AGLI

Recortes de Prensa    Domingo 4 Noviembre   2007

Análisis de la sentencia (II): La última carga de la brigada ligera
Luis del Pino Libertad Digital 4 Noviembre 2007

"Baraja siempre tú, Woody. Quizá pierdas de todos modos, pero ni tanto, ni con tanta frecuencia. Y cuando pierdas, sonríe" (Robert Heinlein)

Lo que más sorprende de la sentencia, una vez leída en su totalidad, es comprobar que se trata de la mejor sentencia que el PP podría lograr. Que el PP podría lograr sin entrar a cuestionar el funcionamiento de los aparatos del Estado, quiero decir.

Antes del juicio, toda la "verdad judicial", recogida en los sucesivos autos del juez instructor, en los diversos escritos de la Fiscalía y en los diversos informes policiales, afirmaba que ETA no tenía nada que ver con el 11-M; que el 11-M era un atentado yihadista provocado por la guerra de Irak; que la instrucción del caso había sido correcta; que las pruebas eran verdaderas y suficientes, que los inductores eran unos personajes claramente vinculados a organizaciones islamistas... Y que, por tanto, estaba claro que el PP mintió entre el 11 y el 14 de marzo, cuando se empeñaba en atribuir el atentado a una ETA de la que no había pista alguna en las investigaciones.

Después del juicio, sin embargo, nos encontramos con un panorama radicalmente distinto. Con una nueva "verdad judicial" que altera de manera llamativa la posición que antes existía. La desaparición de los autores intelectuales y la eliminación de la Guerra de Irak como motivación de los atentados convierten al PP en el gran beneficiario de la sentencia.

Después del pronunciamiento del tribunal, si el PSOE afirma "No fue ETA", el PP tiene ahora la respuesta: "Tampoco fue Al Qaida". Si el Gobierno dice que "Todo estaba claro", el PP contesta: "No sabemos quién fue el que dio las órdenes, lo que demuestra que hay que seguir investigando". Si alguien acusa al PP de mentir entre el 11 y el 14-M, la respuesta es inmediata: "Entonces mintieron también aquéllos que vincularon la masacre con el tema de la Guerra de Irak".

¿Qué puede haber sucedido para que el PP arranque un empate técnico partiendo de una posición de perdedor? O, dicho de otro modo, ¿qué puede haber forzado al Gobierno a conceder ese empate técnico a última hora?

Antes de responder a estas preguntas, déjenme que haga una precisión: en realidad, no creo que ese empate técnico haya sido concedido "a última hora". Personalmente, una de las cosas que más me llamó la atención en el juicio fue todo lo relacionado con la prueba pericial de traducción de las conversaciones de El Egipcio. Y me llamó la atención por un aspecto que entonces no supe cómo interpretar: por primera y única vez durante el juicio, los peritos nombrados por la Policía (en concreto, por la UCIE) se alinearon con las tesis de la defensa y en contra de sus colegas italianos, que sostenían una traducción de las conversaciones mucho más comprometedora para ese supuesto autor intelectual de los atentados.

Si tan importante era conseguir al menos un autor intelectual, el Ministerio de Interior podía haber dado la batalla. Podía haber elegido otros peritos, dispuestos a defender a capa y espada la posición de la Fiscalía, aunque esa posición fuera aberrante. Como hizo, por ejemplo, en el caso de los análisis de explosivos, en el que los peritos oficiales fueron capaces de sostener tesis sonrojantes con el mayor desparpajo, con tal de que el chiringuito de la versión oficial no se derrumbara. Eso es lo que me sorprendió: que la UCIE podría perfectamente haber nombrado otros traductores que avalaran las tesis de los italianos, en lugar de las de la defensa. Y no lo hizo.

No creo que sea casual. Como tampoco creo que sea casual que el mismo Ekaizer señalara, desde las páginas de El País, durante el desarrollo de la vista oral, la endeblez de las acusaciones contra los autores intelectuales. Preparando el terreno, que se llama. Pero estoy dispuesto a conceder que todo eso no son sino paranoias mías. En realidad, lo importante no es el cuándo, sino el por qué se ha llegado a conceder el empate. Lo importante es determinar qué puede haber sucedido para que el Gobierno renunciara a pelear por las piezas que se han entregado.

Para entender el por qué, nada mejor que fijarse en el profundo divorcio existente entre la propia sentencia y su escenificación. Mientras que la sentencia en sí representa un retroceso de las tesis oficiales que devuelve al PP a la situación de empate, el resumen de la sentencia estaba cuidadosamente elegido para poner en la picota a aquéllos que hemos estado cuestionando la validez de las pruebas.

Incluso aunque la propia sentencia certifica la caída de una de esas pruebas fundamentales del caso (el Skoda Fabia), el resumen leído en la sala del juicio evitaba cuidadosamente cualquier mención al tema, lanzando un mensaje contundente de apoyo a la instrucción judicial, de apoyo a las investigaciones policiales y de corroboración de las pruebas sometidas a cuestión.

Algunos de los periodistas presentes en la sala de prensa de la Casa de Campo interpretaron correctamente quiénes eran los destinatarios del mensaje emitido por el Tribunal: "¡Pobre Luis del Pino!", decían, mientras celebraban visiblemente cada párrafo leído por Bermúdez. Por supuesto, el destinatario del mensaje no era sólo yo, sino todos aquéllos que se han atrevido a poner el dedo en la llaga de la falsedad de las pruebas: Luis del Pino, pero también los restantes periodistas que han estado investigando la masacre o difundiendo los resultados de esas investigaciones. Y no sólo los periodistas, sino cualquier otra persona que se atreva a cuestionar la lógica absurda de lo que nos han contado y, en especial, ese hatajo de conspiranoicos que se hacen llamar peones negros y que han cometido la osadía de ayudar en investigaciones paralelas, que son, por definición, absolutamente intolerables.

El mensaje no podía estar más claro, y he de decirle a los miembros del tribunal que lo hemos entendido todos a la perfección: el funcionamiento de los aparatos del Estado no se discute. Y pobre del que lo haga, porque será sometido a escarnio público en vivo y en directo. Mensaje recibido, señorías. Muchas gracias.

