AGLI

Recortes de Prensa    Sábado 27 Octubre   2007

Los ñiños españoles no tienen derechos constitucionales
El TSJG desestima la suspensión cautelar del decreto de la enseñanza del 100% de las materias troncales en gallego.
Nota del Editor 27 Octubre 2007

Como recordarán nuestros lectores, AGLI interpuso recurso contencioso-administrativo por el procedimiento especial para la protección de los derechos fundamentales, contral el decreto 124/07 de la Junta de Galicia publicado en el Diario Oficial de Galicia del 29 de junio, por afectar directamente a la esfera de los derechos fundamentales de libertad de idioma, que incluye el de uso de cualquiera de las dos lenguas oficiales en el territorio, y cuya negación expone a las personas a las discriminaciones más absurdas, entre ellas, su proscripción generalizada de todo un sector de la administración pública, o su exclusión del sistema educativo por la imposición de un determinado uso en las materias troncales, como mínimo -y la consiguiente prohibición del uso alternativo- en contra, además, de la libertad constitucionalmente protegida.

Que la lengua es una de las circunstancias por las que no se debería poder discriminar a las personas en el ordenamiento español, lo demuestra la protección penal de ese derecho a la libertad y la igualdad en el Art. 314.[Discriminación laboral] establece: "Los que produzcan una grave discriminación en el empleo, público o privado, contra alguna persona por razón........ o por el uso de alguna de las lenguas oficiales dentro del Estado español....." 

El art. 2º del Decreto que se impugna, somete a los ciudadanos de lengua española, única u opcional, a un régimen de excepción lingüística en toda la administración educativa, en contra del prescrito uso “normal” de las dos lenguas -es decir, de igualdad de trato a los hablantes o usuarios de la una y/o de la otra- conculcando el principio de igualdad constitucionalmente protegido, pretendiendo derogar para todo el tráfico administrativo educativo el régimen de cooficialidad derivado del artº 3 de la Constitución, 5 del Estatuto y 3 y 4 de la Ley (G) 03/83, sin más salvoconducto que la fórmula de salvaguarda “con carácter general”, lo que constituye la prueba evidente de la discriminación de la Junta de Galicia en el que se impone la utilización de la lengua regional en al menos el 50% de todas las materias, 100% en las materias troncales.

Y como es lógico, solicitó la suspensión cautelar del mismo para evitar el daño a los escolares y sus familias.

Con gran desolación acabamos de recibir la desestimación de nuestra solicitud de suspensión con los siguientes argumentos:

 "...debe rechazarse en este prematuro momento procesal en base a la doctrina constitucional que se contiene en el auto impugnado por cuanto la materia lingüística no entra en el derecho a la libertad de elección en materia de educación (sentencia Tribunal Constitucional 88/1983, de 27 de octubre), a la vez que el uso normal de la lengua propia de la Comunidad Autónoma no vulnera el principio de cooficialidad porque no excluye el uso de la otra lengua oficial (sentencia del Tribunal Constitucional 337/1994, de 23 de diciembre), máxime si se tiene en cuenta que tanto en el articulo 2 como en el, 13 del Decreto 124/2007 se establece la utilización "con carácter general" de la lengua gallega, preservando de ese modo todo riesgo de discriminación respecto a la lengua castellana."

"Aún en el terreno de la apariencia de buen derecho en el que primordialmente se mueve el escrito conteniendo el recurso de súplica, ningún argumento relevante se aporta frente al auto apelado que convenza de una patente y notoria vulneración de los derechos fundamentales que pueda generar el Decreto 124/2007, ni siquiera referido al principio de igualdad, que con aquella expresión "con carácter general" se respeta, del mismo modo que sucedió en el supuesto de hecho de la sentencia TC
337/1994 con la expresión "vehículo de expresión normal", máxime al formar parte la materia lingüística del contenido prestacional y organizativo que es competencia de los poderes públicos (sentencia TC 88/1983). En aquella sentencia TC 337/1994 y en las del Tribunal Supremo de 13 de julio de 1995 y 17 de abril de 1996 se valida constitucionalmente que la lengua propia de la Comunidad Autónoma constituya el vehículo normal de comunicación en la enseñanza. Si ello es invocable respecto al articulo 2 del Decreto, también lo es la sentencia de esta Sala de 23 de noviembre de 1996 y la del TS de 28 de marzo de 2000, así como aquella del TC 337/1994, en cuanto al artículo 13, pues fue declarado conforme a Derecho el articulo 8.1 del Decreto 247/1995, de 14 de septiembre, sustancialmente coincidente con aquél, que fue impugnado en aquel procedimiento (también de protección de derechos fundamentales) por la misma asociación aquí recurrente."

Hoy precisamente aparecen en estos recortes numerosos artículos sobre el TC, en los que se demuestra su falta absoluta de ética y sentido jurídico, por lo que desde aquí proponemos su voladura jurídica, incluyendo toda su jurisprudencia que no haya emanado directamente de la recta interpretación de la C.E, como la entendemos los ciudadanos que la votamos en  referendum en 1978.

Como escribe Fran:  "Querido José Luis,

Una vez más, presos del sistema corrupto y amoral que todo lo gobierna... Aquí nadie rectifica, ni cuando los más elementales derechos están en juego. Si el TC, organismo cancerígeno de nuestro sistema judicial y de nuestra democracia, creía eso en los años ochenta, o en el 94, no es menos cierto que el desarrollo de aquella normativa ha dado como resultado una real y efectiva lesión de los derechos fundamentales. Volver a afirmar sin pudor que la materia ligüística no entra en el derecho a la libertad de elección en materia de educación es una aberración moral. Pero lo peor es que me temo que mientras exista el TC tanto va a dar el texto de la Consitución (ahora que está tan de "moda política" las propuestas de reforma), pues siempre habrá un grupo de jueces sectarios que estirarán y deformarán el articulado constitucional para dar la razón a los que les garantizan sus sueldos, es decir, a los naZionalistas que apoyan a los gobiernos de turno que les proponen a ellos como miembros del CGPJ y TC.

Amigo mío, tal y como comentamos en la última reunión, nada de esto tiene sentido sin la independencia judicial. Esa es la madre del cordero. Con el actual sistema de elección de vocales del CGPJ y la configuración del TC, no hay nada que hacer.

Entrando en la cuestión de fondo jurídica, me asombra el argumento dado para denegar, una vez más, la suspensión cautelar: "la dramática expresión "un solo día de libertad perdido, un solo día de discriminación es una pérdida irreparable" hace supuesto de la cuestión en cuanto da por hecho que con el Decreto se genera la  discriminación que denuncia, lo que, constreñidos al análisis propio del proceso de protección de derechos fundamentales en que nos hallamos, debe rechazarse en este prematuro momento procesal

¡Por supuesto que el recurrente da por supuesta la lesión de un derecho fundamental con la efectiva aplicación de esos artículos del Decreto! ¿No se ha recurrido el Decreto por eso mismo? No se trata de prejuzgar el fondo del asunto, sino de garantizar un derecho fundamental: que los niños puedan expresarse en el idioma que entienden y que libremente deciden usar. La negativa a la suspensión de esos artículos, sin embargo, sí supone, a mi humilde entender, una interpretación prematura de la cuestión de fondo, pues, en síntesis, lo que el Tribunal viene a admitir es que no ve que esos artículos lesionen derecho fundamental alguno (no considera la elección de lengua como derecho fundamental, se podría interpretar), por lo que no ve que existan razones jurídicas para estimar el recurso. Más valía no haberlo admitido a trámite y nos ahorrábamos el disgusto a largo plazo...

Decir que este es un "prematuro momento procesal", es casi tanto como renunciar a dar la debida tutela judicial efectiva a los miles de escolares que ya se ven afectados por esta atrocidad de Decreto.

