AGLI

Recortes de Prensa    Lunes 22 Octubre   2007

Zapatero aburre
EDITORIAL Libertad Digital 22 Octubre 2007

José María Aznar ha vuelto a pronunciarse sobre la situación política en España. El ex presidente habla de “serena preocupación” cuando describe su estado de ánimo, pero sus palabras muestran que todo lo que tenga su inquietud de serenidad es por pura prestancia de ánimo. Serenidad, claridad de ideas y valores, arrojo para defenderlos y querencia por España y por los españoles; vamos a tener que echar mano de estas y otras virtudes para hacer frente al Gobierno de Zapatero.

En la entrevista que este domingo le ha hecho el diario La Razón, Aznar ha hablado como un miembro más de la sociedad y se ha referido, a instancias de parte, claro está, a los problemas de nuestra nación; a los que preocupan a los españoles. Ha recordado, por ejemplo, que la lucha contra el terrorismo ha de librarse en todos los frentes y también en el ideológico. El Gobierno no sólo ha descuidado ese frente sino que de hecho legitima el nacionalismo y el secesionismo como un objetivo alcanzable y el terrorismo como un método lo suficientemente válido como para hacer doblar las rodillas al Gobierno; primero para sentarse a negociar, ya veremos hasta dónde es capaz de doblarlas.

Frente a las críticas de su antecesor, Rodríguez Zapatero ha respondido hablando una vez más de la guerra de Irak. Dice que representa unos valores y una forma de hacer política. Se referirá al hecho de que él incumplió su promesa de esperar a la resolución de la ONU, dejó tirados a nuestros aliados y, cuando llegó el dictamen de Naciones Unidas que pedía para todos el esfuerzo que nuestro Gobierno acababa de negar, va nuestro presidente y la firma. Pero para valores y formas de hacer política mejor hubiese sido que se refiriera a los GAL, al terrorismo de Estado impuesto por gobiernos socialistas. Aquellos sí que eran valores definitorios.

El discurso de la retirada de las tropas de Irak, combinado con la descarada explotación política de los brutales atentados del 11 de marzo, le fue muy bien electoralmente a Rodríguez Zapatero. Ha recurrido en numerosas ocasiones al recuerdo de aquél aspecto de la política exterior de Aznar (con concomitancias con la política antiterrorista en nuestro país, no lo olvidemos). Y volverá a hacerlo, advierte. Lo que revela Zapatero es, en el fondo, el vacío de su propuesta política, ilustrado a la perfección con dos vídeos: el de las juventudes socialistas y el de la Z.

Quedan seis meses para las próximas elecciones, que al ritmo en que se suceden los acontecimientos es mucho tiempo. A medida que se acerquen los comicios, los españoles tendrán que ir separando el grano de la paja y dar respuesta a unas pocas preguntas, tales como si estamos mejor que hace cuatro años, cuál de los dos grandes partidos nos habla de problemas reales o qué relevancia tiene cada propuesta política. Y Zapatero ha recurrido a golpes de efecto, como Irak o el matrimonio homosexual, a políticas de división, como los Estatutos, la memoria histórica o el adoctrinamiento en las escuelas, o el entreguismo ante la ETA. La participación española, una vez acabada la guerra, en operaciones de pacificación en Irak, suscitó la oposición de la mayoría de la sociedad. Pero el reclamo de Irak ya no tiene el efecto que pretende Zapatero, porque nuestros problemas son ahora otros, y en gran parte los ha creado él mismo. Referirse una vez más a Irak sólo produce hastío y aburrimiento incluso en gran parte de la propia grey. Sus estereotipadas sonrisas no servirán para ocultar el vacío político del Gobierno Zapatero.

Los etarras, ahora mártires del franquismo
EDITORIAL Libertad Digital 22 Octubre 2007

El sectarismo y la violencia unen los dos grandes proyectos políticos de José Luis Rodríguez Zapatero para esta legislatura. El primero, fracasado, aunque mantenido en barbecho en espera de un hipotético segundo mandato, ha sido la negociación con ETA, el proceso de rendición del Estado de Derecho a la voluntad de los terroristas. El segundo, en vías de ser aprobado en el Congreso, es la Ley de Memoria Histórica, una de cuyas consecuencias es que las familias de 33 etarras podrían acogerse a las ayudas que ésta prevé para las "víctimas del franquismo".

Semejante disparate es consecuencia inevitable de una ley que trata la historia como si fuese un relato de peli del oeste, con sus buenos y sus malos; los buenos buenísimos y los malos malísimos. Así, al reivindicar sólo a los de un bando como víctimas, la ley pinta con colores blancos y negros a todos los que tuvieron algún protagonismo en la historia reciente de España, y a los etarras y otros terroristas les ha tocado el blanco. El problema, claro, es que de este modo se legitima y justifica la violencia, siempre que fuera ejercida por el bando adecuado.

La Ley de Memoria Histórica parece haber sido creada para avivar la crispación y el desencuentro entre españoles, pintando a los padres y abuelos de buena parte de la población como los malos de una película en la que perdimos todos. No sólo por el rencor de quien no movió un dedo durante la dictadura, sino también por cálculo electoral, por intentar revivir el próximo marzo el clima con el que Zapatero movilizó a muchos votantes. El coste que esto pueda tener para la convivencia de la sociedad española le importa bien poco.

Muchos nervios
Luis del Pino Libertad Digital 22 Octubre 2007

Pues no sé cuál será el sentido de la sentencia que los jueces del 11-M han redactado, pero desde luego hay algunos que parece que están de los nervios. En los últimos días, se multiplican los ataques contra todos aquéllos que resultan molestos a los beneficiarios del Golpe de Régimen. Por ejemplo, Federico Jiménez Losantos. O, por ejemplo, Francisco José Alcaraz. Desde los medios de comunicación y las instancias afines al Gobierno se dispara, al parecer, contra todo lo que se mueve. Buen síntoma, diría yo.

Buen síntoma, porque el nerviosismo que esos movimientos espasmódicos reflejan no se justificaría en caso de que la sentencia fuera a convalidar la versión oficial de los atentados. Buen síntoma, asimismo, porque indica que personas como Losantos o Alcaraz, con el respaldo de millones de españoles, están consiguiendo tirarles por tierra la estrategia marcada antes del 11-M. Buen síntoma, finalmente, porque estos aprendices de Hugo Chavez siguen demostrando que minusvaloran a quienes tienen enfrente.

La campaña de autoinculpación para apoyar a José Alcaraz que anunciamos aquí el viernes cuenta ya con el respaldo de otras organizaciones cívicas, como el Foro de Ermua. Esta tarde haremos públicos los detalles de la campaña, para que pueda sumarse todo aquél que lo desee. Desde luego, el Gobierno no sabe dónde se ha metido, y somos muchos los que nos vamos a encargar de que pague lo más cara posible, en términos de votos y de imagen, esta nueva agresión a las víctimas, que se produce justo cuando se intenta aprobar en el Parlamento, a través de la Ley de Memoria Histórica, una serie de ayudas para los familiares de etarras.

Pero antes, a las 12 de la mañana, el propio Francisco José Alcaraz dará una rueda de prensa en el hotel VT Jardín Metropolitano, en la Avenida Reina Victoria número 12: http://www.avt.org/index.asp. Allí habrá muchas víctimas respaldando al presidente de la AVT.

Porque en estos momentos, y por si el Gobierno no se ha enterado, todos somos Alcaraz.

Contra la querella pro terrorista
Pío Moa Libertad Digital 22 Octubre 2007

El foro de Ermua suscribe punto por punto las declaraciones que ha venido haciendo Alcaraz. Dichas declaraciones no solo son plenamente legítimas, sino también plenamente veraces, y perseguirlas supone perseguir a toda la sociedad democrática. Es de esperar que el partido de Díez y Buesa sigan el ejemplo, así como otras muchas asociaciones y grupos políticos, que tienen la ocasión de demostrar su verdadero carácter. La querella, inequívocamente pro terrorista, ha sido interpuesta por una terminal del gobierno con el evidente objetivo de amedrentar no solo a las víctimas, sino a toda la sociedad. Objetivo para el que también se está sirviendo fraudulentamente de la figura del rey contra Jiménez Losantos, pues acallarlo es otro de los objetivos clave del gobierno anticonstitucional. Quizá el Foro debiera haber incidido más sobre este punto: no se trata de acudir en defensa de las víctimas directas, sino de toda la sociedad española, que es víctima de estos manejos y debe defenderse. Se demuestra una vez más que la colaboración con la ETA implica necesariamente el acoso a las víctimas directas y la vulneración de los principios más elementales del estado de derecho.

Han pasado tres días desde la querella pro terrorista, y todavía no hemos oído al PP una sola palabra de identificación con Alcaraz, y sí, en cambio, de identificación con quienes le persiguen, so pretexto de “respeto a las resoluciones judiciales”. Resoluciones que, como muy bien sabe ese partido, pueden salir por cualquier lado, una vez el poder judicial está siendo a su vez tan acosado en su independencia.

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Cuerpo y biografía
Realmente, Pinker y compañía no están hablando del ser humano, sino del cuerpo humano, tal como los marxistas creían definir la historia en general por la economía y solo hablaban de historia económica, y además de modo totalmente equivocado.

Claro está, desde el momento en que el hombre es su cuerpo, no hay ninguna diferencia decisiva entre el hombre y el primate: el hombre es un primate. Y tampoco la hay con cualquier animal: el hombre es un animal, con determinadas características anatómicas y fisiológicas, tal como las que diferencian a cualquier especie.

De ahí deduce Pinker una de las pretensiones más audaces, en su sandez, la de fundar la moral sobre una especie de “solidaridad de los cuerpos”. Puesto que todos somos cuerpos, debemos ser más comprensivos con los demás animales, viene a decir, incluso otorgarles derechos o cosa por el estilo. “Comprensión” que, en fin de cuentas, implicaría una especie de guerra general, pues en la naturaleza los cuerpos, lejos de ser respetuosos entre sí, se comen unos a otros, se parasitan, etc.

Por contra, la concepción del ser humano como biografía le aleja decisivamente del animal. No es que haya una ruptura absoluta con este, como no la hay con la planta o con cualquier otra forma de vida, pero una biografía difiere drásticamente de la trayectoria vital de un mono, una mosca o una lombriz. Implica unas diferencias tan fuertes como las que nos permiten distinguir entre un animal y una planta.

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No sé si será un dato significativo, pero llama la atención. Como ustedes recordarán, durante su llamada tregua, la ETA no ha cesado de realizar atentados espectaculares, procurando evitar muertos para favorecer la colaboración con el gobierno, pero ocasionando muy graves daños materiales y psicológicos (también dos muertos, en una ocasión). De repente declara liquidada la tregua y toda aquella capacidad de la que hacía gala se queda en casi nada. Sorprendente.

Memoria histórica
Demagogia indignante
Agapito Maestre Libertad Digital 22 Octubre 2007

Comparar lo incomparable es la mejor forma de definir la demagogia. Un profesional de la crispación, por ejemplo, nunca debería compararse con una persona sensata y prudente, con una persona que respete acuerdos y palabras. No debería, pues, equipararse Zapatero con esa imagen de un hombre sereno que pretende dar de aquí a las elecciones; pero, como Zapatero esta fuera del ámbito de la moralidad, no sólo se compara con el hombre sensato sino que se presenta como el modelo de sensatez. Es la entronización de la mentira. El colmo de la mala fe. Otra vez, por desgracia, aparece en la historia de España un "antimodelo", un vicio al alcance de todos. En efecto, tenemos una persona que se presenta en público como un ser ecuánime y prudente, después de llevar crispando a los españoles más de tres años y medio. La cuestión es terrible, pero no tanto por él sino porque la inmensa mayoría de los medios de comunicación no se inmutan, o peor, se lo toman a chirigota.

Sin embargo, la cosa es seria; pues alguien que empieza aceptando a quien confunde la sensatez con decir imbecilidades riéndose, nunca se sabe que puede terminar soportando para sobrevivir sin dignidad. Nadie en su sano juicio debería dejar de indignarse cuando oiga hablar a Zapatero de serenidad, pero amplias zonas de la opinión pública, y ese es el problema, lo toman a beneficio de inventario. Es como si esta sociedad hubiera perdido cualquier opción de sensatez y dignidad. Es una insolencia que alguien confunda la serenidad con negociar con terroristas educadamente, pero es aún más insolente que nos lo tomemos a risa. La sociedad española en este punto parece haber alcanzado la apoteosis de la demagogia y el engaño.

Entre las comparaciones demagógicas que Rodríguez Zapatero ha extendido por toda España, sin duda alguna, hay una que reviste una maldad singular. Me refiero a la insistencia de los miembros del PSOE a la hora de hablar de la Ley de Memoria Histórica de modo paralelo a la beatificación de 498 mártires de la Iglesia católica. Chaves, por ejemplo, ha dicho recientemente sobre la beatificación: "Se trata de un acto en recuerdo de una serie de sacerdotes que la Iglesia considera mártires, y eso hay que entenderlo dentro de la normalidad". Ahora bien, según Chaves, es necesario "reclamar la misma consideración para la Ley de la Memoria Histórica". La comparación no puede ser más horrible y demagógica, entre otras razones porque la base de la ley no es tanto el castigo a un supuesto culpable como su estigmatización, no es tanto el reconocimiento de las víctimas como la condena de quien se considera culpable; por el contrario, la beatificación de estos mártires está basada en el perdón de las víctimas a los acusadores, o sea, en el perdón de los ejecutados a quienes los acusaban y mataban sólo y exclusivamente por ser cristianos.