Lo cual nos lleva a contestar a la pregunta que planteábamos antes: ¿por qué el Gobierno concede un empate, si partía de posición ganadora? Creo que la respuesta es obvia: porque hace mucho tiempo que la Brigada de los conspiranoicos había puesto el dedo en la única llaga donde, por definición, no se puede poner: en el papel que las cloacas del Estado jugaron en el golpe de régimen del 11-M.

Desde el principio, nos intentaron encerrar a todos los españoles en la falsa disyuntiva: o ETA o Al Qaida. Desde el principio, intentaron asociar esa imaginaria "teoría de la conspiración" con una inexistente defensa de la autoría de ETA.

Pero el problema surgió cuando algunos nos negamos a aceptar el terreno de juego que nos planteaban. Cuando algunos empezamos a cuestionar la propia validez de las pruebas que nos estaban presentando. Cuando algunos nos empeñamos en señalar algo que resulta evidente para cualquiera que no esté cegado por sus propias convicciones: que las pruebas falsas no las pudo poner ni ETA, ni Al Qaida. No fue Josu Ternera quien depositó un Skoda Fabia en Alcalá tres meses después de los atentados. Ni tampoco Ben Laden.

Por eso hacía falta conceder el empate: para clarificar una posición en la que los propios servicios del Estado estaban empezando a ser sometidos a escrutinio. Y por eso hacía falta que el Tribunal lanzara un mensaje contundente desaconsejando semejante osadía.

Y con esto podemos responder también a una pregunta que dejé en el aire en el artículo anterior: ¿qué piezas han caído a cambio de aquéllas que las blancas se han visto obligadas a ceder? ¿Qué piezas exigieron las blancas que fueran entregadas a cambio, por ejemplo, de renunciar a disponer de autores intelectuales, o a cambio de renunciar a la Guerra de Irak como motivo de los atentados?

¿De qué piezas se exigió el sacrificio para conceder ese empate del que antes hablábamos? Pues está muy claro: de nosotros, de la Brigada de los conspiranoicos. Al fin y al cabo, para eso estamos los soldados de a pie: para hacer de carne de cañon. Cañón mediático en este caso, pero cañón.

¿Y cuál ha sido el resultado de esa masacre mediática, de ese fusilamiento público? ¿Son ciertas las noticias que nos hablan de que esa Brigada fue gloriosamente aniquilada en su última carga?

Veremos la respuesta en futuros artículos.

P.D. para achiperr: Muy buena tu observación sobre el papel de Bouchar en Leganés y lo absurdo que resulta que no le consideren autor material. Como verás, he incluido una referencia a ese aspecto en el artículo de El Mundo de hoy.

Un misterio envuelto en un enigma
Pío Moa Libertad Digital 4 Noviembre 2007

El Futurista Solemne ha dado su apoyo a la visita del rey a Ceuta y Melilla sin preguntarse siquiera por la razón de tan extraño hecho ni por el origen de la iniciativa. Hasta ahora, durante treinta años, el rey ha hecho oídos sordos a las innumerables peticiones de los ceutíes y melillenses, y hay indicios de su postura entreguista, a medio o largo plazo, de dichas ciudades españolas a Marruecos. Como no hay duda de la postura entreguista de Zapo, sin cuya anuencia no parece probable que el rey tomara esa decisión.

Cabe preguntarse si el raro asunto puede tener relación con la peculiarísima sentencia del 11-M, la cual descarta la guerra contra Sadam como causa de la matanza, sin ofrecer otra explicación verosímil. ¿Quizá tuvo que ver con los servicios secretos marroquíes (muy interesados en eliminar de España un gobierno que se esperaba continuador del talante de Aznar)? ¿Quizá el gobierno y el rey quieren dar así una respuesta de firmeza al tirano del sur?

Algo no encaja en la hipótesis: Zapo y su banda enseguida decidieron que la masacre había sido realizada por Al Qaida o grupo parecido en venganza por la intervención española contra Sadam (que en realidad no había pasado de las palabras). Y a continuación premió a los supuestos terroristas retirando las tropas españolas que ayudaban a los iraquíes a defenderse de gente como los presuntos autores del 11-M. Lo lógico, dentro de su lógica demente, sería premiar ahora a los marroquíes, si hubieran tenido ellos alguna relación con el salvaje atentado. Después de todo, a él deben Zapo y los suyos su acceso al poder.

Pero todo esto son simples especulaciones, como las que inevitablemente se hacen los súbditos en las dictaduras, ante las decisiones opacas de un poder opaco. Por ese camino nos llevan, si nos falta el valor de oponernos a él.

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Los "maquis" llevarán la Ley de Memoria Histórica a la UE por "insuficiente"

El maquis fue un intento comunista de reanimar la guerra civil en España aprovechando las circunstancias, que ellos creían muy favorables, del final de la guerra mundial. Pero, como creo haber aclarado en "Años de hierro", la población prefirió colaborar con la Guardia Civil que con los maquis. Ahora, ya muy avejentados, quieren resarcirse.

Aviso para incautos
Editorial El Correo 4 Noviembre 2007

Los sabotajes que ETA tiene previsto realizar, a través de sus propias estructuras o sirviéndose de sus agentes civiles, en contra de la construcción del Tren de Alta Velocidad en Euskadi vienen a confirmar los peores presagios que habían ido acumulándose, sin hacerse explícitos, en algunos sectores de la sociedad. Era, en efecto, de temer que, una vez roto el alto el fuego, la organización terrorista buscaría prioritariamente aquellos objetivos que menos desgaste social pudieran acarrearle y mayor apoyo proporcionarle. Resultaba obvio que el del TAV, en contra de cuya construcción se habían ya pronunciado tanto la izquierda abertzale como algunos otros sectores políticos y sociales de nuestra comunidad, ocuparía los primeros puestos de la lista. Siguiendo su costumbre, que ya se pudo constatar en la central de Lemoiz y en la autovía de Leizaran, de arrebatar a la sociedad su capacidad de debate y decisión, ETA ha querido, una vez más, aprovecharse de la oposición, en sí misma legítima, que grupos minoritarios han manifestado respecto de esta infraestructura para erigirse en vanguardia de su causa. Con ello, las motivaciones de carácter socio-económico o ecológico que tales grupos podrían esgrimir en su defensa corren el peligro de verse contaminadas por la interferencia ilegítima de una organización terrorista que persigue objetivos ulteriores de naturaleza bien distinta.