La frase  "consideraciones metajurídicas que tienen que ver con la oportunidad de la norma impugnada y no con la legalidad de la misma, único aspecto este último que la Sala puede tomar en consideración" se comentan por sí mismas: ¿algún ius naturalista en la sala, por favor? En fin, puro positivismo. Ninguna ley inmoral es legítima. Antes es la Moral que la Ley, y alguien debería enseñar esto a nuestros jueces, porque luego pasa lo que pasa: que pululan jueces por la AN que afirman sin rubor que dictan autos diferentes contra los mismos autores, por los mismos hechos según la "coyuntura política" del momento...

En fin, querido amigo, corren malos tiempos para la Libertad, y ésta es el único antídoto contra los imbéciles demiurgos. Pero nosotros, como antaño en flandes, no aceptamos derrotas con honores (como los amigos de la cesión a los naZionalistas para "integrarlos" en el sistema), y seguiremos en la brecha.

Un abrazo. Saludos liberales."

El contraataque del PP en el Constitucional
EDITORIAL LD  27 Octubre 2007

Las tres razones por las que se puede recusar a un juez es que éste tenga un interés directo o indirecto en la causa, haya ocupado un cargo público con ocasión del cual haya participado en el tema a tratar o tenga formado un criterio en detrimento de la debida imparcialidad. Así, es natural que los dos magistrados que han visto sus mandatos prorrogados por la ley sobre cuya constitucionalidad han de decidir se abstengan de participar en ese dictamen. El suyo era un caso de libro para apartarlos de la causa, aún mayor que el hecho de que Pérez-Tremps colaborara con la Generailtat en la redacción del Estatuto.

Sin embargo, no se entiende qué razones puede haber para recusar a los magistrados García-Calvo y Rodríguez-Zapata. Estos jueces no estaban de acuerdo con la permanencia de María Emilia Casas en la presidencia, y así se lo dieron a conocer, que es lo mismo que hicieron otros tres jueces, los que ahora ha decidido recursar el PP, pero en sentido contrario. No tiene lógica alguna recusar a unos sí y a otros no, a no ser que lo que se quiera no sea garantizar la imparcialidad del tribunal sino forzar un resultado concreto en la votación.

Desgraciadamente, el Gobierno decidió emprender la vía de la recusación sin ninguna fundamentación, con el objetivo de que los jueces afines la aceptaran sin más, pues serían así mayoría en un pleno del que deberían ausentarse –lógicamente– los recusados. Así tendrían la mayoría para dar el visto bueno a una ley que, en todo caso y aunque sólo fuera por el qué dirán, jamás debería haber afectado a los mandatos de los jueces que estaban, en el momento de su aprobación, en la presidencia y vicepresidencia del Constitucional.

Habrá quien, haciéndose el tiquismiquis, considere un error esta decisión del PP por embarrar el campo de un juego que debería ser jurídico pero se ha convertido ya en descaradamente político. Sin embargo, esa decisión no ha correspondido a los populares sino al Gobierno, que en un acto sin precedentes en nuestra democracia decidió recusar a dos jueces del Constitucional a través de la Abogacía del Estado. Lo único que ha hecho el PP ha sido participar en la contienda en los términos en los que la ha planteado Zapatero. Limitarse a protestar no sólo hubiera sido inútil, sino sobre todo estúpido e irresponsable. Hay demasiadas cosas en juego como para apartarse del barro porque mancha.

Sí, sabemos que si nuestro país fuera un Estado de Derecho como está mandado, el Tribunal Constitucional no estaría compuesto por media docena de magistrados de derechas y otros tantos de izquierdas y los argumentos que empleasen serían sólo jurídicos. Al contrario que los socialistas, que desde que llegaron al poder han hecho todo lo posible por evitar que esto pudiera suceder alguna vez, consideramos que ese objetivo es uno de los más importantes para nuestro sistema democrático. Desgraciadamente, mientras no se ponga en marcha una reforma constitucional que modifique a fondo el diseño de nuestras instituciones, especialmente las del poder judicial, el PP no puede dedicarse a aparentar que el TC es una corte independiente mientras el PSOE se dedica a cambiar leyes y plantear recusaciones.

Es evidente que no es el objetivo del PP lograr que sus recusaciones triunfen, sino que no lo hagan las del Gobierno, cuyos recursos jurídicos ha empleado Zapatero para hacer el juego sucio a su partido. Así pues, sólo el tiempo podrá decir si esta táctica tiene éxito. Pero es de agradecer que en esta ocasión no se hayan quedado de brazos cruzados y lamentándose de lo malos que son los otros.

Ojo por ojo en el Tribunal Constitucional
Editorial ABC 27 Octubre 2007

EL Partido Popular presentó ayer las recusaciones contra los magistrados del TC Pablo Pérez Tremps, Pascual Sala y Manuel Aragón, a los que reprocha los mismos hechos que el Gobierno a los magistrados recusados por la Abogacía del Estado, es decir, haber perdido su imparcialidad sobre la ley de reforma de este Tribunal porque se manifestaron sobre ella en diversas ocasiones. El PP criticó estas primeras recusaciones con razones plenamente acertadas, pues el Gobierno buscaba con ellas la compensación a las abstenciones voluntarias de la presidenta y del vicepresidente, que daban la presidencia del órgano, con su voto de calidad, a un magistrado «conservador». Aunque todo este cruce de abstenciones y recusaciones se produce sólo en el recurso del PP contra la reforma del TC, sus efectos son devastadores para la institución en su conjunto, porque la sumerge en una crisis de imagen y de funcionamiento absolutamente inconveniente para un tiempo que requiere, como ninguno anterior en democracia, la clarificación constitucional de leyes muy importantes. Con esta discordia descontrolada, el PSOE va a lograr la paralización del TC hasta después de las elecciones de marzo de 2008, que es lo que quería.

Las tres recusaciones presentadas ayer por el PP son una decisión errónea, porque de un plumazo deja a este partido sin argumentos políticos y legales contra las que interpuso el Gobierno. Aunque tácticamente sea explicable el paso dado por el PP, a la vista de la deslealtad absoluta del PSOE en el juego institucional, también existen otros factores de decisión, como la forma de entender la relación de cada cual con las instituciones del Estado de Derecho y los límites que uno mismo esté dispuesto a defender como principios diferenciadores. Aun así, nadie debe confundirse. La responsabilidad de esta crisis institucional es de Rodríguez Zapatero y de la consideración que tiene hacia el Derecho como un elemento accesorio y prescindible en la acción política. Pero esto no justifica que el PP secunde la misma senda errónea que ha iniciado el Gobierno, porque es una contradicción que empaña su correcta posición -como es propio de la derecha democrática española- ante las instituciones. Además, sigue siendo sorprendente -y con el paso del tiempo aún más- que semejante iniciativa fuera anunciada por el portavoz parlamentario del PP, Eduardo Zaplana, por su cuenta y riesgo, y que, una vez conocido el escrito de recusaciones, éstas se basen en informaciones periodísticas.

El PP ha conseguido llevar al seno del TC la táctica política que le interesaba: las cinco recusaciones habrán de correr la misma suerte, a favor o en contra. Por eso, todavía es posible reconducir la situación antes de que los daños sean irreversibles. Ambos partidos, siguiendo la política disuasoria de la «guerra fría», han demostrado su igualdad de armas. Lo mejor que pueden hacer es retirar las recusaciones y que el pleno del Tribunal Constitucional, con los diez magistrados que quedan, resuelva el recurso contra la reforma de este órgano.