En fin, nada tiene que ver el proceso de beatificación, limpio, transparente y llevado a cabo tras años de investigación de la Iglesia católica, como se ha encargado de señalar hasta la saciedad la propia jerarquía eclesiástica, con la Ley de la Memoria Histórica programada por el Gobierno socialista para satisfacer fines estrictamente ideológicos de grupos políticos, liderados por el PSOE, que no están dispuestos a aceptar la idea de reconciliación entre todos los españoles para construir la democracia. El revisionismo histórico de este Gobierno será una pesada y cruel carga en las espaldas de todos los españoles. Será necesario mucho tiempo para que olvidemos tanta infamia. Por otro lado, el afán resentido, cainita y cruel de este Gobierno a la hora de buscar culpables actuales de males pasados, en la historia de España, define antes una política totalitaria, y excluyente de millones de personas, que una forma de hacer justicia a las víctimas del pasado franquista. Resulta, pues, indignante que alguien que patrocina una ley tan terrible pueda presentarse como un individuo sereno, representante de un partido sensato, parecido o "comparable" a los beatos que perdonaron a sus acusadores.

Guggenheim
Radiografía de unas Crónicas vascas
Cristina Losada Libertad Digital 22 Octubre 2007

El reportero Clemente Bernad no se aclara. Primero, presenta una serie de fotografías bajo el título Crónicas vascas. Después, protesta por el hecho de que se juzguen de acuerdo al único criterio con que puede y debe valorarse una crónica, que no es otro que el de su ajuste o desajuste con la realidad. ¡Haberlo pensado antes! Ha ofrecido una crónica y como tal la han tomado las asociaciones de víctimas del terrorismo, foros, partidos e individuos diversos, haciendo uso de la misma libertad que él reclama para su trabajo. Incluso con más razón. Hasta la obra de arte, ejercicio libérrimo, se somete a la crítica. Pero hay especialistas en exigir libertad de expresión y creación para ellos y un silencio respetuoso a los demás cuando les empiezan a llover las críticas. Este Bernad no es el primero ni será el último en tirar la piedra –¿o era la pelota?– y esconder la mano.

Yo, desde luego, me atengo a su voluntad de cronista, y para valorar objetivamente la serie de fotos, he repasado los atentados con resultado de asesinato que ETA perpetró entre 1997 y 2001, que es el período que cubre con sus imágenes. Pues bien, en esos cuatro años, fueron asesinadas por la banda terrorista un total de 59 personas. Policías, guardias civiles, empresarios, políticos, magistrados, concejales, un vendedor de bicicletas, un periodista y transeúntes que tuvieron la mala suerte de estar cerca de la bomba o de abrir un paquete trampa en los lavabos de un bar. La cosecha roja fue variada y abundante en aquel cuatrienio. Pero nadie lo diría examinando la serie de Bernad.

Él, libremente, decidió incluir sólo tres fotos de la actividad criminal de ETA: una, de un funeral de agentes de la Guardia Civil, otra, de un atentado contra la Guardia Civil y la tercera, la del cráneo perforado de Miguel Ángel Blanco, que la familia le impediría exhibir. Con la radiografía del cráneo, con una imagen despersonalizada, fría, distante, iba a solventar el reportero la crónica de los asesinatos de tantos y tantos ciudadanos que no vestían uniforme. Y tiene su coherencia que esa fuera su opción, pues presentar la humanidad de Miguel Ángel, su bonhomía, su inocencia, tal vez hubiera quebrado ese relato suyo en el que "militantes de ETA" y "militantes independentistas" se enfrentan exclusivamente a las fuerzas y cuerpos de seguridad y la población se manifiesta únicamente a favor de los presos ¿independentistas?

El reportero Bernad busca amparo en el relativismo. El habitual y tópico en estos casos: los que para unos son terroristas, para otros son luchadores por la libertad. Dice. Si nos atenemos a la percepción y al "gusto de cada uno", los nazis ¿no eran también para sus numerosos seguidores unos héroes que luchaban por Alemania? ¿Qué haría un Bernad ahí? ¿Lavarse las manos? ¿Ni con unos ni con otros? ¿También tendríamos que callar entonces? En cualquier caso, quien ha hablado definitivamente con la exhibición es el Guggenheim de Bilbao. Ha tenido que ser de esta manera y no de otra como rompiera su tradición de ignorar los horrores del terrorismo de ETA. Un terrorismo que le queda tan próximo, que llegó hasta sus mismas puertas. Allí, hace diez años, fue asesinado un ertzainza. Y siguiendo su tradición silente, el museo no organizaría el reciente homenaje que se le tributó ni tomaría la palabra durante el acto ninguno de sus responsables. Y no ha de extrañar nada de esto. El Guggenheim ha cumplido y sigue cumpliendo los designios políticos para los que fue instalado y financiado. Su función de fachada Potemkin de titanio frente a la sucia realidad del terrorismo. Reclamo y monumento a la actitud de mirar para otro lado.
Cristina Losada es uno de los autores del blog Heterodoxias.net.

Artículo aparecido hoy (21/10/2007) en la bitácora "Criterio"
Nombre de calles y memoria histórica
Marita Rodríguez www.criterio.es 22 Octubre 2007

Creo que, como declaración de principios, se podría llegar, sin grandes dificultades, al acuerdo de que la denominación de calles y plazas públicas dedicadas a personas o colectivos se inspirase en la labor desarrollada -en vida- por éstas o éstos en cuanto a defensa activa de los derechos humanos, capacidad de servicio a los demás, dedicación a los desfavorecidos, logros en investigación, gestas en deporte, relevancia en las artes y la cultura, etc. Sería una forma -como otras muchas posibles- de difundir valores democráticos y universales.

La idea de retirar el nombre de Francisco Franco y todos sus compañeros golpistas de lugares públicos obedece -es de suponer- a ese mismo criterio. Cabría considerar un contraejemplo el levantamiento en armas contra la legalidad establecida, pero sorprende que, al mismo tiempo, se mantengan calles dedicadas a otros personajes que atentaron contra esa misma legalidad y que se han incorporado al nomenclátor con todo ropaje de honorabilidad ¡en plena democracia! tal es el caso de Lluís Companys. Fue, desgraciadamente, uno de los muchos fusilados por el ejército de los "nacionales" pero eso no le convierte en un referente positivo ni mucho menos. Hay que recordar que su declaración de independencia de Cataluña fue juzgada como alta traición y fue, por ello, condenado por la República a 30 años de cárcel, de tal manera que, cuando estalló la guerra civil, era un presidiario; hecho que el nacionalismo catalán transversal ha ocultado para elevarlo a la categoría de héroe y no ha dejado población sin una calle de postín que le esté dedicada.

¿Qué decir de la substitución (en Barcelona) de Calvo Sotelo por Francesc Macià? El primero era un abogado de derechas con escaño en el Congreso que fue asesinado en Madrid, en 1936, sin cargos ni juicio previo (después de ser amenazado por el propio Jefe de Gobierno y Ministro de la Guerra: Casares Quiroga en sesión parlamentaria 13 días antes). El segundo, Presidente de la Generalidad, que proclamó la República catalana el mismo día que se proclamó la II República española.

Si una repasa los callejeros, se encuentra con numerosas sorpresas de este tenor. Así, en la época de Narcís Serra, como alcalde de la ciudad condal, rebautizaron una calle con el nombre de Sabino Arana -que se caracterizó por sus teorías sectarias y postulados a favor de la discriminació n étnica y cuyas ideas son el sustento de la violencia de ETA y del nacionalismo excluyente.

El colmo del estupor se produce al ver calles en algunas poblaciones de la Comunidad Autónoma Vasca o de la Foral Navarra dedicadas a terroristas etarras, o la reciente incorporación de Xirinacs, apologeta de ese mismo terrorismo, en Villafranca del Penedés, Molins de Rey, Vic, Blanes e Igualada.

Buceando en esta lógica perversa, una encuentra como elemento común que todo lo que atenta contra la unidad de España y favorece las reivindicaciones nacionalistas parece gozar de bula para pasar el filtro de "calidad democrática".

Marita Rodríguez es presidenta de la Asociación por la Tolerancia de Barcelona.

La pelea por el control del Constitucional
José Oneto Estrella Digital 22 Octubre 2007

La verdad es que todo comenzó con Manuel García Pelayo, primer presidente del Tribunal Constitucional (1980-1986). Dicen que el ilustre jurista murió de pena, en Caracas (Venezuela), sin perdonarse el voto a favor de la constitucionalidad del decreto por el que se expropió el imperio Rumasa en febrero de 1983. Su voto, como presidente, era decisivo para deshacer el empate, y fueron tantas y tan fuertes las presiones que, al final, votó a favor de la postura del Gobierno.

Después de aquel escándalo, todos los gobiernos de turno metieron la mano en la composición del Tribunal, en influir en muchas de sus sentencias e, incluso, en vetar a los que teóricamente eran los suyos, como le ocurrió a Vicente Conde (conservador), que se negó a votar a favor del Partido Popular cuando el PP intentó que el Constitucional rechazase la posibilidad de que se discutiese el Plan Ibarretxe en el Parlamento. Aznar no se lo perdonó y, paradójicamente, una representante del sector progresista, María Emilia Casas, accedió a la Presidencia cuando estaba asegurada la candidatura de Conde por ser, en caso de empate, el miembro de más edad...

Ahora, María Emilia Casas es la que está en la picota (si no, visualícese el sonrojante vídeo de la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, abroncándola en público con palabras gruesas en el acto del desfile de la Fiesta Nacional), porque el Gobierno ha prolongado su mandato —y el del vicepresidente— para evitar que la mayoría conservadora se haga con el control del Tribunal, cuando está pendiente no sólo el recurso de inconstitucionalidad del Estatuto de Cataluña, sino un total de 19 leyes de todo el mandato Zapatero, desde el Plan Hidrológico Nacional, hasta la ley de matrimonio de los homosexuales, pasando por la ley de igualdad o la de violencia de género.

Esta prolongación del mandato realizada sin el consenso de la oposición, a la que se opusieron en carta pública dos miembros del sector conservador (los magistrados Roberto García Calvo y Jorge Rodríguez Zapata), provocó un recurso del PP que, a su vez, originó que tanto la presidenta como el vicepresidente pidiesen su abstención en el debate de la cuestión planteada por el PP, porque se consideraban parte del contencioso.

Esas dos abstenciones que dejaban en manos del sector conservador la mayoría en cualquier votación, fue el motivo de ese incidente público de la vicepresidenta del Gobierno con la presidenta Casas... El malestar del Gobierno era tan evidente que días más tarde, en el Consejo de Ministros del pasado viernes, se tomaba la decisión insólita, insólita en todo el periodo democrático, de recusar a los dos magistrados que se habían opuesto a la reforma de la Ley Orgánica que regula la Institución (LOTC).

De esta forma, si el pleno del Tribunal acepta la reacusación presentada por el Gobierno, el Tribunal Constitucional vuelve a estar controlado por el sector progresista y el Gobierno tiene la garantía de que, a corto plazo, se dilata hasta después de las elecciones generales el dictamen sobre el Estatuto de Cataluña. Al tiempo que se garantiza que el resto de las leyes recurridas por el Partido Popular, fruto de toda una legislatura que termina, sean declaradas inconstitucionales.

Todo un enredo jurídico en el que tanto el Partido Popular como el Partido Socialista se juegan mucho, aunque a ambos les importe poco el prestigio del Tribunal, su apariencia de imparcialidad y su independencia tanto de los partidos políticos como del poder ejecutivo.

El PP no quiere que cambie la actual correlación de fuerzas que le beneficia (igual que ocurre en un Consejo General del Poder Judicial, cuya renovación está paralizada desde hace un año) y el Gobierno está dispuesto a cambiar de pronto las reglas del juego para evitar que toda la legislatura se ponga en duda, especialmente su comienzo de diseño territorial que se abrió con el polémico Estatuto de Cataluña, algunos de cuyos artículos son claramente anticonstitucionales.

Lo peor es que con todo este enredo, muy pocos aceptarán y creerán en las decisiones de un Tribunal que parece que está más al servicio de los partidos políticos que de la defensa de la Constitución.

¿Es pecado pedir la abdicación del Rey?
Jesús Cacho El Confidencial 22 Octubre 2007

Pues, al paso que vamos, parece que sí. Parece que se va a convertir en un pecado y, lo que es peor para quienes nos sentimos agnósticos, podría convertirse incluso en un delito, tal es la imparable y degradante deriva que ha emprendido nuestra mal llamada democracia. Como habrán advertido enseguida los lectores, la pregunta está relacionada con el gran asunto -el otro tenía que ver con la desoladora imagen de un Mario Conde que, incapaz de respetar lo que antes se llamaba “el duelo”, el silencio del duelo, aparecía en la portada de El Mundo impetrando la piedad ajena, patético Conde, enésima equivocación, otra vez manipulado por quien tantas veces le usó para vender más periódicos- que la prensa dominical sacaba ayer a colación: la riña entre Esperanza Aguirre y el Rey de España a propósito de Federico Jiménez Losantos (FJL).

Huelga decir que lo último que pretendo es salir a defender al locutor de radio, en cuyo programa participo en las mañanas de los miércoles y con quien suelo discrepar a menudo, entre otras cosas porque Jiménez Losantos ya es mayor y sabe defenderse muy bien solito, asomado como está todas las mañanas a unos micrófonos que escuchan cientos de miles de españoles. Porque ahí le duele, esa es, en mi opinión, la clave del problema: que la polémica sobre la Monarquía, hasta ahora confinada en el gueto apacible de la charla de café o en la esperanza añeja de algunos grupitos de republicanos irredentos, está empezando a llegar a la gente, esa lluvia fina comienza a calar, Juan Español empieza a hacerse preguntas y a cuestionar las bases mismas sobre las que se asienta una democracia enferma, de la que sigue sacando tajada un establishment –en cuya cúspide vive instalado el Monarca- totalmente refractario a cualquier amago de regeneración democrática.