Corresponde, pues, en primer lugar a estos grupos políticos y sociales distanciarse con meridiana claridad de esta burda maniobra de ETA, denunciando y deslegitimando, desde sus propias posiciones, la intervención terrorista en su causa. Si sincera es su oposición, y no hay razones para dudar de ello en muchos casos, nada puede hacerle más daño, ni nada desacreditarla más socialmente, que esta irrupción en sus posiciones de una banda terrorista que nunca se ha movido de verdad por las razones que afirma tener para actuar. En cualquier caso, la construcción del TAV, además de necesaria para el progreso económico y social de nuestra comunidad, ha sido ya legítimamente decidida por la inmensa mayoría de la representación política del país. Constituye, pues, un objetivo avalado por la voluntad popular. Ni aquella representación ni esta voluntad pueden permitir verse sometidas al chantaje del terrorismo, si no quieren perder, también ellas, el crédito y el prestigio que su demostrada adhesión a las reglas democráticas les ha deparado.

¿Por qué callan los empresarios vascos?
El miedo lleva a la patronal de Euskadi a guardar silencio ante el 'plan Ibarretxe'
JOSÉ LUIS BARBERÍA - San Sebastián El País 4 Noviembre 2007

Mientras las cuadernas del Estado chirrían ante el desafío lanzado por el presidente vasco, Juan José Ibarretxe, y la incertidumbre vuelve a enseñorearse del panorama político inmediato, el empresariado vasco busca cobijo en un silencio colectivo, espeso, cargado de equívocos. "Tenemos derecho a no decidir", enfatiza el secretario general de la patronal guipuzcoana, Adegui, José María Ruiz de Urtxegi. "Hemos decidido no opinar de política", proclama José María Vázquez Eguskiza, presidente de Cebek, la organización empresarial vizcaína. Si, como juzgan no pocos analistas, sólo el mundo económico puede llegar a moderar la hoja de ruta fijada por el lehendakari, habrá que convenir que el plan Ibarretxe (2ª parte) ha reiniciado su andadura sin encontrar verdadera resistencia.

Cuando Confebask se opuso a su primer plan, el 'lehendakari' le reclamó silencio

"Aquí, si optas a un proyecto, no te conviene ser crítico", dice un ejecutivo

"No decidir, no hablar, no pronunciarse". Ésa es la consigna, pese a que la iniciativa del presidente del Gobierno vasco se ha llevado ya por delante la proyectada unión de las cajas de ahorro vascas, amenaza la ubicación en Bilbao del Centro Europeo de Espalación de Neutrones -un proyecto de 1.200 millones de euros- y cuestiona obras estratégicas como la alta velocidad ferroviaria o el nuevo puerto de Pasajes. En medio de tanto mutismo, sólo el Círculo de Empresarios, que agrupa a las 62 mayores empresas vascas, ha alzado, discretamente, su voz para advertir al lehendakari de la inestabilidad que conlleva el enfrentamiento institucional con el Gobierno central, en un momento de posible cambio de ciclo económico y de reactivación de la amenaza terrorista.

Una alerta similar lanzada, a título personal, por el presidente de la Cámara de Comercio alavesa, Román Knörr, ha encontrado la descalificación expresa y pública del viceconsejero de Comercio, Rodrigo García. Nadie más ha rechistado. ¿Está definitivamente domesticada la clase empresarial vasca?

Parece obligado relacionar la actual reivindicación patronal del silencio con las divisiones que sacudieron al empresariado vasco hace cinco años, tras la presentación del primer plan soberanista de Ibarretxe. Cuando los directivos de Confebask, que agrupa a las patronales vascas, entregaron al lehendakari su documento crítico -El coste de la no España-, él les conminó a guardar silencio: "Dejadnos a nosotros y seguid el consejo de mi aitite (abuelo) que decía que no había que meterse en política".

Aunque la dirección de Confebask logró hacer público aquel escrito, consensuado entre todas las patronales, el nacionalismo dio la batalla en las organizaciones provinciales y creó una fuerte división interna que persiste hasta hoy. Algunos de los que más se habían significado en la crítica al plan Ibarretxe fueron desprestigiados y sometidos a boicot. "A raíz de aquello, dos empresarios de la construcción vinculados al PNV me anularon varios pedidos", afirma Sabino Iza, director de la firma de ascensores que lleva su apellido.

La Administración vasca posee, además, una gran capacidad de intervención y presión. "Quien más quien menos, casi todo el mundo tiene una línea de trabajo con el entramado institucional, controlado por el PNV", asegura un alto ejecutivo. "Si optas a un proyecto, si necesitas un permiso, si pretendes una subvención para el I+D+i, para la exportación, para lo que sea, no te conviene aparecer como elemento crítico. Aquí, el silencio es competitivo", resume.

Tras elogiar la eficacia de la Administración vasca -"está perfectamente ensamblada con el tejido industrial, es una herramienta muy válida"-, José Manuel Farto, ex secretario general de la patronal alavesa SEA, denuncia el clientelismo político. "Calculo que el 80% de las empresas que disfrutan de ayudas significativas están alineadas con el régimen nacionalista. Firmas que hace 20 años no eran nada han llegado a hacerse poderosas gracias a los favores de la Administración", sostiene.

Pero si las instituciones vascas pueden condicionar la oferta, la opinión pública española puede, a su vez, condicionar la demanda de la producción vasca. De ahí el travestismo político de no pocos empresarios que van por Euskadi de superabertzales y que cuando dejan atrás Pancorbo se colocan la chaqueta de españoles de pro. Difícilmente cometerán la torpeza de pronunciar la palabra España en Euskadi y, por lo mismo, se cuidarán de sustituir el nombre de España por el vocablo Estado cuando pisan Madrid. "El miedo a ser etiquetado políticamente puede llegar a hacerse obsesivo; por lo general, no se perdona que hayas trabajado profesionalmente para un equipo de gobierno de signo distinto", señala el director de una firma que trabaja preferentemente para las administraciones. "Por decirlo crudamente: no nos sentimos libres para expresarnos".