Togas en el barro
IGNACIO CAMACHO ABC 27 Octubre 2007

A nadie puede ya sorprender el manoseo a que los partidos españoles someten al poder judicial y a sus máximos órganos jurisdiccionales; por desgracia la codicia política de nuestra clase dirigente hace tiempo que convirtió de hecho en papel mojado la independencia nominal del sistema de justicia, cuyos mecanismos aparecen uncidos a los de los aparatos de influencia que dominan la vida pública. En cambio, sí resulta sorprendente la naturalidad con que los propios dignatarios judiciales, incluidos jueces y magistrados, se dejan sobar por sus mentores políticos, aceptando sin el menor remilgo un papel subsidiario de correas de transmisión de consignas o criterios. La adscripción partidaria de los miembros de los altos tribunales en bloques monolíticos se ha vuelto un lugar común en el análisis mediático, al que los interesados corresponden con una exactitud que debería movernos a perplejidad a los ciudadanos, si no diésemos por sentado que ese triste correlato se registra con tan minuciosa como desalentadora regularidad. Para saber el sentido de cualquier fallo del Tribunal Constitucional sobre un pleito de índole política basta con hacer recuento banderizo de sus componentes, como si fuese una tercera Cámara: tantos progresistas contra tantos conservadores. Según sea la mayoría de unos o de otros, el veredicto se ajustará a las preferencias del PSOE o del PP, sin que nadie parezca alarmarse por la evaporación del derecho puro y abstracto como fuente de inspiración de sentencias.

Convertidos los magistrados, con su asombrosa anuencia, en marionetas de simplista obediencia política, no tiene nada de extraño que los aparatchiks que mueven a su antojo los hilos del guiñol judicial se enreden con impudicia en un juego de zancadillas y recusaciones destinado a dejar en inferioridad al adversario. El espectáculo de zafiedad que estamos viendo en torno al Constitucional, con el Estatuto catalán como botín de fondo, debería avergonzar a cualquier sociedad democrática medianamente articulada en torno a principios de dignidad e independencia de poderes. Pero sobre todo debería motivar a los magistrados de ese organismo a elevar siquiera una protesta de pedagogía democrática en reivindicación de sí mismos y de su prestigio profesional y moral, en vez de plegarse con bovina sumisión a un indecoroso juego de despropósitos. Porque si ya sabemos de antemano el sentido de sus resoluciones, convenientemente orientadas según el equilibrio parlamentario de fuerzas, podríamos ahorrarnos la simulación y que fallen los recursos unos diputados revestidos de togas en el guardarropa del Congreso.

El encarnizamiento de la política ha enfangado las instituciones en unas trincheras de cenagoso sectarismo, y va a ser muy difícil rescatarlas indemnes del barrizal. La túnica alba de la justicia está desgarrada y en sus manchas se ven las huellas de las sucias manazas de los santones de los partidos. Para regenerar esta degradación no va a haber más remedio que partir de cero, y eso ya es imposible en esta refriega que lleva casi un cuatrienio revolcando el prestigio de una democracia humillada, mancillada y vejada en sus valores más sagrados.

La lección de las cocochas
M. MARTÍN FERRAND ABC 27 Octubre 2007

CUANDO Radio Madrid era todavía una institución y no solamente una empresa, tuve la suerte de trabajar en su redacción junto a Juan Sampelayo, Álvaro Cunqueiro, Marcial Suárez, Carlos Mendo —el padre del que sigue en la brega periodística—, Antonio Calderón y otros notables maestros de la pluma y el oficio informativo. Nacían los sesenta y la libertad escaseaba tanto como los buenos alimentos y los automóviles de importación. Cunqueiro obtuvo un premio literario de los que, con frecuencia, organizaban los ayuntamientos y las diputaciones, una sutil manera de dar de comer a los pobres. Para celebrarlo nos invitó a comer a «Trabuco», un restorán de memoria donostiarra en la esquina de Mesonero Romanos con Desengaño. Recuerdo las cocochas al pil-pil del menú que organizó el premiado.

Todos aquellos maestros míos tenían en común el ser mayores que mi padre y me trataban como un niño. Me empujaban a leer a los clásicos y a despreciar a muchos de los falsos valores acuñados por la época y las circunstancias. En el banquete, que lo fue para aquellos días, Calderón me dijo que no era procedente, desde la buena educación, hacer nada parecido a esto: y mojó con fruición un trozo de pan en el suculento pil-pil. Le replicó Sampelayo diciéndome: lo que tienes que hacer es esto. Y repitió la operación de añadirle al pan el gozo de la salsa. Gracias a ellos, pasado casi medio siglo, no resisto la tentación del moje y les homenajeo en el recuerdo siempre que llega la ocasión.

Ahora, al ver que el Partido Popular condena la conducta del PSOE al recusar un par de magistrados del Tribunal Constitucional por el poco sutil procedimiento de recusar a tres, me han venido a la memoria aquellas benditas cocochas. Claro que entonces se trataba de una broma entre amigos sentados en la intimidad de un almuerzo y ahora es, ¡y en función representativa!, un gesto de réplica que, una vez más, iguala en miserias y falta de tacto, en desprecio a las instituciones, a los dos primeros y fundamentales partidos españoles.

Desde que en días de Felipe González, en 1985, se procedió a la castración de la independencia que la Constitución le concedió al Consejo General del Poder Judicial —mal que no reparó el aznarismo en sus días de gobierno con mayoría absoluta—, desde que el PSOE metió sus manazas a propósito de la expropiación de Rumasa en las entrañas del Tribunal Constitucional, aquí vamos de mal en peor. No es sólo que, como certificó Alfonso Guerra, Montesquieu haya muerto; es que nadie le echa de menos ni reclama su reanimación. Cuando el gran partido monopolista de la oposición sólo sabe censurar la conducta del gran partido en el ejercicio del poder con la repetición de su conducta más execrable, todo está democráticamente perdido. ¿Habrá que empezar de nuevo?

Asalto al TC. Segunda parte
Vicente A.C.M. Periodista Digital 27 Octubre 2007

La guerra política que empezó el Gobierno con la injerencia descarada en el TC y el empecinamiento en mantener a toda costa a su presidenta Dª Maria Emilia Casas, ha tenido una respuesta del PP con la recusación de tres magistrados. Esta guerra solo ha hecho empezar y lo que es claro que va a inhabilitar a este Organismo para poder acometer los asuntos pendientes. Sobre todo aquéllos que afectan al principio de solidaridad y de igualdad entre españoles, como el nuevo Estatuto de Cataluña.

Dice ahora Dª María Emilia que se seguirá los cauces oportunos"."En una democracia consolidada las instituciones funcionan. El Constitucional es una institución decisiva que asegura el cumplimiento de la Constitución y su paralización equivaldría al incumplimiento de ésta y, lógicamente, eso el Tribunal no lo va a tolerar".

¿Qué entenderá Dª Maria Emilia por incumplimiento Constitucional?¿Acaso la injerencia del Gobierno realizando una Ley con el exclusivo propósito de prolongar su mandato es Constitucional o simplemente una burla de la Ley?. ¿De qúe métodos se valdrá para salir de este impasse y bloqueo, sin incurrir en actuaciones sectarias?.

Si se acepta la recusación propuesta por la Abogacía del Estado y se rechaza la recusación propuesta por el PP, ambas basadas en las mismas argumentaciones, estaremos ante una flagrante prevaricación. Si se aceptan las dos, deberán seguirse los trámites para nombrar otros magistrados "no contaminados" con declaraciones y prejuicios sobre el tema. Pero para ello debe haber consenso, cosa harto difícil dada la situación. Si se niegan las dos, estaremos como al principio, pero en una situación que este Gobierno no acepta dado que presupone que el fallo será desfavorable a su apoyo decidido por el Estatuto de Cataluña.

Habrá que esperar acontecimientos y ver si otra vez, el camino de huida hacia adelante y el "como sea" de la política de Zapatero, se impone sin ningún rubor y termina por hundir a una Justicia ya ahogada por la presión partidista. ¿Le merecerá la pena seguir ese camino o valorará el coste electoral que tendrá?

