AGLI

Recortes de Prensa    Martes 16 Octubre   2007

El Estatuto que lo complica todo
Editorial ABC 16 Octubre 2007

LA reclamación de una selección «nacional», la promoción exterior de una cultura mutilada -Feria de Fráncfort- y, ahora, la ficticia invitación a la Bienal de Venecia como «nación sin Estado» -en palabras de Carod-Rovira- son los síntomas de un problema que amenaza con seguir resquebrajando la inserción de Cataluña en España. Lo temible no es que España se rompa, porque la Constitución no lo permite y los separatistas saben bien que con la independencia perderían nivel de vida.

Lo que realmente preocupa es que el Estado español, como organización política de la nación, acabe siendo una realidad demediada por una soberanía ejercida de facto por la Generalidad catalana. El Gobierno desprecia a todo aquel que muestra su preocupación por la evolución de un Estado que hasta ahora era autonómico, caricaturizando con brocha gorda los legítimos reparos a la implosión del sistema institucional. Que España no se rompa no significa que no pueda sufrir otros males, que pueden no quebrarla, pero tampoco la dejarían vivir como merece. La corta experiencia de la Cataluña neoestatutaria lo demuestra con creces, porque a esos hechos, que podrían pasar por anecdóticos -la selección catalana, la depuración de la cultura catalana en castellano y las ínfulas estatistas de Carod-Rovira-, se le suma la institucionalización de una relación bilateral y en régimen de igualdad entre el Estado y la Generalidad.

El nuevo estatuto catalán ha convertido en sistema político lo que hasta hace poco no eran más que ensoñaciones soberanistas, forzando una esquizofrenia constitucional, pues lo que establece la norma estatutaria no es lo que prevé la Constitución. En efecto, el Estado español está inmerso en un proceso confederal desde el momento en que una de sus leyes -el estatuto- reconoce la existencia de una segunda nación en España y la dota de un sistema de gobierno que pasa de la autonomía a la cosoberanía. Por eso, el rumbo tomado por el Gobierno tripartito catalán, con el visto bueno del central, está impregnado de una clara apariencia de inconstitucionalidad, pero al mismo tiempo cuenta con el asidero de un estatuto en la lista de espera del Tribunal Constitucional, peligrosamente empantanado en sus lances internos y sin visos de retomar con la urgencia debida su responsabilidad de juzgar la constitucionalidad de las leyes, que es lo que ha de hacer.

Mientras tanto, el compromiso del Gobierno por sus pactos con ERC y la coautoría de Rodríguez Zapatero con el estatuto catalán impiden que el Estado ejerza una defensa activa de su propia integridad. El nuevo estatuto de Cataluña, antes que la solución de estos desplantes del tripartito hacia España, va a ser un acicate para agravarlos y extenderlos. Las «soluciones» de Zapatero a la tensión territorial eran, desde el principio, más problemas para la estabilidad del modelo autonómico, con el agravante de que hacían más vulnerable al Estado. Los nacionalistas catalanes, incluido el PSC, no hacen lo que quieren, sino lo que les permiten el PSOE y un estatuto bajo sospecha de inconstitucionalidad.

Maquillar el Plan Ibarretxe como "reforma estatutaria"
EDITORIAL Libertad Digital 16 Octubre 2007

Se supone que un presidente del Gobierno leal a la nación que gobierna y respetuoso con la legalidad que debe cumplir y hacer cumplir no debería recibir a Ibarretxe mientras este no revocase públicamente su decisión de saltarse a la torera nuestro Estado de Derecho y nuestra soberanía nacional con un referéndum soberanista convocado para el 28 de octubre de 2008.

Claro que de un presidente de Gobierno que, como Zapatero, es capaz de adquirir compromisos políticos y judiciales con una organización terrorista a cambio de una "tregua cuanto antes", no nos debe sorprender que reciba al lehendakari, por muy ilegales que sean sus pretensiones. Tampoco que anuncie que en ningún caso recurrirá al articulo 155 de la Constitución, que permite la suspensión de las competencias al Gobierno autonómico que no cumpla las obligaciones que la Constitución u otras Leyes le impongan.

La absoluta negativa previa de Zapatero de aplicar el artículo 155 de la Constitución no es tanto una rendición preventiva ante Ibarretxe como el anuncio de una futura complicidad. De hecho, tal y como Zapatero también ha "adelantado" en el Foro de ABC, el presidente del Gobierno ha mostrado la disposición de los socialistas a sumarse a eso que ha denominado como un "acuerdo entre los vascos", en una maniobra que, con el objetivo de dar apariencia de legalidad al delito, arroparía como reforma estatutaria las inconstitucionales pretensiones soberanistas de Ibarretxe.

Ciertamente, con el apoyo de los socialistas, y con un futuro equilibrio de fuerzas similar al de esta legislatura, nada impediría a Ibarretxe sacar adelante un estatuto soberanista que, reconociendo la "nación vasca" y el "derecho a decidir de los vascos", podría ser sometido a referéndum en el País Vasco. De hecho, eso mismo es lo que ya se quiso a hacer, con el visto bueno tanto de Ibarretxe como Zapatero, como forma de reconducir el mismo desafío que ya lanzara el lehendakari hace tres años.

Pero para eso, tanto antes como ahora, se necesita la complicidad de ETA en forma de tregua que prestigie con la "paz" unas alianzas y unos acuerdos entre socialistas y separatistas vascos que ahora resultan electoralmente suicidas.

Como en otras ocasiones hemos señalado, la resistencia civil a que Zapatero hiciera realidad todos sus compromisos adquiridos con ETA, así como, paradójicamente, la insaciabilidad de la propia organización terrorista es lo que ha interrumpido el proceso mal llamado "de paz". Con él, el Gobierno buscaba y busca consolidar el frente anti PP y los nacionalistas acabar con el marco constitucional y español, valga la redundancia, del País Vasco.

Es evidente que para evitar que este proceso de secesión y felonía no se reanude es imprescindible que el PSOE no lo siga liderando un absoluto nihilista como José Luis Rodríguez Zapatero. O eso o confiar, como en el caso catalán, en una independencia del Tribunal Constitucional que con otra legislatura de Zapatero estaría aun más acechada.

De lo que podemos estar seguros es que el lehendakari, a pesar de la marcha de Imaz de la dirección del PNV, no se saltará la ley sin la complicidad de Zapatero y sin contar con ETA.

La legitimidad nacionalista de la violencia
Regina Otaola Libertad Digital 16 Octubre 2007

Los disturbios de este viernes en San Sebastián dan cuenta por sí solos de la legitimidad nacionalista que ampara a los violentos. La violencia sale gratis, porque se imputa su origen no a los que han cometido efectivamente los actos de terrorismo callejero, sino a aquellos que les han servido de justificación, en este caso Falange Española, cuya manifestación había sido permitida por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, ¡menos mal que el Departamento de Interior vasco no se culpa a sí mismo por ordenar a la Ertzaintza reprimir a los violentos!

Lo que pretende con esta maniobra la Consejería de Interior es ocultar además su propia negligencia a la hora de impedir unos disturbios que estaban perfectamente pensados y organizados, a imitación de los que provocan los grupos antisistema en las reuniones del Foro de Davos y otras citas internacionales. Nosotros nos preguntamos, en consecuencia, quiénes son los inductores de estos actos de terrorismo callejero, ¿acaso Pernando Barrena, el último representante autorizado de Batasuna para amenazar a la sociedad con un “recrudecimiento de la violencia hasta marzo”? ¿O algunos de sus compañeros de organización terrorista recientemente encarcelados?

Luego resulta que es la Policía vasca la que está en el punto de mira por cumplir su deber, mientras los dirigentes nacionalistas se escudan ante ETA-Batasuna en que están obligados a cumplir la Ley de Partidos, aunque luego procuren subvertirla al ofrecer a ANV-Batasuna un trato privilegiado. Pero lo que interesa apuntar aquí es la forma en la que funcionan los mecanismos de culpabilización que aplican los nacionalistas desde el Poder: en vez de asumir su obligación y prohibir la concentración convocada por, entre otras organizaciones, ANV y la ilegal SEGI, la Consejería de Interior decide inhibirse hasta que se descontrolan los acontecimientos, y entonces procede a cargar las tintas contra los convocantes del acto que ha suscitado la reacción violenta.

Es la misma estrategia que persiguen quienes buscan legitimar las protestas de ANV-Batasuna en contra de la Corporación municipal de Lizarza con la justificación de que es el PP el que crispa, el que origina esa reacción violenta como respuesta. En realidad, se trata de ocultar que en Lizarza se ha llegado a un punto en el que ningún partido político democrático parece tener derecho a presentar su candidatura, porque los proetarras consideran que es su feudo particular y que el Ayuntamiento les pertenece por derechos adquiridos de conquista.