A lo largo de estas décadas, la invocación al patriotismo -"sólo si eres nacionalista serás admitido como vasco auténtico o buen vasco", subraya el industrial Ricardo Benedi, Premio Mejor Empresario Vasco 2003- ha sido práctica corriente a la hora de reclamar ayudas de la Administración. Lo admite también un antiguo cargo institucional del PNV que dirige hoy una importante firma de inversiones: "Hay quienes hacen valer su abertzalismo para ganar dinero, aunque luego no tengan reparos en vender sus empresas a un andaluz, un madrileño o un indio".

La propia patronal está financiada por la Administración. "Más del 90% del presupuesto de Confebask proviene de las arcas públicas, a través de convenios con Industria, ayudas a la formación... Las cuotas de las organizaciones empresariales territoriales suponen sólo el 10%", dice Iza. El ex presidente de SEA tiene la impresión de que la sociedad civil ha tirado la toalla.

¿Significa que al empresariado de Euskadi le resulta indiferente que el label vasco (certificado de calidad) pierda enteros en el mercado español, al que destina el 70% de su producción exportadora? ¿Que no teme reacciones de boicoteo como las que padeció el cava catalán? ¿Que ignora las consecuencias sobre los grandes proyectos estratégicos que puede acarrear la confrontación? ¿Que puede prescindir de la financiación estatal a la exportación y de las gestiones diplomáticas que les abren mercados internacionales? La respuesta unánime de la docena de personas entrevistadas para este reportaje es que no, en absoluto, pero que el empresario vasco está atenazado por temores que le invitan al silencio.

"Ninguno de los que trabajamos en los mercados exteriores queremos un enfrentamiento con España. Todo lo que suponga incertidumbre, inestabilidad política o crispación es malo para la empresa. Estamos en el mismo barco. Si a España le va bien, a Euskadi le va bien, y al revés", subrayan.

Pero la experiencia de hace cinco años no anima a cargar las tintas críticas. "En el anterior plan Ibarretxe, algunos competidores nos echaron toda la mierda que pudieron para sustituirnos en el mercado: que si éramos separatistas, que si ETA... El problema no es que la industria se vaya de Bilbao a Madrid, sino que termine yéndose a Varsovia; que mientras nosotros nos damos de tortas, vengan los chinos y se queden con el negocio", explica un nacionalista afín a las tesis del todavía presidente del PNV, Josu Jon Imaz.

"En Euskadi necesitamos un marco estable para 20 años que acabe con este mercadeo que pone precio a los escaños, pero tenemos que revisar los conceptos de país, Estado y patria", afirma. En su opinión, la pretensión de Ibarretxe de "dar la patada al árbol para que caigan las nueces" entraña el riesgo de que las presiones se vuelvan contra él. "Es como el chiste del dentista. Puede llegar un momento", advierte, "en que el paciente te agarre de los testículos y te diga: '¿Qué?, ¿jugamos a hacernos daño?". "Hay miedo", concluye, "porque esto puede ser una tormenta en un vaso de agua o una marejada en el Atlántico".

Es un temor muy extendido en el sector exportador. "Cada vez que abren la caja de los truenos tenemos problemas con nuestros clientes", señala un empresario. "El plan va contra la realidad de muchas empresas que somos, a la vez, vascas, españolas y europeas. ¿Cómo pagaríamos en la Euskadi independiente unas pensiones que son las más caras del Estado? ¿Tendremos que ponernos a la cola en la ventanilla de la UE, fijar aranceles, sustituir el euro por el eusko o el sabino? ¿Qué disparate es éste que nos proponen?"

Más allá de la duda de si la iniciativa del lehendakari es sólo una vuelta de tuerca más, un movimiento táctico, la impresión es que el empresariado vasco ha reaccionado con disgusto. "Cuando invierten aquí, las grandes firmas extranjeras invierten en España, no en una Euskadi inestable que juega frívolamente con el futuro", dice Ignacio González, director gerente de la multinacional PFERD, en Vitoria.

Roberto Gómez de la Fuente, consejero delegado de Xabide, detecta en el ambiente profesional un temor difuso al futuro. "La gente piensa que los políticos se han convertido en un problema y se pregunta hasta cuándo vamos a permitir que nos dividan como sociedad. Me lo dicen nacionalistas y no nacionalistas hartos de lo que consideran un despropósito general", cuenta. A juicio de Roberto Gómez, las instituciones han quedado en manos de los aparatos de los partidos. "Mi receta es más humor y menos tensión. Pero es cierto", señala, "que tenemos un panorama de choque de trenes, poca ilusión y miedo a este estado de cosas".

Todo contribuye, pues, a que el empresario vasco se inhiba, se camufle, calle y adopte la postura del mínimo riesgo, sobre todo, cuando, como ahora, ETA multiplica la extorsión. "Si el plan Ibarretxe se lleva a cabo, habrá una fuga masiva de empresarios vascos", augura el presidente de la patronal navarra, José María Ayesa. El miedo guarda la viña en Euskadi. Que este silencio no suponga la aceptación de la mordaza.
“Ibarretxe sólo escucha a los fanáticos”

Muchos empresarios vascos justifican su silencio en base a un supuesto agravio. “En lugar de exigirles coherencia y un pronunciamiento claro, el Gobierno central no ha dejado de mimar a las cooperativas del Grupo Mondragón (MCC) y a empresas como CAF, que son las más nacionalistas”, sostiene un antiguo dirigente patronal. “Cuando Eroski, Fagor, Caja Laboral y demás empezaron a tener problemas en el mercado español, les bastó con llevarse al Rey a Mondragón. Algunos se preguntan por qué van a dar la cara si a ellos no les dan nada, ni aquí, ni en Madrid”.

En algunos círculos se asegura que tanto MCC como CAF (Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles) trataron en su día de moderar al lehendakari, pero es imposible confirmarlo porque las cooperativas, cuya actividad supone el 5% del PIB vasco, siguen instaladas en el mutismo. “No podemos hablar en nombre de un conjunto de cooperativistas de ideología plural. Para poder pronunciarnos, tendríamos que celebrar una asamblea general”, indica un portavoz de MCC.

“Admiro mucho la trayectoria de las cooperativas, pero no puedo dejar de denunciar su cinismo. Tienen a gentes de Batasuna en puestos estratégicos y jamás combaten el terrorismo”, afirma Ricardo Benedi, portavoz empresarial del colectivo ciudadano Foro Ermua.