Cataluña se va
Editorial ABC 27 Octubre 2007

LA crisis en que se halla inmersa Cataluña, lejos de encontrar soluciones si quiera parciales, es galopante. Seis incidentes serios en menos de diez días relacionados con las infraestructuras ferroviarias son un balance imposible de digerir para el ciudadano, hastiado de recibir buenas palabras y peticiones de paciencia como simple explicación a una gestión pésima del Ministerio de Fomento en la construcción del AVE hacia Barcelona. Ya es una evidencia que se ha evaporado el propósito electoralista de José Luis Rodríguez Zapatero de inaugurar el AVE hacia la Ciudad Condal el 21 de diciembre. Hoy, la incompetencia demostrada por los gestores del Ministerio de Fomento, con la ministra Magdalena Álvarez a la cabeza, sólo es equiparable al hartazgo de la ciudadanía y a la preocupación con que el PSOE encara los decisivos meses finales de la legislatura. El Gobierno ha perdido el control de la situación. La muestra evidente del nerviosismo con el que busca ahora parches para intentar paliar su descrédito en un enclave determinante para los socialistas, es la irritación expresada personalmente a Zapatero por el presidente de la Generalitat, José Montilla, ninguneando a la ministra de Fomento, con quien ya pocos se entienden. La incapacidad de Magdalena Álvarez para hacer frente a cualquier conflicto es notoria incluso entre los dirigentes de su propio partido.

Haciendo gala de sentido de la responsabilidad, el Ayuntamiento de Barcelona acordó ayer por unanimidad -está gobernado por Jordi Hereu, del PSC- exigir a Moncloa que retrase las obras del AVE «el tiempo necesario» para evitar más precipitación y garantizar la seguridad de los trabajos. Incluso, sacrificando cualquier intento de obtener rentabilidad partidista de la inauguración. El Gobierno también ha decidido rescindir el contrato a la empresa adjudicataria de las obras, OHL, a quien la ministra de Fomento culpa directamente del desaguisado, obviando por completo su propia responsabilidad y en flagrante contradicción con el discurso del PSOE cuando era el Gobierno del PP quien encontraba problemas en la construcción del AVE. Por si fuera poco, un corrimiento de tierras en un túnel provocó ayer el hundimiento parcial del andén de la estación del Bellvitge (Barcelona). Parece como si la otrora competitiva y sólida Cataluña se hubiese convertido en pocos años -los que lleva el tripartito al frente de la Generalitat- en un auténtico delirio organizativo al que de modo muy palmario no ha querido dejar de contribuir el Gobierno de Zapatero. Centrar el grueso de la gestión política en un debate basado en inútiles cuestiones identitarias, y en la aprobación de un Estatuto con serias tachas de aparente inconstitucionalidad, tiene sus consecuencias: en primer lugar porque, como se demostró en el referéndum estatutario, una inmensa mayoría de catalanes no se siente concernida por las veleidades de sus dirigentes; y segundo, porque ello redunda en la desatención de otros asuntos públicos de indudable entidad que el ciudadano sí considera básicos en su vida diaria.

Durante toda la legislatura, Zapatero, preso de sus pactos parlamentarios con los nacionalistas, ha demostrado un preocupante favoritismo hacia Cataluña en detrimento de otras comunidades, como Madrid por ejemplo. El Gobierno presume de haber invertido en Cataluña más de lo que lo hizo el Ejecutivo del PP en ocho años, tanto por la vía de los Presupuestos Generales como por una vía estatutaria tan privilegiada como insolidaria y de dudosa legalidad. Y sin embargo, ni siquiera con estos antecedentes la gestión de Moncloa y del tripartito se ha plasmado en resultados eficaces. El intento de Moncloa por salvar la cara a la ministra Álvarez, como ayer hizo la vicepresidenta Fernández de la Vega, suena a retórica hueca porque, en el fondo, el ciudadano percibe que se trata de una defensa artificial y muy poco convincente de una labor que, en puridad, sólo tiene una salida: la dimisión. Zapatero ya conoce el caótico resultado de sumar a una política generadora de crispación territorial una gestión negligente de los recursos públicos. El ciudadano, además de conocerlo, lo sufre.

ANV toma el relevo a Batasuna
Editorial ABC 27 Octubre 2007

EL congreso que hoy celebra Acción Nacionalista Vasca es su confirmación como recambio, definitivo o provisional, de Batasuna en el frente político de la organización terrorista ETA. Situada cómodamente en unos ayuntamientos de los que ya no podrá ser expulsada, ANV ha organizado este acto como una demostración de fuerza y de ratificación de los principios más radicales y ortodoxos de la doctrina etarra. Es, al mismo tiempo, el enésimo desmentido a quienes creían que la vuelta de ETA a los atentados iba a provocar en ANV -e incluso en Batasuna- una división entre moderados -categoría inexistente en este mundo- y extremistas. La ponencia política que debatirá esta formación «abertzale» es la suma de todos los tópicos del maximalismo dogmático de ETA y no da pie a la más mínima diferencia de criterio. Tras el descabezamiento judicial de Batasuna, ANV está llamada a aglutinar a los grupos que orbitan alrededor de ETA y a asumir la representación «política» de los terroristas. Nunca ETA ha consentido la más mínima diferencia de criterio. Para dejarlo claro, la ponencia de ANV ataca directamente a partidos como Aralar, que se separó del entramado batasuno por no apoyar la violencia terrorista. Y si desde el punto de vista organizativo no hay duda de que ANV se adhiere íntegramente a la estrategia frentista de ETA, también lo hace en cuanto a su programa de acción. La ponencia política propugna la creación de un «Consejo Nacional Vasco», que vendría a suceder a la Udalbitza creada por el acuerdo de Estella entre todos los nacionalistas y sería la plataforma para defender el derecho de autodeterminación y la territorialidad, resumida en la ensoñación de una sedicente «República de Navarra».

La izquierda proetarra, cuyos dirigentes ya habían advertido tras la detención masiva ordenada por Garzón de que sabrían adaptarse a las circunstancias, responde también de esta manera al PNV y al nuevo intento de Ibarretxe de aprovechar la reactivación del terrorismo para liderar el frente nacionalista. En cualquier caso, lo más relevante no es lo que pretenda o pueda hacer ETA con sus terminales políticas, sino la capacidad de respuesta que debe acreditar el Estado para evitar que el terrorismo etarra recupere este terreno de la acción política, que tanto había costado arrebatárselo. Si hoy ANV celebra este congreso, con el propósito de sumar definitivamente sus activos a ETA y perpetuar las agresiones a las libertades democráticas en el País Vasco, se debe a la omisión dolosa del Gobierno, que no impulsó la ilegalización de ANV cuando debió hacerlo -antes de las elecciones municipales de mayo pasado-, sino sólo de una parte de sus candidaturas, como gesto arbitrario y fallido de apaciguamiento hacia ETA. Aquel error inexcusable del Gobierno se paga hoy con la nueva e impune mutación de la izquierda proetarra, llamada Acción Nacionalista Vasca, contra la que el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero debe dirigir una demanda de ilegalización ante el Supremo de forma inmediata.

Zapatero: un error exterior prepara la rendición interior
Pascual Tamburri elsemanaldigital 27 Octubre 2007

Dos soldados españoles murieron la semana pasada en Kosovo. Dos más en una ya larga lista de caídos durante una legislatura que empezó ceceando en nombre de la pazZz cobarde y borreguil. Dos muertos que nos recuerdan una cuenta pendiente, que tiene mucho que ver con nuestro propio futuro como país: el proyecto enloquecido de crear por secesión un nuevo Estado en Europa.

Todo empezó, aunque hoy cueste aceptarlo, cuando Alemania se saltó los intereses de la Unión Europea y rompió moralmente con el Acta Final de Helsinki, al reconocer por su cuenta las independencias de Eslovenia y Croacia. Aquello no fue un mero reconocimiento de la ruptura de Yugoslavia, sino el desencadenante de su estallido y de las guerras que siguieron. Atención, no hablamos de la Alemania imperialista de Guillermo II ni de la nazi de Hitler, sino de la Alemania federal, recién unificada y supuesto espejo de democracias. Quizás una decisión apresurada, quizás un acto unilateral y egoísta del que no se midieron las consecuencias; pero vivimos aún en medio de las secuelas de aquel error.