Los nacionalistas también tratan de ocultar que el PNV se ha retirado de Lizarza por miedo o por connivencia en el reparto de zonas de influencia con ETA-Batasuna, lo que le ha llevado a desamparar a los vecinos de Lizarza para evitar, precisamente, ser acusados de crispar y violentar a los proetarras, y esquivar de esa manera cobarde la responsabilidad por los actos violentos que se pudieran producir como reacción. Nosotros desde luego nos sentimos legitimados para gobernar el Ayuntamiento, y además pensamos que sólo así podremos ir desactivando la coacción terrorista en el pueblo.

Por su parte, el PNV y los nacionalistas en su conjunto seguirán buscando razones para legitimar la violencia de ETA-Batasuna en todas sus manifestaciones, hablando de “origen político del conflicto” o de “represión de los derechos civiles” en el País Vasco, porque necesitan de la siniestra alianza con los proetarras para tratar de sacar adelante los planes de secesión del lehendakari Ibarretxe.

Mientras tanto, la violencia callejera persiste con una intensidad desconocida en los últimos tiempos del Gobierno de José María Aznar, y a día de hoy ni fiscal general ni ministro de Justicia o de Interior, ni desde luego el presidente del Gobierno entienden que hay suficientes indicios para ilegalizar ANV. Será porque no se han molestado en recabar los datos necesarios, o quizás es que coinciden con los nacionalistas en que los provocadores son siempre “los otros”.

Fascismo cultural
Daniel Martín Estrella Digital 16 Octubre 2007

En la página web de Frankfurt 2007, la más importante feria internacional del mundo, se menciona a la cultura catalana como invitada especial porque Barcelona es el principal centro editor del mundo hispanohablante. Sin embargo, a tan magno acontecimiento sólo fueron invitados los autores que escriben sus libros en catalán. Magna paradoja que revela el despropósito que vivimos en este país nuestro. La gran industria española de la edición y la imprenta acudió a Frankfurt prescindiendo de la enorme cantidad de publicaciones en castellano. ¿Por qué? Porque el nacionalismo excluyente catalán así lo consideró oportuno.

Cataluña ha sido, de siempre, una tierra bilingüe, con grandes escritores en catalán, como Ausias March —nacido en Gandía—, Ramón Llull o Jacinto Verdaguer, otros en castellano, como Javier Cercas o Juan Marsé, y, sobre todo, ilustres autores bilingües, como Santiago Rusiñol, Joan Maragall, Josep Pla, Eduardo Mendoza, Pere Gimferrer o Quim Monzó. La visión de Frankfurt, no obstante, le privó de más de la mitad de su esencia. Porque allí, de momento, mayor ha sido la obra en español que en catalán. Sobre todo si consideramos el valenciano del Tirant lo Blanc de Joanot Martorell como idioma y no como dialecto del catalán.

Como ya mencionaba la semana pasada, parafraseando al genial Kapuscinski, el principal problema de los nacionalismos es que necesitan un enemigo contra el que rebelarse. Y los extremistas catalanes necesitan —para cobrar sentido y defenderse del peso de la Historia— de una España opresora en todos los sentidos. Barcelona, la segunda ciudad española hasta que la adelante Valencia —fenómeno que, como no cambien las cosas, tendrá lugar dentro de poco— es una ciudad abierta, industrial, una de las grandes capitales del mundo, un foco universal de cultura. Pero todas estas polémicas que afectan a su nacionalidad, soberanía y lengua la empequeñecen, la alejan del cosmopolitismo y multiculturalismo que, con la excepción del a su vez excluyente islamismo, están enriqueciendo el mundo occidental.

No tiene sentido que, en esta sociedad global donde el espacio y el tiempo se han visto drásticamente reducidos, donde las distancias entre culturas son mínimas, unos cuantos orates se empeñen en declarar como únicamente válido lo que se escribe en un idioma que no es, en ningún caso, el único. ‘La Vanguardia’, primer periódico de Cataluña, se edita en castellano. Y muchos de los catalanes, de nacimiento o de adopción, siguen siendo castellano-parlantes. Barcelona edita para todo el mundo. Pero en Frankfurt era tan solo una capital provinciana. En perjuicio de la propia Cataluña, que así se hace más pequeña, nunca más grande.

Ese es el problema de los actuales nacionalismos disgregadores. A los males del fascismo, que son muchos, añaden el caciquismo como maniobra de diferenciación y perentoria cualidad de supervivencia. Porque si a Frankfurt hubiesen acudido Marsé o Cercas quizás no habría sido tan catalana la muestra de la “gran patria” naciente. Claro que en España estas cosas no son tan extrañas. Por culpa de los extremismos fanáticos, Unamuno y Baroja ya no son vascos y Rosalía de Castro tan solo escribió en gallego. Con la excusa de querer ser independientes, arrebatan al pasado parte de su grandeza.

Carod-Rovira, apóstol del catalanismo más radical, ha anunciado que Cataluña irá pronto por libre a la Bienal de Venecia. Enhorabuena, que así quizás algunos artistas afiliados o cercanos a ERC consigan plaza en tan magno acontecimiento artístico. Porque, por supuesto, supongo que los pintores y escultores con sensibilidad ibérica tendrán que acudir en las filas de la representación española. Esta concepción de la vida sólo merece un adjetivo: fascista.

Así, aunque no se den cuenta, lo único que consiguen es perjudicar a la propia Cataluña, esa nación que tan apasionadamente defienden. En catalán, sin el castellano, es más pequeña, y ya me veo a los alemanes buscando traductores de catalán para publicar las obras de los escritores del régimen del tripartito. Como ha ocurrido con muchas empresas, que ya han huido de las imposiciones nacionalsocialistas de Cataluña y las fascistas del País Vasco, como ya ha ocurrido con el teatro, que ahora florece más y mejor en Madrid, pronto las imprentas y editoras buscarán la libertad en tierras menos despóticas y excluyentes. Porque, como se ha demostrado en Frankfurt, ser catalán es más difícil de lo que parece y conlleva una menor libertad. En la inexacta pero amplísima medida que supone un idioma tan excelso, antiguo, universal y catalán como es el castellano.

dmago2003@yahoo.es

ETA y la consulta
FLORENCIO DOMÍNGUEZ EL Correo 16 Octubre 2007

Una de las estrategias de comunicación elegidas por el lehendakari para la 'venta' de su propuesta de celebrar un referéndum autodeterminista ha sido la de presentarla como un desafío a ETA. Al materializar esa consulta se estaría enfrentando a la estrategia de la organización terrorista, ya que la banda sería contraria a esa iniciativa, según se insinúa. Con ese plan se estaría poniendo fin a la capacidad de ETA de marcar la agenda pública.

ETA no nos va a impedir hacer esto o lo otro, suele argumentar el lehendakari, como si alguna vez su partido hubiera hecho alguna renuncia política de fondo por la mera existencia del terrorismo. En el País Vasco los únicos que han hecho renuncias han sido los partidos no nacionalistas que, desde la transición, han aceptado no pocas de las exigencias nacionalistas con el deseo de que eso sirviera para acabar con el terrorismo y también con la esperanza de crear un marco que permitiera integrar al PNV en el sistema constitucional.

Además, se presenta la consulta como el bálsamo de Fierabrás que obligará a la banda a abandonar el terrorismo porque, como dijo el lehendakari en el pasado debate de política general, «todos, incluida ETA, nos hemos manifestado dispuestos a respetar la voluntad popular». No parece tener en cuenta que ETA ha hecho caso omiso de la voluntad popular desde el primer día de democracia.

La cuestión es que suponer que ETA va a estar en contra de una consulta de autodeterminación es mucho suponer, teniendo en cuenta, por ejemplo, que el Nuevo Estatuto Político presentado por Ibarretxe salió aprobado en el Parlamento vasco con la bendición de 'Josu Ternera', el jefe de la banda, y los votos necesarios de Batasuna. Y eso que en los meses previos criticaron el Plan Ibarretxe por activa y por pasiva diciendo que era una opa hostil a la izquierda abertzale. A la hora de la verdad, sin embargo, ante un desafío constitucional de esa envergadura no fueron capaces de decir que no.