No sin exasperación, un extorsionado señala que pronunciarse contra el plan Ibarretxe conlleva el riesgo añadido de llamar la atención de ETA.

El presidente del Comité Empresarial Hispano-Marroquí, José Miguel Zaldo, está contra el silencio. “El que calla otorga”, dice. Miembro de la junta directiva de APD (Asociación por al Progreso de la Dirección) y Premio Mejor Empresario Vasco de 1994, Zaldo le ha escrito a Ibarretxe, con el que guarda lazos de amistad, para explicarle por qué no está de acuerdo con su plan.

“Le digo que los partidos democráticos no pueden aprovecharse de que parte de la población justifique el asesinato y la extorsión. Le explico que la ética debe primar sobre la oportunidad y que el nacionalismo democrático hace el caldo gordo al terrorismo cada vez que critica actuaciones judiciales. Le digo también que su proyecto sólo es bueno para los políticos carentes de ética. He creído que era mi obligación decírselo, aunque me temo”, indica, “que él sólo escucha ya a los fanáticos que le rodean”.

Erne considera una «amenaza» el ataque al comercio de la esposa de un ertzaina
Varios desconocidos hicieron explotar un artefacto casero junto al establecimiento, situado en Ondarroa
UNAI MORÁN El Correo 4 Noviembre 2007

La kale borroka ha reaparecido este fin de semana en Ondarroa para firmar una nueva amenaza a la Ertzaintza y Erne no ha tardado en denunciarlo. El sindicato mayoritario de la Policía autónoma condenó ayer con dureza en un comunicado el ataque al comercio de la esposa de un agente, «no sólo por los daños materiales causados», sino también por el «terror» y la «amenaza» que conllevan.

Una portavoz de la central calificó la agresión de «atentado» y confió en la detención de los «bárbaros» que la perpetraron para su puesta «a disposición judicial». en esa misma línea se pronunció otro de los sindicatos del Cuerpo, Esan, que además instó al Departamento de Interior para que «no baje la guardia» y expresó su solidaridad hacia todos los ertzainas y sus familiares «que están padeciendo de primera mano el ataque directo de estos terroristas callejeros».

Varios desconocidos hicieron explotar en la noche del viernes un artefacto casero junto al establecimiento de la pareja de un ertzaina en la calle Artibai. El suceso, registrado a las 22.15 horas, se saldó sin daños personales, aunque provocó un incendio que inutilizó varias máquinas expendedoras de alimentos. Una patrulla de la Policía autónoma pudo sofocar finalmente el fuego con la ayuda de un extintor.

En lo que va de año se han contabilizado ya 19 episodios de violencia callejera contra intereses de ertzainas o sus familiares. El del viernes, concretamente, fue el segundo sabotaje que tuvo como objetivo el negocio de la mujer de un policía. El anterior se registró el pasado 19 de agosto, cuando un grupo de radicales atacó con cinco 'cócteles molotov' una tienda en Barakaldo.

Ondarroa, por otro lado, ha sido escenario habitual de la kale borroka desde las elecciones municipales de mayo y, en especial, desde que una gestora se hiciera cargo del Ayuntamiento, frente a la reclamación de ANV, que exige la Alcaldía como propia. Precisamente, los radicales quemaron el coche del presidente de esta comisión, perteneciente al PNV, el mes pasado. El último pleno de la gestora, además, se tuvo que trasladar a Markina ante la presión de los violentos.

La propia gestora municipal, en palabras de su integrante Josune Ariztondo, lamentó ayer los hechos y afirmó que sus autores «no pueden estar a favor de esta nación». El portavoz del PP local, Germán López, mostró su solidaridad al ertzaina y su esposa y afirmó que sería «deseable y de justicia» que la sociedad ondarresa se uniera a la condena. EB destacó que episodios como el del viernes suponen una «muestra clara de coacción que vulnera los derechos fundamentales» y EA añadió que «no aportan nada a la resolución del conflicto político».

Este ataque, en cualquier caso, no ha sido la única intimidación radical ocurrida en los últimos dos días. Los escoltas también han estado en el punto de mira. Un guardaespaldas de Erandio denunció ayer la aparición de una pintada amenazante en la misma puerta de su domicilio. En ella, según informó Interior, se podía apreciar el dibujo de una diana con la palabra 'txarra' -malo, en euskera- escrita en su interior.

Huir de la infamia
Ignacio CosidóLibertad Digital 4 Noviembre 2007

La sentencia sobre el 11-M ha supuesto la condena para los declarados como autores y colaboradores de aquella masacre terrorista y la absolución de los acusados como inductores o autores intelectuales de esos atentados. Pero la resolución judicial del caso no debe hacernos olvidar lo más importante, que la amenaza de nuevos atentados yihadistas persiste en nuestro país y que la principal obligación del Gobierno es hacer todo lo posible, en el marco del Estado de Derecho, para que nunca más pueda reproducirse una tragedia como aquella.

Por el contrario, la única preocupación del Gobierno Zapatero tras esa sentencia es tratar de seguir rentabilizando a toda costa esos atentados en su propio beneficio electoral. La relación causa-efecto que desde el primer momento intentó establecer el PSOE entre la guerra de Irak y los atentados de Madrid es una vileza que lamentablemente sigue empozoñando la política española. Dar por buena a los terroristas la coartada de Irak, por un mero interés partidista, es tanto como dar cierto grado de legitimidad a esos atentados. El ministro del Interior haría bien en huir de esa infamia como de la peste.

Poner en relación el 11-M con Irak no es sólo una vil manipulación de los hechos, sino que constituye una peligrosa mentira que distorsiona gravemente la percepción de la amenaza yihadista que pesa sobre nuestro país. Si la motivación de los atentados fuera, como aún hoy sigue difamando el ministro del Interior, la presencia de las tropas españolas en aquel país, una vez retirados los soldados de ese escenario bélico la amenaza habría desaparecido. La realidad, por el contrario, es muy distinta.