Que se sepa, pedir la abdicación del Monarca en su hijo no está tipificado como delito en nuestra Constitución ni en el Código Penal, porque, si así fuera, ¿qué haríamos con quienes se declaran abiertamente republicanos? ¿qué, con los millones de españoles que pasan de abdicación y reclaman directamente una reforma constitucional que, entre otras cuestiones no menores, se cuestione la forma de Estado y pida opinión a los españoles al respecto? ¿Va a ser delito disentir de la doctrina oficial que propaga y defiende el Sistema desde la muerte de Franco? Lo cual nos lleva por derecho al nudo gordiano de la cuestión: estamos ante un problema de libertad de expresión. Un problema como una catedral. Hasta aquí llegan las aguas de la riada de una democracia podrida, víctima de la corrupción galopante, que lleva años pidiendo a gritos un movimiento regenerador.

Hacerse el haraquiri
¿Es que debe FJL pedir perdón o hacerse el haraquiri por haber hablado de la abdicación del Monarca? ¡Faltaría más! El Rey es el titular de la primera institución del Estado, institución que, como todas las demás, está al servicio de los españoles. Salvo error u omisión, desde las Cortes de Cádiz a esta parte la soberanía reside en la nación, es decir, en el pueblo español, conjunto de ciudadanos libres con plena capacidad para opinar y juzgar la conducta de quienes ocupan el vértice del Sistema. De modo que no es FJL quien debe dar explicaciones. Son otros quienes, por ejemplo, deberían explicar cómo es posible hacer una gran fortuna sin llamarse Amancio Ortega y partiendo de la nada.

Ya sabemos, pues, que al Monarca no le gusta la crítica. Nos lo temíamos. Hasta ahora, sin embargo, jamás habíamos asistido al espectáculo de un almuerzo donde el Jefe del Estado, en presencia del presidente del Gobierno y de una serie de comensales más o menos ilustres, realiza una serie de manifestaciones lesivas para la libertad de expresión de un ciudadano, ante el silencio cómplice de los presentes, singularmente del jefe del Gobierno, un personaje tan en la onda de la degradación democrática que padecemos que, por primera vez desde 1975, acaba de enviar los tanques de la Abogacía del Estado para tomar al asalto un Tribunal Constitucional cuya mayoría no controla.

La excepción en aquel almuerzo fue la presidenta de la Comunidad de Madrid. Monárquica reconocida pero también liberal, Esperanza Aguirre antepuso su condición de tal para defender la libertad de expresión de un ciudadano y dejar en entredicho a quienes constantemente apelan a las libertades y al republicanismo de guardarropía. ¡Vivir para ver!, habrá que rendir homenaje a la señora Aguirre, que ha sabido estar en su lugar. En cualquier país democrático, las manifestaciones del Rey –no digamos ya esa velada amenaza a que “si la montaña no viene a Mahoma, Mahoma irá a la montaña”- y la complicidad del jefe del Gobierno, constituiría un auténtico escándalo político. En la España de nuestros días, lo ocurrido se toma como normal, síntoma evidente de la escasa calidad de nuestra democracia.

Metido en el tobogán del “¿pero esto qué es?”, el Monarca se permitió incluso dar lecciones a la Conferencia Episcopal, para indirectamente decir a los obispos lo que tienen que hacer con FJL. ¿Y qué es lo que han hecho los señores obispos desde el 75 a esta parte? Pues tutelar y amparar -cuando no encubrir determinados comportamientos- a la Institución Monárquica y al propio Monarca desde los tiempos del cardenal Tarancón. Este es el pago que reciben.

Y toda la escena, repito, ante el silencio complaciente del resto de comensales –con la excepción referida-, gente principal que cuando toca poder o habita en sus aledaños abdica de su dignidad para comportarse como auténticos siervos, algo que explica el por qué en este país no existe una sociedad civil digna de tal nombre. Falta fibra moral, faltan hombres dispuestos a ejercer plenamente su condición de tales; sobran hombrecitos dispuestos a caminar a cuatro patas y a bailar al son que toca el amo del tambor. Este es el país que tenemos, y esta es la razón de fondo que explica la mayoría de los problemas que nos abruman: la carencia de material humano de calidad. Cosas de “la mala suerte colectiva de España” que decía Caro Baroja.

El votante gorrón
Pedro Arias Veira La Voz 22 Octubre 2007

Una democracia solo es tal cuando el derecho al voto es el reverso del deber económico de financiar los servicios de la comunidad. El votar es contracara de la fiscalidad, del pagar según la capacidad personal. Aquí hay mucho listo con domicilio fiscal en sociedades opacas, clientes de las ingenierías financieras, que son españoles para el votar y apátridas para el pagar. En el lenguaje sociopolítico, como en el popular, se les conoce como gorrones, maximizadores de beneficios particulares que rehúyen los costes colectivos.

Este tipo de gorrones voluntarios son bien conocidos, condenados y a veces perseguidos. Pero ahora surge un nuevo tipo de picaresca electoral; la fomentada desde las propias instituciones públicas, amenazando con pervertir la voluntad mayoritaria de los electores contribuyentes. Tal es la degradación a la que está llegando el voto emigrante en Galicia y en el conjunto de España, sin parangón en ninguna otra democracia que se precie.

Con el pretexto de reconocer su esfuerzo, se les concede el derecho al voto aquí, sin que por ello tengan que renunciar al de sus países de nueva nacionalidad o residencia, lugar en el que pagan sus impuestos. La prodigalidad del exceso es tal que solo para los distritos electorales de Galicia ya rozan el medio millón. Un mercado electoral superior a la suma de los censos políticos de A Coruña y Vigo, lo que los convierte en verdaderamente determinantes para la formación de gobiernos interiores. Por ello se les adula, se les invita a cuchipandas y fiestas oficiadas por los candidatos políticos, y se abren circuitos de tráficos de influencia, dádivas y repartos selectivos, lo que corrompe la figura real del emigrante reconvertida en solicitante clientelar dispuesto al gorroneo político. No hace falta que sepan nada de cómo va la vida real por estos pagos, ni de cómo lo hacen Gobierno y oposición. Lo que cuenta es que lo que se podrá recibir a cambio de un voto concedido que a nada obliga. Clientelismo sufragado a costa de los contribuyentes interiores, feísmo político, degeneración democrática e hipocresía sentimentaloide a raudales.

Como los emigrantes votan mayoritariamente al que está en el poder -porque es el que da las subvenciones-, los políticos en el Gobierno lo miman y procuran ensancharlo hasta el infinito. Tal es la desmesura de esta bolsa caciquil que hasta se reconoce el voto a hijos y nietos sin relación con el país. Preparémonos a nuevos contingente de votantes fiscalmente intocables, convertidos en gorrones objetivos por la ambición gubernamental, que hasta en la Ley de la Memoria Histórica abre la espita para la ampliación de esta bolsa hinchable. A los que se les va a conceder la nacionalidad española; que para más escarnio es lo que menos se fomenta en la vieja madre patria. Es lo que hay.

Alejo, un catalán y un español de pies a cabeza contra el secesionismo
Antonio Jiménez elsemanaldigital 22 Octubre 2007

A Vidal Quadras no le molesta en absoluto que le llamen Alejo y no Aleix que es su nombre en catalán. A diferencia de Pepe Luis Carod Rovira, es un catalán que no renuncia a su españolidad.

Además, Alejo es sobre todo un hombre de talante cierto, con un sentido profundo del Estado, tolerante, inteligente, brillante y además una víctima política de la intransigencia totalitaria que anima la estrategia del nacional-secesionismo en Cataluña y, sobre todo, de la servidumbre del pacto de Aznar con Pujol para poder gobernar en 1996.Alejo lleva peor lo segundo que lo primero dado que fue el jefe político de su propio partido quien entregó su cabeza en bandeja de plata al entonces presidente de la Generalitat a cambio de apoyo parlamentario.

El error cometido por Aznar pudo enmendarlo después cuando el PP ganó las elecciones por mayoría absoluta y sin embargo no lo hizo. En 2000, liberado de la dependencia de los nacionalistas, Aznar debió traerse a Alejo de Bruselas y restituirle al frente de su área natural de influencia política donde se le quiere, admira, apoya y, sobre todo, se le echa de menos desde que fue apartado. De haberlo hecho así, el PP catalán habría recuperado su norte político, perdido desde entonces y aún no encontrado como demuestran sus pobres resultados electorales, y Rajoy tendría ahora al candidato idóneo con el que sumar los escaños catalanes imprescindibles para conseguir la victoria ante Zapatero.

La herida política que Aznar le abrió a Vidal Quadras no ha dejado de supurar y lamentablemente ya es demasiado tarde para que cierre y cicatrice antes de la coyuntura electoral de marzo. Esto significa que Rajoy no podrá contar con él como candidato, aunque se lo pidiera, pero sí como apoyo y referente de la campaña electoral de los populares en Cataluña. Para ello sería conveniente que el líder del PP no desdeñara e hiciera suya la propuesta de reforma constitucional que impulsa el propio Vidal Quadras desde la Fundación Concordia junto a otras cuatro asociaciones cívicas más como Foro de Ermua, Convivencia Cívica Catalana, Fundación para la Defensa de la Nación Española y la Fundación Papeles de Ermua, con el necesario propósito de neutralizar políticamente a unos nacionalismos que lejos de integrarse durante los últimos treinta años en que se ha hecho todo lo posible para ello, han devenido en fuerzas, como dice el propio Alejo, "abiertamente secesionistas en rebelión subversiva contra el Estado."

La reforma es ambiciosa y delicada y para ser acometida tienen que darse supuestos y factores coincidentes como la derrota en marzo de Zapatero y su sustitución al frente del PSOE por otro dirigente que tenga el bagaje conceptual y moral para dirigir un gran partido nacional que no tiene el actual inquilino de La Moncloa, y la rúbrica de un gran pacto de legislatura o de gobierno de socialistas y populares, con el fin de que el apoyo de los secesionistas deje de ser imprescindible para la gobernación del Estado. Son demasiadas carambolas pero ninguna imposible y por tanto susceptible de producirse. Veremos.

Por la concordia nacional, un proyecto de reforma constitucional
Santiago Abascal elsemanaldigital 22 Octubre 2007

Derrotar a Zapatero, olvidarse de los nacionalistas, acordar lo básico entre PP y PSOE y restaurar el Estado constitucional español. He ahí las prioridades nacionales.

22 de octubre de 2007. Se acerca marzo en forma de encrucijada nacional. Negros nubarrones atruenan el futuro español. Parece que toda la esperanza para conjurar los malos augurios residiera en una merecida y deseada mayoría absoluta para Mariano Rajoy.

Pero la poco serena situación de España –diga lo que diga Zeta- merece darle a la cuestión varias pensadas. La disgregación nacionalista, el fortalecimiento criminal, el desprestigio de las instituciones gubernamentales, parlamentarias y judiciales –en excesivo maridaje-, el babel autonómico, la incertidumbre económica, exigen una reforma estructural de la España constitucional a través de un gran acuerdo nacional que retoque, restaure y fortalezca el magnífico consenso del 78, rescatando el espíritu de la transición, a la vez que corrija las fallas de la letra constitucional en que se materializó aquel espíritu.

La reforma quirúrgica de un texto constitucional herido de muerte tras la aprobación de un estatuto para Cataluña que usurpó la soberanía nacional es la tarea ineludible de cualquier gobierno que quiera seguir llamándose español. Y para ello sólo hay una agenda política posible si se observa la realidad de España con honestidad y sinceridad. Esa agenda sólo puede pasar por la derrota de Zapatero, su expulsión del Palacio de La Moncloa, y la recomposición del PSOE, con el inevitable envío a galeras de los actuales mandamases de Ferraz al completo.

Pero de poco serviría tal cosa si –no llegando la ansiada mayoría absoluta- no se descarta el pacto con los nacionalistas, habida cuenta de su rechazo evidente a la derrota del terrorismo, así como su genética deslealtad al proyecto común de España. Lo pretenda quien lo pretenda tal pacto es materialmente imposible, no sólo por los dos refrendos secesionistas fechados ya en País Vasco y Cataluña, sino porque ya no hay trasferencias que negociar, no hay objeto material sobre el que pactar a no ser que se ponga sobre el tapete la soberanía nacional española.

Con esas constataciones –que la dura realidad refrenda- sólo queda una solución tras la derrota de Zapatero y la recomposición socialista: el gran acuerdo nacional entre PP y PSOE, en múltiples formas; pacto de Estado para la reforma constitucional o las políticas de Estado, acuerdo de legislatura, e incluso gobierno de gran coalición, a cada cual más deseable porque más creíble, sincera y duradera sería la verdadera voluntad de concordia. Por menos se han puesto a gobernar juntos en Alemania la izquierda y la derecha.

La fortaleza y potencia de un mensaje preelectoral de ese calado, deseado por la inmensa mayoría de los españoles, dará la victoria arrolladora a quien lo formule con autenticidad y patriotismo. Una vez más, los principios y la estrategia pueden ir de la mano.

Pero no olvidemos la premisa; sin echar a Zeta no vamos a ninguna parte.

Educación y nacionalismos
Por la reforma constitucional de Vidal-Quadras
En un tercio del territorio nacional, incluyendo comunidades gobernadas por el PP, los padres ya no pueden escolarizar a sus hijos en su lengua materna. La propuesta de Vidal-Quadras está ya hecha. Don Mariano, su turno.
Álvaro Vermoet Hidalgo Libertad Digital 22 Octubre 2007

Alejo Vidal-Quadras, entrevistado este viernes por Federico Jiménez Losantos, ha explicado esa gran propuesta del Foro de Ermua, la Fundación Concordia, Convivencia Cívica Catalana y la Fundación para la Defensa de la Nación Española; el fruto de un trabajo de estudio y elaboración jurídica de lo que en su día propuso el Consejo de Estado y que en algún momento hizo suyo el Partido Popular.