Ahora ETA y su entorno han formulado algunas críticas a la nueva propuesta de Ibarretxe, pero ya ha se ha encargado Pernando Barrena de aclarar que «no será la izquierda abertzale la que diga que no a la consulta del lehendakari», afirmación que encaja con el comportamiento mantenido en el debate sobre el Nuevo Estatuto Político en el año 2004. La consulta ciudadana no tendrá a ETA y a Batasuna enfrente, sino que ambos remarán a favor aunque digan que es insuficiente y reclamen también dos huevos duros para marcar distancias con el PNV. Quienes tendrán a ETA enfrente serán los que se opongan a la consulta, pero esto es lo que no quiere tener en cuenta el lehendakari.

f.dominguez@diario-elcorreo.com

Despido libre
XAVIER PERICAY ABC 16 Octubre 2007

(Periodista y escritor)
Que Boadella haya dicho adiós a Cataluña no constituye, en el fondo, ninguna sorpresa. Cuando alguien llega a la conclusión de que ya nada le une a cuanto le rodea, lo más aconsejable es que cambie de aires. Por supuesto, siempre habrá quien sostenga que Boadella se ha marchado muy a su pesar. Hasta puede que salga alguno por allí con el cuento de que al fundador de Els Joglars lo han echado de su tierra. Nada más erróneo. Boadella se ha ido porque ya no cabía en Cataluña. Al fin y al cabo, las migraciones de un intelectual catalán -esa especie tan rara- se acaban explicando siempre, fatalmente, por una cuestión de espacio. A medida que va pasando el tiempo, el intelectual necesita cada vez más, para su propio desarrollo, ensanchar el territorio en el que se ha movido hasta entonces. Lo puede hacer, claro, sin renunciar al terruño, limitándose, como quien dice, a ir abriendo el compás. Pero sólo si este primer estadio de su actividad está libre de cortapisas, lo que no es el caso de Cataluña. Ni de su cultura. En esta parte de España el nacionalismo permanece vigilante. Véase Fráncfort, por ejemplo. O estás o no estás. No hay medias tintas. De ahí que la única salida, a menos de que uno se avenga al silencio o a la mediocridad, sea coger las de Villadiego. Es lo que ha hecho Boadella. Libremente. Tomándose el tiempo de despedirse. Como un señor. No será el último.

Bilingüismo: la diferencia infranqueable entre el planteamiento de Ciudadanos y UPD.
Nota del Editor 16 Octubre 2007

El bilingüismo de hecho que defiende Ciudadanos, además de no tener respaldo constitucional, pues en la Constitución Española no aparece tal palabra y el Art. 3º. establece el deber de conocer el español, y no las lenguas regionales, supone la negación de los derechos constitucionales de los hispanohablantes en las regiones donde por tener una o más lenguas regionales, el español ha sido relegado por los estatutos y leyes de normalización lingüística claramente anticonstitucionales a lengua a erradicar, al establecer como lengua de uso general de la administración la lengua regional, y por tanto no pueden optar a trabajar en puestos de la función pública, sus hijos se ven obligados a estudiar en la lengua regional, contraviniendo
preceptos de los derechos humananos y constitucionales, y se ven sometidos a toda la maquinaria de progaganda e indoctrinación de los agentes inmersores lingüísticos.

UPD defiende la igualdad de todos los españoles, la educación en lengua materna en los primeros años y luego en español,
el libre establecimiento en cualquier parte de España, como dice Carlos Martínez Gorriarán ¿Sostienen que los ciudadanos
estamos de acuerdo en perder nuestros derechos constitucionales cuando debemos trasladarnos a vivir a Cataluña, País Vasco o Galicia? ¿Se creen que los padres están de acuerdo en renunciar al derecho de sus hijos a ser educados en su lengua materna sólo porque así lo diga un Estatuto de autonomía a la medida de una pandilla de burócratas de las llamadas «políticas identitarias»?

Hay muchos asuntos en lo que hay coincidencia, pero el aspecto lingüístico constituye una limitación infranqueable.
Por ejemplo, me imagino que UPD estaría dispuesto a apoyar la derogación de las leyes de normalización, inmersión
y política lingüística, pero ello tiraría por tierra el planteamiento de la administración bilingüe de Ciudadanos.

Zapatero saca pecho
Pablo Sebastián Estrella Digital 16 Octubre 2007

No son firmeza y serenidad las cualidades que adornan al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, sino, más bien al contrario, una constante debilidad ante las continuas reivindicaciones independentistas de los nacionalistas vascos y catalanes, como la que hoy trae al palacio de la Moncloa el lehendakari Ibarretxe; y una temerosa confusión sobre lo que está pasando en España bajo su mandato y sobre las consecuencias que todo ello puede acarrearle en las próximas elecciones generales del 2008.

Por eso el presidente declaró ayer, en el Foro de ABC, que comunicará al lehendakari vasco que la consulta o referendo que ha anunciado no se va a celebrar, porque es ilegal. A la vez, aconsejará a Ibarretxe que busque un gran consenso “transversal” entre todas las fuerzas políticas vascas antes de hacer cualquier tipo de propuesta como la consulta anunciada para el mes de octubre del 2008.

El presidente ya no sonríe como antes, aunque se esfuerza, y se asombra por todo lo que ha ocurrido a lo largo de los tres años y medio que lleva en el Gobierno. Y, ahora con la vista puesta en las elecciones generales, intenta quitarle importancia a todo lo que pasa, a las demandas independentistas de sus socios nacionalistas, a los ataques al Rey y a la bandera, al debate sobre la memoria histórica y al renacer y las amenazas de ETA. Proclamando el presidente que el Estado está fuerte, y poniendo como prueba de fortaleza el que ahora haya más fuerzas armadas, más policías, más jueces y más fiscales, como exhibiendo el garrote de la fuerza represora del Estado, el lado oscuro de Leviatán. Y para completar su optimismo, sobre la fuerza y la cohesión del Estado, Zapatero aseguró que las comunidades autónomas débiles progresaron, proporcionalmente, más que las ricas. ¡Faltaría más!

Sin embargo, el presidente nos reveló ayer un secreto —le traicionó otra vez su subconsciente— cuando, para justificar la deriva soberanista del Estatuto catalán —al que augura una plácida travesía por el Tribunal Constitucional—, dijo que en su reforma estatutaria se ha dado respuesta al que considera el necesario reconocimiento de la “identidad” política, lingüística y cultural de Cataluña, País Vasco y Galicia. Dando Zapatero la impresión de que todavía no ha entendido que lo que piden los nacionalistas en estas tres autonomías, desde que él está en la Moncloa —antes sólo pedían dinero y transferencias—, no es el reconocimiento de su “identidad cultural”, sino de su derecho a la autodeterminación y la independencia del Estado Español.

Zapatero confunde identidad con independencia, de la misma manera que confundía a la nación española con algo banal, discutido y discutible, y esa confusión, y su particular cuento de la lechera según el cual a cambio de cotas de soberanía conseguiría la paz con ETA y el Nobel de la Paz, es la que ha dado pie al caos territorial de la legislatura, a la confrontación entre “el norte nacionalista” y el centro españolista, y entre el PSOE y el PP. Una crispación que va a más, una vez que, fracasado el proceso pacificador, ETA regresó y los nacionalistas catalanes se muestran insatisfechos con su nuevo Estatuto, mientras desde el País Vasco ya le piden un referendo de autodeterminación, que también reclama Carod.

Intentando convencerse, primero a sí mismo y después a los demás, el presidente dice que el Estado está fuerte y se deshace en elogios al Rey y a la institución monárquica, diciendo que los ataques al monarca son cosa de grupos minoritarios, y culpando al PP de exagerar estas agresiones y de todo lo demás referente a la bandera de España y la Ley de la Memoria Histórica (donde dijo que incluirá un apartado contra la presencia de nombres de los etarras en el País Vasco y Cataluña). Argumentando el presidente que en años anteriores todos estos incidentes contra el Rey —lo del ataque al Rey es nuevo— y la bandera habían ocurrido con anterioridad, pero ocultando que nunca en coincidencia con la revisión de la Guerra Civil y en un tiempo en el que gobernantes catalanes y vascos piden la autodeterminación.

El presidente, confundido y preocupado, sabe que todo esto es así, pero por un lado pretende sacar pecho frente a Ibarretxe y por otro habla de diálogo y serenidad frente al nacionalismo rampante, temeroso de que todo esto le estalle en las manos —como puede estallar un coche bomba de ETA— tal y como le sucedió ante sus optimistas narices en la T-4 de Barajas, horas después de que anunciara el mejor año sin terrorismo de ETA, como hizo Zapatero el pasado 29 de diciembre, jugando a profeta de ocasión. Un juego que ya ha practicado sin éxito en España —campeones nacionales de la energía— y fuera de España (con Kerry, Merkel y Royal), y que ayer Zapatero extendió al terreno de los ataques al Rey y a la bandera, que según el presidente “no durarán”. Veremos.

Donde sí puede sacar pecho el presidente es en su balance económico de los tres años y medio de su Gobierno, algo que absurdamente no le suele reconocer el PP. Aunque tampoco debería exagerar Zapatero y sí aconsejar prudencia ante la proximidad de vacas flacas. Este capítulo de la economía fue el que más tiempo ocupó el discurso de Zapatero —ante la presencia de numerosos empresarios en el Foro de ABC—, diciéndoles, como si España fuera Blancanieves y las grandes potencias mundiales “los siete enanitos”, que hemos sido los mejores en casi todo, en los presupuestos, crecimiento, empleo, etcétera. Y, tras pasar como de puntillas por la incertidumbre económica y financiera que adorna el horizonte económico internacional, pidió a los bancos más facilidades crediticias para el sector inmobiliario y de la construcción, al que dedicó grandes elogios, a pesar de haber sido él, con el escándalo de la “operación Malaya”, el que primero desencadenó las peores sospechas sobre esta locomotora de la economía, que ha ralentizado su ritmo de crucero.