La amenaza persiste porque el origen de la yihad terrorista precede y transciende con mucho la invasión en Irak. El terrorismo yihadista tiene a España como objetivo porque tiene declarada la guerra al conjunto de Occidente del que forma parte nuestro país. El objetivo de este movimiento islamo-fascista es el sometimiento o la destrucción de una civilización occidental a la que no sólo considera perversa en sí misma, sino a la que culpa además de sostener los regimenes apóstatas que tienen sojuzgadas, según su visión, a las sociedades islámicas. El objetivo último de la Yihad es dar un salto atrás en la Historia para reconstituir un gran califato que, sometido a una interpretación radical del Islam, les permita la dominación del mundo entero. Ese delirio totalitario es incompatible intrínsicamente con los principios de libertad, de igualdad y de respeto a los derechos humanos que inspiran nuestra civilización occidental.

Cualquier acción de España en defensa de la libertad en el mundo, especialmente en el mundo islámico, puede ser utilizada por tanto como coartada por los yihadistas para justificar un nuevo atentado en nuestro país. Si la huida de nuestras tropas de Irak se hubiera hecho para conjurar ese peligro, como también se insinuó en su momento desde el Gobierno, esa misma lógica debería obligar ahora a Zapatero a sacar nuestras tropas de Afganistán o del Líbano, operaciones auspiciadas por su Gobierno. La presencia de nuestras tropas en estos dos países ha sido mencionada reiteradamente por los terroristas en las recientes amenazas contra nuestro país. Pero ceder a ese chantaje terrorista sería tanto como vender nuestra libertad y asegurarnos la derrota.

Más allá de esta amenaza compartida con el resto de nuestros socios y aliados, pesa sobre España una amenaza específica. En todos los comunicados de la yihad se considera a nuestro país como parte del Islam y por tanto terreno a reconquistar. Para muchos españoles, Al Ándalus es mera retórica islamista a la que no hay que prestar mucha atención, pero la experiencia enseña que los terroristas yihadistas se toman muy en serio sus propias palabras, por delirantes que nos parezcan a nosotros.

Ceuta y Melilla, las dos ciudades españolas en el norte de África, constituyen otro de los objetivos recurrentemente mencionados en los comunicados de Al Quaeda y otros grupos terroristas adscritos. La presencia de grupos e individuos radicales en estas dos ciudades hace que debamos tomar más en serio esta amenaza específica.

Finalmente, las múltiples operaciones contra redes yihadistas protagonizadas por las fuerzas de seguridad españolas dan muestra del buen hacer de nuestros cuerpos policiales, pero al mismo ponen en evidencia la fuerte presencia de estos grupos terroristas en nuestro país. La tesis de que nuestro territorio es utilizado por estos grupos únicamente como una plataforma logística y de reclutamiento ya fue dramáticamente desmentida el 11 de marzo de 2004. Por otro lado, la reciente adscripción de los grupos salafistas de Argelia y Marruecos a Al Qaeda supone un riesgo añadido para nuestro país en la medida en que los esfuerzos por exportar el terror pueden intensificarse.

La dimensión de los atentados protagonizados por el terrorismo yihadista, en el que se busca magnificar la masacre sin ningún tipo de limitación, hace que la detención y condena de los autores e inductores de estos atentados sea sin duda importante, pero aún más lo es la capacidad de los servicios de inteligencia y policía para prevenir y evitar una nueva matanza. El Gobierno debería centrar todos sus esfuerzos en conjurar una amenaza que no sólo persiste, sino que se ha intensificado en los últimos años, en vez de seguir mirando al pasado para tratar de rentabilizar electoralmente esa terrible masacre o utilizar ahora la sentencia del caso para intentar desacreditar al Partido Popular.
Ignacio Cosidó es senador del Partido Popular por Palencia.

Sentencia
JON JUARISTI ABC 4 Noviembre 2007

LA verdad jurídica es el resultado de un proceso que incluye exámenes de pruebas y testimonios, interrogatorios y deliberaciones. Puede coincidir con la verdad de los hechos en todo o en parte. O no coincidir en absoluto. Por eso, los ciudadanos están obligados a acatar las sentencias de los tribunales -es decir, la expresión de dicha verdad jurídica-, pero no a formular asentimientos explícitos a las mismas. Cosa distinta es la oportunidad política de la disensión pública, pero aquí cada cual es muy dueño de explotar en beneficio propio el descontento suscitado por un veredicto o de tirarse al barranco. Dicho esto, declaro que la sentencia del juicio del 11-M se ajusta, en líneas generales, a mis convicciones personales sobre el asunto. Me preocupa que entre los dirigentes de la derecha democrática pueda quedar todavía sombra de duda sobre la autoría de la matanza y, más aún, el estilo tirando a reticente de algunos de sus comentarios, pero no entiendo cómo el ministro del Interior se atreve a pedir a Rajoy que repita con él esa frase que tanto han pronunciado los socialistas de todo rango durante los últimos años y a propósito de cualquier robo de pistolas, por ejemplo.

Además, será difícil olvidar la intervención televisiva de Pérez Rubalcaba en aquella noche del 13 de marzo de 2004, la del acoso a las sedes del PP. Tampoco entonces, según el hoy ministro, había conspiración alguna tras los asaltos, sino reacción espontánea del pueblo a las mentiras del Gobierno. No es esa mi impresión. No lo era ya en la noche del 11 al 12, cuando oí a un asesor de Ibarreche afirmar, por la televisión autonómica vasca, que las manifestaciones del día siguiente debían convertirse en grandes actos de repulsa contra Aznar. Desde ese momento supe que la izquierda y los nacionalismos se habían puesto de acuerdo para explotar el dolor y la indignación general de modo turbiamente ventajista. La gran manifestación de Madrid confirmó lo que hasta entonces era certeza intuitiva. De espontaneidad, nada: agitación perfectamente planificada. Esperanza Aguirre contó a Verónica Drake que, al término de la manifestación, quedó aislada y sin sus escoltas, conmigo y un pequeño grupo de amigos, en medio de la muchedumbre. Lo que no contó es que fuimos seguidos durante un buen rato por provocadores que incitaban al linchamiento de Esperanza y que sólo desistieron al comprobar que muchos madrileños salían en defensa de su Presidenta y que a ésta le quedaba un escolta armado: el mío. No voy a sostener que, ese día, entrase en los planes de los socialistas pasar de los abucheos a la violencia desatada, pero no tuvieron reparo alguno en jugar con fuego, porque, hoy lo vemos con horrorizada claridad, cualquier riesgo era poca cosa para quien tenía demasiada prisa en cargarse el consenso constitucional, cumplir lo prometido a los independentistas de ERC y buscar un acuerdo rápido con ETA. Quizá debamos felicitarnos de que, esos días de marzo de 2004, el gamberrismo dirigido por móvil no añadiera aflicción a la ya insoportable que habían producido los atentados, pero no fueron los socialistas, y en particular Pérez Rubalcaba, quienes más se esforzaron en impedirlo.