La propuesta consiste en una reforma constitucional que garantice una España de ciudadanos iguales ante la Ley, con los mismos derechos y deberes en todo el territorio nacional. Así, se propone eliminar la distinción entre nacionalidades y regiones del artículo 2 de la Constitución, garantizar el uso del castellano en la Administración y en el sistema educativo en todo el territorio español, reformar el sistema electoral del Congreso, definir y cerrar la distribución de competencias y garantizar la independencia del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional.

La incorporación de esta propuesta a la agenda política española está en manos de Mariano Rajoy, de quien depende que el PP se comprometa a buscar el consenso con un PSOE posterior a Zapatero de cara a una reforma constitucional y, por qué no, a un Gobierno de coalición que ponga a funcionar el Estado de Derecho y siente las bases para recuperar una situación de turnismo político donde no se sacrifique la soberanía nacional, las libertades, la igualdad ante la Ley o el funcionamiento del Estado en beneficio de uno de los dos partidos nacionales en un momento determinado.

Pocos perdonarían al PP olvidar cuatro años de discurso nacional y pactar con los nacionalistas como si nada. Ese discurso nacional y liberal no puede limitarse a un electoralismo coyuntural; Rajoy tiene que convencernos a todos los españoles de que el PP no sacrificará parte de las libertades y parte del Estado de Derecho por lograr la investidura. Rajoy ya se ha comprometido a una reforma de la Ley electoral para que no gobiernen partidos minoritarios en los Gobiernos regionales, se ha comprometido a buscar cuatro consensos básicos con el PSOE y se ha comprometido a una reforma educativa. Sólo le queda un compromiso solemne de que la Nación estará por encima de la investidura: asumir la propuesta de Alejo Vidal-Quadras.

El sistema educativo sería el principal beneficiado de esta recuperación del Imperio de la Ley. La transferencia de las competencias educativas a las comunidades autónomas ha dinamitado la idea de un sistema educativo nacional, ya que ha dado a los nacionalistas el control sobre toda la educación pública y sobre las subvenciones a los colegios privados, sobre los planes de estudio y sobre la selección del profesorado. Y, como los nacionalistas conciben la educación como un instrumento de homogenización social en torno a un proyecto identitario, en España, en materia educativa, no rige la Constitución española de 1978. Zapatero ha logrado agravar esta situación, porque a pesar a que corresponde al Estado fijar unos contenidos comunes, desde la aprobación de la LOE no lo hace.

Rosa Díez y Albert Rivera ya han dicho que el Estado debe recuperar las competencias en educación para que los nacionalistas no tengan el monopolio educativo en una parte de España. En un tercio del territorio nacional, incluyendo comunidades gobernadas por el PP, los padres ya no pueden escolarizar a sus hijos en su lengua materna. La propuesta de Vidal-Quadras está ya hecha. Don Mariano, su turno.

Álvaro Vermoet Hidalgo es presidente de la Unión Democrática de Estudiantes, consejero del Consejo Escolar del Estado y del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid y autor del blog Cien Mil Objeciones.

PROPUESTA DE REFORMA CONSTITUCIONAL: una voz discordante
(segundo borrador) Nota del Editor 22 Octubre 2007

Volver a las andadas con unas reformas que consolidan los desastres causados a Españay los españoles en
nombre de la Constitución del 78 es un disparate.

Para conseguir cualquier constitución medianamente aceptable tienen que cumplirse al menos tres principios básicos:

El texto debe ser consistente, no puede tener inconsistencias y menos aún dejarlas a una interpretación posterior de un grupo distinto al que la refrendó: no puede hablar de igualdad de todos los ciudadanos y luego poner la excepción de la monarquía, los políticos y los ciudadanos que hablan lenguas regionales (estos exentos de hecho del deber de conocer el español). No puede excluir a los ciudadanos a presentar recursos de inconstitucionalidad, debe penar la presentación de leyes contrarias, la ciudadanía debe tener la certeza de que cualquier grupo político a cualquier nivel que detentando el poder intente pasar una ley claramente anticonstitucional, será fuertemente penalizado.

El texto debe ser necesario y suficiente, no debe faltar ni sobrar nada, es un texto fuente y base para las demás leyes que deben asumirlo en sus principios y normas. No tiene que ser un tratado de historia ni defender o criticar períodos anteriores, cuyas anomalías ya fueron subsanadas hace muchos años (a ver cuando me indemnizan a mí por el servicio militar).

El texto debe ser claro para que los ciudadanos lo entiendan y lo valoren en su justa medida. El intérprete último del texto es el conjunto de los ciudadanos que lo refrendan, por sus principios y artículos: no puede tener la última palabra un grupo que ni siquiera ha sido elegido por los votantes, y menos estando sometido a presiones políticas, y sobre los que la ciudadanía no tiene control alguno. Es inadmisible que el Tribunal Constitucional tumbe la ley del suelo, ley que por sentido común tiene que ser única para toda España; la ley de parques nacionales, y todo aquello cuyo diseño, desarrollo y funcionamiento debe tener el tamaño nacional y no local. Sanidad, educación, defensa, seguridad, emergencias, transportes y comunicaciones, todo debe tener tamaño nacional y coordinado con niveles supranacionales si no es el caso.

La reforma propuesta, como ya he escrito anteriormente, no cumple ninguno de los requisitos.

PROPUESTA DE REFORMA CONSTITUCIONAL: una voz discordante
(primer borrador) Nota del Editor  19 Octubre 2007

No voy a entrar por el momento en la lección de historia lejana y cercana que tratan de dar con la propuesta de reforma constitucional ni con la imposición de la monarquía, ni con la defensa de las autonomías, y otras concesiones que los monárquicos y nacionalistas-separatistas consiguieron en la constitución de 1978 y que ahora tratan de consolidar como mal menor. Me voy a centrar en el Art.3º., que constituye el punto fundamental de ataque de los separatistas, el idioma común español.

Consitutución Española "vigente" (si, porque la incumplen sistemáticamente)

Artículo 3.1. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla.
2. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos.
3. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es unpatrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección.


Propuesta de reforma:

1.“El castellano o español, como lengua común de los españoles, es la lengua oficial del Estado. Todos los ciudadanos tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla.

2. El Estado garantizará el uso normal y oficial del castellano o español por parte de los poderes públicos. A ninguna persona podrá exigírsele el uso de una lengua distinta en sus relaciones con los poderes públicos. El conocimiento de otra lengua no podrá constituir un requisito para el acceso a funciones públicas, sin perjuicio de poder valorarse a tal fin como mérito preferente.

3. Las demás lenguas de España serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos. En tales casos se usarán simultáneamente con el castellano o español en la toponimia y en las publicaciones oficiales de carácter autonómico y local. No obstante, las Comunidades Autónomas y las Corporaciones locales en cuyo ámbito territorial exista otra lengua oficial deberán utilizar en los procedimientos administrativos que se tramiten directamente con los interesados la lengua libremente elegida por éstos. Para el uso, junto con el castellano o español, de las demás lenguas oficiales en el sistema educativo y en las actuaciones judiciales se estará a lo dispuesto, respectivamente, en los artículos 27, 8, y 120, 4.

4. Las distintas modalidades lingüísticas de España constituyen un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección porparte tanto del Estado como de las Comunidades Autónomas en cuyo respectivo territorio se hallen.

27.8 El Estado garantizará en toda España el derecho de los alumnos a recibir la enseñanza en castellano o español. No obstante, en las Comunidades donde exista más de una lengua oficial podrá establecerse el aprendizaje de ésta, junto con el castellano o español, en los planes de estudio de la educación primaria y secundaria. En estas Comunidades se
reconoce, asimismo, el derecho de los alumnos a recibir la enseñanza en la lengua que sea también oficial en ellas en todos los niveles del sistema educativo, sin menoscabo de su deber de aprender y conocer el castellano o español.

Del Poder Judicial Artículo 120
1. Las actuaciones judiciales serán públicas, con las excepciones que prevean las leyes de procedimiento.
2. El procedimiento será predominantemente oral, sobre todo en materia criminal.
3. Las sentencias serán siempre motivadas y se pronunciarán en audiencia pública.

Propuesta de reforma:
Se añadirá al texto actual del artículo un nuevo apartado 4 del siguiente tenor:4. “La lengua de las actuaciones judiciales será la oficial del Estado.
No obstante, cuando exista acuerdo entre las partes se utilizará en las actuaciones judiciales que se desarrollen exclusivamente en el ámbito territorial de las Comunidades Autónomas en que exista más de una lengua oficial, la lengua oficial que aquéllas escojan, sin perjuicio del deber de recoger por escrito dichas actuaciones en castellano o español.”

Punto 1:“El castellano o español, como lengua común de los españoles, es la lengua oficial del Estado. Todos los ciudadanos tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. Sobra lo de castellano, y si terminase aquí el artículo seía estupendo, pues cuanto menos se legisla sobre las lenguas, mejor.

Punto 2: El Estado garantizará el uso normal y oficial del castellano o español por parte de los poderes públicos. A ninguna persona podrá exigírsele el uso de una lengua distinta en sus relaciones con los poderes públicos. El conocimiento de otra lengua regional no podrá constituir un requisito para el acceso a funciones públicas, sin perjuicio de poder valorarse a tal fin como mérito preferente. Si no hay requisito, no puede ser mérito preferente, salvo en los concursos de traslados. De todos modos, este punto no sería necesario si se cumpliera el punto 1.

Punto 3: Las demás lenguas de España serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos. En tales casos se usarán simultáneamente con el castellano o español en la toponimia y en las publicaciones oficiales de carácter autonómico y local. No obstante, las Comunidades Autónomas y las Corporaciones locales en cuyo ámbito territorial exista otra lengua oficial deberán utilizar en los procedimientos administrativos que se tramiten directamente con los interesados la lengua libremente elegida por éstos. Para el uso, junto con el castellano o español, de las demás lenguas oficiales en el sistema educativo y en las actuaciones judiciales se estará a lo dispuesto, respectivamente, en los artículos 27, 8, y 120, 4. Este punto sobra, pues contradice los puntos 1 y 2, y menos aún dejándolo en manos de las Comunidades Autónomas y sus estatutos, que como hemos visto con la Constitución vigente, se lo han saltado con el beneplácito del Tribunal Constitucional. Regular en la constitución los topónimos es un disparate, y si no hay deber de conocer, no puede haber imposición de los topónimos en lengua regional. Todos los procedimientos administrativos deben estar al alcance de todos los ciudadanos y por tanto su desarrollo en lengua regional, impide su conocimiento.

Punto 27.8: El Estado garantizará en toda España el derecho de los alumnos a recibir la enseñanza en castellano o español. No obstante, en las Comunidades donde exista más de una lengua oficial podrá establecerse el aprendizaje de ésta, junto con el castellano o español, en los planes de estudio de la educación primaria y secundaria. En estas Comunidades se reconoce, asimismo, el derecho de los alumnos a recibir la enseñanza en la lengua que sea también oficial en ellas en todos los niveles del sistema educativo, sin menoscabo de su deber de aprender y conocer el castellano o español. Si se cumple el punto 1, este punto es innecesario. Si no hay deber de conocer la lengua regional, no puede establecerse su aprendizaje. Lo que sí hay deber de conocer es el español, y por tanto, ofrecer la enseñanza en la lengua regional en todos los niveles educativos no está justificado,  lo que si está justificado, según la Declaración de Derechos Humanos, es ofrecer a los padres que lo deseen, la enseñanza infantil en lengua regional, con obligación de terminarla en condiciones de seguir los niveles sucesivos en español.

En caso de tratarse de lenguas maternas en idiomas extranjeros, los centros de enseñanza inflantil, organizarán de acuerdo con la demanda y posibilidades, cursos de apoyo.

Punto 120.4: “La lengua de las actuaciones judiciales será la oficial del Estado.
No obstante, cuando exista acuerdo entre las partes se utilizará en las actuaciones judiciales que se desarrollen exclusivamente en el ámbito territorial de las Comunidades Autónomas en que exista más de una lengua oficial, la lengua oficial que aquéllas escojan, sin perjuicio del deber de recoger por escrito dichas actuaciones en castellano o español.”

Si existe deber de conocer el español, no pueden arbitrarse mecanismos para obviar esta obligación. Está claro que si cualquier persona que no conozca el español lo suficiente como para demostrar indefensión, tiene derecho a ser ayudada, como que ya ocurre en la actualidad. Este punto está imponiendo un bilingüismo de hecho en la administración, lo que es contrario al punto 1, a la igualdad de oportunidades y libre circulación y establecimiento.

Punto 4: Las distintas modalidades lingüísticas de España constituyen un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección por parte tanto del Estado como de las Comunidades Autónomas en cuyo respectivo territorio se hallen. Las lenguas son para comunicarse y son las personas las que deben ser objeto de respeto y protección.

Las presiones del Gobierno desestabilizan al Tribunal Constitucional
Editorial Elsemanaldigital 22 Octubre 2007

Desde que tuvo que decidir sobre el caso Rumasa, nunca el Tribunal Constitucional se había visto sometido a un grado tan alto de presión política como en estos momentos. El motivo no es otro que el recurso contra el nuevo Estatuto catalán que está pendiente de resolución ante él, y que, de dar lugar a la declaración de inconstitucionalidad de una parte sustancial del texto, provocaría un auténtico terremoto político de consecuencias muy negativas para los intereses del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

La batalla se está librando magistrado a magistrado. El PP obtuvo la recusación de Pablo Pérez Tremps, que había elaborado un informe aconsejando sobre la redacción que debería tener el nuevo Estatuto cuyas indicaciones fueron acogidas en él. Una vez descartada la maniobra más evidente con la que se pretendía neutralizar esta recusación -forzar la dimisión del magistrado para sustituirlo por otro igualmente de designación gubernamental-, el Gobierno ha impulsado una reforma legal que permite a la actual presidenta, María Emilia Casas Bahamonde, mantenerse automáticamente en el cargo aun finalizado su mandato, en tanto no se proceda a la renovación del Tribunal, frente a la costumbre de que sea el pleno del órgano el que decida sobre esa prórroga.