Como se está ralentizando el crecimiento español y se están bajando las previsiones para los próximos años de manera sensible, aunque Zapatero estas previsiones no las considera muy creíbles y por ello aprovechó para decir que el FMI, sobre el crecimiento español de los últimos años, “se había equivocado un rato”, en alusión a Rodrigo Rato. Una broma eficaz con la que el presidente pretendía quitar hierro a la tensión de su discurso balance sobre la situación nacional, en el que también citó sus conquistas sociales, del bienestar y de los derechos civiles —igualdad, malos tratos, divorcio, dependencia, bodas gays, vivienda, cheque bebé, etc.—, para, finalmente, concluir con su habitual discurso de diálogo, paz y serenidad. Llegando a comparar, con la candidez que a veces caracteriza al presidente, la Ley de Memoria Histórica con la próxima beatificación de 498 mártires de la Guerra ivil, como si de un empate entre una y otra cosa se tratara.

Empate técnico que dicen los sondeos de opinión sobre las expectativas electorales del PSOE y del PP. Y empate técnico entre el desastre y caos político y de cohesión nacional en la legislatura, y los buenos resultados de la economía, aunque se empiecen a tambalear. Un empate este último que Zapatero querrá romper a su favor sacando pecho ante Ibarretxe, aunque con escasa credibilidad, porque lo grave es que hemos llegado a esta cita tan desafiante como singular por causa de sus errores y juegos temerarios con lo que no se debe jugar. “A lo hecho, pecho”, dice el refrán.

ZP con Ibarreche
Nueva entrevista con el vampiro
Cristina Losada Libertad Digital 16 Octubre 2007

En España, los vampiros no son como en Transilvania. Para empezar, aquí son vampiros políticos, y huelga decir que esa condición lleva aparejado el aspecto económico. Miran mucho por la pela, pues el botín que arramblan es el trofeo que se llevan de la capital del reino como señal de que la reivindicación nacionalista, doctrina de la que se reclaman estos dráculas, tiene sus ventajas materiales para la población dominada por ellos. Pero llegado el momento previo a las elecciones, trámite por el que han de pasar, mal que les pese, estos chupasangres que también son chupatintas, elevan el diapasón de la exigencia política. Lo hacen para incentivar el voto de sus huestes, cebadas con el mito identitario, y a fin de subir su precio ante la eventualidad de que se necesite su voto o su abstención para formar gobierno. Aunque ya se ha dado el caso, con el nuevo Estatuto catalán, de que un partido –el socialista– impulse la reclamación desmesurada para crearle un foco de conflicto al partido rival.

Ibarreche lanzó su órdago, como gustan de recordar los Pepiños, a finales de 2003, bajo el Gobierno Aznar y con las generales a pocos meses, como ahora. Y por las mismas fechas en que Maragall, investido presidente, proclamaba la cruzada del nuevo Estatuto. Zapatero le ayudó en aquella campaña –y se autoayudó en la suya– con la promesa de aprobar íntegras las tablas de la ley que dictara el parlamento de Cataluña. Y lo fundamental del bodrio se aprobó. Para el País Vasco, sin embargo, tenía otros planes, que no pasaban por el Plan Ibarreche sino por la negociación directa con ETA. De manera que lo del estado libre asociado como Puerto Rico fue rechazado en el Congreso, pese a contar, como lloriqueaba el PNV, con el voto de la mayoría de la cámara vasca, incluido el de tres de Batasuna a los que no habían querido echar. Memorable ocasión aquella, fiel reflejo de la perversión de la democracia que allí rige, en que un Otegi, todavía hombre de paz, leía una carta de un criminal, alias Josu Ternera, como contribución al debate.

Zapatero tiene ahora la nueva oportunidad de decirle "no" a alguien, cosa desusada en el presidente y que sólo ha practicado –aparte de con el PP, continuamente– con el lehendakari de los vascos y las vascas. El incentivo para esa negativa es hoy mayor que cuando el Plan, pues se ha evaporado el espejismo del "proceso de paz" y las urnas están más cerca que entonces.

Son momentos delicados, y el principal empeño de ZP habrá sido y será hacerle ver al PNV la fragilidad de la circunstancia para lograr una suavización y un aplazamiento de la mordedura. O sea, que es previsible que este choque de intereses electorales entre el PSOE y el PNV se resuelva con un apaño. Los argumentos para el público que se adelantan no indican otra cosa. Remitir a Ibarreche a que busque primero el acuerdo entre los vascos es retardar y apostar por un bis de aquella votación ignominiosa. Decir que la consulta no es legal y que por ello no podrá hacerse, deja abierto el interrogante: ¿y si la hace? Es un remake de aquel sofisma que divulgaba el Gobierno ante la creciente y tolerada actividad de Batasuna: no es legal, luego no existe; y como no existe, nada hacemos contra ella. Y así era, pues nada querían hacer contra los proetarras mientras negociaban con ETA.

El mayor gesto de firmeza que puede esperarse de Zapatero frente al intento de convocar un referéndum de autodeterminación en el País Vasco es que este martes reciba a Ibarreche en La Moncloa sin su sonrisa ritual y con el ceño fruncido.
Cristina Losada es uno de los autores del blog Heterodoxias.net.

Ofertas electorales de PSOE y PP
¿Contra la demagogia, populismo?
Alberto Recarte Libertad Digital 16 Octubre 2007

Un breve comentario sobre las ofertas electorales del PSOE y del PP. El PSOE, utilizando los Presupuestos Generales del Estado para 2008 y en diversas ocasiones anteriores, ha tomado una serie de decisiones de contenido económico con el propósito de influir en el voto de los próximos comicios.

1. Subida de las pensiones mínimas, sin contar con lo dispuesto en los pactos de Toledo, que obliga a que todas las decisiones de este tipo se enmarquen en una política de fortalecimiento del sistema y a que las que se aprueben sean justas y equilibradas, en función de lo aportado por cada uno a lo largo de su vida laboral.

2. Cheques-bebé de 2.500 euros. ¿Justificación? Aparentemente fomentar la natalidad. Sin comentarios. Aunque si la madre es soltera la gratificación sube hasta los 3.000 euros. Porque sí. O sea, más natalidad, pero menos familia.

3. Ayudas al alquiler. Eso sí, para jóvenes. A deducir del IRPF. Una medida que aparece y desaparece en nuestra legislación fiscal sin justificaciones, ni para lo uno ni para lo otro. Porque si lo que se quiere es facilitar el alquiler, en España sobran literalmente millones de viviendas, que no se alquilan por razones legales –obligatoriedad de contratos de arrendamiento de cinco años para los arrendadores y lentitud del desahucio– y de tipo fiscal: ¿Por qué no bajar los tipos impositivos sobre lo que los particulares, que son los dueños de las viviendas en España, y no las sociedades inmobiliarias, como suele ocurrir fuera de nuestras fronteras, tienen que pagar a hacienda? ¿Por qué no dar a esos ingresos el tratamiento de las plusvalías y rendimientos de capital y que tributen al 18%? Por ejemplo.

4. Asegurar viviendas, como un derecho, a precio tasado, en cantidades ilimitadas, para jóvenes (como siempre). En Andalucía. Bendecido por el PSOE nacional.

5. De la cosecha de Rodríguez Zapatero. El recibo de la luz no sube para los particulares en 2007. Aunque se hubiera aprobado lo contrario por la CNE, el Ministerio de Industria y el propio Consejo de Ministros.

No es ni sorprendente ni inquietante que un partido como el PSOE, acostumbrado al asalto del presupuesto y de los fondos reservados y al reparto de lo que hay y de lo que pudiera haber en un futuro, tome esas decisiones. Está en su naturaleza. Es propio de un partido que fue marxista casi 100 años y que despreciaba la legalidad burguesa. Después fue keynesiano, porque eso les autorizaba a gastar sin temor a las consecuencias del déficit. Y, ahora, simplemente, es utilizador de los impuestos que pagan los ciudadanos. Pero no para hacer una política económica determinada, aunque fuera equivocada. Eso queda fuera de sus objetivos. Ahora los ingresos impositivos son la munición con la que se paga a los nacionalistas y a las autonomías gobernadas por el partido para intentar perpetuarse en el poder.

