Navarra, establecimiento de un único marco jurídico político para los cuatro territorios, que deberá ser refrendado por los ciudadanos vascos».

Vencedor en los comicios
«El acuerdo -agregaba la propuesta etarra que daba por supuesta la victoria de Zapatero en las elecciones generales de marzo de 2008- se implementará y desarrollará durante la legislatura del Gobierno español que finaliza en 2012 siendo consecuencia de todo ello la resolución definitiva del conflicto político y armado».

La banda parecía hacer una concesión cuando admitía que «los cambios políticos se realizarán partiendo de la legalidad vigente modificable en el futuro», pero precisaba que «en ningún caso será un limite para la voluntad del pueblo vasco, sino garantía de su ejercicio».

Liberación de presos y menos presencia policial
ETA también pedía la «liberación de los presos políticos que padecen enfermedades graves; la derogación de la doctrina Parot y sus efectos, y la repatriación y reagrupamiento de los presos políticos en Euskal Herria». A cambio, la banda se comprometía «a mantener el alto el fuego permanente y a no realizar acciones de abastecimiento de armas y explosivos» y a «expresar de manera pública» que la tregua seguía, y que quedaba anulada «la posibilidad de respuesta armada durante el proceso». El capítulo de exigencias etarras continuaba con la «disminución palpable de la presencia policial, así como a la desaparición de presiones policiales relacionadas con las actividades políticas de la izquierda abertzale». Y que «la Guardia Civil, Policía Nacional, Ertzaintza y las fuerzas de seguridad francesas» no realizaran detenciones.

ayudas
Educación da hasta 3.000 euros a centros concertados que potencien la enseñanza del gallego

Esta iniciativa para el curso 2007-2008 pretende garantizar los derechos lingüísticos del alumnado cuyas familias opten por la enseñanza en lengua gallega.
Efe La Voz 14 Octubre 2007

La Consellería de Educación ha convocado, mediante una orden publicada el pasado 11 de octubre en el Diario Oficial de Galicia (DOG), una línea de ayudas de hasta 3.000 euros para centros privados concertados que potencien la enseñanza en gallego en el segundo ciclo de educación infantil.

Esta iniciativa para el curso 2007-2008 pretende garantizar los derechos lingüísticos del alumnado cuyas familias opten por la enseñanza en la lengua propia de la comunidad autónoma, informó la Xunta en un comunicado.

Podrán participar en la convocatoria los centros educativos privados concertados, con 2º ciclo de educación infantil en el que se imparta la enseñanza en gallego, que deberán presentar un proyecto de actuaciones que potencien esta enseñanza.

Los centros participantes recibirán de la Consellería de Educación una dotación económica de hasta 3.000 euros.

El departamento autonómico convocó por primera vez el pasado curso una línea de ayudas para potenciar la enseñanza gallega en infantil, destinada únicamente a centros públicos.

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