El "error Croacia", que deparó aún más dolor y sangre entre el Save brumoso y la rutilante Dalmacia, fue seguido por el "error Bosnia", y éste por el "error Kosovo". Como ha recordado Javier Rupérez aquello llevó a muchas muertes, y directamente a la necia guerra de Kosovo en 1999, que ha dejado en el limbo jurídico, bajo ocupación europea, esta provincia de Serbia.

Al margen de la opinión que nos merezca el dictador comunista Slodoban Milosevic, lo cierto es que Yugoslavia primero y Serbia después son sujetos jurídicos soberanos, miembros reconocidos de la comunidad internacional; sus excesos internos serán reprobables, pero no pueden servir para que se descuarticen países según el capricho de quien gobierne en Berlín. Las consecuencias directas son más guerras y más muertes, incluyendo las de soldados españoles, y algo para nosotros aún peor.

Favorecer, a través de la ocupación, la limpieza étnica de los albaneses contra los serbios y una futura independencia de la provincia es un peligroso precedente. Nos ha costado mucha sangre pero nos puede costar aún más este capricho alemán ahora compartido por Zapatero: el modelo kosovar es abiertamente una vía de acción para los separatismos antiespañoles en nuestro propio territorio. Muchos analistas profesionales comparan ya en el extranjero nuestro país con la Yugoslavia de hace dos décadas, y apoyar la independencia de Kosovo es para España el peor negocio posible.

Intereses aparte, lo cierto es que Kosovo siempre fue Serbia, y que sólo tardíamente ha sido islamizado y albanizado. Pero no sólo la razón histórica está con los serbios, sino que además cualquier visitante del lugar sabe qué tipo de futuro espera a la provincia en caso de independencia. España debe negarse a tal cosa, primero por justicia e historia y después por simple egoísmo. Salvo que efectivamente el ocupante de La Moncloa desee para nosotros un futuro balcánico.

DISCURSO DE ALEJO VIDAL QUADRAS
ACTO DE PRESENTACIÓN DE LA PLATAFORMA "POR LA CONCORDIA NACIONAL Y LA REFORMA CONSTITUCIONAL"
CASINO DE MADRID EL 25 DE OCTUBRE DE 2007
email  27 Octubre 2007

Muy buenas noches a todos

Tal como Inma os ha anunciado al principio, Iñaki os ha hablado del porqué de esta propuesta, Paco del qué, Santi del cómo y yo voy a intentar explicaros su finalidad, el para qué. El propósito que nos ha animado durante los dos años que llevamos madurando este planteamiento que os presentamos esta noche es muy sencillo, diáfano me atrevería a decir. Hemos llegado hace ya mucho tiempo a la conclusión de que alguien ha de atreverse a decir lo que todo el mundo sabe y nadie osa pronunciar. Sí, exactamente lo que estáis pensando. El emperador va desnudo. En otras palabras, los nacionalistas no son integrables. Esta es una verdad tan silenciada como dolorosa, tan desagradable como incómoda, tan terrible como innegable. Lo horrible a veces sucede y ante ello caben dos actitudes: la negación de su existencia y entonces lo horrible nos devora o la asunción lúcida de su presencia y la determinación serena, pero firme, de hacerle frente y vencerlo. Desde la transición, hemos seguido el primer camino y el resultado está a la vista. No hay catastrofismo, ni alarmismo ni tremendismo alguno en el enunciado de la realidad que nos aflige: Después de la aprobación del nuevo Estatuto de Cataluña, de la elevación de ETA a la categoría de interlocutor válido del Gobierno y del anuncio por parte de los partidos nacionalistas tenidos hasta hoy por moderados, de la celebración de referendos de autodeterminación ilegales e inconstitucionales, España, esta tremenda mole que se alza en el paisaje de la Historia, amasada de piedra, sangre y sueños, constructora de nuevos mundos, cuna de hazañas legendarias, féretro de tantas ilusiones, cosida a cicatrices, gloriosa y humillada, mística y prosaica, cobijo por fin seguro de nuestras libertades y derechos, todavía viva y reconocible, se encuentra al borde mismo de su disgregación. Otra legislatura más como la que ahora termina y nuestra gran Nación de ciudadanos libres e iguales se fragmentará en un agregado informe de nacioncillas inventadas y ajenas entre sí.

Por eso hemos de tomar la segunda senda, la de la decisión, la de la lucidez, la del compromiso indeclinable con los principios y valores de la vigente Constitución, que son los de la sociedad abierta, los de la civilización occidental, los que ponen al individuo con rostro, nombre y dignidad inalienable por encima de abstracciones colectivas aniquiladoras de la libertad.

¿Para qué, pues, nuestra propuesta? Para resolver el único de nuestros conflictos seculares que aún no hemos superado. La Constitución de 1978 marca el final de una larga etapa en nuestro devenir colectivo en la que los ricos se enfrentaron a los pobres, los militares a los civiles, los creyentes a los anticlericales y los monárquicos a los republicanos. La transición inició una era de reconciliación, de equilibrio, de generosidad, de fórmulas normativas y de usos sociales bajo cuyo manto los cuatro frentes de desgarro que habían sacudido nuestros dos últimos siglos quedaron definitivamente apaciguados. Sin embargo, queda una herida que no ha sido cerrada, que sigue ulcerada y que se resiste a los desinfectantes más potentes. El encono de los nacionalistas por dinamitar la empresa común y por liquidar la unidad nacional no ha cesado ni un instante a lo largo de las tres décadas de democracia recuperada que hemos recorrido desde el fin de la dictadura. Y bien sabéis, bien sabemos todos en esta sala que se ha hecho todo lo posible, y más que lo posible, por sumarles al proyecto aglutinador que los españoles emprendimos esperanzados tras medio siglo de anormalidad institucional. Hemos transformado un Estado tradicionalmente unitario en uno de los más descentralizados administrativa y políticamente del planeta, hemos establecido la cooficialidad de las lenguas mal llamadas propias hasta el punto de permitir y sufrir que se elevaran al rango de hiperoficiales, hemos procedido al reconocimiento de símbolos, himnos, banderas y hechos diferenciales diversos hasta la extenuación, hemos transferido en masa competencias y recursos a las Comunidades Autónomas debilitando las instancias centrales del Estado a niveles que ponen en peligro su operatividad y su eficacia, hemos consagrado un sistema electoral que otorga a las minorías nacionalistas el papel de bisagras parlamentarias todopoderosas sometiendo a la Nación a la férula de aquellos cuyo objetivo explícito es deshacerla, hemos destinado un ingente esfuerzo económico a satisfacer a los nacionalistas porque el Estado de las Autonomías nos cuesta del orden de un punto del PIB por año en comparación con un Estado políticamente unitario administrativamente descentralizado, y hemos soportado apretando los dientes con paciencia atormentada más de ochocientos asesinatos de escalofriante vileza. Y el Presidente del Gobierno nos avisa sonriente que si revalida dentro de cuatro meses su victoria, se propone continuar su tarea de descuadernamiento del Estado y de disolución de la Nación.

Las entidades que os hemos convocado aquí esta noche hemos llegado a una conclusión que nos parece la única posible si queremos ser algo más que un conglomerado amorfo de televidentes hedonistas y anestesiados. Y la conclusión es ésta: Hasta aquí hemos llegado. El proceso de desintegración nacional al que nos vemos arrastrados contra la voluntad de la inmensa mayoría ha de detenerse, el Estado se ha de fortalecer y la Nación ha de recuperar el rumbo perdido. Basta de claudicaciones, de oportunismos, de renuncias, de fingimientos, de disimulos, de cobardías, de ingenuidades y de chatas conveniencias partidistas. Basta. A partir de hoy, ni un paso atrás y todos los necesarios adelante. Ha llegado la hora de la acción y de las decisiones. A grandes males, grandes remedios. Si España ha albergado durante demasiado tiempo, como dice el morisco Ricote en el Quijote, a la sierpe en su seno, y el veneno ya nos paraliza, es urgente buscar un antídoto. Nosotros lo hemos destilado y está en nuestra propuesta y en la agenda política concreta que reclamamos para hacerla realidad. Si los nacionalistas no son integrables, sí son neutralizables. No se trata de excluirlos ni de marginarlos ni de arrinconarlos. Nada más lejos de nuestro ánimo, siendo como somos partidarios del pluralismo político y de la biodiversidad. Se trata simplemente de colocarlos en su sitio y de paso volver a alzar a España al suyo.