La sorprendente es que una parte del PP, al menos la que se encarga del programa económico electoral, haya entrado en el juego y se declare dispuesta a mejorar –eso sí, con fundamentos elevadamente teóricos– cualquier chapuza que ofrezca el PSOE. Así, las tarifas de la luz no subirán. ¿Por qué? Porque sí. Los alquileres se subvencionarán, una medida que ya se tomó en tiempos del PP. El cheque-bebé se rechaza, por escaso, y, nuevamente, se habla de insertarlo en una supuesta política natalista que están elaborando personas de reconocido prestigio económico en la calle Génova. ¿Y viviendas? El PP hará 800.000 a un precio inferior a los 145.000 euros. Ah, sí, y hay una propuesta aún más progresista: si algún trabajador pierde su empleo podrá dejar de pagar las cuotas hipotecarias mensuales durante cierto tiempo. Populismo puro y duro.

¿De verdad creen los genios escrutadores de encuestas de Génova que el PP puede ganar votos con políticas de ese tipo? ¿De verdad creen que hay dos clases de españoles, los que le votan por principios y algunos miles o cientos de miles que le votan por un interés personal económico concreto? Es posible que haya votantes del segundo tipo, pero al menos en mi caso –que soy del primero–, cuando oigo propuestas de ese cariz me dan ganas de quedarme en mi casa el día de las elecciones.

Educación para la Ciudadanía
Mentiras contra la objeción
Mienten quien afirma amenazante que quien objete no promocionará ni titulará. Los padres sabemos que la LOGSE y ahora la LOE permiten promocionar y titular sin que el mérito y el esfuerzo del alumno tengan apenas valor. Yo, que soy profesor, doy fe.
Carlos Jariod Borrego Libertad Digital 16 Octubre 2007

Desde hace meses los defensores de Educación para la Ciudadanía han desplegado una serie inconexa de descalificaciones personales, falsedades y amenazas contra los padres que defendemos el derecho a la objeción. El objetivo es claro: obstaculizar el movimiento de resistencia cívica y legal contra la materia. Muy brevemente resumo las falsedades y amenazas.

Dice el Gobierno nacional que quienes objetamos apostamos por la desobediencia civil (el incumplimiento de la ley) y no por la objeción de conciencia; afirma también que es imposible objetar a una materia de una ley aprobada por el Parlamento y, con descaro, se pregunta retóricamente si es posible acaso objetar a las matemáticas o al inglés; igualmente el Gobierno afirma taxativamente –he ahí una evidente amenaza– que quien no curse la materia ni promocionará ni titulará. Esta amenaza, como es sabido, fue primeramente expresada en Toledo. Y por último se presenta la objeción como la oscura respuesta de la Iglesia (entiéndase, los obispos) al Estado de Derecho. ¡Con la Iglesia hemos topado, querido Sancho!

Junto con lo anterior, el Gobierno de la Nación y quienes lo apoyan reconocen la necesidad de inculcar unos valores cívicos y vuelven a preguntarse con arrebolado estupor quién puede estar en contra de hacer buenos ciudadanos. Así que, se dice, la cosa está clara: el Estado contra la Iglesia. Ya se sabe, la Iglesia, siempre contra el progreso, siempre preservando sus privilegios. ¡Estos curas!

Pero no señores, no es así. La objeción de conciencia es un derecho personal, recogido por la Constitución y que no necesita de una regulación específica para que pueda ser ejercido. Los objetores estamos amparados por la Constitución y por sucesivas sentencias del Tribunal Constitucional. Mienten quienes hablan de desobediencia civil. Todos nosotros somos padres de familia, sin adscripción política, que nos negamos a que nuestros hijos se les enseñen valores que de ningún modo son universales ni identificables con una sociedad democrática.

Por eso mienten cuando afirman que no es posible la objeción ante un aspecto de una ley aprobada. ¡La objeción siempre es ante una ley aprobada! La razón de la objeción es preservar la conciencia moral de la persona ante una práctica de obligado cumplimiento legal. Por eso también mienten quienes afirman que, si se puede objetar a Educación para la Ciudadanía, también se podría objetar ante las matemáticas o el inglés. La objeción exige un razonamiento moral y jurídico riguroso ante la autoridad administrativa o judicial de aquellos aspectos de la ley a los que se objeta. La objeción es muy exigente, en primer lugar, para el objetor. ¿Cree el Gobierno que los objetores no sabemos lo que defendemos?

Mienten también quien afirma amenazante que quien objete no promocionará ni titulará. Los padres sabemos que la LOGSE y ahora la LOE permiten promocionar y titular sin que el mérito y el esfuerzo del alumno tengan apenas valor. Yo, que soy profesor, doy fe de ello. Desde hace años la opinión pública también lo sabe. De todos modos, nuestras asociaciones informarán objetivamente sobre lo que afirma la ley al respecto.

Y, por fin, la gran mentira. Se quiere hacer creer que quienes objetamos estamos movidos por los obispos. Marionetas palurdas de "La Iglesia"; personas sin juicio que, beatos de sacristía, somos utilizados por los obispos. Pero no. Tampoco es verdad. Somos padres de familia, ciudadanos anónimos, creyentes o no, que tienen juicio propio y que estamos dispuestos a defenderlo. Que no queremos que el Estado ni nadie introduzcan en nuestras casas y en nuestros hijos una mentalidad ajena a nuestras convicciones. Certezas morales nada extrañas; certezas procedentes de la tradición cultural que nos ha constituido como pueblo y plenamente ajustadas a nuestra Constitución.

Carlos Jariod Borrego es presidente de la Asociación de Profesores Educación y Persona

EL GOBIERNO INTENTA A TODA COSTA QUE SIGA
El Tribunal Constitucional decide sobre la continuidad de CasasLos magistrados del Tribunal Constitucional mantienen esta semana –previsiblemente, el martes– un nuevo pulso en la pugna por el control del pleno de este órgano. Es una batalla trascendental para la estabilidad de las reformas radicales emprendidas por el Gobierno de Rodríguez Zapatero con la oposición de la mitad del Parlamento, entre ellas, el Estatuto catalán, pendiente de varios recursos ante el TC. En este contexto, no pasó inadvertida la ostensible bronca de María Teresa Fernández de La Vega a María Emilia Casas durante el Desfile de la Hispanidad celebrado el pasado 12 de octubre, sin que haya trascendido el contenido de esa tensa conversación
Agencias Libertad Digital 16 Octubre 2007

La importancia del nombramiento de la nueva presidencia del alto tribunal cumpliendo el artículo 160 de la Constitución que estipula un mandato de tres años, lo que obligaba a Maria Emilia Casas a abandonar el cargo en julio, bascula en las decisiones que el Constitucional debe tomar en relación a las normas más significativas del Gobierno del PSOE: la del Estatuto de Cataluña, sobre todas ellas, pero sin olvidar otras de sesgo populista como la de la igualdad; la del matrimonio homosexual o el Plan Hidrológico Nacional. Recurridas todas ellas por el PP.

Con seis progresistas cercanos al Gobierno del PSOE (María Emilia Casas, Pascual Sala, Eugeni Gay, Elisa Pérez, Manuel Aragón y Pablo Pérez Tremps) frente a seis independientes (Guillermo Jiménez, Vicente Conde, Javier Delgado, Roberto García-Calvo, Jorge Rodríguez-Zapata y Ramón Rodríguez Arribas), el voto de calidad de la cuestionada presidenta Casas sería decisivo para inclinar la balanza a favor de los primeros.

Todo comenzó en febrero, cuando por iniciativa de los independentistas se aprobó en el pleno del Tribunal, por seis votos a favor y cinco en contra, la recusación del progresista Pablo Pérez Tremps en el recurso contra el Estatut de Cataluña, planteado por el PP. La razón no fue otra que Pérez Tremps había incurrido en incompatibilidad en la función jurídica al haber asesorado legislativamente a la Generalitat de Cataluña en la elaboración del texto catalán.

Los progubernamentales –que habían accedido a tramitar la recusación confiando en que no prosperaría, mientras rechazaban de plano la planteada por el Gobierno catalán contra el conservador Roberto García-Calvo– se vieron sorprendidos por la decisión, que les dejaba en minoría en este asunto.

El siguiente movimiento, esta vez para evitar un cambio de mayoría en el Tribunal Constitucional, se produjo en el Congreso de los Diputados el pasado marzo. Ese mes se aprobó una enmienda de IU a la Ley Orgánica del tribunal (LOTC) por la que si el mandato de tres años del presidente y el vicepresidente no coincide con la renovación de este órgano, "tal mandato quedará prorrogado para que finalice en el momento en que dicha renovación se produzca y tomen posesión los nuevos magistrados".

La enmienda, aprobada con la única oposición del PP –que vio en ella la mano del ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo–, desactivó la posibilidad de que el sector conservador sometiera a votación la continuidad de Casas en el cargo, rompiendo la tradición no escrita de prorrogarlo hasta el final de su mandato como magistrada.

Se garantizaba así que seguiría siendo presidenta del TC, y por tanto disfrutando del voto de calidad, después del 30 de junio –cuando concluía su mandato– y al menos hasta el próximo mes de diciembre, fecha en la que ella y otros tres magistrados deben abandonar el tribunal y ser sustituidos por otros designados por el Senado.