El papel de la presidenta es fundamental. No sólo porque dispone de voto de calidad en los supuestos de empate -en el caso Rumasa, fue justamente el voto del entonces presidente, Manuel García Pelayo, el que inclinó la balanza a favor de las tesis del Gobierno-, sino también porque está en sus manos el ordenar los tiempos de resolución de los asuntos, lo que se vuelve crucial a seis meses de las elecciones generales.

Con Casas en la presidencia y a la vista de la imposibilidad material de renovar el Tribunal antes de las elecciones, el Gobierno cuenta con firmes garantías de que la sentencia sobre el nuevo Estatuto catalán no aparecerá en un momento políticamente inoportuno. De ahí que el PP haya presentado un recurso de inconstitucionalidad contra esta reforma.

Ahora la pugna se trasladado a la resolución de este último recurso. La presidenta María Emilia Casas Bahamonde y el vicepresidente Guillermo Jiménez Sánchez, este último catalogado como "conservador", han decidido abstenerse por considerarse directamente concernidos por las cuestión que hay que dilucidar, y el Tribunal, tras un duro tira y afloja, ha acabado aceptando ambas abstenciones.

Pues bien, el Gobierno ha contraatacado recusando a otros dos magistrados "conservadores", Roberto García-Calvo y Jorge Rodríguez Zapata, por la carta en la que a finales del pasado mes de junio manifestaron su disconformidad con la última reforma y le pidieron a la presidenta que mantuviese la costumbre de dejar que el pleno decida sobre su continuidad en el cargo.

La recusación de magistrados del Tribunal Constitucional por el Ejecutivo no tiene precedentes en el actual periodo democrático. Jurídicamente, tampoco está claro que vaya a salir adelante en el presente supuesto, porque las causas de recusación de los jueces y magistrados están tasadas por la ley y no hay ninguna en la que encaje exactamente el hecho de escribir una carta dudando de la constitucionalidad de una reforma legal.

Sin embargo, apartando a esos dos magistrados, el Gobierno espera que el recurso del PP contra la "enmienda Casas" no prospere, y por eso ha corrido el riesgo de abrir una nueva brecha en el alto Tribunal que amenaza con desestabilizar definitivamente a un órgano cuya ecuanimidad y serenidad es fundamental para el buen funcionamiento de nuestro orden constitucional. Un precio, sin duda, demasiado alto por el objetivo perseguido.

El Guernica etarra
Manuel Molares do Val Periodista Digital 22 Octubre 2007

Desde hace años el PNV reclama que el Guernica de Picasso se traslade al Museo Guggenheim de Bilbao, pero para qué lo necesita si tiene ya un sustituto en una excelente instalación fotográfica que glorifica lo que envuelve a ETA.

Las víctimas del terrorismo la denuncian, puesto que denigra a quienes murieron asesinados y exalta a los asesinos. Pero su protesta es inútil. Es una obra para enaltecer etarras. Podríamos llamarla El Guernica etarra.

Veamos por qué: Picasso denunciaba el nazismo al servicio de Franco en la guerra civil española y señalaba el martirio del pueblo vizcaíno. Esta instalación, debida al trabajo de Clemente Bernard, proclama su admiración hacia el nazismo vasco, porque en lugar de condenar a los verdugos los alaba sutil, artísticamente.

En ambos casos hay víctimas: el bombardeo de los aliados alemanes de Franco a Guernica, el 26 de abril de 1937, provocó entre 250 y 300 muertos. Una cifra que representa un tercio de los casi mil asesinados por ETA.

El canto a la ideología en las fotos está en una gran imagen de exaltados abertzales, odiante puño en alto, enmarcando una enorme ikurriña, la bandera británica recoloreada por Sabino Arana para representar su inventado milenarismo vasco.

Aquí no hay paralelismo: no existe icono parecido en el Guernica picassiano. No aparecen símbolos de la Legión Cóndor brazo en alto ante una gran bandera con esvástica.

En simbología es más audaz y vanguardista la obra bilbaína, que deja ver en algunas imágenes las esvásticas vascas de brazos redondeados, los lauburu, como emblema abertzale dueño de sentimientos populares, entre los que sustituye aceleradamente la cruz cristiana.

El Guggenheim, pues, tiene ya otro Guernica, que en lugar de gritar paz plantea el terrorismo como arte. El Guernica etarra. No es arte degenerado, sino de/para degenerados.
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JOSÉ MARÍA AZNAR / Presidente de FAES
«La izquierda considera que la educación es un método para adoctrinar a la sociedad»
«Dejamos la despensa llena y ellos, en algunos ministerios, se llevaron la despensa»
José Alejandro Vara/Mauricio Sánchez La Razón 22 Octubre 2007

-En su libro («Cartas a un joven español», ed. Planeta) aborda el tema de la educación como pilar de nuestra sociedad. ¿Por qué PP y PSOE no han sido capaces de llegar a un consenso en educación estos últimos treinta años?
-La izquierda siempre ha considerado la enseñanza como un sector propio y por lo tanto siempre ha tenido la intención de controlarla. Considera que la educación es un método para cambiar la sociedad y para adoctrinar. Hoy el sistema educativo español es la constatación de un fracaso que te lleva a pensar en algunos defectos de los españoles. Ortega decía que España era el único país del mundo donde los hechos se discutían. Pues ahora estamos discutiendo los hechos. Todos los estudios sobre la educación en España dicen cuáles son los problemas de nuestro sistema educativo. Pero la decisión de las autoridades educativas es que no vamos a mejorar el sistema, vamos a organizar el fracaso de la manera más aparatosa posible. ¿Qué es eso de la excelencia? No cuenta, aquí con cuatro suspensos se pasa de curso; y el año que viene les diremos que con cinco también se pasa. ¿Qué es eso de la disciplina en las aulas? Es algo totalmente reaccionario. ¿Qué es eso de los principios de los profesores? No digamos ya lo de que se sepa algo de filosofía, o historia, o lenguas clásicas. Si al final uno admite que no se sabe nada de eso pero se sabe mucha matemática, física y química. Pero es que los datos dicen que tampoco. En el fondo es tirar la toalla y decir, como esto no tiene remedio, organicemos el fracaso de la manera más alegre posible.

-¿Es útil recordar la Historia hoy sin afán de revancha, justo ahora que se ha reabierto la memoria histórica?
-La historia debería ser básica para los estudiantes, básico y fundamental para personas que quieren tener mejor entendimiento de las cosas, pero también imprescindible para los líderes políticos. Una cosa es tener la preocupación de conocer la Historia y otra es tirarse la historia a la cabeza. La historia no se puede reescribir. Primero, en términos de planteamiento todo esto de la memoria histórica es absurdo en sí misma. Yo creo en la memoria individual, pero no conozco memorias colectivas. Segundo. Me parece un gravísimo error político ya que pulveriza otro de los pilares básicos de los acuerdos de la Transición, el de no mirar hacia atrás sino mirar hacia adelante. Es realmente un mal paso cuando de los tres grandes acuerdos de aquella época has puesto en cuestión los tres, y uno de ellos es tan importante como éste. Yo desearía fervientemente que ese paso sea corregido. Por la revisión sectaria del pasado no se va a ningún camino bueno. Y no es de extrañar que si se quiere usar sectariamente parte de la Historia reciente de España, pues haya una reacción y que si se quiere hablar de memoria histórica se hable con todas las consecuencias y de todas las memorias históricas. ¿Y los españoles qué vamos a sacar de esto? ¿Volver otra vez a los enfrentamientos? ¿Tener apasionantes discusiones históricas en el ámbito político que debían ser objeto del debate individual?

-De esta forma, la Historia es sustiuida por la demagogia.
-Los demagogos existen en las democracias. Lo peligroso para un país es cuando cae en manos de demagogos que no se dan cuenta de la transcendencia de las consecuencias de sus decisiones. Combatir la demagogia debe ser siempre una obligación moral de los líderes responsables, porque con demagogia los paises no progresan. Creo sinceramente que no es progreso volver atrás. No creo que sea progreso ensalzar las divisiones entre españoles ni volver a la etapa de los privilegios territoriales. Creo que el progreso está en la libertad, en la igualdad ante la ley, en la defensa de las oportunidades y la apertura al mundo. Por lo tanto, el ejercicio contra la demagogia, o llamar la atención sobre ello para no caer pasto de sus decisiones, es una tarea importante de un líder político o social o mediático.

-Otra amenaza es la perversión del lenguaje. Son clichés que se van manejando con toda soltura y parece que, amparados en esa demagogia en la que estamos instalados, calan en la sociedad actual.
-Son baratos de comprar. Por ejemplo: «Siempre merece la pena dialogar porque con el diálogo siempre se pueden sacar muchas ventajas». «Si todos lo han intentado, por qué no lo voy a intentar yo». «Las leyes hay que aplicarlas según los momentos». «Cómo me puede usted decir a mí si puedo o no puedo consultar a la gente aunque esté cometiendo una abierta ilegalidad». Todas estas frases son un martilleo continuo que producen un efecto en la sociedad y ante eso hay que estar razonablemente activo. Tengo que decir que me quedé verdaderamente asombrado y profundamente afectado cuando me enteré de que el actual presidente del Gobierno, al mismo tiempo que firmaba conmigo los acuerdos por la libertad y contra el terrorismo, estaba en tratos con los terroristas. A uno le cuesta imaginar tanta deslealtad en un comportamiento. A partir de ahí, hay cosas que me extrañan menos, por ejemplo, llamar accidente a un atentado o que se diga abiertamente que en una negociación con una banda terrorista se respetará lo que sea acordado. Por todo esto es necesario estar muy activo porque la perversión del lenguaje tiene unos efectos muy nocivos y demoledores en la sociedad. La unión de demagogia, de buenismo y de la manipulación del lenguaje es muy perversa. Cuando se dice que un proceso de entrega y negociación es un proceso de paz, cuando se dice que la ley hay que aplicarla a conveniencia, cuando se hacen hojas de ruta para decir esto es lo que tenéis que hacer para no ir a la cárcel y luego se decide meter a todo el mundo en la cárcel. Al final, el concepto básico de los pilares del Estado, las garantías jurídicas, la legitimidad democrática y el estado de derecho como tal sufren sus daños.

-¿Qué piensa el PP cuando escucha al Gobierno actual decir que dejó la «despensa vacía» tras ocho años de crecimiento?
-Nosotros heredamos una «despensa» con un 23% de paro, un déficit público del 7% del PIB, las hipotecas al 12%, la deuda pública al 15%, el IRPF en el 56% y facturas sin pagar en los cajones de los ministerios por importe de 700.000 millones de pesetas. No cumplíamos ninguno de los cinco criterios para entrar en el euro. Y el sistema de pensiones estaba en suspensión de pagos: tuvimos que pedir un préstamo a los bancos en diciembre de 1996 para pagar las pensiones, no había dinero para pagar a los pensionistas. Nosotros dejamos a España en el euro, redujimos el paro un 50%, creamos cinco millones de empleos, el PIB por habitante se situó muy cerca de la media comunitaria, dejamos un superávit presupuestario, redujimos la deuda pública un 20% en términos del PIB, dejamos los préstamos hipotecarios al 3%, la inflación en el 2,2% y bajamos los impuestos dos veces. Nosotros dejamos una despensa llena y ellos, en algunos ministerios, se llevaron hasta la despensa. Además de ser más cuidadosos con sus declaraciones, deberían ser también más responsables, porque en estos momentos en los que el escenario económico se está complicando mucho se están comportando con frivolidad en el terreno económico. Ahora que se están viviendo momentos de incertidumbre y menor crecimiento de la economía no es responsable incrementar estructuralmente el gasto público y hacer promesas de gasto de carácter electoralista que no son sostenibles.

-¿Estamos en un momento en el que los políticos son rehenes de los sondeos?
-Hablo mucho de esto por el mundo. Una cosa es que un líder político escuche y otra es que sea esclavo de un sondeo de opinión. Es la diferencia entre ser un buen líder o no serlo.La verdad es que no me siento a gusto con los líderes que están pendientes de los sondeos. Creo que la tarea del liderazgo es otra más basada en la defensa de determinados valores que hacen a las sociedades progresar. Hoy hay demasiados dirigentes políticos esclavos de los sondeos que les llevan al tacticismo, al cortoplacismo, a la pérdida de visión exterior de las cosas y a la falta de reflexión. Ésa no es la tarea de alguien que tiene sentido histórico de las cosas, con un sistema de valores, que cree que las convicciones y las ideas son importantes; esto prevalece sobre los sondeos. -En su obra se duele de que España olvida o menosprecia a sus grandes líderes. -Quiero recuperar un cierto sentido histórico. No es casualidad que durante nuestra etapa en el Gobierno se hiciesen conmemoraciones muy especiales por ejemplo en torno a los Reyes Católicos y especialmente sobre Isabel la Católica, la mujer más importante en la historia de España aunque a algunos les moleste, o sobre Felipe II o sobre Cánovas, Sagasta o la Restauración. Las ideas conservadoras y liberales tienen en España una tradición. España tuvo muchas alteraciones históricas, pero mire cuántas tuvo Italia. Como yo creo en la continuidad histórica como la base del futuro de los países, entonces creo que reivindicar a Cánovas, Maura y las grandes figuras de la historia española siempre es bueno.