Nuestro sistema se apoya en dos pilares que son los dos grandes partidos nacionales. Uno de ellos está secuestrado por un pequeño grupo de oportunistas relativistas y desideologizados, gentes ameboides cuyo lema es que no es la Verdad la que nos hace libres, sino la libertad la que nos hace verdaderos y que han sustituido los métodos inductivo y deductivo por el método deliberativo para que nada ni nadie ponga freno a sus desmanes. Sin racionalidad y sin moral y pasando de curso en el bachillerato con cuatro asignaturas suspendidas la estación final del viaje degradante en el que nos han embarcado sólo puede ser el desastre.

De ahí nuestra propuesta y nuestra llamada a quién corresponda para que la haga suya y la ofrezca a los españoles, a todos, de derecha, de izquierda, de arriba, de abajo, de centro, de mar, de meseta y de montaña, y lo haga de tal manera que sus argumentos les convenzan y su pasión les arrastre. No son tiempos para las maniobras de despacho, ni para las cenas exploratorias ni para la administración inercial del statu quo, entre otras razones porque el nuevo Estatuto de Cataluña, el compadreo con ETA y la suelta del espantajo de los plebiscitos secesionistas han hecho saltar el statu quo por los aires. Son tiempos de salir a la calle, exponer sin tapujos la gravedad de la situación, indicar la salida y lanzarse a atravesarla.

Permitidme que termine recordando la esclarecedora reflexión de George Orwell, escrita en una fase particularmente trágica de la historia europea: "Nos hemos hundido hasta una profundidad tal", decía Orwell, "que el restablecimiento de lo obvio se ha convertido en el primer deber de las personas inteligentes".

Os invitamos esta noche a restablecer lo obvio, y obvio es que la parte está contenida en el todo y no al revés, que los impuestos los pagan los individuos y las empresas y no los territorios, que los árboles, los ríos y las cordilleras no hablan, que las que hablan son las personas, y que España es una gran Nación que no dejaremos que sea descuartizada por una pandilla de asesinos y por una tropilla de caciques de barrio. Os invitamos a movilizaros sin vacilaciones, a comportaros como lo que sois, como lo que son muchos millones de españoles a lo largo y a lo ancho de la Nación, ciudadanos por supuesto inteligentes, pero también patriotas y valientes. Y quiero subrayar lo de valientes porque a la luz de los acontecimientos que se avecinan habrá que derrochar inteligencia y patriotismo, pero sobre todo valor. Mucho valor. Enormes dosis de valor. Que no os falte. Que no le falte. Que no nos falte.

Del pasado y sus rescates
XAVIER PERICAY. Escritor ABC 27 Octubre 2007

UNO de los mayores atractivos del cine documental reside en la posibilidad de planear operaciones de rescate. Ocurre algo parecido con los libros compuestos por una selección de textos periodísticos. En ambos casos pueden sacarse a flote contenidos que, de otro modo, permanecerían hundidos a gran profundidad en medio del olvido. Y digo contenidos, porque lo que es el envoltorio original -el reportaje cinematográfico que incluía las imágenes o el periódico donde aparecieron la crónica o el artículo- rara vez consigue uno atraparlo.

De entre los muchos rescates audiovisuales de estos últimos tiempos, destacan, sin duda, los relacionados con la guerra civil española. Los documentales de que disponíamos hasta la fecha estaban casi todos decantados, fatalmente, hacia uno u otro bando. De ahí que uno de los principales retos a los que deben enfrentarse hoy quienes se animan a producir uno nuevo sea el de la objetividad. Las imágenes, claro está, tienen dueño. Y circunstancia. Fueron filmadas en su día por periodistas con el corazón robado. Pero su ensamblaje tras el pertinente proceso de selección es cosa del presente, de otra circunstancia, la nuestra. Al igual que el relato que las acompaña.

«Noticias de una guerra», producido por Elías Querejeta y dirigido por Eterio Ortega, coautores a su vez del guión, es uno de esos trabajos. Este verano lo dieron por televisión. Llegaba con avales. El de los propios guionistas, que habían insistido en que la cinta huía de planteamientos ideológicos y estaba basada en hechos, nada más que en hechos, y el de Santos Juliá, que figuraba en los créditos como asesor histórico. En los últimos años Juliá, en su condición de historiador y de comentarista de la actualidad, ha terciado a menudo en las polémicas relacionadas con la revisión de nuestro pasado. Y siempre, que yo recuerde, desde la convicción de que memoria e historia son dos conceptos, si no antagónicos, sí incompatibles -en la medida en que el primero es particular, subjetivo, mientras que el segundo aspira a un conocimiento objetivo de la realidad pretérita-, por lo que carece de sentido hablar de «memoria histórica». A no ser que lo que uno pretenda -como denunciaba el propio Juliá en un viejo artículo- sea ceder a la tentación totalitaria y construir un relato único sobre el pasado.

Por desgracia, éste parece haber sido el propósito de «Noticias de una guerra». Empezando por su concepción misma: una narración que va desde enero de 1936 hasta el fin de la contienda, siguiendo un orden cronológico, y en la que se mezclan imágenes reales, extraídas de fondos documentales, y otras inventadas, destinadas en principio a cubrir las lagunas archivísticas. Como es natural, las escenas ficticias suelen corresponder a hechos de los que difícilmente puede existir memoria gráfica: sacas en las cárceles, fusilamientos masivos, asesinatos de dirigentes políticos, etc. Pero también alcanzan a retratar, por ejemplo, a un supuesto general Mola escribiendo a máquina las instrucciones que habían de servir a los militares sublevados para ejercer de forma implacable y terrorífica el poder, con la particularidad de que la secuencia se repite una y otra vez a lo largo de la primera parte del relato, llegando incluso a romper la sucesión temporal. Sobra decir, por lo demás, que el espectador no dispone de mecanismo ninguno, aparte de su conocimiento de la historia, para distinguir lo real de lo que sólo aspira a serlo. Y ya se sabe que, tanto en cine como en literatura, no es precisamente la verdad la que saca provecho de esta clase de mezcolanzas.

Pero, más allá de los problemas de concepción, el falso documental adolece de no poca tendenciosidad en lo relativo a la selección de los episodios bélicos y al trato que estos episodios reciben. Un par de ejemplos. Hoy en día casi todos los historiadores coinciden en que las dos mayores matanzas de la guerra civil -mayores por el número de víctimas causadas, pero también por el carácter premeditado de la barbarie- son las practicadas, por un lado, por los nacionales en Badajoz y, por otro, por los republicanos en Paracuellos, ambas en los primeros meses de contienda. Pues bien, así como la primera nos es mostrada a través de imágenes debidamente apuntaladas con una narración en la que no se escamotean detalles de lo sucedido, la segunda cabe suponer que corresponde a la simulación de una saca en una prisión madrileña -en la que se pronuncia, entre otros nombres de víctimas, el de Pedro Muñoz Seca- y el posterior fusilamiento de los presos frente a una zanja. Y digo que cabe suponerlo, porque en ningún momento se alude a Paracuellos ni a las responsabilidades políticas de la matanza. Si uno no supiera lo que en verdad pasó, pensaría que se trata, sin duda, de un hecho tangencial.

Otro ejemplo. Barcelona, la ciudad anarquista, allí donde la revolución. A juzgar por la cinta de Querejeta y Ortega, esa revolución no trajo a Cataluña y a España entera sino alegría, ilusión y bonanza. Es cierto que en alguna secuencia se adivina el pillaje de una iglesia e incluso un púlpito quemado; pero eso es todo. De lo que las huestes de Durruti y García Oliver hicieron en la ciudad y sus aledaños durante la guerra, y, en particular, durante la segunda mitad de 1936; de lo que perpetraron en el resto de Cataluña; de los asesinatos y barbaridades que llegaron a cometer -y que tan bien refleja, por cierto, otro rescate reciente, esta vez un libro: el «Diario de un pistolero anarquista», de Miquel Mir, editado por Destino-, de todo esto, nada de nada. Ni imagen ni palabra.