En la práctica, la prórroga podría ser mucho más larga –ya que el Senado debe adaptar antes su Reglamento a la LOTC, para lo que es imprescindible el voto del PP, que se opone a la reforma– y, por tanto, daría tiempo a que durante ese periodo se resolvieran varios de los recursos más importantes.

Lo que ocurre es que esta normativa contradice el artículo 160 de la Constitución en el que se estipula que el mandato de la presidencia del alto tribunal expiará a los tres años.

Aún así, la LOTC entró en vigor el pasado 26 de mayo y el PP la recurrió dos meses después, pero para entonces dos magistrados conservadores, Roberto García-Calvo y Jorge Rodríguez-Zapata, ya habían dirigido al tribunal un escrito en el que mostraban su rechazo a la reforma y cuestionaban la legitimidad de Casas.

Ésta y el vicepresidente Guillermo Jiménez decidieron abstenerse en las deliberaciones del recurso del PP al considerarse directamente afectados, y los otros diez magistrados que componen el pleno se reunieron por primera vez el pasado 11 de septiembre para decidir si aceptan o no que queden fuera del debate.

Casi un mes más tarde, y después de otras dos reuniones, no han sido capaces de llegar a un acuerdo, aunque los independientes ya han mostrado su voluntad de aceptar las abstenciones al rechazar –con el voto de calidad del presidente accidental del pleno, Vicente Conde– un borrador de auto en el que se proponía rechazarlas.

Si Casas y Jiménez son apartados, los conservadores podrían inclinar a su favor el empate cinco a cinco entre los dos sectores recurriendo al voto de calidad de Conde –el magistrado de más edad de los que quedan en el pleno– y "tumbar" así la LOTC, abriendo la puerta a la elección de un nuevo presidente.

Contraataque del Gobierno: recusar a dos magistrados
El Gobierno, por su parte, ya ha anunciado que estudia la recusación de García-Calvo y Rodríguez-Zapata en este asunto por considerar que su escrito citado anteriormente supone que están "contaminados" para entender de este asunto, y el pasado viernes facultó a la Abogacía del Estado para actuar en el recurso del PP contra la LOTC.

Sería la forma de recuperar la mayoría en el pleno, aunque a costa de dejarlo reducido a sólo ocho magistrados, ya que los progresistas contarían con cinco votos mientras que sus rivales sólo tendrían tres.

No ceder al chantaje
JAVIER NOGALES El Correo 16 Octubre 2007

CC OO ha presentado al Departamento de Educación una mejora en el plan de empleo que hasta 2011 firmó el 21 de junio. Consiste en adelantar las 300 plazas de Secundaria comprometidas para 2009 y juntarlas con las 550 previstas para 2008. No lo habríamos hecho si el Departamento no nos hubiera asegurado que tiene problemas de infraestructura para cumplir con lo firmado de convocar una OPE de 300 plazas en Secundaria y 400 en Primaria en 2009; Educación acepta la propuesta, pero la condiciona a que se la avale el resto de sindicatos. Craso error. Una vez más, el resto de sindicatos se opone a la convocatoria de oposiciones y con el mismo argumento que esgrimen desde 1995: antes de convocar OPE hay que perfilar todas las plazas con PL2. Es el mismo argumento que emplean para impedir que desde entonces entren en listas de sustituciones interinos sin PL2, para justificar decretos de 'estabilidad' que dejan a los interinos sin PL2 en la calle; para, en definitiva, conculcar derechos laborales en nombre del euskara.

El delirio lingüístico del discurso nacionalsindicalista en el sector educativo hace abstracción de la legalidad vigente, de las relaciones de trabajo publicadas en el BOPV, de la propia realidad sociolingüística de los centros y, por supuesto, de los profesores que no tienen acreditado el PL2. Le importa un bledo que sean válidos y necesarios para el sistema. Se pretende dejar en la estacada a los que no tienen PL2; prescindir, por ejemplo, de esos profesores de FP que, tras organizar los ciclos formativos e impartir clases en función de la demanda laboral no podrán, si el Departamento cede al chantaje, presentarse a oposiciones. No son capaces de valorar que lo que estamos planteando es que, ahora, en Secundaria, un porcentaje de las plazas salgan con un PL1 de docentes -equivalente al PL2 de la Administración general y Osakidetza-. Querríamos que todo el profesorado fuera bilingüe, o mejor plurilingüe, pero sus derechos laborales se deben respetar conjugándolos, eso sí, con el respeto de los derechos lingüísticos de nuestro alumnado. Eso pasa, entre otras cosas, por el respeto a la legalidad; sería una irresponsabilidad que se realizara una convocatoria que no se sujetara a la ley. Hay sectores de esta sociedad que no creen que la legalidad sea la base de la legitimidad, pero cualquier Administración debe velar por que sus actos no sean contrarios a derecho.

No seré exhaustivo en los referentes legales a tener en cuenta para que la OPE se ajuste a la norma. Recordaré que la reforma de modelos lingüísticos planteada por el Departamento en marzo, de momento, no tiene carácter preceptivo; sigue vigente el decreto de perfiles de 1993 y la Ley de Cuerpos docentes de ese mismo año; que las Relaciones de Puestos de Trabajo (RPTs) se publican con carácter de decreto y que las enseñanzas de régimen especial tienen sus propios decretos de perfiles 6/2000 y el 182/2002. Hacer abstracción de este corpus normativo sería una temeridad en el caso del Departamento; en el de los sindicatos, exigirle al Gobierno que actúe en contra de sus propias normas por cuyo cumplimiento debe velar.

Nos dicen STEE, LAB y ELA que para aceptar nuestra propuesta de 850 plazas de Secundaria todas las plazas tienen que salir en PL2: cediendo a este chantaje es como se ha llegado al 32,77% de interinidad de la plantilla de Secundaria. No les haga caso, señor consejero. Tenemos 2.347 interinos de una Relación de Puestos de Trabajo de 7.160. De 2004 a 2007, hemos pasado, en Secundaria, de 1.510 interinos a 2.347 en vacante de año. Si la OPE es de 550, la interinidad se reducirá en 7,68% puntos y se quedará en el 25%, y si la OPE es de 850 plazas, la interinidad se reducirá en un 11,87%.

El elevado índice de interinidad, el envejecimiento de las plantillas y la provisionalidad en el empleo son los tres problemas estructurales que se deben encarar para, una vez alcanzado el índice comprometido por el Gobierno, abordar otras cuestiones. Cumplamos primero el objetivo de reducir la interinidad al 8% y planteémonos después si en el nuevo sistema de gestión de las listas de candidatos se deben arbitrar mecanismos incentivadores para quienes se presenten a las oposiciones.

Si el Departamento no saca las 850 plazas de Secundaria comprometidas para 2008 y 2009 en una sola convocatoria para 2008, tendremos que deducir que está más preocupado por otras cuestiones que por abordar uno de los problemas estructurales del sistema público de enseñanza: su alto índice de interinidad. ¿A quién perjudica que, en lugar de 550 plazas, sean 850 y que, en lugar de 55, sean 190 las plazas que salen con PL1, cuando, además, este perfil es el que está establecido por ley para las plazas en las que el docente va a impartir sus clases en castellano? La opinión pública debe saber que las plazas de perfil 2 representan el 65% de la Relación de puestos de trabajo de Secundaria; por tanto, son el 35% las plazas con PL1. También que este perfil de los docentes equivale al EGA o al PL3 de la Administración. Nadie podrá imputar a CC OO falta de flexibilidad, cuando hemos dado por buena una propuesta con un 22% de plazas en PL1 en la OPE (190 cuando deberían ser 297), porque entendemos que la tendencia del sistema es de clara expansión del modelo D, pero esta constatación corre pareja con la de que, a pesar de la flexilibilidad de los modelos mixtos en FP (A-D), el modelo A tanto en la FP reglada como en la continua y ocupacional es claramente hegemónico (más del 70%).

No se debe avanzar hacia el bilingüismo en Secundaria desde un planteamiento agresivo contra nadie y, menos aún, contra los profesores que no tienen acreditado el PL2 negándoles, otra vez, la oportunidad de convertirse en funcionarios de carrera. El euskara no avanzará ni tendrá más hablantes entre el profesorado desde el delirio lingüístico voluntarista. CC OO plantea la OPE 2008 desde el respeto a los derechos de los profesores y a la legalidad vigente. Algunos pretenden hacernos aparecer como contrarios al euskara a quienes queremos hacer las cosas conforme a la norma en vigor y sin que las perspectivas laborales del profesorado interino se vean truncadas.

Flaco favor hará el consejero al euskara, a los trabajadores y al sistema público de enseñanza si condiciona la gestión de personal de su Departamento a los deseos de estos sindicatos y no convoca la mejor de las OPEs posibles en Secundaria. Recuerde, señor consejero, que la OPE de Primaria tenía las 1.100 plazas con PL2 y estos sindicatos también se opusieron a que se llevara a cabo.