-En contra de nuestra tradición derrotista.
-España es un país necrófilo y hay que procurar no serlo. Es bueno que los españoles reconozcamos el mérito. Un defecto nuestro es que estamos más pendientes de poner un punto de envidia que de reconocer un poco de mérito. Si la envidia sirve para emular el mérito es una envidia positiva, pero si sirve para anular el mérito entonces tiene un factor negativo. En un país donde una parte de sus autoridades en el sistema educativo niegan el mérito y el esfuerzo, que también significa negar la responsabilidad individual, entonces es muy difícil reconocer el mérito de los vivientes. Es muy importante que en términos históricos sepamos evaluar dónde están elementos básicos de la continuidad histórica. Ahora que vamos hacia los 200 años de las repúblicas en América, algunas pondrán valor en cosas modernas y actuales frente a situaciones precolombinas o indigenistas. ¿Por qué no ponemos valor en algo fundamental que fue el espíritu de la revolución liberal en España en torno a las Cortes de 1812? que es donde nace la gran expresión liberal que luego se consolida como base de desarrollo político en distintas zonas del mundo. Una nación que no tiene sentido de su continuidad histórica es muy difícil que perviva en el futuro.

-Habla del esnobismo de la izquierda española, que le lleva a negar el hecho nacional. Algo excepcional.
-Es único. La izquierda francesa no reniega de la idea nacional francesa y no se le ocurre decir bobadas como «yo no defiendo la Francia de Napoleón». La izquierda italiana tampoco reniega, ni la norteamericana. La única izquierda que yo conozco en el mundo que realmente tiene problemas con la idea nacional es la española y eso es un error. Por eso siempre he dicho que en términos de estabilidad política España no tiene problemas del centro a la derecha sino del centro a la izquierda porque cuando el propio ser histórico de la nación es un problema para tu propia existencia y para tu propia definición política, entonces tenemos un problema.

-Hace en el libro una conexión directa entre la Alianza de Civilizaciones y países con graves carencias en derechos humanos.
-En esa asignatura de Educación para la Ciudadanía se denigran los valores sobre los que se basa el mundo occidental, que permiten entre otras cosas que se pueda impartir esa asignatura, y se ensalza eso que se llama Alianza de Civilizaciones. De ahí a tener un programa que se llame «Aló, Presidente» va un paso. De ahí al chavismo hay un paso. Yo soy de los que creo que nuestra sociedad está basada en unos valores que en estos momentos tienen una gran virtualidad universal. La libertad, el estado de derecho, el respeto a la ley, la igualdad entre mujeres y hombres. ¿Pero es que puedo tener una alianza con alguien que no tiene respeto por los derechos de la mujer? Es muy difícil aunque se exponga en términos de civilización o de cultura. Es que es muy difícil que yo pueda tener una alianza con aquellos que han decretado una guerra santa contra mí. Todo esto no tiene ninguna explicación y forma parte de la manipulación del lenguaje, de las actitudes buenistas y de creer que lo moderno, lo progre, lo positivo, es no tener ideas, no tener valores, no tener convicciones, no tener principios y no tener responsabilidad y conduce a que con nosotros, que sí tenemos un cuerpo de valores bien definido, acaben conociendo tu debilidad e imponiendo su sistema.

-Hay otros asuntos dramáticos de los que apenas se discute o se hace frívolamene, como la dignidad de la persona o la eutanasia.
-Desgraciadamente, uno de los problemas que tenemos en España es que los debates transcendentes no existen y no son bien vistos por lo políticamente correcto. El debate social sobre la manipulación genética, la investigación biomédica y la demografía se ha convertido en un pequeño gran insulto. Cualquier Gobierno de cualquier país hoy debería dedicar un tiempo a este asunto. ¿Cuáles son nuestras tasas demográficas? ¿Cuáles son nuestras posibilidades de mantener nuestro futuro? ¿Hasta dónde es posible manipular genéticamente la vida? Hoy si tú eres partidario de la clonación, entonces eres progre simpático pero si tienes dudas morales razonables sobre el tema, entonces eres un incrédulo sospechoso. Yo expreso esas dudas morales y creo que debe haber límites.

Ibarretxe, eta y Downing Street
ROGELIO ALONSO ABC 22 Octubre 2007
EN su Zutabe 93 de diciembre de 2001 ETA exigía de los Estados español y francés una «Declaración de Downing Street». Esta misma exigencia es la que vuelve a plantear Juan José Ibarretxe, insistiendo en una reivindicación en la que han coincidido desde hace años tanto el nacionalismo institucional como la organización terrorista. Esta reclamación surge de una de las múltiples manipulaciones que tanto el PNV como ETA vienen realizando del denominado «proceso de paz» norirlandés.

El referente de Irlanda del Norte se ha convertido en un mecanismo a través del cual se insiste en condicionar el final de la violencia a la satisfacción de intereses nacionalistas. De ese modo se apela a una «declaración de Downing Street a la vasca» que, según una retorcida adaptación nacionalista a nuestro ámbito, obligaría al Estado a aceptar cualquier reforma del marco jurídico y político que viniera respaldada por el parlamento de dicha región. Semejante propuesta constituye por tanto una drástica alteración de nuestro ordenamiento, que lógicamente otorga a las Cortes una necesaria capacidad de decisión sobre cuestiones tan cruciales. Sin embargo, la referida «declaración de Downing Street», firmada por los gobiernos británico e irlandés en 1993, es utilizada como aval para tan radical y peligroso planteamiento mediante la conveniente distorsión de sus contenidos.

Tanto la banda terrorista como el nacionalismo institucional interpretan que dicha Declaración supone el reconocimiento del derecho a la autodeterminación del pueblo irlandés, circunstancia ésta que, según Ibarretxe y ETA, habría llevado al IRA a abandonar el terrorismo. Por tanto Ibarretxe aduce que un reconocimiento similar por parte del Estado español desencadenaría el final de ETA. El nacionalismo institucional llega a esta conclusión desde una interesada manipulación del referido documento que además permite establecer que la continuidad de la violencia etarra resulta lógica mientras se niegue ese derecho a la autodeterminación.

La propia documentación de la organización terrorista revela cuán sesgada es la interpretación que desde el nacionalismo se hace de la Declaración. Mientras que por un lado se reivindica dicho documento como garante de la autodeterminación, el análisis del Acuerdo de Viernes Santo que ETA realizaba en su Zutabe de junio de 2001 mostraba un mayor realismo: «Al pueblo irlandés en su totalidad se le niega el derecho de autodeterminación y por otro lado el gobierno de los 26 condados (de la República de Irlanda) deberá cambiar su Constitución, renunciando a 6 condados (de Irlanda del Norte), hasta que sus ciudadanos decidan otra cosa. Los irlandeses deberán aceptar la división de su pueblo».

Esta visión coincide con la expresada por el IRA y el Sinn Fein, que rechazaron la Declaración de Downing Street al entender que no quedaba reconocido el derecho a la autodeterminación en los términos exigidos por el movimiento terrorista. Así era porque el texto señalaba: «El gobierno británico está de acuerdo en que sólo a los ciudadanos de la isla de Irlanda les corresponde, mediante acuerdo entre las dos partes respectivamente, ejercer su derecho a la autodeterminación en virtud del consentimiento, libre y simultáneamente concedido, en el Norte y en el Sur, para proceder a la creación de una Irlanda unida si tal es su deseo».

Por tanto, el gobierno británico no aportaba nada nuevo respecto al reconocimiento que durante décadas ya había hecho de la posibilidad de una Irlanda unida siempre y cuando la mayoría de la población de Irlanda del Norte así lo consintiera. Sin embargo, el IRA siempre se había opuesto a que ese ejercicio de autodeterminación quedara supeditado al veto de la mayoría norirlandesa, pues entendía que dicho derecho debía tener como base una circunscripción única en la forma de toda la isla de Irlanda. En definitiva, en la Declaración de Downing Street el derecho a la autodeterminación quedaba vacío de contenido desde el punto de vista del IRA al estar sometido al «principio del consentimiento». Ese «principio del consentimiento» era también el pilar de otra declaración del mismo nombre ya firmada en 1969.

Por tanto, y al contrario de lo que ha argumentado el nacionalismo vasco, el IRA no interrumpió su campaña terrorista a causa de un peculiar reconocimiento del derecho a la autodeterminación que en absoluto coincidía con sus aspiraciones, sino como resultado de otros factores. Entre las causas de la renuncia al terrorismo se encuentra la eficacia de políticas antiterroristas coactivas que debilitaron sobremanera al IRA y la actitud del nacionalismo moderado irlandés que difiere sustancialmente del mostrado por el PNV. La estrategia de Ibarretxe evoca a la que ya resumió Xavier Arzalluz en una entrevista publicada en Deia el 10 de diciembre de 2000. En ella aseguraba que «para un nacionalista la vía de acción política está con la izquierda abertzale y no precisamente con el PP o el PSOE», rechazando la cooperación con estas formaciones al juzgar que con ellas se estaría «cada vez en un más tibio autonomismo». Mientras el nacionalismo norirlandés optaba por un «tibio autonomismo» con la esperanza de derribar el etnicismo excluyente detrás de la campaña terrorista, en cambio el PNV ansía desbordar la amplia autonomía que ha gestionado desde sus orígenes.

Así pues, es evidente que la Declaración de Downing Street no representó esa decisiva iniciativa que según el nacionalismo vasco habría empujado al IRA a detener el terrorismo. Debe insistirse en las críticas que tanto el IRA como el Sinn Fein dirigieron a esta iniciativa gubernamental, pues al subrayarse ese rechazo se constata el escaso rigor con el que Ibarretxe tergiversa la Declaración. Se desmorona así el principal argumento con el que el presidente vasco justifica la extrapolación de una medida similar al contexto vasco, pues esa supuesta relación de causa-efecto entre la Declaración y el cese de la violencia del IRA es inexistente.

En consecuencia la instrumentalización que de dicha Declaración realiza el nacionalismo no persigue aportar argumentos que hagan inevitable el final del terrorismo etarra. Por el contrario, tan deseable aspiración constituye únicamente un pretexto con el que legitimar propuestas nacionalistas que se benefician de una violencia cuyo final se promete, si bien sólo a cambio de la satisfacción de ciertos intereses del nacionalismo. Todo ello mientras Ibarretxe sigue obviando la evidente incapacidad de una libre autodeterminación de quienes continúan bajo la amenaza terrorista.

El recurso a esta Declaración le permite al nacionalismo establecer una comparación con un contexto de violencia definido por rasgos diferenciales sin parangón en nuestro propio entorno. Cierto es que el terrorismo constituye un denominador común de los conflictos terroristas en Irlanda del Norte y el País Vasco. No obstante, al homogeneizarse la violencia a pesar de las distintas causas que la motivan en uno y otro escenario, se subestiman los elementos distintivos de cada uno de ellos que obligan a descartar la exportación de ciertos instrumentos aplicados en Irlanda del Norte que resultan totalmente contraproducentes para el País Vasco. La Declaración de Downing Street es uno de ellos, pues facilita al nacionalismo vasco la redefinición del problema terrorista en un antagonismo entre el pueblo vasco y el Estado español. Así aunque ETA haya reconocido la insatisfacción que la Declaración provocó en el IRA, su reivindicación para el País Vasco le permite contextualizar la violencia terrorista como consecuencia de la negativa del Estado a reconocer la autodeterminación. Por ello la propuesta de Ibarretxe contribuye a deslegitimar las instituciones democráticas incentivando la perpetuación de una ETA que queda perversamente justificada.

ROGELIO ALONSO ABC
Profesor de Ciencia Política en la Universidad Rey Juan Carlos

Maragall, entre la bruma
IGNACIO CAMACHO ABC 22 Octubre 2007

QUIZÁ ya nunca sepamos cuánto de involuntario había en el borroso desvarío de sus últimos tiempos, agitados en el interior de su conciencia por el descubrimiento de un mal agazapado y tenebroso, saboteador traicionero del orden, el equilibrio y la memoria. Confuso y contradictorio como ha sido siempre, incluso en sus períodos más carismáticos, le queda ahora el beneficio de la duda sobre su errática deriva política, atravesada de humanidad por este amargo arranque de sinceridad y coraje con el que ha desvelado un desalentador diagnóstico neuronal desde el humor elegante y lúcido de una esperanzadora fortaleza. También en el momento crítico de esta valiente revelación ha demostrado Pasqual Maragall i Mira esa condición de singularidad inteligente que le ha alzado siempre, intelectual y políticamente, un palmo por encima de la mediocridad de sus contemporáneos y colegas de la menguada dirigencia española.

El formidable embrollo en que su impremeditada osadía y sus improvisadas zozobras han sumido a la vida pública española a partir del absurdo delirio soberanista ha sido un modo de hacerse poca justicia a sí mismo, un dirigente brillante y capaz que en su momento más luminoso emergió con fulgurante energía al frente de un proyecto colectivo de extraordinaria pujanza. Más allá de su nebulosa vocación de arquitecto de una improbable Cataluña flotante en el espejo roto de una España confederal y asimétrica, Maragall será siempre el alcalde que construyó, con apasionado y vibrante liderazgo, los mejores Juegos Olímpicos de la Historia. Es cierto que sus fogonazos de clarividencia han alternado a menudo con tormentosas ocurrencias tan arrogantes como mal reflexionadas y peor expuestas, pero aun en medio de esos debates estériles su figura de político intelectualmente distinto ha destacado entre el hormiguero de ambiciones de vuelo corto, intereses clientelares y medianías pueblerinas en que se ha convertido la escena catalana. Desde el agridulce apartamiento del poder al que le ha conducido su zigzagueante periplo ha formulado en los últimos meses esbozos de razonable autocrítica parcial que no han servido sino para poner de manifiesto sus errores, sin privarse de algún ajuste de cuentas retroactivo que no parece afectado por el siniestro horizonte de la niebla en la que se dispone a adentrarse con entereza digna de todo elogio.

En cualquier caso, el desbarajuste del Estatuto y la crisis que ha proyectado sobre la política española no podrá nunca imputársele de forma exclusiva, ni su alzheimer servirá de cínica coartada para quienes le han secundado en perfectas facultades mentales. Ni Montilla, ni Mas, ni Carod, ni por supuesto un Zapatero que le dio alas al disparatado proceso sin saber cómo controlar su curso ni su trayectoria, podrán delegar en el declinante Maragall —al fin y al cabo tan culpable como víctima— su propia responsabilidad en el descalzaperros a que nos ha arrastrado esa loca aventura de aprendices de brujo. Y ninguno de ellos tendrá nunca en su hoja de servicios la muy honorable página olímpica de la que el «expresident» acaso pueda llegar a olvidarse, pero siempre será recordada por todos con una legítima sacudida de orgullo.