Son sólo dos ejemplos del trato que reciben los hechos. Hay otros, por supuesto. En realidad, «Noticias de una guerra» no deja de ser una muestra más de ese afán justiciero del que parece haberse impregnado cierta izquierda en lo que va de siglo y, muy especialmente, desde que José Luis Rodríguez Zapatero alcanzó el poder. Con la particularidad de que en este caso no estamos ante un producto de ficción, donde a la memoria se le permiten cuantos ajustes sean necesarios para encajar, según convenga, todas las piezas del pasado, sino ante un supuesto documental cuyo objetivo manifiesto es dar noticia de lo que fue aquella guerra. Y con el agravante de que la cinta ha contado con la colaboración del Ministerio de Cultura y la Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales, y con la participación de las televisiones públicas. Eso es, con el dinero de todos.

Ignoro si la más que probable aprobación de la ley llamada «de la memoria histórica» va a servir para terminar de una vez con semejantes rescates. Ojalá, aunque mucho me temo que no ha sido ésa la intención de sus promotores. Así se desprende, al menos, de la exposición de motivos que antecede al articulado y cuya redacción cabe atribuir, según propia confesión, al mismísimo presidente del Gobierno. Baste un apunte: en palabras de Rodríguez Zapatero, el exilio fue «largo, desgarrador y, en tantos casos, irreversible». Lo que equivale a decir -sin decirlo, claro- que fue sólo republicano. De la suerte que corrieron otros exiliados forzosos, ni mención.

Y es que, si bien se mira, el mal ya está hecho. Tres largos años de remoción interesada de la historia no pueden sino dejar huella. ¡Y pensar que algunos ingenuos todavía creíamos no hace mucho en las virtudes terapéuticas de nuestra Transición!

Educación
Un colegio amenaza a un alumno por no ir a Ciudadanía
El instituto asegura que no lo expulsará, pero que puede quitarle el derecho a la evaluación continua
Asunción Salvador La Razón 27 Octubre 2007

Granada- Nuevo conflicto por la objeción de un alumno granadino a la controvertida nueva asignatura de Educación para la Ciudadanía, impuesta por el Gobierno en algunas comunidades autónomas para el curso 2007-2008.

La Federación Católica de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos de Granada (FCAPA) denunció ayer que un alumno de 3º de ESO del Instituto de Enseñanza Secundaria del municipio de Alhendín podría ser expulsado durante varios días. El centro ha emitido ya tres partes por «falta de convivencia» a este estudiante, que dejó de asistir a las clases de Educación para la Ciudadanía, a raíz de la objeción de conciencia presentada por sus padres.

El padre de este alumno se dirigió por escrito a la dirección del colegio para solicitar la retirada de los dos primeros partes. Sin embargo, no obtuvo respuesta. Y ahora, ante la amenaza de la expulsión, la familia está considerando emprender otro tipo de acciones, para lo cual ya se ha puesto en contacto con la red de abogados de FCAPA.

El presidente de la asociación en Granada, José Enrique García, afirmó ayer que se trata de «una nueva negación del derecho constitucional de objeción» que, en este caso, «está afectando a nuestros hijos». «Los propios alumnos se ven estigmatizados por sus compañeros ante la actuación de ciertos profesores generando conflictos dentro de las propias familias», declaró.

Situaciones conflictivas
Asimismo, instó a la Delegación Provincial de Educación a que actúe para evitar este tipo de casos. «¿Qué clase de Educación para la Ciudadanía queremos impartir cuando estamos utilizando este tipo de medios?», preguntó. También aseguró que los colegios públicos, donde «las asociaciones de padres están menos implicadas con el problema de los objetores ante la nueva materia», soportan la mayoría de situaciones conflictivas.

Por otro lado, lamentó que el centro no ha facilitado a los padres el citado «reglamento de convivencia», en función del cual se le ha impuesto la sanción al estudiante. «El padre pertenece a la comisión de convivencia y ha solicitado el reglamento, pero el centro no se lo ha querido facilitar», aseguró. «Nos parece que es un abuso porque si el padre no tiene acceso al documento que sirve para imponer la sanción no puede presentar alegación alguna», puntualizó.

Derechos y deberes
También puso en duda que el reglamento interno del centro haya tenido tiempo de adaptarse a las situaciones derivadas de la implantación de la nueva asignatura y se mostró en desacuerdo con el hecho de que las faltas de asistencia a las clases de Educación para la Ciudadanía se califiquen como «falta de convivencia». «No creo que exista ningún reglamento ni ley que así lo estipule», argumentó.

El director del instituto de Alhendín, José Forte, por su parte, aclaró que cuando un alumno se niega a asistir a una clase obligatoria se genera una «falta de convivencia», ya que ésta «no sólo significa llevarse bien con los compañeros, sino que cada uno cumpla con sus derechos y deberes». Por otro lado, negó que el alumno vaya a ser expulsado. Sin embargo, sí que podría perder el derecho a la evaluación continua. Según explicó a Efe, si el número de partes por inasistencia sigue aumentando, el niño «podría perder su derecho a la evaluación continua, entre otros derechos». Con ello, la nota final de curso de este alumno dependería únicamente del resultado de sus exámenes, ya que los profesores dejarían de hacerle el seguimiento diario de su comportamiento y evolución educativa.

Por otro lado, Forte recordó que la asignatura Educación para la Ciudadanía forma parte del currículum de Secundaria, «y el deber del centro es impartirla como se hace con el resto de materias». Finalmente, aseguró que no se ha dado ningún otro caso de alumno objetor de conciencia en su instituto, y que el problema radica en la confrontación entre «el derecho de los padres y el deber de los centros escolares».

Por otra parte, el presidente de Profesionales por la Ética de Cataluña, Ramón Novella, resaltó ayer «el adoctrinamiento que supone la asignatura por parte del Estado» y defendió la necesidad «de respetar y fomentar el derecho de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones, y de no permitir que el Estado intervenga y adoctrine a los niños en una ideología muy laicista». Profesionales por la ética es una de las organizaciones que se ha mostrado más activa en la lucha contra la nueva materia.

«Presiones» a los objetores
El primer caso de amenaza de expulsión a objetores se produjo nada más empezar el curso, en septiembre, en un instituto público de Córdoba. Según denunciaron desde el Foro de la Familia, un estudiante de catorce años que cursa tercero de Secundaria fue «invitado» a abandonar el centro por parte del director y la jefa de estudios cuando manifestó que no quería estudiar la asignatura. ¿Por qué no lo denuncian los propios padres? «Porque tienen miedo. Hay muchas presiones desde la Consejería de Educación y los padres quieren proteger a sus hijos», respondieron entonces en el Foro de la Familia. No se trató de un caso en concreto, fueron «muchas las llamadas que recibimos de madres llorando ante las presiones a las que se ven sometidas desde instituciones y colegios, especialmente en Andalucía». Desde la Consejería de Educación aseguraron que sólo 252 padres presentaron en toda la Comunidad su escrito de objeción. Las asociaciones opositoras enseñaron, sin embargo, más de medio millar de escritos presentados en la localidad cordobesa de Lucena y en Granada. El total de objeciones en la región, dicen, es muy superior al que está diciendo la Junta de Andalucía.

ANV suplanta a Batasuna y justifica a ETA mientras España «ataque» al País Vasco
J. PAGOLA. MADRID. ABC 27 Octubre 2007

ANV considera legítima la actividad terrorista de ETA mientras España y Francia «continúen atacando a nuestro pueblo», según se desprende del borrador de la ponencia política que, salvo sorpresas, será aprobada en el XI Congreso que la última marca electoral de Batasuna celebra hoy en Baracaldo. Juan Carlos González Lorente, que ya formaba parte de la dirección, será el nuevo secretario general, en sustitución de Antxon Gómez, y Kepa Bereziartúa continuará como presidente.