"EL CASTELLANO QUEDA FUERA DE LAS AULAS GALLEGAS"
Denuncian que la política lingüística en Galicia es "el modelo catalán"
Uno de los impulsores de la plataforma "Tan gallego como el gallego", Andrés Freire, ha explicado que la iniciativa surge para oponerse a la política lingüística del Gobierno de Galicia que impone el gallego en los colegios. En La Mañana de la COPE, ha recordado que han elaborado un manifiesto al que se han adherido más de 20.500 firmas "porque era prácticamente el modelo catalán" y porque "deja al castellano fuera de las aulas gallegas". Sobre la galescolas ha señalado que hasta el propio presidente Touriño dijo que eso de enseñar el himno en gallego a niños de dos años no existía en ningún país del mundo, pero su vicepresidente le dijo que se callara.
Libertad Digital Libertad Digital 16 Octubre 2007

El profesor de lengua española y uno de los impulsores de la plataforma ciudadana "Tan gallego como el gallego", Andrés Freire, ha explicado que el manifiesto elaborado por la plataforma que representa ha reunido miles de firmas contra la política lingüística de los socialistas y los separatista en el Gobierno de Galicia.

En La Mañana de la COPE, Freire ha recordado que "la iniciativa surge cuando nace el decreto del gallego porque era prácticamente el modelo catalán" y que hicieron "un manifiesto para hacer saber que no toda Galicia estaba de acuerdo con un decreto" que margina al castellano.

Al respecto, ha resaltado que "se afiliaron más de 20.500 firmas contra el decreto" pero les recibieron con silencio, aunque después, cuando vieron que empezaron "a hacer ruido empezaron los homenajes que los nacionalistas dan a quien se opone, que es insultarles, llamarles ultraderechistas, fascistas y todo lo demás". Para este profesor de lengua "la consecuencia es que el decreto está en vigor, y aunque se ha vendido como un decreto de igualdad del 50 por cierto, es un decreto que prácticamente deja al castellano fuera de las aulas gallegas".

No lo tienen claro
Andrés Freire ha denunciado la poca colaboración que han recibido tanto del PP como del PSOE con esta imposición lingüística. Así, ha apuntado que este decreto ha provocado una seria reflexión en el seno del PP gallego "porque ellos en un principio lo habían apoyado" –ya que este modelo catalán había sido importado a Galicia por Fraga–, y sólo una vez que la propia base social del PP leyeron el decreto, "vieron que había que oponerse a él", pero "a pesar de ello sigue siendo una actitud muy ambigua la del PP".

Por su parte, también ha indicado que "la base españolista del PSOE quedó bastante reducida desde que Paco Vázquez fue elevado a los altares", pero esta es una formación que sobre el gallego y el castellano "tampoco lo tienen demasiado claro".

El apoyo de FERE
Este impulsor de la plataforma ciudadana "Tan gallego como el gallego" ha denunciado que esta política de imposición se ha visto respaldada por la Federación Española de Educadores de Religión (FERE), que ha apoyado los manifiestos nacionalistas a favor de este decreto. Freire ha explicado que el decreto 50 a 50 viene a decir que todas las asignaturas "fuertes" –las de carga intelectual– desde primaria han de darse "obligatoriamente en gallego", aquellas "no fuertes" –las manuales–, pueden darse en castellano.

"Lo que se ha encontrado la gente es que el claustro está decidiendo hacerlo todo en gallego", ha denunciado Freire, que ha añadido que "aquí la administración tiene todo el poder es el que reparte el dinero y como recibe subvenciones está un poco asustadetes".

El que no hable gallego no es normal
Aún así, Andrés Freire ha querido subrayar que el suyo "es un movimiento con futuro, sencillamente porque tenemos razón" y ha añadido que "el gallego es la lengua materna del 20 por ciento de los chavales gallegos. Por lo tanto, se está creando una lengua minoritaria y en alguna ciudades incluso residual".

Ha recalcado que "a la gente le produce estupor que con los problemas que hay en Educación, la administración sólo dirija sus esfuerzos a hacerlo todo en gallego". Todo esto ha llevado –continúa– a la creación de dos asociaciones –Galicia Bilingüe y Mesa por la Libertad Lingüística– con el empeño de derribar todo esto, que "más que un decreto es la Ley de Normalización lingüística, esa ley que considera que los gallegos que no hablan gallego no son normales".

Al respecto de las galescolas , Freire ha matizado que no son escuelas, "son guarderías, ni siquiera lo lleva Educación, lo gestiona Asuntos Sociales, por tanto lo lleva la vicepresidencia de Anxo Quintana". Y ha explicado, para terminar, que cuando surgió toda la polémica sobre si se debía enseñar en gallego el himno a los niños de dos años, el propio presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño (PSOE), dijo que "eso no se hace en ningún país del mundo".

Desde presidencia, se le dijo que "eso no eran sus asuntos, se callara".

El Foro Ermua piden que Etxarri Aranatz (Navarra) nombre hijo predilecto a título póstumo a Jesús Ulayar
COMUNICADO DE PRENSA DEL FORO ERMUA 16 Octubre 2007

Bilbao, 16 de octubre de 2007. El Foro Ermua y las Juventudes Unificadas del Foro Ermua secundan las actividades de la asociación Vecinos de Paz de Berriozar (Navarra), de denuncia del apoyo proporcionado al entorno pro-etarra por el Ayuntamiento nacionalista que gobierna la Villa de Erratxi Aranatz, también perteneciente a esa comunidad foral. Piden asimismo que se anule el nombramiento de hijo predilecto de esa localidad a Vicente Nazabal, el terrorista que asesinó a su alcalde Jesús Ulayar y que se le conceda a este último ese título por su entrega ejemplar a esa localidad, que llegó al sacrificio de su propia vida.

El Ayuntamiento del pequeño pueblo navarro Etxarri Aranatz está compuesto íntegramente por concejales de la coalición nacionalista Nafarroa Bai. La Alcaldesa, también de esta formación, es Maider Goñi Errazkin. El pasado mes de agosto el pleno del Ayuntamiento aprobó una moción reclamando a la Delegación del Gobierno en Navarra que asumiera la reparación de los daños físicos y morales que, en su opinión, habían sufrido los vecinos de esa localidad que trataron de llevar a cabo una manifestación a favor de los presos de ETA; dicho acto había sido prohibido, produciéndose una carga de la Guardia Civil para hacer efectiva dicha decisión. Aquella moción también pedía la retirada de la Guardia Civil de “Euskal Herria” como condición para ”articular un modelo de convivencia en Paz y Democracia”.

Lo que resulta más grave que la propia exaltación de los presos terroristas que contiene dicha moción, es que en el pleno municipal que la aprobó la alcaldesa nacionalista dejó participar y votar a tres representantes de la candidatura de ANV que había sido anulada antes de las elecciones, por constituir un instrumento de la organización terrorista ETA. Semejante connivencia con los pro-etarras de los nacionalistas, en este caso agrupados en la coalición Nafarroa Bai, evidencia la falsedad de su supuesta moderación y su interés en dar presencia en las instituciones a las tramas políticas de ETA, vulnerando las decisiones de los Tribunales.

El Foro Ermua y las Juventudes Unificadas del Foro Ermua demandan a las instituciones su intervención activa para impedir la repetición de semejantes ilegalidades en la vida municipal de los ayuntamientos vascos y navarros. Del mismo modo se solidarizan con la familia Ulayar como reconocen la labor heroica a favor de la convivencia y de la libertad de los navarros que lleva haciendo desde años la asociación Vecinos de Paz de Berriozar a la vez que hacen suya la campaña de denuncia que dicha asociación lleva a cabo y su petición de anular la ofensiva e infame distinción al etarra Nazabal. El Foro Ermua y sus Juventudes Unificadas piden, por el contrario, que el título de hijo predilecto le sea concedido a su víctima Jesús Ulayar, cuya memoria ha sido una y otra vez pisoteada por un ayuntamiento indigno que llegó a colocar contenedores de basura en el lugar donde su alcalde había sido asesinado. El caso de la participación de ANV en la vida municipal de Ertxarri Aranatz y de los agravios contra la memoria de Jesús Ulayar es realmente sangrante y una de las asignaturas pendientes de la democracia española; un ejemplo de cómo se sigue insultando a las víctimas del terrorismo y vulnerando la legalidad constitucional impunemente.

Una carta para ti del primer objetor de conciencia frenta a EpC de Espanya
email Alejandro Campoy 16 Octubre 2007

Querido/a compañero/a de HO:

Soy Alejandro Campoy, primer objetor de conciencia de España frente al intento totalitario de Zapatero de imponer Educación para la Ciudadanía (EpC) y miembro del Equipo de voluntarios de HazteOir.org. Desde ese 15 de marzo en que presenté mi objeción, varios miles de padres han seguido el mismo camino.