La infamia
ROSA DÍEZ ABC 22 Octubre 2007

HE dejado pasar veinticuatro horas antes de comentar la entre-vista a José María Setién, obispo emérito de San Sebastián, publicada en El País este domingo con motivo de la presentación del libro: «Un obispo vasco ante ETA». Pensé que las palabras del obispo, su falta de piedad ante los que sufren la persecución, su soberbia justificando esa falta de humanidad, eran de tal calibre que no merecían más que el desprecio. Pero he decidido escribir sobre ello para evitar que el silencio termine extendiendo un velo de impunidad sobre el que insulta nuestra memoria, nuestra conciencia, nuestra dignidad como seres humanos.

Les animo a leer con detenimiento la entrevista realizada por José Luis Barbería, un gran periodista que conoce en primera persona cómo es la vida en el País Vasco de las personas que sufren persecución por sus ideas; cómo es la vida de las víctimas vivas, la vida de aquellos que han decidido resistir, que no se doble-gan ante la tiranía del nacionalismo obligatorio y/o del nacionalismo terrorista.

El obispo, instalado en esa atalaya del que se sabe impune por estar protegido por los pistoleros y por sus apóstoles, se atreve a insultarnos no sólo de obra —lo hizo mientras fue obispo titular—, sino también de palabra. Se atreve a contestar así:

P. «Dice que la violencia no invalida la justicia y la ética de los objetivos políticos de ETA».
R. «Me refiero a los objetivos de autodeterminación y territorialidad. Detrás de la situación del País Vasco hay una injusticia que no denuncia únicamente ETA. Los derechos históricos vascos fueron violentados mediante la acción de una violencia que se ha convertido en Derecho. Y lo que quiero saber es si esos derechos existen o no y si han sido incorporados debidamente a la Constitución».
Obsérvese la perversidad en el lenguaje: las reivindicaciones de los nacionalistas —de los que matan y de los que no, pero en este caso, particularmente de los que matan,pues a ellos se refiere la pregunta— son para Setién derechos violentados mediante la acción de una violencia que se ha convertido en Derecho. ¿Puede haber un discurso más antidemocrático, más justificador del terror y del crimen que esas palabras de Setién? ¿Puede hacer ese discurso un pastor de la Iglesia sin que la jerarquía eclesiástica españo-la haga algo más que remitirse a su posición oficial? ¿No es impunidad lo que la jerarquía eclesiástica le brinda a quien justifica objetivos que requieren del uso del crimen para imponerse? ¿No termina esa impunidad, brindada a Setién, extendiéndose a los propios criminales?

Setién habla también de lo que él considera un vasco y un español:
P. «Usted divide a la población vasca entre españolistas, por un lado, y vasquistas y nacionalistas por otro. ¿No está caricaturizando una realidad compleja?».
R. «¿Y qué otros vascos va a haber?».
Está claro: para Setién ser vasco equivale a ser vasquista y/o nacionalista. Los que no lo somos sencillamente no somos vascos. ¿Hacen falta más argumentos para justificar la expulsión de los no nacionalistas? ¿Cabe mayor coincidencia entre las palabras del obispo y los objetivos del pacto de Lizarra, ese pacto firmado entre el nacionalismo y ETA para excluir de la vida civil a los no nacionalistas?

P. «¿No se puede ser vasco y español sin ser españolista, vasco sin ser nacionalista?».
R. «Los españolistas son los que no reconocen la nación vasca.(....) Yo no quiero para Euskadi la unicidad del modelo soberanista de la llamada nacionalidad española. ¿España es una nación? (...) ¿Quién se traga eso?»
El obispo dice que no quiere la unicidad del modelo soberanista de la llamada nación española. Traducido: no quiere que todos los ciudadanos que vivimos en Euska-di disfrutemos de los mismos derechos. Ni más ni menos lo que el lehendakari proclama en su plan: «Serán vascos todos aquellos que vivan en Euskadi. La nacionalidad se regulará por ley». El obispo bendice la discriminación de derechos entre ciudadanos con la misma tranquilidad con la que otros pastores de otras iglesias,tiempo ha, bendecían a quienes se ponían las capuchas del Ku Klux Klan. ¡Qué peso se habrán quitado de encima los verdugos nacionalistas vascos que a día de hoy están preparando el próximo crimen! Lo hacen, Setién lo ha dicho, cargados de legitimidad; se les ha impuesto un modelo, no les reconocen sus derechos. Ya lo ha dicho el obispo: «En el fondo, los miembros de ETA son revolucionarios».

Y luego está su burla respecto de la nación española. Y que nadie trate de relativizarlo apelando a las palabras del presidente ZP: «La nación es un término discutido y discutible». Porque los ciudadanos pode-mos cambiar al inquilino de la Moncloa con nuestro voto; pero no podemos hacer nada frente a las dañinas palabras; y quienes pueden callarlo no están dispuestos a hacerlo.

Pero lo más vomitivo, lo más infame de las palabras del obispo Setien, está dedicado a las víctimas:
P. «¿Las cree (a las víctimas) manipuladas?»
R. «Sí, pero, afortunadamente, el juicio que llegue a hacerse sobre mi persona, no lo harán las víctimas. ¡Han dicho tantas cosas de mí! Nunca me he negado a recibirlas y no sé a qué responde esa acusación de frialdad que me atribuyen. Quizá no han encontrado en mí la colaboración que pretendían para ponerla al servicio de los objetivos que buscaban».
Difícil encontrar en una frase tan corta mayores niveles de perversidad y de soberbia.

P. «Afirma que las víctimas pueden ofrecer su perdón a los asesinos, aun en el caso de que éstos lo rechacen. Dice que es una manera de iluminar el problema desde la fe cristiana. ¿Llegado el caso esa fórmula facilitaría la excarcelación de los presos de ETA?».
R. Ésa es otra cuestión. La dimensión del perdón tiene que ser fundamentalmente personal. Si el perdón exige previamente la aplicación de una justicia vindicativa y se queda ahí, no hay perdón porque responde al ánimo de venganza al menos en el orden puramente jurídico. La propia idea del perdón es trascendente y va mucho más allá del ordenamiento jurídico».

P. «Para muchas víctimas es todo un ejercicio de heroísmo».
R. «En ocasiones, la fe exige comportamientos heroicos»
Venganza, le llama Setién a la Justicia. Tener fe y comportarse heroicamente son para el obispo sinónimos de renunciar a que se haga justicia. No sé si saben que, poco después de que ETA asesinara a su hijo Joxeba, Pilar Ruíz se encontró con Setién por las calles de San Sebastián. Se acercó a él y se presentó. Él hizo un amago de darle el pésame; Pilar le interrumpió: «Quiero decirle que les considero a ustedes, a la iglesia que usted representa, cómplices de los asesinos de mi hijo. Si Jesucristo volviera a la tierra les expulsaría del templo por fariseos».

Sí, yo también le considero a Setién cómplice, responsable de una pedagogía antidemocrática que lleva más de treinta años educando jóvenes en el odio y en la mentira. Responsable de ayudarles a encontrar coartadas para canalizar el odio frente a los que no estamos dispuestos a plegarnos frente al terror.

Responsable, José María Setién; y responsable, la jerarquía eclesiástica que ca-lla ante la gravedad de sus palabras. ¿Cuántas generaciones de adolescentes encontrarán en las palabras de Setién elementos para alistarse en el odio y el terror?
Quizá, tal y como es la costumbre, la Iglesia pida perdón dentro de doscientos años. Pero para entonces ya será demasiado tarde. Y no habrá nadie de los ofendidos que pueda perdonarles.

El fraude de la zeta mayúscula
JAIME GONZÁLEZ ABC 22 Octubre 2007

Será porque ZP le venía grande, o porque se han dado cuenta de que su figura cabía de sobra en una letra, lo cierto es que Zapatero es ya una zeta mayúscula. A partir de ahora, al presidente del Gobierno de España hay que llamarle simplemente Z, saboreando despacio su escuálida anatomía para que el eco de su nombre condensado nos haga cosquillitas en la lengua.
Zapatero se estrecha y lo siguiente será un vídeo en el que, desprovisto de corporeidad, Z se alzará en estado gaseoso por encima del bien y del mal, convertido en la nueva «Campanilla» de la izquierda. Como chorradita cósmica o polvo sideral, Z está muy bien, porque es manejable y ocupa poco espacio. Como paradigma de su insoportable levedad, Z es un hallazgo primoroso que el PP debería valorar en su justa medida, porque lanzar la caballería contra él podría resultar una ofensa para muchos españoles seducidos por el «hombre-signo». Es mejor no ponerse a su altura y dejar que la nadería alcance el punto de ebullición necesario para que se cueza en su propia salsa.

Zapatero —perdón por llamarle por su nombre— es la Z que encarna la musculatura de un Gobierno envuelto pulcramente en celofán para que la gente no mire el interior del paquete. Dentro no hay nada, pero el lazo que adorna la caja y el primoroso papel de regalo se convierten en un trampantojo de efectos perversos. La irritante ingravidez de Z lo lleva a elevarse como un globo. «Todo se puede decir con una sonrisa», comenta Z mientras sube y sube, convertido en cometa vaporoso.

El Departamento de Ideas de Ferraz ha parido un vídeo que resume fielmente los tres años y medio de Gobierno Z, porque Zapatero —con perdón—es el «rasca y gana» de una manera de hacer política que estremece por su banalidad. Si todo lo que aporta la izquierda se descubre con un simple roce de uña, habrá que convenir que el socialismo español es una especie en vías de extinción, por mucho que protejan a Z vistiéndole de la última letra, aunque sea mayúscula.

Desde un estricto punto de vista iconográfico, Z puede tener su público, y hasta es posible que la capacidad de seducción del personaje obre el milagro de arrancar un puñado de votos, pero tarde o temprano Z se extinguirá por el peso de su propia inconsistencia, porque no es posible que Z nos tome por idiotas y encima le votemos como tales. Salvo que Z tenga razón, en cuyo caso el problema ya no estaría en Z, que merecería pasar a la historia como el hombre que descubrió que los verdaderos idiotas —entre los que me incluyo— son aquellos que no entienden el significado de sus signos.

Sinceramente, albergo un punto de optimismo, porque no creo que Ferraz haya diseñado el vídeo aplicando la lógica simbólica. Porque si José Blanco ha leído a Heiddeger y Husserl y se ha inspirado en su obra para esquematizar pensamientos utilizando un lenguaje distinto al verbal, Rajoy ya puede ir pidiendo el reingreso en el Cuerpo de Registradores de la Propiedad.

Entonces, estaríamos definitivamente perdidos, porque la modernidaZ, la solidaridaZ, la humildaZ, la lealtaZ, la seguridaZ, la equidaZ y la verdaZ serían conceptos que el socialismo habría convertido en reflejos de sí mismo para, siguiendo el manual, dejar que el PP se pierda en la lógica aristotélica, esa antigualla que todavía busca la verdad identificando «falacias y paradojas». Si Pepiño conoce el uso matemático de la Lógica y la Teoría de la Computabilidad, yo me bajo en la próxima, porque tenemos Z para rato.

Amenazas del caudillo Z
HERMANN TERSTCH ABC 22 Octubre 2007

Somos muchos los españoles que estamos de acuerdo al menos en una cosa en esta vida con doña Maria Teresa Fernández de la Vega, vicepresidenta de este gobierno, cuando, en expresión probablemente frecuente en un Consejo de Ministros en el que se presupone el lenguaje tabernario sabiéndose de la presencia de tan eminentes juristas como ella y el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, dijo un indefinido «esto» es una «gran putada».

Estamos de acuerdo con la ya aclamada cabeza de lista socialista por Valencia en que «esto» es una «gran putada». Muchos pensamos que incluso algo más. Recordemos ese «intercambio de impresiones» entre la gobernanta y la presidenta del Tribunal Constitucional, en la tribuna del desfile en la Castellana de Madrid el día 12 de Octubre, que fue una amenaza más de las que despliega, disuelto y desarmado el Partido Socialista Obrero Español, la corte del Caudillo Z. Todo un ejemplo de la excelencia y elegancia con que se distingue la mayoría de los miembros de la tropa que tomó el poder en el PSOE en el 2000 y en el Moncloa cuatro años después:

Mª Teresa: «Es un abuso. Para mí... te digo que es una putada. Es igual... Hay que tomarlo. ¿...? No me gusta, de una puta vez (...) Esto nos pasa por respetar el capítulo. Es una burla que te...
Mª Emilia: «Por mí no te preocupes. Te estoy diciendo que yo no puedo...»
Mª Teresa: «No puede ser, no puede ser...»
Mª Emilia: «Ya veremos, hombre».

Sentencia siniestra
Reconocerán los lectores que lo que más miedo da de lo descifrado de este alarde de matonismo de la vicepresidente al que la presidenta del Tribunal Constitucional contesta con un intimidado o resignado «ya veremos, hombre» es, aparte de las putadas diversas, una sentencia siniestra: «Eso nos pasa por respetar el capítulo». No tengo la menor idea de a qué capítulo se refiere la vicepresidenta, pero todo el mundo habrá de reconocer el talante que revela.

Si la semana pasada hablábamos del «rufianismo en el poder», lo sucedido en ésta no hace sino dejar más claro, si cabe, que los riesgos a los que se enfrentan la libertad individual y colectiva, la seguridad nacional y la decencia en este país son existenciales.