El viejo partido ANV se prepara para el papel que se ha visto forzado a desempeñar en la nueva coyuntura política, allá donde no llegue la ilegal y semidescabezada Batasuna. La «hoja de ruta» que le ha impuesto ETA para afrontar el «post-proceso» queda plasmada en la ponencia política que será debatida, y con toda probabilidad aprobada, en el Congreso que hoy se celebra en el teatro Baracaldo, una vez que el ayuntamiento le pusiera trabas para organizarlo en el polideportivo municipal.

El texto aboga por la acumulación de fuerzas nacionalistas, la misma estrategia que siguió ETA-Batasuna para conducir al PNV, EA y otros grupos a la firma del pacto de Estella. En cualquier caso, la invitación a estas formaciones para lograr una gran alianza nacionalista y abertzale lleva adosada la trampa, con el objetivo de provocar contradicciones. En efecto, no va dirigida a las respectivas direcciones, sino a «aquellos sectores de EA, PNV o abertzales independientes que pongan por delante de sus intereses personales y de partido la consecución de las libertades de Euskal Herria».

El «Consejo Nacional Vasco»
Llegado a esto, ANV plantea que esa gran alianza debería plasmarse en la constitución de un denominado «Consejo Nacional Vasco», con vocación de convertirse en «el interlocutor de los vascos para cualquier posible negociación». Según la ponencia, este órgano, al que asemeja con la OLP palestina, tendría la facultad de «blindar» el equipo de interlocución, ya que garantizaría que «organizaciones como el PNV no tuviesen derecho de veto y posibilidad de dinamitar un proceso como el de Estella o el anterior proceso de paz».

De acuerdo con el texto que aprobará hoy el Congreso de ANV, para formar parte de este «Consejo Nacional Vasco» se exigiría, como mínimo, el reconocimiento de la unidad territorial -País Vasco, Navarra y País Vasco francés- y el compromiso de «aislar políticamente, no colaborando, a las fuerzas españolistas y jacobinas, sindicales, políticas o mediáticas que ataquen las libertades vascas». Los integrantes del citado «Consejo Nacional Vasco» deberían también mostrar su voluntad de confrontación con Francia y España, «en la medida en que se nieguen a reconocer los derechos nacionales de los vascos y continúen atacando a nuestro pueblo». En este punto, y siguiendo el «libro de estilo» de Batasuna, ANV considera que condenar a ETA es «estéril» y, para compensar su rechazo al terror, recuerda que en sus estatutos optó por las vías políticas.

La invitación a los nacionalistas para formar una gran alianza se extendería a la política de pactos electorales, en sintonía con la oferta de Vergara presentada por ETA-Batasuna ante los comicios generales de 2004. Así, se aboga por afrontar las próximas elecciones de marzo con una candidatura única, con vistas a que la representación alcanzada en el Congreso y en el Senado se constituya también en un equipo de interlocución que se ensamblaría con el «Consejo Nacional Vasco» para negociar en Madrid la independencia.

En sintonía con el último «zutabe», en el que ETA proscribe a los «traidores» de Aralar, la ponencia de ANV descalifica al partido de Zabaleta para participar en ese «Consejo» por su «política errática y su falta de compromiso para con los principios de territorialidad e independentistas».

«República de Navarra»
En el fondo de este linchamiento está el temor de ETA-Batasuna a que el ejemplo de Aralar, que en las municipales consiguió en Navarra un elevado porcentaje de votos de la «izquierda abertzale», en detrimento de ANV, se extienda al País Vasco. La última marca electoral de ETA plantea también en su ponencia política una reactivación de Udalbiltza, el órgano creado al amparo del pacto de Estella, con «grandes potencialidades en la construcción nacional vasca». Y con el delirante objetivo de facilitar la anexión del Viejo Reino a la «gran Euskal Herria», en la que también incluye Treviño, Miranda de Ebro y Castro Urdiales, ANV propone que el «futuro estado vasco» tenga como capital Pamplona y se denomine «República de Navarra».

Mientras, los filoetarras de Askatasuna se mostraron convencidos de que la Policía seguirá deteniendo a dirigentes de este ámbito y de forma, a su juicio, «prefabricada».

Salgado apoya la inversión en los medios de comunicación para impulsar el gallego
El secretario xeral de Comunicación, Fernando Salgado, defendió en su intervención la utilización de fondos públicos para potenciar el uso del gallego en los medios de comunicación. "No venimos a pedir perdón por las ayudas, sino todo lo contrario", apostilló.
AGENCIAS SANTIAGO El Ideal  27 Octubre 2007

Salgado compareció ayer en la Comisión Institucional del Parlamento, donde respondió a una pregunta del BNG sobre el uso del gallego en los periódicos.

Explicó que este año hubo dos líneas de subvenciones a los medios de comunicación para potenciar el uso del gallego, por un total de 2.883.836 euros. De la primera de ellas, con 2,2 millones de euros, destinada a periódicos, radios y publicaciones electrónicas por noticias en gallego resultaron beneficiados 38 medios de comunicación, con una ayuda media de 59.000 euros.

Por lo que respecta a la segunda línea de subvenciones, de 640.000 euros, iba destinada a publicaciones íntegramente redactadas en gallego normativo, y se repartió entre 12 medios, con más de 53.000 euros de media para cada uno.

Salgado justificó plenamente la existencia de estas ayudas para potenciar el uso del gallego, ante el escepticismo del diputado del BNG, Bieito Lobeira, quien aseguró que en el pasado se utilizaron como un "medio perverso para controlar aos medios privados" y puso en duda su "resultado práctico", ya que actualmente "se usa menos o galego nos medios que en 1977".

Por eso, el secretario de Comunicación,defendió "radicalmente" el uso de fondos públicos para impulsar la utilización del gallego por parte de los medios, porque considera demostrado que las ayudas "están xustificadas" para potenciar las lenguas que se encuentran minorizadas.

Además, aclaró que con el actual Gobierno se ha producido un cambio en la política que rige estas subvenciones, al haberse reducido el número de convenios directos que firmaba Política lingüística con los medios, y destinarse más recursos para los escritos totalmente en gallego que para los que sólo utilizan este idioma en algunas noticias.

Salgado destacó que con la reducción de convenios en favor de convocatorias públicas de ayudas se "transparentou e meteu en concurrencia competitiva" las subvenciones.

Por su parte, Bieito Lobeira, autor de la pregunta, insistió en que el gallego es una "lengua minorizada" en Galicia y, citando un estudio de alumnos de Periodismo de la Universidade de Santiago, manifestó que ocupa "entre el 4 y 5% del total de las publicaciones".

Lobeira señaló que el uso de la lengua gallega "se relega a la cultura y opinión", mientras que "se excluye de las principales secciones".

Dignidad y Justicia denuncia dos web por ‘enaltecimiento del terrorismo’
Redacción MinutoDigital 27 Octubre 2007

Representantes del portal separatista de internet Gaztesarea y de la konparsa bilbaína Kaskagorri fueron citados el pasado lunes en la Audiencia Nacional, acusados de sendos delitos de “enaltecimiento y justificación del terrorismo” y de “humillación a las víctimas” a causa de una querella interpuesta por el presidente de Dignidad y Justicia, Daniel Portero.

Los representantes de Gaztesarea y Kaskagorri se negaron a declarar en la Audiencia Nacional y el juez ha ordenado a la Guardia Civil que investigue tanto Gaztesarea como Kaskagorri.

La respuesta del entorno separatista no se ha hecho esperar y ya se han producido movilizaciones del entorno etarra en Bilbao de las que acompañamos unas fotografías.

Dignidad y Justicia está personada en numerosos casos contra ETA y su entorno. En su web www.macrojuicio.com nuestros lectores pueden obtener más información.
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