Mi mujer y yo tenemos cuatro hijos, cuyas edades son 10, 8, 6 y 4 años. Ambos somos profesores de Secundaria, por lo que tenemos el plus añadido de la experiencia en las aulas. En mi caso particular, he asistido y padecido desde el primer momento el proceso de implantación de la LOGSE, allá por el año 1992, y he visto cómo se llevaba a cabo el primer intento adoctrinador a través de los llamados "temas transversales". Afortunadamente, aquello se quedó en papel mojado, por lo que el actual Gobierno lo ha replanteado como una asignatura obligatoria.

Te podría contar mil y una batallas de las que se libran a diario en los Institutos públicos de Enseñanza Secundaria, pero ese no es el objeto de esta carta. Y éste no es otro que, si eres padre o madre con hijos en edad escolar, animarte a participar en la campaña contra Educación para la Ciudadanía. Pues cuando afirmo que es un adoctrinamiento e imposición de una ideología estatal es porque lo conozco por propia experiencia, de primera mano y, como ya he dicho, no es la primera vez que se intenta.

¿Cómo podría permitir que a mi hija de diez años comience a adoctrinarla el Estado sobre lo que es bueno o malo, o que "todo es relativo", o cómo debe enamorarse, o qué sentimientos son correctos o incorrectos? Si fuera optativa, o si fuera únicamente Constitución y Derechos Humanos, como desde el Ministerio no se cansan de cacarear, nunca me habría planteado la opción de objetar en conciencia.

¿Por qué no hay ni una sola alusión a la indisoluble unidad de España (art. 2 de la Constitución)? ¿Por qué no aparece ni una sola mención del artículo 3, ni del 4, ni del 8, ni del 9? ¿Por qué sólo aparece una Constitución de la que se han amputado sus artículos más esenciales? Porque esto no es lo que nos dicen, sino una forma de transmitir mediante mecanismos muy sutiles la ideología del actual Gobierno en las mentes todavía en formación de nuestro hijos. Y esto es algo que desde mi responsabilidad como padre jamás estaré dispuesto a consentir.

Por todo ello, te agradeceré apoyes la campaña contra Educación para la Ciudadanía que hemos emprendido desde HazteOir.org.

Si eres padre con hijos en edad escolar, objeta, por favor. En la sección de "Recursos" de nuestra Web hemos incluido varios documentos con toda la información necesaria para objetar: http://www.epcno.org/epcno/recursos.cfm
Si no tienes hijos en edad escolar, ya conoces la petición que hemos colgado en www.epcno.org – Si aún no has firmado, por favor hazlo ahora: http://www.epcno.org

Esto es lo que HazteOir.org está planeando hacer en los próximos meses para tratar de derogar la asignatura de EpC:
Imprimir y repartir miles de folletos y carteles que expliquen la cruda realidad de EpC y la necesidad de objetar contra la asignatura.

Distribuir camisetas contra EpC, con las siguientes leyendas: “Yo no quiero que me eduque Zapatero” y “ZP, deja a los niños en paz”.

Publicar un anuncio en un diario de tirada nacional mostrando gráficamente el carácter totalitario de Zapatero al imponer EpC.

Seguir iniciando acciones judiciales para defender el derecho que nos asiste a los padres para educar a nuestros hijos conforme a nuestras convicciones.

Considerar la idea de convocar una manifestación para protestar en la calle contra un Gobierno que quiere imponer su cosmovisión sobre las conciencias de todos los niños españoles.

Para todo ello, nos hace falta tu apoyo económico. Necesitamos que 1500 ciudadanos conscientes y activos apoyen el trabajo que desarrollamos juntos con 8 Euros al mes, al menos hasta marzo de 2008.

Te proponemos apoyar esta batalla mediante una contribución periódica. El modo más sencillo es haciéndote socio de HO en:  http://www.hazteoir.org/haztesocio/unete-contra-epc/

Muchas gracias por tu respaldo.
Un abrazo,  Alejandro Campoy Osset

Nota
ADHESIÓN A CONCENTRACIÓN EN MADRID DE PLATAFORMA DE LAS CLASES MEDIAS
la concentración se realizará el 16 de Octubre a las 18 horas en la Explanada de la Plaza de España en Madrid
España y Libertad 16 Octubre 2007

15, Octubre de 2007.- Mañana día 16 está prevista la reunión en Moncloa entre el presidente del Gobierno de España y el presidente del gobierno autónomo vasco, que acaba de anunciar su decisión de convocar un referéndum ilegal para separarse de España.

España y Libertad se adhiere a la concentración que la Plataforma de las Clases Medias, presidida por Enrique de Diego, ha convocado para el 16 de octubre, a las 18 horas, en la Explanada de la Plaza de España de Madrid. La concentración se desarrollará bajo el lema ‘Por España. Artículo 155 de la Constitución’. la concentración busca romper de una vez el tabú que se ha generado sobre ese artículo de la Constitución que prevé el caso de un autonomía que no cumpla las leyes, y ningún caso tan claro como la secesión, que es la apuesta directa por el conflicto.

Por ello, España y Libertad convoca a todos los ciudadanos a concentrarse y mostrar su repudio a la reunión, a los atentados de ETA y a la condescendencia culpable del Gobierno de España en estos momentos de emergencia nacional.

La lucha por la ibertad en peligro
email  16 Octubre 2007

La Consejería de Interior del Gobierno Vasco ha decidido retirar la escolta a todas aquellas personas amenazadas por ETA que cesen en su cargo público. Esto supone dejar a todas estas personas indefensas ante los terroristas y convertidas en una presa fácil. Si deseáis dejar vuestra firma, nombre, apellidos y DNI para exigirle al GV que mantenga las escoltas, podéis hacerlo en la dirección de correo:    firmaporsuvida@gmail.com

Para más información, podéis consultar:
http://www.espacioblog.com/firmaporsuvida

Por favor, difundid esta iniciativa. Queda poco tiempo: el 30 de este mes se retiran las escoltas.
Muchas gracias

Cine Social de Iñaki Arteta
email 16 Octubre 2007

Estimados todos:
Nos ha llegado una carta del cineasta Iñaki Arteta, dirigida a una simpatizante nuestra, pidiendo un SOS para poder tirar adelante su último trabajo El Infierno Vasco. Nos atrevemos a difundir la nota porque Iñaki es uno de los pocos directores, en este país, que se atreve a abordar con rigor y maestría la situación política y social en el País Vasco a la que ha llevado el terrorismo. Estamos seguros que muchos de vosotros estimaréis que vale la pena contribuir, aunque sea con una cantidad mínima, para que este nuevo ejemplo de cine social, políticamente incómodo, acabe viendo la luz.
A partir de aquí, nota del director.

Nuestra productora ya ha realizado y estrenado varios trabajos en esa línea (Voces sin libertad, Trece entre mil,..) habiendo sido todos ellos reconocidos internacionalmente con importantes premios.

En estos momentos nos encontramos en la fase final de un nuevo proyecto titulado El infierno vasco cuya temática se acerca al círculo no menos trágico de los que se vieron, y aún se ven, obligados a huir, a dejar su tierra vasca presionados o directamente amenazados por el entramado nacionalista excluyente.

Las treinta entrevistas ya realizadas a empresarios, políticos locales, escritores, periodistas, policías, etc. configuran un espectacular paisaje aún desconocido por una importante porción de españoles y la denuncia expresa de una situación insostenible en un Estado democrático como es el nuestro.

Pero después de una denodada tarea de búsqueda de apoyos institucionales (el Ministerio de Cultura nos ha denegado por tercera vez subvención para el proyecto), nos vemos obligados a buscar fondos al margen de los canales habituales que financian el cine en nuestro país.

Nuestra iniciativa en estos momentos es encontrar 120 personas que colaboren con la fase final de la producción de El infierno vasco aportando a fondo perdido 1.000 euros.

Te adjuntamos el número de cuenta destinado a ese efecto y puedes hacer uso de la confidencialidad tanto para hacer la aportación como para no hacerla.

Nº cuenta: 2100 1636 95 0200120110

En el caso de que efectúes la donación nos gustaría poder conocer tus datos para que te incluyamos (si es que quieres) en el apartado de agradecimientos de los títulos de crédito, podamos invitarte al estreno y enviarte una de las primeras copias en DVD de la película terminada.

Vaya por delante mi agradecimiento tanto si nos haces la aportación como si no la haces. De todas maneras te agradecería que difundieras nuestra acción para ayudarnos a encontrar otros posibles donantes.

Recibe un fuerte abrazo.

Iñaki Arteta
LEIZE producciones
+34 94 437 18 95
+34 629 456 223
leize@teleline. es
Aptdo. De Correos 73
48900-Baracaldo
Bizkaia
Spain
 

Recortes de Prensa   Página Inicial