O sea, que de acuerdo. «ETA no ha sido». Esto suena convincente en boca del juez Gómez Bermúdez, pero no en la del ministro del Interior, cuya petición intimidatoria a Rajoy nos devuelve a las jornadas en que esas cuatro palabras fueron pretexto para uno de los episodios más vergonzosos de la historia de la democracia española, y absolutamente insólito en la de las democracias occidentales, que no registra ningún otro de algaradas antigubernamentales como respuesta a un atentado islamista. Muchos agradeceríamos un respaldo más decidido de Rajoy a la sentencia del 11-M, pero nos repugnaría oírle repetir como un lorito la muletilla de Pérez Rubalcaba, aunque sea razonable pensar que esta vez, y como excepción, se acerca a la verdad de los hechos. Si uno se pasa la vida afirmando que nieva en el Sahara, algún día acertará. Gracias al cambio climático, faltaría más.

ANÁLISIS DEL VEREDICTO
La sentencia del 11-M ignora pruebas sumariales que no encajan en sus tesis
CASIMIRO GARCÍA-ABADILLO El Mundo 4 Noviembre 2007

MADRID.- El Tribunal soslaya los testimonios de los responsables de la recogida de los objetos en la estación de El Pozo que no vieron la mochila y el informe policial que afirma que "pudo ser manipulada por personas no identificadas en Ifema".

Por su parte, el inspector jefe Álvarez aseguró que no se hizo inventario de los objetos del tren de El Pozo. "No quedó nada por revisar. No puedo explicarlo. ¿Puede explicarlo usted?", dijo el inspector jefe de Madrid.

El fallo sostiene que "en los focos de las explosiones" se halló DNT y nitroglicerina "en porcentajes inferiores al 1%" cuando en realidad ese análisis cuantitativo se refiere a los restos de explosivo entero que conservaban los Tedax.

A su vez, la sentencia explica la presencia de nitroglicerina en uno de los focos, alegando que "forma parte de la Goma 2 EC", pero ignora la respuesta del fabricante aclarando que la eliminó de su composición 12 años antes de los atentados.

El "extravagante periplo de los efectos" al que se refiere el fallo, o el hecho de que la mochila no figure en el inventario de objetos realizado por los funcionarios de la comisaría de Vallecas son temas menores, seguramente fruto del caos propio de un día como aquel.

Sin embargo hay otro asunto que no es irrelevante. La bomba que había en la mochila de Vallecas estaba programada, según la sentencia, a las 7.40 horas. Las dos bombas que estallaron en el tren de la estación de El Pozo lo hicieron al mismo tiempo: las 7.38. ¿Es lógico que los terroristas dejasen dos minutos de diferencia entre unas explosiones y otras?

UPD, el partido de Rosa Díez
José Antonio Portero Molina La Opinión 4 Noviembre 2007

El viernes, en El País, escribía el notario López Burniol alentando a desdramatizar el reconocimiento del derecho de autodeterminación. Afrontarlo racional y sosegadamente sería la única vía democrática para superar la interminable confrontación bilateral con el Estado que practican las comunidades con vocación de independencia, como método habitual de obtención de concesiones particularizadas. Admitir ese derecho supondría enfrentar a los electores de esas comunidades con el problema que ellas mismas han planteado y liberar al Estado del chantaje. Comparto la argumentación y las conclusiones del autor y en más de una ocasión he escrito que si en algún momento la voluntad de separación en esos territorios es pacífica, manifiesta y sostenidamente mayoritaria, ni la opinión pública española ni la europea soportarían el uso de la fuerza, por legal que fuera, para cerrar el camino al impulso democrático.

Pero, además de muchos matices, tengo un importante reparo que hacer. Me parece que el autor reflexiona sobre una foto fija en la que los nacionalismos, hoy potentes y con alta capacidad de chantaje, semejan ser accidentes naturales como los Pirineos, la playa de La Concha o el Miño. Pero los nacionalismos no estuvieron siempre allí ni con tanta pujanza. Desde las primeras elecciones han crecido mucho, lo que prueba que fueron pequeños, muy pequeños en algún caso, y esa visión dinámica es la que más importa. Hay que preguntarse por qué han crecido y qué errores de los partidos nacionales han contribuido a su notable crecimiento para poder acertar en el diagnóstico y aplicar el tratamiento correcto. Mi percepción es que todavía quedan tratamientos que pueden frenar el ascenso de esos movimientos nacionalistas y que el reconocimiento del derecho de autodeterminación no es, todavía, el único aplicable.

El miércoles asistí a la presentación en La Coruña de UPD, el partido que lidera Rosa Díez que, como el de Ciutadans pel Canvi al que pertenece López Burniol, es parte de los tratamientos que aún quedan para reducir la fortaleza de los nacionalismos.

Si en las próximas generales ninguno de los dos grandes tiene mayoría absoluta volverán a buscar el apoyo de los nacionalistas, de un sesgo o de otro, pero nacionalistas. Por ese apoyo Zapatero les ha cedido enormes y relevantes parcelas del espacio político, jurídico, cultural y económico. Eso es lo que explica el desencaje actual del mapa territorial, el descoyuntamiento del Tribunal Constitucional y lo irreconocible del propio PSOE. Nunca los nacionalismos consiguieron tanto. Si Zapatero vuelve a gobernar, un partido como UPD, de IU mejor no hablar, podría ser el apoyo necesario para evitar o compensar la presión nacionalista. Se presenta como un partido cuyos tres referentes, la Constitución liberal de Cádiz, el Regeneracionismo y la Izquierda democrática de la Europa postbélica, no pueden expresar mejor lo que muchos votantes del PSOE comparten sin entrar en conflicto con el modelo autonómico que auspiciaron y mantuvieron los sucesivos gobiernos de Felipe González quien, por cierto, acaba de volver a dictar impagables lecciones sobre política de Estado en sendas entrevistas.