Almas despistadas del PP
Nada tienen ya que ver con propuestas democráticas alternativas y van mucho más allá de diferencias en las prioridades de gobierno durante la próxima legislatura. Todo hace temer que muchas de las almas despistadas a las que aún dejan pergeñar estrategias en el Partido Popular no se hayan dado cuenta de la gravedad de la situación. Y que los peores ilusos del centro y la derecha democrática aún crean que si no pueden ganar a Zapatero en marzo pueden afrontar cómodamente nuevos proyectos para más adelante.

Fracasados todos los proyectos de la secta agrupada en torno al «Caudillo Z» (que ha secuestrado y liquidado como activo las siglas del PSOE) para vender a la ciudadanía el «cambio tranquilo» (Estatuto, paz eterna, sentimentalidad reduccionista, falsificación del pasado y del presente y relativismo definitivo e inatacable), fracasado después el amago de la compra general del voto en oferta grosera y tercermundista de favores a sectores diversos, ha comenzado la ofensiva nerviosa, desordenada pero feroz, para destruir al adversario. Y en esto son expertos. Lo hicieron en su día con Nicolás Redondo Terreros para comenzar con Patxi López la negociación con ETA sobre el futuro político de los españoles. Como en los relatos de rufianes, la secta defenestró a todo aquel que suponía un impedimento, si era terco por medio de la amenaza o la muerte civil y el descrédito. El último ejemplo es el de Juan Ignacio Plá, que ha hecho sitio con gentileza forzosa a la flamante presidenta de la «gran putada» en el foro valenciano. En el campo económico no se hizo otra cosa, pero ahí todo es más fácil porque el empresariado español, entregado siempre al poder y la contrata fácil, es más cobarde aún que el dólar del dandy.

Pero ahora toca, porque los sondeos no tranquilizan, la operación masiva de intimidación, hostigamiento y amenazas a quienes critican la política del Caudillo Z de pacto con los enemigos del Estado y de fraude sistemático a la ciudadanía. Y en este plan juega un papel clave la querella contra el presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) Francisco José Alcaraz, rechazada en su día y reactivada por asociaciones amigas que todos los que hemos estudiado el fenómeno del totalitarismo en el siglo XX conocemos bien.

Régimen excluyente
Ya no basta con humillar y despreciar a las víctimas. Se trata de amedrentar ya a toda voz crítica hacia los planes del Caudillo Z, los habidos y por haber. Se trata de sembrar miedo en la sociedad como se sembró en el partido y como ya se vive en partes de España donde nacionalistas y socialistas han instaurado un régimen con vocación de excluir toda posibilidad de alternancia.

Por eso, guste o no guste la forma de Alcaraz de expresarse, en esta ofensiva todos los demócratas debieran saber que la resistencia sólo lo es de veras si no llega tarde. El Foro de Ermua ha decidido ofrecer a Alcaraz autoinculparse en el proceso. Es evidente que, en sus afirmaciones sobre Zapatero, Alcaraz dice la verdad y tiene razón. Será interesante ver si el proceso contra él y contra quienes se autoinculpen se convierte en un juicio contra la agresión general del Caudillo Z a las instituciones, a las libertades y la dignidad de los españoles.

«Los políticos han colaborado intensamente en falsear la lengua»
Gregorio Salvador : «Los políticos han colaborado intensamente en falsear la lengua»
ANTONIO ASTORGA. MADRID. ABC 22 Octubre 2007

Los periodistas solemos estar «a la que salta», pero hay un sabio prodigioso que siempre está atento a lo que pueda saltar, y a él nos encomendamos: Gregorio Salvador, vicedirector de la Real Academia Española. Tras ilustrarnos con «Noticias del Reino de Cervantes», quiere «Estar a la que salte» (Espasa), su amena y nueva obra. Excelso articulista (premio Cavia, González-Ruano, Pemán, Mesonero Romanos), Salvador alerta sobre el juego interesado de políticos -y especies similares- que establecen significados únicos para ciertas palabras, «las sacralizan y, si a mano viene, las convierten en salvoconducto de la estereotipada corrección política». Ejemplo: tolerancia: «¿Cómo no se puede ser intolerante? ¿Cómo no va a ser uno intolerante con el asesinato? ¿Qué tolerancia cero o cáscaras? ¡Intolerancia absoluta!».

Bascas gramaticales
Sostiene Salvador que vivimos en una época de «remilgos lingüísticos», y se refiere a la estúpida incorrección lingüística del «para todos y todas», «los madrileños y las madrileñas», «los vascos y las vascas», matraca «políticamente correcta» que tuvo a don Gregorio sumido en bascas gramaticales.

¿La estupidez siempre resulta dañina, a la corta o la larga?
Asiente el sabio: «La estupidez engendra toda una serie de monstruos estúpidos, y hay una tendencia: a partir de esa estupidez se va a la maldad».

¿En qué educación cree el lingüista?
«Lo que debe ser fundamentalmente la educación es instrucción -responde, tajante-. Hay que instruir sobre el comportamiento, pero la gente está desesperada, esperando cumplir la edad mínima para retirarse y perder de vista esa jauría de incompetentes, zafios, groseos y violentos con los que no se puede hacer nada. La enseñanza se empezó a deshacer cuando inventaron lo de adelantar la jubilación a los 65 años. Entonces descabezaron la Universidad».

«Estamos formando unas generaciones con escasez de conocimientos, y falta de modales», advierte el notario mayor del Reino lingüístico de Cervantes, que nos ilustra sobre «Paces hediondas»: «Llevamos no sé cuánto tiempo oyendo hablar de paz, de proceso de paz, dale que te pego, sin que nos quieran dejar en paz, que sería lo deseable. Y como, para empezar, no estábamos en guerra, por lo menos de nuestro lado, uno se pregunta qué hay detrás de tal proyecto, aparte «el ansia infinita de paz» que se proclama y que, enunciada así, solo nos lleva a imaginar, orlada de cipreses, la descansada paz de los cementerios, a la que tan denodadamente ha colaborado, en nuestro tiempo, la otra parte que tiene voz en el proceso». Y concluye que la paz no es darle «igualdad de resultados» al que está agrediendo.

Y encima de esas paces hediondas y de pactos con bandas de malhechores está «lo de la memoria histórica». Se indigna don Gregorio, a quien el comienzo de la incivil y fratricida guerra entre españoles le partió el alma con nueve años: «A los 12 años yo tenía una madurez de adulto, y un gran desprecio a aquellos mayores que habían hecho todo aquello porque me parecía espantoso. La mayor parte de la gente que padeció de una manera más directa la Guerra Civil está en un geriátrico, o en el cementerio desde hace tiempo. Es demencial resucitar esa cuestión». «¿Qué memoria puede haber sin conocimiento? -se pregunta-. Y de paces no parece saberse mucho, empezando por los llamados pacifistas, ya sean de plaza y pancarta o de tertulia y salón».

Si ayer Gregorio Salvador le cerraba las fauces a un depredador -«Las palabras -le dijo- se gobiernan a sí mismas, porque las gobiernan quienes las crean y quienes las hablan», hoy no se cansa de denunciar que «los políticos siempre han colaborado intensamente en falsear la lengua». ¿Qué siente cuando ve que el español sigue siendo la única lengua materna que no puede aprenderse en las escuelas de las Autonomías con lengua particular? «Sensación de derrota -confiesa-. Es vergonzoso que no se cumpla la Constitución. El español es la lengua común en la que se han entendido siempre todas las gentes de la Península Ibérica». Y por eso no entiende el afán de los separatismos por «sentirse colonizados», cuando «toda la Península Ibérica ha estado fundamentalmente colonizada por vascos. Tómese una lista y ábrase por cualquier pueblo, siempre hay apellidos vascos. Y ahí están los de Iribarne, Aguirre, Olarte, Ybarra, presidentes autonómicos con apellidos vascos. ¿Quién ha colonizado a quién?»

Éxito de la jornada sobre ‘Los mitos del nacionalismo catalán’ en Barcelona
Redacción MinutoDigital 22 Octubre 2007

El pasado día 20 de octubre, Arbil-BCN organizaba una jornada de conferencias cuyo título y tema central fueron “Los mitos del nacionalismo catalán”. Se celebró en el Aula Magna de la Universidad Abat Oliba CEU. El acto fue conducido por Don Santiago Gotor, presidente de Arbil-BCN.

Don Santiago Gotor. Presidente de Arbil BCN.
La primera mesa estuvo compuesta -por orden de intervención- por:
Don Eduardo Escartín. Profesor de Historia de la Universidad de Barcelona.
Don Javier Barraycoa. Profesor de Historia de la Universidad Abat Oliba CEU.
Don Alfredo Cruz (a la izquierda en la foto). Profesor de Filosofía Política de la Universidad de Navarra.
La segunda mesa de conferencias estuvo compuesta por:

Don Francisco Caja. Profesor de Ética de la Universidad de Barcelona.
Don Juan Carlos Girauta. Escritor. Licenciado en Derecho y MBA por ESADE. Colaborador de COPE y Libertad Digital.
Don Alejo Vidal-Quadras. Vicepresidente del Parlamento Europeo. Catedrático de Física Nuclear.

El acto fue un éxito rotundo, más de un millar de personas abarrotaron el salón de actos de la Universidad Abat Oliba CEU. También asistieron Daniel Sirera presidente del PPC Motserrat Nebrera; en representación de Don Alberto Fernández Díaz, asistió el concejal del Ayuntamiento de Barcelona, D. Alberto Villagrasa. También estuvo presente el movimiento asociativo de Barcelona.

Don Eduardo Escartín, aludió a la Hispania visigótica como referente más lejano del significado de España como estado, y la imbricación de las tierras catalanas en ese concepto político. Hizo referencia al apoyo de los señores feudales catalanes de la reconquista a la idea de España, y certificó que la Guerra de Sucesión no fue mas que un conflicto dinástico, en el que la fecha de 1714 en absoluto puede tomarse como referente de la supuesta realidad nacional catalana.

Don Javier Barraycoa, se centró fundamentalmente, en el papel desempeñado por la derecha nacionalista catalana en el régimen franquista. Propuso líneas de investigación histórica para poner de relieve el apoyo de la derecha catalanista al régimen de D. F. Franco.

Don Alfredo Cruz, razonó la nula legitimidad moral de los nacionalistas en su empresa de destrucción del Estado Español. Hizo referencia a su libro “Nacionalismo y moral” en el que recogen sus pensamientos.

Don Francisco Caja, se extendió en el acoso nacionalista y sobre el uso de la lengua como arma política.

Don Juan Carlos Girauta, fue el más aplaudido por su análisis del nacionalismo catalán tras el 1978; del pujolismo y su significado.

Don Alejo Vidal-Quadras, vicepresidente del Parlamento Europeo, habló de la “Propuesta de reforma parcial de la Constitución Española“, y planteó la idea de que “Ya no hay nada que pactar con los nacionalistas; no queda nada salvo España”.

Desde Minuto Digital enviamos también un especial saludo a Juan Carlos Girauta que está pasando un mal momento debido al fallecimiento de un ser querido, sirva este pequeño comentario como muestra de apoyo.

El chantaje lingüístico en Cataluña
www.criterio.es 22 Octubre 2007

Ayer IntereconomíaTV emitió un reportaje sobre las oscuras prácticas de la subvencionada Plataforma per la Llengua. Mediante una cámara oculta, se muestra una entrevista con Martí Gasull , uno de los responsables de la organización radical nacionalista, en la que explica con todo lujo de detalle los métodos sicilianos que utilizan para presionar a las empresas para que usen el catalán en las comunicaciones con sus clientes. Por supuesto, como es habitual en Cataluña, financiado con dinero público.

El vídeo dura algo menos de 14 minutos y no tiene desperdicio.

Así están las cosas por Cataluña.
Tres webs de empresas que sufren el chantaje nacionalista: danone >> lidl >> durex >>

Intereconomía descubre una red de extorsión a multinacionales establecidas en Cataluña financiada por la Generalitat
Presionan a las multinacionales para que adopten el catalán como lengua principal de sus actividades
www.intereconomia.es 22 Octubre 2007

La Plataforma por la Lengua, registrada como ONG, y financiada con fondos públicos de la Generalitat, ha urdido un plan para presionar a compañías que desarrollan su actividad en Cataluña para que estas utilicen el catalán como lengua principal en sus actividades.

Les reclaman que tanto la cartelería, como la publicidad y el etiquetado de sus productos esté, al menos, en esta lengua autonómica. Para ello, y valiéndose de los contactos con la Fundación que gestiona el dominio de Internet punto cat, han registrado el nombre en la red de algunas de estas multinacionales que no cumplen con sus exigencias. En estas webs, la plataforma critica el funcionamiento de las empresas e insta a los consumidores a quejarse de ellas. Empresas como la comercial de deportes Decathlon, Durex, Cocacola, Danone y Lidl, entre otras, tienen ya el dominio .cat secuestrado.

De hecho, la multinacional del software Microsoft ha caído en manos de esta red de extorsión lingüística, al ver como su filial de mensajería hotmail había perdido el dominio .cat y la Plataforma había creado en hotmail.cat una web crítica con la compañía de Bill Gates. Según explicó uno de los directivos de la Plataforma por la Lengua, en estos momentos, Microsoft está negociando con ellos una posible solución.

Intereconomía ha podido comprobar, en boca de uno de los directivos de la Plataforma, que además tienen otras formas de boicotear comercialmente a estas empresas. Según explica, lo hacen desde la sombra, valiéndose de una red de 4.000 colaboradores que a las órdenes de la organización ponen quejas y denuncias a las empresas que no utilizan el catalán en sus acciones comerciales.

Esta noche, en el programa El Gato al Agua, se mostrará un amplio reportaje, en el que uno de los directivos de la Plataforma por la Lengua explica con detalle como su supuesta ONG extorsiona ling üisticamente a las empresas.

Chantaje lingüístico en Cataluña (Criterio.es)
www.criterio.es
video.google.com/videoplay?docid=3145961361777224605&hl=en-GB
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