El nuevo partido tiene su mayor ventaja en que no viene a ganar, en que no viene a quitar el poder al PSOE y, por eso, dicho sea de paso, no tiene sentido exigirle programas electorales detallados en todas las áreas de gobierno; para eso están los dos grandes. Si forma grupo parlamentario puede contribuir eficazmente a que el PSOE recupere la dirección que nunca debió perder y gobierne sin debilitar al Estado y sin ningunear la concepción nacional de España. Y si gana el PP, también le apoyará a alcanzar esos dos objetivos. En ambas circunstancias, gane uno o gane otro, es un partido útil y hay que felicitarse por su aparición. Si estos tratamientos no tienen éxito, entonces sí que estaremos más cerca de plantearnos, sin dramatismos, la opción de la que habla López Burniol.

José Antonio Portero Molina es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidade da Coruña

Algunas discrepancias sobre UPyD:
Nota del Editor  4 Noviembre 2007

Copio del Manifiesto y primeras propuestas: "Esta peligrosa deriva se muestra especialmente dañina en lo tocante al uso y aprendizaje de la lengua española. Un Estado de Derecho necesita una lengua común, cuyo empleo no sólo es elección personal sino ante todo instrumento político para la realización dialéctica de la propia democracia. Todas las lenguas de nuestra nación son respetables y dignas de fomento, pero la castellana es además imprescindible como vehículo de entendimiento general y debate de las cuestiones que atañen a toda la comunidad. La enseñanza pública tiene que considerarla así y no como una más entre otras, cuando no como un molesto accesorio que sólo se llega a ofrecer a los estudiantes tras muchos y difíciles requerimientos. Por supuesto, los que más padecen del arrinconamiento docente del castellano son los económicamente menos favorecidos y los inmigrantes, es decir los que necesitan la lengua para integrarse laboral y socialmente en el marco estatal más amplio posible y no tienen recursos para acudir a escuelas privadas en las que recibirán docencia en la lengua que mejor les convenga.

4 - Promover cuantas medidas políticas aumenten y refuercen la calidad de la educación pública laica y de la investigación científica y se opongan a la difusión del fanatismo y de la ignorancia, incluyendo la introducción de asignaturas concebidas para enseñar los principios éticos y políticos comunes a todos los españoles con independencia de su lengua materna, lugar de residencia o creencias religiosas e ideológicas. En este sentido, reclamaremos el escrupuloso cumplimiento del derecho a la escolarización en la lengua materna, atacado y negado en varias comunidades autónomas, y nos opondremos a toda medida de discriminación política y social basada en supuestos lingüísticos considerados normalizadores por el nacionalismo, defendiendo en cambio la normalidad de la prevalencia de la lengua común sobre la particular, que si bien debe ser reconocida, protegida legalmente y empleada por la Administración para garantizar el bilingüismo donde éste exista realmente, de ningún modo debe imponerse a los ciudadanos como requisito indispensable para ejercer cualquier empleo público o tener un negocio privado.

Ninguno de los grandes partidos nacionales actuales -menos aun los nacionalistas- defiende propuestas equivalentes a las nuestras. Su firmeza contra el nacionalismo obligatorio resulta discutible, pues ninguno ha dejado de hacer concesiones que atacan la igualdad de la ciudadanía española en materia lingüística, educativa, fiscal o de servicios públicos."

Como ya habrán visto nuestros lectores habituales, en los párrafos anteriores hay algunos errores importantes, en detrimento de los español-hablantes, que esperamos conseguir poder corregir enviando las propuestas correspondientes. Si leen el manifiesto y propuestas de UPD, encontrarán algunas otras cosas que sobran, que en la actualidad, año 2007, no tienen importancia, por ello, esperamos que UPD se centre en los temas fundamentales y se olvide de otros absolutamente marginales y cuya postura es de difícil justificación.

La enseñanza pública en las regiones donde la lengua española ha sido declarada lengua "impropia", no ofrece la enseñanza en lengua española a los estudiantes ni siquiera tras muchos y difíciles requerimientos, y todos los estudiantes, hijos de familias medias y pobres que estudian en España están sometidos a las mismas imposiciones, tanto escuelas públicas, concertadas como privadas (sólo se libran los que acuden a los institutos que conceden títulos de otros paises (Licée Français, Liceo Italiano, Deutsche Schule, sólo en algunas ciudades)); en Cataluña se impone la inmersión total, lo mismo que en Galicia, incluso los alumnos con lenguas maternas  de otros países, que deberían estar exentos, reciben los textos y la enseñansa en la lengua regional en vez de enseñarles, como a todos los que lo deseen en español. En las vascongadas, dada la dificultad de imponer la inmersión, por la distancia entre el vasco y el español, arbitraron tres variantes educativas, marginando y suprimiendo paulatinamente la variante en español a las áreas más alejadas y situaciones sociales más desfavorecidas, con el consiguiente castigo al estudiante normal español-hablante.

La Administración no tiene que garantizar el bilingüismo, esa palabra ni siquiera aparece en la actual Constitución española, que dice que todos tenemos el deber de conocer el español, por tanto no debe ser reconocida, ni protegida legalmente y ni empleada por la Administración pues en ese caso se estaría liberando a una minoría de ciudadanos de la obligación constitucional, del deber de conocer el español, a costa de excluir a otros de esos puestos de trabajo. En la actual redacción de la Constituciòn española, símplemente, el ciudadano que lo desee pude dirigirse a la administración en la lengua regional, y la administración tiene la potestad de responder en español, por el deber de conocerlo que tienen todos los ciudadanos.

No debemos dejarnos confundir con la expresión ·"garantizar el bilingüismo donde exista realmente", pues no hay zonas bilingües, sólo hay personas que pueden pretender utilizar alguna lengua regional, pero su libertad termina en cuanto pretende que los demás le entiendan. Su uso no puede crear limitación alguna a los español-hablantes.

Los franceses, con más experiencia democrática que nosotros, lo tienen muy claro, Artículo 2. La lengua de la República es el francés. Y nosotros deberíamos hacer lo mismo. Las lenguas hay que dejarlas que sigan su curso, su vida, para alargar su vida o agonía no se puede imponer una lengua regional a la ciudadanía, menos inocularla a los niños y en caso alguno utilizarlas para marginar a los ciudadanos.

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